La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años de prisión para una anciana acusada de agredir a un agente de la Policía Nacional cuando se encontraba en las dependencias que este cuerpo tiene en el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, donde le tiró al suelo y acabó por darle un cabezazo.

La mujer, de 75 años en la actualidad, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo junio por un presunto delito de atentado contra la autoridad del que será juzgada en la Audiencia de Granada por unos hechos que se produjeron el 20 de diciembre de 2019, según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Eran sobre las 11,30 horas cuando la acusada se encontraba en las dependencias de la Policía Nacional en el aeropuerto y le propinó, por causas que no han trascendido, un rodillazo al agente en el interior de la pierna izquierda. El policía cayó al suelo y acto seguido la mujer le pegó un cabezazo en el pecho.

El agente se incorporó tras la agresión y le puso las esposas. La mujer sufrió lesiones en la muñeca, pero la Fiscalía mantiene en todo caso que no son imputables al agente en tanto que actuó "de forma proporcionada" a la situación ejerciendo la "mínima fuerza indispensable" en el cumplimiento de su deber. El juicio está señalado el 5 de junio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves reconocer la existencia de guerra judicial contra el independentismo catalán y vasco y los partidos de izquierda e instar al Gobierno a cambiar la ley para garantizar la renovación en plazo de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que actualmente lleva ya cuatro años y medio caducado.

Estos han sido dos de los puntos de una proposición no de ley de Esquerra Republicana que han sido tumbados en el Pleno con los votos de PSOE, PP y Vox, y que sí han recibido el apoyo de Sumar y los partidos independentistas.

Tampoco ha salido adelante pedir al Gobierno que cree una comisión de expertos para analizar posibles casos de guerra judicial en el Estado español y proponer medidas para ponerles fin y resarcir a las víctimas.

La Cámara tampoco ha respaldado la idea de depurar las "cloacas" del Estado, tomando las medidas legales, penales, administrativas, que procedan para castigar a los responsables y ejecutores de actuaciones ilegales o ilícitas, o para separarlos de los lugares susceptibles de reincidencia en caso de prescripción del delito. Aquí el PSOE también se ha abstenido y se han impuesto los votos en contra de la bancada de la derecha.

El PSOE sí ha votado con el PP y Vox en contra de hacer cambios legales para garantizar la renovación en plazo de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y para castigar abusos policiales y judiciales.

DEROGAR LA MORDAZA Y CAMBIAR LA LEY DEL CNI

La Cámara sí ha aprobado, con los votos en contra de PP y Vox, impulsar la derogación de la 'Ley Mordaza', así como reformar las leyes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de Transparencia y la Ley de Secretos Oficiales para facilitar el acceso a la información pública. Este punto ha salido adelante con apoyo del PP, Sumar, los socios del Gobierno, la abstención del PSOE y el no de Vox.

También se ha acordado, con los votos de PP, Sumar, los aliados del Gobierno, la abstención socialista y el no de Vox, impulsar las modificaciones legales oportunas para que las empresas y personas corruptoras no puedan beneficiarse de contratos públicos en un período de entre 10-20 años y para endurecer las incompatibilidades de los cargos políticos --estudiando cómo incorporar a los familiares directos--, para evitar prácticas de dudosa ética como las puertas giratorias.

Los mismos votos han permitido instar al Gobierno a enviar al Congreso en tres meses un informe de análisis y propuestas para la lucha contra la corrupción, el fraude fiscal y la elusión fiscal, sin embargo, se ha desechado con el no de PP y Vox y la abstención del PSOE la reclamación de informes similares sobre la regeneración democrática del Estado, del Poder Judicial y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

La petición de crear un Consejo Profesional de Buenas Prácticas que "vele por evitar la desinformación, haga prevención contra las noticias falsas, y sirva para acreditar a los medios responsables ante los eventuales abusos y desfiguraciones de actores comunicativos dedicados a la propaganda", ha sido tumbada por PP, PSOE y Vox.

El Congreso ha aprobado este jueves la ley de amnistía que busca perdonar una década del 'procés' y que beneficiaría a dirigentes de Junts y ERC, a los 12 CDR procesados y a los investigados por 'Tsunami Democràtic', entre otros. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que la norma ampararía a 372 personas, mientras que el colectivo de abogados Alerta Solidaria habla de 419.

El texto legal busca exonerar actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación --cuando no haya enriquecimiento-- en el marco del independentismo catalán. También amnistía el terrorismo atribuido al 'procés', "siempre y cuando" no se haya actuado "de forma manifiesta y con intención directa" de causar "violaciones graves de Derechos Humanos", como matar y torturar.

Perdona actos tipificados como tortura cuando "no superen un umbral mínimo de gravedad" y exculpa la traición cuando no se haya producido una "amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial" como fija la ONU.

PRINCIPALES BENEFICIADOS

Aunque la ley no recoge nombres, estos serían los principales beneficiados:

- Carles Puigdemont (Junts). El ex presidente catalán tiene tres frentes abiertos. En el Tribunal Supremo (TS) está procesado por desobediencia y malversación por el referéndum del 1-O. El instructor Pablo Llarena está a la espera de tomarle declaración indagatoria para poder avanzar hacia juicio. Tiene una orden de detención nacional, pero la euroorden está desactivada.

También es uno de los 35 ex altos cargos que en noviembre fueron juzgados en el Tribunal de Cuentas (TCu) por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del 'procés'. Fiscalía les reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria. Sociedad Civil Catalana les pide hasta 5 millones.

Además, el TS ha abierto causa penal en su contra por posibles delitos de terrorismo enmarcados en los disturbios atribuidos a 'Tsunami Democràtic' tras la sentencia del 'procés'. La magistrada instructora Susana Polo tiene pendiente tomarle declaración voluntaria entre el 17 y el 21 de junio.

- Oriol Junqueras (ERC). El ex vicepresidente catalán fue condenado en 2019 por el TS a 13 años de cárcel e inhabilitación por sedición y malversación, aunque en 2021 se le indultó la pena de cárcel. El pasado febrero, se cambió su condena a desobediencia y malversación por la reforma penal que derogó la sedición. También fue juzgado en el TCu.

- Artur Mas y Francesc Homs. El ex president y su ex consejero fueron condenados por el TCu a devolver al Govern algo más de 4,9 millones de euros (más 1 millón en intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. También están en la causa abierta en el TCu por los gastos del 1-O y de la acción exterior del 'procés'.

- Toni Comín (Junts). El ex consejero catalán y eurodiputado está procesado en el TS por desobediencia y malversación por el 1-O. Llarena también aguarda a tomarle declaración indagatoria. Tiene una orden nacional de busca y captura en su contra. Y fue otro de los juzgados por el TCu.

- Clara Ponsatí (Junts). La ex consejera catalana y eurodiputada está procesada en el Supremo por desobediencia por el 1-O. Tras ser detenida hasta dos veces en Barcelona, finalmente Llarena pudo recibir su declaración indagatoria y concluir sumario. Falta que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre los siguientes pasos. En su caso, ya no tiene orden de detención nacional y, al estar acusada de un delito sin cárcel, no es posible cursar euroorden. Es otra de las juzgadas por el TCu.

- Lluís Puig (Junts). El ex consejero catalán está procesado en el TS por desobediencia y malversación. El instructor del 'procés' tampoco ha podido tomarle declaración indagatoria, por lo que mantiene la orden nacional de detención en su contra para ello. También ha sido juzgado por el TCu.

- Marta Rovira (ERC). La secretaria general de ERC, que permanece huida en Suiza, está procesada en el TS por desobediencia por el 1-O. Llarena mantiene la orden de detención nacional en su contra para poder recibir su declaración indagatoria y concluir sumario. Además, está investigada en la Audiencia Nacional por 'Tsunami Democràtic'.

- Raül Romeva (ERC), Jordi Turull (Junts) y Dolors Bassa (ERC). Los tres ex consejeros fueron condenados por el TS a 12 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación. El Gobierno indultó su pena de prisión, pero permanecen inhabilitados por desobediencia y malversación, la nueva calificación que fijó el Supremo tras la reforma penal que derogó la sedición. Fueron juzgados por el TCu.

- Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El ex presidente de la ANC y el de Òmnium, respectivamente, fueron condenados por el TS a 9 años de prisión e inhabilitación por un delito de sedición. El Gobierno también perdonó sus penas de prisión y el Supremo revisó sus casos por la citada reforma penal sustituyendo dicho delito por desórdenes públicos, lo que extingió sus inhabilitaciones. Son otros de los juzgados en el TCu.

- Carme Forcadell (ERC), Josep Rull (Junts) y Joaquim Forn (Junts). El Supremo condenó a la ex presidenta del Parlament y a los ex consejeros a penas de hasta 11 años y medio de prisión e inhabilitación por sedición. El Gobierno les indultó la cárcel y luego sus casos fueron examinados tras el último cambio penal, que supuso reemplazar dicho delito por desórdenes públicos. Esta modificación extingió sus penas de inhabilitación. También han respondido ante el TCu.

LAS ANTIGUAS 'REBELDES'

- Anna Gabriel. El Supremo procesó a la ex diputada de la CUP en el Parlament por desobediencia por su supuesta participación en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña. Tras permanecer fugada en Suiza, en 2022 se presentó en el TS, que concluyó sumario y envió la causa a la Audiencia de Barcelona al no estar aforada.

- Meritxell Serret. La consejera catalana también se entregó al TS. Regresó de Bélgica en 2021 y en 2023 fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a 1 año de inhabilitación por desobediencia por su participación en el 1-O.

'VOLÓH', LOS PREPARATIVOS Y EL ESCOLTA

- Josep Lluís Alay y Xavier Vendrell. El jefe de la oficina de Puigdemont y el ex consejero de ERC se encuentran investigados en un Juzgado de Barcelona por 'Voloh', caso en el que se indaga en el presunto desvío de fondos públicos al independentismo. También están imputados en la AN por 'Tsunami'.

- Natàlia Garriga, Josep María Jové y Lluís Salvadó. La consejera catalana, el ex secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, y el ex secretario de Hacienda del Govern están a la espera de juicio en el TSJC por los preparativos del 1-O.

- Miquel Buch. El ex consejero fue condenado a 4 años y medio de cárcel por designar al mosso d'esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para escoltar a Puigdemont en el extranjero tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

- Lluís Escolá. Fue condenado a 4 años de cárcel y 10 de inhabilitación por malversación.

LOS 12 CDR Y 'TSUNAMI DEMOCRÀTIC'

- Los CDR: La AN propuso juzgar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista que, según el juez, planearon ocupar el Parlament y participaron en cortes de carreteras.

- 'Tsunami Democràtic': La plataforma está investigada por los disturbios que presuntamente habría organizado tras las condenas por el 'procés' en 2019: desde el intento de asalto del aeropuerto de El Prat, al corte de la frontera de la Jonquera o las protestas frente a la Jefatura de la Policía en Vía Layetana.

- El exdiputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensgberg, que tiene causa abierta en el TS por presunto terrorismo en 'Tsunami'.

El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha celebrado la aprobación de la Ley de Amnistía este jueves en el Congreso, y ha augurado: "Y también tendremos el referéndum".

"Hoy gana la democracia. Hoy ganan los centenares de personas que han sufrido condenas injustas y sus familias", ha destacado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Ha sostenido que ha aprobado la amnistía como prometió ERC, y ha asegurado que habrá un referéndum porque "Cataluña debe votar y votará sobre su futuro en libertad".

El Pleno del Congreso ha respaldado este jueves con mayoría absoluta la Ley de Amnistía levantando así el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación, con lo que la norma se envía al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor. Eso sí, el trámite se ha superado por la mínima, pues se necesitaban 176 votos y se han sumado 177.

Así, la ley ha reunido el apoyo de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN. No ha participado en la votación, ni telemáticamente, la diputada de Podemos Martina Velarde, lo que ha propiciado lo ajustado de la votación.

Como ha pedido el PP, la votación ha sido pública y por llamamiento, con los diputados poniéndose en pie para anunciar su voto a viva voz. Por sorteo, la votación ha comenzado con el Sí del socialista Roberto García Morís, que ha votado telemáticamente. Cuando ha votado el presidente Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno se han escuchado gritos de "traidor" desde la bancada de Vox.

Damm ha sido reconocida con la segunda Estrella Lean & Green otorgada por AECOC -Asociación de Fabricantes y Distribuidores- tras haber alcanzado el objetivo de reducir en más de un 30% las emisiones de CO₂ derivadas de su actividad logística. Gracias a la activación de un plan de acción centrado en la reducción energética, la transformación de la flota de vehículos, el transporte colaborativo y la formación en mejores prácticas a nivel interno, Damm ha logrado convertirse en la primera empresa fabricante del sector gran consumo en España en lograr este importante hito en sostenibilidad medioambiental.

La apuesta de la compañía por impulsar iniciativas que promuevan la sostenibilidad en toda su operativa llevó a Damm a conseguir en 2020 su primera estrella Lean & Green tras haber reducido un 20% sus emisiones de CO2 entre 2016 y 2019. De 2016 a 2022, Damm ha superado el hito inicial al lograr una reducción de más del 30% de las emisiones generadas en sus procesos logísticos, hecho que la ha hecho valedora de su segunda estrella Lean & Green.

Para conseguir ampliar la reducción de las emisiones de CO₂ en sus actividades, Damm puso en marcha un plan de acción centrado en el impulso de medidas enfocadas a optimizar el consumo energético y reducir la huella medioambiental. Entre las iniciativas llevadas a cabo destaca el incremento de su capacidad de autoconsumo energético con la ampliación de las instalaciones fotovoltaicas de varias de sus plantas. Damm cuenta actualmente con un parque fotovoltaico con una superficie de 59.000m2, siendo la cervecera nacional con la mayor extensión de placas solares de la península ibérica. Esta instalación fotovoltaica permitirá en 2024 a la compañía autoproducir el 9% de su consumo energético total con energía renovable, contribuyendo a evitar la emisión de casi 7.000 toneladas de CO2 al año, el equivale a plantar más de 2.600 árboles de pino carrasco cada año.

En su búsqueda de opciones de transporte más respetuosas con el medioambiente, Damm puso en marcha en 2022 el primer duotráiler de su flota de transporte con el objetivo de reducir su huella de carbono y optimizar sus rutas y cargas. La incorporación de este vehículo, que cubre la ruta comprendida entre su plataforma logística situada en la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Barcelona (ZAL Prat) y el Centro Logístico del Sureste de Murcia dos veces por día, ha hecho posible que la compañía reduzca en un 25% la huella de carbono por trayecto y evite la emisión de 105 toneladas de CO2 al año. Otro de los planes de acción realizados para impulsar la movilidad sostenible ha sido la ampliación de la flota de camiones propulsados por combustibles bajos en carbono basados en gas natural. Además, en 2023 tres camiones eléctricos cero emisiones empezaron a hacer la ruta entre la fábrica de Murcia y el Centro Logístico del Sureste. Los camiones realizan casi una treintena de rutas diarias entre ambos lugares y permiten reducir anualmente otras 140 Tn de CO2.

“En Damm estamos orgullosos de haber sido reconocidos con la segunda Estrella Lean & Green por parte de AECOC, un importante hito que nos impulsa a continuar avanzando en nuestro compromiso con el impulso de prácticas que reduzcan nuestra huella ambiental. Este reconocimiento refleja el trabajo y la dedicación de todo nuestro equipo para promover un futuro más sostenible y nos anima a seguir poniendo en marcha proyectos que contribuyan al cambio positivo en nuestro entorno", afirmó Juan Antonio López Abadía, director de Optimización Energética y Medio Ambiente de Damm.

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, se ha mostrado abierta a trabajar con Sumar en el Parlamento Europeo, como hizo con ERC o Bildu en el Congreso la pasada legislatura, si bien ha reivindicado que la candidatura que representa es "la única fuerza política que transforma" y que es capaz de que "las cosas pasen".

Así lo ha expresado la dirigente de la formación morada al ser preguntada en una entrevista en TV3, sobre si es posible la convivencia con Sumar, dado que si ambas fuerzas obtienen representación en el Parlamento Europeo se circunscribirán en el grupo de La Izquierda. Según Montero, "Podemos tiene una larguísima tradición de trabajar junto a otras fuerzas políticas".

"Los principales avances en derechos (de la pasada legislatura), las leyes feministas, la ley de vivienda o el impuesto a las grandes fortunas son el resultado del trabajo conjunto de fuerzas como ERC, Bildu o Unidas Podemos, que trabajamos juntas para impulsar todos esos avances y que conseguimos que fuese ley, incluso con la oposición del PSOE", ha explicado.

Montero ha proseguido argumentando que "hay muchas formas de trabajar juntas" y que Podemos es consciente de que "hay que hacer ese trabajo juntas para poder avanzar en derechos". No obstante, ha recalcado que su fuerza política es la única capaz "de hacer que las cosas pasen, aunque otros digan que es imposible".

"Podemos es una fuerza política que no espera que otros hagan las cosas o no espera mirar por donde sopla el viento y en función de eso se posiciona para que nunca haya un coste político y, con el posicionamiento que tienen, Podemos es una fuerza política que no espera que otros hagan las cosas, que hace que las cosas pasen", ha zanjado.

El 83% de los altos ejecutivos encuestados por la Confederación Mundial del Empleo (WEC por sus siglas en inglés) reconoce que, después de la pandemia de covid-19, sus empleados priorizan la flexibilidad tanto como su salario. En su informe 'El trabajo que queremos' la patronal mundial de las agencias de empleo ha destacado que la flexibilidad se ha convertido en un elemento determinante para entender la carrera laboral de las personas.

Sin embargo, en materia política y legislativa, aún hay trabajo por hacer, ya que “la incorporación de la flexibilidad sostenible solo es posible bajo un marco de seguridad que reconozca que el trabajo ha cambiado. En España tenemos un componente de estacionalidad y de conformación de la economía que hace de la flexibilidad una necesidad y el informe de WEC pone de manifiesto que el mundo está mirando a este factor como algo inherente a las relaciones laborales y no como un elemento excepcional”, ha destacado el presidente de ASEMPLEO, Andreu Cruañas.

Este llamamiento se suma a la necesidad de adaptar además la cultura de las organizaciones y sus líderes, ya que, según los datos de la encuesta de WEC, solo el 38% de los líderes empresariales se sienten plenamente capacitados para conseguir la combinación óptima entre las diferentes formas de trabajo.

En consecuencia, el 83% de los más de 700 encuestados ha indicado que ve necesario crear conciencia sobre los diversos tipos de contratos laborales disponibles para los trabajadores y permitir que las personas tengan la oportunidad de elegir la que más le convenga.

“El camino de la flexibilidad sostenible que plantea la WEC es valioso para España, porque nos ayudaría a paliar las carencias estructurales del mercado de trabajo, principalmente, nos ayudaría a reducir el paro juvenil y a tener un impulso en materia de competitividad, dos asignaturas pendientes del empleo en nuestro país”, ha resaltado Cruañas.

Actualmente, las ETT y Empleo gestionan más de 3,6 millones de contratos anualmente, con más de 700.000 candidatos únicos. A estos datos se suma que, más de un 32% de los trabajadores que estas empresas ponen a disposición a otras compañías, son contratados de manera indefinida, demostrando el valor de transición que ejercen dentro del mercado laboral.

Stoneweg Living ha comenzado a comercializar en Mataró la bautizada como Torre Barceló Living, que será el edificio más alto y emblemático de toda la zona del Maresme.

El icónico rascacielos, ubicado entre la ronda de Barceló, la avenida del Maresme y el edificio de La Farinera, tendrá veinticinco plantas y contará con ciento noventa y dos viviendas a la venta de uno, dos y tres dormitorios. Todas ellas incluyen terrazas y disfrutan de unas espectaculares vistas. Además, Torre Barceló cuenta con ciento noventa y cuatro plazas de garaje y piscina con vistas al mar. La entrega de las viviendas está prevista para el primer semestre de 2025.

El diseño arquitectónico ha sido llevado a cabo por el prestigioso equipo de arquitectura de Batlle & Roig, reconocidos por su enfoque innovador y sostenible en la integración de espacios urbanos y naturales. Entre los aspectos más destacables de la promoción está la sostenibilidad y la seguridad, ya que será, según los promotores, el primer edificio en altura de Cataluña que contará con sistema de extinción de incendios individualizado por vivienda.

Dentro de la filosofía de Stoneweg Living, que ya ha desarrollado proyectos tan emblemáticos como las torres Skyline de Madrid, la sostenibilidad es un objetivo clave y Torre Barceló contará con el sello Breeam (método de evaluación y certificación técnicamente más avanzado de la sostenibilidad en la edificación y líder a nivel mundial por el número de proyectos certificados desde su creación en 1990) y con la certificación energética A-A.

El rascacielos tendrá una fachada ventilada de cerámica extrusionada que favorecerá el control térmico y acústico, así como el bajo consumo energético. La producción de agua caliente y climatización se realizará a partir de fuentes de energía renovables de la ciudad de Mataró (TUB VERD).

La Torre Barceló de Mataró incorpora también un sistema de recogida y reciclaje del agua pluvial para uso de riego, y espacios de aparcamientos para bicicletas y para recarga de vehículos eléctricos con objeto de fomentar una movilidad sostenible. En 2022 el ayuntamiento de Mataró aprobó el Plan de mejora urbana de la Isla de la Torre Barceló y Stoneweg comenzó este ambicioso proyecto que muy pronto cambiará la fachada marítima de Mataró: la Torre Barceló Living.