A menos de dos semanas de que se cierre el plazo, el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ya ha recibido cerca de 900.000 solicitudes. Casi el doble de lo estimado. Pero los datos oficiales esconden una realidad: la mayoría de los expedientes avanzan a paso lento y las resoluciones favorables apenas llegan.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 8/10. Más de 900.000 personas y sus familias dependen de que el sistema funcione, pero los retrasos, la falta de citas y los requisitos complejos están dejando a muchos en el limbo a menos de quince días del cierre.
El cuello de botella: solicitudes al alza y respuestas a cuentagotas
La cifra la confirmó el Gobierno el 15 de junio. La ministra Elma Saiz celebraba el 'éxito' de una medida que, según sus palabras, sitúa a España 'a la cabeza de la justicia social'. Sin embargo, desde las entidades que acompañan a los solicitantes en el día a día piden prudencia y exigen soluciones urgentes.
De las 900.000 solicitudes, solo 360.000 han sido admitidas a trámite, según el Ministerio de Inclusión. El ritmo de las administraciones no acompaña: muchas personas llevan más de un mes esperando la admisión y apenas se han dictado resoluciones definitivas. El propio movimiento Regularización Ya ha detectado cinco grandes obstáculos: demoras en la tramitación, falta de cittas para la toma de huellas, exceso de papeleo, consulados que no legalizan certificados de antecedentes penales y órdenes de expulsión que se ejecutan mientras se pide la regularización.
La PNL que busca salvar el proceso
La plataforma ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley para evitar que el mecanismo se convierta en otra barrera. La iniciativa cuenta con el apoyo de Podemos, Sumar, ERC, Bildu y BNG, los mismos partidos que impulsaron la Iniciativa Legislativa Popular que forzó esta regularización.
Las demandas son concretas: ampliar el plazo más allá del 30 de junio, agilizar la legalización de documentos en los consulados españoles, detener las órdenes de expulsión mientras dure el proceso y evitar que los antecedentes policiales sin condena frenen los expedientes. “Esto va muy lento, muy lento”, denuncia Silvana Cabrera, portavoz de Regularización Ya, que desde la sede valenciana de SEDOAC tramita decenas de solicitudes cada día.
Uno de los escollos más sangrantes es el requisito de la firma paterna para regularizar a menores. Madres que no pueden localizar al progenitor, o cuyas parejas usan esa firma como chantaje, se topan con un muro. “Hay que hacer una campaña para que las madres pongan solo su nombre”, ironiza Cabrera, harta de ver cómo familias enteras quedan desprotegidas por un trámite que ignora realidades como la de un padre encarcelado en El Salvador y sin contacto con sus hijos.
La falta de firma paterna impide a muchas madres regularizar a sus hijos, un requisito que choca con la realidad de miles de familias.
Desde la Red Ciudadana de Acogida de Leganés, otra entidad colaboradora, describen un 'clima de agobio máximo' entre las personas atendidas. Muchas temen que les caduquen los certificados de antecedentes o que la documentación presentada no baste para acreditar la residencia en los últimos cinco meses. Países como Argelia o Siria prácticamente no emiten estos documentos, lo que deja a los solicitantes en un callejón sin salida.
Lecciones de otros procesos: si no se actúa, muchos se quedarán fuera
No es la primera vez que una regularización extraordinaria tropieza con la burocracia. En 2005, durante el último proceso masivo, cerca de medio millón de personas se quedaron sin papeles por requisitos parecidos. La diferencia ahora es la escala: las 900.000 solicitudes actuales ponen a prueba un sistema que ya entonces se mostró rígido. Las entidades insisten en que, sin una prórroga y sin más recursos en consulados y oficinas de extranjería, el resultado será otra oportunidad perdida para cientos de miles de personas.
Mientras el Gobierno defiende la medida como un ejemplo de justicia social, la realidad sobre el terreno muestra brechas que la propia administración no supo prever. El tiempo se agota y la decisión de ampliar o no el plazo está ahora en manos del Congreso. La PNL podría debatirse de urgencia, pero la fecha límite sigue siendo el 30 de junio. Lo que ocurra en los próximos días definirá si la regularización extraordinaria cumple su promesa de no dejar a nadie atrás.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ha recibido 900.000 solicitudes, pero solo 360.000 han sido admitidas a trámite y las resoluciones favorables son escasas.
- Por qué te importa: Afecta a cientos de miles de personas que viven y trabajan en España; los obstáculos burocráticos pueden dejarlas en situación irregular pese a cumplir los requisitos.
- A quién afecta: A los solicitantes y sus familias, especialmente a madres con menores, personas empleadas en el hogar o el campo y migrantes de países con consulados inoperantes.
- Hacia dónde vamos: La plataforma Regularización Ya ha presentado una PNL para prorrogar el plazo y eliminar barreras; el Congreso decidirá si la tramita antes del 30 de junio.
