Los sindicatos de estiba del Puerto de Bilbao aceptan los 250 turnos anuales planteados por las empresas de Bilboestiba, pero solicitan la "garantía de empleo" y "la ocupación efectiva que marca el Estatuto de los Trabajadores".

Las cuatro empresas de Bilboestiba y los sindicatos de estiba del Puerto de Bilbao han celebrado este lunes la primera de las dos reuniones previstas para lograr un acuerdo y dar una solución definitiva al conflicto de la estiba.

Según han informado fuentes de UGT a Europa Press, en el encuentro han dejado para más adelante abordar el calendario laboral y los descansos, por considerar que "era mejor hablar de la garantía de empleo y del número de turnos anuales que las empresas pretenden" que realicen los estibadores.

"Hemos empezado por ahí, porque nos parecía fundamental saber el número de turnos que tenemos que hacer a lo largo del año y luego la garantía de empleo", han reiterado.

Las empresas proponen a los estibadores, según se recoge en el cuarto acuerdo marco y también en el próximo quinto acuerdo marco, "el número de jornadas del mes más dos turnos, lo que sería 250 turnos anuales", han explicado fuentes de UGT.

"Ya lo teníamos hablado con las empresas antes de las huelgas y no teníamos ningún problema en aceptar ese número de turnos anuales, pero, a cambio, solicitamos la garantía de empleo y la ocupación efectiva que marca el estatuto de los trabajadores", ha precisado las mismas fuentes, para indicar que esperan la respuesta a su planteamiento en la próxima reunión, que se celebrará este viernes.

SUSPENSIÓN DE LA HUELGA

Los sindicatos de estiba del Puerto de Bilbao acordaron el pasado 4 de diciembre suspender la huelga que llevaban a cabo desde el 9 de octubre, con el fin de empezar a negociar con las empresas, y volvieron al trabajo el sábado 5 de diciembre.

La desconvocatoria del paro era una de las exigencias de la "hoja de ruta" planteada por el Ministerio de Trabajo para solucionar el conflicto de estiba en el Puerto de Bilbao.

Por ello, una vez aceptada también por parte de Bilboestiba la mediación del Ministerio, este conminó a las partes, de conformidad con lo previsto en la hoja de ruta, a dar inicio al primer periodo de reuniones bipartitas, un mínimo de dos, según lo comprometido en este proceso, hasta el 21 de diciembre. La de hoy ha sido la primera de las reuniones y el viernes se celebrará la segunda.

Posteriormente, el Ministerio ha citado a las empresas y a los sindicatos de estiba a la primera reunión tripartita, que tendrá lugar el próximo día 22, a las 12.00 horas, en la sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El segundo periodo de negociación bipartita, en caso de ser necesario, se llevaría a cabo entre el 23 de diciembre y el 12 de enero de 2021, durante el cual Trabajo recomienda la celebración de un mínimo de dos reuniones entre la parte social y la parte empresarial. La segunda y definitiva reunión conjunta tripartita en sede ministerial se celebraría el 13 de enero de 2021.

Las empresas de Bilboestiba se muestran favorables a participar en el proceso negociador propuesto por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, con la condición previa de que esté sometido al cumplimiento "estricto" de la legislación vigente, lo que supone dejar fuera de la negociación colectiva las tareas complementarias "al haber sido legalmente excluidas", mientras que los sindicatos consideran que "no es ilegal" que los estibadores puedan realizar las tareas complementarias.

Además, en el caso de que no se lograse un acuerdo tras este proceso de negociación tutelada por la directora general de Trabajo, Bilboestiba propone que las partes se sometan a un arbitraje para resolver las cuestiones que no se hayan podido consensuar y alcanzar un acuerdo definitivo que "no dilate innecesariamente el conflicto en el Puerto de Bilbao".

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha abogado este lunes por avanzar hacia una "auténtica alianza verde" con América Latina y el Caribe basada en la "neutralidad climática con objetivos ambiciosos" para 2030.

Así se ha pronunciado la ministra en una reunión ministerial informal Unión Europea-América Latina y el Caribe en la que se han tratado tres "temas claves" como "el partenariado verde, la cooperación digital y la respuesta a la COVID-19".

Asimismo, el encuentro ha buscado "relanzar el diálogo político y dar un impulso" a las negociaciones para el acuerdo modernizado UE-Chile y la firma de los acuerdos Unión Europea-Mercosur y UE-México, así como avanzar hacia la próxima cumbre entre ambas regiones, ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En su intervención, en la sección dedicada al partenariado verde, González Laya ha destacado que los países de América Latina y el Caribe son "socios estratégicos y fundamentales" para España y la UE. "Nos unen valores como la democracia y los derechos humanos y tenemos la voluntad de abordar retos comunes como el cambio climático", ha asegurado la ministra, que también hizo un llamamiento a "redoblar la ambición contra el calentamiento global y lograr la neutralidad climática en 2050".

Dentro de los esfuerzos globales, ha recalcado, América Latina es "un socio indispensable" de España con el que avanzar "hacia una auténtica alianza verde, basada en la neutralidad climática, planes nacionales de reducción de emisiones de gases efecto invernadero con objetivos ambiciosos para 2030, y cooperación conjunta para reforzar la ambición global".

En su intervención, González Laya también se ha referido al "compromiso de España y la UE con la reducción de emisiones y la neutralidad climática".

Además, ha explicado la Estrategia española de Descarbonización a Largo Plazo, "que marca la senda para alcanzar la neutralidad climática en 2050". También ha hecho una mención a "la estrecha cooperación" de España con la región a través, entre otros instrumentos, del Programa ARAUCLIMA, del Fondo de Agua y Saneamiento y de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático.

"La COVID-19 es la peor crisis a la que nos enfrentamos desde la Segunda Guerra Mundial, pero también una oportunidad para construir mejor, de manera verde y sostenible y sin dejar a nadie atrás; esto es, además, una cuestión de justicia intergeneracional", ha afirmado González Laya.

Por último, con ocasión de la reunión ministerial se adoptó un comunicado conjunto en el que se reafirma la adhesión al multilateralismo y se aboga por una recuperación sólida y sostenible de la COVID-19, refiriéndose al deseo de reforzar la cooperación entre otros ámbitos en materia de salud, cambio climático y medioambiente, tecnología digital y reforma de la Organización Mundial del Comercio.

Los Servicios Sociales de Cantabria han asumido la tutela del bebé que dio a luz una niña de 12 años en su casa el pasado domingo, sin que su familia y entorno supieran siquiera que estaba embarazada.

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) ha declarado el desamparo del recién nacido y ha asumido su tutela, mientras la Fiscalía de la Comunidad Autónoma hará un seguimiento del expediente iniciado al bebé y, también, del que ya estaba incoado a la menor, que estaba bajo protección de los servicios sociales, en el marco de las diligencias abiertas por este caso.

La niña dio a luz en su domicilio el pasado domingo, sin que sus familiares y entorno supieran que estaba encinta. El parto se desarrolló sin complicaciones, con la asistencia de efectivos sanitarios desplazados a la vivienda tras recibir el aviso. El equipo del 061 trasladó después a madre e hijo al Hospital Valdecilla de Santander, donde la menor recibió el alta en tanto que el bebé quedó ingresado aunque en buen estado.

Al parecer, el padre es también un menor de edad, de 17 años, del entorno familiar, y todo apunta a que la niña se habría quedado embarazada al inicio del confinamiento decretado el pasado mes de marzo por la pandemia del coronavirus.

El nacimiento tuvo lugar el domingo 6 de diciembre y la Sección de Menores de la Fiscalía de Cantabria recibió el viernes, día 11, por la tarde una comunicación escrita remitida por el ICASS en la que informaba de los hechos, así como de la identidad de quien podría ser el padre del bebé, según sospechas de este organismo público.

INVESTIGACIÓN

A partir de esta información, la Fiscalía incoó diligencias preliminares y acordó la práctica de declaraciones, que han comenzado este lunes por la mañana, han indicado desde el Ministerio Público a Europa Press.

Además, y por otro lado, las mismas fuentes han señalado que se hará un seguimiento del expediente de protección ya incoado a la menor y del que se acaba de iniciar al declarar el ICASS el desamparo del bebé y asumir la tutela del mismo.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que la reunión de este martes entre Ministerio de Sanidad y Comunidad de Madrid no abodará como "parte fundamental" la realización de test de antígenos en farmacias, que el Ejecutivo autonómico lleva solicitando desde hace más de dos meses.

"La reunión de mañana es para valorar la situación epidemiológica y valorar si es necesario modificar algunas de las medidas de control. El test de antígeno en farmacias no es parte fundamental de la discusión de mañana. Si surge se discutirá. En principio no es uno de los temas que se discutirá mañana en la bilateral", ha comentado en rueda de prensa este lunes.

A principios del mes de octubre, tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, requirieron al Gobierno que permitiese a la red de farmacias realizar test de antígenos y funcionar así como puntos complementarios a los ya establecidos.

Posteriormente, la directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria, Elena Mantilla, remitió una carta a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) trasladando la solicitud.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que analizarían la "idoneidad" de la propuesta de Madrid y darían una respuesta cuando tuviesen una posición clara al respecto. Por su parte, Simón alertó de que podrían haber "inconvenientes" en la realización de estas pruebas en farmacias. "Estos test requieren de una muestra que, para garantizar su calidad, no las puede hacer cualquiera", indicó en primer término el epidemiólogo.

El Gobierno regional lleva reclamando esta medida con insistencia desde entonces. De hecho, el vicepresidente, Ignacio Aguado, propuso a mediados de noviembre que se convocará al Grupo Covid-19, ya que consideraba los test en farmacias "fundamental" para poder hacer test a todos los madrileños antes de las Navidades.

Ayuso envió también una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para que validase este extremo y le explicó que los expertos madrileños establecen que las pruebas de antígenos se pueden realizar en otros centros sanitarios, como farmacias, "porque sus profesionales están capacitados, garantizan la seguridad e higiene y los resultados se pueden comunicar al Sistema Sanitario".

Posteriormente, el 18 de noviembre, el titular de Sanidad planteó a las autonomías en el seno del Consejo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que las que quieran realizar test de Covid-19 en las farmacias le presentasen un plan detallado.

Desde entonces, la Comunidad de Madrid ha reiterado casi diariamente su petición y ha apremiado al Gobierno a tomar una decisión. "Estamos perdiendo el tiempo para intentar aumentar el nivel de cribado en Madrid, nos urge como Consejería y como Comunidad tener una respuesta lo antes posible a este tema", manifestó el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.

Fue el 9 de diciembre cuando Illa emplazó a la Comunidad de Madrid a una reunión para abordar la cuestión, que estaban analizando, según sus propias palabras, "con mucho detenimiento".

Un día después, el vicepresidente regional propuso la convocatoria del Grupo Covid, que integran tanto Illa, como la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y técnicos de ambas administraciones, y el Gobierno central aceptó su petición. Así, ambas administraciones se reunirán a las 16.30 horas, en una cita que Aguado espera que sea "definitiva".

EL PLAN DE MADRID

El plan planteado por el Ejecutivo madrileño contempla que la realización de las pruebas tenga carácter voluntario, con una previsión de que 500 oficinas se sumen a la iniciativa, pero exige a las farmacias contar con una zona específica para la realización de las pruebas, que deberá disponer de ventilación y será desinfectada tras la realización del test, así como con una zona específica para la entrega de documentación.

Los test de antígenos únicamente podrán ser realizados a personas sin síntomas y realizados por los farmacéuticos (titulares, adjuntos, regentes o sustitutos de una oficina de farmacia) acreditados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, que deberán obtener la acreditación tras superar un curso de actualización de conocimientos en coordinación con la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC). La idea es que la formación de los farmacéuticos para la acreditación sea online.

Asimismo, contempla, en función del municipio donde se encuentre y de su infraestructura, que la farmacia se pueda acoger a uno de los dos modelos diseñados para realizar pruebas: durante su horario de apertura, en cuyo caso deberán disponer de un circuito de acceso a la zona acotada donde se realice la prueba, o tras el cierre al público, supuesto en el que deberán facilitarán un horario específico para tal fin.

En el caso de que un ciudadano obtenga un resultado positivo, la oficina de la farmacia, como establecimiento sanitario, lo notificará de manera inmediata (estas pruebas ofrecen resultado entre 15 y 20 minutos) al gobierno regional. Al mismo tiempo, se pasarán los datos a la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, a través de un sistema centralizado de registro que quedará integrado en los sistemas de información de la Consejería de Sanidad.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha criticado este lunes al PSOE por "bajar el listón" en la educación por su "afán de igualar" a todos los niños "en el mismo aula" pese a que tengan "diferentes aptitudes" y ha asegurado que "no todos" los alumnos son "iguales".

Aguirre, quien fue ministra de Educación y Cultura entre los años 1996 y 1999, durante el primer gobierno del 'popular' José María Aznar, ha defendido la "pedagogía" y la "atención personalizada" en la enseñanza. "Me parece muy importante la transmisión de conocimiento", ha dicho, al tiempo que ha acusado al PSOE de "despreciar la instrucción" y convertir la educación en un "aparcamiento de niños".

"El PSOE considera, en su afán de igualar que todos los niños estudien lo mismo dentro de la misma aula, sean cuales sean sus aptitudes, al final solo se puede conseguir si se baja el listón. Eso va en contra de la transmisión de conocimiento, que es muy importante", ha señalado Aguirre, que también ha asegurado que "los niños son diferentes" entre ellos y "no todos son iguales". En su opinión, existe una tendencia a "igualar por abajo" en la educación.

La exdirigente del PP ha reclamado que no se debe juzgar la educación pública "por el dinero que se invierte en ella, sino por los resultados" en "formación académica, en valores" y en ver "si ese colegio les va a ser útil" para la vida adulta.

'LEY CELAÁ': "RETROCESO PARA LA LIBERTAD"

Durante una intervención en la presentación del 'Barómetro Schoenstatt. Educación, humanización y futuro', elaborado por el colegio de Madrid Nuestra Señora de Schoenstatt con la colaboración del Instituto Sondea, Aguirre ha criticado la reforma educativa, conocida como 'Ley Celaá', es un "retroceso para la libertad de elegir" que la "Constitución concede a los padres". "La pública tiene más importancia que la concertada y privada", ha sostenido.

Además, ha lamentado que, a su juicio, la nueva ley educativa cierre los centros de educación especial y provoque la "angustia" a los padres que "en diez años" tienen que llevar a sus hijos a un "colegio ordinario".

"No llegará a hacerse real", ha deseado la exministra, que también ha afeado la eliminación de la "referencia de demanda social" a la hora de construir nuevos colegios. "Son ataques liberticidas", ha dicho Aguirre, que ha apuntado que la 'ley Celaá' tiene unos "aires totalitarios".

La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha afirmado este lunes que "proteger los derechos lingüísticos de las minorías nacionales europeas, en tanto que contribuye a la diversidad, fortalece el proyecto de la Unión Europea".

El Parlamento Europeo ha debatido esta tarde una propuesta de resolución pactada por Populares, Socialistas, Renew, Verts ALE y GUE/NG en cuyo artículo 20 se decantan por apoyar la principal reivindicación de la citada iniciativa ciudadana. En concreto se plantea que la Comisión "dé curso a esta iniciativa y proponga actos jurídicos basados en los Tratados de la Unión, el Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea y el principio de subsidiariedad y proporcionalidad".

Según han recordado desde el PNV, Bruselas tuvo que corregir su intención inicial de no atender esta petición tras una sentencia del Tribunal De Justicia de la Unión Europea. Antes de llegar a pleno el contenido del Minority Safe pack fue analizado también en una sesión conjunta de las comisiones parlamentarias de asuntos jurídicos y cultura del parlamento.

En su intervención, Izaskun Bilbao ha puesto el ejemplo de dos personas euskaldunes, que "vivieron la etapa de persecución y prohibiciones que desencadenó el franquismo contra el euskera y la cultura vasca enfrentados a dos situaciones en las que la precisión que ofrece la lengua materna ofrece más seguridad". Así, ha evocado una consulta médica o "una compleja explicación administrativa relacionada con un asunto que afecta directamente como las pensiones".

"Hoy la lengua vasca es oficial en el País Vasco. Pero tantos años de persecución dejaron huella", ha dicho, para presentar a los protagonistas de su historia, "Hilaria y Aurelio, mis padres, o yo misma" y recordar que, "pese a los esfuerzos realizados para conseguirlo no siempre podemos usar nuestra lengua donde más la echamos de menos".

"VIVIR EN EUSKERA"

Por eso, ha dicho, "necesitamos que se proteja nuestro derecho a vivir en euskera, que es también parte de la diversidad que une Europa, una diversidad que genera desarrollo y fortalece la unión.

"Por eso necesitamos y apoyamos el Minority Safe Pack: una protección europea para derechos fundamentales de más de 50 millones de europeos", ha reiterado.

Izaskun Bilbao ha insistido en esta idea porque a la hora de hacer valer estos derechos "no importa, ni el vigor de la lengua, ni el número, ni la voluntad de sus hablantes", sino que "se impone la visión selectiva y estrecha de su propia diversidad que tienen algunos estados miembros, la que impide que, por ejemplo, sean oficiales en el Parlamento Europeo lenguas más habladas que otras que sí lo son porque tienen estado".

Por eso, ha terminado, en euskera, afirmando que "los derechos lingüísticos de las personas que hablan lenguas minorizadas necesitan protección activa por parte de las instituciones europeas, es tiempo de actuar". Esta misma conclusión en diferentes lenguas minorizadas europeas ha cerrado las intervenciones de otros eurodiputados pertenecientes a minorías nacionales.

Desde la formación jeltzale han señalado que el debate en la sesión plenaria de hoy es "un nuevo avance en el recorrido institucional" de una iniciativa en la que el PNV "se implicó desde el principio". Cuando se lanzó el Minority Safe Pack, los jeltzales organizaron una reunión para promover en las comunidades vasca y navarra y en el País vasco-francés la recogida de firmas. Igualmente se encargaron de realizar la versión en euskera de la página web que apoyó la campaña en todo la unión.

El Parlamento vasco aprobó igualmente una declaración institucional en favor de esta iniciativa. Finalmente se calcula que cerca de 50.000 de las 1.200.000 firmas recogidas en la Unión salieron de "los territorios del euskera".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado este lunes su agradecimiento al personal sanitario del Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla' de Madrid, que ha atendido a más de 12.000 personas afectadas por Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

La titular de Defensa ha visitado el centro hospitalario para agradecer personalmente a los sanitarios su esfuerzo "en unos momentostan duros para este país" y "por estar en primera línea con humanidad,poniendo en riesgo su propia salud".

"Son el gran hospital y son los profesionales de la vida y la esperanza", ha subrayado la ministra, que ha destacado el "espíritu de sacrificio" y "profesionalidad" de los trabajadores de este centro hospitalario referente en Sanidad Militar, y que seguirá funcionando al 100% durante las Navidades.

Tras su intervención, Margarita Robles ha entregado una placaconmemorativa en reconocimiento al personal que trabaja en el'Gómez Ulla' "por su abnegado trabajo, dedicación y su sensibilidaden la lucha contra la pandemia del Covid-19".

Igualmente, la ministra ha firmado en el libro de honor del 'Gómez Ulla', en el que ha dejado constancia del "trabajo y esfuerzo realizado por el personal" y ha reflejado que durante el Covid-19 han escrito unapágina de oro, luchando cada día para salvar la vida a tanta gente,"con profesionalidad, humanidad, generosidad y de forma impagable.

Por su parte, el director general de este hospital, general de brigada Miguel Fernández Tapia-Ruano, ha agradecido a la ministra su"constante preocupación" y "su interés diario" por el centro y sussanitarios durante toda la pandemia.

También ha puesto en valor el trabajo de sus 2.400 profesionales que son "especiales", recordando las distinciones y condecoraciones recibidas por su trabajo en las últimas semanas. "El personal del hospital brilla con luz propia", ha remarcado.

El director ha explicado a Robles cómo se está readaptando el centrohospitalario para adecuarse a las nuevas circunstancias y que estánhaciendo un esfuerzo para actualizar las listas de espera,potenciando algunas áreas como la cardiología o la unidad deemergencia y reforzado instalaciones y equipos.

La ministra, acompañada por la subsecretaria de Defensa, AmparoValcarce, ha recorrido algunas de las áreas del hospital y se hadetenido en el centro de atención al paciente y en la instalacionesespecializadas en telemedicina, desde las que este año se hanrealizado 600 intervenciones.

También ha visitado la planta especializada en oftalmología, áreadesde la que se ha hecho un gran esfuerzo asistencial y se ha estadofuncionando a pleno rendimiento desde que se detectó el virus.

El Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia investiga la caída de un anciano desde la ventana en la residencia de personas mayores Montepinar de Murcia, hace un mes, y por las que el accidentado continúa ingresado con lesiones importante.

El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, ha informado que un familiar del hombre que se precipitó desde la ventana de la residencia, ha presentado la denuncia por presuntas "irregularidades" y se queja de "desinformación" por parte de la dirección de la residencia.

Esta denuncia se une a otras cinco abiertas este año sobre residencias sociosanitarias, de las que cuatro han sido archivadas por no constar delito, concretamente la del centro de discapacitados de Churra; la Obispo Azagra en El Palmar; la de Caser en Santo Ángel y la iniciada por la asociación 'Defensor del Paciente'.

En trámite continúa la investigación que se puso en marcha a raíz de declaraciones de trabajadores en residencias de personas mayores, que hablaron públicamente sobre posibles irregularidades detectadas en esos centros. Díaz Manzanera ha pedido a la consejería de Salud el listado de técnicos auxiliares enviados temporalmente para reforzar el servicio en esos centros y poder recabar información de lo que se encontraron en las residencias.

A estas investigaciones penales hay que sumar otros cuatro casos relacionados con residencias que se están tramitando en la fiscalía de modo administrativo.

DILIGENCIAS INVESTIGACIÓN PENAL

Díaz Manzanera también ha hablado del trabajo de los fiscales en la Región de Murcia en los últimos cuatro años (de 2017 a 2020), en los que han incoado 1.547 diligencias de investigación penal (332 en este); además de 635 denuncias y querellas (122 en 2020); y 1.029 diligencias archivadas (143 en este año).

Por especialidades, de 2017 a 2020 hubo 351 relacionadas con el medio ambiente (67 en 2020), 411 sobre seguridad vial (94 este año) y 234 de función pública (43 en el año vigente).

En Menores hubo en 2019 un total de 2.059 diligencias preliminares, 1.228 expedientes de reforma y 877 expedientes de protección.

De igual forma, en 2017 hubo cuatro diligencias de investigación penal incoadas de oficio, en 2018 hubo dos, en 2019 siete y en el presente 2020 tres.

DAR A CONOCER LA INSTITUCIÓN

Díaz Manzanera ha presentado, asimismo, un vídeo que el departamento que dirige preparó para dar a conocer la institución en redes y medios de comunicación en el marco del proyecto 'La Fiscalía se abre a la sociedad murciana. El trabajo de los fiscales en los últimos 4 años'.

Dentro de este proyecto, ha anunciado que, a partir de enero, comenzará a dar charlas en la Universidad de Murcia y los institutos de la Región para dar a conocer el papel de los fiscales.

Así como, de cara a 2021 planea la celebración de una jornada de puertas abiertas y unos encuentros con mujeres maltratadas, inmigrantes, asociaciones ecologistas, entre otros.

La secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha apuntado que "muy probablemente" el decreto antidesahucios se pueda presentar la semana que viene y ha destacado que el debate público sobre la vivienda es clave para lograr avances en el acceso efectivo a ese derecho.

Así lo ha indicado durante su intervención en una jornada telemática 'Pinchar la burbuja del alquiler' de la Escuela Popular Paulo Freire, junto al portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, y la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido. Precisamente Belarra es la encargada de negociar el contenido del decreto desde la Vicepresidencia Segunda del Gobierno.

Unidas Podemos aspira en la negociación a sacar del futuro decreto que ampliará la prohibición de desahucios durante el estado de alarma la compensación económica con cargo al presupuesto público a grandes tenedores de vivienda (bancos y fondos de inversión), aspecto que planteaba introducir el PSOE alegando que otorgaba seguridad jurídica a la medida.

Esta cuestión ha reavivado tensión entre los socios de coalición, dado que la formación morada ha reprochado que este punto ha generado retraso a la hora de aprobar el decreto ley.

Mientras, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha explicado este lunes que el real decreto para prohibir desahucios que está preparando su departamento no plantea la necesidad de compensar económicamente a los grandes propietarios cuando se paralice un desahucio, pero sí deben estudiar cómo hacer frente a sus posibles reclamaciones por no poder disponer de las viviendas que les pertenecen durante ese tiempo.

LA BURBUJA DEL ALQUILER ES "ESTRATOSFÉRICA"

En materia de alquiler, Belarra ha señalado que la burbuja del alquiler es "estratosférica" con "precios hinchados artificialmente" por la "especulación" del mercado, que ha llevado a que en Cataluña, Madrid o País Vasco se dediquen más del 50% de los ingresos a pagar el arrendamiento.

Además, la dirigente de la formación morada cree que cada vez se producen "más desahucios encubiertos" por no poder hacer frente a las subidas "abusivas" de alquiler. En este punto, ha apuntado a que los lanzamientos por impago del arrendamiento llegan al 70% según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Por ello, ha reivindicado que es "fundamental" introducir una regulación del alquiler en la futura Ley de Vivienda, que es una medida de "mínimos" al que deben de acompañar otras ante esas "máquinas de especulación" que son determinadas socimis.

De esta forma, Belarra ha dicho que se requiere abrir un debate público sobre el acceso a la vivienda frente al intento por parte de la "derecha mediática" de desviar la atención con la okupación, que es un fenómeno "minoritario" dado que el año pasado se registraron 230 allanamientos de morada.

En este sentido, ha subrayado que Unidas Podemos va a ser "pieza clave" en esa futura Ley de Vivienda al ser coproponente junto al Ministerio de Transportes, que dirige José Luis Ábalos. "Es hora de apretar", ha zanjado.

MAYORAL: EL MERCADO NO PUEDE SER "LA LEY DEL OESTE"

Mientras, Mayoral ha señalado que el Estado debe intervenir en el mercado alquiler "desde el punto de vista democrático" y establecer unas normas porque no se puede seguir caer "en la ley del oeste".

El también Secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos ha apelado a aumentar el parque público de vivienda y fomentar la organización comunitaria para desplegar una "negociación colectiva" ante los grandes tenedores de vivienda sobre el acceso a la vivienda, que "sirva de freno" a la "voracidad sin límites" del capital rentista.

Cargos del PP se sumarán de nuevo este domingo a la nueva marcha que ha convocado la plataforma 'Más Plurales' contra la llamada 'Ley Celaá'. Además, el partido mantendrá una "resistencia cívica y legal" en sus comunidades autónomas para "minimizar" el impacto de esta reforma educativa con medidas como adelantar el proceso de matriculación en esas autonomías.

El pasado 22 de noviembre el líder del PP, Pablo Casado, ya secundó en Madrid junto a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, la manifestación en coche que había impulsado 'Más Plurales' en distintas ciudades de España contra la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE).

Una vez más dirigentes de la cúpula del PP apoyarán la nueva convocatoria de este domingo y no está descartado que pueda acudir otra vez el presidente de los 'populares'. Además, el primer partido de la oposición seguirá con su campaña de recogida de firmas contra la norma e impulsará campañas en redes sociales, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

"LA PEOR LEY EDUCATIVA"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado que esta es una semana "crucial" porque el partido va a seguir "movilizando a los ciudadanos y a las instituciones" donde gobiernan para "impedir que siga adelante la "peor ley educativa" y la que ha "menos ha escuchado a profesores, padres y alumnos".

"Las CCAA donde gobernamos hemos iniciado una resistencia cívica, legal, constitucional, dentro de las normas vigentes para que la 'Ley Celaá' minimice su impacto en todos los ciudadanos", ha manifestado, para añadir que aquellos territorios donde se aplique esa reforma educativa los padres "no podrán elegir" el colegio al que quieren llevar a sus hijos, "sea público, concertado o privado".

Sin embargo, ha subrayado que las CCAA en las que gobierna el PP van a adelantar la matriculación para que el próximo curso los padres puedan "seguir eligiendo el colegio que quieren para sus hijos" y esta "nefasta" 'Ley Celaá' no afecte "a la libertad de elección de las familias, la calidad educativa y la vertebración del sistema nacional de educación".

García Egea ha hecho hincapié en que es una ley "construida sin consenso". "El Gobierno más mentiroso de la historia es también el que menos escucha de la historia", ha manifestado García Egea, en una rueda de prensa en la sede del PP. Por eso, ha confirmado que el PP también se "volcará en las movilizaciones" que se han convocado este domingo de forma "justa" en apoyo de la "libertad educativa".

PIDE EXPLICACIONES A MARLASKA

Por otra parte, el secretario general del PP ha pedido explicaciones de nuevo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque sigue sin "aclarar quién está organizando y gestionando los desplazamientos de Canarias a la Península de esos inmigrantes" que llegan a las islas.

Tras asegurar que los "vuelos patera" que no reconoce Marlaska son "el mayor efecto llamada para las mafias", ha recalcado que el ministro de Interior huye del Congreso para no dar explicaciones mientras transmite la imagen de que "jugarse la vida en el Atlántico garantiza un billete para esos vuelos".

García Egea ha avanzado que el Grupo Popular va a preguntar al Ministerio de Fomento "qué tipo de controles" están pasando esas personas en los aeropuertos antes de coger esos "vuelos pateras", tanto sobre documentación como pruebas PCR.

SIN ATENDER LAS PETICIONES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

Por otra parte, García Egea ha mostrado su preocupación por un Gobierno "opaco" que, según ha dicho, no da explicaciones ante las doce peticiones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. "Ya no tienen ni el detalle de responder aunque sea mintiendo. El Consejo de Transparencia pide información y el Gobierno calla", ha afirmado.

Entre esas peticiones, ha subrayado, está la relativa al nombre de los componentes del comité de expertos porque "los españoles tienen derecho a saber" quienes son. "No responden porque de nuevo tendrían que mentir y estamos ante el Gobierno de la mentira", ha aseverado.

El Ministerio de Educación y FP ha trasladado a los consejeros de las 17 comunidades autónomas su intención de que los centros educativos permanezcan abiertos después de la Navidad, ya que considera un "acierto" que haya funcionado presencialmente durante este primer trimestre del curso.

"Nos ha ido bien, se ha actuado con mucho rigor, cuidado y disciplina para aplicar todas las medidas higiénico-sanitarias que preparamos para este trimestre, y tenemos la determinación de seguir adelante", ha manifestado este lunes la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Educación, en la que se ha hecho balance del primer trimestre del curso 2020-2021.

En este sentido, Celaá asegura que desde el Ministerio no se ha planteado un posible cierre de los colegios en el segundo trimestre del curso escolar, una medida que algunos países europeos ya han tomado, como es el caso de Alemania, que ha decidido cerrar los centros educativos y los comercios no esenciales hasta el 10 de enero por el repunte de contagios. Además, esta decisión correspondería al Ministerio de Sanidad, según ha emplazado la ministra.

"Si logramos que los alumnos vengan en buenas condiciones sanitarias tras las vacaciones de Navidad, podremos seguir garantizando el entorno seguro, porque si algo han demostrado los centros educativos, es su capacidad para la detección precoz de la COVID-19 y poder mantener a los alumnos en condiciones favorables", ha señalado Celaá. En este punto, ha trasladado a los consejeros la importancia de "extremar las precauciones" y de la "atención a los cuarentenados".

El Ministerio no se plantea este escenario dado el "acierto" de haber mantenido las escuelas abiertas durante este primer trimestre del curso 2020-2021, una decisión avalada por los datos ofrecidos por la ministra: en ninguna semana ha habido más de 35 centros cerrados en toda España (lo que supone menos del 0,2% del total de centros) y en ningún momento se ha llegado al 2% de aulas en cuarentena. Además, en estos momentos hay un 0,04% de centros cerrados, y solo el 0,7% de las aulas están en cuarentena, frente al 0,9% de finales de septiembre.

Estos datos son sinónimo, para la ministra, de una "gran satisfacción" tanto por parte del Ministerio como de los consejeros autonómicos. "Podemos decir que lo hemos superado, según los consejeros, y con nota", ha celebrado Celaá, que ha agradecido a estos, pero también al personal de los centros, a los alumnos, docentes y familias su "excelente disposición" y su "importante labor". "Hasta los alumnos más pequeños respetan a rajatabla las medidas de prevención y con entusiasmo", ha aplaudido.

Durante su intervención, la ministra ha reprochado a los "agoreros" sus "vaticinios más catastrofistas" realizados a final de verano por la apertura de las aulas al inicio de este curso, los cuales veían esto, según Celaá, como "una misión imposible, incluso suicida". "Pero todas las administraciones llevábamos meses trabajando con Sanidad para diseñar la vuelta segura a las aulas", ha recordado, asegurando que la decisión de volver a abrir fue "acertada", a pesar de la "enorme presión mediática" recibida.

"No estamos satisfechos, pero no bajamos la guardia, no somos conformistas (...) Queremos culminar el curso 2020-2021 incluso con mejores datos que este primer trimestre", ha manifestado.

La Comisión de Derechos Sociales y Políticas para la Discapacidad del Congreso ha aprobado este lunes dos proposiciones no de ley por las que se pide al Gobierno un pacto de estado contra el antigitanismo y en la que se reclaman medidas para luchar contra el fracaso escolar del alumnado de esta cultura.

En la primera iniciativa debatida en la sesión, impulsada por Unidas Podemos y aprobada por unanimidad, se llama también a desarollar acciones de sensibilización para eliminar la discriminación y el acoso, se pide una Estrategia Nacional para la Inclusión del Pueblo Gitano e impulsar un estudio que analice las posibilidades de la inclusión del antigitanismo en el Código Penal, tal y como establece la última recomendación del Consejo de Europa.

También se propone movilizar todos los recursos necesarios para garantizar los derechos de la infancia gitana, especialmente el derecho a la educación; vigilar los fenómenos de discriminación, discurso de odio, hostilidad y/o señalamiento contra personas gitanas que puedan llegar a convertir a este colectivo en el chivo expiatorio de la crisis social; y mejorar la colaboración en los programas de inclusión social.

El defensor de este texto, el diputado de En Comú Ismael Cortés, ha denunciado las "tasas inaceptables de estigmatización" que sufre este pueblo gitano de forma histórica, una situación que ha compartido la portavoz de Ciudadanos en esta materia, Sara Giménez, quien ha recordado que este pueblo ha sido siempre uno de los "más desfavorecidos" en cuanto a tasas de pobreza en el país, antes de que llegara la crisis sanitaria del Covid19.

INCLUSIÓN

La diputada naranja ha denunciado que existe "una barrera de igualdad" en materias como empleo, educación o vivienda y ha llamado al Ejecutivo a poner en marcha una estrategia de inclusión social del pueblo gitano para tornar esta situación.

Estos mismos sectores, de la vivienda, empleo o educación, han sido calificados por la portavoz socialista en este debate, Luz Martínez Seijo, como "factores clave" para la inclusión del pueblo gitano y es por ello, que han participado en el texto votado con una enmienda en este sentido.

Cortés también ha aceptado las aportaciones del PP, para instar al Gobierno a erradicar el chabolismo e incluir en los beneficiados por el Ingreso Mínimo Vital a los feriantes o trabajadores de la venta ambulante, a pesar de que el represetante 'popular' en el debate, Miguel Angel Paniagua, ha señalado al líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, como el responsable de las cifras de pobreza y fallecidos por el Covid en España. "Es el balance de su líder", ha declarado, tras hablar de "colas del hambre" o del aumento del paro entre las mujeres.

Por su parte, Vox ha mostrado su apoyo al pueblo gitano con el que, según ha explicado su portavoz en esta materia, María de los Reyes Romero, comparten valores, como "su sentido de pertenencia familiar", el "respeto a los mayores", el "respeto" a los "valores tradicionales" o su "amor a España". Sin embargo, ha especificado que, si apoyan las medidas de ayuda a este pueblo no es porque sean "víctimas de discriminación", sino "por ser españoles".

SOBRE FRACASO ESCOLAR

La mayoría de grupos parlamentarios han usado los mismos argumentos para explicar su posicionamiento a la segunda proposición no de ley debatida, sobre este tema, en la comisión y que, en este caso está impulsada por el PSOE. La iniciativa contó con el apoyo de todos los grupos, a excepción del PP que decidió abstenerse.

En ella se reclama el fomento de medidas contra el fracaso escolar que aborden específicamente las desigualdades estructurales del alumnado gitano que "están sobrerrepesentados" en la tasa de este problema y sufren "una grave brecha educativa" respecto al conjunto del alumnado.

En este caso, el texto ha sido defendido por la diputada socialista Beatriz Carrillo, quien ha rechazado los mensajes de odio y antigitanismo que se escuchan en el país por parte de "aquellos que dicen respetar las tradiciones" del pueblo gitano y luego llaman a sus barrios "estercoleros", "niegan la dictadura franquista", que detenía y rapaba a las mujeres gitanas sólo por el hecho de serlo o dice "enorgullecerse de la cultura" gitana y luego "se niega a que se estudie en los colegios.

Del mismo modo, ha reprochado que hablen de que defienden los derechos del pueblo "por ser españoles" como "si les estuvieran perdonando la vida". "No nos tenemos que integrar en nada porque formamos parte del sistema", ha declarado Carrillo, que es de etnia gitana.

Desde el PP calificaron las PNL de vacía y genérica y presentaron varias enmiendas que no fueron aceptadas por el partido proponente, de ahí que decidieran no apoyar el texto finalmente.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado una "posible estabilización" en el descenso de casos de COVID-19 que se estaba produciendo en las últimas semanas, pero ha puntualizado que todavía no se ha observado un impacto de la mayor movilidad registrada durante el Puente de la Constitución.

En rueda de prensa este lunes, el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha comentado las cifras de este lunes, que muestran un aumento del número de contagios con respecto al mismo día de la semana anterior. En concreto, las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 21.309 nuevos casos de COVID-19 este fin de semana, frente a los 17.681 del lunes anterior.

"Podría estar estabilizándose ese descenso continuo de las últimas semanas. Sí que estamos observando un aparente estancamiento, probablemente debido a la reducción de las medidas previo al Puente de la Constitución. Estamos en una situación delicada, esperemos que no vuelva a haber incrementos importantes, pero no podemos descartarlos", ha argumentado.

De esta forma, ha indicado que los días festivos del Puente de la Constitución todavía no se han plasmado en los datos: "Todavía no hemos observado, si es que lo ha habido, un posible efecto del Puente de la Constitución, que se empezará a observar en los próximos días".

En este sentido, ha esgrimido que, "entrando ya en la Navidad y partiendo de un punto inicial más alto que hace unos meses", el riesgo de saturación de los hospitales "sigue estando ahí" y es "superior" al que desean los expertos del Ministerio de Sanidad.

Simón ha detallado que es posible que el alza de las cifras se deba a los días festivos de la semana pasada, pero no lo ha asegurado: "Hasta que no podamos valorar la situación en una semana más normal, como esta, no sabremos el impacto que tiene en la evolución de la pandemia".

Por otra parte, ha advertido de otro efecto de la alta incidencia. "La inmunidad que produce la vacuna se genera un tiempo después de haber recibido la segunda dosis, hasta una semana después de la segunda no tienes la inmunidad esperada. Durante todo ese tiempo estamos expuestos a una infección. Cuanto más alta sea la incidencia más posibilidad de estar expuesto a una infección, incluso con la vacuna ya puesta", ha sostenido.

En esta línea, ha instado a entrar en el proceso de vacunación, que comenzará a finales de año o principios de enero de 2021, "con las incidencias más bajas posibles". "Debemos ser muy conscientes de que la relajación de algunas medidas no implica que se tengan que rebajar las medidas de protección", ha afirmado.

Sobre el objetivo al que aspirar para llegar a la Navidad y a la vacunación, Simón ha reconocido que no se va a cumplir la meta de 25, fijada por la OMS como umbral de control del virus. "No bajaremos hasta los 50, pero podríamos estar si todo va bien en 150. Pero tenemos que ser muy conscientes, y llega la vida social y la gente se relaja. Espero, como mínimo, que no subamos", ha admitido.

La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso ha rechazado una proposición no de ley de Vox por la que quería instar al Gobierno a ofrecer teleasistencia gratuita a los mayores mientras persista la crisis provocada por la COVID-19.

El texto, presentado por Vox, y que ha sido transaccionado con Partido Popular y Ciudadanos, ha sido rechazado este lunes 14 de diciembre, con 20 votos en contra y 16 a favor.

La proposición pretendía proponer al Gobierno "articular los mecanismos a su alcance para garantizar Servicios de Teleasistencia en todos los ámbitos territoriales que sea preciso, a fin de garantizar un Servicio de Teleasistencia efectivo para todas aquellas personas que, con ocasión de la crisis del COVID-19, necesiten de los mismos para garantizar sus necesidades básicas".

Además, pedía "establecer criterios asistenciales a nivel nacional para garantizar la igualdad de servicios en todo el territorio nacional, estableciendo los distintos grados de la cobertura y teleasistencia en función y proporción a las necesidades de los mayores".

Igualmente, se proponía garantizar el acceso universal y gratuito para las personas que tengan necesidad de dichos servicios asistenciales; que se revisara el modelo del Servicio de Teleasistencia, con el objetivo de avanzar hacia "un modelo mejorado, integral y sin copago"; y que se adoptasen las condiciones básicas de equidad y cohesión territorial.

En defensa de la PNL, la diputada de Vox María de los Reyes Romero ha subrayado que "la protección de los ancianos es un deber ético primario" y ha destacado la importancia de "la solidaridad intergeneracional".

La diputada del PSOE Fuensanta Lima ha rechazado la proposición porque, según ha dicho, es competencia exclusiva de las comunidades autónomas y porque "el Gobierno ya ha reforzado el servicio con 300 millones de euros", y ha afeado a Vox que ahora "le preocupe tanto lo que ha ocurrido durante el Estado de Alarma cuando no ha apoyado ninguno".

Por su parte, la diputada del PP Teresa Angulo se ha mostrado a favor de que la teleasistencia sea gratuita aunque "no solo en pandemia" sino "de forma permanente" y ha criticado el "desinterés por las políticas sociales" del ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.

La portavoz de Ciudadanos Sara Giménez también ha apoyado la necesidad de ofrecer este servicio de teleasistencia de forma gratuita aunque ha subrayado la importancia de solucionar las "inadmisibles" desigualdades entre territorios, ya que en algunas comunidades el copago es casi inexistente y en otras de en torno al 90%.

Mientras, la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz no ha apoyado la PNL pues, según ha recordado, es una competencia exclusiva de las CCAA y ha reprochado a la derecha que plantean "un modelo fragmentado y privatizador".

Un total de cinco provincias del noroeste peninsular estarán este martes 15 de diciembre en riesgo importante (aviso naranja) y riesgo bajo (aviso amarillo) por temporal marítimo, lluvias y fuertes rachas de viento en una jornada que estará bajo la influencia de dos frentes, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La jornada de este martes estará marcada por el temporal marítimo que tendrá lugar en Galicia y que dejará a La Coruña en riesgo importante por olas que podrán alcanzar los seis metros de altura por vientos del sur o suroeste de fuerza ocho o nueve. También el oleaje tendrá lugar en Pontevedra, aunque en menor medida, y las olas podrán alcanzar hasta los cinco metros de alto.

El viento soplará especialmente fuerte en La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y Asturias, donde se podrá superar los 80 km/h e incluso alcanzar puntualmente rachas de 100 km/h, al estar estas provincias en riesgo bajo por este fenómeno.

Además, las provincias de La Coruña y Pontevedra estarán en riesgo bajo por precipitaciones; en el caso de la primera, las lluvias acumularán 40 litros por metro cuadrado en doce horas mientras que en Pontevedra, las precipitaciones comenzarán a las 21:00 horas y acumularán unos 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Por lo general, la AEMET prevé nubosidad y alguna precipitación en la cordillera cantábrica occidental, entorno de Pirineos, este de la meseta, sierras del nordeste andaluz y en el Estrecho, sin descartarlas en otras zonas del nordeste, y tenderán a remitir y a disminuir la nubosidad en general.

Al final de la jornada, las precipitaciones aún quedarán en Pirineos aunque de forma aislada y aumentará la nubosidad en el noroeste, con precipitaciones abundantes en el oeste de Galicia.

Este martes, la AEMET espera nieblas matinales en el noreste peninsular, sistema central occidental y valle del Guadalquivir, sin descartar que se produzcan también cerca de zonas de montaña de la cordillera Cantábrica occidental. Por su parte, las islas Canarias tendrán cielos nubosos en las islas de más relieve, con probables lluvias sin descartar algún chubasco ocasional en el resto.

La cota de nieve se situará en el oeste de la cordillera cantábrica en torno a los 1.000-1.200 metros, en Pirineos estará en 2.000 metros aunque bajará a 1.400-1.800 metros. En relación con las temperaturas, los valores descenderán salvo en el área mediterránea, donde las diurnas aumentarán ligeramente, en una jornada que tendrá heladas en Pirineos y zonas altas de la cordillera Cantábrica y sistemas Central e Ibérico.

Por último, los vientos predominarán de componente sur y suroeste en buena parte de la mitad norte peninsular, con rachas de fuerte en el litoral de Galicia y con rachas muy fuerte en Galicia y cordillera Cantábrica occidental. El viento de poniente predominará en el estrecho, mar de Alborán y Comunidad Valenciana. En el archipiélago balear, el viento rolará de componente sur a componente oeste y en Canarios habrá régimen de alisios.

El grupo parlamentario de Vox lleva esta semana al Pleno del Congreso una moción con la que busca que la Cámara censure el plan del Gobierno contra las 'fake news' y, entre otras cosas, le obligue a blindar la libertad de expresión en las redes sociales.

La moción, que recoge Europa Press, es consecuencia de la interpelación que esta formación dirigió al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la sesión de control al Ejecutivo del pasado 18 de noviembre.

Según los de Santiago Abascal, el procedimiento contra la desinformación y los bulos activados por el Gobierno atenta contra tres de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución: la libertad de conciencia, de expresión y de prensa. Y, basándose en esta tesis, quiere que el Congreso inste al Ejecutivo a respetar todos ellos.

EXPRESIÓN Y CÁTEDRA

Así, demandan que la Cámara le emplace a "garantizar y respetar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante cualquier técnica de reproducción, de manera que nadie pueda ser molestado o perseguido a causa de sus opiniones".

En la misma línea, exigen que se proteja y respete "la libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica" y que se asegure y respete también "la libertad de cátedra o el derecho a la libre expresión de los docentes".

En lo relativo al derecho a la información, buscan que el Pleno haga un llamamiento a "salvaguardar y respetar la libertad de información, o el derecho a transmitir y recibir libremente información veraz".

Otro de los puntos de la moción urge a "garantizar y respetar una comunicación pública libre" por ser "pilar de la organización socio-política establecida por la Constitución, e instrumento indispensable para la participación, sin la cual no hay sociedad libre, ni por tanto soberanía popular.

NO A LA CENSURA

De la misma manera, quieren que el Poder Legislativo inste al Ejecutivo a "renunciar a cualquier tipo de censura previa, intervención represiva de publicación, grabaciones y de cualquier otro medio de información".

El último punto de la moción recoge un llamamiento a la renuncia a "cualquier tipo de intromisión e intervención ilegítima en el ámbito de los medios de comunicación, así como en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos a través de las redes sociales".

El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ha archivado la queja presentada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) contra el comportamiento hacia los letrados del presidente del tribunal que juzga los atentados yihadistas del 17-A, Alfonso Guevara. Fue el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien decidió que lo analizara Navarro, y éste tras analizar el caso lo cierra, según ha avanzado El Español y ha confirmado Europa Press.

La de CGAE no fue de hecho la única queja, ya que a mediados de noviembre el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) también manifestó su rechazo "por el trato que el magistrado Alfonso Guevara está dispensando" a los letrados. En esa ocasión fue la decana del CICAC, Mª Eugènia Gay, quien criticó que este trato suponía una "grave limitación al ejercicio del derecho de defensa, pilar fundamental de cualquier Estado democrático y de derecho" que debe garantizar el ejercicio pleno de derechos y libertades.

Por todo esto, desde el CGPJ se acordó en la Comisión Permanente remitir el escrito de queja del CGAE al presidente de la Audiencia Nacional a los efectos previstos en los artículos 160.11 y 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El primero de los artículos hace referencia a las competencias de los presidentes de los órganos judiciales, en este caso Navarro, y comprende que se ejerzan todos los poderes dirigidos al buen orden del Tribunal o Audiencia respectivo, así como al cumplimiento de sus deberes por el personal de los mismos. El artículo 13 recoge que hay obligación de "respetar la independencia de los jueces y magistrados".

Con todo, fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press matizaron que no se trataba de una petición de investigación hacia Guevara sino más bien de ver si se había excedido en su actuación, y de ser así, que se le llamase al orden.

LAS BRONCAS DE GUEVARA

La polémica por el trato dispensado por el magistrado a las distintas defensas que participan en la vista oral ha sido una constante desde que arrancara el juicio. De hecho, día a día el presidente del tribunal ha interrumpido los interrogatorios solicitando que se centren las preguntas o insistiendo en evitar que los testigos opinaran o valoraran.

Así, desde el primer día Guevara ya marcó cómo iba a ser la tónica de las siguientes sesiones. Cuando el abogado que defiende a uno de los presuntos miembros de la célula yihadista dijo que abandonaría la sala si le mantenían sentado detrás de la Fiscalía y las acusaciones, el presidente se enfadó y le replicó de forma áspera que no iría a ningún sitio y que permanecería en la sala.

Otra de las broncas más sonadas de Guevara fue la que mantuvo en la tercera sesión con el abogado Jaume Alonso-Cuevillas --que representa a la familia del niño de tres años que murió en La Rambla por el atropello--. Después de que Guevara no permitiera preguntar por el contenido de unas actas de declaraciones, Cuevillas lo intentó y fue regañado por el magistrado.

Cuevillas entonces formuló protesta y agradeció su "amabilidad" con ironía. El rifirrafe tuvo lugar después de que el letrado le preguntara en varias ocasiones sobre qué no podía preguntar porque "no oía" al presidente del tribunal, por lo que el juez Guevara acabó elevando la voz para repetir que no se podía entrar en el "contenido".

"La ironía a otro lado, se lo advierto. Creo que no he faltado el respeto a ninguno, si me ha pedido que hable alto es por lo que estoy hablando alto, pero a mí no se me contesta de esa forma. A mí personalmente sí, a lo que estoy representando, no. Si ahora es moda de no respetar las instituciones, aquí se respetan", dijo entonces Guevara.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado hoy lunes 158 nuevos casos de coronavirus COVID-19, por lo que el total de casos acumulados se sitúa ya en 23.571, con 5.164 activos, de los cuales 45 están ingresados en UCI y 302 permanecen hospitalizados.

En las últimas 24 horas hay que lamentar el fallecimiento de siete personas, cuatro mujeres y tres hombres, con edades comprendidas entre los 65 y los 94 años. Uno falleció en Gran Canaria y los otros seis en Tenerife. De ellos, dos están asociados al brote de la Residencia de Santa Rita y una al centro sociosanitario Cataleya.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 61,86 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 116. Asimismo, hasta hoy lunes se ha realizado un total de 619.464 pruebas PCR, 7.587 más respecto a las realizadas hasta el pasado viernes.

Por islas, y una vez consolidados los datos por la Dirección General de Salud Pública, Tenerife cuenta con 10.906 casos acumulados, 111 más que el día anterior y 4.044 activos; Gran Canaria suma hoy 33 casos con un total de 9.790 casos acumulados y 972 casos activos epidemiológicamente.

Lanzarote suma tres nuevos casos con 1.476 acumulados y 57 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 943 casos acumulados con un caso más que la jornada anterior y 33 activos. La Palma suma tres nuevos casos y cuenta con 249 acumulados y 31 casos activos.

La Gomera registra siete nuevos casos, situándose en los 138 acumulados y 25 activos. Por su parte, El Hierro se mantiene un día más sin casos nuevos, con 69 acumulados y ninguno activo, por lo que la isla permanece libre de COVID-19.

La Dirección General de Salud Pública, una vez consolidados los datos provisionales aportados el fin de semana, concluye que el sábado se produjo un incremento de 160 casos en Canarias y el domingo de 315 nuevos casos; lo que implica una diferencia de 15 casos menos de los que habíamos notificado para esos días de forma provisional.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN TENERIFE.

Tenerife registró ayer un incremento de casos superior a la media semanal que se atribuye a la detección de pequeños brotes que han ido surgiendo en ámbitos laborales y casos secundarios y terciarios que se han ido diagnosticando de los brotes que la isla viene registrando en las últimas semanas cuyos resultados de PCR se notificaron ayer. Desde la Dirección General de Salud Pública del SCS se sigue estudiando la tendencia de contagios que está experimentando Tenerife.

La Consejería de Sanidad recuerda que tras la actualización del pasado viernes, las medidas restrictivas en las islas en base a su incidencia acumulada, Tenerife continúa en semáforo rojo hasta el 19 de diciembre, mientras que el resto de islas están en semáforo verde al mantener sus datos por debajo de los criterios fijados para determinar alta incidencia.

La condición de isla con nivel alto de transmisión requiere que se mantengan las medidas urgentes de carácter extraordinario y temporal, de prevención y contención en Tenerife.

El Gobierno de Aragón ha notificado 146 casos nuevos de coronavirus SARS-CoV-2, correspondientes a los resultados de 1.567 pruebas diagnósticas, confirmados este domingo, 13 de diciembre, mientras que las personas hospitalizadas son 422, 60 en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 362 en planta.

Así se recoge en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, con datos definitivos para esta jornada. Por provincias, 127 casos se han registrado en la de Zaragoza, diez en Huesca y nueve en Teruel.

Por municipios, la capital aragonesa ha sumado 78 positivos, Huesca, cuatro, y Calatayud, tres, igual que Teruel. El resto tienen dos o menos casos. Por zonas de salud, la que más positivos ha concentrado en esta jornada ha sido la de Parque Goya, en la capital aragonesa, con diez.

Le han seguido la de Sabiñán, con nueve, en la provincia de Zaragoza, igual que la de Sagasta-Ruiseñores y la de Santa Isabel, ambas en la capital aragonesa; Gallur, con siete; Alfajarin, con cinco, ambas en la misma provincia; y San José Sur y Valdespartera-Montecanal, con cinco cada una, las dos en la ciudad de Zaragoza. El resto de zonas tienen menos de cinco casos nuevos.

Del total de 1.567 pruebas diagnósticas, 1.281 han sido PCR y 286 test antígenos. El porcentaje de positividad se ha elevado al 9,32 por ciento y el de asintomáticos al 51. En esta jornada, ha habido 96 altas epidemiológicas.

HOSPITALIZACIÓN

Aragón cuenta con 1.460 camas libres en hospitalización convencional, 90 de UCI y nueve de UCI sin respirador. Por lo que se refiere a la distribución de pacientes en los hospitales de la comunidad autónoma, en la red pública, en la ciudad de Zaragoza, hay 48 pacientes en el Hospital Royo Villanova, siete en UCI; 23 en el Nuestra Señora de Gracia, tres en UCI; 95 en el Servet, 20 en UCI; diez en el Militar, y 84 en el Clínico, 17 en UCI.

En centros privados, en el Hospital MAZ hay un paciente; cinco en la Clínica Montpellier, uno de ellos en UCI; siete en el Hospital Quirón, dos en UCI; 21 en el Hospital San Juan de Dios, y uno en el Hospital Hernán Cortés.

En la provincia, el C.S. Ejea-Cinco Villas tiene un paciente ingresado por coronavirus y el Hospital Ernest Lluch de Calatayud, siete. En la de Huesca, en el Hospital San Jorge de la capital hay 27 pacientes, cinco en UCI; en el de Barbastro, 29, tres en UCI; en el C.S. Fraga-Bajo Cinca, tres, y dos en la Clínica Santiago.

En la provincia de Teruel, hay 24 personas hospitalizadas por coronavirus en el Hospital Obispo Polanco de la capital, dos en UCI; y 17 en el de San José, y la misma cifra en el de Alcañiz.

Organizaciones juveniles y la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a Naciones Unidas, han lanzado una campaña para responder al impacto del Covid-19 en los jóvenes, y ayudarles a participar y diseñar esfuerzos para revertir el impacto de la pandemia.

La Movilización Juvenil Global contará con la convocatoria de una Cumbre Juvenil Global en abril de 2021, y un fondo de cinco millones de dólares para apoyar a organizaciones juveniles locales y nacionales, incluidas subvenciones para soluciones dirigidas por jóvenes y un programa acelerador para ampliar los esfuerzos de respuesta existentes.

Las organizaciones han pedido a los gobiernos, las empresas y los responsables políticos que se comprometan a invertir en el futuro de los jóvenes. "La OMS tiene el honor de unirse a este movimiento mundial verdaderamente emocionante y poderoso para movilizar y empoderar a los jóvenes de todo el mundo para que sean la fuerza impulsora de la recuperación del COVID-19", ha dicho el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Si bien los impactos directos de la pandemia en la salud de los jóvenes han sido en general menos graves, se ven afectados de manera desproporcionada por las consecuencias duraderas de la pandemia. Además, dichos efectos incluyen interrupciones en la educación, incertidumbre económica, pérdida o falta de oportunidades de empleo, impactos en la salud física y mental y trauma por violencia doméstica.

Por ejemplo, la ansiedad mental provocada por CoviD-19 se ha identificado en casi el 90 por ciento de los jóvenes; más de 1.000 millones de estudiantes en casi todos los países se han visto afectados por el cierre de escuelas; y 1 de cada 6 jóvenes en todo el mundo ha perdido su trabajo durante la pandemia.

Al mismo tiempo, los jóvenes también están impulsando el cambio e implementando soluciones en respuesta al Covid-19 al tomar medidas a través de intervenciones comunitarias y servicio voluntario, como actuar como primeros en responder y entregar alimentos y suministros a los necesitados.

Con el apoyo del Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para la OMS y con el respaldo de la Fundación de las Naciones Unidas, la Movilización Mundial de la Juventud presenta una asociación estratégica con la OMS y su Consejo de la Juventud recientemente lanzado.

Involucrará a otras agencias de las Naciones Unidas, así como a una serie de socios, marcas y defensores globales de alto perfil, desde FIFA hasta 'YOUNGA por BridgingTheGap Ventures', y la creación de un consejo juvenil de personas influyentes en las redes sociales, incluida la plataforma Influential.

La iniciativa, desarrollada en consulta con jóvenes de todo el mundo, estará liderada por jóvenes, impulsada por la comunidad, basada en evidencia e inclusiva de diversas comunidades arraigadas en la participación y el compromiso significativos de los jóvenes.

La Rioja tiene que lamentar este lunes la muerte de una persona por Covid-19. Por su parte, los casos activos siguen disminuyendo de los 506 de ayer domingo a los 493 de hoy (13 menos) y la presión hospitalaria desciende en un ingreso, hasta los 84.

Por otra parte, los positivos en el último fin de semana han ascendido a 160, con lo que la cifra total, desde el inicio de la pandemia, es de 17.344.

Con respecto a la última persona fallecida, es una mujer, de edad avanzada y con factores de riesgo. Vivía en una residencia de personas mayores.

Desde el inicio de la pandemia han fallecido en La Rioja 576 personas por Covid-19. De esta cifra, 286 eran residentes de centros de mayores.

En cuanto a la presión asistencial, La Rioja cuenta, a día de hoy, con 84 pacientes ingresados por Covid-19 en los diferentes centros riojanos (uno menos que ayer). En el caso del Hospital San Pedro de Logroño hay 50 pacientes COVID ingresados en planta (dos más que ayer) y en la UCI hay 28 pacientes (igual que ayer).

En total, la UCI riojana cuenta con 54 camas operativas y, si se suman los ingresos relacionados con otras patologías no-Covid (8 a día de hoy), la ocupación de esta unidad riojana se sitúa al 66,60 por ciento (casi diez puntos menos que ayer).

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra cuenta con 6 personas ingresadas en planta con COVID-19 (tres menos que ayer).

En relación a la incidencia acumulada en los últimos 14 días en La Rioja, ésta se sitúa en 222,6 (diez puntos menos que ayer), mientras que la incidencia acumulada en los últimos 7 días en la región baja hasta los 104,93 (5 puntos menos que ayer). La positividad en nuestra comunidad, además, se sitúa en el 7,88 este lunes.

Finalmente, los casos positivos en residencias de mayores se mantienen en 12, mientras hay 7.541 personas en cuarentena.