Esta cuestión fue explicada esta mañana en rueda de prensa en Madrid por representantes de las asociaciones del Instituto Armado AUGC, AEGC, UnionGC, APC, UO y ASES.

En la comparecencia, Javier Montes, de la UO (Unión de Oficiales), relató que este pasado mes de febrero el director general de la Benemérita, Félix Azón, les informó de que iba a aceptar modificar el reparto de la equiparación pactado hace un año. El acuerdo estipulaba repartir 807 millones hasta 2020 entre las Fuerzas de Seguridad, con el criterio de que la Guardia Civil recibiría un 59% de esta cantidad y la Policía un 41%.

Sin embargo, Montes indicó que Azón les comunicó que la Benemérita recibiría un 1,72% menos, lo que conlleva un recorte de 4,3 millones menos para equiparación, que se destinarán a la Policía. Este agente de la UO destacó que estos millones iban a destinarse, en teoría, a los guardias civiles menos favorecidos salarialmente y que tienen puestos más difíciles, como los destinados en las cárceles.

PLAZO “DE DÍAS”

En este sentido, Alberto Moya, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), señaló que consideran esta decisión de Azón un “engaño” y que al quitarles el 1,72% de lo pactado “se ha alterado el principio de equiparación total y absoluta”.

Por este motivo, Moya informó de que han solicitado formalmente a Marlaska que les explique en una reunión lo sucedido, al tiempo que también le han reclamado que les facilite el informe que ha elaborado la consultora Ernst & Young sobre este proceso de igualación salarial. La contratación de este informe fue parte del acuerdo que Interior firmó en 2018 con los representantes de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar que la equiparación se llevara a cabo correctamente.

Este representante de la AUGC explicó que dan un plazo “de días” al ministro para que les aclare la situación, ya que “si sigue danto la callada por respuesta, iniciaremos acciones legales” contra este departamento. También advirtió de que no descartan movilizaciones si el Gobierno no les aclara lo sucedido.

A su vez, Montes indicó que con esta decisión de quitar a la Guardia Civil 4,3 millones de la equiparación Interior “ha roto el acuerdo de equiparación”. Además, este agente estimó que el director de su institución ha debido tomar esta decisión tras serle impuesta por el “nivel político” de Interior.

CONTRA LOS “TRILEROS”

A este respecto, Ramón Rodríguez, de la UnionGC, señaló que los porcentajes de reparto de la equiparación se decidieron en un “proceso de negociación” y que los guardias civiles pensaban que en Interior estaban tratando “con gente seria”, ya que no les gustan las “partidas de trileros”.

A su vez, Ángel María Ramírez, de Asesgc (Asociación Suboficiales Guardia Civil), señaló que lo preocupante de que a la Benemérita se le reduzca el porcentaje del dinero de la equiparación es que desde Interior no se les haya dado ninguna “explicación objetiva”, lo cual es llamativo tratándose de la distribución de “dinero público”.

Ramírez también resaltó que los 4,3 millones de euros que recibirá de menos el Instituto Armado eran para agentes que tienen más problemas salariales en comparación con sus destinos, como pueden ser los funcionarios destinados en las prisiones.

Esta petición del sindicato de pilotos llega después de que la compañía del grupo Globalia haya aceptado que las tripulaciones que vuelan a Venezuela no tengan que dormir en el país, permitiendo que lo hagan en Punta Cana (República Dominicana).

La decisión de Air Europa se produce después de que el pasado fin de semana una tripulación compuesta por dos pilotos y ocho auxiliares de vuelo sufriera una emboscada por parte de varios asaltantes en la furgoneta que les transportaba del aeropuerto al hotel en el que se hospedan en Caracas.

Sepla lleva más de dos años denunciando la inseguridad que sufren las tripulaciones que siguen volando a Venezuela como consecuencia de la creciente inseguridad en el país. Por ello, ha pedido una reunión de urgencia a los ministerios de Empleo y de Fomento para buscar soluciones a este problema que considera que la renuncia temporal a la pernocta no soluciona.

Por otro lado, Sepla quiere desmentir los hechos descritos en el comunicado lanzado por la compañía esta mañana, después de la rueda de prensa. En él, afirma que la tripulación no fue asaltada en Caracas. “Dos pilotos de la Sección Sindical acudimos a Barajas a recibir a las tripulaciones que volvían de Caracas -ha manifestado el jefe de la Sección Sindical, José Roncero-. Han sido sus declaraciones, además de varios informes presentados por algunos miembros de esa tripulación, las que hemos reproducido en la rueda de prensa. Resulta absurdo que Air Europa siga ignorando la realidad -ha recalcado- aunque estamos acostumbrados a que lo haga, ya que desde hace dos años ha venido negando la inseguridad en el país”.

Según informó Justicia, el encuentro tuvo lugar en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Intcf) y en el mismo participaron expertos de Extremadura, Baleares, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.

El Ministerio indicó que los técnicos de los laboratorios autonómicos explicaron su experiencia en esta materia y pusieron en común el número de restos óseos procedentes de exhumaciones y de muestras genéticas de familiares que albergan sus bases de datos.

Por su parte, el facultativo del Intcf, Antonio Alonso, expuso a los asistentes a la reunión el contenido de la “guía” elaborada por la Comisión Nacional para el Uso Forense de ADN para la realización de estudios de identificación genética de víctimas de la Guerra Civil.

“PROTOCOLOS HOMOLOGABLES”

Este documento contiene una serie de recomendaciones con las que pretende contribuir a una mayor estandarización entre los laboratorios forenses con vistas a la creación en el futuro de una red de centros especializados.

Justicia añadió que, tras esta primera reunión, se pretende ahora avanzar en un documento común que fije “protocolos homologables” para la realización de estos análisis genéticos y también definir los requerimientos técnicos que tendrá la base de datos nacional de ADN y memoria histórica.

El objetivo es establecer la “aplicación informática más adecuada” para el desarrollo de esta base de datos. Además, Justicia emplazará de nuevo a las comunidades autónomas restantes a que identifiquen sus laboratorios de referencia y se sumen a este proyecto.

El modelo, según explicó la institución educativa, "supone un refuerzo positivo en los valores de respeto, dignidad, libertad y solidaridad. Además, implica la adquisición de habilidades y técnicas indispensables para el futuro de los alumnos, como la oratoria, la reflexión crítica, el debate, la investigación y la redacción. SEKMUN es el Modelo de Naciones Unidas referente en Españ, que desde hace 13 años trabaja para construir una conciencia global desde edades escolares a través del diálogo".

En esta edición participarán más de 500 alumnos provenientes de España, Estados Unidos, Alemania, Turquía y Palestina, todos ellos alumnos de programas del Bachillerato Internacional (IB). Esta iniciativa de la Institución Educativa SEK cuenta con el apoyo de Banco Santander.

Según explicó, durante todo el tiempo en que trabajó para Unipost nunca tuvo contacto con “nadie de la Generalitat. Tenía varios códigos de cliente y varios puntos de recogida", pero nunca tuvo contacto directo con el cliente.

Explicó que en la delegación de Barcelona y Badalona “recibíamos toda la correspondencia sin ningún tipo de albarán y sin órdenes de entrega”. La única condición para tramitar el trabajo era la autorización de la central que también se encargaba de facturar el trabajo, “ignoro cómo”, aseguró.

Según relató, su jefe directo Francisco Juan Fuentes Ruiz, que también declaró esta tarde en el juicio, le pidió que dieran salida al encargo “al día siguiente. Solo sabíamos que eran de la Generalitat". Nunca supo porque había que agilizar este trabajo: "No lo sé. Nunca nos daban instrucciones de los porqués". Pese a esas instrucciones iniciales, los envíos nunca se hicieron. Aseguró también que la empresa nunca le dio instrucciones para mantener en secreto este trabajo. "No. Si no, no lo habría puesto por escrito", afirmó.

Tras este testimonio, compareció ante el tribunal David Palanqués, responsable de proyectos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat. Está imputado por estos mismos hechos en un juzgado de Cataluña, por lo que compareció con su abogado y se acogió a su derecho a no declarar.

En una descripción rocambolesca explicó que los palés que contenían los sobres de la Generalitat “me los pasan desde una furgoneta blanca dos transportistas, un hombre y una mujer, frente al bar Batlló, en la calle, en Hospitalet. Salí dos veces desde Unipost hasta el punto de encuentro", para acabar la recogida.

Sobre el registro en la sede de Unipost de Terrassa el 19 de septiembre, explicó que estaba en casa y que se desplazó hasta allí. Al llegar había ya guardias civiles y nadie de la empresa les puso problemas para entrar. "Les pregunté si tenían que tener orden judicial y me dijeron que no hacía falta, que eso era una empresa. Y siguieron".

Los sobres tenían “logotipo de la Generalitat” pero “iban sin justificante de entrega”, aseguró Fuentes antes de explicar que sólo supo que eran las cartas de nombramiento de los miembros de las mesas en “el juzgado de Terrassa cuando se abrió un sobre en presencia del juez”. Explicó también que la mayoría de los sobres no tenía justificante de entrega y calculó a groso modo que habría “unos 2.000 (sobres) con justificante".

Fuentes, que se encuentra en situación de paro desde el cierre de Unipost hace un año, recordó que el envío de la Generalitat llegó sin albarán y sin orden de trabajo el día 16 de septiembre, por lo que el trabajo quedó “retenido” y estaban en Terrassa el día 19 cuando se hizo el registro. El testigo admitió haber dado la orden de traslado desde Barcelona de los sobres porque detectó comentarios “inadecuados” de algunos empleados.

Preguntado por el motivo de que aceptasen un encargo llegado sin orden de trabajo por la Fiscalía, Fuentes explicó que si llega un encargo de “un cliente de la envergadura de la Generalitat, si por lo que sea se olvida el albarán el envío lo admitimos, no le decimos que se vuelva con ello pero los envíos quedan retenidos".

Según relató, teniendo en cuenta que el encargo lo hacía la Generalitat y que la empresa se encontraba ya en concurso de acreedores, dio al orden de que “se empezara y se acabara cuanto antes" el envío. Explicó que a lo largo de esos días su contacto fue una persona que dijo llamar "de parte de la Generalitat" y al que identificó como “Toni”, pero sin más detalles sobre su identidad. El máximo responsable de Unipost, Pablo Raventós, “me ordenó que incluso aunque llegara el albarán quedara la remesa retenida y que no la sacara a reparto hasta que él no lo autorizase", relató Fuentes.

A continuación, el testigo rememotó que su contacto con la Generalitat, la persona que se identificó como “Toni”, le llamó el 18 de septiembre, antes del registro de la Guardia Civil en Unipost, para decirle que “la remesa no se iba a repartir y que vendrían a recogerla". Explicó que el encargo no se cobró: "Si hubiera llegado el albarán habría quedado claro a qué departamento debíamos imputarlo, habría un documento firmado de encargo de remesa... Pero no lo había".

Por su parte, las defensas trataron de demostrar que la entrada de la Guardia Civil en Unipost fue irregular. En ese sentido, el abogado Jordi Pina preguntó si el registro se hizo en virtud de una orden judicial y si la entrega de ordenadores fue voluntaria. "Me dijeron que no les hacía falta una orden porque estaban investigando por orden de la Fiscalía", indicó Fuentes.

En el lado de las ganancias, Banco Sabadell (+1,98%) seguido de Mediaset (+1,54%), Acciona (+1,53%) y Banco Santander (+1,45%) registraron las principales subidas. Entre las pérdidas, destacaron Grifols (-1,54%), Cellnex (-1,26%), Inmobiliaria Colonial (-1,21%) y Naturgy (-0,78%), que fueron las más pronunciadas de la sesión.

En cuanto a los grandes del selectivo español, además de Santander, también cerraron en verde BBVA (+1,27%), Telefónica (+0,79%), Iberdrola (+0,53%), mientras que Inditex cerró en rojo con una caída del 0,19%.

Por su parte, la prima de riesgo oscilaba en el entorno de los 110 puntos.

El Gobierno, bajo la Presidencia de Mariano Rajoy, homenajeó a las víctimas de este atentado, organizando un acto propio, en el décimo aniversario. Ahora en el decimoquinto lo ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez congregando a representantes las altas instituciones del Estado frente al pabellón de la plaza Daoiz y Velarde.

Esta instalación, que en 2004 aún no había sido inaugurada, fue el primer hospital de campaña que se activó para atender a los heridos del tren que explosionó antes de entrar en la estación.

?EN DIRECTO
Homenaje a las víctimas en el XV Aniversario de los atentados terroristas del 11-M. #Memoria11M https://t.co/aOFZrIj06g

— La Moncloa (@desdelamoncloa) 11 de marzo de 2019

Además de representantes políticos de todos los partidos, en el lugar se dieron también cita representantes de todas las asociaciones de víctimas encabezadas por la Fundación de Víctimas del Terrorismo. El acto, de veinte minutos, concluyó sin declaraciones políticas, con un minuto de silencio mientras se proyectaban los nombres de los fallecidos en los atentados.

Así consta en los datos que trasladó este lunes IU, en la consulta que tuvo lugar telemáticamente entre el 4 y el 9 de marzo y presencialmente ayer.

A la pregunta “¿Estás de acuerdo con que Izquierda Unida concurra en coalición electoral con Podemos, Equo y otras organizaciones políticas en las elecciones generales de 2019 en base al siguiente acuerdo?”, votaron 10.394 militantes y simpatizantes.

De ellos, 6.393 se decantaron por el sí (61,5%) , 3.609 por el no (34,72%), 385 se abstuvieron (3,7%) y hubo siete votos nulos.

? Resultados del referéndum sobre el preacuerdo para concurrir en coalición a las próximas elecciones generales y europeas

Sí: 61,55%
No: 34,75%
Abstención: 3,7%

? Nota de prensa: https://t.co/hvMTh8qWrD pic.twitter.com/zWrtgXpkrR

— Izquierda Unida? (@iunida) 11 de marzo de 2019

Paralelamente, en las primarias para designar al cabeza de lista de IU a las generales, en realidad una ratificación del único candidato, el coordinador federal, Alberto Garzón, votaron 8.662 militantes y simpatizantes. De ellos, 8.470 votaron a favor (97,78%) y hubo 192 votos nulos.

Unipost fue clave en la celebración del referéndum del 1-O, según la Fiscalía, que señala que la Generalitat habría pagado cerca de un millón de euros por el envío de sobres con papeletas para el referéndum y de las citaciones a los que iban a ser integrantes de las mesas electorales. Por el contrario, las defensas sostienen que no se realizó ningún pago, es más, defienden que no había siquiera compromiso de pago, por lo que no se les puede acusar de malversación. Unipost cerró hace un año.

La Fiscalía ha intentado demostrar con su interrogatorio que el Govern actuó con secretismo. A preguntas sobre si parte de las cartas eran certificadas, el testigo dijo en varias ocasiones que “estábamos a la espera de instrucciones”. Planas aseguró no saber cuántas cartas había en ese envío, aunque señaló que, "según la Guardia Civil, se nos requisaron 52.000 ", que más tarde comprobó que eran “de designación de los responsables de las mesas del 1-O". Ese descubrimiento lo hizo en presencia del secretario judicial que condujo el registro de las instalaciones de la empresa en Terrassa.

El fiscal Jaime Moreno preguntó "¿cuánto cobra Unipost por carta?" a lo que Planas respondió: "Yo era del departamento de producción, no estaba en el departamento comercial". El fiscal, extrañado, preguntó desde cuándo prestaba sus servicios en la empresa, a lo que el testigo repuso que “cada concurso público” tiene un precio diferente.

La Guardia Civil procedió al registro del almacén de Unipost de Terrassa (Barcelona) el 19 de septiembre de 2017. Planas llegó a las instalaciones sobre las 17.00 horas. En ese momento, vio a personas que estaban concentradas en el exterior “cantando” pero “yo pude entrar sin ningún problema”. En cambio, los guardias civiles no pudieron acceder hasta pasadas las 19.00 horas.

El testigo explicó que la Guardia Civil le preguntó si tenía inconveniente en entregar su teléfono móvil y su ordenados a lo que accedió porque no tenía “nada que ocultar”, aseguró tras explicar que no sabía si alguien podía tener interés en ocultar la orden de reparto. “Nosotros sin orden no trabajamos. Y allí estaban las cartas”, concluyó.

Durante la presentación de la conferencia del consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, en el Foro de la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, Montserrat subrayó que el 28-A se elige “entre más España o más Quim Torra; entre más crecimiento o más desigualdad”.

En palabras de la portavoz parlamentaria del PP, “en los próximos comicios España se juega mucho, se juega su ser o no ser”. Así, catalogó de “emergencia nacional” conseguir “sacar a Sánchez y Torra de Moncloa”.

Incidió en que hay que “velar por la igualdad de los españoles residan donde residan y que la economía funcione bajando los impuestos”. Así, depositó su confianza en la ‘vía andaluza’ al decir que lo que pasó en estas elecciones autonómicas fue “el anticipo” de lo que sucederá el 28-A y el 26-M.

“Igual que los andaluces echasteis a un partido que se creía el sistema, los constitucionalistas venceremos, de la mano de PP, al sectarismo y el independentismo”, transmitió la dirigente popular.

Según informó el Ministerio de Defensa, durante el acto se recordó a aquellos militares civiles que perecieron ese día y que trabajaban para este departamento: el teniente coronel Federico Miguel Sierra, el suboficial mayor José María López Menchero, el suboficial mayor Félíx González Gago, el cabo mayor José Gallardo Gago, el trabajador civil Eduardo Sanz Pérez y la consultora externa del Ejército del Aire María Teresa Mora Valero.

Tras el minuto de silencio, un cuarteto de la Agrupación de la Infantería de Marina de Madrid interpretó dos piezas musicales y el himno de España en memoria de los fallecidos.

“No vislumbro ningún problema”, dijo Ábalos en rueda de prensa cuando se le preguntó por la intervención que tendrá que hacer la dirección federal del partido después de que en algunas candidaturas provinciales –cuatro en Andalucía- no se haya respetado el deseo de Ferraz. “La intervención va a ser tan puntual y excepcional”, expresó, porque todo ha “venido muy acordado” y “sin grandes problemas”, de manera que no ha habido “traslado hacia afuera de conflicto”.

Ábalos restó importancia a que la Comisión Federal de Listas vaya a incluir modificaciones respeto a las candidaturas que han elevado desde las federaciones y no concretó el número de listas en las que actuará la dirección federal, aunque serán en "al menos" ocho listas, según fuentes socialistas.

Este órgano interno, que es el que cierra en última instancia las listas para elaborar un informe conjunto al Comité Federal para su ratificación este domingo, se reúne este jueves y viernes en Ferraz con “todas” -de manera individual- las federaciones para cerrar las candidaturas.

El dirigente socialista defendió que “el único planteamiento” que han hecho, es que “la acción del Gobierno, que sin duda es la que se va a someter al veredicto del electorado”, quede “claramente plasmada” en esas candidaturas. Así como que “también la dirección política del PSOE tenga presencia en el grupo parlamentario”. Tras esta reflexión, Ábalos se preguntó si eso es “extraño” porque “esto es lo que hacen todas las direcciones territoriales sean del ámbito que sean”.

A este respecto, señaló que en el PSOE “todo somos lo suficientemente responsables y conscientes de que el 28 de abril tenemos elecciones, pero el 26 de mayo también, y no hay espacio para nada que no sea para ganar estas elecciones y las siguientes”.

El responsable de Organización del PSOE aseguró que hay “equilibrio” entre la responsabilidad de colocar la dirección política y la voluntad soberana de las bases. “Ese equilibrio es el que se ha intentado conjugar”, dijo Ábalos, y “todo responde al mismo espíritu del 39 Congreso”.

Ábalos cuestionó indirectamente la fortaleza de Susana Díaz al frente del PSOE andaluz después de que no hayan llegado a acuerdos con Sevilla, Cádiz, Córdoba y Almería, al poner en valor que “se ha llegado a acuerdos en cuatro provincias”. “Podemos tener discrepancias en otras tantas, pero no ha habido una expresión de toda la federación en un sentido”, apostilló.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el líder de los populares informó de una reunión con el representante de Guaidó para España en la que le transmitió su “preocupación y vergüenza por los apagones que sufren los venezolanos”.

Ante esta situación, Casado se comprometió con el embajador de Guaidó en España a mantener conversaciones con los líderes del PPE para avanzar en las sanciones contra “la dictadura” en Venezuela.

En rueda de prensa en la sede federal en Ferraz, Ábalos indicó que un proyecto político debe generar "expectativas” y destacó la baja participación en las primarias en Castilla y León en las que finalmente resultó elegido Francisco Igea. “Lo que más llama la atención”, dijo Ábalos, es que apenas han sido mil personas las que han participados y eso demuestra “la fortaleza” de la formación que lidera Albert Rivera, cuando se le preguntó por las irregularidades en el proceso en el que, finalmente, el exdiputado Igea será el candidato a presidir la Junta de Castilla y León después de que el sábado se comunicara oficialmente el triunfo de la exmiembro del PP y apuesta de Rivera, Silvia Clemente.

Ábalos se centró en los niveles “tremendamente bajos” de la participación y opinó que “un proyecto político que genera expectativas mueve a más gente”. Además, se refirió a un “problema de influencia política” porque “ésta (por Clemente) fue presentada como la gran alternativa del señor Rivera, fue presentada así, era la candidata oficial”. “Para hacérselo ver”, ahondó.

NAVARRA

Sobre el acuerdo que se está ultimando Ciudadanos en Navarra con Unión del Pueblo Navarro (UPN) para presentarse en coalición a las elecciones generales, autonómicas y municipales con este partido, que ya va en coalición con el PP en esta región, Ábalos destacó que “sin duda” expresa con claridad “la debilidad” de esta formación.

“Cuando uno empieza a sumar es porque es consciente de su debilidad”, dijo, y ya se trata de sumar a “cuatro” porque a esas formaciones se une también Vox. En ese contexto, auguró que “la ventaja” la lleva la ultraderecha porque “es la que va a imponer el relato”.

“Da igual las siglas, en la derecha cada vez importa menos, está claro que votes lo que votes el resultado da igual”, alertó el dirigente socialista. Así las cosas, dijo que esta estrategia laestán planteando porque son “conscientes de que la división les está perjudicando”, pero “para acabar en lo mismo tampoco hacía falta tanto recorrido”.

CATALUÑA

Por otra parte, el secretario de Organización del PSOE valoró la situación del PDECat después de que hayan elegido los candidatos para las próximas elecciones y, a su juicio, de manera “evidente” se ha "desplazado" a personas a las que “nunca les faltó la visión de España”, como los casos de Carles Campuzano y Jordi Xuclà, diputados en las últimas legislaturas.

Esta organización hizo pública esa investigación este lunes y destacó que comenzó a realizar el estudio ante la ausencia de información pública y la falta de transparencia de las administraciones en torno a la extracción ilegal de agua. No obstante, precisó que la falta de información detallada de todas las confederaciones hidrográficas ha permitido cuantificar daños económicos muy conservadores.

“Si tuviéramos cifras reales del número de pozos ilegales que hay en toda España, el daño al dominio hidráulico podría ascender a miles de millones de euros”, aseguró Julio Barea, responsable de la Campaña de Agua.

Greenpeace indicó que el robo del agua en España, que es “el país más árido de Europa”, “va más allá de la existencia de pozos ilegales”, puesto que exceder la concesión autorizada o sustraer agua en épocas de restricción son otras vías habituales para extraer este recurso de manera ilegal.

“El saqueo del agua cuenta incluso con su propio caso ‘gürtel’: en Puebla del Río (Sevilla), en la ribera del Guadalquivir, se localiza una sanción de daño al dominio público hidráulico de casi 64 millones de euros en 2014”, apuntó.

Por confederaciones, la del Guadalquivir encabeza la lista de número de denuncias tramitadas por pozos ilegales, con 968 registradas en el periodo de la investigación, y con casos como el de Puebla del Río o Lucena del Puerto (Huelva), una localidad que con un único expediente acumula 77 pozos ilegales.

Por detrás están las del Tajo (703), el Ebro (608), el Guadiana (583), el Duero (385), el Miño (114), el Segura (113) y el Cantábrico (0), en tanto que no hay datos disponibles de la del Júcar.

En cuanto al resto de extracciones ilegales, la Confederación Hidrográfica del Duero encabeza el ranking con 1.305 denuncias tramitadas, por delante de la del Guadalquivir (974), el Tajo (607), el Guadiana (540), el Miño (265), el Júcar (147), el Cantábrico (136) y el Segura (109), con datos no disponibles de la del Ebro.

Greenpeace subrayó que la extracción ilegal de agua es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión, pero añadió que “la falta de información y de medios de las fiscalías para perseguirlo contribuye a la impunidad”. “Un problema medioambiental que se ha revelado, además, en el caso de los pozos ilegales, como una amenaza para la seguridad ciudadana”, agregó.

DESCOORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Greenpeace inició la investigación a comienzos de 2018, cuando se puso en contacto con las distintas administraciones públicas competentes: confederaciones hidrográficas, Fiscalía de Medio Ambiente, autoridad minera, Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y Defensor del Pueblo.

Las diferentes confederaciones, que son las administraciones responsables de la gestión del agua, han respondido de forma muy desigual, en algunos casos enviando datos muy parciales y genéricos. “Esta falta de transparencia es un reflejo claro de que el robo de agua no es una prioridad en España y de que no se le están dedicando ni el tiempo ni los recursos necesarios”, señaló Barea, quien apostilló: “Además, la actual situación de descoordinación entre administraciones pone en serio peligro nuestras futuras reservas estratégicas de agua, un recurso imprescindible para la vida”.

Para evitar esta situación, Greenpeace consideró fundamental frenar el crecimiento de las demandas de agua (regadío, industrial y urbana), de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles como consecuencia de los efectos del cambio climático.

Por otro lado, indicó que es clave que se persiga el delito de robo de agua con una coordinación efectiva de las administraciones competentes, que prioricen esta situación con mayor dotación de medios y seguimiento tanto en vigilancia como en respuesta sancionadora.

Además, Greenpeace solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica, las confederaciones hidrográficas, las comunidades autónomas, el Seprona y la Fiscalía que hagan público lo antes posible los datos y expedientes referidos al número y localización de los pozos ilegales en todo el Estado, para llevar a cabo su control y cierre de los pozos ilegales, ya que suponen un peligro de seguridad directa para la población.

Además, a través de su plataforma de denuncias y filtraciones online ‘Fíltrala’, Greenpeace pide ayuda a la ciudadanía para que aporte información y le haga llegar, de forma anónima y confidencial, los documentos que puedan probar la existencia de pozos ilegales y otras malas prácticas relativas a la gestión de los recursos hídricos.

Así lo confirmó este lunes en rueda de prensa el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aunque el acuerdo tendrá que ser ultimado y aprobado por las ejecutivas de ambas formaciones.

La defensa de Navarra y de su españolidad, de la Constitución en todo el territorio español y de un gobierno constitucionalista tanto en Navarra como en España son los ejes de ese acuerdo, según explicó Ciudadanos,

En virtud de ese acuerdo, ambas formaciones se respaldarían en el caso de poder optar a una investidura, tanto en el caso del candidato a la Presidencia del Gobierno de España como en el caso del Gobierno foral y de los gobiernos municipales en los que se aplique.

Villegas precisó que no habrá más acuerdos similares con ninguna otra fuerza política regional ni para las elecciones generales ni para las autonómicas y municipales, y la única coalición en la que concurrirá Ciudadanos será con UPN en Navarra.

En rueda de prensa en la sede del partido, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, indicó que “lo más lamentable” es que Casado y Abascal expresen estas dudas en el 15 aniversario de la masacre del 11-M.

Señaló que son unos “irresponsables” los que “siguen cultivando la mentira” y opinó que "lo que tendrían que hacer es pedir perdón", dejando al lado la visión “cortoplacista”.

Cuestionó también que Abascal “hable de la verdad” cuando la suya es una “formación experta en provocar hechos y mentiras”, lo que se denomina ahora ‘fake news’ y que son “las mentiras de siempre”.

“Me parece una indecencia, ya está bien”, dijo Ábalos sobre las declaraciones del líder de Vox, quien afirmó que “todavía queremos seguir sabiendo toda la verdad sobre los atentados de 11-M”.

Además, Ábalos reafirmó la “voluntad” del PSOE de “seguir trabajando por la unidad de los demócratas frente al terrorismo”.

El ‘número tres’ del PSOE comenzó su intervención recordando el “triste” aniversario del 11-M, en el que murieron 193 personas por “la sinrazón del terrorismo islamista”.

Destacó el “magnífico trabajo” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de voluntarios, bomberos y de “toda la ciudadanía que mostró de forma espontánea su solidaridad”.

“Estar juntos siempre nos hace estar más fuertes”, dijo el dirigente socialista, quien manifestó que "no es un problema de teoría conspiratoria", sino de "una gran mentira que trataron de establecer", tras las palabras de Casado de ahondar en la verdad.

Así se pronunció en una entrevista en Onda Cero tras la publicación en el portal ‘Moncloa.com’ de una nueva grabación de Villarejo en la que mandos policiales apuntan a que “los marroquíes y los franceses estuvieron detrás del 11-M”.

“Los comentarios de Villarejo son para hacer daño a las víctimas. La instrucción y el juicio del 11-M fue perfecto y fiable”, indicó Marlaska, defendiendo así que “se sabe toda la verdad” sobre estos atentados.

Defendió, asimismo, que España es “uno de los países del mundo” que tienen índices de criminalidad “poco relevantes”.

En todo caso, el ministro del Interior subrayó que “el riesgo cero no existe” a pesar de que “la vulnerabilidad frente al terrorismo es menor”. “Aun estando preparados, también somos susceptibles a los elementos terroristas”, trasladó.