El Congreso prevé fijar este jueves plazos para la tramitación del suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar al diputado del PP Alberto Casero, al que se achacan indicios de delito por contratos firmados cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres). Las decisiones se tomarán en la Comisión del Estatuto del Diputado que preside la socialista Adriana Lastra.

El magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo, a cargo de la investigación, quiere el suplicatorio para proceder penalmente contra el diputado del PP al ver indicios racionales de presuntos delitos de prevaricación y malversación, por determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó como alcalde.

El pasado martes, la Mesa del Congreso dio entrada a la petición y la remitió a la Comisión del Estatuto del Diputado, que dispone de un máximo de 30 días hábiles para elevar una propuesta al Pleno de la Cámara.

El diputado extremeño, un estrecho colaborado del ex secretario general del PP Teodoro García Egea que copó las primeras planas por su error que permitió aprobar la reforma laboral, era precisamente el representante del PP en esta comisión hasta que fue relevado en los cambios introducidos en el Grupo Popular tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Génova. Ahora la portavocía está en manos de Ángel Luis González.

En su reunión de este jueves, como siempre a puerta cerrada, se pretende fijar fechas para el procedimiento y para dar audiencia al diputado Casero, trámite que podrá realizar por escrito en el plazo que fije la propia Comisión o de forma oral ante la misma.

Una vez concluya su tarea, la comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.

Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.

En el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, Batet dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.

El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones, a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.

El último que salió adelante fue el suplicatorio de la portavoz de Junts, Laura Borràs, en junio de 2020, dando luz verde al Tribunal Supremo para que fuera investigada por delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En una votación secreta, el suplicatorio salió adelante con 293 síes de diputados del PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos; en contra se posicionaron los 14 que suman Junts y el PNV y se registraron también cinco abstenciones.

En legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.

Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado el discurso que pronunció el expresidente chileno Salvador Allende ante la Asamblea General de la ONU en 1972 como un "arranque memorable" y "más necesario que nunca" en la agenda de los gobiernos progresistas.

Así se ha expresado Sánchez en el acto de homenaje por el 50 aniversario del discurso de Allende ante la Asamblea General de la ONU, que se ha celebrado en el Instituto Cervantes de Nueva York y en el que también ha estado presente el presidente de Chile, Gabriel Boric, y ha sido invitada la hija del expresidente chileno, Isabel Allende, que ha dedicado unas palabras a su padre al comienzo del acto.

"Su voz es fuente de inspiración en muchos otros discursos que permanecen injustamente a la sombra", ha manifestado Sánchez en su intervención en la que ha citado el "arranque memorable" del discurso del exmandatario chileno y mítico entre la socialdemocracia mundial.

"Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida", dijo entonces Allende, quien se suicidó apenas un año después durante el golpe de Estado protagonizado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

Sánchez ha subrayado que estas palabras parecen interpelar al Chile que hoy se está construyendo "con tanta pasión y empeño" y ha hecho un llamamiento a los líderes progresistas para encabezar "la marcha hacia el futuro" con las bases de justicia social y mostrando "determinación en un tiempo en el que se vuelve a mirar hacia el Estado para contener tanta incertidumbre".

"Hoy nuestra meta colectiva parte del mismo ideal: proteger el derecho de los más débiles, repartir las cargas. Que los que más tienen se comprometan y contribuyan en la medida que les corresponden es un asunto de soberanía", ha apostillado.

En este punto, ha enfatizado en que la crisis alimentaria y el alza de los precios "son derivadas de un conflicto que amenaza a la mayoría social" y que es un "mandato irrenunciable" para los Gobiernos progresistas protegerla "tal y como hizo Allende", ha recordado.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y su homólogo marroquí, Naser Burita, han acordado este miércoles que las aduanas de Melilla, donde ya existía una previa, y de Ceuta, donde se instalará una nueva, abrirán "a lo largo del mes de enero". Así lo han anunciado ambos tras el encuentro que han mantenido en Nueva York en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. "Hemos acordado trabajar para que el inicio del paso de mercancías de manera ordenada y gradual a través de los puestos aduaneros terrestres tenga lugar a lo largo del mes de enero", ha señalado Albares, que ha resaltado que este año las exportaciones al país vecino han aumentado un 30%, hasta los 6.000 millones de euros.

Por su parte, Burita ha confirmado la intención de Marruecos de cumplir con lo acordado en la declaración del 7 de abril suscrita por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI, en el que se preveía la apertura de las aduanas. Así, ha dicho que los dos países trabajarán para "un retorno a la normalidad de forma eficaz" en lo relativo al paso de personas y mercancías por los puestos terrestres y marítimos, confiando en que los "dispositivos" necesarios estén en marcha "desde el principio de año en el marco de una cooperación franca entre dos socios y amigos".

La cuestión de las aduanas era una de las que más interés había suscitado, puesto que aunque en Melilla ya existía una, que Marruecos cerró de manera unilateral en 2018 antes de la pandemia, en Ceuta había que partir de cero. Sánchez hizo el anuncio desde Rabat, pero el Gobierno marroquí no había llegado a confirmar rotundamente hasta ahora este extremo e incluso un alto cargo dio a entender que no se llevaría a la práctica, aunque luego matizó sus palabras.

El encuentro ha servido a ambos para "diseñar los próximos pasos" en el marco de la nueva etapa en la relación que inauguró la visita de Sánchez a Rabat el pasado abril y para reafirmar la voluntad de que la reunión de alto nivel, que no se celebra desde 2015, tenga lugar como se fijó en la declaración conjunta, antes de finales de año.

CUMBRE EN NOVIEMBRE

Según Albares, el objetivo que se han fijado es que sea en noviembre, a ser posible. La cumbre, que iba a celebrarse en diciembre de 2020 pero se aplazó por la pandemia y posterior por la crisis en relación con la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, "será una nueva oportunidad para hacer balance y seguir avanzando juntos y reafirmando la amistad hispanomarroquí". El ministro ha asegurado que todos los grupos de trabajo incluidos en la declaración de abril ya se han reunido, "cumpliendo el calendario de trabajo previsto", y ha puesto en valor los "avances significativos" que se han producido en estos meses, como la reanudación de la operación Paso del Estrecho o el restablecimiento de las comunicaciones aéreas, marítimas y terrestres.

Por otra parte, ha anunciado que el Gobierno va a aprobar "un proyecto del Fondo de Promoción del Desarrollo por 20 millones de euros" para contribuir al desarrollo de Marruecos, el primero que se otorga a este país en 20 años y que se destinará a la concesión de microcréditos para la inclusión de jóvenes y mujeres en el sistema productivo. En cuanto a la migración, Albares ha puesto en valor la "excelente cooperación" en materia de inmigración como reflejan los datos con una caída en las llegadas irregulares del 20% en los últimos cuatro meses con respecto al mismo periodo de 2021.

Este descenso, ha destacado, es "resultado del trabajo conjunto contra las redes criminales del tráfico de personas", de ahí que ambos hayan acordado "seguir reforzando esa cooperación, muy particularmente en la fachada atlántica", que es la que afecta a Canarias. Por último, ha indicado que el Gobierno ha ofrecido colaboración a Marruecos a través de "asistencias técnicas" tanto en el sector ferroviario como en el de agua y saneamiento para montar sistemas integrados a escala nacional como los de España" y ha dejado claro que las empresas españolas están "dispuestas a colaborar en el desarrollo integral de Marruecos".

Junts y el PDeCAT han retirado las enmiendas de totalidad que habían presentado a la ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, conocida como 'Ley Darias', tras pactar con el Gobierno que la nueva norma no afectará al modelo sanitario catalán, en el que priman los conciertos. De esta forma se allana el camino para la tramitación parlamentaria de esta norma, que este jueves se somete a su primer test en el Congreso.

El portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, ha ofrecido una rueda de prensa en la Cámara Baja para explicar el pacto al que, según ha dicho, ha llegado no sólo con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, sino también con el PSOE y con Unidas Podemos. Según han informado a Europa Press fuentes de Junts, esta formación también ha optado por retirar su enmienda tras obtener garantías de que se preservará el actual sistema de la sanidad catalana.

Así, estas dos formaciones votarán este jueves en contra de las enmiendas de totalidad que también registraron el Vox y Ciudadanos, que, previsiblemente serán rechazadas, con lo que la 'Ley Darias' podrá arrancar su andadura parlamentaria. El acuerdo alcanzado con las formaciones catalanas consiste en la modificación de los artículos y las disposiciones del proyecto de ley que, a su juicio, podrían afectar a los conciertos sanitarios en Cataluña. Estos cambios se harán efectivos durante la tramitación del proyecto mediante enmiendas.

"PEDAGOGÍA" CON UNIDAS PODEMOS

Bel ha agradecido la disposición de Darias a este pacto y se ha congratulado de que Sanidad, pero también Unidas Podemos, hayan "entendido" que había preservar el modelo catalán y que si no se introducían las modificaciones pactadas en la norma se corría el riesgo de que muchos servicios sanitarios en Cataluña no pudieran seguir prestándose.

Además, el portavoz del PDeCAT ha señalado que han tenido que hacer un ejercicio de "pedagogía", especialmente con Unidas Podemos, para explicarles que los conciertos sanitarios no implican siempre privatizaciones. El socio minoritario del Gobierno había puesto en duda su apoyo a la 'Ley Darias' si no se limitaban la privatizaciones sanitarias pero finalmente también ha llegado a un acuerdo con el ministerio.

En este contexto, Bel ha hecho hincapié en que los conciertos que rigen en Cataluña son en su mayoría con fundaciones y entidades sin ánimo de lucro y que en el grueso de los consorcios participan las administraciones en sus distintos niveles. "Estos centros sanitarios no se conciben como empresas privadas que quieren lograr beneficios", ha defendido.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha reunido este miércoles con la dirección del Partido Verde Europeo, al que ha mostrado su compromiso por avanzar en la justicia "climática y social". Representantes de la ejecutiva de los Verdes europeos se han desplazado a España esta semana y han mantenido encuentros con diversas formaciones políticas del arco progresista.

Por ejemplo, ayer se mantuvieron reuniones con Equo (coaligado a Más País) y con Alianza Verde (el partido ecologista de Unidas Podemos), además de con En Comú Podem. Hoy ha sido el turno de la ministra de Trabajo, que también es la líder del espacio confederal en el Ejecutivo, y que en redes sociales ha detallado que pensarán conjuntamente en medidas para llevar la "justicia climática y la justicia social" al ámbito nacional y europeo. "No hay tiempo que perder: tenemos un planeta que ganar", ha reseñado.

Precisamente el primer acto del proceso de escucha de 'Sumar' se centró en esta materia y Díaz recalcó que su objetivo es poner a la "juventud" y la lucha contra el cambio climático en el centro de la plataforma ciudadana que impulsa.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicado este miércoles que la propuesta que presentará en el Debate de Política General de la semana que viene sobre la autodeterminación buscará sumar no solo al independentismo, sino también a "todos los demócratas". En declaraciones a los medios desde Washington en su viaje de trabajo a Estados Unidos, tras reunirse con la dirección de la empresa Oracle y con el congresista del Partido Demócrata por California Alan Lowenthal, ha asegurado que hará una propuesta "amplia" sobre la autodeterminación enfocada a solucionar el conflicto catalán, como ya anunció en agosto.

Aragonès ha insistido en que está convencido de que un referéndum es la "mejor manera de resolver el conflicto" porque considera que es la propuesta más inclusiva y democrática, y que da la posibilidad de ganar a todas las opciones. El presidente también ha pedido a los partidos que afronten el Debate de Política General "en positivo" y que presenten propuestas, y ha apuntado que una de sus prioridades en su discurso será cómo hacer frente a la inflación.

PROCESO DE DIÁLOGO

Ha subrayado que en diferentes encuentros que ha mantenido estos días en Estados Unidos ha habido "mucho interés en conocer la situación política en Cataluña", y ha dicho que él ha explicado que está comprometido con el proceso de negociación con el Gobierno para resolver el conflicto y que su propuesta para lograrlo es la amnistía y la autodeterminación.

Ha percibido que "sobre todo hay voluntad de acompañar, de facilitar y de ponerse al servicio para que este proceso de negociación avance", ya que considera que la causa del independentismo es mucho más escuchada en el extranjero cuando se habla de diálogo. "Hablamos de las soluciones y no de los problemas. Claramente, el independentismo catalán y el Govern está implicado en las soluciones. Ahora falta que el Gobierno español pase de los problemas a implicarse también en las soluciones", ha concluido.

PEGASUS

Ha explicado que este miércoles se ha reunido con Lowenthal en el Congreso de los Estados Unidos, con quien han abordado la situación política en Catalunya, como avanza la negociación con el Gobierno y han compartido el trabajo que se está realizando sobre el espionaje con el programa Pegasus. El jefe del Ejecutivo catalán ha criticado que el Gobierno ha intentado "mirar hacia otro lado" en el caso Pegasus, pero ha avisado de que seguirán trabajando para lograr que se depuren responsabilidades y que no vuelva a ocurrir.

Ha advertido de que, si el Gobierno no actúa ante el caso Pegasus, buscarán obtener responsabilidades a través del Parlamento Europeo, de "otros parlamentos que están interesados en el mal uso de Pegasus para perseguir la disidencia política" y a través de la justicia, y ha expresado su confianza en que en las próximas semanas se admita a trámite la querella que presentó. Aragonès ha destacado que se trata de un "problema global" porque, además del espionaje a líderes independentistas, también ha habido casos parecidos en otras partes del mundo, y ha celebrado el trabajo que está haciendo el Parlamento Europeo para establecer una normativa europea para decretar una moratoria en el uso de Pegasus y para regular el uso de estas herramientas.

INVERSIONES TECNOLÓGICAS

En su último día en el viaje institucional en Estados Unidos, Aragonès ha destacado que en sus reuniones y visitas en Nueva York y Washington ha demostrado que "Catalunya tiene voz propia y políticas transformadoras en el ámbito de la lucha contra el cambio climático".

También ha asegurado que el viaje ha servido para incrementar las inversiones tecnológicas en Catalunya y, tras la reunión con Oracle, que tiene una sede en Barcelona, ha explicado que tienen voluntad de trabajar en proyectos conjuntos y de que haya "mucha más presencia" de empresas tecnológicas en la capital catalana. Además, ha informado que en este viaje han contactado con una empresa importante del sector de los videojuegos "de cara a posibles inversiones en Catalunya".

El Partido Popular ha pedido este miércoles a la Comisión Europea que condene el homenaje al miembro de la organización terrorista ETA Elías Fernández, realizado el pasado fin de semana en la localidad vasca de Bermeo, tras su reciente fallecimiento. En una pregunta parlamentaria, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y el eurodiputado popular Javier Zarzalejos han solicitado a la Comisión Europea que inste al Gobierno de España a establecer los medios necesarios para prevenir estos homenajes, tanto si son conmemorativos del fallecimiento de un miembro de la organización, como de bienvenida cuando salen de la cárcel al acabar su condena.

Los eurodiputados populares han recordado al Ejecutivo comunitario que "los jueces españoles han reiterado la necesidad de contar con instrumentos legales adecuados para poder actuar contra estos actos". En su interpelación, Montserrat ha indicado que "cualquier homenaje a un asesino de la banda terrorista, vivo o fallecido, que mató a más de 850 personas y que con crímenes sin esclarecer, es una humillación a las víctimas y una afrenta a la democracia".

Además, la eurodiputada popular ha señalado que "el Parlamento Europeo manifestó el apoyo firme y contundente a las víctimas de ETA en el informe que resultó de la misión de investigación de la Comisión de Peticiones, que pide evitar el enaltecimiento público de los terroristas". En este sentido, Zarzalejos ha recordado que el informe sobre los derechos fundamentales en la Unión Europea "pide también acabar con homenajes a etarras".

En concreto, el informe sobre derechos fundamentales en la UE, adoptado en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo la pasada semana, pide reforzar la asistencia y protección de las víctimas de terrorismo en la revisión de la directiva que fija los derechos mínimos para víctimas de delitos, con medidas para "preservar su dignidad" y evitar que sufra "humillaciones y ataques" posteriores por parte de sectores que apoyen a su agresor. En este marco, los eurodiputados populares han preguntado al Ejecutivo comunitario cuándo presentará la revisión de dicha directiva, para adecuarla a los objetivos fijados en el Parlamento Europeo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de "redoblar esfuerzos" para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 y ha anunciado que parA ello España tiene previsto contribuir con 130 millones de euros en los próximos tres años. Sánchez ha intervenido en la inaguración de un acto organizado por la Fundación Bill y Melinda Gates en Nueva York centrado precisamente en el cumplimiento de los ODS, en el que también ha intervenido la primera ministra de Barbados, Mia Motley.

El presidente ha hecho mención a la pandemia, a la guerra en Ucrania y también al "impacto devastador" que tiene a diario el cambio climático, así como al hecho de que a día de hoy muchas familias tienen problemas para llegar a final de mes y pagar la calefacción. "Los gobiernos tienen que actuar en muchos frentes a la vez pero sin olvidar las metas que nos pusimos a nosotros mismos para 2030", ha señalado. "Por ello, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos", ha reivindicado.

En este punto, ha anunciado que España contribuirá con 130 millones de euros en los tres próximos años al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis, "un incremento del 30% con respecto a nuestra contribución anterior de 2019". Por otra parte, ha defendido la necesidad de un "acceso equitativo" a financiación para todos los países, "priorizando a los más vulnerables", reivindicando asimismo la decisión de hace un año de la emisión extraordinaria de derechos especiales de giro por parte del FMI y también el Fondo de Resiliencia creado para que el 20% de esos derechos de giro vayan a los países que más lo necesitan, siendo España el país que primero ha confirmado su contribución.

APUESTA POR LA JUSTICIA FISCAL

Sánchez también se ha referido a la necesidad de "justicia fiscal" y ha mencionado el éxito que supuso en su opinión el acuerdo alcanzado en el G20 y la OCDE sobre un impuesto mínimo de sociedades y lograr así una mayor armonización. "Hemos demostrado que somos capaces de tomar medidas concretas y tangibles que ayudan a las personas sobre el terreno. Simplemente debemos seguir haciéndolo, con los ODS como guía", ha rematado.

En el diálogo posterior mantenido junto al matrimonio Gates y la primera ministra de Barbados, ha afeado a quienes utilizan las crisis actuales "para poner en tela de juicio la transición verde, el cambio climático o la igualdad de género", cuestiones todas ellas que "van del a mano con el desarrollo económico". En su opinión, "el mayor riesgo" es precisamente dejar todas estas cuestiones de lado y "aferrarse al status quo". Por ello, ha apostado por redoblar el compromiso con la transición ecológica y con la igualdad de género.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este miércoles al PP dejar la "catalanofobia fiscal" para intentar ganar votos para lograr llegar a La Moncloa, después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya anunciado que abrirá una delegación en Cataluña para intentar captar inversores con sus rebajas fiscales.

"Lo que exijo al PP del señor Feijóo es que quite sus manos de Cataluña", ha reclamado en declaraciones a los medios desde Washington, tras reunirse con la dirección de la empresa Oracle y con el congresista del Partido Demócrata por California Alan Lowenthal.

Aragonès ha sostenido que cada territorio puede hacer las políticas que considere oportunas pero, a su juicio, las rebajas fiscales anunciadas por Moreno no están dirigidas a la economía andaluza, sino que cree que buscan utilizar Catalunya "para intentar arañar votos" en toda España

"Que el PP de Feijóo deje de utilizar Catalunya. Nos utilizan la lengua, utilizan nuestro sistema fiscal, ahora utilizan las empresas catalanas. Cuando están diciendo lo que dicen de las empresas catalanas están diciendo que quieren sacar puestos de trabajo de Catalunya para llevarlos a otras zonas del Estado. Esto es catalanofobia económica", ha reprochado.

El presidente catalán ha alertado de que rebajar impuestos a los ricos perjudica a las personas más vulnerables y ha apuntado que "Andalucía hizo fuera a trabajadores de la Sanidad cuando se acabaron los fondos Covid", mientras que en Cataluña los mantuvieron gracias, según él, al modelo fiscal catalán.

Además, ha tachado de extremadamente marginales los apoyos del PP en Cataluña, por lo que cree que el partido de Alberto Núñez Feijóo debería preocuparse de cómo lograr más apoyos entre los catalanes en lugar de "atacar a la prosperidad económica de Cataluña".

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado este miércoles que es "absolutamente compatible" el uso de las energías renovables con la protección medioambiental de espacios como los parques naturales. Así lo ha expuesto en la puesta en marcha de la primera planta fotovoltaica del parque natural de La Albufera de Valencia, una instalación que ha destacado como innovadora y "vanguardista" y que permitirá bombear agua para riego, recoge la administración autonómica.

Con esta planta, cofinanciada por la Generalitat, Puig ha garantizado que se ha demostrado que hay un impacto "nulo" desde el punto de vista del medioambiente, que, sin embargo, es "positivo" para avanzar en la descarbonización y para abaratar los costes. "Las renovables ya no son una decisión arbitraria: sí o sí las necesitamos", ha aseverado, para reiterar: "Tenemos en este sol el petróleo del siglo XXI y la Comunidad Valenciana puede pasar de ser compradora de combustible fósil a ser exportadora de energía renovable".

Además, ha indicado que "el mejor garante del medioambiente es el agricultor" y que la soberanía alimentaria es fundamental para asegurar la calidad de lo que se consume, por lo que el Consell apuesta por "una agricultura propia, potente y cada vez mejor". Puig, que ha mantenido un encuentro con representantes y miembros de comunidades de regantes del Turia y del Júcar, ha alabado su gestión del agua y su capacidad para aprovechar "al máximo" cada recurso. Al acto también ha asistido la consejera de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha criticado que la derecha está "cruzando demasiadas línea rojas" tras la suspensión del Pleno de las Cortes de Castilla y León durante 15 minutos tras un enfrentamiento del procurador de la formación morada, Pablo Fernández, con el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, y el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), quienes interpelaban al representante de la formación morada cuando éste estaba en el uso de la palabra.

En declaraciones a los medios antes de reunirse con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha calificado de "inaudito" los últimos acontecimientos en este parlamentario autonómico, dado que ya no se habla solamente de "insultos o de aporrear el escaño", a lo que acostumbra la bancada de la derecha, sino en algo "gravísimo" como retirar la palabra a un portavoz parlamentario cuando interviene. Es más, ha lamentado que las bancadas más "maleducadas" suelen ser aquellas compuestas por quienes van a "colegios de pagos" y que no se puede "normalizar este tipo de cosas, porque si no irán a más". "Si normalizamos que la derecha y la ultraderecha se comporten así en el espacio público, no va a haber quien les frene", ha remachado.