La Junta de Andalucía ha reclamado este viernes al Gobierno central poder adelantar el toque de queda a las 20,00 horas y confinar 91 municipios con mayor incidencia, más de mil contagios por cada 100.000 habitantes, para hacer frente a la tercera ola del coronavirus en la comunidad.

Así lo ha explicado el presidente del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, en una comparecencia pública tras la reunión del Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto (comité de expertos), en la que ha indicado que su Gobierno ha solicitado al Ejecutivo central adelantar el toque de queda dos horas --a las 20,00 horas-- y poder establecer el confinamiento domiciliario donde los expertos indiquen.

En este sentido, ha señalado que de no recibir la autorización del Gobierno central el toque de queda se mantendría de 22,00 horas a 6,00 horas.

Al hilo de esto, ha advertido de que el Gobierno de España delegó en las comunidades la gestión de la pandemia y para esto necesitan contar con "todos los instrumentos para tomar esas decisiones". "Si las comunidades tenemos la responsabilidad de tomar toda las decisiones, tenemos que contar con todos los instrumentos", ha reclamado.

Moreno ha afirmado que algunos municipios han pedido a la Junta llevar a cabo un confinamiento domiciliario y "la Junta ha adoptada las medidas que puede", pero ha subrayado que la Administración andaluza no cuenta con las competencias suficientes para dictar el confinamiento domiciliario, al igual que tampoco puede adelantar el toque de queda.

De igual manera, ha insistido a la ciudadanía en que sean prudentes y se queden en casa, en una situación que, como ha reconocido, "aburre y desespera", pero para la que ya hay vacunas. En este sentido, ha señalado que las previsiones estiman alcanzar el cinco por ciento de la población vacunada para el mes de marzo y el 15 por ciento para mayo, lo que significa que "queda mucho para la inmunidad de grupo".

En este marco, ha llamado la atención sobre la incidencia conocida este viernes de que la producción de vacunas de Pfizer se reducirá un 50 por ciento desde el lunes 18 de enero al 15 de febrero por reordenación en la fabricación. No obstante, ha asegurado que en Andalucía se podrán administrar la segunda dosis a aquellos que ya han recibido la primera mediante la reserva del 20 por ciento que se ha ido realizando para hacer frente a "imprevistos".

Por último, ha llamado a respetar las normas, a usar mascarillas y mantener la responsabilidad para "poco a poco" ir ganando esta "batalla tan difícil".

El Gobierno andaluz ha decidido este viernes el cierre perimetral de cada una de las ocho provincias, de manera que no podrá haber movilidad entre ellas salvo causas justificadas, mientras que también ha decidido reducir de seis a cuatro el número de personas que podrán reunirse, mientras que la totalidad de establecimientos de hostelería y los negocios comerciales tendrán que cerrar a las 18,00 horas.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una comparecencia pública, a las 20,30 horas, tras la reunión del comité de expertos que asesora a su Gobierno en materia de la pandemia del coronavirus. Estas nuevas medidas se publicarán mañana sábado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y entrarán en vigor en la medianoche del sábado al domingo.

En este sentido, se mantiene el cierre perimetral de Andalucía, comunidad que se encuentra en su totalidad en nivel 4 de alertas, y sólo se podrá entrar o salir con causa justificada. Ese cierre perimetral se extiende ahora a cada una de las ocho provincias. Asimismo, se decreta el cierre perimetral de los 219 municipios con una tasa de contagio superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Otra novedad de las medidas adoptadas este viernes es que las reuniones quedan limitadas a cuatro personas (actualmente eran seis), incluidas mesas en bares y restaurantes.

En lo que respecta a la actividad económica, la totalidad de los negocios de hostelería y los comerciales tendrán que cerrar a las 18,00 horas. Como se recordará, actualmente los negocios de hostelería con categoría de cafetería pueden estar abiertos hasta las 20,00 horas siempre con la prohibición de servir bebidas alcohólicas, mientras que los negocios comerciales podían abrir también hasta las 20,00 horas.

No obstante, se mantiene que se podrán hacer recogidas de pedidos en hostelería hasta las 21,30 horas; encargos por teléfono hasta 22,30 horas y entrega a domicilio hasta 23,30 horas. Si el Gobierno autoriza adelantar el toque de queda, se adaptarán esos horarios.

La Junta ha decidido el cierre total de la hostelería y comercios no esencial en los 91 municipios (incluidos en los 219 antes mencionados) con tasa de contagios superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. El presidente ha manifestado que si el Gobierno de España lo autoriza, como se le ha solicitado este viernes por carta, se decretará el confinamiento domiciliario en esos 91 municipios.

El toque de queda se mantiene de 22,00 a 6,00 horas, ante la imposibilidad de los gobiernos autonómico de adelantar su inicio, por limitación del decreto ley sobre el estado de alarma del Gobierno central. En la carta que la Junta le ha remitido este viernes al Gobierno central también se demanda la posibilidad de adelantar a las 20 horas el inicio del toque de queda.

De otro lado, queda autorizada la movilidad para deportistas federados, jueces y árbitros, para competiciones y entrenamientos, sin acompañantes.

Los datos se revisarán permanentemente, de manera que si un municipio sube de 500 o 1.000 casos, el comité provincial de Alertas podrá limitar la movilidad o la actividad comercial y hostelería. Si baja de 500 o de 1.000 el comité provincial de Alertas podrá permitir movilidad o actividad comercial y hostelería.

Toda Andalucía está en Nivel 4 de alertas, con sus correspondientes aforos. Los 128 municipios con más de 500 contagios están en Nivel 4 Grado 1 y los 91 municipios con más de 1.000 contagios están en Nivel 4 Grado 2.

Todas las medidas acordadas este viernes sustituirán a partir de la medianoche de este sábado al domingo a las que entraron en vigor este lunes 11 de enero y que se pretendían mantener hasta el la medianoche del domingo al lunes 25. Sin embargo, el Gobierno andaluz se comprometió a revisar las medidas en cualquier momento si fuera necesario en función de los datos de contagios, según ha recordado Moreno, quien ha indicado que en los últimos días los contagios se han multiplicado de manera alarmante en Andalucía, España y el resto del mundo.

MEDIDAS DURAS Y DIFÍCILES

Ha señalado que esta tercera ola va a superar ampliamente a la segunda, sobre todo, porque la nueva cepa "británica" está ya presente en esta comunidad, especialmente en las zonas con una importante presencia de ciudadanos británicos, como la comarca del Campo de Gibraltar, la Costa del Sol o Almería.

El presidente ha expresado que su Gobierno es consciente de que se trata de "medidas duras y difíciles", pero que se tienen que adoptar ante la gravedad de la situación. Ha insistido en pedir a los ciudadanos que se tomen la situación muy en serio y que haya mucha prudencia, y que en la medida de lo posible se queden en sus casas y limiten los contactos sociales porque probablemente tengamos 20 días muy duros por delante.

Asimismo, Moreno ha insistido en pedir al Gobierno central que si ha dejado en manos de las comunidades la responsabilidad de tomar decisiones, ponga también a su disposición los instrumentos necesarios para poder adoptar medidas como el confinamiento de la población en determinados municipios, comarcas o provincias.

El Govern ha aprobado este viernes por la tarde el decreto que pospone las elecciones catalanas del 14 de febrero por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y convoca los comicios para el 30 de mayo.

Lo ha explicado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en funciones de presidente tras la inhabilitación de Quim Torra, en una declaración institucional telemática después de haber firmado el decreto tras la reunión extraordinaria del Consell Executiu.

El decreto deja sin efecto la convocatoria electoral del 14 de febrero y convoca los comicios el 30 de mayo, "previa análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia en el territorio de Cataluña".

En el preámbulo, expone la cobertura legal del aplazamiento y recuerda que en septiembre la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat emitió un dictamen solicitado por el entonces presidente, Quim Torra, que contempla la posibilidad de aplazar las elecciones "en caso de insuficiencia de las medidas adoptadas para garantizar el pleno ejercicio del derecho de voto al electorado en condiciones de libertad e igualdad" por la pandemia del coronavirus.

Ese dictamen establece que la suspensión de los comicios debe acreditarse con "una justificación técnica" que constate que las medidas aplicadas son insuficientes para que se puedan desarrollar las elecciones con garantías.

El decreto también cita el informe de los servicios jurídicos de la Generalitat presentado este mismo viernes, que se pronuncia en el mismo sentido, y apunta que "la situación epidemiológica y asistencial en Cataluña ha experimentado un empeoramiento generalizado" en las últimas semanas.

También hace referencia a un informe de la Agencia de Salud Pública de este viernes que concluye que hay una "elevada probabilidad de que la situación de la pandemia se prolongue más allá del 14 de febrero", y a otro informe de la Conselleria de Acción Exterior, que determina que las medidas actuales son insuficientes para garantizar la seguridad en el proceso electoral.

Con todo esto, el decreto argumenta que "el contexto actual no permite garantizar a la ciudadanía y a los partidos, coaliciones o agrupaciones de electores la participación y el ejercicio del derecho de sufragio en igualdad de condiciones y oportunidades, ya que una votación donde no se pueda efectuar una campaña electoral en condiciones dificulta el debate público" para decidir el voto.

Además, admite que la ley electoral no contempla la suspensión de unas elecciones, pero subraya que esto no supuso un obstáculo para aplazar los comicios en Galicia y el País Vasco, tal y como recoge el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.

PERE ARAGONÈS

En la comparecencia, Aragonès ha defendido que mantener las elecciones el 14 de febrero suponía un "riesgo inasumible" a nivel sanitario y afectaría a la participación electoral, y considera que la nueva fecha es la mejor opción tanto para luchar contra la pandemia como para garantizar que todos los ciudadanos puede ejercer su derecho a voto.

Ha asegurado que el Govern lo tenía "todo a punto" para que los comicios se celebraran el 14 de febrero correctamente, pero lamenta que la evolución de la pandemia está siendo preocupante y, ante la seguridad de que las próximas semanas sean difíciles a nivel sanitario, ve oportuno tomar esta decisión hasta que el contexto epidemiológico sea más favorable, en sus palabras.

Asimismo, ha felicitado al resto de grupos parlamentarios por haber llegado a un consenso unánime sobre la necesidad de aplazar las elecciones, y ha advertido: "No contribuyamos a confundir más a la ciudadanía, por puro cálculo electoral. Seamos responsables y estemos a la altura de las dificultades del momento".

El vicepresidente ha afirmado que el Govern comparecerá periódicamente en la Diputación Permanente del Parlament para rendir cuentas sobre su gestión hasta la jornada electoral: "Nuestro compromiso hasta la celebración de las elecciones, encargándonos de la excepcionalidad del momento, no es otra que comparecer tantas veces como haga falta con tal de rendir cuentas y reforzar el compromiso colectivo en la lucha contra el Covid-19".

Aragonès ha asegurado que la prioridad del Govern es salvar vidas, preservar el derecho al voto y centrarse en la pandemia: "Hoy el Govern quiere abrir una nueva etapa en la que redoblemos energía para superar la pandemia. Haciéndonos fuertes a partir de altas dosis de trabajo compartido frente a los objetivos comunes que deben situar a la ciudadanía en el centro, superar las difíciles semanas que vienen y comenzar enfilar la recuperación".

MERITXELL BUDÓ

Budó ha informado que el decreto que deja sin efecto la convocatoria electoral del 14 de febrero y se trasladan los comicios al 30 de mayo se publicará este sábado en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) y ha expuesto la cobertura legal que se argumenta en el decreto.

Según Budó, los informes presentados como el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de septiembre constatan que "las circunstancias sanitarias impiden garantizar las condiciones para el desarrollo de un proceso electoral en libertad, dificultando tanto la campaña electoral como la propia jornada electoral y de votaciones", por lo que ve necesario aplazar los comicios hasta el 30 de mayo.

Por último, ha dicho que en los próximos días informarán de cómo se configurará el calendario electoral, pero ya ha avanzado que, según ella, es evidente que se deberá modificar el censo electoral, y que la voluntad del Govern es "facilitar al máximo todos los procedimientos ya realizados con las convalidaciones de actos que sean necesarios".

"Lo más importante en unas elecciones son los electores, y en las condiciones actuales de pandemia tenemos que garantizar el derecho a la participación política, el derecho a voto, pero también el derecho a la salud, el derecho a la vida", ha concluido.

El Ayuntamiento de Castellón ha realizado un llamamiento al autoconfinamiento de la ciudadanía y ha adoptado una serie de medidas excepcionales para frenar el avance de la Covid-19 ante el incremento de la incidencia acumulada que reflejan los datos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y como medida de precaución ante la previsión de un aumento de casos en los próximos días.

Las medidas han sido aprobadas en el seno del Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal), reunido este viernes en sesión extraordinaria, e implican la suspensión de la actividad municipal presencial no esencial, cierre de instalaciones deportivas y culturales y actividades y potenciación del teletrabajo, entre otras medidas que permanecerán en vigor desde este sábado hasta el 15 de febrero.

La alcaldesa de Castellón y directora del Cecopal, Amparo Marco, ha manifestado que este paquete de medidas excepcionales se ha adoptado "por responsabilidad y ante la actual evolución de la situación epidemiológica en Castellón". "Los últimos datos y las previsiones de los próximos días nos obligan a tomar decisiones contundentes con el único objetivo de doblegar la curva y para, desde el ámbito local que nos compete, hacer lo posible por aliviar la presión asistencial en los hospitales y centros de salud", ha recalcado.

Además, Marco ha hecho un llamamiento al autoconfinamiento de la ciudadanía. "Sabemos que es una medida dura, pero pedimos a los vecinos y vecinas de Castellón que, en la medida de lo posible, se autoconfinen para minimizar el riesgo de contagio en estos próximos días que serán claves", ha apuntado.

Los últimos datos hechos públicos por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública reflejan una incidencia acumulada de 465,85 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días -a fecha de 13 de enero- en la ciudad de Castellón, aunque según plantean las últimas estimaciones se superaría ya la cifra de 500. El pasado 8 de enero la incidencia acumulada era de 190.

HASTA EL 15 DE FEBRERO

Ante esta situación, desde el Cecopal se han adoptado unas medidas provisionales que entrarán en vigor a partir de este sábado y que se mantendrán durante un mes, hasta el próximo 15 de febrero. Así, además del llamamiento público al autoconfinamiento de la ciudadanía, se ha suspendido la actividad institucional presencial no esencial y se establece que las reuniones se deberán celebrar de manera telemática.

Además, se ha acordado la potenciación del teletrabajo en aquellas áreas municipales que sea posible. Para ello, desde el Comité de Teletrabajo y desde Recursos Humanos se revisarán los criterios sobre la presencialidad del personal municipal en aquellas áreas en que se pueda priorizar el teletrabajo.

Por otra parte, se suspenden de forma temporal las actividades municipales culturales, deportivas, turísticas y sociales, organizadas por el Ayuntamiento o a través de terceros. En particular, se incluye la suspensión de actividades en equipamientos cedidos por el Ayuntamiento a asociaciones, colectivos y entidades.

Así mismo, se cierran al público los teatros, la red de bibliotecas municipales, salas de lectura y Archivo Municipal. En este caso, mantendrán el servicio de préstamo -recogida y devolución-. También se cierran el Planetario y Museos de titularidad municipal, las instalaciones deportivas -pabellones, pistas y polideportivos-, el Casal Jove, las oficinas turísticas, la Basílica de la mare de Deu de Lledó y Ermitas de titularidad municipal.

Se mantiene el cierre de los centros sociales de personas mayores y los juegos infantiles municipales y se cierran las zonas de calistenia, gimnasios al aire libre y zonas de esparcimiento canino.

CONTROL POLICIAL

Además, se refuerza la limpieza en edificios municipales abiertos al público y limpieza semanal en los accesos a viviendas municipales, y se intensifica el control policial para el cumplimiento de los aforos y horarios en la hostelería, el cumplimiento de la restricción de la movilidad nocturna a partir de las 22.00 horas, así como del resto de la normativa sanitaria actual para contener la propagación del virus.

Se reforzará la vigilancia y control en los mercados municipales de venta no sedentaria y se ampliará el espacio para aumentar la distancia entre puestos. En cuanto a los huertos urbanos, se dispone que se mantendrán abiertos al único efecto de garantizar que no se pierda el producto agrícola, pero se prohíbe cualquier tipo de actividad social ajena al abastecimiento.

El Ayuntamiento de Madrid ha calculado en 110 millones de euros el coste de los trabajos para reparar las calzadas de la capital dañadas por el temporal 'Filomena'.

La cifra viene recogida en un informe preliminar, al que ha tenido acceso Europa Press, elaborado por el Gobierno municipal para solicitar al Gobierno de la Nación ser declarada como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que antes se denominaba zona catastrófica.

Se recuerda que la ciudad de Madrid cuenta con 35 millones de metros cuadrados de calzada y 25 millones de metros cuadrados de aceras y son unos 4.000 kilómetros lineales de vías.

A esto añaden el importe de la operación asfalto y reparación de aceras efectuada recientemente para alumbrar la estimación de 110.000.000 euros.

Se prevén tanto los daños ocasionados por la nieve y el hielo como aquellos posibles desperfectos causados por máquinas quitanieves o árboles que hayan caído.

"Con respecto al resto de desperfectos en la vía pública, especialmente, aceras y calzadas (asfalto), no se puede efectuar una valoración exacta hasta que no desaparezca el hielo", se indica en el informe. Se trata, por tanto, de una cifra estimada y deberán ser tasadores quienes estipulen las cuantías finales.

Según recoge la ley Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, "la valoración de los daños materiales se hará por organismos especializados en tasación de siniestros o por los servicios técnicos dependientes de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias sobre la base de los datos aportados por las Administraciones Públicas afectadas".

Por otra parte, la estimación de daños en edificios municipales es de 55 millones de euros "tomando como base las incidencias de que se tiene constancia a día de hoy, y de una posible proyección de las que puedan surgir en un futuro próximo".

Aparecen del mismo modo las actuaciones de remodelación integral del espacio público y la ejecución de infraestructuras urbanas de todo tipo que se estaban llevando a cabo, como la remodelación de Plaza de España y su entorno, la remodelación de calle Alcalá y Quintana.

"Las afecciones a estas obras han sido de dos tipos. Por un lado, daños materiales a las partes de obra ya ejecutadas; por otro lado, los costes derivados de la paralización total de las obras", se añade a continuación.

Y es que, se asegura que "la mayor parte de la maquinaria disponible en las obras se ha empleado para colaborar en las operaciones de retirada de nieve y apertura de vías básicas para asegurar unas condiciones mínimas de movilidad en la ciudad, que no se ha valorado aún". La evaluación preliminar de los costes generados en las tres obras se estima en 1.900.000 euros.

La Consejería de Sanidad recomienda limitar los contactos dentro de los domicilios exclusivamente a los convivientes, hasta donde le permiten sus competencias, aunque el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha asegurado que están "insistiendo a ver si eso fuera factible ponerlo como obligación".

En la rueda de prensa para informar sobre la situación epidemiológica y asistencial por el coronavirus, Zapatero ha señalado que "habida cuenta de la situación actual y lo que ha ocurrido en las fechas navideñas es absolutamente fundamental reducir cualquier tipo de actividad social que no sea imprescindible y, en este caso, limitar los contactos dentro de la vivienda a los puramente convivientes".

"En el momento que pudiéramos disponer de un informe jurídico que así lo recomendase, nosotros apostaríamos claramente por esta circunstancia", ha manifestado en alusión a la posibilidad de hacer obligatoria esta medida.

Zapatero ha destacado que "la mayor parte de los contagios se producen en este ámbito familiar", cuando los contagios muestran una tendencia al alza y la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en 636.

Las dudas jurídicas se plantean porque esta limitación afectaría al derecho a una reunión pacífica, un derecho fundamental que en un principio solo podría tocar el Gobierno a través del amparo del Decreto del Estado de Alarma, que prevé adoptar medidas urgentes para evitar situaciones de contagio. El artículo 21 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, indicando que el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

Otras comunidades como Murcia o Baleares ya ha tomado medidas en ese sentido al amparo del artículo 7 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, que establece "la posibilidad de limitar la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados y ello en relación con el artículo 10 que permite a las autoridades competentes delegadas modular o flexibilizar estas medidas en atención a la situación epidemiológica concreta de cada territorio".

Así, Murcia prohíbe desde este pasado jueves las reuniones de personas no convivientes, mientras que en Baleares han limitado las reuniones a un mismo núcleo de convivencia, con excepciones como el cuidado de personas dependientes o las personas que viven solas, entre otros supuestos, medida en vigor desde el pasado miércoles.

DUDAS JURÍDICAS

Juristas consultados difieren sobre si el artículo 7 del Decreto de Alarma al que alude Murcia y Baleares permite amparar dicha limitación al establecer "la posibilidad de limitar la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados".

Por un lado, sostienen que se refiere a "la estancia de grupos de personas con carácter temporal en establecimientos". "Pero no se refiere a viviendas, dado que el domicilio es inviolable. No se puede interpretar norma en contra del ejercicio y protección de los derechos fundamentales", sostienen.

Sin embargo, un catedrático en Derecho Constitucional han indicado que el término espacio es "genérico" y podría referirse a una vivienda al ser "un espacio privado habitable". "La intención del Estado de Alarma era atribuir a las CCAA un margen de mayor de competencia para que no hubiera diferentes decisiones de jueces que crearan problemas en retrasos a la hora de tomar decisiones", han agregado.

Los juristas consultados señalan que la prohibición de este tipo de reuniones en las viviendas de los madrileños sería inconstitucional tal y como está planteada y prácticamente imposible de controlar al no haber tantos policías para impedirlo.

"Una comunidad autónoma no lo puede regular. Es un derecho fundamental blindado de cualquier administración. Otra cosa sería regularlo a través de una Ley Orgánica", ha apuntado un experto, que agrega que si podría recogerse dentro del Estado de Alarma decretado en octubre al no necesitar autorización del Congreso.

Además señalan que esta limitación, que se plantea como una restricción a la movilidad personal al no poder desplazarte a casa de un familiar, allegado o conocido, puede entrar en la afectación del derecho fundamental a la libre circulación.

Otras fuentes jurídicas indican que en este caso podría requerir de una autorización judicial si bien hay dudas si entraría dentro de la reforma legislativa express que se hizo para que fueran los Tribunales Superiores de Justicia los que resolvieran dudas responde a las restricciones de movilidad.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas han dado luz verde este viernes 15 de enero al Plan de Choque de Dependencia, que aumenta la financiación, con una inyección de hasta 3.600 millones de euros hasta 2023, y que tiene objetivos como reducir las listas de espera de la Dependencia o mejorar los servicios y prestaciones para las personas dependientes.

En concreto, este Plan de Choque contempla para este año una inyección de más de 600 millones de euros en Dependencia: 283,2 millones del nivel acordado y el resto, del nivel mínimo (lo que aporta la Administración General del Estado por cada persona dependiente).

Además, en los presupuestos de 2022 y 2023 se incluirán nuevos aumentos acumulativos, por lo que el aumento total de la inversión en el Sistema de Dependencia durante estos años será de 3.600 millones de euros, según ha precisado el Ministerio de Derechos Sociales.

El Acuerdo para la puesta en marcha del Plan ha sido aprobado este viernes 15 de enero por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las CCAA, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

ANDALUCÍA, CATALUÑA Y MADRID, LAS QUE MÁS RECIBEN

Según se desprende del documento, Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid son las comunidades que más dinero recibirán del reparto del 'nivel acordado' del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, una vía adicional de financiación que fue suspendida por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, y que ahora se ha recuperado.

Entre las tres autonomías, recibirán del Estado 135 millones, casi la mitad del reparto del nivel acordado, que en total asciende a 283,2 millones de euros.

Por CCAA, de los 283,2 millones de euros del nivel acordado, la comunidad que más recibe es Andalucía (52,2 millones de euros), seguida por Cataluña (46,6 millones); Comunidad de Madrid (36,1 millones); Castilla y León (27,6 millones); Comunidad Valenciana (23,4 millones); Galicia (20,3 millones) y Castilla-La Mancha (16,2 millones).

Por detrás, se sitúan: Aragón (9,6 millones de euros); Canarias (casi 9 millones); Extremadura (8,7 millones); Región de Murcia (8,4 millones); Asturias (7,7 millones); Baleares (7 millones); Cantabria (6,5 millones), y La Rioja (3,9 millones).

"Tenemos por delante una importante tarea para poner en marcha este Plan, que se refleja en el intenso calendario de trabajo que hoy aprobamos", ha explicado el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que ha presidido la reunión telemática de este Consejo Territorial.

A lo largo de este año, según ha añadido Iglesias, van a implementar "una evaluación completa del sistema de atención a la dependencia que permitirá cuantificar con exactitud las aportaciones de toda la inversión que se realiza en el sistema de cuidados a la actividad económica, el empleo y, finalmente, a la propia recaudación fiscal".

CRITERIOS DE REPARTO

En cuanto a los criterios de reparto, 45,3 millones de euros (16% del nivel acordado) se han repartido de acuerdo a la 'población potencialmente dependiente'; y otros 14,2 millones (5%), teniendo en cuenta las resoluciones de grado de dependencia vigentes en cada comunidad autónoma.

Atendiendo al número de beneficiarios con alguna prestación, se han repartido casi 68 millones de euros (el 24% del nivel acordado), y 56,6 millones (20%), de acuerdo con el número de personas beneficiarias en cada comunidad con prestaciones de servicio efectivas: centro de día o noche, atención residencial, ayuda a domicilio, etcétera.

Otro de los criterios que el Ministerio ha tenido en cuenta para la distribución de los fondos es la inversión autonómica en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por el que se reparten 7,1 millones de euros (2,5% del nivel acordado). Mientras, a través del indicador 'empleo relacionado con el SAAD' se distribuyen otros 7,1 millones.

A estos se suman casi 4 millones de euros (1,4%) que se reparten de acuerdo con la extensión territorial de cada una de las comunidades autónomas y 1,4 millones más (0,5%), atendiendo a la dispersión de la población.

El Ministerio también ha tenido en cuenta la insularidad, por la que se reparten 1,4 millones de euros entre Baleares y Canarias; el coste de los servicios en cada CCAA, por el que se distribuyen 13,9 millones, y la capacidad económica de los hogares, por el que se reparten otros 13,9 millones de euros.

Otros criterios son: la agilidad administrativa de cada comunidad para resolver las solicitudes de dependencia, por el que se reparten 14,2 millones de euros; las personas pendientes de resolución (otros 14,2 millones de euros); y la resolución de la lista de espera, indicador por el que se distribuyen 22,1 millones.

En todo caso, la Vicepresidencia precisa que los valores económicos presentados son estimativos ya que para el cálculo definitivo se utilizarán últimos datos disponibles.

EN FEBRERO, PLAN PARA REDUCIR LA LISTA DE ESPERA

El acuerdo, fruto también del diálogo con los interlocutores sociales, contempla que, en el mes de febrero de 2021, se aprobará un plan específico para la reducción de la lista de espera, que incluirá los objetivos concretos de cada comunidad autónoma y las medidas que deberán adoptar para lograrlo.

También establece que, a lo largo de este año 2021, se regulará la figura del Asistente Personal y se abordará la posible modificación de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar.

Asimismo, el acuerdo dispone que a finales de 2022, todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un derecho subjetivo ligado a la condición de dependencia.

En concreto, el documento aprobado señala que, antes de finalizar el segundo semestre de 2021, el Consejo Territorial acordará los cambios que haya que introducir en las condiciones que debe cumplir este servicio, se abordará la definición de la "teleasistencia avanzada" y se analizará el papel que debe desempeñar en el sistema.

NÚMERO DE RESIDENCIAS EN ESPAÑA

Por otra parte, el Ministerio de Derechos Sociales se compromete a cuantificar durante 2021 las residencias que hay en España analizando sus características (tamaño, residentes, profesionales, localización, etcétera).

Igualmente, el documento marca de plazo 2021 para revisar los copagos de personas dependientes y proponer algunos criterios comunes que podrían aplicarse a partir de 2022, planteando estudiar el mínimo exento en los copagos con objeto de aproximarlo progresivamente al umbral del 60% de la renta mediana --considerado el umbral por debajo del cual se está en pobreza relativa--.

Asimismo, se comprometen a paliar la "insuficiencia" en el número de profesionales en el sector de la Dependencia, "en parte derivada de las condiciones precarias"; y a diseñar un programa, dotado con 25 millones de euros, para la mejora de la cualificación del personal de los servicios de cuidados de larga duración y de los servicios sociales.

El Gobierno de Aragón ha notificado 838 nuevos casos de coronavirus en la comunidad autónoma correspondientes a los resultados de 3.765 pruebas diagnósticas confirmadas este jueves, 14 de enero. Asimismo, se ha registrado un índice de positividad de un 22,26 por ciento y el 50 por ciento ha resultado asintomático.

El Portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico ha publicado los datos definitivos de la jornada de este jueves, en los que se indica que se han detectado 606 positivos en Zaragoza, 120 en Teruel, 107 en Huesca y otros cinco sin provincia de procedencia identificada.

Del total de 3.765 pruebas diagnósticas, 2.920 han sido PCR y 845 test de antígenos. Además, las personas hospitalizadas en total por la COVID-19 suben hasta los 519, de las que 463 está en planta y 56 en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Las pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas han sido 3.447: 2.322 PCR, 1.058 pruebas serológicas, 67 test rápidos de anticuerpos. Las altas epidemiológicas en esta jornada se han elevado a 185.

El municipio que más nuevos casos ha comunicado este sábado ha sido la ciudad de Zaragoza, 414, seguido de Teruel, 31; Alcañiz, 22, el mismo número que en Ejea de los Caballeros, y Huesca, 21. Por zonas de salud, la que más contagios ha registrado es la de Campo de Belchite, con 34. Asimismo, en Sagasta-Ruiseñores se han contabilizado 32 nuevos positivos; en Alcañiz, con 28, al igual que en Almudévar, con 28. En la capital aragonesa, en Santa Isabel hay 26 casos y en Univérsitas, 24.

NÚMERO DE CAMAS LIBRES

Las camas libres en hospitalización convencional en Aragón suman en estos momentos 1.235, de las que 92 son de UCI y otras nueve de Unidad de Cuidados Intensivos pero sin respirador.

Por lo que se refiere a la distribución de pacientes con coronavirus por los hospitales de la comunidad autónoma, en la capital aragonesa hay 53 en el Royo Villanova, cinco de ellos en UCI; 24 en Nuestra Señora de Gracia, tres en UCI; 156 en el Servet, 13 en UCI; 18 en el Militar; 106 en el Clínico, 18 en UCI.

En los centros privados, en la ciudad de Zaragoza, el Hospital MAZ tiene un paciente; la Clínica Montecanal, otro; en el Hospital Quirón, diez, dos de ellos en UCI; en Hospital San Juan de Dios, ocho y el Hospital Hernán Cortés, tres. En esta provincia, hay nueve en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud.

En Huesca, en la capital, hay 28 ingresos por esta causa en el Hospital San Jorge, cinco de ellos en UCI, y uno en la Clínica Santiago. En la provincia, el Hospital de Barbastro cuenta con 22 pacientes, cinco en UCI, mientras que en el C.S. Fraga-Bajo Cinca hay cinco personas ingresadas.

En Teruel, el Hospital Obispo Polanco tiene 26 pacientes con la COVID-19, tres en UCI, y el Hospital San José, 13, ambos en la capital, mientras que en el Hospital de Alcañiz hay 22 personas hospitalizadas por esta causa.

La Junta de Castilla y León mantiene su decisión de adelantar el toque de queda a las 20 horas. Como autoridad delegada competente, el presidente de la administración autonómica, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado ya el acuerdo que se publicará este sábado en el Boletín Oficial de Castilla y León y entrará en vigor a las 20 horas del 16 de enero.

De este modo, se acoge al artículo 10 del Real Decreto de 3 de noviembre que prorroga el Estado de Alarma, además de que desde el Gobierno autonómico se asegura que sí se ha informado al Ministerio de Sanidad antes de que esta medida entre en vigor.

Así lo han manifestado fuentes del Gobierno regional, quienes se remiten al artículo 10 de dicho decreto que dice que la autoridad competente en cada comunidad podrá en su ámbito territorial, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad "modular, flexibilizar y suspender" la aplicación de las medidas previstas en los artículos 5, 6, 7 y 8. Es el artículo 5 el que regula la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.

Asimismo, desde el Gobierno autonómico se ha asegurado que se ha informado y comunicado al Ministerio de Sanidad antes de su entrada en vigor de las medidas que se han acordado este viernes, que suponen adelantar el toque de queda a las 20 horas y reducir las reuniones a cuatro personas, así como limitar a un tercio el aforo en los lugares de culto.

Según un informe de los Servicios Jurídicos de la administración autonómica, esta decisión la avala el artículo 10 del Real Decreto 956/2020 de 3 noviembre. Al autorizar la prórroga del estado de alarma, se acuerda la modificación de este artículo, permitiendo "modular, flexibilizar y suspender" la limitación de la libertad de circulación de las personas siempre que sea en horario nocturno prevista en el artículo.

Modular es, según apunta la Junta, "modificar los factores que intervienen en un proceso para obtener distintos resultados". Por tanto, con esta previsión el Real Decreto 956/2020 permite que la autoridad delegada restrinja los criterios de limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, buscando obtener una mejora de la situación sanitaria.

Así, la Junta considera que Fernández Mañueco, como autoridad delegada en Castilla y León, tras la prórroga del actual estado de alarma, "tiene la facultad de ampliar o restringir dicha libertad en horario nocturno".

Tras consultar a expertos sanitarios y epidemiológicos, con el aval de los servicios jurídicos de la Junta, y tras haber mantenido reuniones con alcaldes, presidentes de diputación y portavoces parlamentarios, la Junta ha adoptado cuatro nuevas medidas para frenar el vertiginoso aumento de contagios e incidencia acumulada, que se ha multiplicado casi por 5 desde el 1 de enero en la Comunidad.

Asimismo, la administración autonómica ha insistido en que Fernández Mañueco ha comunicado esta decisión al ministro de Sanidad, Salvador Illa, "esta misma mañana", antes de la entrada en vigor de las medidas que serán de obligado cumplimiento a partir de las 20 horas de este sábado una vez se haya publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De este modo, la libertad de circulación de las personas en horario nocturno quedará restringida entre las 20.00 y las 6.00 horas. Durante este tramo horario las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de usos público para la realización de las actividades autorizadas previstas en el Real Decreto 926/2020 sobre el estado de alarma.

Entre ellas, se prevén supuestos tales como la adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad; la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios y a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia; el de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; el retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado o la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, así como la asistencia a la actividad lectiva presencial de los centros docentes.

Asimismo, a las 20 horas entrará en vigor la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de cada una de las provincias de Castilla y León, salvo para todos aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los motivos exceptuados.

En tercer lugar, se limita también la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados a un número máximo de cuatro personas, salvo que se trate de convivientes, lo que se espera reduzca de manera muy significativa la movilidad e interacción social. Esta medida no afecta a la confluencia de personas en instalaciones y establecimientos abiertos al público que cuenten con un régimen específico de medidas de prevención y control aprobado por la autoridad sanitaria, ni tampoco a las actividades laborales e institucionales.

En este sentido, también se reducirá en toda Castilla y León el aforo para las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos, de manera que no se supere un tercio de su aforo, con un máximo de 25 personas.

Estas medidas serán efectivas desde 20 horas del sábado 16 de enero y se evaluarán cada 15 días para garantizar su adecuación a la evolución de indicadores.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección de Salud Pública, ha confirmado 2.646 nuevos casos por infección de coronavirus --número similar al de este jueves-- y 19 fallecimientos en las últimas 24 horas.

Por provincias, Toledo ha registrado 884 casos, Ciudad Real 779, Albacete 359, Cuenca 354 y Guadalajara 270. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 124.855, ha informado la Junta en un comunicado.

Por provincias, Toledo registra 44.981 casos, Ciudad Real 32.010, Albacete 20.914, Guadalajara 14.509 y Cuenca 12.441. El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 1.041.

Por provincias, Toledo tiene 418 de estos pacientes (334 en el Hospital de Toledo y 84 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 309 (160 en el Hospital de Ciudad Real, 68 en el Hospital Mancha Centro, 33 en el Hospital de Puertollano, 22 en el Hospital de Manzanares, 14 en el Hospital de Valdepeñas y 12 en el Hospital de Tomelloso), Albacete 173 (102 en el Hospital de Albacete, 35 en el Hospital de Hellín, 24 en el Hospital de Almansa y 12 en el Hospital de Villarrobledo), Guadalajara 74 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara) y Cuenca 67 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 118. Por provincias, Ciudad Real tiene 47 de estos pacientes, Toledo 32, Albacete 27, Guadalajara 9 y Cuenca 3.

En las últimas 24 horas se han registrado 19 fallecimientos, 8 en la provincia de Toledo, 7 en Ciudad Real, 3 en Guadalajara y 1 en Albacete.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia es 4.602. Por provincias, Toledo registra 1.587 fallecidos, Ciudad Real 1.380, Albacete 743, Guadalajara 473 y Cuenca 419.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Hasta 98 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen algún caso confirmado de positivo por coronavirus. De los 98 centros, 35 están en la provincia de Toledo, 25 en Ciudad Real, 19 en Cuenca, 11 en Albacete y 8 en Guadalajara.

Los residentes con caso confirmado son 635. Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 1.753. VACUNACIÓN

En cuanto a la vacunación contra el coronavirus, la región ha notificado que hasta este viernes se han administrado 33.809 dosis de las 54.800 --53.100 de Pfizer y 1.700 de Moderna-- que han sido entregadas a la Comunidad Autónoma por parte del Gobierno central, lo que supone el 61,7% del total.

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha amenazado este viernes con llevar a los tribunales al Gobierno y en particular al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y al de Agricultura, Pesca y Alimentación, si ignoran "la evidencia científica que avala la caza sostenible de la tórtola en España" y los datos positivos de la evolución de la especie y mantiene una "postura sectaria".

Así, el colectivo cinegético exige que desde el Gobierno y las comunidades autónomas tengan en cuenta estos datos positivos de crecimiento de la especie y el informe de la Fundación Artemisan que recoge el esfuerzo del sector en implantar medidas para recuperar la tórtola.

Por ello, advierten de que si el departamento que dirige Teresa Ribera "insiste" en su "postura sectaria" contra la caza sostenible de la tórtola, un millón de familias de cazadores se echarán a la calle.

El informe al que se refiere la RFEC fue elaborado por la Fundación Artemisan que concluye que se ha producido un descenso de las capturas del 47 por ciento respecto a 2015 y el sistema de monitorización de aves de SEO/BirdLife (SACRE) muestra que sus poblaciones en España se han incrementado en el periodo 2013-2018.

Precisamente, recuerda que en los próximos días el Gobierno deberá contestar a la Comisión Europea sobre un dictamen motivado y una carta de infracción, en el que se acusa a España de no haber tomado medidas para garantizar la conservación de la tórtola europea.

Ante ese panorama, la RFEC y las federaciones asociadas advierten al MITECO de que "se verán en los tribunales si continúa ignorando la evidencia científica que avala la caza sostenible de la tórtola en España" y alentarán al millón de familias de cazadores "para que se echen a la calle para protestar por la "postura sectaria" del Ministerio, que está promoviendo la catalogación de la tórtola como especie "vulnerable" para que deje de ser cinegética.

Sin embargo, añaden que al mismo tiempo de eso, el Gobierno no está realizando "ningún esfuerzo" para resolver su principal problema de conservación, como es la pérdida de hábitat.

La Federación recuerda al MITECO que el Ministerio de Agricultura (MAPA) ha valorado el trabajo de cazadores y comunidades autónomas para la gestión y conservación de la tórtola común, con reducciones de los cupos de caza y días hábiles, además de implementar mejoras para recuperar el hábitat y de poner en marcha proyectos de recuperación de la especie, como el PIRTE, que ya está arrojando resultados positivos.

Asimismo, añade que todas las comunidades autónoma han atrasado los periodos hábiles de caza de la tórtola hasta el 20 de agosto, según lo establecido por el Comité NADEG de la Unión Europea.

Por último, consideran que una moratoria a la caza de la especie sería "el golpe definitivo" de la especie a la que "supuestamente pretenden proteger".

Por ello, esperan que el Ministerio para la Transición Ecológica valore las medidas implantadas por los cazadores y las comunidades autónomas, así como los resultados positivos de la especie en los últimos años, y se las haga llegar a la Comisión Europea y muestre que España "sí" está trabajando en la conservación de la tórtola común.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa Púnica, Manuel García-Castellón, que había planificado un calendario exhaustivo de declaraciones con una batería importante de citaciones en el marco de varias piezas separadas de la macrocausa 'Púnica', ha suspendido las programadas para la semana del 18 al 24 de enero.

Con todo, tal y como se conoció a finales de 2020, el juez quiere realizar en estos primeros meses del año hasta 57 declaraciones entre testigos e investigados. El objetivo es desenmarañar por un lado la trama que rodeó la contratación con dinero público de trabajos de reputación 'online' para cargos del PP --pieza 10--, y por otro dar pasos en la investigación de la trama que saqueó, entre 2002 y 2014, 15 millones de euros a cooperativas de profesores en la construcción de colegios concertados --la pieza 11--. Entre los interrogados también habrá personas relacionadas con otras piezas.

Si bien la 'maratón' de declaraciones arrancaba este lunes 18 de enero a las 9.30 horas, con la citación como investigados del exalcalde de Valdemoro Juan Carlos Boza, del que fuera viceconsejero de Medio Ambiente y vicesecretario de Organización Territorial del PP de Madrid Miguel Ángel Valdepeñas, y de Teresa Alonso-Matagranzas, directora de comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas, finalmente no se producirán.

A la siguiente semana, el lunes 25 García-Castellón escuchará en principio al exalcalde de Majadahonda Narciso de Foxa y al que fuera gerente adjunto del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) entre 2005 y 2011, Álvaro de Arenzana --exyerno del cantante Raphael--. Si bien este calendario a la vista de las supensiones anunciadas puede sufrir cambios.

LA DECLARACIÓN DE FERRÓN DEL RÍO EL MARTES 26 DE ENERO

El martes 26 de enero está previsto que declaren también como investigados Ricardo Godino Marqués, María Pilar Echeverría García y Alberto Roldán Galán, y ya el día 27 llegará la declaración de uno de los principales investigados en la pieza 11, Alfonso Ferrón del Río. Ferrón está imputado por ser el propietario de la promotora Alfedel.

Según el auto del juez por el que se abría esta pieza separada en septiembre de 2019, la empresa constituía cooperativas para promover la construcción de colegios concertados y exigía a los cooperativistas amplios poderes para la gestión del proyecto, desde autorización para contratar servicios hasta firma en las cuentas bancarias para pagarlos.

Era así como Ferrón les cargaba facturas falsas emitidas por otras empresas de la trama --las de David Marjaliza y José Luis Capita, ambos investigados-- y conseguía el dinero con el que luego abonaría comisiones y dádivas a técnicos y políticos mientras él "se procuraba ingentes beneficios", hasta el punto de que ha acabado imputada su mujer por aflorar en forma de lujos este dinero de origen ilícito.

Ese mismo 27 de enero declararán Antonio Martín Jiménez y el empresario David Marjaliza Villaseñor. Ya el 28 de enero, pasarán por la Audiencia Nacional los investigados José Luis Capita, al directivo de Obrum Javier Aldavert Piñol y Yolanda Sanchís Sánchez.

MÁS DECLARACIONES EN FEBRERO

En el mes de febrero, las declaraciones arrancan el día 1 con los empresarios Ángel Bravo Moneo, Ignacio Medina Bayo y Javier Castrillo Díaz, que comparecen en calidad de investigados. El juez cerrará la semana escuchando a una docena de testigos citados en el marco de la pieza 11 del caso 'Púnica', que comparecerán entre el 2 y el 4 de febrero.

El magistrado retomará las declaraciones dos semanas después, concretamente el 15 de febrero con el testigo Enrique Carlos Bilbao Jiménez, si bien este día también escuchará a uno de los investigados en la pieza 10 de 'Púnica', Abel Linares Palacios, trabajador de una de las empresas del considerado 'conseguidor' de la Púnica, Alejandro De Pedro.

Entre el 16 y 18 de febrero pasarán por la Audiencia Nacional otra docena de testigos, concluyendo las citaciones el 22 de febrero, para cuando ha citado a Javier Cid Sicluna, hermano del constructor Ramiro Cid Sicluna, y el empresario Faustino Soriano Atencia, investigados en la pieza separada número 4 de la macrocausa relacionada con el plan urbanístico en Valdemoro (Madrid) entre 1999 y 2014.

Ese mismo día también declarará como investigado en la décima pieza del caso el exdiputado del PP en las Cortes Valencianas y concejal de Gandía, Víctor Soler Beneyto.

Ecologistas en Acción ha advertido de que el cambio climático también incrementará la aparición de intensas borrascas de nieve y olas de frío como 'Filomena', que ha azotado estos días el centro de la Península.

"La ciencia es clara y apunta que nos dirigimos hacia un clima en el que los eventos meteorológicos extremos serán cada vez más frecuentes e intensos. En la lista de esos eventos en las regiones templadas del planeta no solo están las olas de calor o las sequías, sino también las lluvias torrenciales, las olas de frío y las fuertes nevadas", avisa la organización en un comunicado.

Según precisa, el calentamiento global está afectando a los patrones de circulación de las corrientes atmosféricas. En concreto, cita los datos recogidos por un estudio de la Universidad de Bristol, que indican que el súbito calentamiento de la estratosfera ha generado un cambio de la circulación del vórtice ártico y el debilitamiento de la corriente en chorro, cuya consecuencia es la llegada de un frente muy frío a latitudes más al sur de lo habitual.

Ecologistas en Acción subraya que estos cambios en la circulación llevan tiempo viéndose afectados como consecuencia de la continua liberación de gases de efecto invernadero (GEI) provocadas por la acción humana.

"Un hecho que debería elevar aún más la urgencia de afrontar la emergencia climática que los gobiernos, incluido el español, llevan tiempo desoyendo, al proponer objetivos climáticos muy alejados de las indicaciones científicas", afirma la organización ecologista.

Por ello, Ecologistas en Acción exige reducir las emisiones de CO2 y alcanzar en España la neutralidad en 2040, como "un primer paso obligado para combatir el cambio climático y sus efectos más adversos". También considera "imprescindible" prever la llegada de fenómenos extremos y saber responder a ellos de manera integral.

"La borrasca Filomena y la ola de frío que le ha seguido en la península ibérica, ha puesto de manifiesto la necesidad de planificar y actuar en la organización de ciudades y pueblos", subraya la organización.

En concreto, Ecologistas en Acción señala algunos ámbitos en los que considera necesario incidir como el acceso a electricidad ya que, según advierte, las intensas nevadas han agravado la situación de vulnerabilidad de numerosas familias, como las que viven en los sectores V y VI de la Cañada Real de la ciudad de Madrid y llevan meses sin luz.

"Avanzar en una completa descarbonización del sistema energético, eliminado el gas y la energía nuclear, así como suspender el actual sistema marginalista de fijación del precio de la luz, son medidas clave para responder mejor a circunstancias tan complicadas como estas nevadas", subraya la ONG.

Asimismo, advierte de las consecuencias que tienen los eventos climáticos extremos como la borrasca Filomena en los sistemas agroalimentarios, dificultando la producción agraria, causando accidentes a rebaños o generando desabastecimiento por el bloqueo de carreteras.

Igualmente, señala que la tormenta de nieve ha puesto de manifiesto que el arbolado urbano no está preparado para eventos extremos, "más cuando están debilitados por años de maltrato". Por ello, aconseja plantar una especie arbórea o arbustiva adaptada.

Otros ámbitos en los que la ONG considera necesario incidir, una vez vistas las consecuencias de la nevada, son: la movilidad --ante la falta de limpieza de nieve en las calles--, el agua --advierte de que el uso de sal está salinizando acuíferos--, la gestión de los residuos, la fauna --que ha sufrido una alta mortandad-- y el mundo rural --también afectado por el paso de Filomena--.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este viernes que ha recibido garantías expresas de Pfizer respecto a que habrá suministrado a tiempo a los países de la Unión Europea todas las dosis de la vacuna contra el coronavirus comprometidas para este trimestre, a pesar del retraso en el reparto que la firma ha anunciado que habrá durante unas semanas.

"Tras este anuncio, he contactado inmediatamente con el director ejecutivo de Pfizer, quien me ha tranquilizado diciendo que todas las dosis garantizadas para el primer trimestre serán suministradas en el primer trimestre", ha declarado Von der Leyen en una rueda de prensa desde Lisboa, a donde ha viajado para marcar el inicio de la presidencia de turo portuguesa del Consejo de la UE.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha explicado que en su conversación con Albert Bourla éste le ha asegurado que el laboratorio trabaja para "acortar los retrasos y recuperar el tiempo" perdido y que, en todo caso, asegurará "absolutamente" que se cumple lo acordado "en tiempo y forma". Las cifras sobre las dosis comprometidas por Pfizer para los Estados miembro en ese plazo, sin embargo, no se ha comunicado.

Von der Leyen ha querido restar gravedad al anuncio de Pfizer con las garantías para el trimestre y ha recordado, además, que el proceso habitual para el desarrollo, producción y suministro de una vacuna "lleva normalmente diez años", pero esta pandemia ha obligado a agilizar todos los procedimientos, lo que hace "normal" que haya algunos problemas.

Por ello, ha añadido, es importante ayudar a las compañías farmacéuticas a acelerar su capacidad de producción para que se vea aumentada y puedan responder a la demanda.

También ha recalcado que la Unión Europea ha adquirido en total más vacunas de las que necesita para atender a las necesidades de los Estados miembros y ayudar a otros países vecinos más vulnerables.

En todo caso, el primer ministro portugués, Antonio Costa, que ha comparecido junto a Von der Leyen en Lisboa, ha considerado que este incidente debe hacer pensar a los Veintisiete y ha pedido al resto de socios de la UE que tengan en cuenta que el proceso de inmunización "llevará meses" y conviene que cada Estado miembro prevea el impacto en su plan de vacunación de "incidencias" en los distintos niveles de la cadena, para evitar que otros problemas compliquen la estrategia.

A modo de ejemplo, Costa ha dicho que Portugal ha creado una reserva de segundas dosis para asegurar que quien ha recibido la primera recibe la segunda en los plazos seguros aunque hubiera problemas en la llegada de más vacunas, ya que si los tiempos se exceden se perdería el efecto de las primeras inyecciones.

Fue sorprendida por los Mossos D'esquadra cuando pretendía entrar por la azotea de la vivienda, y pese a que la alemana aseguró que su única intención era poder ver a sus hijos, el juez decretó su entrada en la cárcel, donde todavía continúa diez días después. Hablamos de Ángela Dobrowolski, quien lleva en prisión desde el pasado 4 de enero cuando fue detenida tras intentar asaltar la casa de Josep María Mainat en Barcelona.

Olga Tubau, abogada de Josep María Mainat, llegaba a la cuitat de la justicia de Barcelona para la vista donde se ratificará si Ángela Dobrowolski seguirá en prisión provisional. La abogada del productor evitaba responder a las preguntas sobre por qué finalmente se han adherido a la petición de cárcel para Ángela: "No voy a hacer ninguna manifestación". Tampoco ha querido desvelar su punto de vista sobre el informe que dice que el glucómetro tenía un desfase temporal ni el por qué Josep María Mainat sigue temiendo por su vida.

Sin embargo, el abogado de Ángela Dobrowolski acude al juzgado de instrucción 32 para la vista de su cliente repecto a la prisión provisional: "Hoy pase lo que pase volverá a brians. Lo que se discute es si hoy instrucción 32, que lo que tiene acordado es una medida cautelar de alejamiento de prohibición de aproximación de Ángela respecto al señor Mainat, es si pasa de esa prohibición de aproximación a una prisión provisional".

Juan Carlos Galbán asegura que Josep María Mainat no debe temer por su vida e insiste en que su cliente le salvó la vida: "Supongo que alegará que tiene miedo, que tiene riesgo por las situaciones que se están produciendo. Yo lo que pienso, lo que pensamos, es de si debe tener riesgo a que le vuelva a salvar la vida. Es difícil de razonar". El letrado se muestra disconforme con el informe de los mossos tras hacerse públicas las grabaciones de la llamada de Ángela Dobrowolski al 112: "Se desmontan todas las teorías de los mossos en el atestado de si se fue a dormir, de si no hizo nada, de si tardó veinte minutos en llamar y queda retratado. Queda retratado y me sabe mal decirlo, pero queda retratado el trabajo de los mossos que no trataron correctamente los horarios".

En cuanto a cómo se encuentra la mujer del productor de televisión, su abogado afirma que: "Está animada por lo que está pasando, las situaciones que se están produciendo, las novedades que hay y bueno, pues todos confiamos en que tarde o temprano pues esto se va a aclarar, pero de forma clara clarísima y cada uno quedará en su sitio".

Minutos más tardes, los abogados de Ángela Dobrowolski salen del juzgado descontentos por la solicitud de prisión por parte de la acusación y el fiscal: "La acusación ha solicitado la prisión, el fiscal también ha solicitado la prisión y nosotros nos hemos opuesto". Juan Carlos Galbán ha señalado que su cliente no mantiene sus índices de criminalidad: "El fiscal y la acusación sorpresivamente que los índices de criminalidad se mantienen, hacen una interpretación muy personal, y nosotros decimos que evidentemente han disminuido. Riesgo para la vida del señor Mainat ni la hay ni lo ha habido". El letrado nos ha afirmado que recurrirán ante la justicia con argumentos: "Esta causa la recurriremos como hemos hecho con el de instrucción 28 con sólidos argumentos y no recurrir por recurrir ni mucho menos". La abogada de Ángela, Marian Avellido, asegura que su cliente es optimista: "Más optimista por las noticias que le vamos dando que nosotros somos optimistas y se lo transmitimos así, ósea que a esperar".