La Fundación Cermi Mujeres ha pedido al Ministerio de Trabajo y Economía Social que el nuevo reglamento para la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, en preparación en estos momentos por ese Departamento, reduzca la mayor brecha salarial que sufren las trabajadoras con discapacidad.

Así lo plantea Cermi Mujeres en el documento de propuestas de enmiendas que ha elaborado al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento para la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, en fase de consulta pública y por tanto abierto a aportaciones de la ciudadanía.

Diferentes estudios, explica Cermi en una nota, muestran que España se mantiene en las últimas posiciones de los países desarrollados en materia de inserción femenina en el mercado laboral, repitiendo en el puesto 28, de los 33 países analizados. Los resultados de estos estudios sitúan la brecha salarial ajustada en España, entre un nivel mínimo de 9,1 % y un máximo de 22 % para el sector privado, y de un 7 % para el público.

En relación a la brecha salarial entre las personas trabajadoras con y sin discapacidad (en salario bruto), se mantiene estable en los últimos años y se sitúa en 4.000 euros. Así, las personas sin discapacidad han visto incrementar paulatinamente sus ingresos, mientras las personas con discapacidad han experimentado fluctuaciones en sus salarios, que han disminuido en algunos ejercicios, hasta que en 2017 se incrementaron de nuevo.

La Fundación Cermi Mujeres considera que una normativa encaminada a fortalecer el principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres a través de medidas de transparencia salarial podría incidir positivamente en las mujeres con discapacidad, siempre que se cumplan algunas condiciones como que la información relativa a la transparencia salarial debe estar a disposición de todas las mujeres con discapacidad en varios formatos accesibles de comunicación, incluyendo formato de lectura fácil y documentos digitales accesibles.

Cermi Mujeres manifiesta también que la legislación debe establecer sanciones eficaces y proporcionadas para las empresas, así como medidas compensatorias para las víctimas de discriminación y que las indemnizaciones deben estar a disposición de todas las mujeres, independientemente de su situación de capacidad jurídica modificada (por ejemplo, en regímenes de tutela).

De igual modo, concluye que los órganos de igualdad deben disponer de acceso a los informes salariales y contar con los medios necesarios para prestar apoyo en caso de denuncia de desigualdades salariales por parte de mujeres con discapacidad.

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Las medidas de carácter tributario aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 han supuesto 4.225 millones de euros menos de recaudación hasta mayo, según el informe de recaudación mensual de la Agencia Tributaria.

Según dicho informe, de la cantidad total, 1.980 millones de euros menos de recaudación corresponden al IVA, 1.344 millones de euros son atribuibles al IRPF, 550 al Impuesto de Sociedades, 34 a impuestos especiales y 317 a otros tributos.

En concreto, la medida que ha supuesto dejar de ingresar una mayor cantidad de recursos tributarios, un total de 2.586 millones, es la del aplazamiento de autoliquidaciones para los autónomos y pymes. Así, esta medida ha tenido un impacto de 1.053 millones de euros menos en concepto de IRPF, 1.270 por IVA, 224 en Impuesto de Sociedades, 34 en impuestos especiales, y cinco por otros tributos.

Esta medida permitió el aplazamiento del pago de tributos hasta el 20 de mayo, por lo que en la cantidad de 2.586 millones de euros la Agencia Tributaria ya ha descontado los importes que ya han sido ingresados.

APLAZAMIENTO DEUDAS

La segunda medida con un mayor impacto negativo en la recaudación hasta mayo sería la suspensión del plazo para abonar las deudas tributarias de hasta 30.000 euros, para las que, con motivo del Covid-19, se dio un plazo de seis meses de los cuales los tres primeros no generarían intereses, periodo que posteriormente se amplió a cuatro. Según las estimaciones de la Agencia Tributaria, esta medida tendrá un impacto de 1.629 millones de euros.

Por impuesto, esta medida ha tenido un impacto de 290 millones de euros menos en la recaudación de IRPF, 317 millones en la del Impuesto de Sociedades, 710 millones en IVA y 312 millones en otros tributos.

Por último, el cambio de modalidad de liquidación en los pagos fraccionados de IRPF y Sociedades que aprobó el Ejecutivo ha tenido un impacto negativo de 10 millones de euros en la recaudación, de los cuales nueve corresponden a Sociedades y uno a IRPF.

Esta medida abrió la posibilidad en el IRPF de aplicar la estimación directa en 2020 y volver a la estimación objetiva en 2021 y, en el Impuesto sobre Sociedades, de pasar del pago según la última cuota presentada a pagar de acuerdo a los beneficios del ejercicio.

Además, esta tercera medida también permitía el cambio de modalidad en el IVA y reducía el pago en la estimación objetiva al eliminar del cómputo como días de ejercicio de la actividad los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma. Sin embargo, la Agencia Tributaria señaló que estos dos aspectos no han sido evaluados por el momento.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, ha desarrollado una investigación sobre una organización criminal dedicada a la perpetración de estafas a través de los denominados ‘chiringuitos financieros’, que ha estafado más de 27 millones de euros.

Según informó este sábado el Ministerio del Interior, la operación, denominada Operación Alibi, ha conllevado cuatro registros y ha supuesto la detención de cuatro personas en Barcelona como supuestos autores de un delito de pertenencia a organización criminal y estafa.

Con esta operación, en la que ha colaborado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se ha conseguido poner fin a una práctica defraudatoria que se iniciaba en España con la utilización de sucesivos ‘chiringuitos financieros’ y que habría provocado un total de 472 víctimas en España con un montante estafado superior a los 27 millones de euros.

El Grupo de Investigación Financiera de la UCO de la Guardia Civil se sumó a esta investigación en el año 2017, a instancias de la Autoridad Judicial, constatando el ‘modus operandi’ de esta organización delictiva, consistente en la manipulación de acciones cotizadas en sistemas multilaterales de negociación alemanes, franceses y austriacos, conducta prohibida por el reglamento comunitario de abuso de mercado.

Los sistemas multilaterales de negociación, son centros de negociación con menores requisitos para cotizar en ellos que los mercados regulados y, aunque su creación es autorizada por las Autoridades Supervisoras Nacionales de mercados de valores, la mayor parte de la supervisión de los mismos recae en los organismos rectores de dichos centros. Así, la investigación puso de manifiesto la existencia, en palabras del ministerio, “de una compleja organización criminal de carácter internacional”, radicada principalmente en Alemania y España y con conexiones con otros países.

La parte de la organización criminal radicada en Alemania sería la encargada de manipular las acciones de algunas empresas que cotizaban en sistemas multilaterales de negociación de Alemania, Francia y Austria en que invertían las víctimas. Por otro lado, la parte española de la organización delictiva, a través de distintos ‘call centers’ que se sucedían en el tiempo para no ser detectados, sería la encargada de captar a inversores mediante técnicas de telemarketing para, con información falsa y tras continuos contactos telefónicos con promesas de grandes beneficios, conseguir que las víctimas invirtiesen en los valores ofrecidos.

Las víctimas tenían una falsa sensación de seguridad por el hecho de que los valores cotizasen en sistemas multilaterales de negociación autorizados, se contactase con ellos en nombre de empresas de asesoramiento ubicadas en el extranjero creadas ad hoc para aparentar solvencia y que la inversión se realizase a través de sus propias cuentas de valores.

Sin embargo, la organización criminal mantenía artificialmente el valor de las acciones vendidas y, llegado el momento, dejaban “caer” a la empresa y con ello el valor de sus acciones, lo que provocaba la pérdida de la inversión y, por tanto, la consumación de la estafa, ya que este era el momento de sustituir esta empresa por otra nueva en la que invertirían las futuras víctimas.

La investigación ha contado con la colaboración y coordinación permanente entre la Policía de Düsseldorf (Alemania) y la Guardia Civil, culminando con la detención y puesta a disposición judicial, tanto en Alemania como en España, de los responsables de los hechos. De esta manera, a finales del pasado año, se produjeron cuatro detenciones en Alemania y uno en Grecia, siendo esta última un ciudadano alemán considerado el cabecilla de esta organización, quedando otro de nacionalidad griega en paradero desconocido.

En lo que respecta a España, además de las cuatro detenciones llevadas a cabo esta misma semana en Barcelona, por parte del Grupo de Huidos de la Justicia de la UCO se procedió el pasado mes de enero a la detención de un ciudadano marroquí en la provincia de Alicante, a requerimiento de las autoridades germanas al estar esta persona en busca y captura por su vinculación con esta organización. Para estas personas detenidas en Barcelona, la Autoridad Judicial ha decretado prisión incondicional sin fianza para todos ellos.

La CNMV colaboró con la Guardia Civil dentro de la habitual cooperación entre ambas instituciones en la lucha contra los fraudes financieros, poniendo a disposición sus datos sobre las entidades españolas utilizadas en el fraude, entidades que ya habían sido anunciadas como ‘chiringuitos financieros’ a través de la correspondiente advertencia en la web de la CNMV el pasado 28 de octubre de 2019.

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La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) señaló este sábado, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Cooperativas, las acciones a favor de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático realizadas por estas sociedades.

El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, precisó que “el futuro debe orientarse a buscar soluciones a los desafíos de nuestra sociedad, como el cambio climático, la exclusión o acabar con las desigualdades».

«Además, es necesario un futuro basado en el desarrollo sostenible y el progreso económico y social con una apuesta clara hacia la digitalización y el emprendimiento colectivo y basado en la cooperación, la democracia, la solidaridad, el respeto a la diversidad, la innovación y la participación activa de toda la ciudadanía”, añadió.

Pedreño resaltó que “la Economía Social y el cooperativismo ofrece respuestas a esos retos del futuro y propone un modelo de crecimiento diferente, que, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, es sostenible medioambientalmente, con una apuesta hacia la digitalización, por una economía centrada en la resiliencia industrial con empresas que no se deslocalizan, por potenciar la economía de los cuidados y por fortalecer la vertebración de los territorios, promoviendo una transición ecológica y digital justa”.

La Economía Social es uno de los principales motores de la transición ecológica en Europa y Cepes pide extenderlo también en España. “Las más de 1.500 cooperativas de energías renovables en Europa y que agrupan a más de un millón de personas son un buen ejemplo. Una tendencia imparable que responde a la demanda de los ciudadanos de una energía más limpia y al servicio de los intereses de las comunidades locales”, subrayó Pedreño.

El presidente de Cepes recordó que “las empresas y entidades de la Economía Social también juegan un papel clave en la construcción y renovación de vivienda accesible para todos, en la agricultura sostenible que apuesta por la circularidad y por redescubrir el valor de elementos hasta ahora considerados como deshechos agrícolas, o por supuesto en la distribución de alimentos y los circuitos cortos”.

“Ha sido la Comisión Europea la que en sus últimas comunicaciones y en su Plan de Acción para la Economía Circular ha destacado cómo la Economía Social está aportando soluciones para la Transición Sostenible en la producción y distribución de energías renovables, vivienda sostenible, sector agroalimentario y en la movilidad urbana. En definitiva, una vez más queda patente que la Economía Social es un crisol de innovación, un laboratorio ciudadano desde el que contribuimos a diseñar de forma activa un futuro más justo y sostenible”, precisó Pedreño.

COOPERATIVISMO EN EL MUNDO

Las Naciones Unidas precisan que las cooperativas emplean a 280 millones de personas en todo el mundo (10% de la población activa mundial). Además, más del 12 % de la población mundial es cooperativista de alguna de las 3 millones de cooperativas del planeta.

El Día Internacional de las Cooperativas es una celebración anual del movimiento cooperativo que se celebra cada primer sábado de julio desde 1923. A partir de 1995, las Naciones Unidas y la Alianza Cooperativa Internacional establecieron la temática de esta celebración a través del Comité para la Promoción y el Avance de las Cooperativas (Copac), una asociación de múltiples instituciones públicas y privadas que defienden y apoyan a las empresas cooperativas autosuficientes y centradas en las personas como líderes en el desarrollo sostenible. La Alianza Cooperativa Internacional es uno de sus miembros fundadores.

El objetivo de esta celebración es aumentar la conciencia de las cooperativas. El evento subraya las contribuciones de las mismas para resolver los principales problemas abordados por las Naciones Unidas y para fortalecer y ampliar las alianzas entre el movimiento cooperativo internacional y otros actores.

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El abogado y especialista en derecho a la educación Juan Rodríguez Zapatero ha participado en una conferencia ‘online’ organizada por Down España para analizar la situación actual de la educación inclusiva y ha asegurado que «España tiene la vergüenza de no tener adaptadas las leyes educativas a los derechos de las personas con discapacidad».

Rodríguez explicó a los asistentes virtuales los conceptos principales a tener en cuenta sobre el derecho a una educación de calidad para todos los niños y niñas y recalcó que «estamos en un momento decisivo para la educación inclusiva porque nuestro Parlamento está debatiendo una reforma de la ley educativa de 2006».

«Parece increíble», añadió, «que en un país que ha eliminado barreras en muchos ámbitos, tengamos que hablar del derecho a la educación en igualdad. Es sonrojante y lacerante».

Dijo que España reconoce el derecho a una educación en igualdad y el ordenamiento jurídico el derecho a la educación sin connotaciones en relación a la discapacidad. Además, a través de sentencias del Constitucional y del Supremo se reconoce también que es un derecho fundamental, señaló. «Todos los padres pueden apelar y reclamarlo si lo ven necesario», insistió.

Asimismo, el abogado insistió en que «el derecho a la educación de calidad es un derecho de los estudiantes, no de sus padres». Sin embargo, manifestó que a pesar de que también España se rige por normas internacionales, la realidad, afirmó, no es reflejo de ello. En este sentido, declaró que «no se ha producido una adaptación a la Convención, que fue ratificada en 2008».

«En estos 12 años, España tiene la vergüenza de no tener adaptadas las leyes educativas a esa Convención», apuntó el abogado antes de explicar cuáles son las normas que deberían adaptarse o derogarse.

Según señaló, a pesar del informe elaborado por las Naciones Unidas en el que se insta a España a adaptar sin demora la legislación educativa como exige la ley, el legislador español «sigue sin tomar en serio un imperativo normativo, moral y de justicia para evitar el dolor de tantos padres y madres, y para poner fin a un sistema segregador y discriminatorio».

Agregó que «tenemos un sistema dual porque un alumno tiene que pasar por unos filtros para acceder o mantenerse en el sistema educativo. Se decide si puede incluirse en centro ordinario o no, a través de informes con componentes subjetivos. Son informes discriminatorios clínicos».

Finalmente, y en relación a la jurisprudencia, expuso que «ha ido avanzando en un sentido positivo, pero la lucha de los padres, que son héroes y sufren discriminaciones y humillaciones por parte del sistema educativo, es un viacrucis».

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La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados aprobó este viernes un documento de conclusiones del Grupo de Trabajo de la UE que recoge que, a la hora de negociar en Bruselas las ayudas por el Covid-19, el Gobierno de Pedro Sánchez exhiba las “reformas transformadoras” que ha hecho y seguirá haciendo para adecuar el país a la situación generada por la pandemia.

Así figura en el texto de conclusiones sobre la UE que fue aprobado este viernes por la comisión, que también dio el visto bueno a las conclusiones de los grupos de sanidad, servicios sociales y economía. Todos ellos se votarán en forma de dictamen conjunto en un Pleno de la Cámara Baja en julio.

El documento de la UE salió adelante con 183 votos a favor, 6 en contra y 102 abstenciones. El PP se abstuvo después de que este miércoles anunciara un principio de acuerdo con el PSOE y Ciudadanos tras consensuar algunas enmiendas con estos partidos, que han sido incorporadas al texto final. El PNV votó finalmente a favor, aunque el miércoles se había posicionado en contra.

A este respecto, el portavoz del PSOE en este grupo de la UE, Héctor Gómez, señaló que los partidos del Gobierno habían incorporado al texto el 50% de las enmiendas de otras formaciones políticas. Sostuvo que el documento final podía perfectamente ser apoyado por el PP, al que dejó la “puerta abierta” para seguir negociando hasta que el dictamen se vote en el Pleno del Congreso.

«PILAR SOCIAL” Y “UNIDAD SANITARIA”

En el documento sobre la UE aprobado se llama al Gabinete de Sánchez a negociar en Bruselas “préstamos y transferencias” que sirvan para conseguir “la reactivación rápida de los países y sectores más golpeados por la pandemia”, como el turismo o las empresas.

Se apunta que “el Gobierno español ha aprobado y sigue aprobando importantes reformas transformadoras, que mejoran el crecimiento potencial, la cohesión y la resiliencia de nuestra economía” y que “estas transformaciones serán puestas en valor en el Plan de Inversiones y Reformas que se envíe a Bruselas”.

El documento también plantea que “la UE post-Covid-19 debe incluir entre sus prioridades un auténtico pilar social”, de forma que “la estrategia de salida y recuperación europea debe contemplar como meta el desarrollo social, sus derechos y deberes”. En esta línea, también se considera que el espacio comunitario debe avanzar hacia una “unión sanitaria” que haga que se puedan afrontar mejor “posibles rebrotes” del coronavirus o “futuras pandemias”.

Por lo que se refiere a la cuestión de Gibraltar, el texto no alude a la reivindicación de la soberanía española del Peñón, como pedía el PP. El documento se limita a señalar que se negociará con el Reino Unido, con motivo de su salida de la UE, que se mantengan entre ambos países los “flujos de personas, mercancías y servicios” y que esto pueda sirva “para impulsar el desarrollo sostenible del Campo de Gibraltar”.

CUERPO EUROPEO DE EMERGENCIAS

El texto también incorpora propuestas que había realizado Ciudadanos, como que Bruselas instaure un “mecanismo de supervisión del ‘Espacio Schengen’” para evitar “abusos” de los países en cuanto al cierre de sus fronteras. Otra idea de la formación naranja incluida es sugerir a los socios comunitarios que se cree un Cuerpo Europeo de Emergencias siguiendo el modelo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) española.

Asimismo, a propuesta del PNV se incluye en las consecuencias del grupo de trabajo de la UE que se reconozca el papel de las comunidades autónomas dentro del entramado comunitario y que se las tenga en cuenta en el reparto de fondo. Asimismo, Teruel Existe logró que en el documento se incluyese que se tenga en cuenta la despoblación de determinados territorios a la hora de hacer frente a las consecuencias del Covid-19.

Otras medidas que incluye el documento son pedir que la UE establezca listas europeas de medicamentos, vacunas, equipamientos e insumos sanitarios básicos para los cuales se requerirán existencias básicas a nivel comunitario, creando un fondo común y mecanismos de coordinación y reparto. También se sugiere identificar las industrias de producción de medicamentos, vacunas, equipamientos e insumos sanitarios a nivel europeo y sus tiempos de producción ante futuras epidemias.

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La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso ha aprobado este viernes incluir entre las medidas para la reactivación económica un sistema similar a la ‘mochila austriaca’ por un error en la votación de Unidas Podemos.

Se votaba una enmienda de Junts per Catalunya y el apoyo de Podemos sirvió para decantar la votació, ya que contaba con el respaldo de partidos como el PP, Ciudadanos o Coalición Canaria, pero el PSOE se posicionó en contra. En cualquier caso, el dictamen definitivo se votará en julio en el Pleno de la Cámara.

El diputado de la formación morada Ismael López trató de subsanarlo minutos después reclamando la repetición de la votación, sin recibir el plácet del presidente de la Comisión, el socialista Patxi López, que sí ha admitido que quedase por escrito el error.

Fuentes de Podemos mostraron su descontento después. “No entendemos por qué el miércoles al PSOE se le permitió rectificar su voto y votar en contra de derogar la reforma laboral del PP y hoy al grupo parlamentario de Unidas Podemos no se le ha permitido rectificar el error”, se quejaron.

Su disconformidad tiene que ver que la aprobación de la derogación de la reforma laboral del 2012 que planteaba EH-Bildu en una enmienda y que salió adelante por un voto favorable del PSOE que luego retiró al conseguir, con el respaldo del PP, que se repitiese la votación. Hoy se ha vuelto a votar dicha enmienda y vuelto a decaer.

La enmienda que ha prosperado de Junts per Catalunya y defendida por su diputado Ferran justifica que “a los efectos de reducir la dualidad del mercado de trabajo, para los nuevos contratos se articulará un

sistema consistente en un fondo de capitalización para los trabajadores nutrido de las aportaciones empresariales mensuales en función del salario, que el trabajador podrá hacer efectivo en los supuestos de despido, cambio de empresa o jubilación; es decir, lo que se llama mochila austriaca «.

Bel aseguró que, tal y como dice el texto de la enmienda, las aportaciones en este fondo de capitalización «no las harán los trabajadores, sino que serán aportaciones empresariales. Esto puede permitir mejorar la contratación fija y la competitividad de las empresas «.

El sistema, defendido por organismos como el Banco de España, consiste básicamente en una bolsa de dinero que va acumulando cada trabajador a título personal gracias a las aportaciones que realiza el empresario a esta hucha.

Será el dinero que reciba el trabajador si resulta despedido o causa baja o, en su defecto, se queda acumulada para que pueda disponer de ella en el momento del retiro como un complemento para la jubilación.

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La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados aprobó este viernes las conclusiones elaboradas por el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, que pretenden trazar la estrategia de reconstrucción en el ámbito social tras la crisis del coronavirus.

Las conclusiones se han aprobado, con enmiendas de prácticamente todos los grupos, con 155 votos a favor, 132 en contra y cinco abstenciones. El Gobierno ha conseguido el apoyo de Ciudadanos en estas conclusiones, aunque no el del PP y grupos nacionalistas como ERC o de Coalición Canaria.

Lo que ha dificultado el consenso han sido, principalmente, las ayudas educativas limitadas a la escuela pública -y que excluyen a la concertada, según denunció el PP- y la “recentralización” de políticas, que fue el argumento más empleado entre los partidos nacionalistas para oponerse a las conclusiones.

La diputada Rosa María Romero (PP), lamentó que el incremento de ayudas que defiende el documento de conclusiones se limite a la escuela pública, al tiempo que defendió que “el empleo es la mejor política social”. Y es que “sólo así podremos garantizar nuestro estado de bienestar, sólo con una economía robusta”.

Asimismo, anunció su voto en contra porque, a su juicio, las medidas que plantea el documento elaborado en el grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados adolecen de una visión “a largo plazo”.

Desde Unión del Pueblo Navarro (UPN), Sergio Sayas afirmó que “la educación concertada presta un servicio público esencial” mientras el Gobierno “da carpetazo a las ayudas a la educación concertada porque ideológicamente no le gusta o la detesta”.

La diputada Ana Oramas, de Coalición Canaria, también votó en contra y se mostró beligerante con este asunto y trasladó al PSOE y Unidas Podemos que “no tienen ni idea de lo que es la educación privada, donde van las élites, y lo que es la concertada”, donde, dijo, también acuden menores vulnerables que precisan de ayudas. “Los salesianos forman a los ‘menas’”, añadió.

En esta línea, pidió a los socialistas y Podemos que “salgan de los ministerios” y “se pateen los barrios, donde la concertada está haciendo una labor social del demonio”. Sara Giménez, de Ciudadanos, se pronunció en esta misma línea y alertó de que los perjudicados son los niños, por lo que pidió que “no se centre en esto el debate” y “no se deje atrás a ningún niño”.

Desde Podemos, Pablo Echenique salió al paso de las críticas y dijo que las ayudas se deben centrar en la pública porque “la privada-concertada, en todo aquello que es deficitario económicamente como escuelas rurales o de educación especial, es más reticente, digamos, a la hora de ocuparse de ello”.

La diputada y exministra socialista María Luisa Carcedo también defendió el documento de conclusiones y acusó a la oposición de estar “desenfocando su finalidad”. Además, defendió el punto relativo a las ayudas en educación porque busca evitar “la segregación, que es lo que está pasando en nuestro sistema educativo”.

El PNV y Esquerra Republicana centraron sus intervenciones en acusar de “recentralización” al PSOE y Unidas Podemos. “No podemos votar favorablemente este texto, muchas medidas son competencias de las comunidades autónomas”, defendió.

Por ERC, Gabriel Rufián insistió en esta misma idea y trasladó a los partidos de gobierno que “están ustedes volviendo a repetir los errores de la crisis de 2008, que es intentar salir de ésta con la derecha”, en relación a los otros tres documentos de conclusiones pactados entre el Gobierno, PP y Ciudadanos, fórmula que no ha funcionado en las conclusiones sociales.

Pese al frentismo y la falta de acuerdo escenificada por los portavoces en la comisión, el coordinador del grupo encargado de elaborar las conclusiones de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, el diputado Enrique Santiago Romero (Unidas Podemos), defendió el “consenso” en la elaboración del texto y el esfuerzo realizado por los partidos.

“Entiendo los derechos sociales como derechos humanos”, dijo, y señaló que las conclusiones sitúan “en el centro los Objetivos de Desarrollo Sostenible” con “más políticas sociales para reforzar el Estado de bienestar”. Asimismo, dio cuenta de las 32 comparecencias de personalidades del Tercer Sector y organizaciones civiles para contribuir a la elaboración de las conclusiones.

JÓVENES PAGADOS PARA ACOMPAÑAR MAYORES

El documento se centra en cuestiones sociales como la situación de indefensión de los mayores en las residencias o las personas con discapacidad, y establece que el seguimiento sanitario en centros de mayores se realizará desde los centros de salud con derivación a hospital cuando la situación clínica lo requiera.

Asimismo, “se establecerán protocolos de atención en situaciones terminales y de cuidados paliativos asimilados a los domiciliarios”, mientras que “los servicios sociales tendrán que establecer acreditaciones de formación del personal de cuidados y un sistema de inspección periódica que permitan comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas”.

Todo ello, con el objetivo de proteger a los mayores, a quienes el coronavirus tanto ha afectado, especialmente en las residencias. Todas estas instalaciones deberán tener, según las conclusiones acordadas, protocolos de actuación para que “cuenten con los recursos personales y espacios físicos que se consideren adecuados y suficientes”. Además, se proveerá a las residencias de material sanitario y de protección.

También se recoge la puesta en marcha de un plan contra la soledad no deseada con un programa de acompañamiento remunerado por parte de jóvenes, de sensibilización y de mejora de “unos servicios sociales cercanos y bien dotados para atender esta necesidad emergente, prevenirla o mitigar sus consecuencias”.

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La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados aprobó este viernes las conclusiones del Grupo de Trabajo de Reactivación Económica con 167 votos a favor, 115 en contra y 10 abstenciones, tras incorporar más de un centenar de enmiendas que incluyen la ‘mochila austriaca’ o permitir a los ayuntamientos usar el superávit.

Sus conclusiones definitivas quedan listas para elevarlas al Pleno tras haber incorporado entre el pasado miércoles y hoy más de 200 de las 391 enmiendas presentadas, y los grupos expresaron de nuevo su intención de apurar hasta el último minuto para intentar incorporar más medidas en su votación final.

La sorpresa de la jornada llegó de la mano de los grupos de la oposición que aprovecharon la comisión parlamentaria para colar en el documento que los ayuntamientos puedan usar su superávit. Son fondos que tienen, en muchos casos, aparcados en cuentas bancarias y que a través de una enmienda transaccional piden poner usar Coalición Canaria, el PP, Compromís, Ciudadanos, Más País Equo, Esquerra Republicana y Juts per Catalunya.

La enmienda original transacionada de Junts per Catalunya urgía a que las entidades locales puedan disponer “libremente” del superávit remanente de tesorería del ejercicio 2019 y 2020, y que durante los ejercicios 2020 y 2021 no les sea de aplicación la regla de gasto.

La segunda sorpresa se produjo con la aprobación de un sistema similar a la ‘mochila austriaca’ propugnado por Ciudadanos o Junts per Catalunya, y que ha salido adelante en una enmienda también transaccionada por el PP, Coalición Canaria y Teruel Existe y el apoyo imprevisto de Unidas Podemos, que erró en su votación e intentó revertir el voto repitiendo la votación, encontrándose con la negativa del presidente de la Comisión, el socialista Patxi López.

Si bien ambos acuerdos suscitaron la sorpresa, parte del foco estaba puesto en la propuesta de EH Bildu de derogar la reforma laboral del 2012. Su diputada Mertxe Aizpurua logró que se volviese a votar después de que el miércoles saliese adelante momentáneamente por un apoyo del PSOE que luego enmendó reclamando repetir la votación por haber errado en su sentido.

Y encalló de nuevo con 221 votos en contra –entre ellos los del PSOE, PP y Ciudadanos- frente a 57 síes y 8 abstenciones, siendo uno de los partidos que respaldó derogar la reforma Unidas Podemos.

Tampoco ha encontrado cabida el impuesto a los ricos que defendían partidos como EH Bildu, Unida Podemos o Esquerra Republicana, y apoya Unidas Podemos en contra del PSOE, el PP o Ciudadanos.

MÁS DE 140 PROPUESTAS

Durante la exposición de conclusiones la diputada socialista María Luz Martínez, que ha actuado de coordinadora del grupo de trabajo de Reactivación Económica explicó que el dictamen incluye más de 140 propuestas, tras haber celebrado nueve sesiones y haber tramitado y escuchado a 24 comparecientes.

El documento incluye propuestas sobre el modelo productivo, el sector primario, las pymes, la transición ecológica, el sistema laboral, la transformación digital, la vertebración territorial y el reto demográfico, entre otras muchas; con acento especial además en el sistema financiero, el turismo, la hostelería, la automoción, el comercio o la cultura.

El diputado del PSOE Pedro Casares avanzó que su grupo apoyaría 130 enmiendas y negociaba transaccionar otras 30 propuestas porque el interés era alcanzar “el mayor acuerdo posible” porque se trata de elaborar un “un acuerdo de país para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia”.

Entre los desafíos enumeró que buscará dar respuesta a los sectores más castigados por esta crisis económica, como el turismo, la industria, el comercio, los transportes, la hostelería, la automoción o la cultura; además de luchar contra la precariedad y la temporalidad laboral o fortalecer el tejido productivo y hacer frente al tiempo a retos como el demográfico o digital.

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, aplaudió la comprensión del problema de la cohesión e igualdad en España, desde una perspectiva territorial que incluye a las pequeñas ciudades de las provincias de interior. “Las zonas afectadas por la despoblación, el reto demográfico o el medio rural, no es una posición romántica”, indicó, valorando los avances con medidas como el apoyo a la digitalización de 100 megas y 5G en el medio rural, cubriendo todo el territorio, la dotación de electrolineras, la movilidad sostenible en las áreas rurales o el compromiso adquirido con el reto demográfico.

QUEJAS POR MEDIDAS SIN CONCRECCION

El diputado de Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, se quejó, sin embargo, de que el texto “está lleno de buenas intenciones, objetivos genéricos que se han ido completando con matices de toda clase”, sin concretar la forma de abordar los numerosos planes. Se quejó de que no haya mención a la construcción o la obra pública, pese a su gran peso en el PIB y empleo.

Sergio Sayas, de UPN, denunció a su vez que “no se puede reconstruir un país a base de extremismos, de populismos o de comunismo”, abogando por ajustar los gastos públicos y alertando de que “la broma ideológica de la derogación de la reforma laboral o de la subida de impuestos la vamos a pagar todos los españoles y esa factura tiene forma de paro, tiene forma de deuda, tiene forma de déficit y, sobre todo, tiene forma de pobreza y de miseria”.

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, se quejó de que “las singularidades del modelo económico canario no se ven reconocidas en su totalidad en un documento de esta naturaleza”, demandando poner foco ya que en Canarias la actividad turística representa un 40% del empleo y el 35 del PIB, algo en lo que coincidió Ana Oramás, de Coalición Canaria.

Oramás reprochó al Gobierno pedir a Bruselas que reconozca una singularidad por la mayor afectación de la crisis que no reconoce a su vez a Canarias. Junto a la enmienda para permitir a las corporaciones locales y cabildos acceder a su superávit defendía recuperar las políticas activas de empleo, un plan de infraestructuras turísticas o prorrogar los ERTE, junto a la bajada de las tasas aéreas.

La diputada de EH-Bildu Mertxe Aizpurua insistió de la derogación de la reforma laboral, el rescate público de empresas e industrias en riesgo o fijar nuevos impuestos para “que paguen más los que más tienen: los ricos y los bancos para poder hacer políticas que protejan a la ciudadanía”.

El diputado del PNV, Aitor Esteban, denunció también falta de concreción en las medidas porque lo “que se plantea no hay planificación, tampoco hay memoria económica”, demandando un mayor margen de endeudamiento para las comunidades autónomas suprimiendo la regla de gasto.

FLEXISEGURIDAD

La diputada de Ciudadanos María Muñoz defendió que parte de sus enmiendas propugnan “conseguir un modelo más eficiente del mercado laboral basado en la flexiseguridad”. Entre ellas destacó que abogan por un menú reducido de contratos, un mecanismo similar al de la mochila austriaca o un sistema de indemnizaciones basado en el ‘bonus malus’ “que penalice la excesiva utilización de los contratos temporales y el complemento salarial para los jóvenes, que son el colectivo que más sufre la pobreza laboral” o luchar para reducir el gasto superfluo.

En similar línea la diputada del PP Elvira Rodríguez demandó que se prorroguen los ERTE hasta fin de año “y si fuera necesario para algún sector como el turismo, hasta que empiece la campaña del año que viene”, revisar y ampliar los programas del ICO durante este año y el próximo, y reducir o aplicar exoneraciones de impuestos para ayudar a “empresas que eran viables y rentables antes de la crisis no se queden por el camino y se pierda su negocio y sus puestos de trabajo”.

En materia fiscal abogó por “llevar a cabo una política tributaria proactiva y no ponerles trabas burocráticas normativas para que puedan desarrollar sus negocios”, a la vez que pidió que el sistema tributario “no se considere como mera pieza recaudatoria, porque puede y debe ser utilizado como generador de crecimiento” y advirtió que sería un “error” abolir la reforma laboral, cuando está impidiendo día ERTE mayores despidos.

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Aspace Madrid, asociación que representa a 11 entidades que trabajan para las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines y sus familias, expresó este viernes su «gran preocupación» por el futuro del alumnado con parálisis cerebral que acude a los colegios de su red tras conocer el borrador del plan de reconstrucción que se debate en el Parlamento.

Tras constatar que el borrador de conclusiones del Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la comisión parlamentaria establece que “la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa”, ha asegurado que están «desolados y desamparados al pensar en el futuro de los alumnos con parálisis cerebral que acuden a sus colegios concertados».

«Los colegios concertados a los que acude el alumnado con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo no son empresas que generen dinero», explicó, sino «agrupaciones de padres que se han unido para construir un recurso para sus hijos que complementa la oferta de los servicios públicos».

A su juicio, estos «no cubrían las necesidades especiales y específicas de sus hijos», y por ello los centros de Aspace resultan imprescindibles a la hora de asegurar el derecho a la educación de estos alumnos.

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El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, resaltó este viernes que lo importante de la comisión de reconstrucción que hoy elevará su dictamen al Pleno de la Cámara “no es tanto la aritmética de los acuerdos como el contenido de los documentos que se aprueban”, por lo que no entró a valorar que ERC, el PNV y EH Bildu, hasta ahora aliados parlamentarios, no apoyaran la mayoría de las conclusiones.

Desde esta premisa, Echenique dedicó la rueda de prensa que ofreció poco antes de la votación del dictamen a enumerar estos acuerdos de los cuatro grupos de trabajo temáticos en que se dividió la comisión; unos acuerdos con los que, describió, “nos estamos jugando la dirección que toma nuestro país” en los próximos meses.

Antes, destacó también que “todos los grupos han trabajado muchísimo a la hora de redactar enmiendas” y de “llegar a acuerdos y transacciones”, muchas veces “desde puntos de vista distintos”.

Al final de su intervención y a preguntas de los periodistas, el portavoz de Unidas Podemos matizó un tanto estas consideraciones iniciales. Por un lado, destacó que su grupo había “sabido ceder” para llegar a acuerdos, porque, “si bien los acuerdos son lo más importante”, también lo es que pueda haber apoyos amplios”.

Por otro, tachó de “lamentable” que el PP no apoyara el documento de conclusiones de Unión Europea y “siga haciendo oposición a España en esta materia por motivos partidistas”. “Ojalá rectifiquen en los próximos días”, deseó, poniendo la vista en el 22 de julio, cuando el Pleno del Congreso convalidará el dictamen de la comisión con las transacciones que se firmen entre los distintos grupos de aquí a entonces.

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La intención de EH Bildu de promover la derogación de la reforma laboral del 2012 vía enmienda al dictamen del Grupo de Trabajo de Reactivación Económica de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados ha vuelto a encallar hoy ante el rechazo del PSOE, PP y Ciudadanos.

Su votación ya tuvo lugar el pasado miércoles y salió adelante con el apoyo de los socialistas en un primer momento, pero el PSOE solicitó poco después una nueva votación para cambiar su sentido, al haber cometido un error.

La rectificación enojó a Bildu que expresó su “malestar” al interpretar que el reglamento permite revisar la votación, pero no cambiarla, mientras que el PSOE defendió y sacó adelante la repetición del voto, con el apoyo del PP.

El presidente de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, Patix López, validó su nueva votación hoy ante la solicitud expresa del grupo de izquierda abertzale al encontrarse la enmienda “viva”.

Sin embargo, la enmienda ha vuelto a encallar con 221 votos en contra, 57 síes y 8 abstenciones. Entre los grupos que adelantaron su respaldo figura Unidas Podemos, cuyo diputado Pablo Echenique aseguró este viernes que a la reforma del PP “no le van a quedar ni los palos del sombrajo”.

Por su parte, la diputada del PP Elvira Rodríguez alertó de que “sería un error radical la derogación de la reforma laboral que permitió, en plena crisis, crear miles de puestos de trabajo”.

La portavoz popular abogó, al contrario, por avanzar en un marco flexible donde “se tomen medidas para dotar al sistema de flexiseguridad pactada que permita la adaptación de las empresas a circunstancias sobrevenidas sin puestos de trabajo”.

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Los grupos parlamentarios de la oposición han logrado imponer que se permita a las corporaciones locales utilizar el superávit de fondos que tienen aparcados en muchos casos en cuentas bancarias, a través de una enmienda a las conclusiones del Grupo de Trabajo para la Reactivación Económica de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.

La medida ha salido adelante durante la votación de una de las enmiendas de Coalición Canaria, en un texto transaccionado por el PP, Compromís, Ciudadanos, Más País Equo, Esquerra Republicana y Juts per Catalunya.

El acuerdo lo anticipaba por la mañana el diputado de Junts en el Congreso Ferran Bel, durante la defensa de las enmiendas de su partido, emplazando al PSOE y Unidas Podemos a unirse para que sea posible cambiar dicha norma.

“Les pido a los señores del Gobierno que lo miren con cariño, estará firmada o votada favorablemente por todos los grupos y partidos políticos de la Cámara, excepto los dos que representan el Gobierno”, señaló, deslizando que es también una demanda de las corporaciones locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La enmienda original de Coalición Canaria pedía permitir “de forma inmediata” el uso del superávit y los remanentes de tesorería a los ayuntamientos, diputaciones y cabildos para aplicarlo a gastos no financieros.

Una enmienda similar de Junts urgía a que las entidades locales puedan disponer “libremente” del superávit remanente de tesorería del ejercicio 2019 y 2020, y que durante los ejercicios 2020 y 2021 no les sea de aplicación la regla de gasto.

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El Ministerio de Sanidad registró este jueves 174 nuevos contagios y 17 defunciones por coronavirus que elevan a 250.545 el total de casos y a 28.385 las muertes desde que comenzó la pandemia. La transmisión del virus continúa en ascenso por los contagios en Aragón y Cataluña, mientras que baja en la Comunidad de Madrid.

Sólo Cataluña concentra 1.429 contagios de los 4.120 registrados en toda España durante las últimas dos semanas, según el informe diario que publica el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige el doctor Fernando Simón.

De las 174 nuevas infecciones detectadas entre ayer y hoy, la mayoría se han dado en Madrid (50), Cataluña (42) y Aragón (31). Esta última región es la que tiene mayor transmisión de coronavirus por población. En concreto, tiene una tasa de 37,52 contagios por cien mil habitantes en los últimos 14 días.

Cataluña también presenta una elevada tasa de contagios (18,62) junto a Navarra (16,36). Madrid, que fue el epicentro de la epidemia en España y la región más azotada por el virus cuenta ahora con una tasa de 10,67 contagios y su tendencia es a reducirla.

Aunque Sanidad ha registrado 17 muertes entre ayer y hoy, no tienen por qué corresponder necesariamente a defunciones recientes. En los últimos siete días sí han fallecido por coronavirus 21 personas, el grueso, en Madrid (7).

En cuanto a las hospitalizaciones, en la última semana han ingresado en los hospitales españoles un total de 141 pacientes con Covid-19. La mayoría de estos ingresos se han dado en Madrid (60), Cataluña (13) y Castilla y León (13).

Actualmente, la Comunidad de Madrid acumula 72.168 casos de coronavirus tras identificar 50 nuevos contagios en las últimas 24 horas. En la última semana ha perdido siete vidas por el coronavirus que elevan a 8.439 las personas fallecidas en esta región.

Cataluña, por su parte, tiene 62.057 casos y ha diagnosticado 42 nuevos contagios entre ayer y hoy. En los últimos siete días han fallecido dos personas por el virus, por lo que el total de fallecidos es de 5.673 en esta comunidad autónoma.

En Aragón, la región con más transmisión del virus, hay 6.412 infecciones en total tras identificar 31 nuevos contagios. No ha muerto ninguna persona en la última semana y tiene un total de 912 fallecidos por Covid-19.

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La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados aprobó este viernes las conclusiones del Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública con 166 votos a favor, 33 en contra y 94 abstenciones.

Los grupos parlamentarios podrán continuar negociando para alcanzar consensos hasta la votación definitiva del dictamen de la comisión que tendrá lugar en el Pleno del Congreso de los Diputados, en la semana del 20 al 26 de julio.

La diputada del PP Isabel Borrego, que ha dirigido este grupo de trabjo, dijo que se ha querido «escuchar a la sociedad civil para reforzar la sanidad». Por ello, desde el 21 de mayo se han llevado a cabo 10 sesiones y 33 comparecencias de expertos de los sectores sanitarios en este grupo, uno de los cuatro que se crearon en el seno de la comisión parlamentaria para la reconstrucción.

Parte de estas opiniones se han incluido en el documento base de conclusiones que elaboraron el PSOE y Unidas Podemos, al que también se han sumado algunas de las 326 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

En este sentido, la exministra de Sanidad y diputada del PP, Ana Pastor, señaló que en este documento «han sido incorporadas algunas de nuestras peticiones, como establecer un plan de recursos humanos que dé estabilidad en el empleo a miles de profesionales sanitarios que llevan años en interinidad».

Junto a ello también se añadió la eliminación de la tasa de reposición del personal en los servicios sanitarios y la creación de una reserva estratégica de productos sanitarios críticos, así como un mapa tecnológico de renovación.

El PP tiene también interés en un calendario de reformas legislativas en el terreno sanitario y en la dotación de los recursos económicos necesarios cuando se tomen nuevas medidas.

SALUD PÚBLICA

Sin embargo, Pastor destacó que «quedan muchas cosas por resolver como la creación de una Agencia de SALUD PÚBLICA y Calidad Asistencial». «También está pendiente que los pacientes se incorporen y participen en las decisiones del Sistema Nacional de Salud (SNS), así como las sociedades científicas».

«También hemos pedido planes de contingencia en todos los establecimientos sociosanitarios y que haya una red de laboratorios de microbiología conectados, así como un plan nacional de transformación digital de la sanidad».

Una transformación que también apoyó el diputado de Ciudadanos Miguel Ángel Gutiérrez, quien aseguró que «tenemos un sistema de salud para sacar pecho y sentirnos orgullosos aunque se han desvelado debilidades que hay que corregir».

Para este partido, es fundamental cambiar el plan de antibióticos para prevenir las resistencias y tener una inversión sanitaria suficiente. A ello se incluye un plan de salud mental que prevenga los suicidios y trate los trastornos alimentarios, entre otros, así como transferir la sanidad penitenciaria al SNS.

Entre las enmiendas de Cs también estaban las que defendían la necesidad de crear un cuerpo sanitario de reserva «porque hay carencia de efectivos sanitarios con activación periódica, así como la creación de una agencia de salud pública por su debilitamiento».

DESCENTRALIZACIÓN

Los grupos parlamentarios nacionalistas resaltaron que no apoyarían el texto si no queda clara la descentralización sanitaria. En este sentido, el portavoz de ERC Gabriel Rufián subrayó durante su intervención que «en este grupo de trabajo está el fantasma de la recentralización que se puede llevar por delante las competencias de las comunidades autónomas».

En su opinión, «no tiene ningún sentido potenciar un ministerio vaciado de competencias durante muchos años. Hay que mejorar las condiciones laborales, incrementar las plantillas y recursos, reforzar la Atención Primaria, invertir en investigación y cumplir con la Ley de Dependencia».

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, insistió en que es fundamental que «en España haya una sanidad pública fuerte y el documento de conclusiones va hacia esa dirección», ya que contempla el aumento de la financiación de la sanidad alcanzando la media europea.

Además, recupera la universalidad de la sanidad pública; mejora las condiciones laborales de los profesionales sanitarios «para revertir una condición de interinidad que es una vergüenza y se aumentan las plantillas, así como nos prepara a posibles rebrotes y futuras pandemias».

Aseguro que también garantiza el refuerzo de la Atención Primaria, «una de las patas fundamentales del sistema sanitario» y recordó que «tenemos un sistema descentralizado».

Por último, la diputada socialista Ana Prieto lamentó la falta de consenso con el Partido Popular «porque en el último momento se han bajado del acuerdo, por lo que tiendo la mano para seguir trabajando».

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El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, pidió este viernes al PSOE y a Unidas Podemos que rectifiquen y permitan llegar a un acuerdo sobre las ayudas a la educación concertada tras la pandemia.

Lo dijo en rueda de prensa mientras se seguían negociando enmiendas transaccionales antes de la votación de los documentos de los grupos de trabajo y del dictamen de la comisión de reconstrucción.

Aseguró que Ciudadanos sigue trabajando en su línea de “hacer política útil” tratando de sacar adelante medidas “buenas para el interés general de España”, que contribuyan a salvar vidas y empleos.

El principal escollo de la negociación está en el grupo de trabajo social, por la negativa del PSOE y de Unidas Podemos a igualar a la enseñanza concertada con la pública al regular las ayudas para adaptarse a los efectos de la pandemia de coronavirus.

Ciudadanos, explicó Bal, entiende que no ha habido diferencias en los daños que la pandemia ha hecho a unos centros y a otros, por lo que tampoco debe haber diferencias en las ayudas del Estado. Eso, alertó, afecta a la libertad de elección de los padres, y a la igualdad de los alumnos.

“Nos queda tiempo” para negociar, aseguró, ya que el dictamen no se votará en Pleno hasta la tercera semana de julio, y pidió por ello al PSOE y a Unidas Podemos “que rectifiquen” para poder contar con el apoyo de Ciudadanos en ese bloque de medidas.

Bal denunció que en esos debates de la Comisión los grupos nacionalistas se centren en exigir el respeto a las competencias autonómicas, “cosa que nadie niega”. Sin embargo, añadió, en una situación de “emergencia nacional” es necesario que el Estado asuma la coordinación, y esos discursos no salvan vidas, no previenen rebrotes ni preservan empleos.

A su juicio, es “absolutamente obvio” que esos grupos “no deben estar en la construcción del futuro de este país”, en el que solo deben estar “los que creemos” en ese futuro y no quienes “solo han venido a destruir esta comisión”.

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El PNV podría votar este viernes a favor de las conclusiones de la comisión de reconstrucción relativas a la posición de España ante la UE, pero mantendrá su voto en contra a las de los otros tres grupos de trabajo, los de sanidad, reactivación económica y políticas sociales.

Así lo avanzaron a Servimedia fuentes del Grupo Vasco, que el miércoles, al término de los grupos de trabajo, emitió un duro comunicado en el que exhibía su rechazo a todas las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso. Este órgano hoy vota su dictamen final para elevarlo a su eventual ratificación en el Pleno del Congreso la segunda quincena del mes.

Entonces, argumentaron su voto en contra tachando las conclusiones, bien de «recentralizadoras», bien de ser «una mera declaración de intenciones». Hoy, las fuentes consultadas del grupo apuntaron a un posible cambio de voto, incluso hacia el sí, en cuanto a las del grupo de trabajo de la posición ante la UE.

«Parece que nos aceptan bastantes enmiendas y en las que no aceptan hay una transaccional. Si nada se tuerce y cumplen, es probable que votemos sí a este grupo, y no al resto», señalaron desde el PNV.

Su rechazo al resto de conclusiones se sustenta sobre la “ceguera competencial” queachaca a los documentos y sobre el rechazo mayoritario a las enmiendas presentadas por el PNV que pretendían impedir esa supuestas «injerencias» del Estado.

Además, según denunció el miércoles, “la dinámica (de la comisión) ha sido nefasta”, con apenas tiempo para el análisis, debate y negociación, de forma que “ha sido un error tratar de solucionar el mundo en un mes”. Así, los textos aprobados en los grupos de trabajo le parecen una “mera declaración de intenciones, sin concreción ninguna, que responde más a los programas políticos de los partidos que a un documento de trabajo que sirva de base para una reconstrucción real”.

Pese a todo, el PNV prometía seguir trabajando para que sus aportaciones fueran introducidas en el texto en el tiempo que queda hasta que el dictamen sea aprobado por el Pleno del Congreso.

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La Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial, ha elegido a CaixaBank como ‘Best Confirming Bank’ a nivel mundial durante 2019, en el marco del Programa de Financiación para el Comercio Exterior (GTFP).

Estos premios, que celebran este año su novena edición, reconocen a aquellas entidades líderes en comercio exterior. En 2019, la entidad cerró operaciones por un total de más de 900 millones de euros en el marco de programas de financiación de comercio exterior con cobertura multilateral.

Asia supuso cerca del 60% del total de volumen de negocio. En este continente, CaixaBank tiene oficinas de representación en Pekín, Shanghái, Hong Kong, India y Singapur.

A través de estos programas, CaixaBank indicó que se posiciona como entidad pionera en soluciones de financiación de comercio exterior y refuerza su relación con los bancos locales con los que opera.

CaixaBank mantiene acuerdos con 1.600 bancos internacionales para facilitar la operativa internacional de las empresas y de los particulares en cualquier país del mundo. Además, ha sido reconocido este año también como ‘Banco del Año en Factoring Doméstico’ y Banco del Año en Factoring Internacional en los RFIx Awards 2020, que reconocen a las empresas líderes en el sector de los ‘receivables finance’.

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Fundación Gmp y Plena Inclusión Madrid lanzan el proyecto ¨Alimentos por la Inclusión¨, que ayudará a combatir la falta de alimentos, medicamentos y productos de higiene y primera necesidad a 157 familias vulnerables de la Comunidad de Madrid con algún miembro con discapacidad intelectual en sus hogares.

A través de esta iniciativa, la Fundación Gmp proporcionará a 157 hogares afectados por la crisis de la Covid-19 una tarjeta monedero solidaria para la adquisición de alimentos, medicamentos y productos de higiene entre los meses de julio y diciembre de 2020.

De esta forma, los beneficiarios podrán comprar productos frescos y completar así las ayudas que otorgan los bancos de alimentos, vinculadas siempre a productos de carácter no perecedero.

El proyecto busca así garantizar una alimentación equilibrada a un colectivo en riesgo de exclusión social. La tarjeta tendrá uso exclusivo en tiendas de alimentación, supermercados y farmacias de Madrid.

Las familias beneficiarias han sido escogidas según parámetros económicos y sociales para determinar las situaciones de mayor urgencia, tales como nivel de ingresos, tipo de familia, número de personas que componen la unidad familiar, situación laboral e impacto de la enfermedad en los ingresos familiares.

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ERC se abstendrá este viernes ante las conclusiones de la comisión de reconstrucción referidas a la posición de España ante la UE y votará en contra de las de los otros tres grupos de trabajo, respecto a las que mantendrá vivas sus enmiendas para la votación del dictamen al no haber accedido a transacciones PSOE y Unidas Podemos.

Así lo avanzaron a Servimedia fuentes de la formación republicana en caso de que esta tarde no se produzcan acuerdos de última hora. Dichas fuentes precisaron que, aunque en algunas enmiendas han podido llegar a transacciones, en las que son «estrella» para ellos no han conseguido ninguna receptividad.

Así las cosas, ERC mantendrá vivas sus enmiendas en favor de un impuesto a las grandes fortunas de más de un millón de euros mediante un tipo impositivo del 3%», otro de transacciones financieras; e incrementar en 2 puntos la tarifa de las rentas del ahorro superiores a 100.000 euros y en 5 puntos las superiores a 150.000 euros, de manera que pasen a tributar del 23 al 28%.

En sus conclusiones, ERC también defiende que la mitad de los inspectores de Hacienda vigilen a las grandes fortunas y prohibir que empresas con matriz y filiales en paraísos fiscales puedan beneficiarse de ayudas o contratos públicos (algo que el Gobierno sí anunció que hará) que las Socimi tributen a un 15% y elevar un 0,06% como mínimo el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito.

Fuera de las propuestas fiscales, ERC propone reducir un 40% el presupuesto de Defensa en tres años; destinar el 0,7 de los Presupuestos al Tercer Sector y que el 100% del 0,7% de la declaración de la renta para fines sociales se transfiera a las comunidades autónomas, así como crear dos fondos de 800 millones contra la pobreza infantil y la pobreza estructural e instaurar la renta básica universal.

En otro orden de cosas, el grupo catalán pide reducir a 32 horas semanales la jornada laboral sin reducción salarial y adaptarla a los horarios escolares, y regular el teletrabajo garantizando que sea voluntario y que la empresa corra con los costes correspondientes. En materia de vivienda, ERC también recoge varias propuestas habituales para impedir los desahucios.

El grupo republicano propone, finalmente, derogar el artículo 135 de la Constitución y las reformas laborales del PSOE y el PP, obligar a las empresas a mantener el empleo hasta 12 meses después del estado de alarma, traspasar a la Generalitat las competencias sobre aeropuertos, puertos y ferrocarril en Cataluña y garantizar que las medidas en materia sanitaria respeten las competencias autonómicas.

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El 69% de los pacientes crónicos sufrió la cancelación de las consultas que tenía programadas antes de la crisis que provocó el Covid-19, según el “Estudio del impacto de la Covid-19 en las personas con enfermedad crónica”.

El informe, presentado este viernes, ha sido realizado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP). “Queríamos conocer el impacto del estado de alarma en las personas con una enfermedad previa”, señaló la presidenta de la POP, Carina Escobar.

Durante la presentación del informe, Escobar aseguró que “estos datos ponen de relevancia que el sistema no ha sido capaz de mantener la atención a las personas con una patología previa, con la consiguiente sobrecarga que esto va a generar en los próximos meses, y el impacto que tendrá en la salud de las personas por el retraso en los diagnósticos, los ajustes en la medicación, etc.”

María Gálvez, directora de la entidad, destacó que además de la cancelación de consultas, pruebas e intervenciones, “el 41,4% de las personas encuestadas sufrió la suspensión o aplazamiento de su rehabilitación, con las consiguientes consecuencias en su estado de salud”.

Por otro lado, la directora indicó que “el 80% de las personas que participaron en el estudio, se encontró con dificultades para poder conseguir la medicación durante el estado de alarma, por diferentes motivos”.

Los datos del estudio revelan que el impacto de la pandemia en la situación de los pacientes crónicos fue más allá de lo sanitario. “El 34,1% afirma que la situación le ha provocado un cambio negativo en su situación laboral, con el consecuente impacto económico”, añadió la directora de la POP.

“De los pacientes encuestados que siguieron activos laboralmente durante el estado de alarma, el 36,4% se vio obligado a seguir acudiendo a su puesto de trabajo pese a ser población de riesgo. Y tres de cada cuatro eran mujeres”, señaló Gálvez.

En esta crisis, los cuidadores de los pacientes también se encontraron desprotegidos: “Las cuidadoras informales que ya hacían una gran labor, no han tenido medios para protegerse, ni test y algunas convivían con la Covid-19”. Por ello, “debemos potenciar el apoyo al cuidador, cuidar a los que nos cuidan”, declaró la presidenta de la POP.

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La portavoz del Partido Popular en la comisión de reconstrucción, Ana Pastor, reclamó este viernes al Gobierno que “reflexione” porque hoy se está jugando “la mitad del partido” sobre las soluciones a aportar en materia de reconstrucción y “estamos todavía con muchos días por delante para llegar a acuerdos” hasta el Pleno del Congreso en el que se votará el dictamen de la comisión parlamentaria creada a tal efecto.

En declaraciones a los medios de comunicación, la vicepresidenta segunda del Congreso aseguró que el Grupo Popular sigue “tendiendo la mano” al Ejecutivo a pesar de no haber llegado con un acuerdo sobre muchas de sus enmiendas a las votaciones que tienen lugar hoy en el seno de la comisión de reconstrucción. Por tanto, los populares por el momento se abstendrán en los documentos sobre sanidad y Unión Europea.

“Nosotros seguimos trabajando. Esto es una votación que se hace en una comisión pero el momento definitivo es el día 22 en el Pleno del Congreso donde se va a votar (el dictamen de este foro sobre la reconstrucción) y todos ejerceremos nuestro voto con responsabilidad y pensando en España y en fortalecer el sistema sanitario”, expuso la portavoz de los populares.

Así las cosas, pidió “reflexión” a los partidos que componen el Gobierno para abrirse a aceptar enmiendas del PP que han quedado en el tintero por el momento. “Que todos reflexionemos”, reclamó en aras a propiciar un acuerdo en ámbitos como la sanidad y la postura a seguir ante la UE. “Hoy es la mitad del partido, pero estamos todavía con muchos días por delante para llegar a acuerdos”, valoró Pastor.

Por el momento, reprochó al Ejecutivo que “no quiera incluir” en los pactos una paga extraordinaria para los sanitarios, la creación de una oficina de atención a las víctimas o el impulso de una agencia de salud pública. Por este motivo el PP se abstendrá en este ámbito, al igual que en el de la UE, porque piensa que “todavía hay enmiendas suficientemente abiertas”.

Mayores son las diferencias del PP con el Gobierno en el plano económico y en el ámbito de políticas sociales y sistema de cuidados. Los populares se rebelan contra “el ataque a la libertad que tienen los padres” en materia educativa a la vez que se oponen frontalmente a la derogación de la reforma laboral y a posibles subidas impositivas.

Pastor incidió en que el PP quiere “que se reconozcan todas aquellas cosas que son buenas para España” y que su formación está poniendo sobre la mesa en las negociaciones. “Queremos salir de la crisis y lo vamos a conseguir, pero sólo si tomamos el camino bueno”, advirtió. “Creo que en 20 días podremos avanzar y podremos acercar posturas”, trasladó.

“Mano tendida y seguir trabajando”, resumió Pastor, para quien “merece la pena” continuar negociando con el Gobierno hasta la sesión plenaria que aborde las conclusiones de la comisión de reconstrucción. En este sentido, se preguntó “qué hemos hecho para hacer frente a un rebrote masivo de la pandemia” y si “estamos más preparados”.

Pastor se contestó que “no ha habido ni un solo cambio en materia legislativa”, aunque celebró que “por fin aparecerá un párrafo que diga que se comprometen a hacer un calendario de reformas legislativas” que a su juicio han de ponerse en marcha “inmediatamente”. Todo ello, dijo, sin perder de vista posibles rebrotes tras el periodo estival.

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Gilead anunció este viernes que la Comisión Europea ha otorgado una autorización condicional de comercialización para Veklury (Remdesivir) como tratamiento para la infección por SARS-CoV-2, el virus que causa Covid-19.

La autorización de comercialización condicional se ha otorgado en interés de la salud pública debido a la pandemia de Covid-19 y se ha basado en una revisión continua de los datos que respaldan al producto y que comenzaron a publicarse en abril de 2020, según informó la compañía.

Bajo esta autorización, Veklury está indicado para el tratamiento de Covid-19 en adultos y adolescentes (de 12 años de edad y mayores con un peso corporal de al menos 40 kilos) con neumonía que requieren oxígeno suplementario.

«Agradecemos la rápida revisión de Remdesivir por parte de la Agencia Europea del Medicamento, que reconoce la naturaleza sin precedentes de esta pandemia», manifestó Merdad Parsey, chief medical officer de Gilead Sciences:.

Dijo que «esta autorización de comercialización condicional es un importante paso adelante mientras seguimos trabajando juntos para responder a las necesidades de tratamiento de los pacientes en toda Europa.

Remdesivir ha sido estudiado en pacientes hospitalizados con Covid-19 con distintos grados de gravedad de la enfermedad. La autorización de comercialización condicional para Remdesivir está respaldada por el ensayo global Fase III llevado a cabo por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU (NIAID).

Una autorización condicional de comercialización en Europa es inicialmente válida por un año, pero puede extenderse o convertirse en una autorización de comercialización incondicional, después de la presentación y evaluación de datos confirmatorios adicionales.

ENSAYOS

Los ensayos clínicos en curso continúan evaluando la seguridad y la eficacia de Remdesivir, incluidos los estudios en combinación con medicamentos antiinflamatorios y en poblaciones especiales, que también incluyen pacientes pediátricos. Por otra parte, se están realizando investigaciones sobre nuevas formulaciones de Remdesivir que pueden permitir su administración en etapas más tempranas de la enfermedad.

Veklury (Remdesivir) es un análogo de nucleótido con actividad antiviral de amplio espectro tanto in vitro como in vivo en modelos animales contra múltiples patógenos virales emergentes. Múltiples ensayos clínicos internacionales de fase III actualmente en curso están evaluando la seguridad y eficacia de remdesivir para el tratamiento del SARS-CoV-2, el virus que causa Covid-19.

Gilead indicó que en reconocimiento de la actual emergencia de salud pública y en base a los datos clínicos disponibles, remdesivir ha sido aprobado como tratamiento para pacientes con Covid-19 grave en Japón, Taiwán, India, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea. Fuera de estas regiones, es un medicamento en investigación no aprobado.

PAPEL DE ESPAÑA

España ha tenido un papel destacado en el desarrollo clínico de remdesivir. Un total de 36 centros han participado en los ensayos clínicos y programas de acceso temprano de este fármaco que hoy recibe el visto bueno por parte de la Comisión Europea para su uso en pacientes de este continente.

En los estudios Simple en Fase III, liderados por Gilead, han participado 13 hospitales españoles; en el estudio del NIAID americano, 3 centros españoles; y en el estudio Solidarity, puesto en marcha por la Organización Mundial de la Salud, 24 hospitales españoles. Para todos ellos, Gilead ha donado la medicación.

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La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 28.000 entidades sociales, pidió este viernes al portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, y a la portavoz social, Sara Giménez, que sitúen «lo social» en el centro de la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así lo manifestó el presidente de la PTS, Luciano Poyato, durante la reunión que una representación de la plataforma mantuvo con el grupo parlamentario para analizar la situación de las ONG de ámbito estatal y el peligro que supone para su acción social la merma de ingresos a los que se enfrenta en un contexto de crisis social y económica, que requiere más que nunca de su presencia e intervención.

Durante el encuentro, Poyato, explicó la “fragilidad económica” que viven las entidades sociales debido, principalmente, al modelo de subvenciones actual y aseguró que esto se ha acentuado aún más por la pandemia del coronavirus, llegando en ocasiones a estar “al borde del colapso” ante tanta demanda social.

En este sentido, defendió la propuesta del Tercer Sector de crear un fondo de emergencia financiera y económica superior a los 500 millones de euros para poder proteger y acompañar socialmente a los más de seis millones de personas en situación de pobreza o exclusión que se atienden de manera anual y que debido al coronavirus han aumentado de manera exponencial.

Además, insistió en que las ONG necesitan fórmulas compensatorias de financiación, a corto y largo plazo, que dejen atrás el modelo de subvenciones actual, para paliar los graves desajustes que están padeciendo las entidades sociales y afrontar con garantía y solvencia el desafío social.

Los representantes de Ciudadanos coincidieron en que es necesario que el Tercer Sector disponga de esa financiación estable y duradera que le permita seguir trabajando con garantía y solvencia. Así, se comprometieron a impulsar la mesa de diálogo entre Tercer Sector y el partido para trabajar, con una interlocución fluida, y poder sacar adelante iniciativas sociales.

La reunión, en la que ha participado también el secretario general de la PTS, Rafael de Lorenzo; el vicepresidente de Agenda Social, Incidencia Política y Diálogo Civil, Luis Cayo Pérez Bueno, y la directora ejecutiva, María José Juanes, se enmarca dentro de la campaña #TercerSectorEsencial, una iniciativa que tiene como objetivo defender que las ONG de Acción Social son las que, con sus estructuras, redes e intervenciones, están contribuyendo a dar respuesta a las necesidades reales de los colectivos más vulnerables de la sociedad. La PTS ya se ha reunido con el líder del PP, Pablo Casado, y con el grupo parlamentario socialista.

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Junts per Catalunya acusó este viernes al PSOE y al PP de querer aprovechar la pandemia por coronavirus para recentralizar competencias de sanidad que ahora tienen las comunidades autónomas, motivo que señaló como uno de los que impiden el acuerdo con su grupo en la comisión de reconstrucción del Congreso de los Diputados.

En rueda de prensa, el portavoz de Junts, Ferran Bel, subrayó que su grupo ha sido “crítico” desde el primer momento con los trabajos de esa comisión, y su escepticismo se ha ido confirmando con el tiempo.

Denunció que la gestión de los tiempos ha sido “pésima”, ya que primero estuvieron “dos semanas y media sin hacer nada”, intentando pactar una metodología que finalmente fue “impuesta” por la mayoría parlamentaria, y después de las muchas horas de comparecencia, lo más positivo del proceso, en menos de una semana se han tenido que redactar los borradores y las enmiendas.

De las más de cien enmiendas presentadas por su grupo, explicó, algunas se han aceptado con o sin transacción, pero las más sustanciales han sido aparcadas. Por ello, avanzó que, previsiblemente, solo votarán a favor del documento de trabajo sobre la Unión Europea, porque en los demás no hay posibilidad siquiera de una “pequeña aproximación”.

Particularmente en materia sanitaria y social, denunció no sólo una “pulsión recentralizadora”, sino una “voluntad política de aprovechar la pandemia para retirar una parte, de forma sutil o no tan sutil, de competencias” que ahora ejercen las comunidades autónomas.

Además, denunció que los documentos de conclusiones son “muy genéricos”, a modo de declaración de intenciones, sin memoria económica y sin calendario, con lo cual “la credibilidad es escasa” en cuanto a la puesta en práctica de esos compromisos.

Aseguró, sin embargo, que Junts mantendrá vivas sus enmiendas y su disposición a negociar con el Gobierno y con los grupos parlamentarios que lo sustentan “hasta el último momento”.

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El PP finalmente se abstendrá este viernes respecto a las conclusiones del grupo de la Unión Europea de la comisión de reconstrucción del Congreso, sobre las que los populares lograron este miércoles un preacuerdo que se esperaba pudiera conducir a un voto afirmativo de este partido, algo que finalmente no ha sucedido.

El diputado popular Mario Garcés explicó esta mañana que el “principio de acuerdo” alcanzado este miércoles por su formación con PSOE y Ciudadanos se ha quedado en eso, aunque indicó que hay “margen de mejora” hasta que el dictamen final de la comisión se vote a finales de julio en el Pleno de la Cámara Baja.

Garcés se refirió a este asunto en la sesión que esta mañana celebró la comisión de reconstrucción, que reanudará sus trabajos a las 15.00 de esta tarde para votar definitivamente las conclusiones de los grupos de la UE, sanidad, servicios sociales y economía.

Al justificar la abstención este viernes del PP en el grupo de trabajo de la UE, Garcés señaló que podrían votar a favor en el Pleno del Congreso si el PSOE accede a modificar cuestiones como la contención de la deuda pública y eliminar la mención a Gibraltar que se hace en el documento objeto de negociación, que es el elaborado por los socialistas y Unidas Podemos. El diputado popular opinó que la formación socialista no cede a estos cambios porque es “rehén” de partidos de izquierdas e independentistas.

“PUERTA ABIERTA”

A este respecto, el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, señaló que los partidos del Gobierno habían incorporado al texto de conclusiones del grupo de la UE el 50% de las enmiendas de otras formaciones políticas. Añadió que el documento que se votará este viernes podía perfectamente ser apoyado por el PP, al que dejó la “puerta abierta” para seguir negociando hasta que el dictamen de la comisión de reconstrucción se vote en el Pleno del Congreso.

Gómez aludía así al hecho de que el grupo de la UE aprobase internamente este miércoles el documento de conclusiones con 165 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos), 114 abstenciones (PP, ERC, Junts per Catalunya y EH Bildu) y sólo seis votos en contra, del PNV.

A su vez, Marta Martín, de Ciudadanos, se refirió a que en el grupo de la UE se había realizado un trabajo “ejemplar” que permitirá a España llevar a la UE una posición “más fuerte” porque será conjunta. Esta diputada se pronunció de esta forma después de que su partido alcanzara este miércoles con PSOE y PP un acuerdo para introducir en el texto final enmiendas conjuntas.

Otros partidos también destacaron el espíritu de consenso que ha predominado en el grupo de trabajo de la UE. Así, Ana Oramas, de Coalición Canaria, dijo que su partido sólo votaría a favor del documento de conclusiones sobre la UE debido a la disposición al diálogo de los socialistas. También anunciaron votos favorables Ferran Bel, de Junts per Catalunya, e Inés Sabanés, de Más País.

Por su parte, Lucía Muñoz, de Podemos, se refirió a que su partido “no está cómodo” al incorporar “a las derechas” de PP y Ciudadanos al consenso del grupo de trabajo de la UE, aunque afirmó que España necesita llevar a la UE una posición de negociación “fuerte”. Asimismo, defendió que esta fortaleza del Gobierno en las instituciones comunitarias permitirá negociar unos Presupuestos del Estado con las fuerzas políticas que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, usó este viernes la “unidad” que refleja el acuerdo cerrado con el diálogo social -patronal y sindicatos- como un “mensaje de confianza” en España para la Unión Europea y el mundo en general.

Desde los jardines del Complejo de la Moncloa, que sirvió de marco para escenificar el pacto por la reactivación económica y el empleo, Sánchez señaló que la recuperación económica es el “principal cometido” que se tiene por delante mientras “mantenemos a raya al virus”.

Sánchez ensalzó que la capacidad de “alcanzar acuerdos sólidos con regularidad” con las principales fuerzas sindicales y empresariales es un “excelente indicador de la salud democrática de un país y un mensaje de confianza” que se envía a los socios europeos y también al mundo.

De esta manera, destacó también que el acto en el que se dio cita la mitad del Gobierno además de los representantes empresariales y sindicales, es “un paso y es a la vez una guía” del camino que consideró que se debe seguir para “avanzar más rápido” en la recuperación. “La unidad no sólo ha salvado vidas, sino que puede salvar empleos, la unidad salva empresas”, reiteró Sánchez.

El jefe del Ejecutivo avanzó además la recuperación de las distintas mesas de trabajo del marco del diálogo social que quedaron aparcadas para centrar todo el contacto con empresarios y sindicatos en las consecuencias de la pandemia.

Además, ensalzó que España es un país “extraordinario” en el que toca ahora estar “todos a la altura” y “las señales de estos días indican claramente que, si actuamos con unidad, como hoy estamos haciendo, podemos hacer que la recuperación sea más pronta y más vigorosa”.

“Este es el camino, la unión sincera. Cuando España acuerda, España avanza, gana en confianza y en futuro. Protejamos empleos y empresas, y avancemos unidos a ese futuro de recuperación económica y de transformación”, remachó.

En este contexto, defendió la “convicción de que la Unión Europea, nuestro proyecto común, tiene que confirmar definitivamente su papel como el clavo del abanico de los planes de inversión y reforma que tenemos que poner por delante. «Unidos crearemos un proyecto común, transversal, basado en el acuerdo y en la negociación, para el relanzamiento de nuestra economía”, manifestó.

EMPLEO

“Aspiramos a una situación mejor que la que antes teníamos” porque “nos dirigimos a una nueva economía verde, digital e inclusiva”, sostuvo el presidente ante los agentes sociales.

En mensajes a la “confianza” de España, el presidente sumó que en las “últimas semanas” cerca de 1,5 millones de trabajadores han salido de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y la afiliación ha aumentado en 270.000 personas desde los mínimos de abril. “También los índices de consumo ofrecen cifras alentadoras dentro de la aguda problemática que afrontamos”.

Con esos datos, y tras la “caída” de este año, el presidente defendió que “vendrá la recuperación económica y en lo que queda de legislatura seremos capaces de crear, con las aportaciones del sector público y del sector privado, muchos empleos nuevos”. En sectores nuevos que van a florecer como consecuencia de la gran transformación que remos por delante” y que estará marcada por una economía “verde, digital e inclusiva” como repitió en varios momentos.

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La cuenta oficial del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en la red social Twitter (@Cermi_Estatal) ha sobrepasado los 30.000 seguidores, quienes a través de este canal digital reciben información sobre la actualidad e interactúan con la plataforma representativa de la discapacidad organizada en España.

El Cermi Estatal accedió a las redes sociales a finales de 2012 y, además de en Twitter, está presente en Facebook, Instagram y Linkedin, una vez que aseguró una arquitectura especial que permite su uso por cualquier persona con discapacidad sin restricciones por ausencia de accesibilidad.

Desde sus distintas cuentas y posiciones en las redes sociales de uso más generalizado y extendido, el Cermi Estatal difunde sus propuestas y su acción de representación y defensa en favor de la agenda política de la discapacidad.

La entidad recuerda que “las redes sociales, como tantos otros entornos y soportes, siguen presentando barreras y limitaciones para las personas con discapacidad, al no estar concebidas y proyectadas con arreglo a parámetros de diseño universal”.

En este sentido, el Cermi exige a las empresas titulares de redes sociales en línea que estas han de reunir irrenunciablemente condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad.

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