La Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado ha aprobado un texto transaccional a partir de una moción del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, por el que se insta al Gobierno a modificar el Código Penal para que los delitos de abusos sexuales a menores no prescriban o aumente el plazo; y a impulsar, en coordinación con las comunidades autónomas, la coeducación y educación afectivo-sexual en todos los colegios para la prevención.

El texto, transaccionado por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, PSOE, Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, el Grupo Parlamentario Nacionalista Junts per Catalunya-Partido Nacionalista Canario y el Grupo Parlamentario Vasco, ha sido aprobado con el voto a favor de todos los grupos, excepto de PP y Vox que se han abstenido.

Asimismo, el texto de la transaccional insta al Gobierno a colaborar, conjuntamente con las CCAA y expertos, en la elaboración de un protocolo de actuación que asegure la mejor coordinación entre las distintas instituciones públicas, garantice la mejor formación en la materia a sus profesionales y permita una atención rápida, eficaz e integral a los menores de edad víctimas y a sus familias.

Igualmente, piden al Gobierno que el próximo 19 de noviembre de 2020, Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, se realice un acto público de reparación a todas las víctimas de abusos sexuales infantiles.

El senador de Geroa Bai Joseba Koldobika Martínez, que ha defendido el texto, ha precisado que para su grupo es "fundamental" hablar de educación afectivo sexual porque "lo que no se nombra no existe" y esta "debe formar parte del currículo escolar".

Por este motivo no ha aceptado la enmienda presentada por el PP, que proponía sustituir el apartado relativo a esta educación afectivo sexual por otro en el que solo se hablara del "establecimiento de protocolos comunes en todos los centros educativos como plan de prevención".

Para el senador del Grupo Popular Miguel Lorenzo, la educación afectivo sexual es "importantísima" para evitar que los jóvenes adquieran sus conocimientos en "Internet y la pornografía", pero considera que "no es el único método ni el mejor para prevenir" y que, en cualquier caso, este tema debe abordarse en la Comisión de Educación del Senado.

VOX PIDE AUMENTAR LAS PENAS DE CÁRCEL

El Grupo Parlamentario Izquierda Confederal tampoco ha aceptado la enmienda presentada por Vox con la que el grupo eliminaba el concepto de educación afectivo sexual y planteaba "aumentar las penas de todos los delitos relacionados con el abuso de los menores".

"Existe la necesidad de sacar a esos depredadores sexuales el mayor tiempo posible de nuestras calles, un depredador entre rejas es un monstruo que no va a poder volver a atacar a nuestros niños", ha asegurado el senador de Vox Jacobo González Robatto, quien se ha preguntado "qué previene más: meter en la cárcel al abusador o el curso".

Asimismo, ha acusado al Gobierno de "feminismo selectivo", algo a lo que la senadora del PSOE Estefanía Martín le ha contestando asegurándole que va a seguir diciendo que es "feminista" y que no le va a permitir estos "ataques" que buscan la "crispación".

Para la senadora socialista "la educación es la única vacuna para erradicar violencias, no solo llenar las cárceles", y ha apostado por seguir trabajando para acabar con esta "tragedia" del abuso sexual a menores "silenciada por tabús ancestrales".

La senadora de Esquerra Republicana Estefanía Escandell también ha coincidido en que la educación afectivo sexual es "imprescindible", una "necesidad imperiosa que el Estado no puede demorar" porque, a su juicio, permitirá que los niños identifiquen los comportamientos abusivos, puedan oponerse a ellos y denunciarlos.

Desde Ciudadanos, el senador Tomás Marcos también ha apoyado el texto y ha destacado el caso particular de los niños y niñas con discapacidad que han sufrido abusos, "muchas veces" por parte de personas "muy cerca de su entorno".

Por su parte, la senadora del PNV ha insistido en la necesidad de impulsar esta educación afectivo sexual para prevenir abusos respetando el marco competencial; y la senadora del PDeCAT ha subrayado que esta educación se ha demostrado que es "un éxito" porque "reduce en un 50% la probabilidad de sufrir abusos".

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que entiende "más efectivo" perimetrar la Comunidad de Madrid antes que recomendar a los vecinos no salir y ha recordado que otras autonomías gobernadas por PP y Ciudadanos ya han implantado esa medida.

"Cuando se pide o se recomienda no salir viene a ser lo mismo que perimetrar, pero psicológicamente. Desde luego me parece muy sensato. Lo más interesante es que se saliera del Consejo de Gobierno, que se saliera con un acuerdo entre los dos partidos", ha asegurado Villacís a los medios de comunicación en los pasillos del Palacio de Cibeles en una jornada en la que se está celebrando un pleno municipal en la capital.

Asimismo, ha aclarado que esta valoración surge como su posición como líder de Ciudadanos en la ciudad y no como postura del Gobierno local.

En esta línea, al ser preguntada por s debería ser toda la autonomía o por municipios, ha señalado que esta cuestión la tendrán que dirimir desde las autoridades sanitarias y que el papel del Ayuntamiento, desde el que ha garantizado "lealtad" a las medidas, es poner en práctica las medidas adoptadas.

Para ello cree importante la colaboración con la Delegación del Gobierno, ya que vana a necesitar su apoyo para garantizar ese cumplimiento porque no sería suficiente únicamente con los efectivos policiales locales.

Por último, ha vuelto a pedir controles en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con sistemas de test para poder "controlar la situación" en la que entran los visitantes por el aeródromo; unas guías que, a sus ojos, deberían estar unificadas en el marco de la Unión Europea.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rechazado suspender de forma cautelar la orden foral dictada el pasado día 21 por el Ejecutivo navarro que decretó el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración ante el avance de la pandemia de la Covid-19.

Los recurrentes, la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Navarra y la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería, solicitaron la suspensión de la Orden Foral 57/20 tanto de forma cautelarísima (urgentísima) como cautelar (urgente).

En el auto, que puede ser recurrido, el Tribunal asegura que dicha orden foral toma medidas que tratan de limitar la trasmisión del virus en varios ámbitos, sobre todo en el área social.

Al respecto, explica que el informe técnico aportado por la administración considera "situaciones de alto riesgo el permanecer en espacios cerrados, en lugares donde hay concentración de muchas personas y el contacto cara a cara con personas que no son convivientes".

El consumo en estos locales supone "un mayor contacto cara a cara, y normalmente sin mascarilla, dado que se está tomando alimentos o bebidas cuando se consume en barra. Para ello, "es obligado cerrar los espacios en que por concepto se producen esos encuentros", resuelve la Sala, que añade que la medida está "plenamente justificada".

Para los magistrados, la suspensión cautelar del cierre de los bares y restaurantes "tendría unas consecuencias sanitarias de incalculable alcance", en cuanto a la trasmisión de la enfermedad, debido al previsible ascenso de la curva de brotes y contagios.

Según destacan los jueces, la orden foral "justifica la necesidad de las medidas acordadas -cada vez más restrictivas- en el hecho constatado de que las anteriores órdenes no han conseguido el efecto deseado", ya que se ha producido un aumento en el número de contagios.

En este caso, según recoge la resolución judicial, el Gobierno de Navarra ha venido acordando medidas sanitarias menos gravosas para el sector de la hostelería y restauración, como la reducción de aforos, "que se han revelado insuficientes", y en este momento, a la vista de los datos epidemiológicos ofrecidos por la Administración demandada, con un elevado índice de contagios y de expansión del virus en actividades de ocio en hostelería y restauración, ha acordado esta medida de choque por un plazo limitado al 4 de noviembre.

Por tanto, concluye la Sala, "efectuando una ponderación de intereses, cabe concluir que los intereses generales de protección de los derechos fundamentales a la vida y a la salud de todos los ciudadanos en esta situación de pandemia priman, sin ninguna duda, frente a los intereses económicos que invocan los recurrentes".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Universidades, un acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de tramitación anticipada de ayudas para Formación del Profesorado Universitario correspondiente al año 2020 (FPU2020), por un importe de 79.329.825,20 euros.

Esta actuación de la Secretaría General de Universidades permitirá la contratación de 850 investigadores durante cuatro años. Estas ayudas pueden ser complementadas con financiación adicional con cargo a los presupuestos de los centros de adscripción contratantes.

La convocatoria de ayudas de la Secretaría General de Universidades se encuadra en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+I y tiene por objetivo la formación investigadora en programas de doctorado para la consecución del título de Doctor y la adquisición de competencias docentes universitarias en cualquier área del conocimiento científico, facilitando así la futura incorporación de las personas beneficiarias al sistema español de educación superior y de investigación científica.

Las ayudas, que se convocarán en régimen de concurrencia competitiva, tendrán una duración de cuatro años, salvo en el caso de discapacidad del beneficiario, en cuyo caso tendrán una duración máxima de seis años. Existe una reserva de plazas para personas con una discapacidad igual o superior al 33% (17 plazas del total, equivalente a un 2%).

Si la obtención del título de doctor tiene lugar con antelación al inicio de la última anualidad de la ayuda, se autorizará la continuidad de la ayuda FPU para la contratación, durante el periodo de orientación posdoctoral de un año de duración, de los investigadores recién doctorados.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado también la ampliación de los plazos de las actuaciones recogidas en la subvención a la línea de 'Diálogo Asociación de Amistad Hispano-Francesa', que se han visto afetados por la COVID-19. Se trata de actuaciones de interés público para la incentivación de estudios de grado y postgrado en España.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha denunciado este martes que no sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien comparezca este jueves ante el Pleno de la Cámara para informar del decreto del estado de alarma y solicitar su prórroga, en principio, hasta el próximo mes de mayo.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha indicado que el Ejecutivo no ha dado ninguna explicación para justificar esta decisión y ha cargado contra Sánchez por "escudarse" en el titular de Sanidad ante la aplicación de un "instrumento de excepcionalidad constitucional".

"No podemos entender que nuevamente el presidente del Gobierno utilice como escudo humano al ministro de Sanidad cuando se habla de suspender libertades públicas de 47 millones de españoles durante un periodo de más de seis meses", ha enfatizado.

En este sentido, la dirigente del PP ha señalado que su formación no ve "justificación alguna" a que no sea Sánchez el que asuma esa comparecencia en el Congreso este jueves, dado que como presidente del Gobierno "es el máximo responsable de la acción política" y afecta a "limitaciones de las libertades públicas".

Gamarra ha recalcado además que recurrir de nuevo a esta medida excepcional evidencia "el fracaso" del Gobierno tanto en la "política sanitaria" como "legislativa" por "no haber aprovechado el tiempo" aprobado estos meses pasados un marco jurídico para evitar recurrir a esta medida excepcional.

CONDICIONES DE PROPORCIONALIDAD Y CONTROL PARLAMENTARIO

La portavoz del Grupo Popular ha subrayado que un estado de alarma debe tener en cuenta la proporcionalidad y el control parlamentario, y ha señalado que no se trata de "condiciones caprichosas" sino que son condiciones "constitucionales" que además defendía la propia Comisión Europea. "Para nosotros, seis meses de estado de alarma es absolutamente desproporcionado", ha apostillado.

En este sentido, Gamarra ha defendido la propuesta del líder de su partido, Pablo Casado, de limitar la prórroga a ocho semanas, garantizando el control parlamentario. En esos dos meses, ha proseguido, hay tiempo para tramitar una modificación legal y poder acogerse más adelante a la legislación ordinaria y no al estado de alarma.

La dirigente del PP ha recordado que su grupo parlamentario ya presentó en agosto una modificación de la ley 3/1986 de medidas especiales en materia de Salud Pública que puede ser ya debatida en el Pleno del Congreso y tramitarse.

"ESTAMOS ABIERTOS A ESA NEGOCIACIÓN"

Al ser preguntada si el PP ya mantiene algún tipo de negociación con el Gobierno, Gamarra ha señalado que la propuesta del PP tiene "tanta lógica y sensatez" que, a su juicio, no cabe en su planteamiento que "no pueda ser negociada y asumida por el Gobierno".

"Estamos abiertos a esa negociación si así lo consideran los grupos que sustentan el Gobierno", ha declarado, para confirmar que en este momento aún no han entablado conversaciones. "Tienen la propuesta y si quieren negociar, nosotros estamos abiertos a negociar", ha apostillado.

Eso sí, Gamarra ha indicado que el plazo de ocho semanas es "lo suficientemente amplio y flexible". "Por tanto, entendemos que no es objeto de negociación por la flexibilidad que ya de partida tiene", ha manifestado.

SI EL GOBIERNO NO ACEPTA, PLANTEARÁN ENMIENDAS

En cuanto a si el PP podría votar "no" al estado de alarma si al final no hay un acuerdo con el Gobierno, ha señalado que si el Gobierno no asume la propuesta presentada por Casado, el Grupo Popular lo plantearía vía enmiendas.

Eso sí, ha dicho que la propuesta que su partido ha puesto encima de la mesa tiene "tanta sensatez que el rechazo no debiera estar en la hoja de ruta del Gobierno". Ahora, ha proseguido, el PP está aún en la fase de la negociación y no han reflexionado sobre cuál puede ser la posición de su partido en caso de que no haya acuerdo.

"Está clara cuál es nuestra posición, que es un máximo de ocho semanas para durante ese periodo de legisle porque esta Cámara no puede estar amordazada sino que tiene una responsabilidad y el Gobierno la tenía que haber activado para que hoy España tuviera legislación ordinaria para hacer frente a la pandemia", ha concluido.

La Universidad de Almería (UAL) ha contabilizado desde el inicio del curso un total de 14 casos de contagios de covid-19 entre los trabajadores y alumnos de la institución académica, de los que la mitad han sido identificados en la última semana.

Según los datos consultados por Europa Press sobre incidencias sanitarias que maneja el Vicerrectorado de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable de la UAL, desde el inicio de las clases se ha hecho seguimiento a un total de 92 posibles casos hasta el pasado viernes, de los que 34 han sido relativos a los alumnos y los 58 restantes están vinculados a los trabajadores.

En este sentido, se han constatado ocho casos positivos entre los alumnos, cinco de ellos entre el 17 y 23 de octubre. Asimismo, se han articulado las medidas de prevención sobre 18 contactos estrechos y se han supervisado otros siete casos sospechosos sobre el alumnado.

En cuanto a las plantillas del personal docente e investigador (PDI) y personal de administración y servicios (PAS), se han constatado seis casos de covid-19 de los que cuatro se han confirmado en la última semana. Esto ha dado lugar a la vigilancia de 29 casos estrechos y otros 23 casos sospechosos.

Según el plan de prevención, protección y vigilancia covid-19 de la UAL para este curso, cada facultad o escuela cuenta con un "equipo covid-19", que es responsable de la gestión de las actuaciones dentro de su ámbito y que está encabezado por el decano, director o gerente, en cada caso, del centro, con lo que esta es la persona de referencia para la gestión de cualquier suceso relacionado con el virus.La Universidad de Almería arranca este lunes el curso con pruebas Covid-19 a todos sus empleados

La Universidad de Almería inició el curso universitario el pasado 13 de septiembre con más de 14.000 alumnos que combinarán clases presenciales con docencia online así como con unos 1.500 profesionales en los que también se incluyen investigadores, becarios y personal externo.

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, González Laya, ha indicado que la región iberoamericana debe buscar un paraguas de inversión colectiva similar al fondo de recuperación y financiación diseñado en Europa, así como una agenda común para la descarbonización de las economías y el control del cambio climático y el impulso de la digitalización que ayude los países a conectar al sector informal, entre otras cuestiones.

Así lo ha resaltado la ministra en un encuentro digital organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), presentado por la presidenta del Grupo Red Eléctrica, Beatriz Corredor, moderado por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, y en el que han participado la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grysnpan y la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.

La titular de Exteriores ha enfatizado la necesidad de aprovechar las oportunidades de los acuerdos de la Unión Europea con Mercosur, México y Chile y pugnar por una mayor igualdad retributiva, salarial y tecnológica. "En el inmediato, mientras se gestiona la crisis, hay que pensar ya en construir de forma diferente a medio y largo plazo", ha añadido.

En este contexto, González Laya ha hecho un llamado ante empresarios iberoamericanos para avanzar en la recuperación económica de manera unida y conseguir una nueva agenda común de transformación económica y social para dejar atrás la recesión causada por la pandemia.

"La comunidad iberoamericana debe caminar unida hacia la recuperación económica, no para recobrar lo anterior, sino para emerger transformada. Y, para impulsar esta salida común de la grave crisis provocada por la Covid-19, la cumbre de Andorra de 2021 va ser clave", ha destacado.

De este modo, la ministra ha recomendado hacer de esta cita "el gran momento para un impulso conjunto con el que dejar atrás la crisis, con un esfuerzo público y privado".

De su lado, González Laya ha asegurado que España y Portugal "tienen la obligación de que Europa haga suya la agenda iberoamericana" y la comunidad iberoamericana debe trabajar unida ante el enorme desafío que entraña una crisis que es "sistémica.

Por otra parte, la titular de Exteriores ha indicado que la pandemia ha acelerado la desorientación e incapacidad de tomar decisiones a tiempo en Europa y América Latina, así como la desigualdad y la desincronización en cuanto al avance tecnológico de los países.

"La pandemia que ha acelerado estas tres 'd' es el tercer choque que sufre el mundo en casi 30 años, tras los causados por los atentados del 11-S y la crisis financiera de 2008", ha recordado la ministra, para añadir que se trata de "tres grandes rupturas a las que se añaden la crisis climática y la migratoria".

González Laya ha enfatizado que la pandemia obliga a pensar en lo más urgente, lo sanitario, pero sin descuidar la economía y el empleo y ha destacado que los gobiernos han acometido un gran esfuerzo, pero con la lección aprendida de los errores cometidos en la crisis de 2008.

Aprendimos que en esta situación no tiene sentido la austeridad y el ahorro, sino el aumento del gasto para mantener con vida empresas, empleos y sistema sanitario, y esta es la receta que hemos seguido y que recomiendan el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en un consenso muy diferente al de la crisis de 2008", ha indicado.

Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, tras remarcar que la organización que encabeza tiene como meta "ayudar a construir más y mejor Latinoamérica haciendo empresa", ha señalado que "España es cada vez más importante para las compañías latinoamericanas".

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha trasladado este martes a la Reina Letizia las principales dificultades a las que las personas con discapacidad y sus familias están haciendo frente como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Este ha sido uno de los temas tratados durante una reunión de trabajo que ha tenido lugar en la sede del CERMI, con la participación de una delegación de esta entidad, presente tanto de forma presencial como telemática.

Doña Letizia ha conocido de cerca el impacto de la pandemia en las personas con discapacidad que, junto a las personas mayores, ha sido el grupo social más devastado por esta crisis de salud pública, devenida también en crisis social y económica.

La plataforma representativa de la discapacidad en España ha destacado las dificultades de las personas con discapacidad en centros residenciales, en el acceso a la atención sanitaria, los efectos en materia de inclusión laboral y en el acceso a la educación por falta de accesibilidad de las herramientas telemáticas.

Igualmente, ha subrayado que la discapacidad tiene que estar en el centro de las políticas públicas en materia de reconstrucción social y económica, teniendo en cuenta siempre el doble enfoque de género y discapacidad.

En este punto, la entidad ha expuesto a la Reina la situación de mayor discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, así como las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad o en situación de dependencia.

Doña Letizia ha conocido también la preocupación del sector de la discapacidad por los sobrecostes a los que las organizaciones de la discapacidad están haciendo frente por la pandemia, lo que compromete la sostenibilidad de muchas de ellas y la atención que se brinda a las personas con discapacidad y sus familias, para quienes estas entidades son el único recurso de inclusión.

La delegación del CERMI ha expuesto a la Reina algunos logros legislativos que se están tramitando en la actualidad y que permitirán avanzar hacia la igualdad de derechos y oportunidades, como es la reforma del artículo 49 de la Constitución, a fin de reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y actualizar la terminología con la que la Carta Magna hace alusión a esta parte de la ciudadanía. Sería, como ha expuesto el CERMI a la Reina, la primera reforma de carácter social de la Constitución.

La entidad ha valorado la reforma del Código Penal para derogar las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, una práctica que sufren sobre todo las adolescentes y mujeres y cuyo trámite parlamentario está contando con el apoyo unánime de todos los partidos, lo que demuestra que la discapacidad es un motor generador de consenso.

La reforma del Derecho Civil y Procesal para migrar de un sistema de sustitución de la capacidad jurídica a otro basado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones; la regulación de la accesibilidad cognitiva, y la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) para acabar con los actuales criterios de copago en materia de autonomía personal y atención a la dependencia han sido otros de los avances detallados por el CERMI a doña Letizia. Por otra parte, el CERMI ha elogiado la cercanía de la Reina a las personas con discapacidad y sus familias.

La delegación del CERMI que se ha reunido con la Reina ha estado formada por su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno; el secretario general, Alberto Durán; la directora ejecutiva, Pilar Villarino; la comisionada de Género del CERMI y vicepresidenta ejecutiva de Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, y los vicepresidentes Miguel Carballeda (ONCE), Anxo Queiruga (COCEMFE), Manuela Muro (ASPACE), José Luis Aedo (FIAPAS), Nel Anxelu González Zapico (Salud Mental España) y Santiago López Noguera (Plena Inclusión).

Los grupos parlamentarios de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos no ven mal cierre perimetral de Madrid para evitar salidas en los próximos puentes aunque han pedido que informen con antelación a los madrileños "y no esperen a cuatro horas de la operación salida".

En rueda de prensa telemático posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, ha trasladado que ahora es "importante restringir la movilidad y mandar un mensaje a la ciudadanía de mucha resposabilidad", pero también es "fundamental que el Gobierno de la Comunidad asuma que hay que reforzar servicios públicos".

"Solo así vamos a combatir al virus porque estamos ya en una situación muy grave. Las decisiones que tomen expertos deben reforzarse con la coordinación de la Comunidad y el Estado que se basen en criterios objetivos. El riesgo que supone que miles de personas salgan un puente al resto del país se puede atajar", ha trasladado.

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha indicado que no es partidario de "relajar ninguna de las medidas de restricciones de la movilidad", aunque piensa que esa no es "la única herramienta" para luchar contra el virus, sino que "hace falta fomentar el teletrabajo y las medidas para fomentar las cuarentenas.

Si finalmente el Gobierno autonómico decidiera optar por el cierre perimetral, Perpinyà ha pedido que "no esperen un viernes a las ocho de la tarde para tomar esas medidas" porque "los ciudadanos necesitan certezas". "Si van a adoptar estas medidas que lo digan con tiempo suficiente y no esperen a cuatro horas antes de que se inicie la operación salida", ha sostenido.

En este punto, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo ha indicado que la propuesta del vicepresidente regional, Ignacio Aguado, no le parece mal pero piensa que es algo que debe confirmarlo antes en la reunión del Grupo Covid y en la del Consejo de Gobierno para que acuerden las medidas que deben adoptar.

"No me parece inadecuado considerar esto. Me parece adecuado que lo están haciendo en otras comunidades con datos mejores. A ver si va a pasar que cierren todas las comunidades menos la de Madrid", ha defendido, al tiempo que ha pedido "certezas y certidumbres" y decisiones que "no generen confusión" y se expliquen "pronto".

La fiscal General del Estado, Dolores Delgado ha rechazado otorgar una las nuevas ocho plazas fijas en Anticorrupción al fiscal Ignacio Stampa, adscrito al caso 'Tándem' sobre los negocios presuntamente irregulares del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.

Stampa, cuestionado por su presunta relación con una de las abogadas de Podemos en la pieza 'Dina' de este caso, ejercía en comisión de servicios y ahora deberá abandonar esta investigación y volver a sus puestos en la Fiscalía de Madrid.

La decisión de Delgado viene respaldada por el Consejo Fiscal, que se había reunido este martes para estudiar estás y otras plazas clave en la cúpula de la carrera.

LA UNION PROGRESISTA APOYA AL OTRO FISCAL

Ninguno de los vocales de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal ha apoyado a Stampa ni a su compañero en el 'caso Villarejo' Miguel Serrano, si bien éste se quedará finalmente en Anticorrupción al haber obtenido el aval de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), han señalado a Europa Press fuentes de esta institución.

Ambos fiscales no son titulares de una plaza fija del departamento dirigido por Alejandro Luzón, por lo que la decisión del Consejo de este martes podría suponer que pudieran seguir o no investigando a Villarejo.

Las decisiones de los vocales del Consejo Fiscal no son vinculantes, ya que es la fiscal general, Dolores Delgado, la que propone los nombramientos al Consejo de Ministros una vez escuchado este órgano de carácter consultivo. Delgado ha decidido no obstante seguir los criterios del Consejo Fiscal en este asunto.

La Comunidad de Madrid concederá bonos ambientales para la movilidad, pioneros en España, con una cantidad de 1.250 euros para que los ciudadanos puedan destinarla a utilizar los sistemas de alquiler de motos o coches eléctricos urbanos, a cambio de achatarrar sus coches más contaminantes.

Los madrileños podrán pedirlos a partir de este miércoles y hasta el próximo 15 de noviembre, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, los ha presentado este martes acompañada por la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, en el Parque de Valdebernardo.

"Queremos reducir los gases contaminantes y de efecto invernadero, la contaminación acústica, favorecer la eficiencia energética y un uso más racional del espacio urbano, fomentar el uso de vehículos 'cero emisiones' y facilitar una movilidad sostenible que asegure la distancia social", ha declarado Ayuso.

En este sentido, la jefa del Gobierno madrileño ha indicado que resulta "paradójico" hablar de movilidad cuando se está pidiendo el esfuerzo colectivo de limitar la circulación, pero ha subrayado que "la vida sigue además del coronavirus" y aunque se pretenda "de manera errónea enfrentar a la economía o el medio ambiente con la salud", están relacionados.

"Los usos y costumbres han cambiado, tenemos tres de cada diez vehículos eléctricos de nuestro país, somos líderes en la modalidad de coche compartido y, por eso, somos un laboratorio perfecto para buscar soluciones sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad del aire y a la conservación del Medio Ambiente", ha considerado.

Para la puesta en marcha de estas ayudas, la presidenta madrileña firmará un convenio de colaboración con la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) y varias empresas de movilidad compartida.

SE CANJEARÁN POR MINUTOS

Los bonos se podrán canjear por kilómetros, por minutos o por servicios a través de las empresas de transporte compartido de vehículos eléctricos, 'car sharing' y 'moto sharing' durante un máximo de dos años.

Podrán acceder a solicitar la ayuda los propietarios de los vehículos que tengan más de diez años de antigüedad o que carezcan de distintivo ambiental y que hayan sido achatarrados desde el 1 de enero de 2020 que cumplan con todos los requisitos para acreditar el destino del vehículo.

Esto es, estar en posesión de copia del recibo de pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), copia del certificado que acredite la destrucción del vehículo y la ficha técnica.

TRES MILLONES PARA VEHÍCULOS

Por otro lado, la presidenta madrileña ha desgranado otra línea de ayudas directas para la adquisición de vehículos eléctricos de movilidad personal (patinetes, bicicletas y ciclomotores) aprobada en Consejo de Gobierno el pasado 21 de octubre, y al que el Ejecutivo regional ha destinado 3 millones de euros.

A los propietarios de este tipo de vehículos adquiridos entre el 1 de enero y el próximo 15 de noviembre se concederá hasta el 50% de su precio de compra.

Así, serán ayudas de un máximo de 150 euros en patinetes, de 600 euros en bicicletas con sistema de asistencia al pedaleo y una potencia inferior o igual a 250W, y 700 euros en ciclomotores eléctricos de dos ruedas, siempre que se trate de ciclomotores con una potencia igual o inferior a 50 centímetros cúbicos y no superen los 45 kilómetros por hora. En este caso, tampoco se podrán incluir en el importe de la ayuda ni los accesorios ni los impuestos.

AYUDAS DIRECTAS CON EFECTOS RETROACTIVOS

Para conceder las ayudas que tendrán efectos retroactivos, la Comunidad de Madrid tendrá en cuenta, además del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, el riguroso orden de presentación en registro de las solicitudes.

De cara a agilizar la entrega de los importes de las ayudas, el Gobierno regional ha establecido en su convocatoria que los madrileños beneficiados reciban el importe correspondiente directamente en su cuenta bancaria, si son solicitantes de la ayuda a la adquisición los vehículos eléctricos, o en su correo electrónico, en caso de tratarse del bono ambiental.

En la presentación de las ayudas, también han estado presentes representantes de Aedive, de la Asociación Nacional de Marcas y de España (AMBE), de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor) y de la Asociación Española del Comercio Minorista Especializado de la Bicicleta (ATEBI).

También han asistido siete empresas del sector de la movilidad compartida de 'car sharing' y 'moto sharing' que operan en la región: Zity, Emov, WiBLE, Wishlife, Sharenow, Acciona, Muving y Ecooltra; y con las que, el Gobierno regional firmará, próximamente, un convenio de colaboración que regirá la tramitación de los bonos ambientales.

Las autoridades sanitarias de Galicia no tienen por el momento "encima de la mesa" la posibilidad de decretar un cierre perimetral de toda la comunidad, como ya han declarado otras regiones españolas, y apuesta por vigilar "en detalle" la evolución de ciertas comarcas.

Así lo ha explicado el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, durante una rueda de prensa para explicar las medidas acordadas en el seno del comité clínico de expertos que asesora a la Xunta en relación a la pandemia.

"A día de hoy, con los datos de hoy, no tenemos encima de la mesa esa restricción de movilidad -perimetral-", ha dicho el responsable de Sanidad, que ha apuntado a que tampoco hay una "cifra concreta" de casos que lo aproxime, dado que las decisiones dependen de otros parámetros, como la presión hospitalaria.

García Comesaña ha recordado que hace una semana Galicia entró en conjunto en nivel 2 de restricciones, lo que, entre otras cosas, implica que no puede haber reuniones de más de cinco personas en toda la comunidad. A mayores, hay ayuntamientos con "restricciones de movilidad perimetral", como Ourense, o que solo se permiten encuentros con convivientes, como Santiago de Compostela.

"Se están tomando medidas gruesas, importantes, a las que se añaden ahora las restricciones de movilidad nocturna", ha dicho el conselleiro, que ha apostado por esperar a ver los efectos que estas restricciones tienen en la evolución de la pandemia.

De hecho, Julio García Comesaña ha expresado que la mayor preocupación de los expertos es por ciertas áreas con incidencia mayor, dado que "los datos de Galicia son razonablemente buenos", por lo que "de momento no se está planteando una medida global". "Pero si los datos nos obligasen a tomarla, la tomaríamos", ha advertido.

El Gobierno Vasco pretende evitar recurrir al confinamiento general de la población mediante la aplicación de "medidas restrictivas y duras" como las puestas en marcha este lunes, pero tampoco lo descarta, si fuera preciso, para evitar la expansión del coronavirus.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Gabinete Urkullu, Bingen Zupiria, ha hecho referencia al decreto del Gobierno Vasco que ha entrado en vigor este martes con nuevas medidas restrictivas para evitar la propagación del coronarivus.

Según ha explicado, el decreto supone una "apelación permanente" que, desde las instituciones públicas, realizan a toda la ciudadanía, para intentar evitar aglomeraciones y reuniones de personas de más de seis individuos; para evitar, en lo máximo posible la movilidad entre municipios y Territorios; y para poder limitar también la actividad fuera de determinadas franjas horarias.

"Lo hacemos porque las autoridades sanitarias nos indican que es imprescindible evitar que personas de un municipio se desplacen a otro si no hay necesidad para ello porque cualquiera de nosotros puede transmitir esta enfermedad y no deberíamos correr ese riesgo", ha insistido.

Asimismo, ha reconocido que el Ejecutivo no descarta "ningún escenario", tampoco el del confinamiento total. No obstante, ha recordado que las autoridades sanitarias realizan un seguimiento "diario, pueblo a pueblo, de la situación sanitaria", y las instituciones públicas reunidas en el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) también efectuarán "un continuo y permanente análisis".

Tras advertir de que todos ellos tienen el convencimiento de que Euskadi va a vivir "unas semanas muy complicadas", ha añadido que el objetivo es "uno y único", el de "evitar la expansión de la enfermedad y limitar su contagio".

A su juicio, la actual situación "más o menos grave" es "parecida" a la vivida en los meses de marzo y abril, que conllevó un confinamiento general de la población. Según ha añadido, "en estos momentos y en esta nueva ola", la intención es la de "no tener que recurrir al confinamiento general para hacer frente a esta situación, adoptando todas las medidas extraordinarias que haya que adoptar".

"Sí nos hemos planteado como objetivo mantener la actividad económica y educativa y, de momento, las instituciones dejan la puerta abierta a mantener actividad física, una mínima actividad social, cultural y deportiva segura", ha indicado.

Para Bingen Zupiria, "la única manera de garantizar" ahora este "nivel de actividad" es "limitando la movilidad, la actividad nocturna y social", con no más de seis personas, que no se mezclen otras que no pertenezcan a "su burbuja social más cercana". "Son medidas restrictivas, duras, para evitar el confinamiento general", ha explicado.

El portavoz del Gobierno Vasco ha informado de que la próxima reunión del Consejo Asesor del LABI se ha convocado para dentro de 15 días "pero, si fuera necesario, se reuniría antes". Además, ha señalado que la comisión asesora que colabora con el LABI y emite los informes sobre los que se toman las decisiones, se reúne entre dos y tres veces por semana.

"En función del análisis permanente que se realice de la situación, y de las medidas que fuera necesario adoptar, se irán tomando nuevas medidas. En caso de que la situación se atenúe, serán medidas para aliviar las restricciones; y en caso de que continúe la progresión, que es lo más problable en los próximos 15 días, se verá si son suficientes las meidas adoptadas o hay que adoptar alguna más", ha explicado.

PREVISIÓN DE QUE CREZCAN LOS CONTAGIOS

Además, ha recordado que en 15 días, la evolución sanitaria ha avanzado de forma "exponencial e imprevista", de la misma forma que lo hizo hasta el 19 de agosto cuando se adoptaron medidas con "efectos positivos en las siguientes semanas". "La situación es incierta pero la previsión es que, en los próximos días los contagios sigan creciendo", ha reconocido.

Preguntado sobre si va a haber controles policiales a la salida de los municipios para controlar el cumplimiento de la restricción de movilidad, Zupiria ha explicado que en lugar de hacer referencia a las medidas coercitivas, prefiere "apelar a la conciencia ciudadana".

"Consideramos que las propuestas que se están haciendo en el decreto que ha entrado en vigor esta mañana, además de su parte restrictiva, nos indican cuáles son las medidas que nos pueden ayudar a combatir el virus y la enfermedad y hacer frente a la extensión de su contagio", ha destacado.

También ha reiterado que "las reuniones sociales que exceden la burbuja de convivencia crean situaciones de riesgo que, en la medida de lo posible, deberíamos evitar". Asimismo, ha insistido en que "la consideración principal es la de evitar, en estos momentos, al máximo los desplazamientos innecesarios".

Preguntado por cómo deben actuar las personas que habían adquirido de forma previa al decreto entradas o abonos a espectáculos en municipios diferentes al suyo, Zupiria ha insistido en que "la recomendación es evitar, en lo posible, salir de nuestro municipio y mezclarnos con gente en otros municipios" y ha recordado que las excepciones son la realización de actividades socioeconómicas, actividades deportivas individuales o de actividad física al aire libre.

Tampoco ha aclarado la situación de los turistas que lleguen a Euskadi a los aeropuertos vascos y sobre las sanciones, ha explicado que será necesario primero un periodo de "pedagogía" que "durará unos días" y después, se adoptarán "medidas más coercitivas". No obstante, ha dicho desconocer el tipo de sanciones que se van a aplicar y ha explicado que el decreto se remite a la normativa sanitaria en vigor que es la que establece las sanciones correspondientes.

Respecto a cómo afectan estas restricciones de movilidad al enclave burgalés de Treviño, rodeado del Territorio alavés, ha rechazado dar una respuesta por no tener "suficiente información" al respecto y ante los desplazamientos que se puedan producir desde Francia, ha recordado que entre estados no está prohibida la movilidad pero ha insistido en que el mensaje para los ciudadanos es el de "evitar, en lo posible, la movilidad interterritorial".

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ratificado las limitaciones a la movilidad nocturna --que el Consell ha fijado entre las 00.00 y las 06.00 horas-- y a las reuniones sociales (hasta seis personas) acordadas por la Generalitat el pasado sábado 24 de octubre, antes de la declaración del estado de alarma, y con efecto hasta el próximo 9 de diciembre, informa el alto tribunal.

La Fiscalía había informado previamente en el sentido de no oponerse a la ratificación. La sala entiende que la Ley Orgánica 3/86, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, proporciona "suficiente cobertura normativa sustantiva para la adopción de medidas sanitarias limitativas de libertades y derechos fundamentales".

"Las dos medidas que ahora tratamos suponen únicamente la restricción o limitación de libertades y derechos fundamentales, no la suspensión de los mismos (esto no es una cuestión de matiz, sino de cardinal trascendencia)", sostiene el tribunal en un auto notificado este martes.

De este modo, la restricción a la movilidad entre las 0.00 y las 6.00 horas con determinadas excepciones supone una "limitación temporal" al derecho a la libre circulación y deambulación y además contiene "muy importantes excepciones", precisa la sala.

Por su parte, la reducción a un máximo de seis personas no convivientes de las agrupaciones o reuniones familiares y/o sociales "no pasa de la categoría de limitación del derecho de reunión, nunca de suspensión del mismo".

Los magistrados recuerdan que el Tribunal Constitucional "admite el establecimiento de medidas concretas limitativas del efectivo ejercicio de derechos fundamentales sin tener que acudir necesariamente al llamado derecho de excepción".

En este sentido, señalan que la constitucionalidad de la Ley Orgánica 3/86 no ha sido cuestionada y el hecho de que esa norma no concrete las medidas limitativas de los derechos fundamentales que pueden acordarse "lo único revela --lo que no está exento de lógica-- es que estamos ante un precepto adaptable a las circunstancias particulares de cada caso y a la situación epidemiológica de que se trate".

En este caso, las restricciones a la movilidad nocturna y a las reuniones sociales y familiares aprobadas por la Conselleria de Sanidad Universal el pasado 24 de octubre, a la vista de los informes técnicos aportados, cumplen, en opinión del TSJCV, el "juicio de idoneidad", ya que "presentan aptitud para minimizar esos focos de contagio y, por ende, sus efectos".

"MÁS BENEFICIOS QUE PERJUICIOS"

También cumplen el "juicio de necesidad", pues son "indispensables si se quiere obtener el objetivo de reducir la transmisión del virus", y el de proporcionalidad, porque son "equilibradas" y de ellas se derivan "más beneficios para el interés general -contención de la pandemia- que perjuicios sobre oros bienes o valores en conflicto", destaca la resolución.

Aunque el tribunal interpreta que la Ley de Salud Pública de 1986 ampara las limitaciones de derechos fundamentales como las acordadas por la Conselleria de Sanidad, cree necesaria "una producción normativa idónea y ad hoc que solvente los problemas interpretativos con los que nos encontramos y evite la consecuente contradicción de criterios a la que estamos asistiendo.

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (Fad) y Maldita.es, con el al apoyo de Google.org, han lanzado 'No more haters. ¡Rompe la cadena del odio!', un proyecto para analizar y prevenir el discurso de odio en redes entre adolescentes y jóvenes españoles de 14 a 29 años.

Según ha señalado la Fad, el proyecto contempla la realización de una investigación sociológica para conocer las actitudes y posturas de los y las jóvenes sobre los discursos de odio en la red, dado que es una población con un uso de Internet y redes sociales muy elevado, al tiempo que representa un perfil de usuarios y usuarias especialmente vulnerables.

También está prevista, según ha detallado la entidad, la puesta en marcha de una campaña de sensibilización en redes para jóvenes; una guía para que los y las docentes puedan trabajar estos temas en el aula; y el diseño de una app bilingüe, que incidan en el trabajo, la reflexión y la prevención de manifestaciones de odio e intolerancia entre adolescentes y jóvenes de 14 a 29 años.

"Fundamentalmente, para que sean sujetos activos en la búsqueda de soluciones y en el combate frente al odio; promoviendo procesos que faciliten identificar los discursos de odio, superar prejuicios y estereotipos, fomentar el diálogo intercultural, y dando herramientas de juicio crítico para las interacciones online", ha manifestado.

Para la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura, "uno de los grandes problemas con respecto al discurso del odio es que muchos y muchas jóvenes no saben identificarlo".

"Puede que no sean conscientes de que compartiendo un meme que estigmatiza a un colectivo, por ejemplo, están contribuyendo a ese discurso del odio. Es importante que les formemos para identificarlo y combatirlo porque conviven con estas manifestaciones de odio todos los días", ha afirmado Martín de Padura.

Por su parte, la cofundadora de Maldita.es, Clara Jiménez Cruz, ha asegurado que "la desinformación impulsa de forma muy peligrosa los mensajes de odio y ha encontrado en las redes sociales el canal ideal para llegar a los más jóvenes".

"Este tipo de mensajes son contrarios a una educación plural, diversa y basada en el respeto que debemos conseguir como sociedad. Con este proyecto esperamos que jóvenes y adolescentes desarrollen un espíritu crítico y sepan identificar este tipo de contenidos", ha subrayado Jiménez.

EL DISCURSO DE ODIO EN REDES

En este contexto, la Fad ha puesto de relieve que los datos del Ministerio del Interior muestran que en los últimos años se ha generado una evolución anual ascendente en el número de hechos conocidos de delitos de odio, incluyendo el discurso de odio en la red. En 2017, el número de hechos conocidos de discurso de odio se situaba en 1.419; este número crece un 12,6% hasta llegar a 1.598 en 2018 y en 2019 se alcanzan los 1.706 casos, con un incremento del 6,8%.

Este último año, la mayor parte de incidentes tienen un origen ideológico (34,9%); seguido de hechos vinculados al racismo y la xenofobia (30,2%), seguido de la orientación sexual o la identidad de género (16,3%). En menor medida, menos del 4,5%, se producen delitos de discriminación por sexo o género, asociados a creencias religiosas, discapacidad, por razón de enfermedad, aporofobia, antigitanismo o antisemitismo. Teniendo en cuenta la tipología delictiva, la mayor parte se debe a amenazas (20,5%).

Por otra parte, La Fad ha señalado que en un estudio del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad, basado en una encuesta a 1.400 jóvenes entre 14 y 24 años, un 34% afirma haber sufrido algún tipo de maltrato por Internet o redes sociales ('bromas personales que no gustan, actos de exclusión, insultos, amenazas...'), un 9,2% reconoce haber sido él o ella la persona que ha ejercido tal tipo de maltrato, y un nada desdeñable 38,1% señala haber visto, en el último año, 'páginas donde la gente publica mensajes que atacan a ciertos individuos o colectivos.

Finalmente, ha apuntado que los riesgos que más menciona la población joven a los que se siente expuesta en la red tienen que ver con 'la difusión de fotos o vídeos comprometidos' (señalado en primer lugar por el 33,5%) y 'dar demasiada información sobre ellos/as mismos/as a gente que no conocen' (32,7%), 'ser acosado/a u hostigado/a con el fin de obtener concesiones sexuales' (12,5%), 'que los datos que suben a la red les perjudiquen en el futuro' (10,1%) y 'ser perseguido/a por sus opiniones, actitudes o comportamientos (ciberacoso)' (7,6%).

La Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes 27 de octubre una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar una línea de ayudas al alquiler de estudios y otros locales de trabajo relacionados con las artes escénicas y la música "sin perjuicio de la concesión de otras vinculadas con la actividad laboral".

En la iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú y aprobada por unanimidad con una transaccional firmada por los grupos de PSOE, Ciudadanos, Partido Popular y Esquerra Republicana, se recuerda que el Real Decreto Ley de marzo hablaba de medidas para el alquiler, pero eran exclusivas para los arrendamientos de vivienda habitual, dejando fuera los locales o estudios con fines de actividad cultural.

Asimismo, se ha instado a considerar a las salas con música en vivo como espacios culturales y que sean diferenciadas del ocio nocturno, así como la petición de dar un "impulso definitivo" a la elaboración del Estatuto del Artista.

El texto, además del acceso a prestaciones para trabajadores intermitentes del sector, también reclama otras medidas económicas como las de garantizar la compensación por cese de lucro mientras duren las restricciones de aforo dirigido tanto a salas como a compañías, "garantizando el pago de todos los agentes implicados en el espectáculo".

La proposición ha recordado que en España hay registradas 122.673 empresas culturales en los distintos sectores y de estas empresas solo el 7,2% cuenta con más de seis trabajadores y solo el 0,6% tiene más de 50 empleados. "Hablamos, en general, de autónomos, que, ante la cancelación de sus proyectos no tienen derecho al paro".

En el periodo entre marzo y mayo, el sector de las artes escénicas y la música ha debido hacer frente a la suspensión de unas 30.000 funciones, lo que supone unas pérdidas superiores a los 130 millones deeuros, que podrían incrementarse en los próximos meses, según informa la Mesa del sector de las Artes Escénicas y la Música COVID-19.

En esta comisión el Congreso también ha instado al Gobierno a impulsar las celebraciones del Centenario del nacimiento del escritor vallisoletano Miguel Delibes y a presentar un programa de actuaciones para la conmemoración del 'Año Laforet' en 2021.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado este martes de que el Consejo de Ministros ha aprobado solicitar el Congreso la prórroga por seis meses del estado de alarma declarado el pasado domingo --es decir, hasta el 9 de mayo de 2021--. De este modo, no ha atendido, al menos de momento, las peticiones del PP y de otros partidos de la oposición que han reclamado acortar la vigencia de la prórroga.

Asimismo, la portavoz ha confirmado que en el nuevo decreto de prórroga, la limitación a la movilidad nocturna deja de ser obligatoria en todo el territorio y que las comunidades autónomas podrán decidir a partir del 9 de noviembre --cuando finalizan los primeros 15 días de vigencia-- si mantienen o desactivan el conocido como toque de queda, tal y como explicaron fuentes gubernamentales el domingo.

"El hecho diferencial es que se suprime la vigencia actual para todo el país de la denominada limitación o restricción de movilidad entre las 23.00 y las 6.00 horas", ha explicado Montero, en referencia a esta medida, que el decreto aprobado el domingo en un Consejo de Ministros extraordinarios hacía obligatoria para todo el país menos para Canarias.

La prórroga del estado de alarma se votará el jueves en el Pleno del Congreso, pero no será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que acuda a defender la medida, sino el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

A pesar de las peticiones del PP y de otros partidos de la oposición para que se acorte el periodo de vigencia del estado de alarma, el Gobierno se ha mantenido firme en su propuesta inicial de extenderlo hasta mayo. Por ejemplo, el partido de Pablo Casado pedía que se limitara a dos meses, pero el Ejecutivo rechazó sus "condiciones".

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que "no se dan las condiciones" para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque el PSOE Y Unidas Podemos siguen sin retirar del Congreso su propuesta para rebajar las mayorías en la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Gamarra ha recordado que la primera de las condiciones para proceder a una negociación "con garantías" de un nuevo Consejo del Poder Judicial era precisamente que el PSOE y Unidas Podemos retirasen su proposición de ley.

Ante el bloqueo para actualizar el Consejo del Poder Judicial, que lleva en funciones desde hace dos años, los socios de gobierno decidieron registrar una iniciativa con la que rebajaban a la mayoría absoluta (176 diputados) la elección de parte de los miembros del CGPJ en lugar de los dos tercios (210 diputados) que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El pasado jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que paralizaba esa propuesta de reforma para tratar de pactar con el PP la renovación del CGPJ y otros órganos constitucionales.

Sin embargo, Gamarra ha lamentado que esta iniciativa, "lejos de estar parada", sigue su tramitación normal en el Congreso, ya que sigue corriendo el plazo de un mes que tiene el Gobierno para pronunciarse sobre sí da o no vía libre a su debate. "Y si no se ha retirado, no se da la primera de las condiciones" para negociar la renovación del CGPJ, ha zanjado.

Euskadi, que continúa en 'alerta roja' con una tasa de incidencia de 547,57 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días, ha detectado este pasado lunes 978 nuevos casos positivos en covid-19, lo que supone 38 contagios más que en la jornada anterior, aunque la tasa de positividad ha descendido hasta el 8,2% sobre el total de 11.935 pruebas PCR y de antígenos realizadas.

Según los datos hechos públicos por el Departamento vasco de Salud, este pasado lunes se han efectuado 11.935 pruebas, por encima de las 10.580 realizadas el día antes, y el porcentaje de positivos respecto a las pruebas realizadas ha bajado del 8,8% al 8,2%.

En el conjunto de Euskadi, este pasado lunes se han detectado 978 nuevos casos, frente a los 940 positivos del domingo. Vizcaya es el territorio con más contagios nuevos, 457, frente a los 477 positivos del día anterior. El mayor número de casos se ha detectado en Bilbao, que suma 100 nuevos positivos en covid (65 menos que ayer) y, según el semáforo de colores con el que el Departamento de Salud indica los municipios que superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, sigue en 'naranja' con una tasa de incidencia de 456,86.

En el territorio vizcaíno, Salud también marca en 'naranja', al situarse entre 300 y 499 la tasa de incidencia, los municipios de Arrigorriaga, Barakaldo, Berango, Derio, Erandio, Etxebarri, Getxo Leioa, Lekeitio, Mungia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopela y Trapaga, mientras que el semáforo está en 'rojo' en Abadiño, Abanto y Zierbena, Amorebieta-Etxano, Durango, Elorrio, Ermua, Galdakao, Muskiz, Ondarroa y Ortuella.

En Guipúzcoa se ha detectado 413 nuevos positivos, frente a los 381 de la jornada anterior, lo que coloca a este territorio por encima de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes en dos semanas (765,76). San Sebastián acumula 87 nuevos contagios, 25 más que la jornada anterior, y la tasa de incidencia alcanza los 574,73 contagios por 100.000 habitantes.

En el territorio guipuzcoano, 30 municipios están en 'rojo', al superar los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días (Andoain, Arrasate-Mondragon, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Bergara, Deba, Eibar, Elgoibar, Errenteria, Hernani, Irun, Lasarte-Oria, Lazkao, Legazpi, Lezo, Mutriku, San Sebastián, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Usurbil, Villabona, Zumaia y Zumarraga), mientras que en otros tres Salud marca 'naranja', Aretxabaleta, Hondarribia, y Zarautz.

En Álava los nuevos positivos suman 86, lo que supone 16 más que en la jornada precedente. Vitoria, que sube de 50 a 69 los nuevos contagios, según el semáforo de colores con el que el Departamento de Salud, sigue en 'naranja', con una tasa de incidencia de 379,85, al igual que la localidad de Agurain, que, con cuatro positivos más, presenta una tasa de incidencia de 472,05.

Otros 22 positivos en covid detectados este pasado lunes corresponden a personas residentes fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, frente a los 15 de día precedente.

Con estas cifras, la incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en Euskadi en 547,57, con lo que la Comunidad Autónoma Vasca está en 'alerta roja' al superar los 500 contagios, y la razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) es superior a 1 (en concreto, 1,46), lo que indica que la incidencia aumenta.

Por territorios, la mayor tasa corresponde a Guipúzcoa, que sigue rebasando la 'línea roja' con 765,76 positivos por 100.000 habitantes en 14 días, mientras que Vizcaya presenta una tasa de 450,71, y Álava registra la menor, 361,93, de forma que ambos territorios se colocan en 'naranja'.

La 27ª edición del Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente de Barcelona (Suncine) ofrecerá la gran mayoría de los trabajos audiovisuales de forma gratuita, desde la aplicación móvil del festival, del 4 al 12 de noviembre, y se mantendrán las proyecciones presenciales siempre que la situación sanitaria lo permita.

En un comunicado este martes, la organización ha destacado los estrenos de 'Rebuilding paradise', dirigido por el Ron Howard, y 'Akashinga, the braves one', un filme documental de National Geographic producido por el cineasta James Cameron.

Otro destacado en la cartelera es el documental 'The animal people', producido por el actor Joaquim Phoenix.

LA NATURALEZA COMO PROTAGONISTA

Para el director del festival, Jaume Gil, el cartel de esta edición es una declaración de intenciones en este año de pandemia, puesto que han querido reflejar que la naturaleza tiene un gran peso sobre los seres humanos y, si quiere, "los puede aplastar".

En cuanto a los premios, 12 películas documentales optan al máximo galardón del festival, el Sol de Oro, y 46 cortos compiten en la sección Miradas por el premio WFF España; además, un nuevo reconocimiento, el Premio Cine Sostenible, valorará los mejores parámetros de sostenibilidad en la producción de los filmes.

Esta edición también presenta, fuera de competición, la sección Sunciñe para promocionar el cine de temática ambiental producido en España y la Suncine Edu con el fin de concienciar a los más pequeños.

La Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado este martes ante el Tribunal Constitucional (TC) cerca de 200 derechos de petición de particulares urgiendo al Tribunal a pronunciarse sobre la Ley del Aborto.

La organización de juristas considera "inadmisible" que el TC no se haya pronunciado sobre este asunto en 10 años "pese a asegurar en su momento que iba a dar carácter prioritario a esta resolución".

"Se trata de una grave, indebida e injustificada dilación que afecta al derecho supremo que nuestro ordenamiento jurídico protege frente a todos los demás: el Derecho a la Vida", indican desde la asociación.

En este sentido, recuerda que el propio Tribunal Constitucional reconoció en su Sentencia 35/1994, de 31 de enero, que la Constitución española reconoce el derecho fundamental a "un proceso sin dilaciones indebidas" (artículo 24.2). "La finalidad específica del derecho radica en la garantía de que el proceso judicial, incluida la ejecución, se ajuste a adecuadas pautas temporales", añaden.

Según afirma el letrado de Abogados Cristianos, Ignacio García, "esta dilación sólo beneficia a los empresarios del aborto" y, subraya además, que "anualmente se destina 10 veces más dinero público al aborto que a ayudas a las mujeres".

Así, García insta al PP a "definir su posición actual sobre el derecho a la vida y a solicitar el impulso del procedimiento", ya que es el único legitimado para ello, ya que fue quien presentó el recurso.

La Comunidad de Madrid concederá bonos ambientales para la movilidad, pioneros en España, con una cantidad de 1.250 euros para que los ciudadanos puedan destinarla a utilizar los sistemas de alquiler de motos o coches eléctricos urbanos, a cambio de llevar sus coches más contaminantes para achatarrar.

Los madrileños podrán pedirlos a partir de mañana y hasta el próximo 15 de noviembre, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, los ha presentado este martes acompañada por la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, en el Parque de Valdebernardo.

"Queremos reducir los gases contaminantes y de efecto invernadero, la contaminación acústica, favorecer la eficiencia energética y un uso más racional del espacio urbano, fomentar el uso de vehículos cero emisiones y facilitar una movilidad sostenible que asegure la distancia social", ha declarado Ayuso.

En este sentido, la jefa del Gobierno madrileño ha indicado que resulta "paradójico" hablar de movilidad cuando se está pidiendo el esfuerzo colectivo de limitar la circulación, pero ha subrayado que "la vida sigue además del coronavirus" y aunque se pretenda "de manera errónea enfrentar a la economía o el medio ambiente con la salud", están relacionados.

"Los usos y costumbres han cambiado, tenemos tres de cada diez vehículos eléctricos de nuestro país, somos líderes en la modalidad de coche compartido y, por eso, somos un laboratorio perfecto para buscar soluciones sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad del aire y a la conservación del Medio Ambiente", ha considerado.

Para la puesta en marcha de estas ayudas, la presidenta madrileña firmará un convenio de colaboración con la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica y varias empresas de movilidad compartida.

SE CANJEARÁN POR MINUTOS

Los bonos se podrán canjear por kilómetros, por minutos o por servicios a través de las empresas de transporte compartido de vehículos eléctricos, carsharing y motosharing durante un máximo de dos años.

Podrán acceder a solicitar la ayuda los propietarios de los vehículos que tengan más de diez años de antigüedad o que carezcan de distintivo ambiental y que hayan sido achatarrados desde el 1 de enero de 2020 que cumplan con todos los requisitos para acreditar el destino del vehículo.

Esto es, estar en posesión de copia del recibo de pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), copia del certificado que acredite la destrucción del vehículo y la ficha técnica.

TRES MILLONES PARA VEHÍCULOS

Por otro lado, la presidenta madrileña ha desgranado otra línea de ayudas directas para la adquisición de vehículos eléctricos de movilidad personal (patinetes, bicicletas y ciclomotores) aprobada en Consejo de Gobierno el pasado 21 de octubre, y al que el Ejecutivo regional ha destinado 3 millones de euros.

A los propietarios de este tipo de vehículos adquiridos entre el 1 de enero y el próximo 15 de noviembre se concederá hasta el 50 por ciento de su precio de compra.

Así, serán ayudas de un máximo de 150 euros en patinetes, de 600 euros en bicicletas con sistema de asistencia al pedaleo y una potencia inferior o igual a 250W, y 700 euros en ciclomotores eléctricos de dos ruedas, siempre que se trate de ciclomotores con una potencia igual o inferior a 50 cc. y no superen los 45k/h. En este caso, tampoco se podrán incluir en el importe de la ayuda ni los accesorios ni los impuestos.

AYUDAS DIRECTAS CON EFECTOS RETROACTIVOS

Para conceder las ayudas que tendrán efectos retroactivos, la Comunidad de Madrid tendrá en cuenta, además del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, el riguroso orden de presentación en registro de las solicitudes.

De cara a agilizar la entrega de los importes de las ayudas, el Gobierno regional ha establecido en su convocatoria que los madrileños beneficiados reciban el importe correspondiente directamente en su cuenta bancaria, si son solicitantes de la ayuda a la adquisición los vehículos eléctricos, o en su correo electrónico, en caso de tratarse del bono ambiental.

En la presentación de las ayudas, también han estado la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), la Asociación Nacional de Marcas y de España (AMBE), la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR), la Asociación Española del Comercio Minorista Especializado de la Bicicleta (ATEBI).

También han estado presentes siete empresas del sector de la movilidad compartida de car y motosharing que operan en la región: Zity, Emov, Whible, Wishlife, Sahrenow, Acciona, Muving y Ecooltra; y con las que, el Gobierno regional firmará, próximamente, un convenio de colaboración que regirá la tramitación de los bonos ambientales

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha avisado de que en cuanto a positivos, "la situación en Bilbao en los próximos días va a ir empeorando" y ha añadido que "seguramente" la capital vizcaína supere este miércoles la barrera de los 500 positivos por 100.000 habitantes. Aburto ha añadido que, tras las nuevas medidas de cierre habilitadas, "es momento de ir pensando en prorrogar los ERTE, porque son de gran ayuda pero tienen fecha de caducidad, y también de habilitar nuevas medidas en el conjunto interinstitucional".

Aburto se ha expresado así a preguntas de los medios tras realizar una visita a la mediateca de Azkuna Zentroa, espacio recientemente renovado con motivo del décimo aniversario del centro cultural de Alhóndiga Bilbao. En este sentido, el alcalde ha trasladado a la ciudadanía de la Villa que "la medida que más se necesita ahora es cumplir con la norma, todos al unísono, para que, en esta circunstancia tan complicada, estemos el menor tiempo posible".

El alcalde ha indicado que, las nuevas medidas adoptadas por el consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) que restrigen, entre otros aspectos, la movilidad entre municipios, son "un golpe con tres caras". Por un lado "en el sanitario, por otro en lo emocional, porque anímicamente no estamos bien y esto nos está afectando a todos" y, en tercer lugar, "es un golpe económico sin ninguna duda a los sectores de la hostelería y el comercio de la ciudad".

En ese sentido, ha señalado que los comerciantes, hosteleros, hoteleros y restauradores de la ciudad le han trasladado "en más de una ocasión, que no pueden vivir solo del consumo de Bilbao, que necesitan de la gente que viene de fuera y de los pueblos de alrededor, que vienen a pasar el día o a consumir.

Por ello, ha remarcado que es necesario estar con estos sectores para ver cuáles son sus demandas y, desde la Administración, poder habilitar nuevos planes que puedan paliar esta situación, no sé si tanto solucionarla, pero sí ayudar a pasar este tránsito tan difícil".

En relación a la tasa de positivos de la Villa, Aburto ha advertido de que la situación, "en los próximos días, va a ir empeorando porque todavía nos estamos beneficiando de jornadas con cifras bajas de contagios, pero mirando simplemente las cifras de hace menos de 30 días, las hemos duplicado en apenas un mes".

"En cuanto esos días pasen vamos a estar sin ninguna duda en Bilbao por encima de los 500 positivos por cada 100.000 habitantes, que yo creo que mañana, seguramente, ya estaremos en esa situación" ha precisado.

SIN ACCESO AL CEMENTERIO DE DERIO

Ante la celebración esta semana del Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, y la imposibilidad de que los familiares se desplacen desde Bilbao hasta el cementerio de Derio, situación en dicho municipio vizcaíno, Aburto ha afirmado que en Bilbao se da una circunstancia que no se da en otro municipio, probablemente, y es que su cementerio está en otro municipio".

Eso quiere decir, ha añadido, que "no vamos a poder ir a visitar a nuestros familiares enterrados y esto nos afecta en algo íntimo y va a ser una circunstancia dura, que nos afecta en lo emocional, pero estoy obligado a trasladar que habrá momentos para hacerlo de otra manera y en otro tiempo, por lo que pido que actuemos con la máxima responsabilidad porque no podemos transitar de un municipio a otro, ni ir de Bilbao a Derio, por tanto".

Preguntado por el grado de vigilancia y seguimiento de la Policía Municipal de Bilbao de las nuevas medidas durante sus primeros días de funcionamiento, Aburto ha remarcado que le gustaría que, "a la hora de analizar las medidas, no se pusiera el foco en lo coercitivo, en la sanción, porque lo más importante es que la sociedad las haga suyas y las comprenda y todos digamos que no queda otra que cumplir".

Luego, ha dicho estar "seguro de que va a haber una minoría que va a intentar actuar de otra manera, y sortear la norma, y será donde ahí tendrá que actuar la Policía Municipal a la que ha adelantado que este mismo martes va a dar "una instrucción específica para que haga cumplir las medidas y, el que no las cumpla, sea sancionado".

La Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado ha aprobado una moción por la que se insta al Gobierno a reconocer como familia numerosa a las familias monoparentales con dos hijos que, de acuerdo con la normativa vigente, no tienen acceso a dicha condición.

El texto, presentado por el PSOE y modificado por dos enmiendas de Izquierda Confederal y el Grupo Parlamentario Vasco, ha sido aprobado este martes 27 de octubre con el voto a favor de todos los grupos a excepción de PP y Vox que se han abstenido.

La moción insta al Ejecutivo a "dar visibilidad" a las familias monoparentales, contribuyendo a que "deje de asimilarse exclusivamente la monoparentalidad con la pobreza o la exclusión social".

Además, el texto propone "garantizar su consideración específica en las políticas públicas" y dotarlas de "un marco jurídico estatal de referencia que incluya una definición inclusiva y homogénea, y un procedimiento para su acreditación que permita acceder a una acción de protección social adecuada, equiparada a la que disfrutan las familias numerosas desde el primer hijo".

También pide desarrollar políticas para facilitar la conciliación familiar y laboral del progenitor de estas familias monoparentales; y establecer una duración adicional del permiso por nacimiento y cuidado del menor para estas familias, en tiempo igual al que disfrutaría el segundo progenitor en una familia biparental.

La senadora del PSOE ha recordado que en España las familias monoparentales han ido creciendo en número en estos últimos años "de manera importante", suponiendo, según el Instituto Nacional de Estadística, 1,9 millones de hogares en España, el 10,1% del total. En el 82,7% de los casos, 1,6 millones, la mujer es la que encabeza la familia.

Además, ha puesto de manifiesto que el 51% de estas mujeres están desempleadas o con trabajo en la economía sumergida y "solo un tercio de las inscritas como demandantes de empleo reciben algún tipo de prestación".

Según ha precisado la senadora socialista, estas familias "sufren una discriminación fiscal, política y económica desde tiempos inmemoriales". Por ejemplo, en materia fiscal, el texto de la moción precisa que la 'reducción por declaración conjunta' que se aplica sobre la base imponible de lo que el impuesto identifica como unidad familiar es más elevada para el caso de las familias biparentales (3.450 euros) que para las monoparentales (2.150 euros).

Además, señala que las familias monoparentales solo pueden realizar la declaración conjunta hasta que el hijo tiene los 18 años cumplidos, trabaje o no trabaje, mientras que una familia biparental lo puede hacer hasta los 26 años del hijo.

También precisa que otros modelos de familia, como las numerosas, independientemente de su renta, optan a ayudas y beneficios de diferente índole, por ejemplo, descuentos en transportes públicos, renfe, aerolíneas o polideportivos; y no pagan las tasas de renovación de documentos, como el pasaporte o DNI, independientemente de su renta, mientras que una familia monoparental sí tiene que hacerlo.

EL PP PIDE "NO CONFUNDIR CONCEPTOS"

El PP había presentado una enmienda con la que pedía reconocer jurídicamente los derechos de las familias monoparentales mediante la creación de "una certificación específica, con una definición homogénea en todas las administraciones" pero sin asimilarlas a las numerosas. Si bien la enmienda no ha sido aceptada por el PSOE.

"Es posible equiparar derechos pero sin necesidad de confundir conceptos, sin confundirlas con las familias numerosas a las que se reconoce por su contribución al reemplazo generacional. No consideremos a las familias monoparentales con 2 hijos como otro tipo de familia. Vamos a darles su consideración", ha planteado la senadora 'popular'.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado otra enmienda que sí ha sido aceptada por el Grupo Socialista. En concreto, la senadora del PNV María Isabel Vaquero ha precisado que el reonocimiento como familia numerosa a las familias monoparentales condos hijos ya fue aprobado por el Senado en una moción de 2017.

También ha mostrado su apoyo a la moción el senador de Ciudadanos Tomás Marcos quien ha apostado por la definición homogénea de las familias monoparentales y por el impulso de las políticas de conciliación. Mientras, el senador de Esquerra Republicana Robert Masih ha alertado del "auténtico calvario" por el que están pasando las familias monoparentales para la gestión de los confinamientos domiciliarios de sus hijos por el Covid-19.

Por su parte, Vox ha mostrado su desacuerdo con la moción porque considera que con ella "tratan de catalogar" a determinadas familias cuando, a su juicio, "se debe favorecer a todas las familias, que son el núcleo de la sociedad". La senadora del PSOE ha dicho no sentirse sorprendida por el rechazo de Vox, "un partido que llama conejos a los hijos de madres solteras".

Asturias registró desde el martes 20 de octubre hasta ayer, día 26, un total de 48 aulas, 847 estudiantes y 52 docentes aislados por la detección de casos positivos de covid-19 vinculados a centros educativos públicos, concertados y privados, incluidas las escuelas de 0 a 3 años.

Esto implica que las autoridades sanitarias decidieron confinar el 0,60% de las 7.887 clases abiertas en toda la comunidad y al 0,69% del alumnado matriculado desde el primer ciclo de Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional (FP) presencial.

La Consejería de Salud notificó en el citado período 193 positivos por coronavirus relacionados con el sistema educativo asturiano: 173 entre el alumnado, otros 15 entre el profesorado y 5 más en monitores de servicios complementarios.

Un total de 113 centros educativos, situados en 21 concejos, ha registrado algún tipo de incidencia vinculada al coronavirus durante la semana del martes 20 de octubre al lunes 26. De ellos, 43 están ubicados en Gijón, 13 en Oviedo y 15 en Avilés.

El manejo de los contagios vinculados a colegios e institutos se realiza de acuerdo con lo establecido en la Guía de actuación ante la aparición de casos de covid-19, elaborada por la Dirección General de Salud Pública y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y en constante actualización.

Ese protocolo establece a quién se considera contacto estrecho en función de la etapa educativa, define los brotes, traza las pautas de vigilancia activa y también la gestión de los casos en las aulas y en los servicios de comedor o transporte.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha trasladado este martes que a quien hay que escuchar en materia sanitaria dentro del Consejo de Gobierno es a los responsables de Sanidad, quiénes sabrán cuáles son las decisiones que tienen que tomar con respecto al cierre perimetral de Madrid o no; mientras que Cs exige que esta medida la impongan "cuanto antes".

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Serrano, al ser preguntado sobre que el vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, vaya a proponer mañana en el Consejo de Gobierno cerrar perimetralmente Madrid, ha indicado que en la Comunidad la autoridad en materia de Covid es la Consejería de Sanidad y "hay que hacer caso a quien es el responsable y tiene la información y quien tiene la capacidad y la obligación de tomar esas decisiones".

Espera que la Consejería de Sanidad en el Consejo de Gobierno exponga la situación de la pandemia en la comunidad y el resto lo hagan lo propio con sus ámbitos competenciales, para después el Consejo de Gobierno adoptar las decisiones oportunas. "Hay que ser prudentes. No es una carrera de ver quién está más preocupado porque estamos preocupados todos y quiero desdramatizar un poco las diferentes perspectivas dentro de un Consejo de Gobierno que comparte el objetivo común de doblegar la curva", ha dicho.

Por su parte, el portavoz de Cs, César Zafra, ha señalado que el cierre perimetral debe llegar "lo antes posible" para no tener a los madrileños "con la incertidumbre" de si van a poder salir o no de la región. "Es necesario evitar ese tránsito. Es una medida lógica y sensata y esperemos que se tome lo antes posible", ha pedido Zafra.

El Servicio Boliviariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) ha interrogado este martes a un séptimo vigilante privado de la residencia de la Embajada de España, Jhonny Arvelo, han informado fuentes conocedoras de la situación.

Arvelo ha sido interrogado pero ya ha sido puesto en libertad. Este lunes el SEBIN liberó también a los otros seis vigilantes que tenía retenidos a raíz de la marcha del opositor Leopoldo López de la residencia, en la que permanecía desde el 30 de abril de 2019.

También están ya en libertad los escoltas de Leopoldo López, Ibrahim Sojo y Carlos García, tras 48 horas de interrogatorio según Voluntad Popular, y la cocinera, Nubia Campos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistirá al Pleno del Senado que se celebra la semana que viene, según ha confirmado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes a la Mesa de la Cámara Alta. El Partido Popular ha denunciado las "reiteradas ausencias" del jefe del Ejecutivo a estas sesiones de control.

Así lo ha censurado el portavoz de los 'populares', Javier Maroto, que ha querido dar un "toque de atención" al presidente del Gobierno, que lleva sin comparecer en la Cámara Alta desde el pasado 8 de septiembre, en la que protagonizó una sesión monográfica.

Desde aquel entonces, Sánchez ha justificado por diversos motivos su ausencia en las sesiones de control que se celebran cada quince días en el Senado. En el último Pleno, el jefe del Ejecutivo no acudió porque se encontraba en una reunión bilateral con el Gobierno de Italia.

En este caso, según ha explicado Maroto, Sánchez también tiene agenda internacional, aunque ha denunciado que durante estos dos meses, el jefe del Ejecutivo no tenía "explicación" para ausentarse de las sesiones de control.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara, Cristina Narbona, ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión de la Mesa para confirmar que Sánchez no acudirá a este Pleno. Eso sí, ha defendido la "importancia" que, a su juicio, el jefe del Ejecutivo da a la Cámara, lugar desde dónde se dirigió este lunes la XXIII Conferencia de Presidentes.