La ciudad de Barcelona se enfrenta a un desafío importante en cuanto a la disponibilidad de vivienda asequible para sus habitantes. El Ayuntamiento, liderado por el alcalde socialista Jaume Collboni, ha reconocido la necesidad de flexibilizar la norma que obliga a los promotores a destinar el 30% de los pisos que se construyen a vivienda asequible. Esta medida, que hasta ahora no ha funcionado según lo esperado, requiere de ajustes para lograr un mayor impacto y beneficiar a más familias.
El gobierno municipal ha anunciado una propuesta de modificación a la normativa vigente, la cual deberá ser sometida a votación en un pleno del Ayuntamiento. La idea central es permitir que las reservas de vivienda social se agrupen en un solo edificio dentro del mismo barrio, evitando la convivencia de pisos asequibles con los de mercado en una misma escalera.
La Propuesta de Agrupación de Reservas de Vivienda Asequible
La propuesta del gobierno socialista municipal contempla varios elementos clave. En primer lugar, se permitiría el traslado de la ubicación del 30% de una parcela a otra, siempre dentro del mismo barrio o en el barrio colindante, sin necesidad de tramitar un nuevo planteamiento urbanístico. Esto facilitaría la agrupación de los pisos sociales en un solo edificio, logrando una mayor concentración y eficiencia en la gestión de estos recursos.
Además, la reforma también prevé la posibilidad de abrir una promotora social que pueda ejecutar las promociones mediante un convenio marco con el Ayuntamiento. Esto permitiría definir los procedimientos, responsabilidades y plazos de manera más clara y coordinada.
Por otro lado, la propuesta también busca facilitar la rehabilitación de viviendas, elevar el número y garantizar la calidad del parque residencial. Se plantea que esta medida solo se aplique en casos en los que la rehabilitación se asimile a la obra nueva, es decir, cuando solo se preserve la fachada y el resto de las obras sean de gran envergadura.
El Potencial de Crecimiento y la Necesidad de Flexibilizar la Norma
Collboni ha resaltado la necesidad de flexibilizar la norma, ya que asegura que no ha funcionado según lo esperado hasta ahora. Según el alcalde, hay tres áreas de crecimiento en la ciudad con un potencial de hasta 70.000 nuevas viviendas, de las cuales calcula que 30.000 serán protegidas.
Para lograr este objetivo, el Ayuntamiento prevé que la modificación del planeamiento urbanístico pueda hacerse durante este año. Collboni ha expresado su confianza en que las coyunturas políticas permitan avanzar en estas iniciativas que afectan directamente a la gente.
Según datos proporcionados por el Ayuntamiento, desde la aprobación de la norma en 2018, se han otorgado 93 licencias a viviendas, de las cuales solo se han construido 8. Además, se ha observado una disminución en el número de licencias de obra nueva de vivienda plurifamiliar en suelo urbano consolidado.
En resumen, la propuesta del gobierno municipal de Barcelona busca flexibilizar la normativa de vivienda asequible para facilitar su implementación y lograr un mayor impacto en la disponibilidad de pisos sociales para los ciudadanos. La agrupación de las reservas, la creación de una promotora social y la facilitación de la rehabilitación son algunas de las medidas clave que se plantean para abordar este desafío.
