La teniente María Sol Rodríguez se ha convertido en la primera mujer que entra a formar del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil tras superar con éxito el 'LI Curso de Adiestramientos Especiales' de la UAR junto a otros 38 guardias civiles y cuatro militares.

Ante esto, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha subrayado "la elevada exigencia" de la formación y ha celebrado que "son techos que se rompen y que abren la puerta a muchas mujeres más".

María Gámez ha participado este jueves en la clausura del Curso en Logroño a la vez que ha expresado su satisfacción por el trabajo de los aspirantes que harán que, a partir de ahora, "estén al frente de los dispositivos más arriesgados que tiene en estos momentos el país y los desafíos más altos en la lucha contra el terrorismo también a nivel internacional y el crimen organizado que sigue siendo, desde luego, uno de los desafíos que seguimos manteniendo en determinadas zonas del país".

Además, ha reconocido estar especialmente satisfecha porque en esta edición del curso una mujer, por primera vez, va a formar parte de esta unidad. "Espero que se animen a que puedan llegar allá donde su esfuerzo las lleve. En ningún lugar, ni en ninguna especialidad, está vetada ninguna mujer", ha recalcado.

Durante la clausura del curso, María Gámez ha puesto de relieve que el curso no es solo exigente por el esfuerzo físico, sino también por la capacidad de adaptación psicológica que requiere.

"Llegar aquí no es un camino fácil y hay mucha gente que se queda en el camino. Pero ya habéis alcanzado el final superando uno de los cursos más exigentes y duros de la enseñanza de perfeccionamiento de la Guardia Civil", ha afirmado.

Además, la directora general ha resaltado que la preparación, la profesionalidad y la implicación que el personal de la Unidad de Acción Rural posee es lo que ha permitido la derrota del terrorismo de ETA y en la actualidad permite que la Unidad esté siendo imprescindible en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y también desplegarse en misiones en el exterior.

La directora general ha terminado sus palabras haciendo alusión al mensaje escrito en el mural de la zona de entrenamiento dedicada al Teniente Coronel Jesús Gayoso en el Polígono de Experiencias Especiales: SIEMPRE GAR.

CURSO DE ADIESTRAMIENTOS ESPECIALES

El Curso tiene una duración de 675 horas lectivas repartidas en 90 días. Este curso está dividido en tres fases: adaptación, formación y actuación operativa. La primera está dirigida a seleccionar personas que presenten las mejores capacidades psicofísicas y adaptación al perfil buscado.

La segunda a impartir los contenidos docentes encaminados a adquirir las bases de la cualificación a la que se enfoca el curso. Por último, la actuación operativa está enfocada a la realización de sesiones cuyo factor común es la proximidad a la realidad operativa.

UNIDAD DE ACCIÓN RURAL

La Unidad de Acción Rural (UAR), desplegada en el País Vasco y Navarra desde 1980, tiene como misión específica la lucha contra elementos terroristas y la ejecución de operaciones que entrañen gran riesgo y requieran una respuesta rápida, así como la especialización de su personal y la realización de los cursos que se le encomienden, a nivel nacional e internacional.

Para el desarrollo de estos cometidos, la UAR se estructura en una Unidad operativa, el Grupo de Acción Rápida (GAR), y de otra de apoyo a la formación e instrucción, el Centro de Adiestramientos Especiales (CAE).

El GAR, como unidad integrada en la reserva de la Guardia Civil, es una Unidad de "operaciones especiales" concebida y preparada para el planeamiento y ejecución de dispositivos y cometidos contra elementos terroristas, así como misiones que entrañen gran riesgo o requieran una respuesta rápida.

El CAE es un Centro docente de perfeccionamiento en operaciones especiales de reconocido prestigio a nivel internacional, el cual tiene doble dependencia: por un lado orgánica y funcional de la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva (JUER) y, por otro lado, una dependencia técnicodocente de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil.

Aunque el origen y principal cometido fue la lucha contra ETA, sus "capacidades especiales", han provocado que la Unidad se haya redirigido hacia dos nuevas líneas de actuación:

Ámbito nacional.

Dentro del ámbito territorial del País Vasco y Navarra, trabaja de forma coordinada con el Servicio de Información para cubrir sus necesidades de obtención, así como cualquier otro apoyo que pudieran requerir.

En el resto del territorio nacional, tras la implantación del nivel 4 de alerta del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista en mayo de 2015, se inició su despliegue en infraestructuras críticas (puertos / aeropuertos) y en espacios públicos de grandes eventos, así como principal elemento de interceptación de posibles células yihadistas.

Actualmente, se integra en el Plan Especial para luchar contra el narcotráfico en la zona del Estrecho. A su vez, también desarrollan operaciones coordinadas con la Unidad Central Operativa (UCO), en diferentes zonas de la geografía española.

Ámbito internacional.

Componentes del GAR han participado en multitud de operaciones internacionales desde el año 1994, bajo el paraguas de todas las organizaciones internacionales: OTAN, UE, ONU y OSCE. Las actividades internacionales más destacadas en los últimos años han sido las siguientes:

- Participación desde el origen del Proyecto GAR-SI Sahel que consiste en replicar la unidad GAR en los países del G-5 y Senegal.

- Despliegue en EUFOR-RCA en los años 2014/2015.

- Despliegue en Irak, Inherent Resolve (mayo 2017-marzo 2020), donde desplegaron un total de 144 hombres (BPC Besmayah).

- Equipo de Seguridad del Embajador español en el Líbano (desde 2006) y participación en la misión UNIFIL en este país.

- Ejercicio de Operaciones Especiales Flintlock dirigido por SOCAFRICA (USAFRICOM) y ejecutado en África (Senegal, Mauritania, Burkina-Faso) desde el año 2016.

La contribución de la Unidad en actividades internacionales en los últimos tres años es la siguiente:

- Año 2018 han participado con 122 componentes en 18 países.

- Año 2019 han participado con 207 componentes en 32 países.

- Año 2020 han participado con 59 componentes en 9 países.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado este jueves el visto bueno al anteproyecto por el que se adapta el ordenamiento jurídico español al reglamento europeo para la creación de la Fiscalía Europea, pero advierte de las dificultades para su implantación ya que choca con la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que establece que las instrucciones penales las dirigen los jueces. El Gobierno ya ha presentado un anteproyecto para cambiar la ley y otorga la dirección de las investigaciones penales al Ministerio Público.

El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado el informe, del que han sido ponentes los vocales Juan Manuel Fernández y Rafael Mozo, que hacen una valoración positiva del anteproyecto, que tiene por objeto adaptar el marco jurídico español a lo dispuesto en el Reglamento europeo de octubre de 2017, completando sus disposiciones y regulando un procedimiento especial para la investigación por parte de los fiscales europeos delegados de aquellos delitos cuyo conocimiento les corresponde en virtud de la norma europea.

La norma comunitaria define la competencia de los fiscales europeos delegados para dirigir la investigación penal, para el ejercicio de la acción penal y la acusación en el proceso penal en España.

Asimismo, determina la competencia de los órganos judiciales para el conocimiento y fallo de los procedimientos sobre los que se proyecta la competencia de la Fiscalía Europea, junto con las atribuciones del juez de garantías, que desplaza la figura del juez instructor propio del ordenamiento español vigente.

El informe recuerda que el sistema de instrucción español está concebido actualmente en torno a los jueces de instrucción --salvo en la jurisdicción de menores--, a quienes corresponde la dirección de las investigaciones.

Ello hace que existan "discordancias" porque se pretende "integrar dos modelos procesales regidos bajos diferentes principios". Por ello, ve "más complejo" aplicar la Fiscalía Europea en España que en otros países donde sus sistemas otorgan la investigación penal al Ministerio Público.

CAMBIO DE PARADIGMA QUE REQUIERE IMPORTANTES REFORMAS

El CGPJ advierte que "desplazar" el modelo procesal actual, "siquiera sea dentro de un determinado marco material y personal de competencia, supone un cambio de paradigma que habrá de requerir importantes reformas que posibiliten la convivencia del modelo impuesto por el Reglamento y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales instructoras conferidas a los jueces de instrucción, así como las funciones de control y garantía de los derechos fundamentales en los procesos competencia de la Fiscalía Europea".

El CGPJ destaca que el Gobierno ha elaborado ya un anteproyecto de reforma de la LECrim, por la que se otorgará la dirección de las investigaciones al Ministerio Fiscal y se diseñará un sistema de garantías y de control jurisdiccional.

No obstante, apunta que el anteproyecto analizado para adaptar el sistema jurídico español a la Fiscalía Europea se debe aplicar a la actual legislación y es ahí donde se aprecian "deficiencias" en relación a la configuración del sistema de garantías y control jurisdiccional.

Según explica, el modelo que se establece no es conciliable con la actual estructura procesal española, en la medida en que el procedimiento instructor de la vigente LECrim responde a principios diferentes de los señalado en el procedimiento de investigación reservado a la competencia de la Fiscalía Europea.

En opinión del CGPJ, al establecer las competencias del juez de garantías, el anteproyecto deja espacios "ausentes de regulación o choca" con el marco normativo del propio Reglamento, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Constitución.

EL CONTROL JURISDICCIONAL QUEDA LIMITADO

Asimismo, subraya que el control jurisdiccional en la fase de investigación parece quedar "limitado a valorar la relevancia de las diligencias de investigación solicitadas por los investigados en orden al sobreseimiento de las actuaciones" y que deja al margen de dicho control la "depuración de los elementos probatorios de cargo y la procedencia o no de la desestimación de los elementos de descargo, al no tener expresamente prevista la vía impugnatoria".

El CGPJ considera que los órganos jurisdiccionales nacionales deben garantizar tanto los actos de la Fiscalía Europea que sean adoptados antes de la acusación y estén destinados a producir efectos jurídicos ante terceros --incluidos el sospechoso, la víctima y otros interesados-- como la legalidad de los actos procesales de esta Fiscalía.

También creen que deben garantizarse las vías de recurso jurisdiccional contra las omisiones de actos procesales que la Fiscalía Europea esté obligada a adoptar.

Por todo ello, el órgano de gobierno de los jueces concluye que la "dificultad" de adaptar el Reglamento al sistema procesal español, "quedaría en gran medida, si no enteramente, paliada si el régimen jurídico aplicable a la instrucción y enjuiciamiento criminal en España se acompasara al sistema previsto en el Reglamento y se acomodara al principio acusatorio que lo orienta".

DISFUNCIÓN ESTATUTARIA

Por último, el informe señala que, basándose en la literalidad del Reglamento de creación de la Fiscalía Europea, el anteproyecto establece que los Fiscales Europeos Delegados, ya provengan de la Carrera Judicial o de la Fiscal, estarán en situación de servicio activo desde el momento de su nombramiento hasta su destitución.

El Consejo advierte de que la elección de esa concreta situación administrativa --servicio activo-- ocasiona ciertas disfunciones estatutarias a los jueces y magistrados que accedan al cargo, por lo que recomienda su sustitución por la de "servicios especiales".

La Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes del Parlament ha aprobado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno de España a la aplicación de una política migratoria de acuerdo con los derechos humanos y la defensa de los derechos de las personas migrantes.

La iniciativa --presentada por MÉS per Mallorca, PSIB y Unidas Podemos-- también pide al Gobierno que adopte de manera urgente las medidas necesarias para facilitar el acceso al sistema de cita previa y reducir la demora existente para la realización de diversos trámites en dependencias policiales.

Asimismo, solicita al Ejecutivo central a adoptar dentro de sus posibilidades como medida extraordinaria, prorrogar de manera automática todas las autorizaciones de residencia y trabajo de carácter permanente que hubieran vencido después de la vigencia del estado de alarma hasta el día 31 de diciembre de 2020.

La PNL también insta al Estado a la ampliación del plazo de 90 días posteriores al vencimiento de la tarjeta de residencia a 180 días para tramitar la renovación correspondiente y evitar así la situación de irregularidad sobrevenida en el contexto de crisis por la pandemia y saturación de la administración.

Además, la iniciativa exige al Gobierno de España que siga las recomendaciones del defensor pueblo de protección internacional, referente al asilo y refugio, de tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho que tienen los ciudadanos extranjeros que acuden a dependencias policiales a recibir un resguardo para manifestar su voluntad de solicitar protección internacional.

"Nuestro deber, como representantes políticos, es garantizar por todos los medios, un recibimiento digno, unos servicios eficaces y unas instituciones que aseguren el cumplimiento de los derechos de todas las personas con independencia de su lugar de nacimiento", ha señalado la diputada de Unidas Podemos Cristina Mayor.

Según ha explicado Mayor, esta iniciativa responde a la necesidad de dejar constancia en la institución de aquello que se reclama en las calles "con fuerza y contundencia y que un país sin una defensa real de la igualdad y los derechos humanos, es un país con una baja intensidad democrática".

ATENCIÓN PRESENCIAL CIUDADELA

Por otro lado, la Comisión ha aprobado una segunda PNL, presentada por el Grupo Popular, con la que insta al Govern a restablecer y recuperar en Ciudadela la atención presencial de los servicios de atención social a las personas que dependen de la comunidad autónoma.

Entre otros puntos, también se pide al Govern restablecer y recuperar esta atención presencial para agilizar la gestión y evitar desplazamientos, y a hacer un análisis de los servicios que gestiona en Menorca para mejorar y agilizar su ejecución y eficacia.

La comunidad autónoma de Extremadura ha notificado en las últimas 24 horas 77 casos positivos confirmados de covid-19, lo cual supone un descenso respecto al miércoles, cuando las cifras se alzaron hasta los 111, con lo que la incidencia acumulada se sitúa en 94,69 por cada 100.000 habitantes a los 14 días y en 44,02 a los siete.

Asimismo, no se han producido fallecimientos por el coronavirus, si bien se ha incrementado el número de pacientes hospitalizados hasta los 47, cuatro más, aunque se mantienen los ingresados en las unidades de cuidados intensivos en siete.

Además, en esta última jornada se han dado 76 altas, lo que equivale a un acumulado de 69.097 desde el inicio de la pandemia, y se notifican cuatro brotes, uno en Badajoz con seis positivos y ocho contactos, uno en Los Guadalperales con cuatro positivos y 16 contactos, uno en Rosalejo con seis positivos y cuatro contactos, y otro en Don Benito con seis positivos y 12 contactos. En esta misma localidad se cierran otros dos brotes.

Por áreas de salud, en Badajoz notifica diez casos positivos. Tiene seis pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI. Registra 309 fallecidos y ha dado 19.796 altas; mientras Cáceres registra 15 casos positivos. Tiene diez pacientes ingresados, ninguno de ellos en UCI. Acumula 463 fallecidos y ha dado 12.311 altas.

Por su parte, el Área de Salud de Mérida registra nueve casos confirmados y no tiene pacientes hospitalizados por covid. Acumula 232 fallecidos y ha dado 12.436 altas; mientras que Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 21 casos positivos. Hay 18 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI. Acumula 220 víctimas mortales y ha dado 8.806 altas.

El área de Plasencia registra 11 casos positivos. Tiene siete pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Ha registrado un total de 188 fallecidos y ha dado 5.005 altas; y Navalmoral de la Mata notifica seis casos positivos. No tiene pacientes ingresados y ha registrado 108 fallecidos. Ha dado 3.313 altas.

Finalmente, el área de salud de Llerena-Zafra registra cuatro casos positivos y tiene cuatro pacientes ingresados. Ha registrado un total de 120 fallecidos y ha dado 5.284 altas, y Coria registra un caso positivo y tiene dos pacientes hospitalizados por covid. Registra un total de 81 personas fallecidas y se han dado 2.146 altas.

El Museo Nacional de Altamira recibió en 2020 más de 98.000 visitantes a pesar de la situación sanitaria marcada por el coronavirus, además de que albergó dos exposiciones temporales y más de 250 actividades en las que participaron alrededor de 5.000 personas.

La programación del 2021 incluye cuatro exposiciones temporales que se van a celebrar a lo largo del año, comenzando por 'Kiputz. Un abismo en la Prehistoria', que se presentará el próximo martes, 30 de marzo.

Así se ha anunciado este jueves tras reunirse la Comisión Permanente del Patronato del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en un encuentro telemático en el que se ha hecho balance del año 2020, se ha dado a conocer la programación de 2021 y se han presentado tanto proyectos de investigación arqueológica como para la conservación de la cueva.

Además, en la reunión se ha informado del desarrollo de las visitas a la cueva de Altamira desde que se reanudaran con el nuevo sistema de selección de visitantes en agosto de 2020, así como la aplicación de los protocolos relacionados con la conservación preventiva de la cueva, según ha informado el museo en nota de prensa.

El encuentro ha sido presidido por la directora general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, Dolores Jiménez-Blanco; y ha contado con la participación de la subdirectora general de MuseosEstatales, Carmen Jiménez; el director de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria, Roberto Ontañón; y la directora del Museo de Altamira, Pilar Fatás.

La subdirectora general de Museos Estatales ha informado sobrela integración del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira en la Mesa Técnica de Sostenibilidad en el marco de la Programa Internacional Ibermuseos.

Este programa reúne a 13 países con el objetivo de contribuir a la articulación de las políticas públicas museológicas en Iberoamérica, favoreciendo el desarrollo sostenible y la integración regional de los museos.

Esta Comisión Permanente, compuesta por cinco de sus patronos, se reúne de manera periódica para dar seguimiento a las cuestiones que se tratarán en los plenos, además de tener una serie de funciones plenarias delegadas, como informar de los asuntos relacionados con las colecciones, la aceptación de donaciones, las salidas de fondos, las inversiones, proyectos de investigación o la programación de exposiciones temporales.

Igualmente, tiene encomendado informar y aprobar los tratamientos de carácter extraordinario o de especial importancia para la conservación de la cueva de Altamira y el resto de patrimonio encomendado al Museo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 216 nuevos casos por infección de coronavirus y dos fallecidos por este motivo en las últimas 24 horas.

Por provincias, Toledo ha registrado 90 casos, Guadalajara 78, Ciudad Real 29, Cuenca 11 y Albacete 8. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 174.173.

Según ha informado la Junta en un comunicado, por provincias, Toledo registra 63.258 casos, Ciudad Real 43.113, Albacete 27.885, Guadalajara 21.828 y Cuenca 18.089.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 139. Por provincias, Toledo tiene 65 de estos pacientes (54 en el Hospital de Toledo y 11 en el Hospital de Talavera de la Reina), Guadalajara 39 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara) y Ciudad Real 20 (10 en el Hospital de Valdepeñas, 4 en el Hospital Mancha Centro, 2 en el Hospital de Ciudad Real, 2 en el Hospital de Puertollano y 2 en el Hospital de Tomelloso).

Albacete 13 (9 en el Hospital de Albacete, 2 en el Hospital de Almansa, 1 en el Hospital de Hellín y 1 en el Hospital de Villarrobledo) y Cuenca 2 (ambos en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 40. Por provincias, Ciudad Real tiene 15 de estos pacientes, Guadalajara 11, Toledo 10, Albacete 3 y Cuenca 1.

En las últimas 24 horas se han registrado 2 fallecidos por COVID-19, 1 en la provincia de Ciudad Real y 1 en Guadalajara.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia es 5.786. Por provincias, Toledo registra 2.095 fallecidos, Ciudad Real 1.686, Albacete 877, Guadalajara 594 y Cuenca 534.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Además, han aumentado a cuatro los centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha que tienen algún caso confirmado de positivo por coronavirus entre los residentes.

De los 4 centros, 2 están en la provincia de Guadalajara y 2 en la provincia de Toledo. Los residentes con caso confirmado son 4. Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.028.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado, preguntado por el fichaje de Toni Cantó para ir en la lista del PP a las próximas elecciones madrileñas, que es su compañera de filas, la también popular Isabel Díaz Ayuso, quien debe "responder" como responsable última de la candidatura popular para los comicios del 4 de mayo.

"Mi opinión es que quien tiene que responder de eso y a quien corresponde tomar la decisión es a la candidata, la presidenta Ayuso. A ella le corresponde configurar las listas buscando a los mejores compañeros que la puedan acompañar en un reto tan importante para Madrid como es tener un Gobierno estable", ha traslado Feijóo.

"Estoy convencido de que así será, y de que lo hará con su mejor criterio y acierto", ha añadido, a renglón seguido, antes de remarcar que el PP es "un partido en el que caben todos los votantes de Ciudadanos".

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Feijóo, quien logró en las autonómicas de julio su cuarta mayoría absoluta consecutiva --además de que ni Cs ni Vox entraron en la Cámara--, ha aprovechado para desear a su compañera de filas la "misma suerte" que él tuvo en la Comunidad gallega.

"Le deseo la misma suerte que hemos tenido nosotros en Galicia, un gobierno estable, seguro, que dé seguridad a Madrid los próximos dos años, dado que se ha tenido que interrumpir la legislatura como consecuencia de los movimientos de desestabilización que estaba sufriendo a través del PSOE", ha aseverado.

REUNIFICACIÓN

Preguntado sobre si deberían unirse las derechas en España para hacer frente al Gobierno que dirige Pedro Sánchez, Feijóo ha respondido con un mensaje de reunificación que ya ha lanzado en anteriores ocasiones, incluso de forma reciente con el foco, precisamente, en las elecciones de Madrid.

Así las cosas, se ha mostrado convencido de que, en el conjunto de ciudadanos del país, son "mayoría" los españoles que "no están de acuerdo" con la forma en la que gestiona el actual Ejecutivo ni con que "el partido de Sánchez, Podemos en todas sus acepciones y los independentistas regulen cuál es nuestra forma de vivir, y estén rediseñando la nación más antigua de Europa junto con la francesa".

"Si reunimos los votos (en el PP) habrá una mayoría suficiente para un gobierno estable, pero si seguimos rotos, divididos y parcelados, PSOE, Podemos e independentistas tienen opciones de seguir en el Gobierno", ha avisado.

De hecho y más allá de la incidencia de la pandemia, ha advertido que, bajo su punto de vista, no hay "un solo indicador que esté mejor hoy" que cuando Sánchez llegó a La Moncloa.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha subrayado este jueves que abril será "un punto de inflexión" en cuanto a la vacunación con la llegada de más dosis para alcanzar la inmunización de entre un 30 y un 40 por ciento de la población al final de la primavera y un 70 por ciento al final del verano.

Así, según ha apuntado, en abril está prevista la llegada de cuatro millones de cuatro millones de vacunas de Pfizer, que está cumpliendo con su programación, según ha admitido, y para el segundo trimestre se espera la vacuna de Janssen que al ser de una sola dosis permitirá un avance importante en la estrategia de vacunación.

Avanzar en la estrategia de vacunación, ha añadido la ministra, es dar certidumbre que es lo que necesitan, ha apuntado, las empresas para una recuperación económica "sin riesgos".

Reyes Maroto, ha señalado este jueves en Palma que el Gobierno trabaja para poder poner en marcha el certificado digital de vacunación directamente en todas las Comunidades Autónomas sin tener que pasar antes por la prueba piloto a la que se ofrecía Baleares.

Maroto se ha reunido, junto a la presidenta del Govern, Francina Armengol, con representantes del sector turístico y representantes de las administraciones de las Islas en un hotel de Playa de Palma, y en declaraciones a los medios ha asegurado que el Ejecutivo central estudiará la propuesta de Baleares de ser un destino piloto en la aplicación del certificado --"el año pasado se hizo muy bien con los corredores seguros"-- pero que la intención del Gobierno es que se pueda implantar sin pasar por un piloto en todas las CCAA.

"El Gobierno es consciente de que el pasado verano se trabajo muy bien con el sector turístico en los corredores, pero queremos hablar con todos, sabiendo eso sí, que Baleares ya ha sido un referente", ha añadido.

En este sentido, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha destacado la "seriedad" con la que se está trabajando a nivel de la Unión Europea en relación al certificado de vacunación y mejorar la seguridad de la movilidad.

Armengol ha insistido en la necesidad de, mientras no se pueda garantizar la reactivación, mantener el sistema de protección de las ayudas públicas.

Según ha explicado Maroto, el certificado permitirá garantizar la seguridad de la movilidad y sustituirá las actuales restricciones para viajar y el sistema de "semáforos". En este sentido, permitirá moverse por el espacio Schengen independientemente de los datos de incidencia acumulada.

Sin embargo, ha advertido, el Ejecutivo "no quiere dar falsas expectativas" porque el certificado requiere todavía un proceso, primero, para verificar qué requisitos recogerá y, segundo, cuál será su encaje legal.

La previsión, ha señalado la ministra, es poder contar con el certificado en junio aunque es necesario para llegar a este punto "contar con un buen porcentaje de población vacunada".

NUEVO PORTAL WEB DE AYUDAS

En esta línea, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado la creación de un portal web --'reactivatur'-- que recogerá todas las ayudas y mecanismos a las que pueden acceder las empresas, tanto estatales como autonómicos.

Según ha apuntado, las empresas tendrán así información actualizada de las ayudas a las que pueden recurrir. "Para ser eficaces, las ayudas tienen que poderse conocer", ha dicho Maroto.

La ministra ha defendido las ayudas desplegadas tanto el Gobierno central como por el Ejecutivo autonómico porque "de la viabilidad de las empresas dependerá la reactivación".

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha rechazado este jueves hablar sobre la gestión de los fondos reservados en su etapa como alto cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. "Llámenme a la comisión de secretos oficiales y tendrá cumplida respuesta de todas las preguntas", le ha dicho al PSOE.

Pérez de los Cobos ha asegurado, a preguntas del PP, que nunca oyó hablar de la 'operación Kitchen' ni tampoco habló de José Manuel Villarejo ni Luis Bárcenas. Tampoco coincidió en su etapa en Interior con el comisario Enrique García Castaño, otro de los mandos investigados en la Audiencia Nacional.

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha insistido una y otra vez en cuestiones relacionadas con la 'operación Kitchen', una de las piezas de la Audiencia Nacional dentro de la detención del comisario jubilado José Manuel Villarejo y que se centra en el uso de fondos reservados para supuestamente sustraer información sensible del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Sicilia ha apelado a la "trayectoria, experiencia y gran reconocimiento" del coronel Diego Pérez de los Cobos para que respondiera a cuestiones relativas a su función como director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, cargo desde el que podía supervisar el uso de los fondos reservados.

Este mando fue cesado el año pasado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de su puesto como jefe de la Comandancia de Madrid cuando una unidad investigaba la manifestación del 8M y el inicio del coronavirus antes de declararse el estado de alarma.

"No puedo responder a esa pregunta", ha respondido una y otra vez a las preguntas del PSOE al inicio de su comparecencia en la comisión Kitchen. "No puedo aportar ninguna información sobre la gestión de los fondos reservados", ha insistido en una declaración en la que ha recordado que llegó al Ministerio del Interior de la mano del dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Como otros comparecientes la semana pasada, Pérez de los Cobos se ha remitido a la ley de secretos oficiales y a la orden del Ministerio del Interior de 1995 para sostener que la materia sobre la que le preguntaban está clasificada. "Estaría encantado de facilitar cualquier dato que sea de utilidad, pero no podré hacer referencia a aquello que acarrearía responsabilidad penales", ha terciado.

La diputada del PP Ana Belén Vázquez ha reprochado la citación de Pérez de los Cobos porque entiende que busca que sea atacado por grupos independentistas, sobre todo por su papel de coordinador del dispositivo policial durante el referéndum del 1-O y sus servicios en la lucha contra ETA.

También ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska por rechazar el ascenso del coronel a general de Brigada, algo que él mismo ha dicho que no había ocurrido antes siendo el número uno de su promoción.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a un hombre a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual a su pareja mientras dormía y un año más por recubrimiento y revelación de secreto, al hacer una foto con su móvil.

Según la sentencia, el condenado, "aprovechando un momento en que su pareja sentimental por entonces se encontraba privada de consciencia al estar profundamente dormida, le introdujo su miembro en la boca e hizo una fotografía de primer plano" y la guardó en su móvil, que fue casualmente descubierta por su pareja.

El condenado presentó un recurso de apelación a la sentencia, señalando que su pareja se encontraba despierta y que en otras ocasiones se habían grabado, lo cual fue negado "de forma rotunda" por la víctima, que señaló que "en esta ocasión estaba profundamente dormida, no llegando a despertarse hasta que ya todo terminó, por lo que no consintió con cuanto hacía su entonces pareja".

Igualmente, recurrió que alegando que "no se ha llegado a acreditar la intención del acusado de descubrir secreto de quien era su pareja". En este sentido, el Tribunal recuerda que "el delito contra la intimidad del artículo 197.1 Código Penal sanciona, a los efectos del presente supuesto, la utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad".

Además, recuerda que según sentencia del Tribunal Supremo de 2018, es una figura delictiva que se integra en la categoría de los delitos de intención, y en la modalidad de delito mutilado de dos actos, uno de utilización de artificios técnicos, unido a un elemento subjetivo adicional al dolo, consistente en el ánimo de realizar un actoposterior, descubrir el secreto, o vulnerar la intimidad de otro, sinnecesidad de que éste llegue a producirse.

Por todo ello, el TSJA desestima el recurso puesto por el condenado y ratifica la condena puesta por la Audiencia Provincial de Cádiz de cinco años de prisión, cuatro por abuso sexual y uno por descubrimiento y revelación de secreto.

La Sala II del Tribunal Supremo ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria del Estado en el pago de una indemnización de 547.000 euros reconocida a un preso que quedó en situación de gran invalidez como consecuencia de un puñetazo que le propinó otro interno en la cárcel de Dueñas (Palencia).

Según han informado fuentes del Supremo, el Estado es responsable subsiadiario al no haberse acreditado que el centro penintenciario adoptara todas las medidas de prevención y seguridad que las circunstancias exigían para evitar que se produjera la agresión.

Asimismo, el Supremo estima el recurso de la acusación particular, en nombre del preso agredido y de su hermana, que es su cuidadora ya que él requiere ayuda para las tareas esenciales de la vida diaria, y corrige a la Audiencia de Palencia, que condenó al agresor a tres años de prisión por delito de lesiones y al pago de la indemnización citada, pero absolvió al Estado como responsable civil subsidiaria.

La Audiencia tomó esa decisión al considerar que el suceso fue imprevisible y no susceptible de control, ya que fue una agresión rápida y de un solo golpe, y no se usaron armas u objetos peligrosos.

El alto tribunal cambia la sentencia en el sentido de declarar la responsabilidad civil subsidaria del Estado en el pago de la indemnización y recuerda que la Ley General Penitenciaria señala en su Título Preliminar como uno de sus principios rectores que "la Administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos".

Asimismo, añade que la acción enjuiciada se desarrolló mientras los internos subían de dependencias comunes a sus celdas, "lo que supone un movimiento masivo de internos que precisa de una organización especialmente cuidadosa y de unos criterios de vigilancia reforzados".

Además, los hechos probados consignan que hubo una discusión previa entre los dos presos "cuya intensidad y relevancia no se detalla y que, junto con el dato anterior, permite afirmar que los sistemas de prevención y seguridad que seguía el centro penitenciario no eran suficientes para garantizar la seguridad y para evitar que se produjera la brutal agresión.

Se desconoce el número de funcionarios que llevaban a cabo la función de control del ingreso de los internos en las celdas, su concreta situación o la adopción o no de medidas singulares caso de exceso de población penitenciaria, circunstancias todas ellas de singular relevancia para excluir la ausencia de toda negligencia o dejación de funciones en los funcionarios responsables", añaden los magistrados.

Igualmente, resaltan que la eventual responsabilidad del Estado se sitúa en el ámbito civil y fuera del marco penal.

"Si en el ámbito penal las dudas sobre la prueba del hecho inclinan la balanza hacia el acusado a través de la aplicación del principio 'in dubio pro reo', en el ámbito civil esa regla no tiene sentido y las dudas que pudieran recaer sobre la omisión de diligencia del garante de la seguridad o sobre la evitabilidad del resultado han de interpretarse en favor del perjudicado, ya que lo que pretenden las normas sobre responsabilidad civil es el resarcimiento de los daños causados por el delito, resarcimiento que no es razonable que sea limitado por presunciones propias de la responsabilidad penal", dice la sentencia.

No podemos afirmar que en este campo se produzca una inversión de la carga de la prueba, de forma que sea la Administración quien tenga la carga da acreditar su actuación diligente, pero lo que sí es factible es atribuir a la entidad responsable de la seguridad de los internos, en este caso la Administración Penitenciaria, la obligación de realizar un especial esfuerzo de justificación despejando toda sospecha de negligencia o dejación de funciones. Y ello es así porque la Administración Penitenciaria cumple una función social de primer orden y dentro de sus obligaciones destaca como una de las más importantes, la de garantizar la vida, la salud y la integridad física de los internos", añade la resolución.

La indemnización a la que fue condenado a pagar el agresor, que es insolvente, asciende a 547.697 euros, distribuidos en los siguientes conceptos: 393.145 por las secuelas, 10.512 por las lesiones; 7.980 por adaptación de vivienda; y 136.058 a la hermana, que es quien cuida a su hermano inválido y tuvo que cambiar de municipio de residencia para hacerlo. Ahora el Estado es responsable civil subsidiario del pago.

Las secuelas permanentes del agredido, según la sentencia, le suponen una gran invalidez precisando de la ayuda de terceras personas para cualquier actividad básica de la vida diaria, careciendo de capacidad para vestirse "per se", para asearse o afeitarse, precisando de pañales de incontinencias y ayuda para ponérselos y cambiarlos y precisando para los desplazamientos permanentemente de la ayuda de un andador, sufriendo continuas caídas en su ausencia, con imposibilidad de subir escaleras.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga los en el Juzgado Central de Instrucción número 5 las donaciones finalistas que aparecen anotadas en los 'papeles de Bárcenas', ha respondido negativamente a la solicitud del Congreso de los Diputados para que le remitiera la información que tuviera relativa al operativo 'Kitchen'. Sigue así la línea marcada previamente por el juez Manuel García-Castellón, quien ya se opuso también a enviar información.

Según confirman fuentes jurídicas, la negativa se debe al carácter reservado de las actuaciones que se siguen en la Audiencia Nacional y que indagan en la conexión entre la pieza de los 'papeles' y el operativo parapolicial que se orquestó para sustraer al extesorero documentación sensible a dirigentes del PP y evitar así que llegaran a ser judicializadas en este mismo juzgado.

De esta forma, Pedraz sigue la estela del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, quien ya en febrero respondió a la presidenta del Congreso Meritxell Batet que no remitiría la documentación que obra en el sumario de la pieza separada 'Kitchen' debido a que "se encuentra en fase de instrucción y por tanto tiene un carácter reservado".

Tanto en el caso de Pedraz como en el de García-Castellón, la solicitud de la documentación por parte de los miembros de la comisión de investigación relativa a la 'Kitchen' siguió el conducto reglado, es decir, de la presidenta del Congreso al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien a su vez lo remite a la Audiencia Nacional. Por tanto, el Supremo actúa de mera correa de transmisión en estos casos.

García-Castellón sustentaba su negativa en que la reserva en las actuaciones judiciales es un principio fundamental al que alude el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y recordaba que ese artículo señala que "las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral".

Sumaba a esto que hay "límites infranqueables que se verían afectados en el presente caso por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario". Por eso incidía en que no remitía lo requerido por la Mesa de la comisión de investigación de 'Kitchen' escudándose en "la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y de terceras personas".

LA AGENDA DE VILLAREJO Y LAS GRABACIONES A COSPEDAL

Cabe recordar que los miembros de la Mesa de la comisión aprobaron reclamar información relativa al comisario --que está en el centro de la investigación de la pieza separada número 7-- como sus agendas incorporadas a la causa, las grabaciones efectuadas por el excomisario a Cospedal y a su marido en la sede nacional del PP, y la conversación que Villarejo mantuvo con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017.

También solicitaban tener acceso a los archivos del teléfono móvil de Francisco Martínez --el que fuera número dos en Interior en la época del ministro Jorge Fernández Díaz-- y las dos actas notariales instadas por él sobre los mensajes que dice haber recibido desde el móvil de Fernández Díaz, y que hacían mención al operativo.

A esto, desde la comisión sumaban todos los oficios policiales de la causa, el informe del inspector de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago que declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial, los expedientes de concesión de medallas con las que se distinguió a algunos de los policías implicados, así como la relación de miembros del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos a la escala básica de la Policía.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado de cinco años a nueve meses de prisión la pena de cárcel para tres patrones de una patera de reducidas dimensiones que fue interceptada en abril del pasado año con 35 personas a bordo al entender que, por sus propios actos, no pusieron en "grave peligro" a los ocupantes de la infraembarcación y, por tanto, no es de aplicación una agravante en las penas.

El Alto Tribunal andaluz da traslado de su pronunciamiento a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería para que acuerde la puesta en libertad de los tres acusados, quienes se encuentran en prisión preventiva por estos hecho y, por tanto, ya habrían superado el tiempo de condena establecido en el fallo de apelación ante el que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El TSJA estima parcialmente el recurso elevado por las defensas de los tres patrones de patera, a los que condena solo por un delito contra los ciudadanos extranjeros sin la agravación por especial riesgopara las personas, cuya aplicación supone una elevación de la pena de cárcel de entre cuatro y ocho años.

Para la sala, la patera, a pesar de no contar con habitáculos para el descanso, contaba con medios de navegación suficientes para llevar a cabo la travesía al portar los acusados una brújula, GPS y linternas para la iluminación, mientras que el estado de la mar no revestía peligro y el número de ocupantes fue sobrevenido puesto que tuvieron que embarcar en plena travesía a los ocupantes de otra patera a la que se rompió el motor.

En este sentido, desgrana las condiciones en las que se produjo el viaje de los inmigrantes, la mayor parte de ellos de nacionalidad marroquí, quienes partieron de la costa de Argelia y fueron interceptados por la Guardia Civil a seis millas náuticas al este de Cabo de Gata la madrugada del 14 de abril.

Sobre las características de la embarcación, una nave semirrígida de recreo, el tribunal señala que la ausencia de elementos y habitáculos que facilitaran el descanso "no puede ser reputada como coadyuvante de peligro concreto para los ocupantes de la embarcación".

Igualmente, señala que las "desfavorables condiciones meteorológicas" reseñadas por "mar rizada" no pueden tildarse como "especialmente desfavorables" ya que "la mar rizada ocupa el grado 1" en la escala Douglas "inmediatamente después de la mar llana o en calma" y "se aplica cuando las olas alcanzan una altura no superior a 0,10 metros, es decir, diez centímetros".

El tribunal rechaza también que no existieran elementos para la navegación y apunta que el fallo de origen relata como uno de los acusados "manejaba brújula y GPS", toda vez que el informe de la inspección de la patera no detalla si había salvavidas y bengalas, toda vez que los agentes que testificaron en el juicio "no se pronuncia ni en sentido positivo ni en negativo".

En cuanto a las luces, la sala destaca que un testigo "relató cómo la nave se comunicaba con las otras mediante linternas, no negando categóricamente que hubiera otra fuente de iluminación".

La sala reconoce el "considerablemente elevado" número de ocupantes que acabó siendo transportado en la embarcación, lo que afectaba a la flotación y estabilidad de la barca, aunque en base a las declaraciones e los testigos protegidos matiza que fue durante el trayecto cuando otra de las embarcaciones que navegaba en el mismo grupo de tres naves "sufrió una avería de motor" y "ello motivó que sus ocupantes hubieran de ser repartidos entre las otras dos" para evitar que "quedaran sin recursos a la deriva en alta mar", lo cual "sí habría supuesto un serio riesgo" para sus vidas.

En este sentido, el TSJA reconoce que el incremento de pasaje fue "forzado" por las expresadas circunstancias y, en consecuencia, "no debe ser integrado en el hecho delictivo como factor agravatorio" para aumentar las penas de prisión.

Ante estas apreciaciones, el tribunal modifica los hechos probados de la sentencia para rechazar que la embarcación "careciera de los mínimos elementos de seguridad" y destacar que la operación "había sido organizada embarcando un total de quince personas incluidos los acusados" pero que en el transcurso de la travesía, compartida por otras dos embarcaciones, una de ellas que transportaba unos 30 inmigrantes "sufrió una avería de motor que la dejó sin impulso y a la deriva, lo cual motivó que los ocupantes de la misma fueran trasladados a las otras dos naves, pasando así 15 de ellos a la que controlaban los acusados".

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, se ha congratulado de que la comunidad autónoma sume tres semanas consecutivas sin ningún fallecido por la COVID-19 en residencias de mayores.

Así lo ha manifestado durante una comparecencia ante el pleno de las Cortes de Aragón, solicitada por Ciudadanos, para informar sobre los datos facilitados por el Gobierno de España acerca de las muertes en residencias aragonesas a consecuencia de la COVID-19.

En las semanas del 4 al 11, del 11 al 18 y del 18 hasta este jueves, 25 de marzo, periodos en los que el Gobierno de Aragón recaba los datos, no ha habido ningún fallecido en estos establecimientos.

Broto se ha congratulado de haber iniciado la campaña de vacunación contra la COVID-19 de estos espacios. "Ha sido la verdadera esperanza, que tenemos ya aquí y hemos avanzado muchísimo en este terreno", ha dicho.

La consejera ha aportado el dato de que Aragón es la sexta comunidad autónoma más envejecida, el 2,5 por ciento por encima de la media española, y es la cuarta más sobreenvejecida por el peso poblacional de los mayores de 85 años, "precisamente los más vulnerables ante la COVID-19".

Asimismo, es la tercera comunidad autónoma con una red más extensa de plazas residenciales por mayores de 65 años y tiene el 56 por ciento más de plazas que la media española.

Broto ha constatado la necesidad de estas plazas ante el hecho de que mas de la mitad de las personas con el grado 3 de dependencia solicitan y desde que comenzó la pandemia hasta ahora han entrado en estos establecimientos cerca de 2.300 personas.

LUGARES SEGUROS

La consejera ha enfatizado que las residencias de mayores son lugares "seguros", están presentes, con diferentes titularidades, a lo largo de todo el territorio aragonés y se ha felicitado de que el Gobierno de España haya decidido incrementar la financiación a la dependencia, que está permitiendo "concertar plazas vinculadas al servicio y prestaciones para llegar a la normalidad".

También ha indicado que su Departamento está trabajando para recuperar la normalidad en el día a día de estos centros "con cautela y prudencia", después de un año en el que desde el primer momento "se trabajó mirando de frente, con errores, pero con responsabilidad" y dando apoyo a estos establecimientos, "no descansando en ningún momento" e interviniendo residencias cuando fue necesario, un total de ocho.

De cara al futuro, ha apostado por mejorar la formación y las retribuciones de los trabajadores de las residencias y ha aclarado que no hay que confundir la titularidad de los centros con las plazas en residencias de mayores de Aragón para remarcar que más de la mitad de estas últimas son públicas.

Por otra parte, ante una situación "de ansiedad y crisis emocional muy fuerte" a causa de la pandemia en el conjunto de la sociedad, la consejera ha considerado que el "diálogo" es la forma de afrontar todas las cuestiones, también en la política, donde "la oposición tiene que ser parte de la solución" y en un momento de crisis esto "es más importante que nunca".

NO BAJAR LA GUARDIA

La diputada de Cs, Loreto Camañes, se ha felicitado por las "buenas noticias" en este sector, como el incremento de plazas concertadas en unos centros que son "seguros", pero también ha pedido "prudencia y cautela" porque el virus "sigue existiendo y sigue contagiando; no bajemos la guardia".

Por otra parte, se ha interesado por las ayudas directas para compensar los gastos extras que han efectuado las residencias a causa de la COVID-19, así como sobre la mejora de los espacios de esparcimiento en el interior y exterior y ha querido saber si las nuevas tecnologías para mantener el contacto con las familias "se van a quedar".

La parlamentaria del PSOE, Pilimar Zamora, ha señalado que Aragón es la comunidad autónoma "con menor letalidad en el conjunto de los centros residenciales para mayores" y ha esgrimido que el Gobierno regional trabaja para que el sector "salga más fortalecido" de esta crisis.

La diputada del PP, Marián Orós, ha opinado que a la consejera le falta "humildad y autocrítica" puesto que de marzo a junio "ocho de cada diez fallecidos en Aragón fueron mayores que vivían en residencias". También ha pedido, tras haber logrado que todos los mayores y los trabajadores de estos centros estén vacunados, hacer frente a las asignaturas pendientes, como dar ayudas a las residencias y atender la salud mental de usuarios, familias y trabajadores.

PRESIONAR

La diputada de Podemos, Erika Sanz, ha subrayado la importancia de la vacunación "para hablar de un futuro sin virus" y ha pedido "presionar" para que lleguen todas las dosis previstas, así como tener "miranda larga" y apostar por los cambios estructurales para una mejor atención a la dependencia, "con perspectiva de género porque casi todas las trabajadores son mujeres".

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha apostado por "fortalecer las políticas públicas y tener buenas plazas residenciales", al tiempo que ha pedido "salarios dignos" para los trabajadores de estos centros.

El diputado de VOX, David Arranz, ha considerado que se pueden sacar pocas cosas positivas de lo ocurrido en las residencias a causa de la pandemia. "Nos vemos obligados a hablar de muerte" y "no nos creemos las cifras" oficiales, además de señalar la falta de material y personal, la "improvisación", "desinformación" e "incertidumbre" en los primeros meses.

La diputada del Partido Aragonés, Esther Peirat, ha dicho que éste ha sido un año "de pesadilla" y "lo más duro las personas que nos han dejado" y "la huella de dolor en las familias", si bien hay "esperanza" y "luz al final del túnel" gracias a la vacuna y porque "podemos hablar de unos datos positivos", lo que indica que las medidas están siendo efectivas.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha apelado a obtener "aprendizajes y cambios" de lo ocurrido e implementar una "agenda social" encaminada a la trasformación del dispositivo de cuidados para mayores. "No nos podemos conformar con volver a lo que había", sino que es preciso "fortalecer los dispositivos de servicios públicos frente a externalizaciones y concertaciones".

El líder del PP, Pablo Casado, y el secretario general del partido, Teodoro García Egea, han denunciado el "asalto" de PSOE, Podemos y Ciudadanos al Ayuntamiento de Murcia a través de su moción de censura y han expresado su apoyo al alcalde del PP, José Ballesta, que ha perdido este jueves ha perdido el bastón de mando del consistorio.

En concreto, la moción de censura contra el alcalde popular del Ayuntamiento de Murcia ha salido adelante gracias a los votos de los nueve concejales del PSOE, los cuatro ediles de Ciudadanos y los dos de Podemos-Equo, que han sumado los 15 de los 29 apoyos necesarios para que su iniciativa prosperase.

José Ballesta sólo ha contado con los apoyos de los 11 concejales del PP y los tres Vox, que representan 14 de los 29 ediles del pleno municipal. A partir de este momento, el concejal socialista, José Antonio Serrano, será el nuevo alcalde de Murcia hasta que finalice la actual legislatura en 2023.

CASADO: PRONTO LOS MURCIANOS VOLVERÁN A TENER AL PP EN LA CIUDAD

El presidente del PP, que lleva días exigiendo a los promotores que retiraran la moción de censura en el Ayuntamiento, ha denunciado la actuación de los tres partidos. "El PSOE, Cs y Podemos se reparten la alcaldía de Murcia en plena pandemia y crisis económica", ha asegurado.

Dicho esto, ha expresado "todo" su apoyo a José Ballesta, al que ha definido como "un gran alcalde y servidor público como médico, catedrático y rector". "Muy pronto los murcianos volverán a tener al PP al frente de esta maravillosa ciudad", ha asegurado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

En parecidos términos se ha expresado el secretario general del PP y diputado nacional por Murcia, Teodoro García Egea, al recalcar que PSOE, Podemos y Ciudadanos "certifican hoy su asalto al Ayuntamiento de Murcia".

"Ellos ganan sillones, los murcianos pierden un Gobierno de libertad", ha afirmado en la misma red social, para agradecer su labor a Ballesta, que "tanto ha hecho al frente del consistorio y por el bienestar de los vecinos".

Hace justo una semana, Casado y García Egea viajaron a Murcia para asistir a la votación en la Asamblea de Murcia de la frustrada moción de censura contra el presidente de la región, Fernando López Miras. "Hoy empieza la reconstrucción y reunificación del centro derecha en torno al Partido Popular", dijo entonces el líder del PP desde Cartagena.

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha mostrado su "disgusto" con el Gobierno de España ante su "actitud calculada" sobre la gestión de la pandemia de Covid-19 y ha advertido de que desde el Ejecutivo regional son "leales" pero no "imbéciles".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Igea ha asegurado que la postura de la Junta siempre se ha basado en "respaldar" al Gobierno cuando toma "medidas restrictivas" con el fin de atajar la pandemia.

"Si alguna vez no hemos estado al lado del Gobierno es cuando se comporta de forma cobarde o electoralista, esa es la postura de la Junta", ha señalado Igea, quien ha criticado las acciones del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez cuando no quiere asumir decisiones y se las traslada a las autonomías.

Así, se ha referido al "zeppelin" que se lanzó antes del Consejo Interterritorial de Salud celebrado ayer sobre la posibilidad de adelantar a las 20.00 horas el horario de cierre de las actividades no esenciales y ha recordado que se retiró del orden del día en punto en el que se analizaban nuevas medidas. "Igual los ciudadanos se están empezando a cansar de que les tomen por idiotas, algunos episodios van agotando la paciencia de la ciudadanía", ha señalado.

No obstante, ha recordado que si el Gobierno plantea cerrar a las 20.00 horas la Junta actúa de forma contraria a la que lo hace el Ejecutivo central y le apoya aunque "puede que no compartamos la medida en su integridad". "La ciudadanía espera que nos ayudemos y no que nos tiremos los platos a la cabeza".

"Adoptar medidas es no estar todo el día en el espectáculo", ha señalado, y ha considerado "cobarde" al Gobierno central al trasladar la responsabilidad a las autonomías.

"Ayer vivimos momento que no se había vivido en Alemania en mucho tiempo, la presidenta del Gobierno pidiendo perdón, ya me gustaría tener un gobernante como Angela Merkel", ha señalado, tras lo que ha criticado que el nuevo semáforo que se aborda esta tarde llega "muy tarde".

"Estoy muy en desacuerdo con la manera de gestionar este asunto", ha señalado, tras lo que ha señalado que el cambio de ministros en Sanidad fue un "nuevo rayo de esperanza" y ahora se vuelve a la "estrategia anterior" ante las elecciones en Madrid.