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El Govern balear: El auto de la juez «pone en peligro toda la política sanitaria» en España

El vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, ha criticado este miércoles el auto de la juez que tumba el confinamiento forzoso de los estudiantes del ‘macrobrote’ que no hayan dado negativo, asegurando que esta decisión «pone en peligro toda la política sanitaria que ha establecido, no sólo el Govern, sino también el Gobierno central» a lo largo de la pandemia.

Con esta contundencia se ha expresado el conseller –quien es magistrado-juez en excedencia– sobre la decisión del Juzgado de no ratificar el confinamiento de aquellos estudiantes que hayan dado negativo o no se hayan sometido a una prueba.

Yllanes ha señalado que el Govern acata la decisión, pese a discrepar «absolutamente» de su fondo, y ha avanzado que la recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Para ello tiene un plazo de 15 días. Sin embargo, la resolución ya tiene efectos desde este mismo miércoles y ello implica que unos 170 jóvenes pueden abandonar el hotel COVID si lo desean.

«Pensamos que [la resolución] va contra un bien jurídico importante y que hemos estado protegiendo, como es la salud pública», ha manifestado Yllanes, que ha asegurado haberse «leído varias veces» el auto de la juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma, Sonia Martín.

El Govern ha solicitado una aclaración a la juez para que detalle si la decisión de salida del hotel «implica que estas personas no deben guardar cuarentena». «Lo que no hará el Govern será mirar hacia otro lado», ha apostillado Yllanes.

«NO HA TENIDO EN CUENTA LA REALIDAD SOCIAL»

El vicepresidente balear –magistrado que iba a juzgar el caso Nóos antes de dar el salto a la política– ha recalcado que el código civil pide que las normas «se interpreten según la literalidad, pero también teniendo en cuenta la realidad social en la que han de producir efectos».

En este sentido, Yllanes cree que el auto de la juez «no ha tenido en cuenta la realidad social y el esfuerzo continuado que ha hecho toda la sociedad de Baleares durante este año y medio de pandemia».

En los fundamentos del auto hay «varias cuestiones» que han llamado la atención del vicepresidente, como que parece considerar «la libertad deambulatoria como un derecho absoluto». «Discrepamos abiertamente de que sea un derecho tan absoluto que no admita ningún tipo de restricción», ha indicado.

Además, Yllanes ha cuestionado que el auto no haga diferencias entre quienes han dado negativo en una prueba de COVID-19 y quienes han rechazado someterse a una. También ha criticado que el derecho de un centenar de personas «se impone» al del millón de habitantes de la Comunidad.

El vicepresidente ha lamentado que el auto no deja al Govern otra salida que pedir a los jóvenes «responsabilidad» porque como administración están «atados absolutamente». Yllanes ha insistido en que el Govern «ha sido coherente» y que todas sus decisiones han sido para proteger la salud de los ciudadanos.

El Govern ha incidido que presentará la apelación ante el TSJIB a pesar de que los jóvenes ya pueden salir porque es «imprescindible que se haga este recurso», en palabras de la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, de quien depende la Abogacía de la Comunidad Autónoma. «El Ministerio de Sanidad nos pide hacer esta apelación», ha dicho.