Uno de cada ocho asalariados en España percibe exactamente el salario mínimo interprofesional. El dato, extraído de la última Encuesta de Población Activa, confirma que el SMI ya no es una referencia marginal: lo cobra el 12,7 % de los trabajadores, una cifra que se ha triplicado en apenas ocho años.
En 2018 ese porcentaje rondaba el 4 %. El incremento, la consecuencia más directa de las sucesivas subidas del salario mínimo, reabre ahora el debate sobre la precariedad, el poder adquisitivo y el rumbo del mercado laboral.
Los datos que encienden la alarma
La estadística procede de la EPA que elabora el INE y refleja una fotografía poco habitual en las grandes economías europeas. Más de 2,6 millones de ocupados tienen el SMI como único suelo salarial, y buena parte de ellos se concentra en hostelería, comercio, agricultura y servicios de baja cualificación.
En términos relativos, el peso del salario mínimo sobre el total de trabajadores ha pasado del 4,2 % al 12,7 %. Es decir, por cada cien personas con empleo, trece no ganan ni un euro por encima del mínimo legal. La cifra duplica ampliamente la media de la Unión Europea, que en 2024 se situaba por debajo del 6 %.
La evolución no es homogénea. En comunidades como Andalucía, Extremadura o Canarias el porcentaje de perceptores se dispara por encima del 17 %, mientras que en Madrid o País Vasco ronda el 9 %. La brecha territorial agrava la sensación de que el SMI actúa como un techo salarial para miles de familias.
Un salario que crece más deprisa que la economía
El cambio de tendencia comenzó en 2019, cuando el Gobierno subió el SMI un 22 % en un solo año. Desde entonces, el incremento acumulado supera el 50 % en términos nominales, muy por encima de lo que ha crecido el salario medio o la inflación en el mismo periodo. El resultado es que cada vez más empresas ajustan sus tablas salariales al nuevo mínimo sin poder ofrecer pluses o complementos.
Desde el Ministerio de Trabajo se defiende que la política ha reducido la desigualdad y ha sacado de la pobreza a cientos de miles de hogares. Fuentes empresariales, en cambio, alertan de una posible destrucción de empleo en sectores con márgenes estrechos y de la sustitución de contratos por fórmulas más precarias o por horas.
Detrás del porcentaje del 12,7 % hay personas con contratos de jornada completa que mes a mes apenas cubren el gasto del alquiler.
El cruce de datos con la Agencia Tributaria muestra que la mitad de los perceptores del SMI declara ingresos totales que no superan los 13 000 euros al año. Son, en su mayoría, jóvenes de entre 25 y 34 años, mujeres con contratos a tiempo parcial y trabajadores migrantes con difícil acceso a la formación continua.
La situación abre una pregunta incómoda: ¿está el SMI cumpliendo su función de suelo de dignidad o se ha convertido en un sueldo de referencia que perpetúa la bajada de los salarios reales? Organizaciones sindicales insisten en que sin las subidas el panorama sería aún más duro, mientras que economistas cercanos a la patronal piden una senda más gradual y vinculada a la productividad.
Un horizonte con más sombras que certezas
El dato del 12,7 % se conoce en un momento de ralentización de la contratación indefinida y de desaceleración del consumo. Aunque la economía española mantiene un pulso positivo, la inflación de los servicios y el encarecimiento de la vivienda comen terreno a cualquier mejora salarial. El salario mínimo, que en 2026 se sitúa en torno a los 1 200 euros en catorce pagas, apenas da para cubrir el alquiler medio en una capital de provincia.
El Banco de España ya ha advertido en varios informes que las subidas del SMI pueden tener efectos sobre el empleo de los colectivos más vulnerables si no se acompañan de políticas activas de formación. Sin embargo, el Gobierno ha reiterado su intención de seguir acercando el mínimo al 60 % del salario medio, tal como recomienda la Carta Social Europea.
Lo que parece claro es que la cifra del 12,7 % no será un techo. Si el SMI continúa subiendo y el salario medio no lo hace al mismo ritmo, el porcentaje de trabajadores que queden embolsados en el mínimo legal podría seguir creciendo. La cuestión es si eso se traduce en más protección o en más precariedad silenciosa.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: El 12,7 % de los ocupados cobra el SMI, triple que en 2018.
- 👥 Quiénes son los afectados: Sobre todo jóvenes, mujeres y sectores como hostelería y comercio.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Más tensión entre la protección social y el riesgo de precariedad estructural.
