El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este jueves que el Gobierno solicitará la ejecución provisional de la sentencia que devuelve al Estado la propiedad del Pazo de Meirás para saldar una «deuda histórica».
«Hace un año tuvimos la exhumación del dictador y ahora instamos la ejecución provisional de la devolución a los españoles del Pazo de Meirás. Creo que es el camino adecuado», ha dicho Campo a la prensa, tras una videoconferencia con el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, la Abogada General del Estado, Chelo Castro, y el jefe de la Abogacía en Galicia, Javier Suárez.
Campo no ha precisado qué uso dará Estado al Pazo de Meirás, al considerar que aún es pronto, incidiendo en que «lo verdaderamente importante es que sea el Estado el que tenga la gestión, y no la Fundación Francisco Franco», «una cuestión que reclama toda la ciudadanía
La sentencia dictada el pasado 2 de septiembre por la magistrada Marta Canales declaró la nulidad de la donación efectuada en 1938 de «la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma».
Además, la titular del juzgado de primera instancia número uno de A Coruña condenó a la familia Franco a su devolución sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.
Los Franco presentaron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña que aún está pendiente de resolución. Este proceso podría dilatar la entrega efectiva del Pazo de Meirás al Estado uno o dos años, de ahí que se vaya a pedir la ejecución provisional.
Campo ha defendido que, «sin perjuicio de las resoluciones judiciales» que quedan por conocerse, la ejecución provisional es «un instrumento absolutamente legal y normal en el mundo jurisdiccional».
Interrogado sobre cuándo podría haber una sentencia firme, ha rehusado avanzar «términos temporales», pero ha confiado en que el fallo en primera instancia se acabe confirmando «porque son los intereses del Estado».
«DEUDA HISTÓRICA»
Campo ha esgrimido que, a pesar de que «es cierto que la sentencia todavía no es firme», «era necesario cumplir con un deber histórico, con una deuda histórica», aludiendo a «la obligación que tiene el Estado de fomentar la reconciliación».
«Era necesario que se hiciera la reconciliación verdadera, que es la que nace del recuerdo, no del olvido, y en ese sentido queremos que el Pazo de Meirás se devuelva al ciudadano y que todos lo sintamos un referente», ha señalado.
El ministro ha aprovechado para destacar el compromiso del Gobierno con la «memoria democrática», indicando que «así es como eliminamos esos conceptos de dos Españas». «Solo hay una España que se une en la armonía de una convivencia que se abrió paso en la Transición pero todavía tenemos que seguir esforzándonos», ha reivindicado.
