El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) denuncia cómo gran parte de las palabras orientadas al insulto o al desprecio se vinculan con una situación de discapacidad, un comportamiento cotidiano y legitimado socialmente, en lo que subyace es una depreciación o incluso de negación del estatus de persona, de las mujeres y hombres con discapacidad.
Así lo indicó el delegado del Cermi Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Jesús Martín, durante el webinario ‘Combatir eficazmente el discurso de odio’, organizado por Article19 y en el que también participó la periodista y coordinadora de Faktoria Lila, Irantzu Varela; la investigadora y abogada de derechos humanos Violeta Assiego; el periodista de eldiario.es y miembro fundador de la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI), Juan Luis Sánchez, y el coordinador general de proyectos en SOS Racisme Catalunya, Edo Bazzaco.
Durante el encuentro online, en el que también se expuso la tensión entre la libertad de expresión y el derecho a no ser discriminado, Martín aseguró que “un presupuesto indispensable para conformar una opinión y poder expresarla es asegurar el acceso a la información sin barreras y garantizar canales accesibles para que todas las personas, sin excepciones, puedan ejercitar esta libertad consagrada”. “Un presupuesto que, a día de hoy, es una utopía para la ciudadanía con discapacidad”, valoró.
Asimismo, recalcó que, normalmente, se ven las leyes como instrumentos de persecución y de sanción, cuando también son herramientas para la pedagogía de la convivencia y aliadas de la igualdad transformadora que cuestiona cualquier tipo de discriminación.
Del mismo modo, el delegado del Cermi criticó “la hostilidad” de los mecanismos de denuncia que impiden a personas a acudir a la justicia buscado reparación, cuando en muchos casos se cuestiona la credibilidad de los hechos por ser el denunciante una persona con discapacidad intelectual o con trastorno mental.
INTERSECCIONALIDAD
Sobre esta cuestión, Edo Bazzaco apostilló que “el sistema judicial tiene un problema en sí mismo” argumentando que, a la capacidad explicativa, también se le suma la falta de herramientas para demostrar que ha habido, por ejemplo, un elemento racista ante un juez.
Por su parte, Violeta Assiego subrayó que, sin la perspectiva de interseccionalidad, por la cual se reconoce que hay colectivos que están atravesados por opresiones que se multiplican y que la violencia que sufren sea grave, “no vamos a ser capaces de detectar la gravedad de las violencias que se ejercen”. Además, incidió en la importancia de analizar el foco de estas discriminaciones.
En paralelo, se reflexionó sobre el concepto del discurso del odio que, en opinión de Juan Luis Sánchez, hay una “enorme confusión” en España a la hora de interpretar su significado. “Ahora mismo, no hay ningún partido político que lo entienda e incluso en el sentido inverso”, puntualizó.
No obstante, los participantes coincidieron en la falta de políticas públicas para atender la magnitud del discurso del odio en estos momentos, donde se presenta una escalada de violencia en las redes sociales y en el que el discurso del odio toma parte del escenario político.
Irantzu Varela, quien ha sufrido personalmente situaciones de odio por el hecho de ser mujer y defender el feminismo, alertó, además, que la atención a estos temas ha disminuido tanto en la agenda mediática como pública debido a la crisis sanitaria y social actual por el COVID-19, por lo que entiende que es necesario visibilizar no solo lo que ocurre sino solicitar a las instituciones mayor implicación.
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