Nintendo se enfrenta a una nueva batalla legal en Estados Unidos, esta vez no contra un competidor ni contra un regulador, sino contra parte de su propia base de clientes. Dos jugadores han presentado una demanda colectiva en el estado de Washington acusando a la compañía japonesa de intentar "enriquecerse injustamente" con los reembolsos de los aranceles que el Gobierno de Donald Trump impuso a productos importados y que, según sostienen, se trasladaron al precio de consolas y accesorios.
Esta información, adelantada por Stephen Totilo en Game File, llega apenas semanas después de que Nintendo interpusiera su propia acción judicial contra el Gobierno estadounidense para recuperar esas mismas tasas, declaradas ilegales por el Tribunal Supremo.
Conflicto a tres bandas: consumidores, Nintendo y el Gobierno de Estados Unidos
El origen del caso se remonta a los aranceles aprobados durante la Administración Trump, que encarecieron de forma significativa una amplia gama de productos importados, incluidos dispositivos electrónicos y componentes utilizados por fabricantes como Nintendo. Los gravámenes, anunciados a principios de abril, afectaron directamente al coste de hardware y accesorios vinculados a la familia Switch.
Pocas semanas después, Nintendo comenzó a mover ficha en el mercado. A mediados de abril anunció una subida de 5 dólares en el precio de los mandos para la entonces futura Switch 2, y en agosto incrementó también el precio de la Switch original en Estados Unidos. La propia dirección de la compañía vinculó públicamente la decisión a los aranceles.
En mayo de 2025, un mes después de la entrada en vigor de las tasas, el consejero delegado de Nintendo, Shuntaro Furukawa, explicó ante inversores la estrategia de la empresa: "Nuestra política básica es que, para cualquier país o región, si se imponen aranceles, los reconocemos como parte del coste y los incorporamos al precio". En otras palabras, el impacto fiscal se trasladó directamente al consumidor final.
En febrero de este año, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró ilegales esos aranceles, al considerar que habían sido implantados de forma indebida por la Administración Trump. Tras el fallo, centenares de compañías comenzaron a preparar demandas para recuperar lo abonado. Nintendo presentó la suya en marzo, reclamando al Gobierno federal el reembolso de los pagos realizados, más los intereses que pudieran corresponder.
El procedimiento, como el del resto de empresas afectadas, quedó en suspenso a la espera de que Washington pusiera en marcha un sistema de devolución. Esa vía se ha abierto esta misma semana, con el anuncio de un proceso formal de reembolso que, según estimaciones citadas por CNBC, podría implicar hasta 160.000 millones de dólares en devoluciones para el conjunto del tejido empresarial.
Los jugadores acusan a Nintendo de "cobrar dos veces"
En este contexto irrumpe la demanda presentada por dos consumidores, Gregory Hoffert, residente en California, y Prashant Sharan, residente en el estado de Washington. Ambos sostienen haber comprado productos de Nintendo cuyos precios se incrementaron a raíz de los aranceles. Su denuncia, presentada ante el tribunal federal del Distrito Oeste de Washington —donde tiene su sede Nintendo of America— busca lograr el estatus de demanda colectiva para representar a todos los consumidores estadounidenses que adquirieron productos de la compañía encarecidos por los gravámenes entre el 1 de febrero de 2025 y el 24 de febrero de 2026.
El argumento central de los demandantes es que, si Nintendo obtiene el reembolso completo de los aranceles abonados al Gobierno, sin compensar a quienes pagaron el sobreprecio en los modelos de Switch, estaría cobrando dos veces por el mismo concepto. Primero, al repercutir el coste fiscal en el precio final; después, al recuperar esas cantidades del erario público. "A menos que este Tribunal lo impida, Nintendo está en posición de recuperar los mismos pagos de aranceles dos veces: una de los consumidores, mediante precios más altos, y otra del Gobierno federal mediante reembolsos de aranceles, incluidos los intereses pagados por el Gobierno sobre esos fondos", recoge la demanda.
Los jugadores alegan que ese escenario constituiría un caso de enriquecimiento injusto y una infracción de la legislación de protección de los consumidores del estado de Washington. De prosperar la acción colectiva, el objetivo sería que parte de los fondos que Nintendo recupere del Gobierno se distribuyan entre los compradores que asumieron el encarecimiento derivado de la política comercial de Trump.
Demandas similares se han presentado contra empresas como FedEx, UPS o el importador de gafas EssilorLuxottica, también presionadas para que trasladen a los consumidores cualquier devolución derivada de los aranceles. Incluso compañías que han prometido públicamente compartir esos reembolsos con sus clientes han acabado enfrentándose a litigios de este tipo.
Por ahora, Nintendo guarda silencio sobre si contempla alguna fórmula para compensar a los compradores. Preguntada en marzo, tras conocerse su demanda contra el Gobierno, sobre si planeaba trasladar a los consumidores eventuales reembolsos, la compañía se limitó a confirmar que había presentado la solicitud y añadió que no tenían nada más que compartir sobre este tema.
Don McGowan, exdirector jurídico de The Pokémon Company y hoy al frente de la consultora Extreme Grownup Services, considera muy limitado el recorrido de la demanda en declaraciones a Game File. A su juicio, no existe una diferencia legal clara entre subir precios para compensar aranceles y subirlos simplemente para aumentar márgenes.
"No hay obligación legal de mantener bajos los márgenes. Nintendo no recibió fondos de aranceles como fiduciario ni con ninguna obligación legal de devolverlos al consumidor". Pese a ello, se declara comprensivo con el enfado de los demandantes, aunque entiende que, desde su punto de vista, "no hay caso".
