Las autoridades sanitarias de Galicia no tienen por el momento "encima de la mesa" la posibilidad de decretar un cierre perimetral de toda la comunidad, como ya han declarado otras regiones españolas, y apuesta por vigilar "en detalle" la evolución de ciertas comarcas.

Así lo ha explicado el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, durante una rueda de prensa para explicar las medidas acordadas en el seno del comité clínico de expertos que asesora a la Xunta en relación a la pandemia.

"A día de hoy, con los datos de hoy, no tenemos encima de la mesa esa restricción de movilidad -perimetral-", ha dicho el responsable de Sanidad, que ha apuntado a que tampoco hay una "cifra concreta" de casos que lo aproxime, dado que las decisiones dependen de otros parámetros, como la presión hospitalaria.

García Comesaña ha recordado que hace una semana Galicia entró en conjunto en nivel 2 de restricciones, lo que, entre otras cosas, implica que no puede haber reuniones de más de cinco personas en toda la comunidad. A mayores, hay ayuntamientos con "restricciones de movilidad perimetral", como Ourense, o que solo se permiten encuentros con convivientes, como Santiago de Compostela.

"Se están tomando medidas gruesas, importantes, a las que se añaden ahora las restricciones de movilidad nocturna", ha dicho el conselleiro, que ha apostado por esperar a ver los efectos que estas restricciones tienen en la evolución de la pandemia.

De hecho, Julio García Comesaña ha expresado que la mayor preocupación de los expertos es por ciertas áreas con incidencia mayor, dado que "los datos de Galicia son razonablemente buenos", por lo que "de momento no se está planteando una medida global". "Pero si los datos nos obligasen a tomarla, la tomaríamos", ha advertido.

El Gobierno Vasco pretende evitar recurrir al confinamiento general de la población mediante la aplicación de "medidas restrictivas y duras" como las puestas en marcha este lunes, pero tampoco lo descarta, si fuera preciso, para evitar la expansión del coronavirus.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Gabinete Urkullu, Bingen Zupiria, ha hecho referencia al decreto del Gobierno Vasco que ha entrado en vigor este martes con nuevas medidas restrictivas para evitar la propagación del coronarivus.

Según ha explicado, el decreto supone una "apelación permanente" que, desde las instituciones públicas, realizan a toda la ciudadanía, para intentar evitar aglomeraciones y reuniones de personas de más de seis individuos; para evitar, en lo máximo posible la movilidad entre municipios y Territorios; y para poder limitar también la actividad fuera de determinadas franjas horarias.

"Lo hacemos porque las autoridades sanitarias nos indican que es imprescindible evitar que personas de un municipio se desplacen a otro si no hay necesidad para ello porque cualquiera de nosotros puede transmitir esta enfermedad y no deberíamos correr ese riesgo", ha insistido.

Asimismo, ha reconocido que el Ejecutivo no descarta "ningún escenario", tampoco el del confinamiento total. No obstante, ha recordado que las autoridades sanitarias realizan un seguimiento "diario, pueblo a pueblo, de la situación sanitaria", y las instituciones públicas reunidas en el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) también efectuarán "un continuo y permanente análisis".

Tras advertir de que todos ellos tienen el convencimiento de que Euskadi va a vivir "unas semanas muy complicadas", ha añadido que el objetivo es "uno y único", el de "evitar la expansión de la enfermedad y limitar su contagio".

A su juicio, la actual situación "más o menos grave" es "parecida" a la vivida en los meses de marzo y abril, que conllevó un confinamiento general de la población. Según ha añadido, "en estos momentos y en esta nueva ola", la intención es la de "no tener que recurrir al confinamiento general para hacer frente a esta situación, adoptando todas las medidas extraordinarias que haya que adoptar".

"Sí nos hemos planteado como objetivo mantener la actividad económica y educativa y, de momento, las instituciones dejan la puerta abierta a mantener actividad física, una mínima actividad social, cultural y deportiva segura", ha indicado.

Para Bingen Zupiria, "la única manera de garantizar" ahora este "nivel de actividad" es "limitando la movilidad, la actividad nocturna y social", con no más de seis personas, que no se mezclen otras que no pertenezcan a "su burbuja social más cercana". "Son medidas restrictivas, duras, para evitar el confinamiento general", ha explicado.

El portavoz del Gobierno Vasco ha informado de que la próxima reunión del Consejo Asesor del LABI se ha convocado para dentro de 15 días "pero, si fuera necesario, se reuniría antes". Además, ha señalado que la comisión asesora que colabora con el LABI y emite los informes sobre los que se toman las decisiones, se reúne entre dos y tres veces por semana.

"En función del análisis permanente que se realice de la situación, y de las medidas que fuera necesario adoptar, se irán tomando nuevas medidas. En caso de que la situación se atenúe, serán medidas para aliviar las restricciones; y en caso de que continúe la progresión, que es lo más problable en los próximos 15 días, se verá si son suficientes las meidas adoptadas o hay que adoptar alguna más", ha explicado.

PREVISIÓN DE QUE CREZCAN LOS CONTAGIOS

Además, ha recordado que en 15 días, la evolución sanitaria ha avanzado de forma "exponencial e imprevista", de la misma forma que lo hizo hasta el 19 de agosto cuando se adoptaron medidas con "efectos positivos en las siguientes semanas". "La situación es incierta pero la previsión es que, en los próximos días los contagios sigan creciendo", ha reconocido.

Preguntado sobre si va a haber controles policiales a la salida de los municipios para controlar el cumplimiento de la restricción de movilidad, Zupiria ha explicado que en lugar de hacer referencia a las medidas coercitivas, prefiere "apelar a la conciencia ciudadana".

"Consideramos que las propuestas que se están haciendo en el decreto que ha entrado en vigor esta mañana, además de su parte restrictiva, nos indican cuáles son las medidas que nos pueden ayudar a combatir el virus y la enfermedad y hacer frente a la extensión de su contagio", ha destacado.

También ha reiterado que "las reuniones sociales que exceden la burbuja de convivencia crean situaciones de riesgo que, en la medida de lo posible, deberíamos evitar". Asimismo, ha insistido en que "la consideración principal es la de evitar, en estos momentos, al máximo los desplazamientos innecesarios".

Preguntado por cómo deben actuar las personas que habían adquirido de forma previa al decreto entradas o abonos a espectáculos en municipios diferentes al suyo, Zupiria ha insistido en que "la recomendación es evitar, en lo posible, salir de nuestro municipio y mezclarnos con gente en otros municipios" y ha recordado que las excepciones son la realización de actividades socioeconómicas, actividades deportivas individuales o de actividad física al aire libre.

Tampoco ha aclarado la situación de los turistas que lleguen a Euskadi a los aeropuertos vascos y sobre las sanciones, ha explicado que será necesario primero un periodo de "pedagogía" que "durará unos días" y después, se adoptarán "medidas más coercitivas". No obstante, ha dicho desconocer el tipo de sanciones que se van a aplicar y ha explicado que el decreto se remite a la normativa sanitaria en vigor que es la que establece las sanciones correspondientes.

Respecto a cómo afectan estas restricciones de movilidad al enclave burgalés de Treviño, rodeado del Territorio alavés, ha rechazado dar una respuesta por no tener "suficiente información" al respecto y ante los desplazamientos que se puedan producir desde Francia, ha recordado que entre estados no está prohibida la movilidad pero ha insistido en que el mensaje para los ciudadanos es el de "evitar, en lo posible, la movilidad interterritorial".

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ratificado las limitaciones a la movilidad nocturna --que el Consell ha fijado entre las 00.00 y las 06.00 horas-- y a las reuniones sociales (hasta seis personas) acordadas por la Generalitat el pasado sábado 24 de octubre, antes de la declaración del estado de alarma, y con efecto hasta el próximo 9 de diciembre, informa el alto tribunal.

La Fiscalía había informado previamente en el sentido de no oponerse a la ratificación. La sala entiende que la Ley Orgánica 3/86, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, proporciona "suficiente cobertura normativa sustantiva para la adopción de medidas sanitarias limitativas de libertades y derechos fundamentales".

"Las dos medidas que ahora tratamos suponen únicamente la restricción o limitación de libertades y derechos fundamentales, no la suspensión de los mismos (esto no es una cuestión de matiz, sino de cardinal trascendencia)", sostiene el tribunal en un auto notificado este martes.

De este modo, la restricción a la movilidad entre las 0.00 y las 6.00 horas con determinadas excepciones supone una "limitación temporal" al derecho a la libre circulación y deambulación y además contiene "muy importantes excepciones", precisa la sala.

Por su parte, la reducción a un máximo de seis personas no convivientes de las agrupaciones o reuniones familiares y/o sociales "no pasa de la categoría de limitación del derecho de reunión, nunca de suspensión del mismo".

Los magistrados recuerdan que el Tribunal Constitucional "admite el establecimiento de medidas concretas limitativas del efectivo ejercicio de derechos fundamentales sin tener que acudir necesariamente al llamado derecho de excepción".

En este sentido, señalan que la constitucionalidad de la Ley Orgánica 3/86 no ha sido cuestionada y el hecho de que esa norma no concrete las medidas limitativas de los derechos fundamentales que pueden acordarse "lo único revela --lo que no está exento de lógica-- es que estamos ante un precepto adaptable a las circunstancias particulares de cada caso y a la situación epidemiológica de que se trate".

En este caso, las restricciones a la movilidad nocturna y a las reuniones sociales y familiares aprobadas por la Conselleria de Sanidad Universal el pasado 24 de octubre, a la vista de los informes técnicos aportados, cumplen, en opinión del TSJCV, el "juicio de idoneidad", ya que "presentan aptitud para minimizar esos focos de contagio y, por ende, sus efectos".

"MÁS BENEFICIOS QUE PERJUICIOS"

También cumplen el "juicio de necesidad", pues son "indispensables si se quiere obtener el objetivo de reducir la transmisión del virus", y el de proporcionalidad, porque son "equilibradas" y de ellas se derivan "más beneficios para el interés general -contención de la pandemia- que perjuicios sobre oros bienes o valores en conflicto", destaca la resolución.

Aunque el tribunal interpreta que la Ley de Salud Pública de 1986 ampara las limitaciones de derechos fundamentales como las acordadas por la Conselleria de Sanidad, cree necesaria "una producción normativa idónea y ad hoc que solvente los problemas interpretativos con los que nos encontramos y evite la consecuente contradicción de criterios a la que estamos asistiendo.

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (Fad) y Maldita.es, con el al apoyo de Google.org, han lanzado 'No more haters. ¡Rompe la cadena del odio!', un proyecto para analizar y prevenir el discurso de odio en redes entre adolescentes y jóvenes españoles de 14 a 29 años.

Según ha señalado la Fad, el proyecto contempla la realización de una investigación sociológica para conocer las actitudes y posturas de los y las jóvenes sobre los discursos de odio en la red, dado que es una población con un uso de Internet y redes sociales muy elevado, al tiempo que representa un perfil de usuarios y usuarias especialmente vulnerables.

También está prevista, según ha detallado la entidad, la puesta en marcha de una campaña de sensibilización en redes para jóvenes; una guía para que los y las docentes puedan trabajar estos temas en el aula; y el diseño de una app bilingüe, que incidan en el trabajo, la reflexión y la prevención de manifestaciones de odio e intolerancia entre adolescentes y jóvenes de 14 a 29 años.

"Fundamentalmente, para que sean sujetos activos en la búsqueda de soluciones y en el combate frente al odio; promoviendo procesos que faciliten identificar los discursos de odio, superar prejuicios y estereotipos, fomentar el diálogo intercultural, y dando herramientas de juicio crítico para las interacciones online", ha manifestado.

Para la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura, "uno de los grandes problemas con respecto al discurso del odio es que muchos y muchas jóvenes no saben identificarlo".

"Puede que no sean conscientes de que compartiendo un meme que estigmatiza a un colectivo, por ejemplo, están contribuyendo a ese discurso del odio. Es importante que les formemos para identificarlo y combatirlo porque conviven con estas manifestaciones de odio todos los días", ha afirmado Martín de Padura.

Por su parte, la cofundadora de Maldita.es, Clara Jiménez Cruz, ha asegurado que "la desinformación impulsa de forma muy peligrosa los mensajes de odio y ha encontrado en las redes sociales el canal ideal para llegar a los más jóvenes".

"Este tipo de mensajes son contrarios a una educación plural, diversa y basada en el respeto que debemos conseguir como sociedad. Con este proyecto esperamos que jóvenes y adolescentes desarrollen un espíritu crítico y sepan identificar este tipo de contenidos", ha subrayado Jiménez.

EL DISCURSO DE ODIO EN REDES

En este contexto, la Fad ha puesto de relieve que los datos del Ministerio del Interior muestran que en los últimos años se ha generado una evolución anual ascendente en el número de hechos conocidos de delitos de odio, incluyendo el discurso de odio en la red. En 2017, el número de hechos conocidos de discurso de odio se situaba en 1.419; este número crece un 12,6% hasta llegar a 1.598 en 2018 y en 2019 se alcanzan los 1.706 casos, con un incremento del 6,8%.

Este último año, la mayor parte de incidentes tienen un origen ideológico (34,9%); seguido de hechos vinculados al racismo y la xenofobia (30,2%), seguido de la orientación sexual o la identidad de género (16,3%). En menor medida, menos del 4,5%, se producen delitos de discriminación por sexo o género, asociados a creencias religiosas, discapacidad, por razón de enfermedad, aporofobia, antigitanismo o antisemitismo. Teniendo en cuenta la tipología delictiva, la mayor parte se debe a amenazas (20,5%).

Por otra parte, La Fad ha señalado que en un estudio del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad, basado en una encuesta a 1.400 jóvenes entre 14 y 24 años, un 34% afirma haber sufrido algún tipo de maltrato por Internet o redes sociales ('bromas personales que no gustan, actos de exclusión, insultos, amenazas...'), un 9,2% reconoce haber sido él o ella la persona que ha ejercido tal tipo de maltrato, y un nada desdeñable 38,1% señala haber visto, en el último año, 'páginas donde la gente publica mensajes que atacan a ciertos individuos o colectivos.

Finalmente, ha apuntado que los riesgos que más menciona la población joven a los que se siente expuesta en la red tienen que ver con 'la difusión de fotos o vídeos comprometidos' (señalado en primer lugar por el 33,5%) y 'dar demasiada información sobre ellos/as mismos/as a gente que no conocen' (32,7%), 'ser acosado/a u hostigado/a con el fin de obtener concesiones sexuales' (12,5%), 'que los datos que suben a la red les perjudiquen en el futuro' (10,1%) y 'ser perseguido/a por sus opiniones, actitudes o comportamientos (ciberacoso)' (7,6%).

La Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes 27 de octubre una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar una línea de ayudas al alquiler de estudios y otros locales de trabajo relacionados con las artes escénicas y la música "sin perjuicio de la concesión de otras vinculadas con la actividad laboral".

En la iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú y aprobada por unanimidad con una transaccional firmada por los grupos de PSOE, Ciudadanos, Partido Popular y Esquerra Republicana, se recuerda que el Real Decreto Ley de marzo hablaba de medidas para el alquiler, pero eran exclusivas para los arrendamientos de vivienda habitual, dejando fuera los locales o estudios con fines de actividad cultural.

Asimismo, se ha instado a considerar a las salas con música en vivo como espacios culturales y que sean diferenciadas del ocio nocturno, así como la petición de dar un "impulso definitivo" a la elaboración del Estatuto del Artista.

El texto, además del acceso a prestaciones para trabajadores intermitentes del sector, también reclama otras medidas económicas como las de garantizar la compensación por cese de lucro mientras duren las restricciones de aforo dirigido tanto a salas como a compañías, "garantizando el pago de todos los agentes implicados en el espectáculo".

La proposición ha recordado que en España hay registradas 122.673 empresas culturales en los distintos sectores y de estas empresas solo el 7,2% cuenta con más de seis trabajadores y solo el 0,6% tiene más de 50 empleados. "Hablamos, en general, de autónomos, que, ante la cancelación de sus proyectos no tienen derecho al paro".

En el periodo entre marzo y mayo, el sector de las artes escénicas y la música ha debido hacer frente a la suspensión de unas 30.000 funciones, lo que supone unas pérdidas superiores a los 130 millones deeuros, que podrían incrementarse en los próximos meses, según informa la Mesa del sector de las Artes Escénicas y la Música COVID-19.

En esta comisión el Congreso también ha instado al Gobierno a impulsar las celebraciones del Centenario del nacimiento del escritor vallisoletano Miguel Delibes y a presentar un programa de actuaciones para la conmemoración del 'Año Laforet' en 2021.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado este martes de que el Consejo de Ministros ha aprobado solicitar el Congreso la prórroga por seis meses del estado de alarma declarado el pasado domingo --es decir, hasta el 9 de mayo de 2021--. De este modo, no ha atendido, al menos de momento, las peticiones del PP y de otros partidos de la oposición que han reclamado acortar la vigencia de la prórroga.

Asimismo, la portavoz ha confirmado que en el nuevo decreto de prórroga, la limitación a la movilidad nocturna deja de ser obligatoria en todo el territorio y que las comunidades autónomas podrán decidir a partir del 9 de noviembre --cuando finalizan los primeros 15 días de vigencia-- si mantienen o desactivan el conocido como toque de queda, tal y como explicaron fuentes gubernamentales el domingo.

"El hecho diferencial es que se suprime la vigencia actual para todo el país de la denominada limitación o restricción de movilidad entre las 23.00 y las 6.00 horas", ha explicado Montero, en referencia a esta medida, que el decreto aprobado el domingo en un Consejo de Ministros extraordinarios hacía obligatoria para todo el país menos para Canarias.

La prórroga del estado de alarma se votará el jueves en el Pleno del Congreso, pero no será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que acuda a defender la medida, sino el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

A pesar de las peticiones del PP y de otros partidos de la oposición para que se acorte el periodo de vigencia del estado de alarma, el Gobierno se ha mantenido firme en su propuesta inicial de extenderlo hasta mayo. Por ejemplo, el partido de Pablo Casado pedía que se limitara a dos meses, pero el Ejecutivo rechazó sus "condiciones".

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que "no se dan las condiciones" para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque el PSOE Y Unidas Podemos siguen sin retirar del Congreso su propuesta para rebajar las mayorías en la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Gamarra ha recordado que la primera de las condiciones para proceder a una negociación "con garantías" de un nuevo Consejo del Poder Judicial era precisamente que el PSOE y Unidas Podemos retirasen su proposición de ley.

Ante el bloqueo para actualizar el Consejo del Poder Judicial, que lleva en funciones desde hace dos años, los socios de gobierno decidieron registrar una iniciativa con la que rebajaban a la mayoría absoluta (176 diputados) la elección de parte de los miembros del CGPJ en lugar de los dos tercios (210 diputados) que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El pasado jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que paralizaba esa propuesta de reforma para tratar de pactar con el PP la renovación del CGPJ y otros órganos constitucionales.

Sin embargo, Gamarra ha lamentado que esta iniciativa, "lejos de estar parada", sigue su tramitación normal en el Congreso, ya que sigue corriendo el plazo de un mes que tiene el Gobierno para pronunciarse sobre sí da o no vía libre a su debate. "Y si no se ha retirado, no se da la primera de las condiciones" para negociar la renovación del CGPJ, ha zanjado.

Euskadi, que continúa en 'alerta roja' con una tasa de incidencia de 547,57 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días, ha detectado este pasado lunes 978 nuevos casos positivos en covid-19, lo que supone 38 contagios más que en la jornada anterior, aunque la tasa de positividad ha descendido hasta el 8,2% sobre el total de 11.935 pruebas PCR y de antígenos realizadas.

Según los datos hechos públicos por el Departamento vasco de Salud, este pasado lunes se han efectuado 11.935 pruebas, por encima de las 10.580 realizadas el día antes, y el porcentaje de positivos respecto a las pruebas realizadas ha bajado del 8,8% al 8,2%.

En el conjunto de Euskadi, este pasado lunes se han detectado 978 nuevos casos, frente a los 940 positivos del domingo. Vizcaya es el territorio con más contagios nuevos, 457, frente a los 477 positivos del día anterior. El mayor número de casos se ha detectado en Bilbao, que suma 100 nuevos positivos en covid (65 menos que ayer) y, según el semáforo de colores con el que el Departamento de Salud indica los municipios que superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, sigue en 'naranja' con una tasa de incidencia de 456,86.

En el territorio vizcaíno, Salud también marca en 'naranja', al situarse entre 300 y 499 la tasa de incidencia, los municipios de Arrigorriaga, Barakaldo, Berango, Derio, Erandio, Etxebarri, Getxo Leioa, Lekeitio, Mungia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopela y Trapaga, mientras que el semáforo está en 'rojo' en Abadiño, Abanto y Zierbena, Amorebieta-Etxano, Durango, Elorrio, Ermua, Galdakao, Muskiz, Ondarroa y Ortuella.

En Guipúzcoa se ha detectado 413 nuevos positivos, frente a los 381 de la jornada anterior, lo que coloca a este territorio por encima de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes en dos semanas (765,76). San Sebastián acumula 87 nuevos contagios, 25 más que la jornada anterior, y la tasa de incidencia alcanza los 574,73 contagios por 100.000 habitantes.

En el territorio guipuzcoano, 30 municipios están en 'rojo', al superar los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días (Andoain, Arrasate-Mondragon, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Bergara, Deba, Eibar, Elgoibar, Errenteria, Hernani, Irun, Lasarte-Oria, Lazkao, Legazpi, Lezo, Mutriku, San Sebastián, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Usurbil, Villabona, Zumaia y Zumarraga), mientras que en otros tres Salud marca 'naranja', Aretxabaleta, Hondarribia, y Zarautz.

En Álava los nuevos positivos suman 86, lo que supone 16 más que en la jornada precedente. Vitoria, que sube de 50 a 69 los nuevos contagios, según el semáforo de colores con el que el Departamento de Salud, sigue en 'naranja', con una tasa de incidencia de 379,85, al igual que la localidad de Agurain, que, con cuatro positivos más, presenta una tasa de incidencia de 472,05.

Otros 22 positivos en covid detectados este pasado lunes corresponden a personas residentes fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, frente a los 15 de día precedente.

Con estas cifras, la incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en Euskadi en 547,57, con lo que la Comunidad Autónoma Vasca está en 'alerta roja' al superar los 500 contagios, y la razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) es superior a 1 (en concreto, 1,46), lo que indica que la incidencia aumenta.

Por territorios, la mayor tasa corresponde a Guipúzcoa, que sigue rebasando la 'línea roja' con 765,76 positivos por 100.000 habitantes en 14 días, mientras que Vizcaya presenta una tasa de 450,71, y Álava registra la menor, 361,93, de forma que ambos territorios se colocan en 'naranja'.

La 27ª edición del Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente de Barcelona (Suncine) ofrecerá la gran mayoría de los trabajos audiovisuales de forma gratuita, desde la aplicación móvil del festival, del 4 al 12 de noviembre, y se mantendrán las proyecciones presenciales siempre que la situación sanitaria lo permita.

En un comunicado este martes, la organización ha destacado los estrenos de 'Rebuilding paradise', dirigido por el Ron Howard, y 'Akashinga, the braves one', un filme documental de National Geographic producido por el cineasta James Cameron.

Otro destacado en la cartelera es el documental 'The animal people', producido por el actor Joaquim Phoenix.

LA NATURALEZA COMO PROTAGONISTA

Para el director del festival, Jaume Gil, el cartel de esta edición es una declaración de intenciones en este año de pandemia, puesto que han querido reflejar que la naturaleza tiene un gran peso sobre los seres humanos y, si quiere, "los puede aplastar".

En cuanto a los premios, 12 películas documentales optan al máximo galardón del festival, el Sol de Oro, y 46 cortos compiten en la sección Miradas por el premio WFF España; además, un nuevo reconocimiento, el Premio Cine Sostenible, valorará los mejores parámetros de sostenibilidad en la producción de los filmes.

Esta edición también presenta, fuera de competición, la sección Sunciñe para promocionar el cine de temática ambiental producido en España y la Suncine Edu con el fin de concienciar a los más pequeños.

La Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado este martes ante el Tribunal Constitucional (TC) cerca de 200 derechos de petición de particulares urgiendo al Tribunal a pronunciarse sobre la Ley del Aborto.

La organización de juristas considera "inadmisible" que el TC no se haya pronunciado sobre este asunto en 10 años "pese a asegurar en su momento que iba a dar carácter prioritario a esta resolución".

"Se trata de una grave, indebida e injustificada dilación que afecta al derecho supremo que nuestro ordenamiento jurídico protege frente a todos los demás: el Derecho a la Vida", indican desde la asociación.

En este sentido, recuerda que el propio Tribunal Constitucional reconoció en su Sentencia 35/1994, de 31 de enero, que la Constitución española reconoce el derecho fundamental a "un proceso sin dilaciones indebidas" (artículo 24.2). "La finalidad específica del derecho radica en la garantía de que el proceso judicial, incluida la ejecución, se ajuste a adecuadas pautas temporales", añaden.

Según afirma el letrado de Abogados Cristianos, Ignacio García, "esta dilación sólo beneficia a los empresarios del aborto" y, subraya además, que "anualmente se destina 10 veces más dinero público al aborto que a ayudas a las mujeres".

Así, García insta al PP a "definir su posición actual sobre el derecho a la vida y a solicitar el impulso del procedimiento", ya que es el único legitimado para ello, ya que fue quien presentó el recurso.

La Comunidad de Madrid concederá bonos ambientales para la movilidad, pioneros en España, con una cantidad de 1.250 euros para que los ciudadanos puedan destinarla a utilizar los sistemas de alquiler de motos o coches eléctricos urbanos, a cambio de llevar sus coches más contaminantes para achatarrar.

Los madrileños podrán pedirlos a partir de mañana y hasta el próximo 15 de noviembre, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, los ha presentado este martes acompañada por la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, en el Parque de Valdebernardo.

"Queremos reducir los gases contaminantes y de efecto invernadero, la contaminación acústica, favorecer la eficiencia energética y un uso más racional del espacio urbano, fomentar el uso de vehículos cero emisiones y facilitar una movilidad sostenible que asegure la distancia social", ha declarado Ayuso.

En este sentido, la jefa del Gobierno madrileño ha indicado que resulta "paradójico" hablar de movilidad cuando se está pidiendo el esfuerzo colectivo de limitar la circulación, pero ha subrayado que "la vida sigue además del coronavirus" y aunque se pretenda "de manera errónea enfrentar a la economía o el medio ambiente con la salud", están relacionados.

"Los usos y costumbres han cambiado, tenemos tres de cada diez vehículos eléctricos de nuestro país, somos líderes en la modalidad de coche compartido y, por eso, somos un laboratorio perfecto para buscar soluciones sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad del aire y a la conservación del Medio Ambiente", ha considerado.

Para la puesta en marcha de estas ayudas, la presidenta madrileña firmará un convenio de colaboración con la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica y varias empresas de movilidad compartida.

SE CANJEARÁN POR MINUTOS

Los bonos se podrán canjear por kilómetros, por minutos o por servicios a través de las empresas de transporte compartido de vehículos eléctricos, carsharing y motosharing durante un máximo de dos años.

Podrán acceder a solicitar la ayuda los propietarios de los vehículos que tengan más de diez años de antigüedad o que carezcan de distintivo ambiental y que hayan sido achatarrados desde el 1 de enero de 2020 que cumplan con todos los requisitos para acreditar el destino del vehículo.

Esto es, estar en posesión de copia del recibo de pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), copia del certificado que acredite la destrucción del vehículo y la ficha técnica.

TRES MILLONES PARA VEHÍCULOS

Por otro lado, la presidenta madrileña ha desgranado otra línea de ayudas directas para la adquisición de vehículos eléctricos de movilidad personal (patinetes, bicicletas y ciclomotores) aprobada en Consejo de Gobierno el pasado 21 de octubre, y al que el Ejecutivo regional ha destinado 3 millones de euros.

A los propietarios de este tipo de vehículos adquiridos entre el 1 de enero y el próximo 15 de noviembre se concederá hasta el 50 por ciento de su precio de compra.

Así, serán ayudas de un máximo de 150 euros en patinetes, de 600 euros en bicicletas con sistema de asistencia al pedaleo y una potencia inferior o igual a 250W, y 700 euros en ciclomotores eléctricos de dos ruedas, siempre que se trate de ciclomotores con una potencia igual o inferior a 50 cc. y no superen los 45k/h. En este caso, tampoco se podrán incluir en el importe de la ayuda ni los accesorios ni los impuestos.

AYUDAS DIRECTAS CON EFECTOS RETROACTIVOS

Para conceder las ayudas que tendrán efectos retroactivos, la Comunidad de Madrid tendrá en cuenta, además del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, el riguroso orden de presentación en registro de las solicitudes.

De cara a agilizar la entrega de los importes de las ayudas, el Gobierno regional ha establecido en su convocatoria que los madrileños beneficiados reciban el importe correspondiente directamente en su cuenta bancaria, si son solicitantes de la ayuda a la adquisición los vehículos eléctricos, o en su correo electrónico, en caso de tratarse del bono ambiental.

En la presentación de las ayudas, también han estado la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), la Asociación Nacional de Marcas y de España (AMBE), la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR), la Asociación Española del Comercio Minorista Especializado de la Bicicleta (ATEBI).

También han estado presentes siete empresas del sector de la movilidad compartida de car y motosharing que operan en la región: Zity, Emov, Whible, Wishlife, Sahrenow, Acciona, Muving y Ecooltra; y con las que, el Gobierno regional firmará, próximamente, un convenio de colaboración que regirá la tramitación de los bonos ambientales

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha avisado de que en cuanto a positivos, "la situación en Bilbao en los próximos días va a ir empeorando" y ha añadido que "seguramente" la capital vizcaína supere este miércoles la barrera de los 500 positivos por 100.000 habitantes. Aburto ha añadido que, tras las nuevas medidas de cierre habilitadas, "es momento de ir pensando en prorrogar los ERTE, porque son de gran ayuda pero tienen fecha de caducidad, y también de habilitar nuevas medidas en el conjunto interinstitucional".

Aburto se ha expresado así a preguntas de los medios tras realizar una visita a la mediateca de Azkuna Zentroa, espacio recientemente renovado con motivo del décimo aniversario del centro cultural de Alhóndiga Bilbao. En este sentido, el alcalde ha trasladado a la ciudadanía de la Villa que "la medida que más se necesita ahora es cumplir con la norma, todos al unísono, para que, en esta circunstancia tan complicada, estemos el menor tiempo posible".

El alcalde ha indicado que, las nuevas medidas adoptadas por el consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) que restrigen, entre otros aspectos, la movilidad entre municipios, son "un golpe con tres caras". Por un lado "en el sanitario, por otro en lo emocional, porque anímicamente no estamos bien y esto nos está afectando a todos" y, en tercer lugar, "es un golpe económico sin ninguna duda a los sectores de la hostelería y el comercio de la ciudad".

En ese sentido, ha señalado que los comerciantes, hosteleros, hoteleros y restauradores de la ciudad le han trasladado "en más de una ocasión, que no pueden vivir solo del consumo de Bilbao, que necesitan de la gente que viene de fuera y de los pueblos de alrededor, que vienen a pasar el día o a consumir.

Por ello, ha remarcado que es necesario estar con estos sectores para ver cuáles son sus demandas y, desde la Administración, poder habilitar nuevos planes que puedan paliar esta situación, no sé si tanto solucionarla, pero sí ayudar a pasar este tránsito tan difícil".

En relación a la tasa de positivos de la Villa, Aburto ha advertido de que la situación, "en los próximos días, va a ir empeorando porque todavía nos estamos beneficiando de jornadas con cifras bajas de contagios, pero mirando simplemente las cifras de hace menos de 30 días, las hemos duplicado en apenas un mes".

"En cuanto esos días pasen vamos a estar sin ninguna duda en Bilbao por encima de los 500 positivos por cada 100.000 habitantes, que yo creo que mañana, seguramente, ya estaremos en esa situación" ha precisado.

SIN ACCESO AL CEMENTERIO DE DERIO

Ante la celebración esta semana del Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, y la imposibilidad de que los familiares se desplacen desde Bilbao hasta el cementerio de Derio, situación en dicho municipio vizcaíno, Aburto ha afirmado que en Bilbao se da una circunstancia que no se da en otro municipio, probablemente, y es que su cementerio está en otro municipio".

Eso quiere decir, ha añadido, que "no vamos a poder ir a visitar a nuestros familiares enterrados y esto nos afecta en algo íntimo y va a ser una circunstancia dura, que nos afecta en lo emocional, pero estoy obligado a trasladar que habrá momentos para hacerlo de otra manera y en otro tiempo, por lo que pido que actuemos con la máxima responsabilidad porque no podemos transitar de un municipio a otro, ni ir de Bilbao a Derio, por tanto".

Preguntado por el grado de vigilancia y seguimiento de la Policía Municipal de Bilbao de las nuevas medidas durante sus primeros días de funcionamiento, Aburto ha remarcado que le gustaría que, "a la hora de analizar las medidas, no se pusiera el foco en lo coercitivo, en la sanción, porque lo más importante es que la sociedad las haga suyas y las comprenda y todos digamos que no queda otra que cumplir".

Luego, ha dicho estar "seguro de que va a haber una minoría que va a intentar actuar de otra manera, y sortear la norma, y será donde ahí tendrá que actuar la Policía Municipal a la que ha adelantado que este mismo martes va a dar "una instrucción específica para que haga cumplir las medidas y, el que no las cumpla, sea sancionado".

La Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado ha aprobado una moción por la que se insta al Gobierno a reconocer como familia numerosa a las familias monoparentales con dos hijos que, de acuerdo con la normativa vigente, no tienen acceso a dicha condición.

El texto, presentado por el PSOE y modificado por dos enmiendas de Izquierda Confederal y el Grupo Parlamentario Vasco, ha sido aprobado este martes 27 de octubre con el voto a favor de todos los grupos a excepción de PP y Vox que se han abstenido.

La moción insta al Ejecutivo a "dar visibilidad" a las familias monoparentales, contribuyendo a que "deje de asimilarse exclusivamente la monoparentalidad con la pobreza o la exclusión social".

Además, el texto propone "garantizar su consideración específica en las políticas públicas" y dotarlas de "un marco jurídico estatal de referencia que incluya una definición inclusiva y homogénea, y un procedimiento para su acreditación que permita acceder a una acción de protección social adecuada, equiparada a la que disfrutan las familias numerosas desde el primer hijo".

También pide desarrollar políticas para facilitar la conciliación familiar y laboral del progenitor de estas familias monoparentales; y establecer una duración adicional del permiso por nacimiento y cuidado del menor para estas familias, en tiempo igual al que disfrutaría el segundo progenitor en una familia biparental.

La senadora del PSOE ha recordado que en España las familias monoparentales han ido creciendo en número en estos últimos años "de manera importante", suponiendo, según el Instituto Nacional de Estadística, 1,9 millones de hogares en España, el 10,1% del total. En el 82,7% de los casos, 1,6 millones, la mujer es la que encabeza la familia.

Además, ha puesto de manifiesto que el 51% de estas mujeres están desempleadas o con trabajo en la economía sumergida y "solo un tercio de las inscritas como demandantes de empleo reciben algún tipo de prestación".

Según ha precisado la senadora socialista, estas familias "sufren una discriminación fiscal, política y económica desde tiempos inmemoriales". Por ejemplo, en materia fiscal, el texto de la moción precisa que la 'reducción por declaración conjunta' que se aplica sobre la base imponible de lo que el impuesto identifica como unidad familiar es más elevada para el caso de las familias biparentales (3.450 euros) que para las monoparentales (2.150 euros).

Además, señala que las familias monoparentales solo pueden realizar la declaración conjunta hasta que el hijo tiene los 18 años cumplidos, trabaje o no trabaje, mientras que una familia biparental lo puede hacer hasta los 26 años del hijo.

También precisa que otros modelos de familia, como las numerosas, independientemente de su renta, optan a ayudas y beneficios de diferente índole, por ejemplo, descuentos en transportes públicos, renfe, aerolíneas o polideportivos; y no pagan las tasas de renovación de documentos, como el pasaporte o DNI, independientemente de su renta, mientras que una familia monoparental sí tiene que hacerlo.

EL PP PIDE "NO CONFUNDIR CONCEPTOS"

El PP había presentado una enmienda con la que pedía reconocer jurídicamente los derechos de las familias monoparentales mediante la creación de "una certificación específica, con una definición homogénea en todas las administraciones" pero sin asimilarlas a las numerosas. Si bien la enmienda no ha sido aceptada por el PSOE.

"Es posible equiparar derechos pero sin necesidad de confundir conceptos, sin confundirlas con las familias numerosas a las que se reconoce por su contribución al reemplazo generacional. No consideremos a las familias monoparentales con 2 hijos como otro tipo de familia. Vamos a darles su consideración", ha planteado la senadora 'popular'.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado otra enmienda que sí ha sido aceptada por el Grupo Socialista. En concreto, la senadora del PNV María Isabel Vaquero ha precisado que el reonocimiento como familia numerosa a las familias monoparentales condos hijos ya fue aprobado por el Senado en una moción de 2017.

También ha mostrado su apoyo a la moción el senador de Ciudadanos Tomás Marcos quien ha apostado por la definición homogénea de las familias monoparentales y por el impulso de las políticas de conciliación. Mientras, el senador de Esquerra Republicana Robert Masih ha alertado del "auténtico calvario" por el que están pasando las familias monoparentales para la gestión de los confinamientos domiciliarios de sus hijos por el Covid-19.

Por su parte, Vox ha mostrado su desacuerdo con la moción porque considera que con ella "tratan de catalogar" a determinadas familias cuando, a su juicio, "se debe favorecer a todas las familias, que son el núcleo de la sociedad". La senadora del PSOE ha dicho no sentirse sorprendida por el rechazo de Vox, "un partido que llama conejos a los hijos de madres solteras".

Asturias registró desde el martes 20 de octubre hasta ayer, día 26, un total de 48 aulas, 847 estudiantes y 52 docentes aislados por la detección de casos positivos de covid-19 vinculados a centros educativos públicos, concertados y privados, incluidas las escuelas de 0 a 3 años.

Esto implica que las autoridades sanitarias decidieron confinar el 0,60% de las 7.887 clases abiertas en toda la comunidad y al 0,69% del alumnado matriculado desde el primer ciclo de Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional (FP) presencial.

La Consejería de Salud notificó en el citado período 193 positivos por coronavirus relacionados con el sistema educativo asturiano: 173 entre el alumnado, otros 15 entre el profesorado y 5 más en monitores de servicios complementarios.

Un total de 113 centros educativos, situados en 21 concejos, ha registrado algún tipo de incidencia vinculada al coronavirus durante la semana del martes 20 de octubre al lunes 26. De ellos, 43 están ubicados en Gijón, 13 en Oviedo y 15 en Avilés.

El manejo de los contagios vinculados a colegios e institutos se realiza de acuerdo con lo establecido en la Guía de actuación ante la aparición de casos de covid-19, elaborada por la Dirección General de Salud Pública y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y en constante actualización.

Ese protocolo establece a quién se considera contacto estrecho en función de la etapa educativa, define los brotes, traza las pautas de vigilancia activa y también la gestión de los casos en las aulas y en los servicios de comedor o transporte.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha trasladado este martes que a quien hay que escuchar en materia sanitaria dentro del Consejo de Gobierno es a los responsables de Sanidad, quiénes sabrán cuáles son las decisiones que tienen que tomar con respecto al cierre perimetral de Madrid o no; mientras que Cs exige que esta medida la impongan "cuanto antes".

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Serrano, al ser preguntado sobre que el vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, vaya a proponer mañana en el Consejo de Gobierno cerrar perimetralmente Madrid, ha indicado que en la Comunidad la autoridad en materia de Covid es la Consejería de Sanidad y "hay que hacer caso a quien es el responsable y tiene la información y quien tiene la capacidad y la obligación de tomar esas decisiones".

Espera que la Consejería de Sanidad en el Consejo de Gobierno exponga la situación de la pandemia en la comunidad y el resto lo hagan lo propio con sus ámbitos competenciales, para después el Consejo de Gobierno adoptar las decisiones oportunas. "Hay que ser prudentes. No es una carrera de ver quién está más preocupado porque estamos preocupados todos y quiero desdramatizar un poco las diferentes perspectivas dentro de un Consejo de Gobierno que comparte el objetivo común de doblegar la curva", ha dicho.

Por su parte, el portavoz de Cs, César Zafra, ha señalado que el cierre perimetral debe llegar "lo antes posible" para no tener a los madrileños "con la incertidumbre" de si van a poder salir o no de la región. "Es necesario evitar ese tránsito. Es una medida lógica y sensata y esperemos que se tome lo antes posible", ha pedido Zafra.

El Servicio Boliviariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) ha interrogado este martes a un séptimo vigilante privado de la residencia de la Embajada de España, Jhonny Arvelo, han informado fuentes conocedoras de la situación.

Arvelo ha sido interrogado pero ya ha sido puesto en libertad. Este lunes el SEBIN liberó también a los otros seis vigilantes que tenía retenidos a raíz de la marcha del opositor Leopoldo López de la residencia, en la que permanecía desde el 30 de abril de 2019.

También están ya en libertad los escoltas de Leopoldo López, Ibrahim Sojo y Carlos García, tras 48 horas de interrogatorio según Voluntad Popular, y la cocinera, Nubia Campos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistirá al Pleno del Senado que se celebra la semana que viene, según ha confirmado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes a la Mesa de la Cámara Alta. El Partido Popular ha denunciado las "reiteradas ausencias" del jefe del Ejecutivo a estas sesiones de control.

Así lo ha censurado el portavoz de los 'populares', Javier Maroto, que ha querido dar un "toque de atención" al presidente del Gobierno, que lleva sin comparecer en la Cámara Alta desde el pasado 8 de septiembre, en la que protagonizó una sesión monográfica.

Desde aquel entonces, Sánchez ha justificado por diversos motivos su ausencia en las sesiones de control que se celebran cada quince días en el Senado. En el último Pleno, el jefe del Ejecutivo no acudió porque se encontraba en una reunión bilateral con el Gobierno de Italia.

En este caso, según ha explicado Maroto, Sánchez también tiene agenda internacional, aunque ha denunciado que durante estos dos meses, el jefe del Ejecutivo no tenía "explicación" para ausentarse de las sesiones de control.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara, Cristina Narbona, ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión de la Mesa para confirmar que Sánchez no acudirá a este Pleno. Eso sí, ha defendido la "importancia" que, a su juicio, el jefe del Ejecutivo da a la Cámara, lugar desde dónde se dirigió este lunes la XXIII Conferencia de Presidentes.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha denunciado este martes que no sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien comparezca este jueves ante el Pleno de la Cámara para informar del decreto del estado de alarma y solicitar su prórroga, en principio, hasta el próximo mes de mayo.

En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha cargado contra Sánchez por "escudarse" en el titular de Sanidad y ha indicado que el Ejecutivo no ha dado ninguna explicación para justificar esta decisión.

"El presidente del Gobierno es el máximo responsable de la acción política", ha enfatizado la portavoz 'popular', quien no ve "justificación alguna" para que no sea él quien asuma esa comparecencia.

Gamarra ha defendido que debe ser el jefe el Ejecutivo quien acuda a la Cámara a exponer las "limitaciones a las libertades públicas" que supone el nuevo estado de alarma, una medida, que, a su juicio, evidencia "el fracaso" del Gobierno en la "política sanitaria y legislativa".

La vivienda se ha convertido en un activo inmune a la crisis del Covid-19 en Europa, incluida España, según los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) sobre la evolución de los precios en los principales países. Así, las casas en Alemania, Francia, Italia, Holanda y España han continuado encareciéndose durante la pandemia e incluso de manera sustancial en algunos casos.

Durante el segundo trimestre del año, ya en plena crisis del Covid-19 y en un periodo de confinamientos en el continente, el precio de la vivienda aumentó un 7,06% interanual en Holanda, un 6,57% en Alemania, un 5,46% en Francia, un 3,43% en Italia y un 2,18% en España, lo que pone de manifiesto que el mercado inmobiliario está resistiendo e incluso saliendo fortalecido de manera generalizada de la crisis sanitaria global.

Esta tendencia al alza también se registró en el primer trimestre a pesar del 'shock' que supuso la eclosión de la pandemia a mediados de marzo. Entre enero y marzo, las casas en Alemania se revalorizaron un 7,14% respecto al mismo periodo de 2019; en Holanda, un 6,31%; en Francia, un 4,91%; en España, un 3,28%; y en Italia, un 1,74%.

LAS CASAS BRITÁNICAS, EN MÁXIMOS HISTÓRICOS

Misma evolución positiva arrojan los precios en el Reino Unido, según los principales indicadores del país. Halifax informa de que las viviendas británicas subieron hasta un 7,3% en septiembre, lo que ha hecho que los precios se sitúen en niveles máximos absolutos. Este índice constató incrementos sostenidos en el entorno del 3% de febrero a junio y después esta tendencia se ha acelerado.

Rightmove apunta a una revalorización del 5% de las viviendas en Reino Unido en septiembre. Además, según el portal inmobiliario norteamericano Zillow, el precio de las viviendas unifamiliares está creciendo mucho más que el de los apartamentos, un 4% por apenas un 0,9%.

En este sentido, 'The Economist' también informa de que el precio de la vivienda está subiendo cerca de un 5% en los países del G-7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y EEUU). Según los expertos consultados por el rotativo británico, el aumento de las ventas -que están ya por encima de los niveles de febrero- sería una de las causas del incremento de los precios. Adquisiciones motivadas, sobre todo, por las nuevas preferencias de los compradores, como especifica 'The Economist'.

La Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo ha aprobado este martes la renovación de sus recomendaciones acordadas finalmente la semana pasada, que serán elevadas al Pleno del Congreso donde tendrán que someterse a una nueva votación, junto a los votos particulares que decidan presentar los grupos.

Las nuevas recomendaciones han sido avaladas por el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria, mientras que Esquerra Republicana, EH-Bildu y el BNG han optado por abstenerse. Únicamente Vox ha votado en contra de las recomendaciones.

Con este acuerdo, se pone fin a un camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de la 'popular' Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.

La presidenta de la Comisión, la exministra socialista Magdalena Valerio, ha celebrado el acuerdo, subrayando que "es un punto de partida, no de llegada" y que la Comisión "va a seguir muy pendiente de que estas recomendaciones se materialicen en normas" que, "de una u otra manera tendrán que pasar por esta Comisión".

Asimismo, ha manifestado su deseo de que esta renovación sea "rematada" en el Pleno del Congreso "cuanto antes". "La próxima semana no hay Pleno, pero si pudiera ser en la siguiente sería estupendo para poder rematar estas tareas", ha celebrado, recordando en todo caso que los grupos que "están a tiempo para introducir modificaciones puntuales" al texto aprobado este martes.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido suspender el XIX Salón del Cómic de Zaragoza, previsto para los días 18, 19 y 20 de diciembre en la sala multiusos del Auditorio, debido a la evolución de la crisis sanitaria, si bien se mantienen las actividades de 'Diciembre, mes de cómic' que se celebrarán en distintos puntos de la ciudad.

El consejero municipal de Participación y Relación con los Ciudadanos del Ayuntamiento de Zaragoza, Javier Rodrigo, ha explicado que la voluntad era celebrar el salón con todas las medidas de seguridad, para lo que se había trabajado en este tiempo con librerías, editoriales, fanzines y colectivos del mundo de la viñeta.

"Se había hecho un gran esfuerzo para adaptar el salón del cómic y poder celebrar un evento, que es un referente a nivel autonómico y nacional", ha comentado Rodrigo.

Sin embargo, la evolución de la pandemia durante este otoño ha llevado a la consejería municipal a adoptar esta decisión por "responsabilidad", atendiendo a la gravedad de la situación sanitaria, ha puntualizado.

En cualquier caso, ha indicado que el Salón del Cómic es mucho más que el acto que se celebra en el Auditorio de Zaragoza y que el año pasado registró 24.000 visitas durante los tres días, ya que se enmarca dentro del mes del cómic que se celebra en diciembre, en colaboración con todo el colectivo y el área de Cultura del Ayuntamiento.

Estas actividades, que incluyen exposiciones, mesas redondas y talleres en distintos puntos de la ciudad, como el centro cívico de Las Esquinas del Psiquiátrico, el Centro de Historias, el paseo Independencia o Gran Vía, se mantienen y comenzarán previsiblemente en noviembre. La programación completa se presentará más adelante ha indicado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha instado este martes al líder del PP, Pablo Casado, a "elegir entre la ciencia o en el caos" ante la falta de acuerdo sobre el estado de alarma y ha apelado a su "ejercicio heroico en la tribuna" refiriéndose a su discurso del pasado jueves durante la moción de censura de Vox.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, el senador ha señalado sobre el plazo del estado de alarma, previsto hasta el 9 de mayo, que "durará lo estrictamente necesario". "Puedo garantizar que va a primar la ciencia y la salud de todos los españoles. Esa va a ser la base sobre la que actuar y un principio inamovible", ha asegurado.

"El señor Casado debe elegir si pasa del decir al hacer, si pasa de los discursos bonitos a las políticas reales en un momento tan decisivo de la historia", ha enfatizado para después añadir que "tiene mayor responsabilidad el principal grupo de la oposición". También ha sugerido al PP que el primer paso es "distanciarse de la ultraderecha".

Gil ha aprovechado para poner sobre la mesa la aprobación de los Presupuesto Generales del Estado (PGE) cuyo borrador del anteproyecto se ha conocido esta mañana porque, según ha remarcado, "son necesarios más que nunca". Asimismo, ha añadido que "en el ánimo de este momento ha estado siempre la votación de unos PGE que dieran una respuesta eficaz" a este momento de crisis sanitaria.

Ha enfatizado, en esta línea, su predisposición a tener unos PGE "cuanto antes", aunque ha objetado que son conscientes de la "geometría parlamentaria y el ejercicio de diálogo transversal que hay que tener con todos los grupos". "Por nuestra parte si podemos ahorrar un día pues ese día que ahorramos", ha zanjado en esta clave.

También ha puesto el foco sobre la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cámara Alta a la que se desplazó para presidir la XXIII Conferencia de Presidentes que se celebró de forma telemática y que contó con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Layen.

"Ese gesto tiene un valor en sí mismo muy importante que quería subrayar. Fue una Conferencia vital para el futuro de España", ha aseverado para después subrayar que la presencia de Sánchez en el Senado supuso una "muestra de esa cogobernanza".

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, decidirá entre hoy y mañana "con mesura y criterio" si llevar a cabo el cierre perimetral de la autonomía tras debatirlo con técnicos de Sanidad y con otros presidentes autonómicos, principalmente los de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Así lo ha avanzado la propia jefa del Ejecutivo autonómico, en declaraciones a los medios, tras presentar un plan de ayudas para fomentar los vehículos cero emisiones en el Parque de Valdebernardo.

"Tal y como está el virus en Madrid podríamos seguir abiertos porque ya estamos en unas cifras como a finales del mes de agosto, eso no quita para que sopesemos hacia adelante qué puede pasar. Hay que ser humildes con este virus", ha señalado. Así, ha insistido en que no hay que relajarse y que primará la decisión de los sanitarios pero ha trasladado en que también hay que tener en cuenta "el daño económico y moral".

Después de que el vicepresidente, Ignacio Aguado, haya abogado públicamente por el cierre, Ayuso ha deslizado que ella prefiere mantener este debate en el seno del Consejo de Gobierno y "no trasladarlo de fuera a dentro".

DECISIONES "MUY COMPLEJAS"

Ayuso ha hecho hincapié en que se trata de decisiones "muy complejas", al tratarse de libertades fundamentales, así como que causan "daño en la economía", que está "muy tocada. "No olvidemos que es el sector público el que arremete contra el privado y el que le dice a una tienda, a un comerciante, a un autonómico cómo tiene que ir, si abrir, si cerrar, etc", ha apuntado.

Además, ha recordado que esto se hace en un "todavía más doloroso" puesto que en el puente de Todos los Santos "muchos ciudadanos quisieran acercarle unas flores a un cementerio a un familiar, que incluso han podido perder este año". Para la dirigente madrileña, "esto es dolorisísimo" por ello hay que ser "muy sensible" a la hora de tomar decisiones.

En este punto, ha señalado que estas no las toma ella "en soledad" sino que tiene en cuenta las decisiones de los técnicos de la Consejería de Sanidad, que son los competentes en la materia, así como lo hará hablando con el resto de presidentes autonómicos, sobre todo con los de las regiones limítrofes.

El debate lo tendrán a lo largo de este martes y "si hace falta" también este miércoles para hacerlo "con mesura, con criterio y siendo conscientes del daño" que se puede causar.

SE DISCULPA CON LOS CIUDADANOS

Por otro parte, Ayuso ha reconocido las dificultades que tienen las administraciones "en un momento como este", con el cansancio que manifiestan los ciudadanos "por los cambios de criterio y los cambios normativos".

Por ello, ha pedido disculpas a todos los ciudadanos porque entiende "lo mal que lo están pasando". En este punto, ha hecho hincapié en que la Comunidad de Madrid tenía un plan, "que estaba funcionando", por zonas básicas de salud y que, además, exponían ante la opinión pública cada quince días pero que después se generó un "caos normativo" debido al Gobierno central.

Ahora creo que ha llegado el momento de dejar a la autonomía de Madrid tomar sus pasos pero siempre siendo conscientes de que formamos parte de un mismo país y todo esto que vayamos a decidir en las próximas horas es fruto del consenso de muchas personas, no solo de opiniones, sino de criterios que nos den la certeza de que tomemos la decisión que tomemos es la mejor para la salud y la economía", ha declarado.

VE "LEJOS" LAS NAVIDADES

La jefa del Ejecutivo autonómico ha reconocido que se está ante una situación "muy incierta y desagradable", que no puede más que lamentar, en la que se toman las medidas "en función de cómo evolucione la pandemia" por lo que saber ahora qué situación se tendrá en Navidades se le antoja "lejos".

Ayuso aboga por continuar con su política de compra de test e intentar llevarlos a "todos los rincones posibles", como pueden ser las farmacias o las clínicas odontológicas. A su parecer, lo más fácil sería "cerrarlo todo" pero lo considera "un fracaso". "La decisión es difícil y mi compromiso es tomar la menos mala, la menos perjudicial", ha zanjado.

El Gobierno de coalición aprobará este martes su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 y los remitirá y presentará mañana, miércoles, en el Congreso de los Diputados, fijándose la primera votación, relativa al debate de las enmiendas de totalidad, en el Pleno del Congreso para los días 11 y 12 de noviembre, según el calendario de tramitación oficial.

Tras el acto de anuncio del acuerdo para los Presupuestos realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en el que han calificado las cuentas de "imprescindibles" e "inaplazables" para la recuperación y para dejar atrás los de 2018, los nuevos Presupuestos llegarán mañana mismo, miércoles, al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación.

En concreto, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hará entrega este miércoles del clásico 'Libro Amarillo' de índice-resumen del proyecto de ley de Presupuestos a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, y a la presidenta de la Comisión de Presupuestos, Pilar Garrido.

Tras recibir los Presupuestos, la Mesa del Congreso celebrará una reunión para calificar el proyecto, que este viernes, 30 de octubre, se publicará ya en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

COMPARECENCIAS DE ALTOS CARGOS LA PRÓXIMA SEMANA

Además, el órgano de gobierno del Congreso abrirá un plazo hasta el día 30 de octubre a las 14 horas para solicitar las comparecencias de los altos cargos del Gobierno y organismos públicos con el fin de que expliquen las cuentas de los distintos departamentos.

Tras la ronda de comparecencias, que se sucederán entre el 4 y el 6 de noviembre, los grupos deberán decidir si presentan o no enmiendas de totalidad pidiendo la devolución del proyecto al Gobierno. El plazo para la presentación de estas enmiendas de devolución finalizará a las 14 horas del viernes 6 de noviembre, y a la semana siguiente será su debate y votación.

En ese debate de totalidad, los días 11 y 12 de noviembre, la ministra de Hacienda defenderá su proyecto ante el Pleno del Congreso y, tras el debate, las enmiendas de totalidad se votarán de una tacada, es decir, en una única votación, puesto que piden lo mismo: tumbar los Presupuestos y devolverlos al Gobierno. No se necesitan mayorías reforzada, sino que bastan más votos a favor que en contra.

En esa primera votación cayeron los Presupuestos Generales de 2019 que el PSOE y Unidas Podemos habían pactado en enero de ese año, provocando la disolución de las Cortes y la celebración de las elecciones del 28 de abril.

Si superan ese examen, los primeros Presupuestos del Gobierno de coalición pasarán a la fase de la discusión de su articulado y las enmiendas parciales que deberán presentarse antes de las 14 horas del 16 de noviembre.

La fecha establecida para el informe de la ponencia es hasta el 20 de noviembre y para el dictamen de la Comisión hasta el 27 de noviembre.

Tras su paso por ponencia y comisión, el proyecto volverá al Pleno del Congreso en la semana del 30 de noviembre al 3 de diciembre para la votación de cada una de las secciones de los Presupuestos (las cuentas de cada Ministerio). Ahí el Gobierno no puede perder votaciones porque el derribo de una sola sección provoca la caída de todo el proyecto.

Según el borrador del calendario de sesiones plenarias, el último Pleno de 2020 está previsto para la semana del 15 al 17 de noviembre. Posteriormente se llevarían los PGE al Senado, y a continuación serían devueltos al Congreso para aprobarlos definitivamente con los cambios introducidos o en su versión original.

El objetivo del Gobierno marcado en su 'hoja de ruta' es tener aprobados los Presupuestos de 2021 para principios del próximo año, para lo que se reunirá con los distintos grupos con el fin de recabar los apoyos, siendo plausible el 'sí' de los grupos que apoyaron la investidura, entre los que figuran ERC, JxCAT o Bildu, aunque también está abierta la opción de buscar el respaldo de Ciudadanos. En cambio, parece descartado a priori el apoyo del PP.

CONTENDRÁN LA MAYOR INVERSIÓN PÚBLICA SOCIAL DE LA HISTORIA

Los Presupuestos contendrán la "mayor inversión pública de la historia", de 239.765 millones, un 10,3% más, incluyendo un adelanto de 27.000 millones de los fondos europeos.

Recogerán un aumento de dos puntos el IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros, hasta un tipo marginal del 49%, y tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros, hasta un tipo del 265, así como un ala del 1% en el impuesto para patrimonios de más de 10 millones de euros, limitará las exenciones en el Impuesto de Sociedades, fijará una tributación mínima del 15% para 'socimis' y reducirá desgravaciones de planes de pensiones privados.

Estos cambios se suman a los ya anunciados más allá de las tasas 'Tobin' y 'Google', como el nuevo impuesto a los envases de un solo uso y el IVA del 21% a bebidas azucaradas y edulcoradas.

Además, contempla una subida del sueldo de los funcionarios del 0,9%, al igual que las pensiones públicas, que subirán con arreglo al IPC un 0,9%, mientras que las pensiones no contributivas se aumentarán el doble, un 1,8%, el IPREM un 5%, y elevará notablemente las partidas de Educación (+70%), con récord en becas, Sanidad (+151,4%), I+D+i (+80%) e infraestructuras (+114,8%), al tiempo que aumentan un 150% las ayudas al comercio, turismo y pymes, con 1.338 millones más.

No figurará en cambio la regulación de los precios de los alquileres, si bien hay un compromiso de la coalición por que vea la luz en un plazo de cuatro meses en el marco del a nueva Ley Estatal de Vivienda, que contendrá mecanismos de limitación o bajada de precios del alquiler en zonas de mercado tensionadas, tanto en nuevos contratos como en los ya existentes, lo que será la "el mayor grado de intervención pública en el mercado del alquiler de Europa", según Iglesias.

El secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Gabriel del Pozo, ha leído a las puertas del Congreso de los Diputados un manifiesto en el que se recuerda que desde hace 25 años no se produce una huelga general de médicos, lamentando así que el Gobierno no haya querido evitarla.

Este martes, 27 de octubre, el 85 por ciento de los médicos de toda España, según ha informado el CESM, están secundando esta huelga general que se producirá el último martes de cada mes que no sea festivo hasta que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no den una respuesta adecuada a las peticiones del colectivo médico.

Y es que, tal y como señala el CESM en el manifiesto, se ha tendido la mano al Gobierno "mil veces" y "la ha rechazado". Además, Illa "no quiere ni escuchar" a los profesionales médicos e, incluso, no se reúne con ellos, a pesar de que se lo han pedido en diversas ocasiones y que son los que tienen que sacar al país "de la grave situación sanitaria" en la que se encuentra.

"Hoy los médicos tenemos que iniciar una huelga nacional que no se convocaba desde hacía 25 años, porque no vamos a permitir que ni este ni ningún otro Gobierno desmantele la sanidad publica española. Una huelga que no queríamos iniciar, y que este Gobierno ha tenido en su mano evitar. Un Gobierno que ha olvidado que en Democracia se tiene que dialogar y llegar al consenso, no imponer, porque en Medicina los médicos aplicamos lo que funciona, no lo que nos imponen", han dicho desde la organización sindical.

A su juicio, y según destaca en el manifiesto, los médicos han iniciado una huelga porque consideran que el Real Decreto Ley 29/2020 aprobado hace unas semanas es el "mayor atentado" que se ha perpetrado a la sanidad pública española, a la seguridad de los pacientes y a los derechos incluso como trabajadores.

El objetivo de estas movilizaciones es lograr que se retire la citada normativa, "decreto de la infamia", y se den soluciones a los problemas que tienen los pacientes y los profesionales sanitarios. Así, han trasladado a la actitud de Illa y Sánchez la duración de la huelga nacional.

El Pleno del Congreso votará este jueves la prórroga del estado de alarma decretado el domingo por el Gobierno para hacer frente a la segunda ola del coronavirus, una medida excepcional que el Ejecutivo quiere prolongar durante seis meses, hasta mayo de 2021.

Así lo ha aprobado este martes la Junta de Portavoces de la Cámara, a propuesta de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. El debate arrancará a las nueve de la mañana con la comparecencia del Gobierno y, una vez finalizado, se tratarán los demás puntos del orden del día que ya estaba previsto para el jueves.

El Congreso no tiene que dar su visto bueno al decreto aprobado el domingo en el Consejo de Ministros extraordinario, sino que únicamente debe pronunciarse sobre su ampliación más allá de los 15 días de vigencia iniciales. El plan del Gobierno es prorrogarlo hasta seis meses, hasta el después del puente del primero de mayo.

MAYORÍA SIMPLE

La votación presencial sobre la autorización de la prórroga tendrá lugar cuando finalice la sesión plenaria, aunque justo después del debate sobre el estado de alarma se someterán a votación por parte de los presentes en el hemiciclo. Los diputados que voten telemáticamente tendrán que hacerlo, en ambos casos, antes que sus compañeros que sí estarán en sus escaños.

Para poder sacar adelante la prórroga de seis meses que ha puesto sobre la mesa, el Gobierno sólo requiere mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra y ya cuenta con los apoyos y abstenciones necesarios para conseguirlo puesto que, de momento sólo Vox ha avanzado abiertamente su voto en contra y, a priori, no se esperan más votos negativos.

La Comunidad de Madrid ha cargado este martes contra la intención del Ejecutivo central de incorporar el control sobre los precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda, ya que sostienen que "generará el efecto contrario al deseado".

Así lo ha subrayado de nuevo el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ante el anuncio durante la presentación del anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, en la que se ha dado cuenta del acuerdo entre Unidas Podemos y PSOE a nivel estatal de incorporar esta medida en la futura legislación.

Según recoge el Gobierno autonómico, que se ha mostrado diametralmente en contra cada vez que este debate sea puesto encima de la mesa, la medida "desincentivará la oferta" y fomentará el fraude, al tiempo que empeorará la conservación del parque residencial e incrementará los precios.

Para apoyar esta visión de la limitación de alquileres han puesto como ejemplo ciudades como Berlín o París, donde se han aplicado iniciativas similares y se han "demostrado ineficientes y perjudiciales".

MADRID APUESTA POR AUMENTAR LA OFERTA Y LA SEGURIDAD JURÍDICA

Es por ello que Pérez ha apostado por contar con "normas estables", seguridad jurídica y una legislación enfocada a la "recuperación ágil de la posesión" -relativa a la okupación- y por dotar al mercado de una mayor oferta con incentivos fiscales para garantizar este efecto.

La Comunidad de Madrid defiende la necesidad de crear condiciones fiscales favorables para que los potenciales arrendadores tengan un marco jurídico estable, lo que facilitará la puesta a disposición de más viviendas destinadas al alquiler que, de otra manera, no entrarían en este mercado", ha expuesto el titular autonómico de Vivienda.

En este sentido ha recordado que se han impulsado desde el Ejecutivo regional medidas encaminadas a movilizar suelo público para ampliar esta oferta, como es el caso del Plan Vive, por el que se construirán 15.000 viviendas en régimen de alquiler a precios inferiores a mercado en 1,2 millones de metros cuadrados de 43 municipios.

PACTO REGIONAL POR LA VIVIENDA

En otra clave, Pérez ha recordado que se suscribió en junio el Pacto Regional por la Vivienda, donde se abordan aspectos como la flexibilización fiscal; la mejora en las condiciones de financiación, tanto en la compra como en el mercado del alquiler; la colaboración público-privada, con la movilización de suelos y sus correspondientes usos; una mayor seguridad jurídica que genere confianza, dando mayor estabilidad y claridad normativa, así como el apoyo a la economía social, "donde la vivienda es un pilar básico en el desarrollo personal y profesional.

Por último, ha incidido en que el sector inmobiliario en la región es un espacio de oportunidad donde llevar a cabo la necesaria transformación que demanda un sector que debe ser uno de los principales soportes de la recuperación económica en la Comunidad y en el resto de España.

"Para ello es necesario contar con un modelo de financiación suficiente y estable, y continuar trabajando en otros aspectos como la rehabilitación y la regeneración urbana, como modelo sostenible de mejora del parque inmobiliario madrileño, estrechamente ligado a la I+D+i", ha concluido David Pérez.

La Rioja confina perimetralmente Logroño y Arnedo, cierra la hostelería y restauración durante un mes de estas localidades, y adelanta el 'toque de queda' a toda la comunidad desde las 22,00 y hasta las 05,00 horas, según ha anunciado la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, que ha afirmado que la situación sanitaria "es extrema".

En una comparecencia de prensa, realizada por streaming, Andreu ha dado a conocer más medidas restrictivas que se suman a las anunciadas el pasado 21 de octubre - que confinaban perimetralmente toda la Comunidad y obligaba el cierre de hostelería a las 21,00 horas, entre otras-, para contener el incremento de la incidencia del coronavirus en la comunidad riojana, donde ayer se dieron a conocer 12 fallecidos más por esta enfermedad en el último fin de semana.

Representantes de las plataformas digitales, autónomos y 'riders' han pedido al Gobierno una regulación más amplia en la negociación de la mesa del diálogo social sobre la regulación del trabajo en las plataformas digitales y no centrarse exclusivamente en las plataformas de 'delivery'.

De esta forma, el director general de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), José Luis Zimmermann, ha reconocido que es necesario regular este tema. "Hay que partir exactamente y definir qué es una plataforma, que no es tarea fácil y es un asunto que no se va a resolver en 48 horas ni en reuniones semanales y regularlo", ha señalado durante la jornada organizada por Unir, bajo el lema 'Regulación comparada: aproximaciones públicas al trabajo en plataformas'.

"Los 'riders' y el 'delivery' son ahora lo más visible, mientras que otras plataformas digitales no lo son tanto. Lo importante es abordar la protección del trabajador, que es en lo que hay que avanzar y desarrollar", ha recalcado.

Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), Jordi Mateo, cree también que es el "momento idóneo" de regular las plataformas digitales. "Es el momento de hacer una ley que regule el sector, que dé mayores protecciones a los trabajadores", ha indicado.

"Estamos viendo que la regulación actual del sector se está basando solo en los 'riders', pero tiene que ser sobre toda la economía de plataformas digitales. Los 'riders' somos trabajadores normales que preferimos ser autónomos, pero pedimos en la regulación mayores protecciones", ha apuntado.

La vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, ha abogado durante esta jornada por luchar para mejorar la protección de los trabajadores en la normativa que se está negociando. "El debate tiene que ser mucho más profundo, no se puede limitar solo al 'delivery', porque hay muchas plataformas digitales y deberíamos definir primero qué es una plataforma, ya que afectará a muchos más sectores", ha señalado.

El secretario confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO, Carlos Gutiérrez, ha reconocido también que es necesario conocer el número de plataformas digitales que hay actualmente en España, donde hay un "agujero negro" para que el debate no se centre solo en el 'delivery' y en los 'riders', que "son la punta del iceberg".

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha dicho este martes que el Principado merece un trato, en el reparto de los fondos europeos de reconstrucción, que sea proporcional al gran impacto que tiene en Asturias la transición energética. Ha recordado que ese capítulo absorbe el 37% del plan español de recuperación.

"Es una cuestión de justicia que Asturias esté a la cabeza en el empleo de los fondos ligados a la transición verde", ha dicho Barbón en su intervención inicial en el debate de orientación política en la Junta General del Principado de Asturias.

El dirigente socialista considera que Asturias está "en buenas condiciones" para sacar el "mejor partido" de esos fondos europeos y ha garantizado que su gobierno va a "dar esa batalla". No obstante, ha matizado que no quiere hacerlo solo y ha pedido a la iniciativa privada, a agentes sociales y a la Universidad de Oviedo que le acompañen en ese proceso.

Barbón quiere que para el reparto de esos fondos se tengan en cuenta otros rasgos diferenciales que tiene Asturias, como los que se refieren al envejecimiento y la despoblación.

"Asturias acumula una extensa y buena experiencia de gestión de ayudas europeas a las espaldas, desde aquel famoso Plan Nacional de Interés Comunitario, el PNIC aprobado a finales de los 80. Ahora, ante los fondos de reconstrucción, tenemos mucha tarea realizada en colaboración con el empresariado, las cámaras de comercio y los sindicatos, un trabajo que nos permitirá situarnos en la vanguardia para impulsar la transformación hacia una industria verde y sostenible", ha dicho el presidente asturiano.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) retomará esta semana los nombramientos en la cúpula judicial pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que se paralizarán los trámites parlamentarios para reformar el órgano de gobierno de los jueces, lo que puede suponer que su renovación, pendiente desde hace dos años, podría alcanzarse con prontitud.

El Pleno del CGPJ votará este jueves 29 de octubre las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Islas Baleares y de Cantabria, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado. También decidirá qué aspirante ocupa la presidencia de seis Salas de Tribunal Superior de Justicia y la de la Audiencia Provincial de Orense.

Sin embargo, el CGPJ no esperará a ver qué ocurre aunque El Ejecutivo haya hecho este anuncio que ha resucitado en ámbitos judiciales las quinielas sobre quien podría ser la elegida o elegido para presidir el órgano de gobierno de los jueces en su nuevo mandato, un cargo que supone también la presidencia del Tribunal Supremo.

De este modo, el Pleno ha incluido en el orden del día de la reunión de este jueves la provisión de estas plazas, de las cuales seis de ellas solo tienen un candidato único, mientras que a las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y de la Audiencia orensana se han presentado dos.

Así el aspirante a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares es el magistrado Carlos Gómez Martínez; mientras que para el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria aspiran José Luis López del Moral Echeverría y Luis Acayro Sánchez Lázaro.

Para la Presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la sede de Málaga se presenta Manuel Martín Hernández-Carrillo.

Asimismo, hay un solo candidato para cada una de las Presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, de Cantabria y de Asturias, pues se presentan Mariano Gascón Valero, María Mercedes Sancha Saiz y Jesús María Martín Morillo, respectivamente.

En cuanto a la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra aspira Francisco Javier Pueyo Calleja, mientras que para el mismo cargo en la misma Sala del Tribunal Superior de Justicia de Asturias se presentan José Ramón Chaves García y David Ordóñez Solís.

Por último, el Pleno elegirá entre Ana del Carmen Blanco Arce y Antonio Piña Alonso para presidir la Audiencia Provincial de Ourense.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha advertido este martes al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de que la subida de impuestos es "mala para España" y ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a "rectificar" su política económica. Además, ha subrayado que las recetas económicas que defiende su partido son "incompatibles con los planes económicos de Podemos".

"La posición del PP ha sido coherente y clara. Nosotros no queremos subir los impuestos sino que los queremos bajar. No queremos aumentar las cargas burocráticas, las queremos reducir. Queremos mejorar la competitividad", ha manifestado Montesinos en una entrevista en TVE.

Tras señalar que el líder de su partido, Pablo Casado, ya puso hace meses encima de la mesa un plan de choque económico que Pedro Sánchez "desechó", Montesinos ha afirmado que los PGE del Gobierno incluyen subidas de impuestos "y eso es malo para España".

Ante esa presentación del anteproyecto de Presupuestos que han realizado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Montesinos ha subrayado que al PP no le ha llegado "ni un solo papel" de esas cuentas públicas y ha recordado que desde mayo están escuchando a la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, pedir públicamente a su partido que apoye esos PGE. "Y no nos habían mandado absolutamente ninguna documentación", ha enfatizado.

MONTESINOS VE "TERRIBLES" LOS DATOS DE LA EPA

Montesinos ha afirmado además que son "terribles" los datos que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA), después de que el paro haya subido en 355.000 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 10,5% más que en el trimestre anterior.

"La situación laboral en España es dramática. Esperamos en el PP que nadie en el Gobierno se atreva ya a hablar de brotes verdes", ha enfatizado, para añadir que el Gobierno decía que no iba a dejar a nadie atrás pero ya hay "cerca de 1,2 millones de hogares españoles que tienen a todos sus miembros sin puestos de trabajo".

Por todo ello, el vicesecretario de Comunicación del PP ha exigido al Gobierno una "rectificación" de su política económica que "diga la verdad a los españoles y coja la mano tendida" del Partido Popular para "llevar a cabo la política económica que necesita España".

Por su parte, la vicesecretaria de Sectorial del PP y exministra, Elvira Rodríguez, ha afirmado que hay "700.000 trabajos menos que hace un año" y están "entrando en un nuevo período de confinamientos".

"La situación es grave y Pedro Sánchez solo plantea seis meses sin control y presupuestos con una fuerte subida de impuestos. Eso si, con teatro para presentarlos. ¿. A su juicio, esa subida impositiva es "una línea roja que dificulta la comprensión por parte de los españoles".

Además, ha señalado que esa presentación del anteproyecto de Presupuestos muestra que "por fin una mitad del Gobierno se ha puesto de acuerdo con la otra mitad del Gobierno", en alusión al pacto sellado entre el PSOE y Podemos para las cuentas públicas.

"Buena noticia para los miembros del Gobierno. Al fin, después de medio año, ya piensan todos igual", ha enfatizado, para subrayar que la foto de hoy entre Sánchez e Iglesias muestra que "han dejado de discutir entre ellos" y hay "un documento único". "Por fin se rompe el mantra de que el PP bloqueaba los Presupuestos", ha apostillado.

Maroto ha hecho hincapié en la situación económica que puede provocar en España un estado de alarma de seis meses. "Estamos asistiendo perplejos a la angustia que están sufriendo muchísimos pequeños comercios autónomos y miles de familias ante la propuesta del presidente del Gobierno de decretar un estado de alarma de seis meses", ha manifestado.

Tras asegurar que esa "longitud" de seis meses es "inoportuna y, sobre todo, una decisión cruel", ha avanzado que el PP planteará en el Senado, en el Congreso y en otras Cámaras autonómicas un "balón de oxígeno para millones de autónomos que ahora mismo, además del problema económico tienen un problema emocional" con el "mazazo" de este estado de alarma de seis meses.

"Ese egoísmo del presidente del Gobierno con los autónomos va a tener una contrapartida por parte de nuestro grupo a través de iniciativas específicas de apoyo a los autónomos. Si hay ahora un colectivo económico que necesita ayudas como agua de mayo es cada uno de los autónomos, que han hecho un sacrificio imposible y ahora tienen un escenario muy preocupante", ha manifestado.