La Xunta de Galicia refuerza su compromiso con la protección de la infancia. A través de una inversión de 194.000 euros hasta 2026, se formará a cerca de un millar de docentes anualmente para detectar y prevenir casos de violencia sexual infantil en el alumnado. Esta iniciativa, fundamental para la seguridad de los menores, se enmarca en la lucha contra el abuso infantil y representa un paso firme hacia una sociedad más protectora.

Formación especializada para docentes

El programa "Poñendo as lentes para a protección da infancia", fruto de la colaboración entre la Xunta y la entidad Amino.gal, especializada en la lucha contra el maltrato infantil, se amplía para abarcar a un mayor número de profesionales de la educación. La formación, que hasta ahora se centraba en profesorado de infantil y primaria, se extenderá a docentes de secundaria y escuelas infantiles de 0 a 3 años. Esta ampliación supone un avance crucial, ya que permitirá crear una red de protección integral para los menores en todas las etapas educativas.

La formación proporcionada a los docentes incluye:

• Identificación de señales de alerta: Se dota a los profesionales de las herramientas necesarias para reconocer los indicadores de posibles casos de abuso sexual infantil, tanto físicos como emocionales y conductuales. Desde cambios repentinos en el comportamiento hasta manifestaciones verbales, se abordan todos los aspectos clave para una detección temprana.
• Protocolos de actuación: Se instruye al profesorado sobre los pasos a seguir en caso de sospecha o confirmación de un caso de violencia sexual infantil. Conocer los procedimientos adecuados, incluyendo la comunicación a las autoridades competentes y la protección del menor, es esencial para garantizar una intervención eficaz.
• Acompañamiento y apoyo: La formación también contempla el apoyo emocional al profesorado que se enfrenta a estas situaciones. Se proporciona asesoramiento y recursos para gestionar el impacto emocional de estos casos y asegurar una atención adecuada al alumnado afectado.
• Prevención del abuso: Se abordan estrategias para prevenir el abuso sexual infantil en el entorno escolar, incluyendo la promoción de una cultura de respeto y protección hacia los menores. Se fomenta la creación de espacios seguros donde los niños y niñas se sientan protegidos y puedan comunicar cualquier situación de riesgo.
• Actualización legislativa: Se mantiene al profesorado al día sobre las últimas novedades legislativas en materia de protección a la infancia, garantizando que su actuación se ajuste al marco legal vigente.

El Gobierno gallego, a través de las Consellerías de Política Social e Igualdade y de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, renueva su compromiso con la protección de la infancia, consolidando una trayectoria de colaboración con Amino.gal que se remonta a 2018. Este programa se suma a otras iniciativas impulsadas por la Xunta, como el programa de intervención especializada con niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales, que ofrece tratamiento terapéutico, asesoramiento y acompañamiento a las familias y profesionales.

La negociación para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025 sin merma salarial entra en su fase decisiva. El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá este martes 29 de octubre con los agentes sociales (CCOO, UGT, CEOE y Cepyme) en una cita crucial que podría ser la última. La gran incógnita es si la patronal aceptará finalmente la propuesta o si, por el contrario, se producirá una ruptura definitiva en la negociación.

Última oferta del Ministerio de Trabajo: ¿Incentivos suficientes para la patronal?

El Ministerio de Trabajo pondrá sobre la mesa su "última oferta": ayudas directas a la productividad para los sectores con mayor dificultad para adaptarse a la reducción de jornada, como el comercio, la limpieza o las peluquerías. Esta medida se suma a las ya propuestas, que incluyen un plan de acompañamiento y asesoramiento a pymes, bonificaciones para la conversión de contratos a tiempo parcial en empleos a tiempo completo y bonificaciones en contratos indefinidos para pymes.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que la negociación está "en la recta final" y que la patronal debe decidir si se alinea con los intereses de las pequeñas empresas. Se busca un acuerdo definitivo, ya sea positivo o negativo. Díaz ha recordado la postura de la patronal en la negociación del salario mínimo, dejando entrever la posibilidad de un desenlace similar en este caso. El gobierno considera que ha realizado un esfuerzo considerable presentando diversas propuestas y espera una respuesta definitiva de la CEOE. La presión sobre la patronal es máxima. El Ministerio de Trabajo confía en que las ayudas directas a la productividad sean el incentivo definitivo para lograr un acuerdo. Estas ayudas se plantean como una herramienta fundamental para compensar los posibles incrementos de costes laborales derivados de la reducción de jornada, especialmente en sectores con márgenes reducidos. Se espera que la concreción de estas ayudas, en términos de cuantía y requisitos de acceso, sea un elemento clave para desbloquear la negociación.

Se analizarán las particularidades de sectores como el comercio, la limpieza o las peluquerías, donde la implementación de la reducción de jornada presenta desafíos específicos. La propuesta del Ministerio podría incluir medidas diferenciadas para estos sectores, teniendo en cuenta sus características y necesidades. Se valorarán fórmulas que permitan conciliar la reducción de jornada con la flexibilidad laboral, un aspecto crucial para sectores como el comercio, caracterizado por picos de actividad y necesidad de adaptación a las demandas del mercado.

CCOO y UGT han manifestado su apoyo a la reducción de jornada "sin concesiones" a la patronal si esta no se suma al acuerdo. Los sindicatos exigen que la reforma legislativa se lleve a cabo "a pelo" y sin compensaciones si la CEOE no acepta la propuesta del Gobierno. Consideran que la patronal está llevando a cabo una estrategia de "puro obstruccionismo" y que la negociación "ya no da más de sí". Instan al Gobierno a ser "valiente" y a cumplir con el compromiso del acuerdo de coalición de reducir la jornada laboral, una medida que no se revisa desde hace 40 años.

Tanto Pepe Álvarez (UGT) como Unai Sordo (CCOO) han advertido a la CEOE de que "se le acaba el tiempo" y que su postura de bloqueo podría tener consecuencias negativas para la organización empresarial. Han reiterado su compromiso con la reducción de jornada como una medida necesaria para mejorar la conciliación laboral y familiar, aumentar la productividad y generar empleo. Los sindicatos consideran que la reducción de jornada es una inversión de futuro que beneficiará tanto a los trabajadores como a las empresas a largo plazo. Argumentan que una jornada laboral más equilibrada reduce el estrés, mejora la salud de los trabajadores y, en consecuencia, incrementa su rendimiento.

Los sindicatos también subrayan la importancia de la reducción de jornada para crear empleo. Argumentan que una distribución más equitativa del tiempo de trabajo podría generar nuevas oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes y los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo. Además, destacan el impacto positivo de la reducción de jornada en la igualdad de género, ya que facilita la corresponsabilidad en las tareas del hogar y el cuidado de familiares.

Por otro lado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado su rechazo a los "ultimátums" del Gobierno y ha defendido la "negociación colectiva" y el cumplimiento de los convenios. Garamendi asegura que no ha recibido ninguna documentación oficial sobre las bonificaciones y ayudas directas anunciadas por el Gobierno y que, por tanto, desconoce los detalles de la propuesta.

La reunión del martes se presenta como un punto de inflexión en la negociación. La decisión de la patronal será determinante para el futuro de la reducción de jornada laboral en España. Si la CEOE acepta la propuesta del Gobierno, se abrirá la puerta a un acuerdo histórico que modernizará el mercado laboral español. Si, por el contrario, la patronal mantiene su postura de bloqueo, el Gobierno podría optar por la vía parlamentaria para implementar la reducción de jornada sin el apoyo de las organizaciones empresariales.

Conseguir un transporte público eficiente, sostenible y asequible puede ser importante para el futuro de España. Por ello, desde Sumar proponen un abono de transporte único a nivel nacional para 2025, simplificando los viajes y promoviendo la movilidad. Esta iniciativa busca reducir la burocracia, abaratar costes y fomentar el uso del transporte público en todo el territorio, y se debatirá en el Congreso.

¿Hacia un abono nacional?

La fragmentación actual de los abonos de transporte dificulta la movilidad entre comunidades autónomas. Cada región cuenta con sus propios sistemas, tarifas y tarjetas, generando confusión y costes adicionales para los usuarios que se desplazan entre diferentes zonas. La propuesta de un abono único, válido en todo el territorio nacional, busca eliminar estas barreras y facilitar el acceso al transporte público para todos los ciudadanos.

Este modelo, inspirado en ejemplos exitosos como Alemania y Austria, permitiría a los usuarios desplazarse por todo el país utilizando una única tarjeta, con una tarifa plana y asequible. Se respetarán las competencias de cada comunidad autónoma en la gestión del transporte, pero se trabajará en una coordinación efectiva para implementar este sistema integrado.

Las ventajas de un abono nacional son las siguientes:

• Simplificación: Una sola tarjeta para todos los medios de transporte, eliminando la necesidad de adquirir diferentes billetes o abonos según la zona o el operador.
• Ahorro: Una tarifa plana puede resultar más económica que la suma de los diferentes abonos regionales, especialmente para quienes se desplazan con frecuencia entre comunidades.
• Eficiencia: Un sistema unificado facilita la planificación de viajes y la conexión entre diferentes modos de transporte, optimizando los tiempos de desplazamiento.
• Sostenibilidad: Al incentivar el uso del transporte público, se reduce la dependencia del vehículo privado y se contribuye a la disminución de emisiones contaminantes.
• Impulso al turismo: Un abono único facilita los desplazamientos turísticos dentro del país, promoviendo el turismo nacional y generando beneficios económicos.
• Igualdad de oportunidades: Facilita el acceso al transporte público para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, promoviendo la cohesión territorial.

Para asegurar la viabilidad del proyecto, es fundamental:

• Establecer un marco legal claro que defina las competencias de cada administración y las normas de funcionamiento del sistema.
• Desarrollar una plataforma tecnológica que permita la gestión integrada de los diferentes operadores de transporte.
• Garantizar la financiación adecuada para la implementación y el mantenimiento del sistema.
• Realizar campañas de información y sensibilización para dar a conocer las ventajas del abono único a la ciudadanía.

Prórroga de las ayudas al transporte público

Además de la implementación del abono único, se solicita la prórroga de las ayudas al transporte público durante 2025. Mantener las bonificaciones actuales en Renfe y servicios de autobús es esencial para asegurar la accesibilidad del transporte público para todos los ciudadanos. Esta medida, que ya ha demostrado su eficacia en el fomento del uso del transporte público, debe ser comunicada con la mayor brevedad posible para que los usuarios puedan planificar su economía doméstica. La transparencia y la anticipación son claves para generar confianza en los usuarios y asegurar la efectividad de las políticas de transporte.

La prórroga de las ayudas, combinada con la implementación del abono único, representaría un paso decisivo hacia un modelo de transporte público más moderno, eficiente, sostenible y accesible para todos los ciudadanos.

El nuevo Reglamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (HTA) de la Unión Europea está a punto de transformar el panorama farmacéutico español. Este reglamento, junto con los próximos decretos nacionales, promete agilizar el acceso a innovaciones terapéuticas para los pacientes, evaluando el valor terapéutico de medicamentos y productos sanitarios de manera más rápida y eficiente.

El Reglamento HTA, un cambio de paradigma

La Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC), en su XXXII Congreso Nacional, ha analizado las implicaciones de este nuevo reglamento. Se destaca la necesidad de una evaluación integral, abarcando tanto aspectos clínicos (eficacia, seguridad) como no clínicos (economía, ética, organización, aspectos sociales y jurídicos). Esta evaluación holística permitirá una mejor comprensión del valor real de las nuevas terapias.

La implantación del Reglamento HTA será gradual, coexistiendo durante un tiempo con el sistema actual de Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT). A partir de enero de 2025, se aplicará a nuevas sustancias activas para cáncer y medicamentos de terapia avanzada; en 2028, a medicamentos huérfanos; y en 2030, a todos los nuevos medicamentos. Este enfoque escalonado permitirá una transición suave y la adaptación progresiva del sistema.

La SEFC se ha mostrado dispuesta a colaborar activamente en este proceso, aportando su experiencia y el conocimiento de sus socios. La participación de expertos en farmacología clínica es crucial para garantizar la rigurosidad y la objetividad de las evaluaciones. Los médicos de la SEFC, a requerimiento de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), continuarán participando en la elaboración de nuevos IPT durante este periodo de transición.

El nuevo Reglamento define el valor terapéutico en dos fases. La primera, a nivel europeo, evaluará los aspectos clínicos generales. La segunda, a nivel nacional, se centrará en aspectos clínicos y no clínicos específicos del contexto español, incluyendo la evaluación económica y el impacto presupuestario, sin duplicar el trabajo realizado a nivel europeo. Esta evaluación nacional culminará en una categorización del valor clínico añadido, un elemento clave para la toma de decisiones de financiación y acceso. Es importante destacar que el informe nacional no incluirá juicios sobre el posicionamiento en el Sistema Nacional de Salud (SNS) ni sobre decisiones de financiación, aspectos que serán abordados posteriormente por las autoridades competentes.

Big Data e Inteligencia Artificial

Otro tema crucial abordado en el Congreso ha sido el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y el Big Data en la investigación farmacoepidemiológica. Estas herramientas ofrecen un potencial enorme para analizar grandes conjuntos de datos y obtener información valiosa sobre la seguridad y la efectividad de los medicamentos.

En España, existen numerosas bases de datos con información relevante para este tipo de investigación. Sin embargo, su uso a nivel europeo es aún limitado debido a la fragmentación de los registros y las restricciones de acceso. Muchos de estos registros son de ámbito territorial, accesibles solo para investigadores de la comunidad autónoma o incluso del propio hospital. Esta atomización dificulta la integración e interoperabilidad de los datos a gran escala, limitando el potencial de la investigación.

La Base de Datos para la Investigación Farmacoepidemiológica en el Ámbito Público (BIFAP), gestionada por la AEMPS, se presenta como una solución a este problema. BIFAP integra los registros médicos de más de 22 millones de pacientes de nueve comunidades autónomas, y está disponible para la investigación farmacoepidemiológica por parte de profesionales de la salud de cualquier centro público del SNS. Esta plataforma representa una oportunidad única para avanzar en la investigación sanitaria en España, facilitando estudios sobre la seguridad y la efectividad de las terapias.

La utilización de BIFAP y otras herramientas similares es fundamental para maximizar el impacto del Big Data en la salud. No obstante, para alcanzar todo su potencial, es crucial superar las barreras de fragmentación y fomentar una mayor colaboración a nivel nacional y europeo. La interoperabilidad de los datos es esencial para realizar estudios más amplios y representativos, que permitan obtener conclusiones más robustas y generalizables.

Policías nacionales, guardias civiles, policías autonómicas y locales convocan una protesta multitudinaria frente al Congreso de los Diputados el 29 de octubre para manifestar su rotunda oposición a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, coincidiendo con el inicio del trámite parlamentario. Bajo el lema "No a la España Insegura", las organizaciones sindicales alzan su voz contra lo que consideran un "grave atropello a la seguridad ciudadana y un ataque directo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La plataforma "No a la España Insegura", que agrupa a sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, denuncia que la reforma, pactada por el Gobierno con varios grupos parlamentarios, dificulta la labor policial y pone en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos. Consideran inadmisible la forma en que se ha tramitado la reforma, introducida con carácter de urgencia, lo que interpretan como una falta de respeto al diálogo y a las preocupaciones expresadas por los profesionales de la seguridad.

Las principales críticas se centran en:

• Debilitamiento de la autoridad policial: La reforma introduce cambios que, según los sindicatos, limitan la capacidad de actuación de las fuerzas del orden, dificultando la prevención y persecución del delito. Se argumenta que la nueva ley desprotege a los agentes frente a agresiones y reduce su capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.
• Aumento de la inseguridad ciudadana: Los manifestantes advierten que la reforma empodera a la delincuencia y genera un clima de impunidad, poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos. Señalan un posible incremento de la violencia callejera, los delitos contra la propiedad y la desobediencia a la autoridad.
• Falta de consideración a las Fuerzas de Seguridad: Las organizaciones policiales denuncian que el Gobierno no ha tenido en cuenta sus opiniones y propuestas, ignorando la experiencia y el conocimiento de quienes trabajan día a día en la calle para garantizar la seguridad. Consideran que la reforma es un ataque directo a su profesionalidad y una muestra de desprecio hacia su labor.

Además de la concentración frente al Congreso, algunas entidades policiales planean participar en una manifestación el 16 de noviembre, convocada por la plataforma "Nuestro Corazón por Bandera", para mostrar su rechazo a la reforma y exigir medidas que refuercen la seguridad ciudadana.

Debate abierto sobre la seguridad

La polémica reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha generado un intenso debate en la sociedad española. Los sindicatos policiales mostraron su descontento con el acuerdo alcanzado, criticando duramente algunos de los puntos clave de la reforma, como la sustitución de las pelotas de goma, la rebaja de las multas por faltas de respeto a la autoridad y la regulación de las devoluciones en caliente en frontera.

Argumentan que estas medidas debilitan la capacidad de las Fuerzas de Seguridad para mantener el orden público y protegen a los delincuentes, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Además, expresan su preocupación por la falta de diálogo y la imposición de una agenda política que, a su juicio, prioriza los derechos de los delincuentes sobre los de las víctimas.

Las organizaciones policiales reclaman una revisión integral de la política de seguridad, que priorice la protección de los ciudadanos, la lucha contra la delincuencia y el respeto a la autoridad. Exigen al Gobierno que escuche sus demandas y trabaje conjuntamente para encontrar soluciones que garanticen la seguridad de todos los españoles.

Las mujeres representan el 52% de la fuerza laboral en este sector, llegando al 60% en áreas como alojamiento y restauración, según un informe presentado por ONU Turismo en colaboración con el Ministerio de Turismo de Paraguay.

Además, otro relevante dato que pone en valor el liderazgo femenino en la transformación del sector turístico hacia la sostenibilidad e inclusión de género es la presencia de mujeres en estudios relacionados con el turismo en Latinoamérica, que representan el 69% del total.

Este estudio se ha dado a conocer en el marco de la Primera Conferencia Regional sobre Empoderamiento de las Mujeres en el Turismo, celebrada en Asunción, Paraguay, los pasados días 21 y 22 de octubre.

Si bien el grueso del informe resalta los aspectos positivos del rol de las mujeres en el sector, también pone de manifiesto los desafíos a los que enfrentan tales como la precariedad laboral derivada del empleo no regulado, o la sobrecarga de tareas donde a menudo desempeñan funciones que suponen una prolongación de su papel de cuidados en el espacio domésticos.

En esta línea, otro dato que se desprende del análisis es que las mujeres son minoría en los puestos que implican toma de decisiones de los ministerios de turismo, donde representan apenas el 25%. De la misma manera están subrepresentadas entre los propietarios de empresas turísticas y en cargos de responsabilidad.

Según el secretario general de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, el turismo tiene "un enorme potencial" para el empoderamiento de las mujeres, especialmente en la región de América Latina y el Caribe.

"Las mujeres latinoamericanas son el motor del sector en la región, y este estudio ofrece unas medidas concretas para avanzar hacia una mayor igualdad y participación femenina en el turismo, un sector clave para el desarrollo económico de muchos países", ha añadido.

Por su parte, la ministra de Turismo de Paraguay, Angie Duarte, ha destacado el interés de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y ONU Turismo, de convocar a las mujeres que trabajan en el sector turístico nacional. "Es un momento clave para destacar la importancia de las mujeres en la industria turística a nivel mundial. Juntas, podemos construir un futuro más equitativo y próspero para todas", ha apuntado.

La conferencia en Asunción ha reunido a representantes de diversos Estados miembros, mujeres líderes del sector turístico, así como expertos en materia de género y en turismo, para que analicen las conclusiones del informe y generen protocolos buenas prácticas.

El evento también contó con mesas redondas y talleres que permitieron a los participantes explorar estrategias para implementar las recomendaciones del informe, fomentando así una mayor participación de mujeres en posiciones de liderazgo en el turismo.

SEUR incorporará 2.500 profesionales para la campaña de Black Friday, Navidad y Rebajas. Un año más, el Black Friday, fecha ya consolidada en el calendario comercial español, volverá a marcar el comienzo de la campaña navideña.

Así, desde el 11 de noviembre y hasta que finalicen las rebajas de enero tiene lugar una de las campañas de ventas más importante del año. Unas semanas en las que SEUR espera gestionar más de 32 millones de paquetes.

El día que marcará el pico de pedidos será, según las estimaciones de SEUR, el 2 de diciembre, cuando la compañía espera gestionar cifras cercanas al 1.100.000 de paquetes. Un año más, los principales destinos de estos envíos serán Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Málaga.

SEUR incorporará a 2.500 profesionales, principalmente repartidores, mozos de almacén y personal de atención al cliente. Por otra parte, la compañía también reforzará sus infraestructuras con el fin de aumentar su capacidad con la incorporación de nuevas naves de distribución y ampliaciones de los centros para garantizar la gestión y el transporte de todos los envíos.

Estos centros contarán también con una flota de vehículos ampliada, concretamente SEUR incorporará 2.000 vehículos sumando arrastre (trailers), furgonetas y vehículos ligeros de última milla a su flota, el 25% de ellos sostenibles, para garantizar los tiempos de entrega a todos los usuarios.

“La campaña de Navidad es un momento clave tanto para consumidores finales como para empresas de todo tipo. Nuestro objetivo durante estos meses es ser el socio de transporte más fiable para nuestros clientes empresa y la compañía más eficaz para los consumidores finales. Las compras de estos días suelen ser más especiales y por eso realizamos este refuerzo en toda nuestra cadena de valor con la suficiente antelación para asegurar que cumplimos nuestras promesas de entrega durante toda la campaña”, afirmó Benjamín Calzón, director de Operaciones de SEUR.

SEUR FRÍO

La solución de transporte a temperatura controlada de SEUR aumentará su capacidad un 30%, con más de 6.500 m2, para gestionar la alta demanda de envíos de productos frescos en estas fechas

SEUR frío es ya uno de los servicios más demandados de la compañía, el año pasado experimentó un crecimiento sostenido del 15%, lo que refuerza a la compañía como líder en España en la categoría de envíos a temperatura controlada. Así, SEUR frío ha elevado su capacidad de entrega, pasando de 7.000 envíos diarios a más de 8.000 en este último año, lo que subraya la creciente preferencia de los clientes por este tipo de servicios.

Este incremento se ve acompañado por la expansión de su flota especializada, que ahora cuenta con más de 450 vehículos, dedicados tanto a entregas de larga distancia como a distribución local. Además, 82 naves de la compañía cuentan con instalaciones de frío, lo que contribuye a la excelencia en la gestión del transporte a temperatura controlada de paquetes que contienen productos como los alimentos frescos, que son de los más demandados en Navidad.

OUT OF HOME

SEUR señaló que los servicios Out of Home, diseñados para adaptarse a las necesidades del cliente y sus horarios, ofrecen durante esta campaña una variedad de opciones de recogida y entregas para los pedidos online que serán claves para agilizar todas las gestiones.

En este sentido, SEUR contará con más de 9.500 puntos Pickup activos distribuidos por todo el territorio nacional. Dentro de esta red, se incluyen, además de las tiendas de conveniencia, 1.000 'lockers' que facilitan una recogida más flexible y accesible para los clientes. Este servicio refuerza el compromiso de la compañía con la innovación y la sostenibilidad.

En los últimos cinco años, Madrid ha incrementado su gasto sanitario en casi un 31%, alcanzando en 2023 un gasto estimado de 10.850 millones de euros. Este aumento supera considerablemente la media del incremento nacional, que no excede del 20%, acreditando el compromiso y fortalecimiento de su sistema sanitario, según el Instituto Coordenadas.

La evolución del gasto sanitario ha sido diversa entre las comunidades autónomas, sin embargo, todas enfrentan un reto común: el problema estructural de las listas de espera. Así se desprende del análisis realizado por el grupo de expertos del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA), que ha estudiado el gasto sanitario ejecutado en los últimos años por las diferentes comunidades autónomas, evidenciando las grandes diferencias entre las necesidades y prioridades regionales.

En un contexto de fluctuaciones económicas y desafíos pandémicos, el gasto sanitario ha tenido marcadas fluctuaciones en los últimos cinco años. Entre 2018 y 2020, se observó un incremento significativo, impulsado principalmente por la pandemia de covid-19, a partir de marzo de este último año, que llevó a un aumento en la demanda de servicios médicos, equipamiento y personal. Sin embargo, y a pesar de que el gasto sanitario nacional ha pasado de los 71.000 millones de euros en 2018 a 84.500 en 2023, la tendencia creciente da muestras de agotamiento, con una reducción del gasto de casi un 1% en 2022, según los informes más recientes, y una estimación similar en 2023, generando preocupación entre expertos y organizaciones sobre la sostenibilidad futura del sistema sanitario público. No todas las comunidades autónomas han seguido esta tendencia.

Según el Instituto Coordenadas, al desglosar estos datos por CC. AA., los contrastes son notables. Dice que mientras algunas regiones han seguido la tendencia nacional de recorte, otras aumentan sus inversiones en salud, con Madrid a la cabeza, que ha experimentado un crecimiento en su gasto sanitario -desde 2018- de cerca de un 31%, con un gasto estimado en 2023 de 10.850 millones de euros, lo que representa más del 43% del presupuesto total de la comunidad y muy por encima del promedio nacional del 20%, posicionándose como la región con mayor compromiso en el fortalecimiento de su sistema sanitario.

“Aunque el gasto sanitario a nivel nacional ha mostrado fluctuaciones en los últimos cinco años, la Comunidad de Madrid ha seguido un patrón de crecimiento sostenido. El esfuerzo continuo de Madrid por reforzar su sistema de salud, reflejado en el reciente anuncio de un incremento récord en los presupuestos de 2025, posiciona a esta región como una de las más resilientes y mejor preparadas para afrontar los desafíos actuales y futuros del sistema de salud”, señala Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas.

GASTO SANITARIO ESPAÑA

En el periodo 2018-2024, el gasto sanitario en España ha mostrado tendencias fluctuantes, con una leve contracción a nivel nacional en los últimos años, pero con importantes diferencias entre los territorios. A nivel nacional, el gasto en sanidad ha tenido altibajos en este periodo debido, principalmente, a la pandemia de COVID-19 y la posterior estabilización del sistema sanitario, pasando de cerca de 70.200 millones en 2018 a 84.500 millones de euros en 2023, reflejando una estabilización del sistema, lo que representa un crecimiento en el quinquenio de cerca del 20%.

Sin embargo, en 2022 se registró una contracción de cerca de 1% en el gasto sanitario, situándose en torno a los 85.100 millones de euros, motivada en parte por la retirada de muchas de las medidas extraordinarias adoptadas durante la pandemia y que continuaría en 2023.

Respecto a las comunidades, el Instituto Coordenadas sostiene que Madrid sobresale sobre el resto por su incremento en la inversión sanitaria durante los últimos años, posicionándose como una de las regiones con mayor compromiso para fortalecer su sistema de salud. La CAM ha incrementado su gasto sanitario en casi un 31% entre 2018 y 2023, con un gasto estimado en 2023 que superaría los 10.850 millones de euros, focalizando su inversión en mejoras en atención primaria y hospitales, mejora de las infraestructuras / modernización de las instalaciones, contratación de personal, reducción de listas de espera o la transformación digital del sistema sanitario, entre otras medidas.

Por su parte, indica que la Comunidad Valenciana ha pasado de 7.100 millones en 2018 a 9.200 millones en 2023, lo que representa un crecimiento del 29%, con unas inversiones dirigidas principalmente a reducir las listas de espera y modernizar las instalaciones hospitalarias.

Andalucía ha registrado un incremento en el quinquenio de un 28%, alcanzando los 12.200 millones en 2023, con inversiones centradas en la mejora de la atención primaria y la contratación de personal sanitario.

Cataluña ha seguido un crecimiento algo inferior, del 25%, pasando de los 10.600 millones a los 13.300 millones de euros, con foco en la mejora de la atención primaria y las infraestructuras hospitalarias.

País Vasco también han aumentado sus presupuestos en sanidad, aunque con un incremento más modesto de un 18%, desde los 3.900 millones de euros en 2018 a los 4.600 en 2023, siendo las principales áreas de inversión la atención primaria, la transformación digital y la mejora de las infraestructuras hospitalarias.

RETO ESTRUCTURAL

Las listas de espera se han convertido en uno de los mayores retos estructurales del sistema sanitario español. A lo largo de los últimos años, el aumento de la demanda de servicios sanitarios, combinado con la escasez de medios y personal en ciertas áreas, ha generado tiempos de espera prolongados, tanto en la atención primaria como en la especializada. A pesar de los esfuerzos de las comunidades autónomas para abordar el problema, la disparidad regional y los efectos a largo plazo de la pandemia de COVID-19 han acentuado la situación, situando las listas de espera quirúrgicas en 121 días de media a nivel nacional, mientras que las listas de espera para consulta con el especialista alcanzan los 94 días, según los últimos datos disponibles del Ministerio a junio de 2024.

Durante los últimos años, buena parte de los esfuerzos de las comunidades autónomas han ido destinados a reducir las listas de espera, con Madrid, País Vasco y La Rioja las regiones que han hecho más evidente este compromiso, según el Instituto Coordenadas. En el caso concreto de Madrid, asegura que la puesta en marcha de un plan específico para el periodo 2022-24, con una inversión de 215 millones de euros, "le ha permitido consolidarse como la región con menos lista de espera quirúrgica, con una demora media de 47 días, 74 días menos que la media nacional, seguida de País Vasco, con 61, y La Rioja, con 64".

En el caso de las listas de espera para consulta con el especialista, País Vasco es, con 49 días, la comunidad con menos demora, 45 días menos que el conjunto de España, seguida de La Rioja, con 58, y Madrid, con 60 días de demora media, señaló.

Varios estudios constatan que, junto a los perfiles tecnológicos, está aumentando la demanda de profesiones que actúan sobre el medio ambiente desde diversas perspectivas, como la ingeniería, el diseño o la auditoría.

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados han provocado un crecimiento paulatino de los denominados empleos verdes que son, según describe la Organización Internacional de Trabajo, aquellos trabajos que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente, ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura o la construcción o en nuevos sectores emergentes como las energías renovables.

Así, en el informe 'The Future of Jobs Report' del Foro Económico Mundial que analiza las transformaciones en el mercado laboral a nivel global para el período 2023-2027, se apunta que los sectores con mayor crecimiento de empleo estarán relacionados con la tecnología, la digitalización y la sostenibilidad.

Según este informe, el 81% de las empresas cree que la implementación de los estándares de ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) se incrementará y ello requiere a expertos que puedan implementar las medidas necesarias de ejecución y verificación. Y, de hecho, en un ranking del mismo estudio, los especialistas en sostenibilidad ocupan la segunda posición en empleos en expansión.

Otro dato que constata la importancia del talento verde es que, a nivel mundial, entre 2022 y 2023, las contrataciones para empleos verdes aumentaron un 15,2%, según el informe Global Green Skills Report 2023 de Linkedin.

INGENIEROS, CIENTÍFICOS Y AUDITORES

En el caso de España, se estima que el 14% de los empleos en España ya están vinculados al medio ambiente, con una demanda creciente de habilidades verdes, como ingeniería y diseño sostenible (informe Randstad 'Tendencias de la formación para el futuro del empleo 2023)'. Además, se calcula que la transición energética generará, de manera indirecta, unos 118.000 empleos anuales en España hasta 2030, especialmente en los sectores de energías renovables, ahorro y eficiencia energética, redes y electrificación.

El desarrollo de las energías renovables necesita de ingenieros e ingenieras expertos en la implantación de sistemas de energía hidráulica, eólica, fotovoltaica, etc. Es, por tanto, uno de los sectores con mayor demanda y es posible formarse con el Grado en Ingeniería en Energías Renovables que ofrecen centros como la Universidad Autónoma de Barcelona o la Universidad del País Vasco.

Por otro lado, la nueva legislación CSRD (Directiva europea sobre información corporativa en materia de sostenibilidad) obliga a las empresas a reportar unos indicadores de manera exhaustiva y va a requerir de expertos para realizar los informes de sostenibilidad y también para verificarlos, al igual que se hace con los informes financieros. Es por ello que el sector de la auditoría abre también una nueva ventana laboral para profesionales vinculados a la sostenibilidad. En estos momentos, el perfil de auditor experto en sostenibilidad escasea y de la demanda del mercado por estos profesionales ha nacido el primer Máster de Auditoria en Sostenibilidad, impulsado por el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya conjuntamente con la Universidad Abat Oliva CEU.

Otra de las profesiones verdes con más salida laboral sería la de los ambientólogos, que desempeñan múltiples funciones como pueden ser la gestión de áreas de conservación, el asesoramiento en materia de protección del medio ambiente, la restauración de suelos contaminados,… Es seguramente una de las formaciones más consolidadas en el sistema español universitario y, en este sentido, el Grado en Ciencias Ambientales está muy extendido en todo el territorio.

En el ámbito empresarial, el concepto de economía circular ha cobrado fuerza en los últimos años y la legislación de la UE sobre gestión de residuos pretende potenciar el uso de materias primas con más eficiencia y la reducción de residuos, a partir del reciclaje y bajo la premisa de menos materias primas, menos residuos, menos emisiones. Por ello, el experto en economía circular es clave para impulsar negocios bajo esa mirada sostenible y es una salida profesional que viene para quedarse. Actualmente, existe el Máster en Economía circular en varias universidades españolas (Universidad CEU San Pablo, Universidad del País Vasco y Universidad Zaragoza).

Por último, otro de los campos con más futuro profesional es el del diseñador de productos sostenibles, es decir, diseño a partir de nuevos materiales más respetuosos con el medioambiente. Existen ya algunas formaciones específicas como el Máster de Diseño Sostenible (título propio de IED, Istituto Europeo di Design), el Máster de Diseño Sostenible de Producto (tech school of design) o el Máster en Diseño mediante Nuevos Materiales (título propio de la Universidad de Vic - Universitat Central de Catalunya).

España y Líbano han unido fuerzas para exigir un alto el fuego permanente e inmediato en el conflicto que asola al país mediterráneo. Esta petición, crucial para la estabilidad de la región, se ha formalizado a través de un comunicado conjunto tras la reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, y su homólogo libanés, Abdalá Bou Habib, en el marco de la reunión ministerial de la Unión por el Mediterráneo (UpM) celebrada en Barcelona.

La resolución 1701

El comunicado conjunto enfatiza la necesidad de aplicar íntegramente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta resolución, fundamental para la resolución del conflicto, busca el restablecimiento de la soberanía libanesa sobre todo su territorio, incluyendo el sur del país, actualmente bajo la influencia del partido-milicia chií Hezbolá. Además, se persigue garantizar el retorno seguro de los desplazados a ambos lados de la Línea Azul, la frontera delimitada por la ONU entre Líbano e Israel.

España y Líbano condenan enérgicamente los ataques indiscriminados que están teniendo lugar, especialmente aquellos dirigidos contra la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL) y las Fuerzas Armadas Libanesas. Ambos países hacen un llamamiento al respeto del Derecho Internacional Humanitario y las Convenciones de Ginebra, subrayando la protección de civiles, personal médico, instalaciones sanitarias y periodistas. La situación humanitaria en Líbano es extremadamente preocupante, con miles de civiles afectados por los bombardeos y la destrucción de infraestructuras esenciales.

El compromiso de España y la ayuda humanitaria en Líbano

España, como miembro comprometido con la paz y la seguridad internacional, ha reiterado su firme compromiso de mantener su contingente de cerca de 700 efectivos desplegados en la FINUL. Esta fuerza de paz juega un papel vital en la estabilización de la región y la protección de la población civil. El ministro Albares ha insistido en la importancia del respeto al Derecho Internacional y al Derecho Internacional Humanitario por parte de todos los actores involucrados en el conflicto.

Además del apoyo militar a través de la FINUL, España ha mostrado su solidaridad con el pueblo libanés mediante una importante contribución a la ayuda humanitaria. Hasta la fecha, se han destinado cerca de 5,5 millones de euros en ayuda humanitaria, además del envío de aproximadamente 12 toneladas de medicinas y mantas para la población más vulnerable. Este apoyo es fundamental para paliar las graves consecuencias de la crisis y proporcionar asistencia a quienes más lo necesitan.

Una huelga de conductores de autobuses urbanos, interurbanos y de grúas amenaza con paralizar España. Exigen la jubilación anticipada y las negociaciones con la patronal siguen estancadas. Infórmate aquí sobre las fechas, los servicios mínimos y las posibles consecuencias de esta huelga en el transporte.

¿Por qué esta huelga de transporte?

La jubilación anticipada es el eje central de esta huelga. Los conductores profesionales de autobuses, tanto urbanos como interurbanos, y de grúas, llevan años reclamando este derecho, argumentando el desgaste físico y mental que conlleva su profesión. Las largas jornadas laborales, la tensión del tráfico, la responsabilidad sobre la seguridad de los pasajeros y las condiciones ergonómicas de los vehículos son algunos de los factores que, según los sindicatos, justifican la necesidad de una jubilación anticipada. Consideran que su trabajo es un oficio penoso, similar al de otros sectores que ya disfrutan de este beneficio. La patronal, por su parte, argumenta las dificultades económicas que supondría asumir este coste y la posible falta de conductores cualificados si se produce una jubilación masiva. Este pulso entre las necesidades de los trabajadores y la viabilidad económica de las empresas es el que ha llevado a la actual situación de huelga.

Las negociaciones entre los sindicatos y la patronal se han intensificado en los últimos días, pero, de momento, no han logrado alcanzar un acuerdo. Aunque se han producido avances en otros sectores del transporte, como el de mercancías, la huelga de autobuses sigue en pie. Los sindicatos insisten en la necesidad de un compromiso firme por parte de la patronal para abordar la jubilación anticipada, mientras que las empresas buscan fórmulas que permitan compatibilizar las demandas de los trabajadores con la sostenibilidad del sector. La falta de acuerdo ha llevado a la convocatoria de jornadas de paro escalonadas, con la amenaza de una huelga indefinida a partir del 23 de diciembre si no se llega a una solución.

Fechas clave y servicios mínimos

La huelga de conductores de autobuses, tanto urbanos como interurbanos, y de grúas, comenzará este lunes y se extenderá durante varias jornadas de noviembre y diciembre. Las fechas de paro confirmadas son:

• Noviembre: 11, 28 y 29
• Diciembre: 5, 9 y, a partir del 23, de forma indefinida si no hay acuerdo.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha fijado unos servicios mínimos del 50% a nivel estatal. Esto significa que, en principio, se debería garantizar la circulación de la mitad de los autobuses habituales. Sin embargo, la aplicación de los servicios mínimos puede variar según las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que tienen competencias para ajustarlos a las necesidades de cada región. Por ejemplo, en Cataluña se han establecido servicios mínimos del 40% en horas punta y del 20% el resto del día, mientras que en Navarra serán del 60% y 40% respectivamente. En otras regiones, como Baleares, los servicios mínimos oscilarán entre el 50% y el 60%, y en San Sebastián se prevén cancelaciones en numerosas líneas.