El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha criticado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez "está pasando como una apisonadora por los derechos del resto de los españoles que no son votantes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), de Bildu, o del PNV".

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en Sevilla, en un acto con la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía (Horeca), Marín se ha pronunciado así al hilo de los acuerdos alcanzados por el Gobierno con fuerzas como las citadas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, y también sobre la propuesta de armonización fiscal planteada en el marco del acuerdo con ERC.

Marín ha insistido en señalar que apoya la idea de la armonización fiscal "si fuera acompañada de una reforma de la financiación autonómica también, porque, si no, lo que está creando es mucha más desigualdad entre las 17 comunidades autónomas de ese país".

"Si al final todos pagamos lo mismo, pero todos no ingresamos lo mismo, en este caso Andalucía se vería seriamente perjudicada", ha argumentado Marín en esa línea antes de insistir en que "no existe una armonización fiscal real si no hay un sistema de financiación que también sea igual para todos los españoles".

Por eso, ha invitado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a que "ponga encima de la mesa una reforma" de la ley de financiación autonómica "donde los andaluces recibamos exactamente lo mismo que reciben los demás para cubrir todos nuestros servicios básicos fundamentales", así como, "también, para poder converger en algún momento en materia económica con el resto del país".

"Porque si yo voy a pagar de IVA, o de cualquier otro impuesto, lo mismo que un vasco, y un vasco recibe 2.600 euros, y un andaluz, 1.300, la discriminación va a ser bárbara", según ha expresado el vicepresidente de la Junta, que ha indicado que él está "encantadísimo de que cada español reciba la misma aportación para la educación de sus hijos, para la atención sanitaria, para la dependencia, para las inversiones", pero ha advertido de que, "si no es así, al final lo que se está creando es mucha más desigualdad".

Marín ha criticado además que cree que por parte del Gobierno, en este contexto de armonización fiscal, "se está invadiendo las competencias de las comunidades autónomas", ya que "una parte del IRPF, del IVA y de otros impuestos están cedidos a las comunidades autónomas".

Tras agregar que el Ejecutivo "al menos debería haber hablado" de esto "con los presidente de las comunidades autónomas", Marín ha lamentado que, "una vez más, el Gobierno del señor Sánchez sucumbe al chantaje del señor Rufián" (ERC), y eso lo que "creará serán muchas más desigualdades, y Andalucía saldrá perjudicada", algo que "no vamos a permitir que suceda" desde la Junta, según ha advertido el vicepresidente.

Marín ha aludido también a la distribución de la última parte de los fondos Covid conocida este miércoles, y ha llamado la atención acerca de que "Andalucía va a recibir unos 300 euros aproximadamente por habitante", mientras que "Cataluña, Madrid y otras comunidades van a superar los 600".

"Yo creo que con este ejemplo está más que claro la situación que se está provocando", ha indicado el vicepresidente antes de concluir que "el Gobierno de España está actuando en función del interés de seguir ocupando el sillón de la Moncloa" exclusivamente, "y se acabó", ha zanjado.

La compañía española Pullmantur Cruceros ha alcanzado un acuerdo de cooperación con su accionista Royal Caribbean Group en aras de garantizar su viabilidad, obteniendo los fondos necesarios para elaborar un plan de continuidad, según ha informado este jueves la naviera.

Pullmantur Cruceros ha obtenido así los fondos necesarios tanto para que se pueda proceder a la elaboración de dicho plan de viabilidad, como para llevar a cabo el proceso de reorganización necesario para adecuar la compañía a la nueva realidad y a la materialización del 'Future Cruise Credit', el programa para la devolución de las reservas de los viajes cancelados.

Cabe recordar que Pullmantur Cruceros suspendió sus operaciones de cruceros el 13 de marzo de 2020 y desde entonces no ha vuelto a operar ante la imposibilidad de hacerlo en el escenario presentado. En junio de 2020, sus accionistas anunciaron su decisión de acometer un proceso de reorganización de la compañía, apoyándose en las medidas previstas por la regulación concursal española.

"Creemos en las posibilidades de una naviera de la talla de Pullmantur y estamos trabajando intensamente en el plan de negocio con el ánimo de apostar por la viabilidad de la compañía", han señalado desde administración concursal, Data Concursal, que lidera Francisco Vera como administrador único.

Además, ambas entidades se comprometen a buscar, valorar y negociar las diferentes alternativas disponibles que se adapten a las necesidades de los clientes y producto de la compañía y que encajen dentro del nuevo plan de negocio.

De este modo, se va a seguir en la línea del compromiso adquirido para la obtención de dos embarcaciones de clase Millenium a disposición de Pullmantur en los términos que se deriven del plan de negocio, con la idea de mejorar la oferta, apostar por un diseño más moderno y con un mayor número de cabinas con balcón.

PROGRAMA DIRIGIDO A PASAJEROS CON RESERVAS CANCELADAS

El acuerdo de cooperación supone también "un acicate" para la ejecución y desembolso antes de las Navidades de 2020 del 'Future Cruise Credit', el programa lanzado en julio de 2020 y dirigido a los pasajeros con reservas canceladas.

Así, y en términos generales, Royal Caribbean Group va a entregar a los clientes de Pullmantur Cruceros un nuevo bono (Future Cruise Credit-FCC) del 125% calculado sobre la cantidad abonada por su tarifa de cabina, y sobre el 100% del resto de cantidades abonadas a Pullmantur Cruceros, de conformidad con sus condiciones. Este será aplicable en cruceros de Royal Caribbean International o Celebrity Cruises.

Igualmente, si los clientes prefieren el reembolso de las cantidades ya abonadas a Pullmantur, también tienen la opción de que Royal Caribbean Cruises Group lleve a cabo la devolución del dinero.

El líder del PP, Pablo Casado, ha recomendado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que visite un centro de educación especial para comprobar "con sus propios ojos" que la reforma educativa del Gobierno, conocida como 'Ley Celaá', es "injusta" y "sectaria". Además, ha confirmado que su partido recurrirá esta norma al Tribunal Constitucional y la llevará a las instituciones europeas.

Así se ha pronunciado Casado durante su visita al colegio concertado de educación especial de la Fundación Bobath, que atiende a casi cien alumnos con parálisis cerebral. "Es emocionante cómo les tratan, con qué cariño, cómo están avanzando y cómo se vuelcan los terapeutas, los profesionales y toda la comunidad educativa y familiar, que tiene aquí su segunda casa", ha asegurado en una declaración grababa que el PP ha distribuido a los medios de comunicación.

Casado ha destacado el compromiso del PP para que estos centros de educación especial sigan teniendo apoyos de la financiación pública y las familias puedan "elegir" este tipo de colegios, ya que, según ha dicho, hay niños con "discapacidad" que no pueden ir "a un centro ordinario" sino que necesitan atención y refuerzo educativo, y "muchas veces también sanitario".

SE COMPROMETE A DEROGAR LA LEY SI LLEGA A MONCLOA

En este punto, ha aprovechado para aconsejar a Pedro Sánchez que visite uno de estos colegios. "Le pediría que viniera a un centro de estos y lo viera con sus propios ojos. Se daría cuenta que la Ley Celaá no es justa", ha manifestado, para añadir que estos niños necesitan el apoyo de la sociedad para salir adelante, "ser autónomos" y "ser felices.

Tras poner en valor la labor "magnífica" que realizan estos centros de educación especial, el jefe de la oposición ha defendido la libertad de elección de las familias del modelo educativo de sus hijos, tanto con la concertada como con la especial.

El presidente del PP ha señalado que el Grupo Popular "intentará parar" la Ley Celaá en el Senado, pero ha augurado que como no lo conseguirán, el PP la recurrirá al Tribunal Constitucional porque la Carta Magna "consagra esa libertad de elección educativa". Además ha dicho que acudirá a la Unión Europea con esta norma porque las instituciones europeas "consagran como derecho fundamental esa elección, sobre todo con los más necesitados".

LAS CCAA DEL PP ACTUARÁN PARA FRENAR LOS "ESTRAGOS" DE LA LEY

Además, ha asegurado de nuevo que cuando llegue al Gobierno su partido derogará esta "injusta y sectaria ley educativa". "Hasta entonces las comunidades autónomas donde gobierna el PP van a hacer todo lo posible para que los estragos de esta Ley no afecten a las familias", ha manifestado el presidente de los 'populares'.

El propio Casado ya confirmó hace unos días en la Cadena Cope que las cinco comunidades autónomas en las que gobierna el PP legislarán vía decreto para evitar que la reforma educativa "socave la libertad de las familias" y para "poner a salvo la libertad educativa". Según ha subrayado, cuando hay en La Moncloa un Ejecutivo que es "malo para los intereses de las familias españolas", "el Estado Autonómico es para estas situaciones".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el coste de la aplicación de la vacuna COVID-19 en el continente africano a las poblaciones prioritarias será de unos 5.700 millones de dólares (4.790 millones de euros). Esta cifra se basa en las estimaciones sobre el precio medio de las vacunas, que es de 10,55 dólares por dosis (8,86 euros), y que la vacuna se necesitará un régimen de dos dosis.

Esta cifra no incluye un coste adicional del 15 al 20 por ciento por los materiales de inyección y la entrega de las vacunas, que requieren trabajadores sanitarios capacitados, la cadena de suministro y la logística y la movilización de la comunidad. En base a este contexto, la OMS ha advertido de que África está "lejos de estar preparada" para lo que será la mayor campaña de inmunización de la historia del continente.

La OMS, junto con la Alianza para la Vacunación Gavi, la Coalición para la Innovación en la Preparación ante Epidemias y otros socios, está trabajando para garantizar el acceso equitativo a las vacunas en África a través de COVAX, el pilar de vacunas del Acelerador de Herramientas COVID-19 de la OMS. Cuando las vacunas sean autorizadas y aprobadas, COVAX trabajará para asegurar dosis suficientes para proporcionar protección a un 20 por ciento inicial de la población africana.

Los 47 países de la Región de África de la OMS han recibido una hoja de ruta para que los países planifiquen la introducción de la vacuna a través de diez esferas clave: planificación y coordinación, recursos y financiación, reglamentación de las vacunas, prestación de servicios, capacitación y supervisión, seguimiento y evaluación, logística de las vacunas, seguridad y vigilancia de las vacunas y comunicaciones y participación de la comunidad.

Cuarenta países han actualizado esta herramienta y han proporcionado datos a la OMS. Un análisis concluye que, sobre la base de los autoinformes de los países, la región de África tiene una puntuación media del 33 por ciento de preparación para el despliegue de la vacuna COVID-19, que está muy por debajo del punto de referencia deseado del 80 por ciento.

"La mayor campaña de inmunización de la historia de África está a la vuelta de la esquina, y los gobiernos africanos deben aumentar urgentemente la preparación. La planificación y la preparación serán la clave de este esfuerzo sin precedentes, y necesitamos un liderazgo activo y el compromiso de los más altos niveles de gobierno con planes y sistemas de coordinación nacional sólidos y amplios", ha comentado el director regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti, durante una conferencia de prensa virtual facilitada por el Grupo APO.

El análisis de la OMS de los datos sobre la preparación de los países revela que solo el 49 por ciento ha identificado las poblaciones prioritarias para la vacunación y cuenta con planes para llegar a ellas, y el 44 por ciento tiene estructuras de coordinación en funcionamiento. Solo el 24 por ciento tiene planes adecuados de recursos y financiación, el 17 por ciento tiene listos los instrumentos de reunión de datos y vigilancia y solo el 12 por ciento tiene planes para comunicarse con las comunidades a fin de fomentar la confianza e impulsar la demanda de inmunización.

"El desarrollo de una vacuna segura y eficaz es solo el primer paso para un despliegue exitoso. Si las comunidades no están a bordo y convencidas de que una vacuna protegerá su salud, avanzaremos poco. Es fundamental que los países se acerquen a las comunidades y escuchen sus preocupaciones y les den voz en el proceso", ha apostillado Moeti.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha pedido este jueves que la nueva estratégica farmacéutica de la Unión Europea ponga a los pacientes "en el centro" de todas las decisiones en este ámbito.

Durante un debate en el pleno del parlamento Europeo sobre este asunto, Montserrat ha puesto como ejemplo que no se puede permitir que un paciente europeo de cáncer tenga una diferencia de entre el 7 por ciento y el 90 por ciento de posibilidades de acceder a los medicamentos aprobados, o de esperar entre 3 meses y 3 años para que un fármaco se comercialice después de haber sido aprobado.

"Nuestros hijos son lo primero y que por ello se debe corregir la gran brecha que sigue existiendo en la investigación y el desarrollo de medicamentos pediátricos", ha dicho, para pedir que se dé respuesta a "la gran desesperación" que viven los pacientes de enfermedades raras y sus familiares, ya que hoy hay más de 7.000 enfermedades raras, el 95 por ciento de ellas sin tratamiento.

De manera general, Montserrat ha asegurado que con su estrategia farmacéutica la UE debe lograr que se pueda afrontar cualquier pandemia o amenaza sanitaria; solucionar las necesidades médicas no atendidas; fortalecer la competitividad de la industria europea, y que Europa sea líder mundial en investigación y en el cuidado de la salud.

La portavoz popular también ha destacado que esta nueva estrategia farmacéutica también debe servir para fortalecer la competitividad de la industria farmacéutica, en concreto fomentando un sistema normativo estable y sólido, y mejorando la contratación pública.

También debe servir para agilizar los procedimientos de aprobación sin renunciar a la seguridad y la evidencia, y debe hacer realidad la transformación tecnológica y digital utilizando toda la superinformática y la inteligencia artificial para mejorar en detección precoz y en los tratamientos, impulsando además la producción farmacéutica en Europa y nuestra autonomía industrial para no depender de terceros países", ha apostillado.

Para conseguir afrontar todos estos retos, ha explicado, el sector público y el sector privado deben trabajar "juntos". "Solo así conseguiremos el equilibrio entre la innovación, su accesibilidad y la sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud; y solo así protegeremos uno de los grandes derechos fundamentales: la salud de todos", ha zanjado Montserrat.

El brote registrado en la residencia Vila do Conde de Gondomar, que este jueves suma 67 contagios entre sus mayores, eleva la cifra total de usuarios de estos centros afectados por covid-19 en la comunidad hasta los 457.

En concreto, según el parte de Política Social, este miércoles se detectaron otros 67 casos de covid-19 entre los usuarios de Vila do Conde, así como un contagio más en el CRAPD I de Vigo. También se añade al cómputo un usuario de la DomusVi Monforte que había sido retirado por un error de comunicación del centro.

Asimismo, se retiran por negativizar siete usuarios de la residencia San Cibrao de Cervo, uno de la residencia de mayores de Monforte, un usuario de la Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia y ocho mayores de la residencia de Salvaterra de Miño.

Con ello, el centro de mayores con más usuarios afectados en Galicia sigue siendo el Asilo Vilalba, con 117 casos activos, seguido de la residencia DoralResidencias de Mos, con 100. En tercer lugar se sitúa ya la Vila do Conde de Gondomar, con 89 afectados.

A continuación, en la Residencia Pontevedra de Vilaboa permanecen activos 29 casos, 22 en la San Antonio de Beariz y 21 en la DomusVi Ribadumia.

Con cifras muy inferiores están la residencia San Cibrao de Cervo, con 14 afectados, la Ballesol de Vigo, con 11, el CRAPD Vigo II, con 10, la residencia San Salvador de Guntín, con nueve contagios, y la vivienda comunitaria Remanso de Paz de A Fonsagrada, con ocho. Tanto en el apartamento tutelado San Antonio de Beariz como en la residencia Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume continúan cinco casos activos.

Con dos casos figuran la residencia Nosa Señora dos Milagres de Barbadás, Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia, Divina Pastora de Vilagarcía de Arousa y CRAPD Vigo I; mientras que hay un usuario afectado en la residencia de Caranza-Ferrol, O Casón de Moeche, residencia San José de Narón, As Fragas de Pontedeume, DomusVi Monforte, Hermanos Prieto de O Carballiño, Os Gozos de Pereiro de Aguiar, Nosa Señora Valvanera de Cambados, y vivienda comunitaria La Palmera 4.

203 TRABAJADORES

En cuanto a los trabajadores de centros de mayores afectados, este jueves figuran en el parte 203. En la última jornada se han detectado los contagios de cinco trabajadores de la residencia San Salvador de Guntín y de 15 de la Vila do Conde de Gondomar.

Asimismo, han sido dados de alta cuatro trabajadores de la residencia San Cibrao de Cervo, uno de la residencia de Monforte, otro de la Divina Pastora de Vilagarcía, dos de la residencia Monte Tecla de A Guarda y tres de la residencia de Salvaterra do Miño.

Con ello, los centros con más empleados afectados son la residencia Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, con 19, la misma cantidad que el Asilo de Vilalba, la residencia Nosa Señora dos Milagres de Barbadás, con 18, y la DomusVi Ribadumia, con 17.

CENTROS DE DISCAPACIDAD

Finalmente, los centros de discapacidad gallegos mantienen activos 30 contagios entre sus usuarios y 11 entre sus trabajadores. En la última jornada se ha detectado un nuevo caso en los usuarios de la residencia de discapacidad de Bergondo y otro entre los trabajadores de la DomusVi Bóveda.

Con ello, de los 30 usuarios afectados, 18 están en la San Vicente Paúl de Lugo y 10 en la residencia de discapacidad que DoralResidencias tiene en Mos. Hay un usuario afectado tanto en el centro del Imserso en Bergondo como en la DomusVi Bóveda. En cuanto a los trabajadores, hay seis casos activos en DoralResidencias de Mos y uno en cada una de las siguientes: Souto de Leixa de Ferrol, DomusVi Bóveda, San Vicente Paúl de Lugo, Santa María de Ourense y residencia de Chapela.

La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar desde el próximo día 30 de noviembre con jurado popular al acusado de atropellar a un repartidor de pizzas en Tomelloso y huir del lugar. Se da la circunstancia que el arrollado se ha quedado parapléjico como consecuencia del suceso.

Unos hechos que son para la Fiscalía constitutivos de un delito de conducción temeraria con lesiones imprudentes y otro de omisión del deber de socorro por los que solicita penas que suman cinco años y medio de prisión.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, sitúa los hechos sobre las 22.30 horas del 27 de febrero de 2019, cuando el acusado A.G. conducía el vehículo por la calle San Roque de la localidad de Tomelloso a gran velocidad.

Por ello y, al observar que en el cruce de tal vía con la calle General Espartero se encontraba un vehículo realizando debidamente la señal de ceda el paso, el acusado, con "una absoluta infracción de las normas más básicas de cuidado que debe cumplir cualquier conductor", no respetó su turno de espera, sino que le adelantó por la izquierda, subiéndose a la acera para evitar colisionar con él.

De esta forma entró en el cruce con excesiva velocidad, arrollando a J.M.P.A., que en ese momento circulaba de manera correcta por la calle General Espartero en un ciclomotor en el que desempeñaba su trabajo de repartidor de pizzas.

El escrito detalla que debido al fuerte impacto, J.M.P.A., tras pasar varios segundos sobre el capó del vehículo que conducía el acusado, salió despedido más de 30 metros, colisionando con otro coche que estaba estacionado.

OMISIÓN DE SOCORRO

Acto seguido, tanto el acusado como los cuatro acompañantes bajaron del vehículo para apartar el ciclomotor que les entorpecía el paso y, a continuación, empujaron entre todos el coche para conseguir que arrancase, huyendo del lugar montados en el vehículo que iba conducido por el acusado y sin prestar la más mínima asistencia a J.M.P.A., ni cerciorándose del estado en que se encontraba la víctima, quien estaba gravemente herida e inconsciente en el suelo.

Como consecuencia de los hechos narrados, el escrito precisa las múltiples lesiones padecidas por el motorista que ha le han provocado una paraplejia y ha sufrido una pérdida de calidad de vida grave, necesitando ayuda para el baño y uso del aseo, para vestirse, para trasladarse y para deambular, siendo preciso para ello el uso de silla de ruedas o bitutores. Igualmente sufre incontinencia ocasional. Todo ello supone una afectación de aproximadamente el 55% de sus actividades cotidianas.

Debido a su nueva situación física, el escrito explica que la víctima tiene que adecuar su vivienda y su vehículo así como que precisa de 4 horas y 30 minutos diarios de ayuda de tercera persona.

Además le ha declarado una gran invalidez, correspondiéndole por tanto la situación de incapacidad laboral absoluta. Con motivo de los hechos, se acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado el 1 de marzo de 2019. Además de la pena de prisión, la Fiscalía ha solicitado una indemnización que asciende a 378.114,07 euros.

La Consejería de Salud del Gobierno asturiano ha informado de 23 nuevos fallecimientos por COVID-19 registrados en la jornada de este miércoles 25 de noviembre.

Los decesos corresponden a once mujeres de 71, 72, 82, 87, 90, 91, 91, 93, 94, 96 y 98 años, y a doce hombres de 49, 60, 60, 72, 80, 82, 85, 85, 87, 90, 91 y 95. Trece de estas personas tenían domicilio en un centro residencial de mayores.

Los fallecimientos fueron regitrados en una jornada en la que Salud informó de 25 diagnosticados, a lo largo de un día, el de este miércoles, en el que se produjeron 74 hospitalizaciones de personas con coronavirus: 66 en planta y 8 en UCI.

No obstante, en la misma jornada, se registraron un total de 126 altas hospitalarias, según los últimos datos distribuidos por la Consejería.

Actualmente en Asturias hay 753 pacientes ingresados con confirmación o sospecha de COVID-19 y otras 144 personas afectadas permanecen en unidades de cuidados intensivos.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) realizó el miércoles 5.677 pruebas de diagnóstico de infección activa y la tasa de positividad se situó en el 5,95%, según el criterio establecido por el Ministerio de Sanidad, que realiza el cálculo en función del número de pruebas positivas procesadas, en vez de por casos confirmados.

Además, la Consejería de Salud ha notificado al Ministerio de Sanidad 12 nuevos brotes de coronavirus detectados en la última semana, con lo que los focos activos se elevan a 66 y suman en total 1.175 casos.

La Dirección General de Salud Pública de Asturias advierte de que Asturias continúa en riesgo muy alto por la transmisión comunitaria del virus, lo que se traduce en un aumento de las hospitalizaciones, de los ingresos en las unidades de cuidados intensivos y de los decesos.

Además advierte de que en otras autonomías la evolución de la pandemia tiende a estabilizarse, pero con nuevos repuntes, por lo que apela a la ciudadanía para que sea rigurosa en el cumplimiento de las medidas como el autoconfinamiento.

Aragón acumula 73.124 casos confirmados de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, 326 de ellos notificados en la última jornada, correspondiente a este miércoles, 25 de noviembre. Además, en la última semana se han producido 126 fallecimientos por coronavirus, elevándose el total por esta causa a 2.286 en la comunidad autónoma.

El Gobierno de Aragón ha detallado en una nota de prensa que del total de contagios detectados en Aragón, 53.012 se han declarado en Zaragoza, 12.431 en Huesca y 6.824 en Teruel, mientras que 857 no están asignados a ninguna provincia aragonesa.

Respecto a los decesos, 1.675 corresponden Zaragoza, 325 a Huesca y 272 a Teruel, a los que hay que sumar otros 14 que no son de personas residentes en una provincia aragonesa. Por lo que se refiere a los pacientes recuperados, se elevan a 60.163: 44.065 en Zaragoza, 9.966 en Huesca y 5.426 en Teruel, además de 706 sin provincia asignada.

En cuanto a los trabajadores sanitarios, desde el comienzo de la pandemia ha habido 3.7119 empleados con resultado positivo en alguna de las pruebas realizadas --PCR, tests rápidos, ELISA--. En estos momentos, 778 profesionales se encuentra de baja por la COVID-19. En total, se han realizado 77.621 pruebas a los trabajadores.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA

El Departamento de Sanidad ha indicado que, según los datos de la jornada de este miércoles, hay 623 camas ocupadas por casos con la COVID-19, 98 de ellas en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), un 40 por ciento menos que cuando se produjo el último pico en hospitalización, a principios de este mes, cuando hubo 1.032 pacientes ingresados por esta causa, 106 de ellos en UCI.

El Gobierno de Aragón ha precisado que en el pico de la primera oleada, a primeros de abril, llegó a haber 1.112 pacientes ingresados.

También ha apuntado que la tendencia descendente en hospitalización "es mucho más lenta" en las UCIS, fundamentalmente por la estancia media de los pacientes con la COVID-19 en cuidados intensivos, que es de 19,61 días.

Respecto a la frecuentación, en los centros de salud, el volumen de casos sospechosos de la COVID-19 que se ven diariamente ha consolidado la tendencia a la baja y en las urgencias hospitalarias los casos sospechosos se han estabilizado.

La media de los últimos siete días de pacientes sospechosos de la COVID-19 atendidos en Atención Primaria es de 196, frente a los 279 la semana pasada y los 622 de finales de octubre, cuando se produjo el pico en este nivel asistencial, y, en urgencias hospitalarias de 33, cifra que también sigue en descenso y que registró su pico también a finales de octubre, con medias de 90 pacientes.

INCIDENCIA

El Departamento de Sanidad ha explicado que Aragón ha logrado reducir un 70 por ciento la incidencia de la COVID-19 desde que se produjo el pico de la tercera ola, a finales del mes de octubre, ya que se ha pasado de una incidencia acumulada de 601,81 casos por 100.000 habitantes en siete días a 179,41.

Las tres capitales de provincia han seguido una evolución positiva similar. En Zaragoza, se ha pasado de un pico de 539 casos por 100.000 habitantes a 168 actuales; en Huesca, de 831 a 250; y en Teruel de 1.128 a los 362.

Además, el porcentaje de positividad, que alcanzó un pico a finales de octubre del 23 por ciento, se encuentra en una media del 10. En cuanto al seguimiento de los contactos, se ha pasado de un control a 24.297 personas a comienzos de este mes a 7.589 en la actualidad de forma que se ha reducido casi el 70 por ciento.

SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS

Las residencias de personas mayores en Aragón cuenta en estos momentos con 73 brotes abiertos, que afectan a 1.502 residentes y 490 trabajadores, todos ellos positivos en coronavirus. En siete de estos centros, solo hay contagiados residentes, en 22 solo trabajadores y en 44 tanto residentes, como trabajadores. El 46,6 por ciento de los casos se concentran en diez centros.

Actualmente, hay 78 personas de centros residenciales que están ingresadas en hospitales de la comunidad autónoma. Por su parte, los centros Covid atienden a 75 personas, teniendo en cuenta que en el del barrio rural zaragozano de Casetas hay residentes positivos por coronavirus, pero en los de Gea de Albarracín (Teruel) y Yéqueda (Huesca) se atiende a personas que viven en residencias y que han dado negativo.

Desde que comenzó el segundo periodo de brotes en Aragón, en julio, han fallecido 460 personas en las residencias de mayores de la comunidad autónoma por esta causa.

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves en su informe sobre derechos fundamentales en la UE que se permita a niños con discapacidad estudiar en su lengua materna en entornos bilingües, como una medida de protección particular para estos alumnos.

Esta mención se hace gracias a una enmienda presentada por la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundua, en la que se reclama a los estados miembros que velen por que los niños estén protegidos contra todo tipo de discriminación en el ámbito de la educación.

En particular el texto de Ciudadanos pide que los niños cuya discapacidad implique problemas de desarrollo del lenguaje, como los trastornos del espectro autista, reciban una protección particular cuando su educación se produzca en entornos multilingües, para que puedan estudiar, si sus familias lo desean, en su lengua materna.

En el mismo informe, a instancias de la diputada de ERC, Diana Riba, también se hace referencia a que los Veintisiete impongan una prohibición eficaz de los grupos neofascistas y neonazis y de cualquier otra fundación o asociación que exalte y haga apología del nazismo y el fascismo.

ENMIENDA SOBRE AUTODETERMINACIÓN

Otra enmienda de ERC que defendía la autodeterminación de los pueblos de la Unión, que contó con el apoyo de Podemos, Bildu y PNV, ha sido rechazada con amplio margen, algo que ha destacado el eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos.

"El Parlamento Europeo se ha pronunciado en línea con la Constitución española y ha recordado que la autodeterminación no tiene cabida en el ordenamiento jurídico europeo", ha señalado, al tiempo que mostrado su preocupación por que los socios del PSOE en el Gobierno se hayan expresado a favor.

Por su parte, el PP ha conseguido que el informe rechace los homenajes a etarras con una mención expresa a que se "proporcionen las salvaguardias necesarias para evitar que se produzca una victimización posterior derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas".

VOTACIÓN DIVIDIDA

La tramitación de este informe ha generado polémica después de que la ponente, la irlandesa Clare Daly, colará en una nota explicativa anexa al texto una mención a los líderes independentistas presos, que fue posteriormente retirada por el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Juan Fernando López Aguilar, tras reclamarlo 'populares', socialistas y liberales.

En el debate en el Pleno de la Eurocámara sobre el informe arreciaron las críticas contra Daly por su maniobra y ella misma amenazó con votar en contra de su propia ponencia al entender que era mejor no saliera adelante a tener una "hipócrita".

Finalmente el informe ha sido aprobado en el Pleno aunque con una votación muy dividida. El texto ha salido adelante con 330 votos de las familias socialista, liberal y verde.

En contra se han expresado 298 eurodiputados, entre ellos la propia Clare Daly, que ha cumplido su amenaza y ha votado en contra junto a otros eurodiputados de la Izquierda Unitaria y gran parte del Partido Popular Europeo y formaciones de ultraderecha.

Por la abstención han optado 65 eurodiputados, entre ellos los representantes españoles del PP y los parlamentarios de Podemos.

Cada español generó 485,9 kilogramos de residuos urbanos en 2018, lo que representa un 0,4 por ciento más que en 2017, según datos de las Cuentas ambientales del Instituto Español de Estadística, que señala que las empresas gestoras de residuos urbanos recogieron 22,7 millones de toneladas de residuos.

De acuerdo con los datos del INE, de los 22,7 millones, 18,3 millones eran residuos mezclados mientras que 4,4 millones procedían de residuos de recogida separada. Esto significa que cada español separó 94,6 kilogramos de residuos y generó 391,3 kilogramos per cápita de residuos mezclados.

En concreto, del 19,5 por ciento de residuos totales se recogieron de manera separada, lo que supone exactamente 4.419.200 toneladas. De estos, 1.067.400 toneladas eran de papel y cartón; 1.010.000 toneladas de restos de animales y vegetales; 834.800 toneladas de vidrio; 743.600 toneladas de envases y embalajes mixtos y 763.400 toneladas de otros residuos.

Las cuentas ambientales distinguen también el tipo de residuos que separan los españoles y destacan que en 2018 cada español recogió 22,9 kilos de papel y cartón, un 0,6 por ciento más que el año anterior; 21,6 kilos de residuos de animales y vegetales, lo que supone un incremento del 15,2 por ciento sobre 2017 y 17,9 kilogramos de vidrio, un dato que también refleja un 2,3 por ciento más que en el ejercicio precedente.

En cuanto a los envases y embalajes mixtos, cada español recogió 15,9 kilogramos por persona durante 2018. Sin embargo, descendieron un 7,8 por ciento los clasificados como 'otros', hasta los 16,3 kilos por persona, en buena medida por la disminución de residuos de la madera, la construcción y la demolición.

Por comunidades autónomas, las que más residuos urbanos recogieron en 2018 fueron Andalucía, con 4,4 millones de toneladas; Cataluña con casi 3,5 millones y la Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, ambas, con 2,5 millones de toneladas.

El INE destaca que Cataluña fue la comunidad autónoma más recicladora, con 224.600 toneladas y 168.200 toneladas de vidrio. Por su parte, fue la Comunidad de Madrid la que más envases mixtos recogió, con 160.200 toneladas.

Por persona, fue Islas Baleares la que más cantidad de residuos recogió por persona, en relación con su población, con 815,2 kilogramos frente Comunidad de Madrid, que con 386,1 kilogramos fue la que menos residuos per cápita recogió.

Las Estadísticas sobre Recogida y Tratamiento de residuos tienen como principal objetivo la cuantificación en unidades físicas de los residuos urbanos recogidos y del tratamiento final, tanto de residuos urbanos como no urbanos, por operación de tratamiento.

La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, ha afirmado este jueves que la externalización parcial de programas con una productora es "habitual" en TVE, una práctica denominada "producción en colaboración", y ha añadido que hay "muchos ejemplos actuales y también pasados" como 'Aquí la Tierra', 'La hora de La 1' o 'MasterChef', entre otros.

Mateo se ha expresado así ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control parlamentario de RTVE, donde ha cumplido con su comparecencia ordinaria de noviembre, al ser preguntada por el senador socialista Miguel Ángel Vázquez por las razones para externalizar parte de la producción del programa 'Las cosas claras', que conduce Jesús Cintora en La 1 de TVE.

En este sentido, la responsable de la Corporación pública ha indicado que, al poner en marcha una producción con una productora externa, "se analiza la disponibilidad y la idoneidad de los recursos de RTVE" y ha subrayado que las aportaciones de la productora son aquellas que "no están disponibles en la casa" y "las que son necesarias para conseguir que el proyecto del programa se materialice".

Respecto a 'Las cosas claras', Mateo ha detallado que la productora "aporta presentador, director, contertulios, redacción, reporteros, equipos ENG, grafismo, realidad aumentada, edición de vídeo, escenografía, decorado, cabeceras y rótulos", mientras que RTVE aporta "plató, medios técnicos y personal de operación de plató, equipo de realización, de producción de medios, documentación y material audiovisual, director adjunto, despachos de producción y sistema de producción digital".

El programa que conduce Cintora en La 1 de TVE ha centrado parte de la sesión. Así, el parlamentario de Vox Manuel Mariscal ha manifestado que el espacio "va a servir para enriquecer a los amigos ideológicos de este Gobierno, para pagar sueldos a tertulianos y activistas políticos de los dos partidos que gobiernan".

En su turno de intervención, Mateo ha explicado que "a veces" hay que recurrir a productoras externas y buscar determinados perfiles fuera de RTVE porque "la última gran convocatoria de oposiciones se hizo hace 13 años y, desde entonces, solo ha habido convocatorias puntuales para cubrir nueve plazas, nueve".

"De esta forma es imposible incorporar a la redacción a profesionales con aptitudes acordes con los desafíos que afronta el periodismo en el siglo XXI y que además conozcan las herramientas necesarias", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que la media de edad de la redacción se sitúa cerca de los 55 años.

También la diputada del PP Macarena Montesinos ha preguntado por este espacio, al que ha calificado de "negocio de la manipulación informativa", y ha querido saber "si va a eludir otra vez la calificación como informativo de un programa de TVE para evitar la obligatoriedad de su producción interna".

"Debe ser usted la única que ve un programa de entretenimiento cuando es, realmente, un programa informativo", ha recalcado la diputada, al tiempo que le ha acusado de "burlar la ley privatizando la información" por orden del Gobierno.

"Respeto las interpretaciones y críticas de cada uno, pero con el Mandato Marco en la mano, el programa 'Las cosas claras' es un magacin de actualidad informativa. No es un programa informativo, por eso no estamos obligados a que sea cien por cien de producción interna", ha subrayado la responsable de RTVE, quien ha recordado que este debate ya surgió con el espacio 'Así de claro', del periodista Ernesto Sáenz de Buruaga.

En relación con el por qué no se ha recurrido al área 'Verifica RTVE' en el programa 'Las cosas claras' ha interrogado el diputado de Vox Víctor Manuel Sánchez del Real. En este sentido, Mateo ha aclarado que RTVE está trabajando para construir un equipo de profesionales para que 'Verifica RTVE' pueda dar el servicio a TVE, ya que en este momento "no cuenta con el personal necesario".

Otro de los temas que se ha abordado en la Comisión ha sido el de las audiencias. Eduardo Carazo, diputado 'popular', ha preguntado "por qué la audiencia de TVE solo es importante cuando no gobierna el PSOE", a lo que Mateo ha replicado que la audiencia "siempre es importante" y que "no tiene nada que ver con quien gobierna", pero ha vuelto a defender que "no es el único y primordial objetivo para una televisión pública".

Por su parte, el senador del PP Francisco Javier Lacalle le ha preguntado sobre a qué va a destinar los casi cien millones de euros de incremento a RTVE contemplados en el próximo presupuesto para 2021. A este respecto, Mateo ha comentado que servirá para "corregir el desequilibrio" provocado por el aumento de costes de personal tras la subida salarial que supone 450 millones de euros, así como para compensar el IVA no deducible que se aprobó en 2018, entre otras cuestiones.

Otra partida, que Mateo ha puesto de relieve, es la de producción y adquisición de programas, que supone 344 millones de euros (367 millones en 2018). Además, ha recordado los 55 millones de euros destinados al coste de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Según ha señalado, el gasto asociado a emisión asciende a más de 120 millones de euros y en 2021 también se añade el gasto anual del aumento de la capacidad del múltiplex RGE2, que permitirá emitir el Canal 24 Horas en Alta Definición. Los gastos indirectos de producción serán de 63 millones e incluyen el funcionamiento de las sedes, Instituto, y Orquesta y Coro.

LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EXPRESIÓN

Sobre el papel que va a tener RTVE en "la iniciativa del Gobierno para controlar la libertad de información y de expresión en España" ha preguntado el senador del PP Rodrigo Mediavilla. "Lo desconozco. Esto sí que lo desconozco y además, como mi mandato va a terminar pronto, todavía lo voy a desconocer mucho más", ha manifestado Mateo, quien ha agregado que no está en sus competencias "intervenir o interferir" en las iniciativas del Ejecutivo.

La diputada de Unidas Podemos María Márquez ha preguntado por las razones por las que no se ha facilitado a los sindicatos de RTVE la información completa sobre las retribuciones de los directivos. Mateo ha afirmado que la denuncia interpuesta contra ella por CCOO "se ha archivado" según se les ha comunicado "este misma semana". "Creo que el asunto está claro", ha manifestado, para después agregar que, ante la petición que se les ha plantado, hay que ser "prudentes" y esperar al pronunciamiento judicial.

"Tenemos que combinar la obligación de entregar la documentación que se nos solicita con la de preservar aquellos datos que puedan afectar a terceros, en particular a los trabajadores la Corporación", ha destacado.

CENTROS TERRITORIALES

Preguntada por la socialista Tamara Raya, ha anunciado proyectos para reforzar los centros territoriales, como el paso a Alta Definición de todo el proceso de producción de contenidos y la mejora del equipamiento, a través de las denominadas 'mochilas', que facilitan las conexiones en directo.

Respecto a San Cugat, ha indicado que se renovará "el equipamiento con una infraestructura IP que permitirá mejorar la calidad y aumentar la cantidad de producción territorial". "En radio, se trabaja ya en el despliegue del nuevo sistema de radio en red en CCTT y unidades informativas y también está previsto que en 2021 se hagan desconexiones locales en Radio Nacional y no solo en Radio 5", ha detallado.

En el área Digital y de Innovación, ha dicho que se está potenciando la información territorial en internet, en redes y en los nuevos soportes; y que hay proyectos para ampliar la conectividad entre unidades informativas, centros territoriales y sedes centrales. También ha resaltado el proyecto de subtitulado de las desconexiones territoriales de televisión y la puesta en marcha, con carácter experimental, de una aplicación para que los sordo-ciegos puedan acceder dichos contenidos.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, ha aprobado dos decretos que aprueban los planes de recuperación de la magarza de Guayedra (Gonospermum Oshanahanii) y la salviablanca de Amagro (Sideritis Amagroi).

Se trata de plantas endémicas del sector noroeste de Gran Canaria, que se encuentran incluidas en la categoría de en peligro de extinción en el Catálogo Canario de Especies Protegidas. La magarza de Guayedra, además, está clasificada en igual categoría en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Los documentos aprobados, que persiguen asegurar la supervivencia de ambas especies a largo plazo, se centran en la reducción de su situación de riesgo de extinción y se basan en un sistema de medidas y actuaciones, que se dirigen a aumentar el número de efectivos de sus poblaciones mediante actuaciones de reforzamiento y de creación de nuevos grupos, controlar las amenazas que inciden sobre estas especies, garantizar su conservación ex situ, y promover una mayor concienciación sobre el valor intrínseco de la biodiversidad. Igualmente, regulan los usos en las áreas críticas delimitadas, en virtud de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Los planes, además, establecen propuestas de cronograma para la ejecución de actuaciones, ámbito competencial, forma de funcionamiento, financiación para su desarrollo y propuestas de evaluación de la consecución de las actuaciones de los planes.

La magarza de Guayedra cuenta con una distribución restringida a los riscos de Guayedra dentro de los límites del Parque Natural de Tamadaba, en una zona donde hay un aumento continuado de herbívoros que transitan por ella, principalmente, cabras asilvestradas. Este ganado contribuye a la escasa regeneración de la especie, cuyo tamaño poblacional asciende a sólo 37 ejemplares adultos, según los últimos datos.

La población de la salviablanca de Amagro, que está incluida en los límites del Monumento Natural de Amagro, es de un tamaño extremadamente reducido, con apenas 10 ejemplares contabilizados en los últimos seguimientos. La presencia de los herbívoros en la zona como cabras y conejos limitan y condicionan su recuperación.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que él no se opone a la armonización fiscal y, de hecho, ha esgrimido que le parece "bien" que haya "una horquilla de mínimos y máximos". Eso sí, ha matizado que dicha armonización debería ser "a la baja" y se ha declarado "contrario" a un pacto por el que ERC y PSOE quieren "obligar" a otras comunidades a "subir impuestos".

Preguntado al respecto tras el Consello de la Xunta, Feijóo ha asegurado que le parece "sorprendente" el acuerdo con ERC y que los socialistas pacten con los independentistas catalanes "tocar la autonomía fiscal o tributaria de terceros", en relación a otras autonomías. En el foco ha puesto, sobre todo, a comunidades "cumplidoras" de las reglas de gasto como Madrid o Galicia.

En este sentido, ha advertido que su política fiscal seguirá siendo "la de rebajar impuestos" de forma selectiva y ha enumerado varias de las que su Ejecutivo ha impulsado en la Comunidad gallega. "Desconozco, en todo caso, cómo puede un Gobierno central pactar con un partido independentista las medidas fiscales en otras autonomías. Es el mundo al revés", ha apostillado.

"SI SE QUIERE HABLAR DE ARMONIZACIÓN, QUE SEA A LA BAJA"

En su intervención, el presidente gallego ha proclamado que "no hay autonomía política sin autonomía financiera" y, para ello, ha incidido en que es preciso tener en cuenta "determinados grados de autonomía fiscal" en función de si las comunidades cumplen el déficit público y el resto de reglas de gasto. Bajo su punto de vista, "no tiene sentido impedir" que esas autonomías "más austeras" bajen los impuestos.

Feijóo, quien se mostró en anteriores ocasiones partidario de a armonización fiscal, ha asegurado que la Xunta continuará "defendiendo la autonomía fiscal y mayor autonomía para las comunidades que tienen un cumplimiento razonable de las reglas fiscales".

"Si se quiere hablar de armonización fiscal, hablamos de una armonización a la baja. Pero una armonización al alza es una subida de impuestos", ha advertido, antes de rechazar que ERC y PSOE "obliguen" a las comunidades cumplidoras a "subir" tributos.

"TENSIÓN ARTIFICIAL"

Preguntado en rueda de prensa en relación a que siempre se ha mostrado favorable a la armonización, Feijóo ha replicado que la propuesta de ERC pasaba "por la independencia de Cataluña" y por "un concierto" económico, que "no tiene nada que ver con la armonización" que él --ha esgrimido-- ha abanderado.

"ERC lo que dice es que hay que ir contra la política fiscal de Madrid y eso no es armonizar, es impedir que una comunidad tenga autonomía", ha dicho el presidente gallego, muy crítico con que se pretenda "crear tensión artificial" entre Cataluña y Madrid.

En este sentido, se ha reafirmado en que "armonizar no tiene por qué ser subir". "Armonizar con una horquilla de impuestos para bajar a nosotros nos interesa. Pero si armonizar consiste en no poder mantener rebajas fiscales y hacerlo como diga ERC, mi posicionamiento es claramente contrario", ha reivindicado, para insistir: "la autonomía fiscal tiene que ser mayor cuanto mayor sea el cumplimiento de las reglas fiscales".

"Las horquillas no lo veo incorrecto, que sean para bajar impuestos me parece un criterio básico y que no venga ningún partido a obligar a las comunidades a subir impuestos. Que haya horquillas de mínimos y máximos me parece bien, pero que un partido nos imponga una subida indiscriminada de impuestos", ha zanjado.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha anunciado el cierre de 170 pozos más en el entorno de Doñana.

El anuncio ha tenido lugar tras conocerse la concesión favorable del Miteco al riego de las 318 hectáreas que estaban pendientes de regularización de la Comunidad de Regantes de El Freno y que completan la concesión otorgada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de septiembre de 2018, según han informado en una nota de prensa.

El expediente que este jueves se ha resuelto data de 2019, fecha en la que el Organismo de cuenca inicia la tramitación de modificación de características de la concesión original, al amparo de la Ley 10/2018, de 5 de diciembre, sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm3 desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras (DHTOP) a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (DHG).

El cierre de pozos relacionado con estos derechos de agua es de, al menos, 170, que vendrán a sumarse a los 300 clausurados en una primera etapa. En esta ocasión, con el objetivo de que el sellado se haga acorde a la normativa, la toma de agua se hará efectiva una vez que la Confederación ratifique que la técnica de cierre para inutilizar el pozo es la correcta. Esta verificación también se extenderá a los sondeos ya cerrados.

El presidente de la CHG, Joaquín Páez, ha mostrado su satisfacción por la resolución del expediente que permite la total puesta en explotación de dos proyectos declarados de Interés General del Estado que permitirá construir la infraestructura hidráulica principal que sustituya el sistema de riego basado en la extracción de aguas subterráneas, por otro con agua de origen superficial a partir de recursos de la Demarcación del Tinto, Odiel y Piedras.

Con ello, ha aclarado el presidente, "se consigue un ahorro para la masa de agua subterránea de la Rocina de 4.26 hm3/año, con conexión directa con los ecosistemas naturales del Parque Natural y Nacional de Doñana, y que permitirá favorecer la recuperación del nivel freático y mejorar la calidad de sus aguas".

Con la resolución conocida este jueves, son ya 2.440 las hectáreas de la Corona Norte de Doñana que el actual equipo de la CHG ha logrado regularizar en apenas 24 meses. Para ello, ha sido fundamental la colaboración de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, que ha facilitado la constante interlocución con los usuarios y sus necesidades.

Ante este balance, la subdelegada provincial, Manuela Parralo, ha destacado "el trabajo coordinado entre ambas administraciones para alcanzar una de las prioridades manifiestas del Gobierno de España, la de asegurar, con las máximas garantías, una actividad agrícola sostenible, que ha sido y es, clave y esencial para el suministro y abastecimiento a la población durante la pandemia".

La regularización de los derechos de agua del Fresno permitirá una mejor gobernanza del agua y de los ecosistemas de Doñana, que constituye una de las reservas de la biosfera más emblemáticas de Europa.

Gracias a esta concesión, sujeta a un estricto condicionado ambiental, se eliminarán las extracciones de aguas subterráneas con afección al Parque Nacional de Doñana, y entre su condicionado se encuentra la instalación de contadores con telemedida, la prioridad del abastecimiento a la población en caso de necesidad, la implantación de un sistema de buenas prácticas agrarias para limitar la contaminación difusa y exportación de sales, el respeto de las prescripciones del plan de ordenación en corredores ecológicos y la garantía de que ninguna explotación puesta en riego después de 2004 se va a regularizar.

La zona regable de El Fresno se encuentra localizada en la zona divisoria de las cuencas del Tinto, Odiel y Piedras y del Guadalquivir, cerca del espacio natural de Doñana, y está destinada principalmente, a la producción de frutos rojos, y en menor proporción, al regadío de otras hortalizas.

Unidas Podemos ha asegurado que Ciudadanos ha buscado "tumbar" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que sus líneas rojas eran la "excusa perfecta" y una "pista de aterrizaje" para su no a las cuentas públicas. Además, cree que su posición es "un aviso a navegantes" para aquellos que defienden la "geometría variable" y ve "fracasado" el intento de sumar a una de las tres derechas de la Plaza de Colón".

Frente a ello, la formación morada se ha mostrado satisfecha de haber sacado adelante los Presupuestos con una mayoría "coherente" conformada por el denominado bloque de investidura, que sale reforzado.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha destacado que Ciudadanos ha votado en contra de las secciones de los PGE durante la tramitación parlamentaria, lo que revela su pulsión por "tumbar" el proyecto si más partidos políticos hubieran optado por esta actitud. Por tanto, la posición de la formación naranja "no es lógica ni justificable".

Frente a ello, se ha congratulado de que la mayoría de investidura salga reforzada y que permite afrontar los retos de futuro del país, como la "cohesión territorial" y la ayuda al sector productivo del país.

Preguntado por las palabras de Arnaldo Otegi relativas a que dar un sí ahora a los PGE es avanzar en la república vasca, Echenique ha recordado que tiene "fuertes diferencias" con Bildu y ERC en sus planteamientos independentistas, pero tienen puntos de acuerdo en material social y fiscal.

ES BUENO QUE BILDU SE COMPROMETA CON LAS PENSIONES

Además, ha opinado que es bueno llegar a acuerdos con estos partidos y es positivo desde el punto de vista político que, tanto en País Vasco como en Cataluña, se comprometen para que suban las pensiones y mejore la ley de dependencia en Aragón, Andalucía o las dos castillas, por ejemplo.

Por tanto, se abre una "etapa de esperanza" dado que Bildu y ERC han decidido "no desentenderse" de la gobernabilidad de España y se comprometen con los servicios públicos.

ENTENDIMIENTO DONDE ANTES HABÍA TRINCHERAS

Además, el presidente del grupo confederal, Jaume Asens, también ha incidido a los medios que estos PGE han salido adelante porque, a diferencia de 2019, en el Gobierno está presente Unidas Podemos.

Y es que ha recalcado que donde antes había "trincheras" ahora se facilita el entendimiento, por lo que ha reivindicado el papel de la formación morada como "fuerza facilitadora del bloque de investidura" para dar estabilidad al Gobierno.

En cuanto al voto negativo de Cs, Asens ha asegurado que es el "anuncio de un fracaso previsible" y un "aviso a navegantes" para todos aquellos que hacían "cábalas de la geometría variable".

"La única estabilidad posible para este Gobierno es la que pueden dar los socios de gobierno de investidura", pues de nuevo se evidencia que todos los "experimentos del pasado" para sumar a una de las "tres derechas de la Plaza de Colón" han fracasado.

Por otro lado, se ha mostrado sorprendido por la posición de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, al decir que había logrado mejoras a los PGE pero votaba en contra de ellos al traspasar las líneas rojas que marcó.

Por tanto, ello implica que esas "presuntas mejoras no son tales" dado que no es lógico votar en contra de los propios logros y ha destacado que Cs ha puesto "cuestiones ideológicas por encima del interés general".

Todos los grupos de la Cámara vasca, salvo PSE-EE y PP+Cs, han vuelto a rechazar debatir una moción presentada por la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, en el Parlamento Vasco que pedía la publicación de las actas de las reuniones celebradas por el Plan de Protección Civil de Euskera (LABI) desde el inicio de la pandemia,

PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han rechazado utilizar su turno de palabra en el debate planteado por Martínez y solo los parlamentarios de PSE y PP+Cs han participado en el mismo.

La posición de estos partidos responde al acuerdo alcanzado el pasado mes de agosto cuando la Mesa del Parlamento --con los votos de PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU-- decidió modificar el reglamento para reducir los tiempos de intervención de la única parlamentaria de Vox, acotar su capacidad de presentar iniciativas y recortar el número de asesores que podría contratar.

Además, el pasado 15 de octubre todos los grupos del Parlamento Vasco, salvo PP+Cs, también rechazaron participar en el primer debate que presentado Vox en la Cámara, ya que PSE y Elkarrekin Podemos-IU consideraban que la iniciativa que había presentado la formación sobre los actos de recibimiento o de recuerdo a exreclusos de ETA no aportaba "nada nuevo", mientras que PNV y EH Bildu anunciaron que no participarán en ningún debate que proponga esta formación, porque creen que busca la "bronca y capitalizar ciertos temas".

La iniciativa de Vox, que ha sido rechazado con la abstención de PP+Cs y el voto en contra del resto de la Cámara, solicitaba la publicación en la web del Gobierno Vasco de las actas de las reuniones celebradas por el Plan de Protección Civil de Euskera (LABI) desde el inicio de la pandemia, así como los informes técnicos.

En su turno de intervención, la parlamentaria de Vox ha criticado la "resistencia" de los partidos del 'cordón sanitario' a la "transparencia" en la gestión de la crisis sanitaria, para hacer públicos los informes con los que trabaja el LABI y sus actas. "Es sorprendente que con argumentos peregrinos y con silencios, defiendan la opacidad y den vía libre a que este gobierno haga y deshaga a su antojo sin explicar, ni rendir cuentas ante nadie", ha lamentado.

"NO A LA DEMOCRACIA"

Martínez ha denunciado que para los partidos del 'cordón sanitario' "todo vale contra el fascismo inventado" y le ha acusado de rechazar "la transparencia en la gestión de la crisis y decir "sí a la opacidad". "Insisten en decir no a la democracia, manteniendo un cordón sanitario al que va dando forma, dependiendo de la ocasión pero siempre cordón sanitario", ha criticado.

Desde el escaño, el parlamentario del PSE Ekain Rico ha afirmado que a la parlamentaria de Vox "le da igual" que el resto de formaciones intervenga o no porque "sigue con su perorata de falta de transparencia" y ha recordado que semanalmente comparece la consejera de Salud, a petición de PNV y PSE, para informar en el Parlamento sobre las medidas del Gobierno. "Lo hemos pedido el PNV y el PSE, los dos partidos que sustentamos este gobierno", ha subrayado.

Rico ha explicado que otros grupos han pedido esta información del LABI, y en consecuencia, se va a publicar en la web del Parlamento Vasco y "es accesible para todos los ciudadanos". "¿Dice usted que estamos diciendo no a la democracia? No sé dónde ha estado escondida cuando en este país se luchaba, de verdad, por la democracia. Le puedo decir dónde estaba el PSE: en primera línea y dando la cara, lo mismo que hoy, frente a quienes llegan a las instituciones con los motivos espurios de intentar deslegitimar la propia democracia y las instituciones", ha señalado.

El parlamentario de la coalición PP+Cs, Carmelo Barrio ha defendido que "es bueno que los acuerdos de los órganos de la administración sean públicos y que el fundamento de sus deliberaciones sean conocidos y analizados". En este sentido, le ha preguntado por qué no ha hecho una solicitud de información para pedir estas actas, como han hecho otros grupos parlamentarios.

"Debe haber absoluta transparencia en el LABI y dar cuenta de los acuerdos y deliberaciones", ha reclamado antes de criticar el "lamentable y antidemocrático" cordón sanitario. Asimismo, ha lamentado el "triste espectáculo que algunos grupos dan en esta Cámara con un cordón antidemocrático lamentable".

La obra 'La Segona Eva', una producción de la compañía El Eje bajo la dirección y dramaturgia de Marta Aran, visibiliza las violencias machistas "que no se ven" y se podrá ver en el Teatre Tantarantana de Barcelona del 1 al 13 de diciembre, ha explicado la directora este jueves en rueda de prensa.

Con 'La Segona Eva', El Eje termina su participación en el El Cicló, un programa de tres años del Tantarantana, coproductor de la obra, que apoya a la creación de las compañías en residencia.

'La Segona Eva' plantea las situaciones que pueden generarse cuando una mujer denuncia públicamente en las redes sociales una situación de violencia no física, poniendo el foco en las dudas y contradicciones tanto de la víctima como de la gente de su alrededor.

Los miembros y actores de El Eje Eric Balbàs, Maria Hernàndez Giralt y Mar Pawlowsky, junto con el actor colaborador Òscar Intente, han trabajado durante meses con Aran en el texto: "Siempre había trabajado en solitario y en esta ocasión me he sentido muy acompañada", destaca la dramaturga.

La obra tiene una escenografía religiosa, pero Aran ha dejado claro que no es un montaje sobre los abusos de la Iglesia, sino que se "agarran" al catolicismo por la cantidad de metáforas y simbolismos que les permitía.

Balbàs, que interpreta al novio de Eva, ha explicado que su personaje rompe con el 'cliché' de hombre machista porque "el patriarcado está presente tanto en la derecha como en la izquierda" y por ello, la obra invita a la revisión de todos los perfiles.

La dramaturga ha destacado que las dudas y la crítica están presentes en todos los personajes mientras que Òscar Intente ha apuntado: "La delicadeza del tema ha magnificado nuestras dudas en el proceso de escritura, lo cual nos ha permitido evitar el maniqueísmo".

DIFICULTADES POR LAS RESTRICCIONES

El teatro ha tenido que buscar nuevas fechas tanto para 'La Segona Eva', que tenía que estrenarse en agosto, como 'Júlia', un cabaret libre programado en el Tantarantana del 3 al 20 de diciembre.

El director del Tantarantana, Ferran Murillo, ha explicado que esta segunda obra, 'Júlia', será viable gracias a las ayudas a las salas y compañías para paliar las limitaciones del 50% respecto al 70% anterior, pero ha apuntado que estos subvenciones son "insuficientes" y ha reivindicado la necesidad del 2% cultural en unos futuros presupuestos autonómicos.

Murillo ha insistido: "Cerrar un teatro no afecta solo a la sala, sino también a la parte creativa y de organización laboral de las compañías".

Desde la posición de los intérpretes, Eric Balbàs ha subrayado que "esta situación de incertidumbre les desgasta mucho" porque, en su caso, cuando estaban a punto de estrenar la obra, cerraron las salas de nuevo.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha inaugurado este jueves en Andratx la ampliación de la Reserva Marina de interés pesquero de la Dragonera, con una superficie de 457 hectáreas en el sureste de Mallorca, de las que 82 son de reserva integral.

La presentación ha consistido en un acto institucional en el Ayuntamiento de Andratx, donde Planas ha subrayado el valor singular de este espacio y ha destacado la colaboración con el Govern balear para la protección del medio marino.

El ministro ha recalcado el papel de las reservas marinas para conciliar la actividad pesquera tradicional y la conservación medioambiental. En el caso de la de Dragonera, ha incidido en que apoyará "la regeneración de los recursos pesqueros y el mantenimiento del buen estado ambiental de su hábitat".

La reserva se caracteriza por tener un perfil abrupto, de fondos rocosos, con multitud de arrecifes, cuevas submarinas y especies, incluidas aves marinas, "en un excelente estado de salud apreciable a simple vista".

El área empezó a protegerse en 2016 por parte del Govern en aguas interiores, y mediante un acuerdo con el Estado se ha podido ampliar con aguas exteriores. La reserva se establece sobre tres zonas con diferentes grados de protección, una de ellas -de 82 hectáreas- en la que sólo se permiten actividades científicas.

Otra zona de usos restringidos, también permitirá actividades de buceo y recreo de carácter didáctico; y por último, en la exterior se permite la pesca profesional con artes de pesca tradicionales y en barcos adscritos a un censo específico; en este caso, también se permite la pesca recreativa desde embarcación con un permiso previo.

Con esta reserva, Baleares contará con dos de gestión estatal o compartida con el Estado, junto a la de Llevant de Mallorca-Cala Rajada.

2 MILLONES DE EUROS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

El ministro también ha aplaudido el trabajo de los científicos para "disponer de la mejor información sobre el estado de los recursos" y ha resaltado la importancia de dotar la gestión de estos espacios de medios humanos y materiales necesarios.

En este apartado, ha resaltado que el Ministerio destine anualmente más de cuatro millones de euros para el funcionamiento de las reservas españolas; y ha anunciado que se destinarán algo más de dos millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para reforzar la gestión y mantenimiento de estos espacios naturales.

ANDRATX QUIERE QUE LA RESERVA LLEVE EL NOMBRE DE FERNANDO GARFELLA

Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha recalcado la importancia de la protección de la biodiversidad marina en el Mediterráneo, "el mar más contaminado del mundo". "Cuando controlamos da buenos frutos para todos", ha declarado la presidenta, que ha explicado que en algo más de dos años han podido triplicar el número de peces de la zona protegida en las aguas de ámbito autonómico.

Asimismo, el alcalde de Andratx, Joan Manera, ha reiterado la petición del municipio para que la reserva marina lleve el nombre de Fernando Garfella, documentalista submarino fallecido este año. La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, se ha mostrado convencida de que encontrarán un modo de homenajear al camarógrafo.

Antes del acto las autoridades han sido recibidas en el embarcadero de Sant Elm, donde han recibido explicaciones sobre la reserva marina. Posteriormente ha tenido lugar el acto en el Ayuntamiento, donde se han proyectado varios vídeos conmemorativos.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha presidido este jueves la presentación de la campaña de sensibilización 'Mantecado por la igualdad' que impulsa el Ayuntamiento de Estepa (Sevilla) y ha apelado a la unión de instituciones, agentes sociales y ciudadanos para combatir la violencia machista.

Según ha detallado la Consejería en un comunicado, la campaña se realiza a través del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) dentro de los actos organizados en el municipio sevillano con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En su intervención, Ruiz ha subrayado que "la lucha por la igualdad y contra la violencia de género no están aún ni cerca de terminar. No podemos perder el tiempo en peleas partidistas, ni escatimar esfuerzos. Se lo debemos a las mujeres supervivientes de la violencia de género, a sus familias y a las 1.074 mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas. Tenemos que reaccionar y ser parte de la solución", ha aseverado.

'Mantecado por la igualdad' es una campaña de sensibilización y concienciación a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, haciendo énfasis en aquellos valores en forma de derechos laborales, sexuales y reproductivos, paridad en puestos de responsabilidad y "visibilizando además aquellas conductas que implican discriminación a través de brechas que impiden la igualdad real en el ámbito personal, profesional y laboral de las mujeres, normalizando la idea de que la igualdad es un hecho real o por el contrario hay quienes piensan que es algo sumamente inalcanzable".

A este respecto, la consejera ha señalado que "la violencia de género se combate con hechos y no solo con palabra bonitas" y eso es lo que ha subrayado que están haciendo desde hace casi dos años "multiplicando por diez el presupuesto del Teléfono de Atención a las Mujeres (900 200 999), aumentando la dotación con más presupuesto y personal en nuestra red de casas de acogida, que son un refugio para muchas mujeres y menores que tienen que huir de sus casas por su seguridad".

También ha subrayado la inversión en la red de Centros Municipales de Información a la Mujer, que ha sido de récord, con casi 24 millones de euros en este tiempo, "con el objetivo de seguir ampliando estos servicios para estar cada más cerca de todas aquellas mujeres que nos necesitan, tanto para salir de la violencia de género como para avanzar en la igualdad, especialmente en el medio rural donde la vulnerabilidad de las mujeres es mayor.

El Centro Municipal de Información a la Mujer de Estepa, que ha atendido a 114 mujeres y realizado 1.005 consultas hasta el pasado mes de octubre, ha recibido este año 41.940 euros de las subvenciones a ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios para el mantenimiento de los CMIM que concede el Instituto Andaluz de la Mujer.

Asimismo, la máxima responsable de las políticas de igualdad en Andalucía ha apelado a "la unidad de todas las administraciones y partidos sean del color político que sean en la lucha contra la violencia de género; pero también desde el ámbito empresarial, social, de la educación".

"Esta pelea nos afecta a todas las personas e incumbe a todos los sectores", ha argumentado antes de agregar que que hay que "dejar de responsabilizar a las mujeres víctimas de violencia de género y fomentar una empatía y una responsabilidad social en poner freno a la violencia, además de recriminar la conducta del agresor".

"Ante las situaciones de violencia hay dos opciones, ser un espectador o ser un agente de cambio. En la lucha contra la violencia de género no hay medias tintas, hay dos posturas claras, y este Gobierno apuesta por ser freno y contención y reaccionar ante todas las violencias machistas".

Rocío Ruiz ha agradecido y felicitado al alcalde, Jesús Muñoz, por la iniciativa y se ha mostrado convencida de que "el camino de la unidad y de la implicación de la sociedad es el camino a seguir para la erradicación de la violencia machista".

Así, ha recordado que en la campaña institucional de la Junta con motivo del 25N, 'Ante la violencia de género, yo reacciono', se ha "apelado a la ciudadanía a que reaccione ante las situaciones de violencia de género. Estamos seguros que entre todas y todos podemos frenar a tiempo la pandemia del machismo, que tiene en los asesinatos su cara más cruel", ha dicho.

La consejera ha estado acompañada por la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández; la delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, María José Eslava; el concejal de Educación, Igualdad y Mujer de Estepa, Florencio Salvador Díaz; y el presidente del Consejo Regulador de Mantecados y Polvorones de Estepa, Eusebio Olmedo.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este jueves en Sevilla que la pretensión del Gobierno con el estudio de la armonización tributaria es que "no haya ciudadanos de primera y segunda" tras apelar a la necesidad de "la cohesión social".

En una atención a los medios de comunicación tras intervenir en el Tourism Innovation Summit (TIS), Maroto ha argumentado, sobre la enmienda de ERC al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 para estudiar las diferencias tributarias entre las comunidades autónomas, que el Gobierno trabaja "desde su llegada en modernizar nuestro sistema fiscal, que no responde a los desafíos de una economía moderna".

Maroto ha situado la iniciativa en un estudio que emprenderá el próximo año el Ministerio de Hacienda y que hará "en el marco de colaboración con las comunidades autónomas".

La ministra de Industria ha advertido de que "no hay todavía ninguna resolución" hacia dónde se va a encaminar el estudio de la armonización fiscal autonómica, aunque ha reiterado como premisa que "los ciudadanos, independientemente de viva donde vivan, tengan una fiscalidad acorde al lugar donde reside".

Maroto ha defendido que "el Gobierno, en base a las recomendaciones de los expertos, emprenderá un análisis riguroso de la fiscalidad autonómica para que haya cohesión territorial".

"Todo lo que sea trabajar por la armonización será una buena noticia", ha esgrimido la ministra de Industria, quien ha considerado que la armonización fiscal "forma parte del Plan de Recuperación".

La ministra de Industria ha apelado a que durante el Gobierno de Mariano Rajoy se encargó a un grupo de expertos un estudio del modelo de financiación autonómica y en el cual salió a relucir "la necesidad de armonizar el Impuesto de Patrimonio por las grandes diferencias entre comunidades".

La Asociación de Editores de Madrid entregará el próximo jueves el Premio Antonio de Sancha a los impulsores de la Biblioteca Resistiré del hospital de Ifema, las enfermeras Ana Ruiz y Alba Justicia y los voluntarios Mar Eguiluz y José Luis Molinero, ha informado la asociación en un comunicado.

Las enfermeras del SUMMA 112 Ana Ruiz y Alba Justicia, promotoras de la iniciativa, y los voluntarios Mar Eguiluz (SAMUR Protección Civil) y José Luis Molinero, que la gestionaron cada día desde su puesta en marcha, recibirán este galardón el próximo jueves en un acto en el que participará la escritora Rosa Montero, con la que podrán mantener una tertulia.

La entrega del Premio se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria y se retransmitirá en streaming a través del canal de You Tube de la Asociación.

Durante la entrega conoceremos, además, los testimonios de algunos de los pacientes del hospital provisional de Ifema, para los que la Biblioteca Resistiré tuvo especial importancia.

La iniciativa La Biblioteca Resistiré recibió el Premio Antonio de Sancha 2020, concedido por la AEM, "por pensar en los libros y la lectura como una forma de soportar mejor la enfermedad y el aislamiento que supone estar ingresado en un hospital de estas características en esta pandemia".

La biblioteca nació en la madrugada del 30 de marzo, y desde aquel día los carros ubicados en los pabellones 7 y 9 ofrecieron libros, revistas, pasatiempos y gafas de lectura para que los 4.000 pacientes de Covid pudieran llevar mejor su estancia en el hospital provisional.

Para Manuel González, presidente de la AEM, con la concesión de este reconocimiento "la Asociación de Editores de Madrid ha querido ejemplificar y aunar las cualidades colectivas de abnegación y sacrificio demostradas por sanitarios, profesionales y voluntarios de toda índole que luchan contra esta enfermedad, con el empeño de Ana, Alba, Mar y José Luis de considerar a los libros como magníficos recursos terapéuticos contra el dolor, la soledad y el desaliento... a la vez que vacunas invencibles contra la ignorancia y la barbarie".

La estela de la Biblioteca El 1 de mayo se cerró el hospital provisional de Ifema y, con él, la Biblioteca Resistiré, pero fue tal la avalancha de solidaridad que hubo que buscar nuevos destinos a las donaciones.

Tras dos semanas de intensa labor de desinfección y cuarentena de los libros, el equipo de la biblioteca continuó su trabajo más allá del espacio físico y de los días de IFEMA y se aseguró de que las lecturas encontraran nuevos lectores.

Ellos mismos fueron los que llevaron más de 50 cajas de libros a hoteles hospitalizados, a los Hospitales de Gómez Ulla, Ramón y Cajal, San Carlos, Hospital El Escorial, Hospital de Guadarrama, al Tótem de El Retiro o al Centro de Transfusión de Madrid, entre otros.

Un compromiso que ha hecho posible que la lectura siga abriendo ventanas a muchos pacientes.

Historia del Premio El Premio Antonio de Sancha se otorga anualmente a personalidades que se han distinguido por su labor en defensa de la cultura en general, y del libro y la lectura en particular.

Entre los anteriores galardonados se encuentran el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, la catedrática de Ética Adela Cortina, el dibujante Antonio Fraguas "Forges", la escultora Alicia Martín, el escritor Amin Maalouf, el político colombiano Sergio Fajardo, el escritor y filósofo Fernando Savater, el ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti o el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza.

La denominación oficial del galardón se debe a Antonio de Sancha (1720-1790), el primer editor español.

Su contribución a la cultura española ha sido extraordinaria, ya que se atrevió a editar obras que permanecían inéditas al cabo de tres siglos de invención de la imprenta como El Poema del Mío Cid, el Libro del Buen Amor o las poesías de Gonzalo de Berceo.

Asociación de Editores de Madrid La Asociación de Editores de Madrid (AEM) es una asociación profesional formada por cerca de 300 editoriales privadas de toda España, que anualmente facturan el 42% del total de la industria editorial española.

Desde hace más de 20 años, la AEM otorga el Premio Antonio de Sancha y realiza las campañas de fomento de la lectura Libros a la Calle, en colaboración con la Comunidad de Madrid y sus transportes públicos, y el Concurso Escolar de Lectura y Escritura con la participación de los colegios de la Comunidad de Madrid.

El líder del PP, Pablo Casado, ha recomendado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que visite un centro de educación especial para comprobar "con sus propios ojos" que la reforma educativa del Gobierno, conocida como 'Ley Celaá', es "injusta" y "sectaria". Además, ha confirmado que su partido recurrirá esta norma al Tribunal Constitucional y la llevará a las instituciones europeas.

Así se ha pronunciado Casado durante su visita al colegio concertado de educación especial de la Fundación Bobath, que atiende a casi cien alumnos con parálisis cerebral. "Es emocionante cómo les tratan, con qué cariño, cómo están avanzando y cómo se vuelcan los terapeutas, los profesionales y toda la comunidad educativa y familiar, que tiene aquí su segunda casa", ha asegurado en una declaración grababa que el PP ha distribuido a los medios de comunicación.

Casado ha destacado el compromiso del PP para que estos centros de educación especial sigan teniendo apoyos de la financiación pública y las familias puedan "elegir" este tipo de colegios, ya que, según ha dicho, hay niños con "discapacidad" que no pueden ir "a un centro ordinario" sino que necesitan atención y refuerzo educativo, y "muchas veces también sanitario".

SE COMPROMETE A DEROGAR LA LEY SI LLEGA A MONCLOA

En este punto, ha aprovechado para aconsejar a Pedro Sánchez que visite uno de estos colegios. "Le pediría que viniera a un centro de estos y lo viera con sus propios ojos. Se daría cuenta que la Ley Celaá no es justa", ha manifestado, para añadir que estos niños necesitan el apoyo de la sociedad para salir adelante, "ser autónomos" y "ser felices.

Tras poner en valor la labor "magnífica" que realizan estos centros de educación especial, el jefe de la oposición ha defendido la libertad de elección de las familias del modelo educativo de sus hijos, tanto con la concertada como con la especial.

El presidente del PP ha señalado que el Grupo Popular "intentará parar" la Ley Celaá en el Senado, pero ha augurado que como no lo conseguirán, el PP la recurrirá al Tribunal Constitucional porque la Carta Magna "consagra esa libertad de elección educativa". Además ha dicho que acudirá a la Unión Europea con esta norma porque las instituciones europeas "consagran como derecho fundamental esa elección, sobre todo con los más necesitados".

LAS CCAA DEL PP ACTUARÁN PARA FRENAR LOS "ESTRAGOS" DE LA LEY

Además, ha asegurado de nuevo que cuando llegue al Gobierno su partido derogará esta "injusta y sectaria ley educativa". "Hasta entonces las comunidades autónomas donde gobierna el PP van a hacer todo lo posible para que los estragos de esta Ley no afecten a las familias", ha manifestado el presidente de los 'populares'.

El propio Casado ya confirmó hace unos días en la Cadena Cope que las cinco comunidades autónomas en las que gobierna el PP legislarán vía decreto para evitar que la reforma educativa "socave la libertad de las familias" y para "poner a salvo la libertad educativa". Según ha subrayado, cuando hay en La Moncloa un Ejecutivo que es "malo para los intereses de las familias españolas", "el Estado Autonómico es para estas situaciones".

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha anunciado este jueves que su departamento llevará al próximo Consejo de Ministros un real decreto para destinar 10 millones de euros a la atención y acogida de niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Durante su comparecencia en la Cámara baja, ante la Comisión Mixta (Congreso-Seando) de Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Iglesias se ha referido a la situación de Canarias en materia migratoria y sobre lo que su vicepresidencia puede hacer "en el marco de sus competencias" sobre esta materia.

En este sentido, ha anunciado la presentación de este decreto para mejorar la atención a los menores extranjeros que, según ha indicado, "algunos criminalizan".

El líder de Podemos se ha referido a este tema al ser cuestionado por la diputada de ERC, María Carvalho Dantas, sobre la posición del Gobierno en este tema. La representante independentista llamó a reconocer a todas las personas en situación administrativa irregular en España y denunció las violaciones de derechos humanos que estas personas sufrieron durante la pandemia, con acusaciones "racistas y xenófobas" sobre contagios.

COOPERACIÓN CON CCAA Y AYUNTAMIENTOS

En su intervención, Iglesias no sólo ha anunciado esta medida, también se ha referido al trabajo de su equipo para tener aprobada la Estrategia de Desarrollo Sostenible en junio de 2021 o a la necesidad de iniciar campañas de información sobre la Agenda 2030 y los ODS, después de los datos "preocupantes" del CIS, que determinaron que el 70% de los españoles no había oído hablar de estos términos.

También ha asegurado que se buscará la colaboración de todas las administraciones españoles y todas las fuerzas conjuntas para sacar adelante esta iniciativa, así como con las organizaciones sociales. Y, en este sentido, ha anunciado que están trabajando "con énfasis" en la "localización" de la Agenda 2030, ya que, según ha indicado, los ayuntamientos quienes "mejor conocen las necesidades" de sus ciudadanos. Así, ha explicado que se está "ultimando" una guía en este sentido, que esperan tener lista el próximo 11 de diciembre.

Sobre este tema ha insistido la senadora del PNV, María Isabel Vaquero, quien ha criticado la falta de diálogo del Gobierno en materia de diálogo con los ejecutivos autonómicos. A su juicio, ha habido "tímidos esfuerzos convocando grupos" de trabajo, pero ha recordado a Iglesias que el PNV está a favor de la "cooperación" pero no de la "subordinación".

Pero los más críticos con Iglesias han sido Vox y PP. El diputado 'popular', José Ángel Alonso, ha reprochado a Iglesias su tardanza para comparecer en el órgano (11 meses); le ha acusado de "subirse el sueldo" mientras "crecen las colas del hambre"; de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital (IMV) que las familias esperan "meses"; de hacer compras "equivocadas" de material sanitario; de no poner en marcha "ni una sola medida" después de "asumir el mano único de competencia de las residencias"; o de aprobar una ley de Educación que "ataca la constitución".

ASUNTOS PRIVADOS

También le ha acusado de tener "actitudes machistas" por el 'Caso Dina', de aferrarse al aforamiento, de "blanquear a Bildu" o de "destruir el empleo", entre otras. "Se ha convertido en lo que despreciaba", ha concluido su declaración el diputado.

La presidenta de la comisión, la diputada de En Comú Aina Vidal, se ha dirigido a Alonso al término de su intervención, para señalar que iba a "pasar por alto el artículo 103 por injurias", pero le ha advertido de que algunos de los temas tratados fueron inadmitidos a trámite por la Mesa del Congreso "por versar sobre asuntos privados sobre los que no tiene competencia" la sala.

Por su parte, Iglesias ha lamentado que el PP no continúe con el discurso de su presidente, Pablo Casado, en el debate de la moción de censura y que estaba "alineado con los valores europeos" y que "tomaba distancia con el fascismo". Para el vicepresidente esta actitud de los 'populares' ha durado "poco" y ha insistido en que si siguen así "van a estar lustros y lustros en la oposición".

El líder de Podemos también se ha dirigido al PP durante su réplica a Vox, para preguntarles cuál era su proyecto de España gobernando con los de Abascal en Madrid, Andalucía y Murcia, cuando la representante de Vox en la Comisión, Magdalena Nevado, ha hecho un discurso en el que asegura que la agenda de la ONU es "antidemocrática" y "una amenaza para la Constitución y la economía", o que la "OMS es un instrumento del partido comunista chino.

"ESTÁN VENDIENDO A ESPAÑA"

Nevado, en su intervención, ha calificado la Agenda 2030 como un "gran disparate" y como la "destrucción económica y del orden social moral y político". A su juicio, estas medidas van en "contra de España y de los españoles", "reducen" su libertad" y "erosionan" las instituciones democráticas.

En concreto, ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es "desarrollar una estafa de magnitudes planetarias" para "el sostenimiento de la codicia de las élites mundiales" y de quienes les ayudan que, en el caso de España, ha apuntado, son "todos los grandes grupos parlamentarios" y "los no tan grandes" que están "colaborando en engañar a la población a base de mensajes sensibles y de un supuesto apocalípsis climático que carece de toda evidencia científica". "Lo que están haciendo ustedes es vender a España", ha declarado.

Por otra parte, la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Sara Giménez, ha criticado también la gestión del IMV, y ha demandado soluciones contra el chabolismo, que genera "segregación social" y "segregación escolar", también medidas contra el fracaso escolar o la violencia machista y la igualdad. "Avancemos de verdad, no solo con discursos porque queda mucho camino por recorrer", ha declarado.

Para Iglesias, "si Ciudadanos se pareciera más" al discurso de Giménez sería "más sencillo ponerse de acuerdo en algunas cosas". En este sentido, ha reconocido que el IMV es mejorable, que la apuesta del Ejecutivo contra el fracaso escolar es "la escuela pública", y ha apuntado que el compromiso de la vicepresidencia con el derecho a una vivienda digna para los españoles no se les puede criticar.

Finalmente, el senador de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha mostrado su preocupación porque los fondos europeos tengan "un sesgo economicista" y ha llamado a usarlos para lograr "un cambio de paradigma laboral", más "homologable con la UE" y para terminar con la "precariedad". En este sentido, Iglesias ha señalado que el país "arrastra" debilidades que se han de cambiar y ha apuntado que dentro de la tragedia que supone la pandemia, también es "una enorme oportunidad de desarrollo".

Castilla y León contabiliza un total de 125.119 positivos por coronavirus, de ellos 780 nuevos, con 31 fallecidos notificados en las últimas 24 horas (23 de ellos en hospitales y ocho en residencias) y 159 altas más, según datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas de este jueves registran 23 fallecimientos en hospitales. En total en este ámbito se han notificado hasta el momento en la Comunidad 3.630 defunciones. Por su parte, las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 17.076, tras sumarse otras 159 en las 24 horas anteriores.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 498 y los casos positivos a ellos vinculados se sitúan en 4.621. De ellos, Ávila contabiliza 38, seis menos; Burgos, 45, uno menos; León, 45, siete menos; Palencia, 44, dos más; Salamanca, 36, dos menos; Segovia, 36, uno menos; Soria, 46, dos menos; Valladolid, 150, nueve menos, y Zamora 58, siete menos.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 125.119 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 780. Según los datos de la Administración regional, 118.377 positivos han sido diagnosticados en test PCR y de antígenos.

VALLADOLID, LA QUE MAS SUMA CON 255 NUEVOS POSTIVOS

Por provincias, Valladolid es la que acumula más positivos, con 255 más y un total de 28.906; seguida de Burgos, con 157 más y 21.593; León, con 125 y un total de 20.454; Zamora, con 70 más y 7.800; Salamanca, con 82 más para un total de 17.710; Soria, con 24 más y 5.527; Palencia, con 21 y un total de 8.290; Segovia, con 26 más y 7.851 y Ávila, con 20 más y 6.889.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 3.630, 223 más que en la jornada anterior. La mayor parte se registra en la provincia de León con 754 --seis más--, le sigue Valladolid con 737 --dos más--; a continuación figura Salamanca, con 588 --dos más--; Burgos, con 445--siete más--; Segovia con 248 --los mismos--; Zamora 269 --dos más--; Ávila registra 230 --dos más--; Palencia, 198--dos más--, y Soria, 161 --uno más--.

En el caso de las altas, un total de 17.076, se han computado 4.165 en Valladolid; 3.101 en León; en Salamanca 2.497; en Burgos 2.307; en Segovia 1.165; en Ávila 1.101; en Zamora 1.147; en Palencia, 928, y en Soria 665.

VUELVEN A DESCENDER LAS HOSPITALIZACIONES

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo del COVID-19 un total de 1.361 personas --62 menos que en la jornada anterior--. Los pacientes que se encuentran en planta han descendido hasta 1.138 --59 menos--, y los hospitalizados en unidades de críticos suman 223, tres menos que la jornada anterior.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 69 por ciento de las camas en unidades de críticos, dos puntos porcentuales menos que este miércoles.

Así, se informa de 42 en el Clínico Universitario de Valladolid; 34 en el Complejo Universitario de Burgos y en el Universitario Río Hortega de Valladolid; 24 en los complejos de León y Salamanca, 12 en el complejo de Ávila y Zamora; once en el Hospital de El Bierzo, siete en el de Segovia y cinco en el de Soria.

DIECIOCHO INTERNOS DE RESIDENCIAS FALLECIDOS

Por su parte, la cifra notificada de internos de residencias de mayores y personas con discapacidad fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúa en 3.370--18 más que en el último parte emitido-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 2.265 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, 18 más que en la jornada anterior, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.370 finados hasta el momento, 1.973 personas han perdido la vida en su residencia o centro, ocho más que el dato de ayer, mientras que diez personas más han fallecido en el hospital, hasta un total de 1.397.

Un total de 33 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, dos menos, y 1.590 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 24 menos.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se eleva a 282, los mismos, de ellos 165 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles.

Además, se encuentran hospitalizados 36 residentes, tres más, y se sitúa en 922, sin variación, los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado.

Por otro lado, no hay ningún residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19 y 155 aislados de forma preventiva sin síntomas, dos más que el miércoles.

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado archivar las querellas presentadas por Vox y Laócratas contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por presunta prevaricación por su reunión del pasado mes de enero en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, por considerar que es susceptible de control político pero que de ello no se deriva responsabilidad penal. No obstante, ha establecido que la dirigente extranjera sí entró en territorio español, en contra del criterio de la Fiscalía.

Los hechos se remontan a la madrugada del 19 al 20 de enero, cuando Rodríguez hizo una escala en Barajas en un avión donde también viajaba la delegación venezolana para FITUR. Ábalos, según dijo posteriormente, se trasladó esa misma noche al aeropuerto madrileño con el objetivo de impedir que la mandataria caribeña, que tiene prohibido entrar en el espacio Schengen por las sanciones de la UE, se adentrara en el mismo.

Para el Supremo, "es un hecho notorio que la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela aterrizó y permaneció en el aeropuerto de Barajas durante la madrugada del día 20 de enero de 2020, permaneciendo durante varias horas en la sala VIP de la terminal ejecutiva", y que ello "implicó una vulneración de la expresa prohibición del Consejo (Europeo) de permitir su entrada en el territorio de la UE".

El alto tribunal ha explicado que "el acceso al territorio español --y, por consiguiente, al de la Unión Europea-- se produjo desde el momento en que la aeronave sobrevoló espacio aéreo español", dado que las fronteras de un Estado no son solo las terrestres, sino también las aéreas, marítimas, fluviales y lacustres, "conforme a categorías históricas no discutidas en la dogmática del Derecho Internacional.

"Por consiguiente", ha concluido la Sala II, "cuando el Falcon 900LX en el que viajaba la vicepresidenta venezolana aterrizó en el aeropuerto de Barajas, con absoluta independencia de la terminal a la que se dirigiera y de la zona por la que transitara, la vulneración del mandato emanado del Consejo ya se había consumado".

De esta forma, el Supremo se ha desmarcado de la propia Fiscalía del TS y del juzgado madrileño que investigaba la parte del 'Delcygate' contra funcionarios, ya que ambos interpretaron que Rodríguez no pisó suelo español porque permaneció en la sala VIP de la terminal ejecutiva, en la zona de tránsito internacional.

"NATURALEZA POLÍTICA"

Los magistrados del TS han estimado que "está asimismo acreditado, por su reconocimiento público --más allá de las contradictorias versiones con las que ha pretendido explicarse--, que el ministro querellado, el señor Ábalos, se entrevistó con la vicepresidenta bolivariana durante su estancia en territorio español".

Sin embargo, han entendido que no se le puede imputar un delito de prevaricación porque "las obligaciones derivadas de las decisiones PESC (de Política Exterior y Seguridad Común de la UE) tienen una naturaleza esencialmente política", de modo que "su incumplimiento implica la vulneración de una obligación en el ámbito de la política exterior de la Unión Europea" cuyo control "incumbe al propio Consejo".

En este sentido, el Tribunal Supremo ha querido destacar que "no incumbe a esta Sala el control del cumplimiento de las obligaciones del Gobierno español respecto de las decisiones PESC", recordando que los tratados de la UE "limitan incluso la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de política exterior y de seguridad común".

"En definitiva, sostener que cualquier vulneración por una autoridad española de una decisión PESC ha de ser calificada como constitutiva de un delito de prevaricación sería contrario a la propia naturaleza del mandato incumplido", ha aseverado.

Con todo ello, la Sala de lo Penal ha concluido que se trata de "una obligación de marcado carácter político cuyo incumplimiento no admite otra responsabilidad que la que se dirime en ese ámbito".

CAUSA ARCHIVADA

Por las mismas razones, el Supremo ha descartado también la acusación de omisión del deber de promover la persecución de delitos y de usurpación de funciones que Vox había sumado a la querella inicial presentada por Laócratas.

En consecuencia, los magistrados encabezados por Manuel Marchena han acordado "la inadmisión a trámite de la misma por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno y el consiguiente archivo de las actuaciones".

El 'Delcygate' se investigaba también en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid, a raíz de una serie de denuncias y querellas presentadas por el PP, Vox y Laócratas contra varios funcionaros por presunta prevaricación administrativa. Sin embargo, el juez Antonio Serrano-Arnal también decidió archivarlo aduciendo que Rodríguez no llegó a entrar en territorio español, en la misma línea indicada por la Fiscalía Provincial.

El XV Festival Valladolid Jazz se despide en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) este viernes, 27 de noviembre, con la actuación de la banda liderada por Jeff Espinoza y Francisco Simón Red House.

'Red House', considerada una de las mejores formaciones europeas de blues del momento, es el resultado de la amistad entre el californiano Jeff Espinoza y el español Francisco Simón.

La trayectoria de ambos se ha movido entre España y los Estados Unidos. Espinoza, estadounidense de nacimiento, llegó a España a finales de los 80, donde formó parte de la mítica Vargas Blues Band. Ha colaborado con artistas de la talla de Chris Rea o Steve Cooper y Blue Lou Marini de los Blues Brothers.

Por su parte, Simón estudió en el prestigioso Guitar Institute of Technology de Hollywood (California, Estados Unidos), donde obtuvo el premio al mejor estilo. En su país natal ha girado con músicos y bandas como Dundan Dhu, Antonio Flores o Miguel Ríos, y en la escena internacional ha trabajado con Tom Jones o Jerry Lee Lewis, entre otros.

'Red House' recoge la experiencia de dos curtidos guitarristas y el sonido del blues europeo y americano para ofrecer la experiencia única de un directo lleno de pasión, energía y elegancia.

El concierto de Red House, último del XV Valladolid Jazz, tendrá lugar este viernes, 27 de noviembre, a las 19.30 horas en el LAVA.

El ciclo Valladolid Jazz está organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y coordinado por el saxofonista vallisoletano José Luis Gutiérrez.

Las entradas están a la venta en taquilla y en el portal web www.vayaentradas.com

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha anunciado que el próximo martes, 1 de diciembre, ya no estará en vigor el confinamiento perimetral de las tres capitales de provincia --Huesca, Zaragoza y Teruel--, si bien se mantiene en el ámbito provincial y autonómico.

En rueda de prensa, Repollés ha explicado que se pretende "favorecer la movilidad dentro de Aragón", pero de forma "limitada y sostenida", es decir, sin restricciones dentro de la misma provincia, una medida "altamente demanda" y cuyo impacto se va a estudiar para analizar si se confirma la tendencia descendente de los contagios de la COVID-19 que se ha producido en las últimas semanas.

La consejera ha indicado que la tasa de casos acumulada en los últimos siete días en Aragón es de 180 por 100.000 habitantes y la acumulada en 14 días se sitúa por debajo de los 500 casos "desde hace unos días", si bien "seguimos en una situación de muy alto riesgo" y la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos es superior del 45 por ciento.

Asimismo, ha aportado el dato de que hay ciudades con más de 10.000 habitantes con tasas semanales de 75 casos por 100.000 o inferiores. En el conjunto de la comunidad autónoma, la tasa de positividad ronda el 10 por ciento, "se percibe una menor transmisión comunitaria" y también hay menos ingresos diarios en hospitalización y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

"Podemos considerar un hito que hemos bajado de los cien pacientes en UCI", ha afirmado Repollés, para añadir que, no obstante, "sigue existiendo una presión importante", con una estancia media en UCI de 19 días por lo que "quedan unas semanas hasta que los hospitales puedan observar una disminución de la atención" y "en este contexto no nos podemos plantear una estrategia de apertura rápida".

La consejera ha dicho que su propósito es "flexibilizar, pero con responsabilidad" y con la vista puesta "más allá" de la Navidad y ha opinado que realizar una desescalada "rápida" sería "una falta de respeto a las familias que han sufrido una pérdida o a los profesionales sanitarios que están trabajando con mucho esfuerzo y compromiso". Repollés ha precisado que el objetivo es que sea "progresiva y lenta" para poder "asentar cada logro".

SIGUIENTE PASO

La consejera ha contado que el siguiente paso sería flexibilizar las medidas de distanciamiento social, que permitan "cierta reactivación de la economía en fechas próximas a la Navidad", algo que podría sucede si el nivel de riesgo "extremo" actual baja a "medio.

Ha señalado que si tras la supresión del confinamiento perimetral de las tres capitales de provincia "no se modifica la velocidad de descenso de la curva, se podrán modificar medidas antes de Navidad" en cuanto a agrupaciones y movilidad.

Repollés ha animado a quienes sufren "hartazgo" y "fatiga pandémica" porque "hemos visto la luz después del túnel" y "vamos a tener las vacunas en enero" por lo que "estamos avanzando hacia una solución definitiva" y "restando días" respecto a la convivencia con el virus. Por eso, ha pedido "aguantar", tras remarcar el "esfuerzo" de todo el personal sanitario. "Lo estamos haciendo bien".

También ha comunicado que este mismo jueves van a iniciar un ciclo de reuniones con sectores del deporte, la hostelería y la cultura, afectados por las últimas restricciones en Aragón, "para hacerles partícipes del contexto epidemiológico y de la estrategia planteada.

MEDIDAS SIMILARES EN TODO EL PAÍS

La consejera ha apostado por que las medidas de flexibilización que se vayan a adoptar con motivo de la Navidad "sean homogéneas" en todas las comunidades autónomas, "o al menos en las que compartimos una situación epidemiológica y unas características similares" y se apliquen al mismo tiempo.

Repollés ha indicado que un grupo de trabajo --en el que cada comunidad autónoma cuenta con un representante-- está estudiando el borrador planteado por el Ministerio de Sanidad al respecto.

Ha adelantado que si bien "no hay nada definitivo" se están manteniendo conversaciones para que perduren los confinamientos perimetrales de las comunidades autónomas, "hasta que consigamos una inmunización de la población a partir de enero con la vacuna", si bien habría "cierta flexibilización de la movilidad en los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.

También la habrá en los horarios sobre el toque de queda y el cierre de actividades en Nochebuena y Nochevieja, mientras que se debate sobre el límite del número de personas por agrupación. Aragón está dispuesta a "ceder" en aras a que "todas optemos por el mismo tipo de medidas", ha remarcado Repollés.

MEDIDAS EFECTIVAS

El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha resaltado que las medidas adoptadas después del puente del Pilar en Aragón han sido "efectivas" ya que "a la semana siguiente llegamos al pico y luego ha tenido lugar una tendencia de bajada acusada" en la incidencia, que ya se comienza a percibir en la mortalidad.

No obstante, ha advertido de que hay indicadores con "niveles todavía muy altos" y "no nos podemos permitir" que ocurra como en septiembre, cuando se mantuvieron los 200 y 300 casos diarios y una ocupación de más de 50 camas de UCI al día. El objetivo es "bajar lo suficiente" para tener "más capacidad de respuesta" cuando se produzca la cuarta ola en enero, que sucederá porque "no es algo que podamos cuestionar", ha sentenciado.

Por eso, "nuestro gran reto está en las próximas semanas y en cómo afrontemos las Navidades", con el "virus circulando", ha expuesto. Ha añadido que el efecto de las vacunas, si éstas se aplican en enero, "no lo notaremos hasta finales de febrero o marzo".

Por su parte, el director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, ha explicado que el sistema sanitario "ha estado muy tensionado desde finales de julio", tanto en atención primaria, como en hospitalaria" de forma que "los profesionales no han tenido tiempo de descansar prácticamente" desde esa fecha.

Ahora, "seguimos con niveles muy altos de ocupación" y "de cara a la Navidad tenemos que llegar a una situación en la que el sistema sanitario esté en mejores condiciones para afrontar esa cuarta ola".

A su entender, "les debemos" a los profesionales "que el nivel de saturación en los centros descienda" y "tengan derecho a disfrutar de la Navidad y las vacaciones como el resto de la sociedad" para que después puedan hacer frente a la cuarta ola "en condiciones adecuadas".

En este punto, ha animado a descargarse la aplicación Radar COVID "y mantenerla activada durante todas la Navidad para ayudarnos a controlar la evolución de la pandemia en ese periodo".

RASTREADORES

Los directores generales han apuntado que el nivel de presión sobre los rastreadores de atención primaria y Salud Pública "no ha bajado", si bien en estos momentos están siguiendo a 7.589 personas, frente a las 24.297 que hubo el 29 de octubre, en el pico de la tercera ola. Además, en primaria se atiende al día unas 200 personas por la COVID-19 frente a los 600 y 700 que ha llegado a haber.

Falo ha reconocido que en estos momentos la identificación de contactos están siendo "más complicada" porque los contagiados consideran que si los comunican, "les perjudican" al obligarles a aislarse dada la proximidad del puente festivo de diciembre y de la Navidad, algo que ocurre "en determinados entornos con gente joven o situaciones sociales", cuando "cortar las vías de transmisión son el elemento más seguro que tenemos" ahora.

En otro orden de cosas, ha opinado que la presencialidad total en las aulas educativas, desde el punto de vista sanitario, "puede ser posible" ya que en ellas se ha comprobado que la transmisión ha sido "muy baja", pero es una decisión "educativa".

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella presentada contra el secretario general y diputado de Vox Javier Ortega Smith al considerar que las declaraciones que hizo en octubre de 2019 sobre las conocidas como 'Trece Rosas' no son constitutivas de un delito de incitación al odio, calumnias e injurias graves.

La asociación Trece Rosas Asturias y familiares de una de ellas se querellaron contra el dirigente de Vox al afirmar en un programa de televisión que durante la Guerra Civil hubo crímenes de ambos bandos y que las jóvenes republicanas, fusiladas en 1939, "torturaban, asesinaban y violaban vilmente" en las 'checas' de Madrid.

La Fiscalía informó el pasado mes de julio a favor de que se abriera una investigación a Ortega Smith en el Tribunal Supremo, ante el que se encuentra aforado por su condición de diputado en el Congreso, por un delito de odio por estas palabras. En su escrito, señaló que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) recuerda en su sentencia de 6 de julio de 2006 que es de vital importancia que los políticos, en sus discursos públicos, eviten difundir palabras susceptibles de fomentar la intolerancia, generando un sentimiento lesivo para la dignidad de los aludidos y un riesgo para los derechos de terceros y el sistema de libertades.

Sin embargo, la Sala, que no comparte este criterio, explica que la función jurisdiccional consiste, en estos casos, "en valorar, atendiendo a las circunstancias concurrentes, y la expresión de las ideas vertidas", si lo manifestado encaja dentro del ejercicio legítimo de la libertad de expresión o, por el contrario, "la expresión es atentatoria a los derechos y a la dignidad de las personas a que se refiere".

SE REQUIERE LA INCITACIÓN O PROVOCACIÓN AL ODIO

Añade que para poder sancionar la conducta es necesario que la difusión de ideas implique una incitación o una provocación al odio a determinados grupos por motivos racistas, antisemitas o ideológicos, "de manera que represente un peligro cierto de generar un clima de violencia y hostilidad que puede concretarse en actos específicos de violencia, odio o discriminación contra aquellos grupos o sus integrantes como tales".

A la hora de valorar todos estos aspectos, el Supremo recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional, y señala que "podría aceptarse" que "las afirmaciones del querellado sobre la actuación de las Trece Rosas pueden constituir un sentimiento lesivo para la dignidad de estas personas".

No obstante, rechaza la extensión del daño que realizan tanto el Ministerio Fiscal como los querellantes "a la de las personas que en el día de hoy participan de la misma ideología" que las Trece Rosas. Asimismo, tampoco ve que en las manifestaciones de Ortega Smith "una incitación al odio con una capacidad de peligro relevante".

En este sentido, los magistrados agregan que la existencia del peligro "depende tanto del contenido de lo difundido como de la forma en que se hace la difusión, sin que pueda dejar de valorarse la sociedad o ámbito social al que se dirigen las expresiones cuestionadas". Así, subraya que la sociedad actual, "más de 80 años después de los hechos, presenta ya un claro rechazo" de lo ocurrido.

En cuanto a las injurias y calumnias, el Supremo sí comparte el criterio del Ministerio Fiscal que interesa la inadmisión de la querella por falta de legitimación activa de los querellantes a ejercer acción penal por estos delitos, pues ésta se extingue con el fallecimiento del ofendido.

La Sala recuerda que la legitimación procesal para ejercitar la acción por calumnias o injurias que, bajo la normativa anterior se otorgaba a determinados parientes o al heredero del difunto, siempre que el atentado a su honor trascendiera a ellos, despareció en 1995 con la reforma del Código Penal.

NO HUBO ACUERDO EN FEBRERO

La querella contra Ortega Smith se interpuso en el Supremo después de que éste se negara a retractarse de sus palabras en un acto de conciliación celebrado el pasado mes de febrero en el Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid. El dirigente de Vox no acudió a dicha vista, sino únicamente su abogada.

La Asociación Trece Rosas Asturias y los sobrinos de una de las jóvenes, Dolores Conesa, pedían entonces que Ortega Smith se retractara a través de una publicación en televisión, el pago de una indemnización por importe de 10.000 euros que serían donados a un colectivo relacionado con la memoria histórica, así como cinco días de trabajos de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

Tras el rechazo por parte de Ortega Smith de estas condiciones, la juez del caso buscó una solución intermedia que los demandantes aceptaron. Se trataba de unas disculpas públicas, pero el secretario general del Vox propuso una matización de sus palabras y no una rectificación, por lo que finalmente no hubo acuerdo.

Unidas Podemos ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que no le va a quedar más remedio que cumplir con la armonización fiscal y ver el final de su "paraíso fiscal", dado que vendrá regulado en normativa estatal que deberá acatar, pese a que en el PP estén "acostumbrados a incumplir la ley".

Así lo ha indicado en rueda de prensa el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Pablo Echenique, quien ha recalcado España es un "Estado de derecho" y Ayuso "debe cumplir la ley" si se fija criterios mínimos a los impuestos de Sucesiones o Patrimonio.

En referencia a las fuertes críticas de la presidenta madrileña a este acuerdo, quien llegó a decir que sería la peor pesadilla a aquellos que pretendan tocar "el bolsillo a los madrileños", Echenique ha cargado contra su política, al convertir la región en un "paraíso" y un "dumping fiscal".

En este sentido, ha recalcado que el Estado fija unos criterios mínimos a las autonomías en materia fiscal, aunque los gobiernos regionales también tienen capacidad de regular en ciertos tramos de los tributos.

"AGUJERO FISCAL" EN MADRID

En el caso de Madrid, ha aludido por ejemplo a lo que ocurre con el impuesto de Sucesiones. Así, con una bonificación del 99 por ciento, Echenique ha apuntado que entre 40 personas heredaron en torno a 855 millones de euros, y solo pagaron 2,5 millones en impuesto (el 0,3% de esa cantidad. Esta cifra supone también una cantidad cien veces inferior a la del resto de autonomías.

También ha desgranado que Madrid es la única autonomía que "perdona completamente" el impuesto de Patrimonio a los que "más tienen". Con este contexto y de los 611 multimillonarios españoles con patrimonio superior a los 30 millones de euros, más de la mitad están radicados en Madrid (373).

Pero además, Echenique ha ahondado que si en Madrid se tapara estos dos "agujeros fiscales", se aportaría una recaudación adicional de 500 millones de euros, el triple de lo que destina Madrid a la renta de inserción a la población vulnerable.

Con estas cifras, el portavoz de Unidas Podemos ha asegurado que Ayuso no solo hace "competencia desleal" al resto de regiones y con la España "vaciada", sino que además hace "dumping fiscal" al conjunto de los madrileños con una "merma a su estado de bienestar y el que tiene más necesidad la población vulnerable".

Prueba de ello, a juicio de Echenique, es que Madrid es la comunidad más rica y la segunda que menos destina a la sanidad pública.

"PARAÍSO FISCAL" PARA LAS GRANDES FORTUNAS

En una línea similar se ha expresado el presidente del grupo confederal, Jaume Asens, quien ha celebrado la voluntad de las fuerzas mayoritarias de la cámara para acabar con el "secesionismo fiscal" de Ayuso, una demanda que ya abordaron en el Parlament.

Por tanto, la armonización fiscal comprometida es una "buena noticia" para al resto de territorios, para los servicios públicos y para el conjunto de los madrileños, porque el "paraíso fiscal" actual que ha montado el PP para las grandes fortunas solo beneficia al 0,002% de los madrileños.

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calitat Democratica, Rosa Pérez Garijo, ha anunciado en el pleno de Les Corts la apertura de un expediente de sanción por la exhibición de símbolos franquistas durante la manifestación celebrada el pasado 12 de octubre en el barrio de Benimaclet en la ciudad de Valencia.

El inicio de las actuaciones se produce después de la denuncia presentada el 23 de noviembre en la Conselleria por la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià en la que expone que los participantes en la manifestación exhibieron simbología nazi, la bandera española con el escudo franquista, la bandera de la falange, saludos fascistas y antorchas, ha explicado la consellera en respuesta parlamentaria a la diputada de Unides Podem, Estefanía Blanes.

La denuncia sostiene que estos actos son contrarios a la prohibición de exhibir públicamente escudos, insignias, placas y otros objetos en la vía pública realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo de la sublevación militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial como contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas.

Así, se solicita en el escrito la aplicación de los artículos 39 y 40 y el régimen sancionador de la Ley 4/2017, de 10 de noviembre de la Generalitat, de Memoria Democrática y por la Convivencia de la Comunitat Valenciana contra 6 personas que se han podido identificar gracias a la colaboración vecinal y los colectivos antifascistas.

La Conselleria también requirió a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana documentación recabada por la policía durante la manifestación. Las fotografías remitidas por la Delegación del Gobierno concuerdan con las imágenes aportadas en la denuncia.

Todas las pruebas suponen "indicios sufucientes" para actuar contra 3 de los participantes en la manifestación por unos hechos que pueden ser susceptibles de la infracción de tipificada en el art 61 de la Ley de Memoria Democrática y por la convivencia de la Comunitat Valenciana, al tratarse de actos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las victimas de conformidad con los artículos 39 y 40 del citado texto legal. La norma prevé multas de entre 2.001 y 10.000 euros.

Pérez Garijo ha asegurado en su intervención en las Corts Valencianes que la apertura del expediente "supone la aplicación de la ley, una obligación de todas las administraciones".

Pérez Garijo ha recordado que "lo que ha pasado en este país es impensable en otros países como Alemania; después de 40 de dictadura, que suponen la época más oscura de nuestra historia, hemos soportado 40 años más la exaltación de esa época por parte de los que nos quieren sin derechos y sin libertad.

"El fascismo no es una ideología; es una forma de opresión que hay que combatir con todas las herramientas legales", ha aseverado. "No olvidemos que no se puede defender la democracia sin ser antifascista, porque el fascismo es lo contrario al derecho y a las libertades", ha subrayado.

El líder del PP, Pablo Casado, se ha comprometido este jueves públicamente a dar la batalla ante el "lesivo" plan de armonización fiscal "al alza" que, a su juicio, han acordado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ERC en el marco de la negociación de los Presupuestos. Tras asegurar que los territorios en los que gobierna su partido seguirán bajando impuestos, ha avisado al Gobierno que tienen de su parte la ley y sentencias de los tribunales.

"Vamos a dar esta batalla, vamos a seguir bajando impuestos y no vamos a tolerar que Sánchez intente obligarnos a subirlos allí donde gobernamos. Tenemos además la ley de nuestra mano y tenemos las sentencias de los distintos tribunales de nuestra mano, y vamos a dejar muy claro que es la política económica que funciona", ha proclamado.

Casado ha hecho estas declaraciones tras visitar en Madrid el Colegio de Educación Especial Bobath, en un vídeo grabado difundido por el PP en el que ha denunciado también la "injusta" y "sectaria" ley educativa que, en su opinión, ha promovido el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y ha confirmado que su formación recurrirá esa 'Ley Celaá' al Tribunal Constitucional.

ACUSA A SÁNCHEZ DE "CASTIGAR" A LOS MADRILEÑOS

En esta visita a este centro, que atiende a alumnos con parálisis cerebral, Casado ha afirmado que para tener fondos públicos para lograr una "educación de calidad", entre otros asuntos, la economía debe ir "bien", con crecimiento económico y creación de empleo. A su entender, eso se consigue con un sistema fiscal y una flexibilidad laboral que "funcione".

"Por eso consideramos tan lesivo el plan que ha propuesto Sánchez de armonizar al alza los impuestos", ha denunciado el líder del PP, que ha echado en cara al presidente del Gobierno que trate de "castigar" a siete millones de madrileños.

En este punto, ha respondido al portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, que la Comunidad de Madrid "no es un paraíso fiscal". "Es un modelo alternativo al infierno fiscal en el que han convirtiendo a Cataluña los independentistas y que encima Sánchez quiere extender a toda España por un puñado de votos a los Presupuestos Generales del Estado", ha denunciado.

"EL CIRCULO VIRTUOSO DE LA ECONOMÍA"

Casado ha afirmado que las autonomías en las que gobierna el PP van a seguir bajando impuestos porque se crea más empleo, se recauda más y eso permite tener "mejores" colegios, "mejores" hospitales y"más servicios sociales", según ha dicho.

"Esto ya está inventado. Es el círculo virtuoso de la economía que siempre ha puesto en marcha el PP", ha manifestado, para añadir que el Partido Popular "tiene que seguir bajando impuestos para los que más necesitan al Estado y las ayudas públicas", sobre todo en medio de esta "terrible pandemia".

El líder del PP ha hecho hincapié en que su partido va a dejar claro que bajar impuestos es "la política económica que funciona" y ha añadido que donde gobierna su partido "a las personas les va mejor" porque "hay más prosperidad, empleo y servicios públicos".

'BARONES' DEL PP CREEN QUE LA ARMONIZACIÓN DEBE SER A LA BAJA

También varios 'barones' autonómicos del PP han cargado contra el acuerdo entre Sánchez y ERC en el marco de los Presupuestos, al tiempo que han defendido su autonomía fiscal. Eso sí, no se han cerrado en banda a una armonización fiscal y han coincidido en que si se quiere hacer, debe ser a la baja.

Así, el andaluz Juanma Moreno ha señalado que, "si se quiere equiparar, que se equipare por abajo, que bajen los impuestos en Cataluña", dado que "ellos tienen los mismos instrumentos fiscales" que las demás comunidades.

Por su parte, el gallego Alberto Núñez Feijóo ha admitido que la armonización "no es mala" y que tampoco es mala la armonización "a la baja", abogando por fijar una horquilla de máximos y mínimos para que las comunidades se puedan mover en ese ámbito. "Pensar que la armonización es solo subir impuestos pues hombre, eso no es armonizar, eso es subir impuestos", ha enfatizado.

De la misma manera, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que si apuestan por una armonización fiscal "siempre debe ser a la baja y nunca al alza". En la misma línea, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, copnsidera que cualquier armonización fiscal debe orientarse hacia la rebaja de impuestos.

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha dicho este jueves que "en principio" la Generalitat no alargará el confinamiento municipal más allá de las 6 horas del lunes por el puente de la Purísima, pero ha señalado que revisarán a diario las cifras sanitarias para posibles cambios.

"En principio no está previsto ningún cambio pero sí es verdad que el Procicat va actuando a diario y en función de la evolución se podrían tomar medidas diferentes", ha dicho al preguntársele por este tema en rueda de prensa telemática junto a la consellera de Salud, Alba Vergés.

Sàmper ha recalcado que la norma vigente es que el confinamiento municipal comprende el viernes y el fin de semana, y al enlazar con el toque de queda se extiende desde las 22 horas del jueves hasta las 6 horas del lunes, y ha afirmado que "a día de hoy no se ha hablado" de la posibilidad de alargar el cierre municipal para impedir desplazamientos durante el puente.

Ha señalado que "si se dieran datos que hicieran pensar que se debería impedir la movilidad que se puede generar el lunes y el martes, el órgano soberano para tomar decisiones naturalmente sería el Procicat", el comité de emergencias compuesto por los departamentos de Interior y Salud.

Por su parte, la consellera de Salud, Alba Vergés, al preguntársele por la reunión con el Gobierno y el resto de comunidades autónomas sobre las medidas de cara a las fiestas navideñas, ha asegurado que de cara a la Navidad la Generalitat tiene su propio plan y que si se puede ir avanzando en los tramos dispuestos "se podría llegar a reuniones de 10 personas" en esas fechas.

La consellera ha explicado que en el seno del consejo interterritorial no se debatió el "documento filtrado de recomendaciones", y ha insistido en que todas las administraciones luchen con todo lo que disponen para combatir el virus.

PIDE NO MEZCLAR GRUPOS DE CONVIVENCIA

Vergés ha dicho que más que el número de personas en las fechas navideñas lo importante es no mezclar burbujas de convivencia, porque se entraría en una "desprotección" de personas con las que se quiere celebrar las fiestas.

La consellera ha señalado que si se quiere hablar de Navidad se tiene que hablar de lo que se hace "hoy, esta semana y la semana que viene" para poder afrontarla de la mejor manera, aunque ha reiterado que será diferente a otros años.

En este sentido, el director del Servicio Catalan de la Salud (CatSalut), Adrià Comella, ha advertido de que las ganas de interactuar en las celebraciones navideñas puede ser un terreno ideal para el virus, y ha reclamado prudencia para que la "buena causa de una comida" no pueda acabar en tragedia y no querer correr más que el tiempo.

Preguntada por si se prevé alargar la hora del toque de queda en Navidad y Nochevieja y si se aumentaría el tope de 500 personas en espectáculos culturales, Vergés ha dicho que en el seno del Procicat se valorarán éstas y otras propuestas y cuando se tomen las decisiones se comunicarán.

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves en su informe sobre derechos fundamentales en la UE que se permita a niños con discapacidad estudiar en su lengua materna en entornos bilingües, como una medida de protección particular para estos alumnos.

Esta mención se hace gracias a una enmienda presentada por la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundua, en la que se reclama a los estados miembros que velen por que los niños estén protegidos contra todo tipo de discriminación en el ámbito de la educación.

En particular el texto de Ciudadanos pide que los niños cuya discapacidad implique problemas de desarrollo del lenguaje, como los trastornos del espectro autista, reciban una protección particular cuando su educación se produzca en entornos multilingües, para que puedan estudiar, si sus familias lo desean, en su lengua materna.

En el mismo informe, a instancias de la diputada de ERC, Diana Riba, también se hace referencia a que los Veintisiete impongan una prohibición eficaz de los grupos neofascistas y neonazis y de cualquier otra fundación o asociación que exalte y haga apología del nazismo y el fascismo.

El proceso de tramitación ha generado controversia después de que la ponente, la irlandesa Clare Daly, colara en una nota explicativa anexa al texto una mención a los líderes independentistas presos, que fue posteriormente retirada por el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Juan Fernando López Aguilar, tras reclamarlo 'populares', socialistas y liberales.

En el debate en el Pleno de la Eurocámara sobre el informe arreciaron las críticas contra Daly por su maniobra y ella misma amenazó con votar en contra de su propia ponencia al entender que era mejor no saliera adelante a tener una "hipócrita".

Finalmente el informe ha sido aprobado en el Pleno aunque con una votación muy dividida. El texto ha salido adelante con 330 votos de las familias socialista, liberal y verde.

En contra se han expresado 298 eurodiputados, entre ellos la propia Clare Daly, que ha cumplido su amenaza y ha votado en contra junto a otros eurodiputados de la Izquierda Unitaria, y gran parte del Partido Popular Europeo y formaciones de ultraderecha.

Por la abstención han optado 65 eurodiputados, entre ellos los representantes españoles del PP y los parlamentarios de Podemos.