El Ayuntamiento de Madrid ha retirado el homenaje improvisado a Cristina Ortiz, conocida como ‘La Veneno’, en el pilar donde debería estar su placa en el Parque del Oeste porque las velas llevadas por sus admiradores prendieron algunas fotos y flores que habían colocado.

Así lo han señalado fuentes del Consistorio que han explicado que se apagó el fuego y se retiraron los restos. «No ha tenido nada que ver con una actuación en contra de La Veneno, sino por seguridad», han remarcado.

Este lunes varios usuarios de redes sociales compartieron el pilar vacío, tras casi un mes de ofrendas llevadas hasta esta zona donde Cristina Ortiz ejerció la prostitución.

Entre las voces que se alzaron contra la retirada se encontró el senador de Más Madrid, Eduardo Rubiño, quien cuestionó la «necesidad» que había de «ordenar destruir el homenaje de cientos de personas» a La Veneno.

Los seguidores de Cristina comenzaron a llevar flores, fotos y demás objetos tras el último capítulo de ‘Veneno’, serie que narra la vida de esta mujer desde su nacimiento en Adra hasta su muerte en la capital. Entre los que se acercaron se encontraron, entre otros, los creadores de esta producción, que ha sido comprada por HBO para su distribución internacional, Javier Calvo y Javier Ambrossi.

En este pilar se colocó, durante el mandato de Manuela Carmena al frente del Consistorio, una placa que rezaba ‘En memoria de Cristina Ortiz, La Veneno, mujer transexual visible en los años 90’ y que fue arrancada una semana después de su instalación. El Gobierno local actual ha asegurado que la repondrá «en breve».

Cristina Ortiz se hizo popular en los 90 por sus apariciones en programas como ‘Esta noche cruzamos el Missisipi’ Y ‘La Sonrisa del Pelícano’ y falleció en 2016 tras pasar cuatro días en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital La Paz de Madrid, a la que llegó después de ser encontrada en su casa con un golpe en la cabeza.

El consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, ha realizado este martes un llamamiento expreso a cumplir todas las medidas sanitarias en las vacaciones navideñas con el fin de poder culminar el actual curso escolar «en condiciones de total seguridad».

Bildarratz, en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, ha recordado que, hasta el momento, se ha podido garantizar la presencialidad en las aulas y ha insistido en la necesidad de «seguir manteniendo todas las medidas dictadas por las autoridades sanitarias». «Todo empieza por cada persona, por cumplir las medidas de prevención y autoprotección», ha indicado.

Por ello, «de cara a las vacaciones de la Navidad, un momento crítico para el cumplimiento de todas las medidas sanitarias», ha realizado «una llamamiento expreso» a guardar estas medidas. «Es imprescindible hacerlo para que podamos garantizar que podamos culminar el curso en condiciones de total seguridad», ha aseverado.

Según ha explicado, el nivel de afección de la pandemia se mantiene cerca del 1%. «Tenemos 17.554 aulas en estos momentos en el sistema educativo vasco, en estos momentos hay afectados 124, lo que supone el 0,71%. En los peores momentos de la pandemia, que fue hacia el 3 de noviembre, hemos llegado hasta el 1,09%. Esto nos da un dato de que verdaderamente el sistema de educación que ha respondido muy bien, muy fuerte y que los centros escolares son lugares seguros», ha señalado.

Además, ha indicado que «garantizar la educación presencial es el objetivo central de este curso». «La presencialidad es un valor en sí mismo porque nada sustituye a la explicación y acompañamiento de un profesor, de una maestra, en el aula o la propia socialización que se da entre los propios alumnos. La presencialidad, además, contribuye a facilitar la vida familiar y comunitaria», ha indicado.

Asimismo, ha destacado que el «esfuerzo» de la comunidad educativa es «encomiable» y ha puesto en valor el trabajo conjunto de equipos directivos de los centros, profesorado, familias y Administración.

«Estamos culminando el primer tercio del curso escolar en una situación que, como todos sabemos, es excepcional. Gracias al esfuerzo de la actividad educativa, estamos logrando mantener la educación presencial», ha insistido.

Tras reiterar que «culminar el curso escolar en condiciones de seguridad para el alumnado es un objetivo social de primer orden», ha agradecido el esfuerzo de toda la comunidad educativa y de todos los centros, y ha hecho un llamamiento a «seguir manteniendo todas las medidas que dictan las autoridades sanitarias».

La RAE ha publicado la Crónica de la Lengua Española (Espasa), una obra en la que incluye un apartado sobre las dudas y consultas «más relevantes» del español con sus recomendaciones, como por ejemplo las referidas a la escritura de la onomatopeya de la risa.

En este sentido, la Real Academia explica que la convención para la onomatopeya de la risa es ‘ja ja ja’, separando los elementos repetidos con comas. «Cada ‘ja’ de la risa es un elemento tónico independiente, de ahí como queno resulte adecuado escribirlos pegados, como si se tratara de una sola palabra», ha aclarado.

Además, ha defendido que la grafía ‘ha’ corresponde a la representación de la risa en inglés o en francés. «Hay que recordar que, salvo en voces procedentes de otros idiomas, la hache no representa ningún sonido en español», ha matizado la RAE en la ‘Crónica de la lengua española 2020’.

Otra explicación a una duda habitual incluida en el libro es la de por qué se dice ‘conmigo’ y no ‘sintigo’. «Para explicar esta anomalía, hemos de remontarnos a la lengua latina. La preposición latina ‘cum’ (‘con’) se posponía a los nombres personales (‘mecum’, ‘conmigo’), algo que no ocurría con la preposición latina ‘sine’ (‘sin), que siempre aparecía antepuesta (‘sine me’, ‘sin mí’).

También incluye otras respuestas curiosas, como la recomendación de escribir un ‘emoji’ detrás de un punto cuando «afecte a todo el mensaje» o la de usar siempre después de un saludo en cartas y correos electrónicos los dos puntos –puesto que el uso de coma en este contexto es «una costumbre anglosajona»–.

Además, la docta casa aclara que se debe escribir ‘no te rayes’ en lugar de ‘no te ralles’ cuando «en el habla coloquial juvenil» uno se refiere a «volverse loco». Asimismo, resalta que la fórmula de saludo más adecuada es tanto ‘buenos días’ –la más usada en el ámbito hispanohablante– como ‘buen día’ –del área rioplatense–.

Al hablar del femenino de ‘árbitro’, los hispanoparlantes deberán referirse a ‘la árbitra’, mientras que la RAE admite también el uso de plurales como el de ‘gentes’ cuando es ‘expresivo’ o ‘estilístico’, «llamado así porque aporta mayor expresividad o énfasis».

Por otro lado, la obra hace referencia a antiguos debates como una posible incorrección al usar el pronombre ‘yo’ delante de una enumeración de personas. «Se aconseja situarlo al final por razones de cortesía, pero no es lingüísticamente incorrecto que aparezca al primer lugar», explica.

LAS PALABRAS «MÁS FRECUENTES» DE 2020

La ‘Crónica de la lengua española 2020’ incluye también un espacio para recopilar las diez palabras más frecuentes durante este año en el espacio hispanohablante. Al igual que con las nuevas entradas del diccionario, la enfermedad ha sido la protagonista, con ‘cuarentena’ y ‘pandemia’ entre las preferidas de los usuarios.

Además se incluyen en esta lista otros términos como ‘coronavirus’, ‘confinamiento’, ‘contagio’, ‘distanciamiento’, ‘mascarilla’, ‘teletrabajo’, ‘asintomático’ o ‘incertidumbre’.

La Comisión de Educación y FP del Congreso ha rechazado este martes, por los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos, que la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, comparezca en dicha Comisión para dar explicaciones sobre la investigación que la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) está realizando de la orden ministerial del 21 de abril que suponía la modificación de la ley de educación al permitir a los alumnos pasar de curso sin límite de suspensos, un hecho que podría constituir un delito de prevaricación.

La iniciativa, a petición de Cs y de UPN, ha sido sometida a votación en la Comisión porque la Mesa de la Comisión, en su reunión del pasado día 18 de noviembre, decidió, por mayoría, no celebrar las comparecencias referidas. Pero como no se obtuvo unanimidad, el acuerdo sobre la celebración de dichas comparecencias tiene que ser adoptado por la Comisión, que finalmente ha votado este martes en contra por los votos de PSOE y Unidas Podemos, frente a los votos a favor de PP, Cs, Vox y UPN.

La Orden sobre la que la Fiscalía está investigando, que se enmarca en la investigación que abrió la Fiscalía General del Estado (FGE) en su momento tras la denuncia de un particular, recoge los acuerdos alcanzados por el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación del 15 de abril.

Dicho documento, que contó con el respaldo de 12 comunidades autónomas (País Vasco, Andalucía, Murcia, Comunidad de Madrid y Castilla y León mostraron su «disconformidad» con las directrices) establece que la repetición de curso debía ser «muy excepcional» para evitar que la pandemia del coronavirus, que mantuvo suspendidas las clases presenciales desde el 16 de marzo, pudiese perjudicar al alumnado afectado por el cambio a la enseñanza a distancia.

La orden ministerial firmada por Celaá, que entró en vigor el 25 de abril, permite a las comunidades autónomas competentes «flexibilizar» los criterios de evaluación, promoción y titulación «sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes».

La Orden suscitó las críticas de la comunidad educativa, que aseguraba que era contraria a la ley de educación vigente (que además es una ley orgánica), la LOMCE, ya que ésta sí establece un límite para poder pasar de curso (se repetirá con más de tres materias pendientes en Secundaria o dos en Bachillerato), y recoge que no se puede obtener el título de Bachiller sin haber aprobado todas las asignaturas. Asimismo, indicaron que la Orden era contraria a la Constitución, ya que delegaba competencias a las comunidades autónomas que son propias del Estado.

Precisamente, la LOMLOE, la reforma educativa también conocida como ‘Ley Celaá’, (que fue aprobada el pasado jueves en el Congreso y tendrá que continuar su tramitación en el Senado), que derogará la LOMCE, recoge la excepcionalidad de repetir curso.

«La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. En todo caso, el alumno o alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria», reza el texto del proyecto.

HECHOS «GRAVÍSIMOS»

Durante el debate, el diputado de UPN, Sergio Sayas, ha criticado que desde el Gobierno no se permita a la ministra dar explicaciones sobre dicha investigación en el Congreso, crítica que ha sido compartida por Marta Martín (Cs), que asegura que «los españoles tienen derecho a saber qué ha pasado» con unos hechos que tacha de «gravísimos», mismo calificativo que ha utilizado para definir este veto o, en sus palabras, «censura».

«Tiene la suficiente gravedad e enjundia como para que la ministra venga a informarnos y a explicar por qué tomó esa decisión; lo que se ha producido es suficientemente grave», considera por su parte Joaquín Robles, de Vox, mientras que desde el PP, Óscar Clavell, ha reprochado al PSOE que cuando se encontraba en la oposición, pedía comparecencias «a diario» y ahora que está en el Gobierno no quiere que se celebre «ninguna».

Por su parte, el PSOE y Unidas Podemos se han opuesto a que la ministra tenga que acudir a la Cámara Baja a dar explicaciones sobre tal asunto. Así, la diputada socialista Luz Martínez Seijo, en respuesta al ‘popular’ Clavell, ha recordado que cuando el PP gobernaba con Rajoy solo comparecían sus cargos cuando era «preceptivo», es decir, para presentar los Presupuestos «y poco más». Martínez Seijo ha justificado su ‘no’ a que es un «tema menor» utilizado, a su juicio, por los medios de la derecha y porque se trata de una acusación que «no ha tenido recorrido» ni «fundamento».

También Joan Mena (Unidas Podemos) ha defendido su voto en contra de la celebración de la comparecencia: «No es un asunto que, de alguna manera, requiera de una comparecencia de ese tipo». Además, considera que la ministra ha comparecido «en muchas ocasiones» en el Congreso y desde la formación ‘morada’, dice, están seguros de que Celaá «volverá a comparecer cuando convenga».

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Vacunación contra COVID-19, que recoge que los residentes y el personal sanitario de residencias y centros de grandes dependientes serán los primeros en vacunarse una vez lleguen las primeras dosis, a partir de enero de 2021, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa este martes.

Después, les seguirá el resto de personal sanitario y los grandes dependientes no institucionalizados. En total, en la primera etapa de la vacunación se vacunará a 2,5 millones de personas, ha informado Illa. El ministro no ha pormenorizado cuáles serán el resto de grupos después de esta población más vulnerable: «Los daremos a conocer oportunamente».

Illa considera que en el mes de enero «se podría empezar a vacunar con las primeras dosis» que lleguen a nuestro país. Según ha destacado, una vez sea aprobada una vacuna a nivel europeo llegará en un breve período de tiempo a España, una vez sea ratificada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS): «La entrega va a ser inminente una vez sea autorizada. No habrá dilación de tiempo entre ambas aprobaciones».

El Ministerio ha establecido tres etapas de priorización de los grupos a vacunar en función de las dosis disponibles: el primero será entre enero y marzo, cuando se prevé un «suministro muy limitado; en la segunda, entre marzo y junio, se irá realizando un «incremento progresivo» en el número de personas vacunar; finalmente, en la tercera etapa, a partir de junio, el objetivo es haber cubierto ya a «todos los grupos prioritarios».

Según el ministro, la priorización se va a realizar «en base a un marco ético»: «principio de igualdad, necesidad, equidad, protección a la discapacidad, beneficio social, reciprocidad y solidaridad». Illa ha explicado que se han establecido 18 grupos poblacionales en función de cuatro tipos de riesgo: mortalidad, exposición a la enfermedad, impacto socioeconómico y transmisión de la enfermedad.

La estrategia persigue dos objetivos principales: «Reducir lo máximo posible que la población fallezca o ingrese en un hospital, y que estemos listos para vacunar desde el mismo momento en que empecemos a recibir dosis de vacunas aprobadas». Tiene cuatro líneas estratégicas: establecer un orden de prioridad para vacunar a la población, establecer los elementos logísticos, crear un registro de vacunación para vigilar posibles reacciones adversas y la comunicación tanto a los profesionales sanitarios como a la población general.

Sanidad prevé que España podrá contar con hasta 140 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 a través de los acuerdos firmados por la Comisión Europea (CE) con las distintas compañías farmacéuticas desarrolladoras. Así, el departamento dirigido por Salvador Illa calcula que se podrían realizar 80 millones de inmunizaciones en nuestro país, es decir, casi el doble de la población española (47,32 millones). En el Consejo de Ministros de este martes se ha autorizado la compra de 20,83 millones de dosis de la vacuna de Pfizer para inmunizar a un total de 10,4 millones de personas en España.

Los contratos firmados por la Comisión Europea van a llegar hasta 1.400 millones de dosis, unas 800 millones de inmunizaciones, ya que casi todas las vacunas desarrolladas hasta el momento, como las de Moderna, Pfizer o AstraZeneca, constan de dos dosis. Por el momento, la candidata de Janssen es la única que se administraría en una sola dosis. Europa ya ha firmado cinco contratos para acceder a vacunas en desarrollo, mientras otras dos están en estados «avanzados» de negociación.

«Calculamos que recibiremos 140 millones de dosis, para inmunizar a 80 millones de ciudadanos. Obviamente, más de la población que tenemos en nuestro país», ha indicado Illa. El motivo es asegurarse un número suficiente de vacunas en caso de que alguna de ellas no termine siendo aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), algo posible hasta que no se cuente con más datos definitivos. De la misma forma, en caso de que haya exceso de vacunas, se realizará su distribución hacia otros territorios no comunitarios, según fuentes ministeriales.

ILLA DESCARTA QUE LA VACUNACIÓN VAYA A SER OBLIGATORIA

El ministro ha descartado que en las etapas iniciales la vacunación sea obligatoria. «Vamos a partir de la voluntariedad para la vacunación», ha comentado. Fuentes ministeriales, sin embargo, no descartan que tenga que adoptarse esa medida en caso de que Sanidad lo estime necesario dentro de la evolución de la pandemia, ya que aseguran que existen las herramientas necesarias para la obligatoriedad de la vacunación. En este contexto, recuerdan que en otros países cercanos, como Francia, las vacunas son obligatorias, mientras que en España son voluntarias. A pesar de no serlo, las coberturas de vacunación en nuestro país son muy altas en población infantil y ligeramente inferiores en adolescentes.

Illa ha recordado que la vacuna será «gratuita» y se administrará a través del Sistema Nacional de Salud (SNS). Así, ha defendido que «será igual de segura que las del calendario de vacunación» habitual. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha celebrado los últimos resultados de los ensayos clínicos sobre vacunas y la presentación de este plan de vacunación: «Parece que comienza a verse, con toda la prudencia, la luz al final del túnel».

El grupo que ha elaborado esta estrategia está formado por el Ministerio y ocho CCAA, junto con dos miembros del Comité de Bioética, un sociólogo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), un experto en la metodología sobre la investigación sobre evaluación de programas de vacunación, cuatro especialistas en modelización matemática del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), representantes de sociedades científicas como la Asociación Española de Vacunología (AEV) o la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) liderado por el doctor Fernando Simón o la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes que el objetivo es que «una parte muy sustancial» de la población española esté vacunada, «con todas las garantías», en el primer semestre de 2021. Con la presentación de esta estrategia, Sánchez aseguró que España será «el primer país de la Unión Europea junto a Alemania» en tener un plan completo de vacunación. «Hemos estado trabajando desde septiembre en este plan. Estamos preparados», resaltó.

Sánchez avanzó que el plan de vacunación contará con 13.000 puntos de vacunación para garantizar un «acceso equitativo a las vacunas» a través de la Atención Primaria. Ayer, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, defendió con rotundidad que el sistema sanitario español tendrá la capacidad suficiente para poder realizar esta vacunación masiva. «Tenemos una amplia red de Atención Primaria. Tienen capacidad para realizarlo. La capacidad del sistema es más que suficiente, y más sabiendo que las vacunas van a llegar progresivamente», añadió.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para adaptar la normativa española a las exigencias de la Fiscalía europea, aunque también por «coherencia constitucional», justificando así el cambio de modelo por el cual la instrucción pasa del juez al fiscal.

Campo ha informado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que de hecho el Gobierno ha dado luz verde a dos anteproyectos de ley, el de la nueva LeCrim y el de la Fiscalía Europea (EPPO).

El ministro ha esgrimido que este cambio era necesario por «coherencia con el mandato europeo». Así, ha revelado que en la videoconferencia celebrada el lunes con el comisario de Justicia, Didier Reynders, se comprometió a llevar este anteproyecto de ley de la EPPO al Consejo de Ministros de este martes. Reynders ha pedido celeridad a los estados miembros para hacer los ajustes internos necesarios para poner en marcha la Fiscalía Europea.

«Por tanto, teníamos que establecer un procedimiento penal, conforme a lo que establece el Reglamento (de la UE de 2017), que dice que son los fiscales los que instruyen», ha dicho Campo. A este respecto, ha apuntado que en todos los países de nuestro entorno, a excepción de Francia y Austria, el fiscal instruye y el juez se ocupa del respeto a las garantías.

En segundo lugar, Campo ha señalado también a la «coherencia constitucional», aduciendo que con esta reforma legal «el rol constitucional del juez y del fiscal adquiere un grado superlativo». Lo ha ilustrado con un símil en el que la investigación penal se hace con un escudo y una espada: «el fiscal es la espada y el juez, el escudo», porque el primero dirige las pesquisas y el segundo garantiza que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales.

Junto a ellos, ha explicado, surge la figura del juez de audiencia preliminar, que será quien decida si se abre juicio oral y expulse del proceso a las personas y las pruebas que considere oportunas.

Campo ha destacado como otro «eje» de la nueva LeCrim el refuerzo de las garantías de la víctima, que ahora «ocupa el papel central del proceso». En este sentido, ha detallado que aborda el tratamiento procesal de las personas con discapacidad y de los menores, así como la figura del acusado, al que se le reconocen «un elenco de derechos que no se habían recogido» hasta ahora, incluido el desarrollo pormenorizado de la presunción de inocencia.

Otro eje son las «nuevas herramientas», ha comentado, destacando que en este punto España puede sentirse «orgullosa» porque «nos situamos a la cabeza del mundo». «Estamos hablando de una regulación de pruebas científicas (…), de la digitalización al servicio de la administración de justicia y de rectas políticas criminales, obtención y tratamiento a través de automatización de datos, de vigilancias e investigaciones encubiertas o electrónicas», ha aclarado.

UNA LEY ABIERTA AL DEBATE

Asimismo, el titular de Justicia ha incidido en que era necesario reformar una «ley magnífica» pero que tiene 138 años y ha sufrido hasta 77 reformas, 54 de ellas solo en democracia.

Ha recalcado igualmente que «esto es la primera palabra», por lo que «ahora se abre un proceso intenso de consultas» para mejorar lo que ha definido como un «texto rico». En este sentido, ha anticipado que se abrirá al «debate público», se solicitarán los informes preceptivos y se someterá a la discusión parlamentaria. «Es una ley con la que no hay que tener prisa pero no debemos pararnos porque la sociedad lo reclama», ha sostenido.

OTRAS NOVEDADES

El principal cambio que plantea la nueva LeCrim es el destacado papel que otorga al fiscal, no solo como instructor sino porque también controlará la información sobre los procesos penales en fase de instrucción para para limitarla a «lo esencial desde el punto de vista del interés informativo» y evitar así un «grave atentado» a la presunción de inocencia.

Otro punto polémico, de acuerdo con el borrador del anteproyecto de ley al que ha tenido acceso Europa Press, es la nueva configuración de la acusación popular, que ya no podrán ejercerla las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos, aunque se fija un catálogo de delitos que resultan idóneos para que los ciudadanos puedan defender una visión de la legalidad penal alternativa a la del Ministerio Fiscal, como en el caso de los delitos de corrupción política.

Se crea además una segunda forma de detención preventiva «más leve», con una duración máxima de 24 horas frente las 72 actuales, destinada a facilitar las actuaciones procesales que requieran la presencia del arrestado; se crea una comisión nacional de seguimiento de la prisión provisional; y se contempla un cese automático de los cargos públicos investigados por delitos de rebelión y terrorismo. En cuanto a diputados y senadores, solo será necesario tramitar el suplicatorio «si se solicita al juez una concreta actividad cautelar o si efectivamente se ejercita la acción penal».

El Gobierno ha propuesto este miércoles una renovación del Pacto de Estado social, institucional y político contra las violencias machistas, aprobado por el Congreso en 2017, con el objetivo de que «todos luchen de forma decidida contra» esta lacra y ha señalado la «reparación» de las víctimas como una de sus prioridades en esta materia.

Ante la conmemoración, este miércoles 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ejecutivo ha aprobado en el Consejo de Ministros una declaración institucional sobre esta materia. Además, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha realizado un vídeo sobre el tema.

Tanto en la declaración como en el vídeo, el Ejecutivo ratifica su compromiso en la lucha contra la violencia machista, recordando que se trata de una «vulneración de derechos humanos».

Además, enumera la implicación de España en los diferentes convenios, declaraciones y acuerdos internacionales, así como las medidas llevadas a cabo, junto con las comunidades autónomas, para paliar las consecuencias de la pandemia en la lucha contra estas violencias.

UNA REALIDAD «INNEGABLE»

Del mismo modo, recuerda algunas de las principales cifras recogidas en la macroencuesta sobre las violencias machistas realizada por la Delegación del Gobierno en esta materia, entre las que destacan que una de cada dos mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, que más de 1.300.000 mujeres han sufrido la violencia sexual fuera de la pareja y cerca de 1.700.000 niños y niñas viven en hogares en los que la mujer está sufriendo algún tipo de violencia.

Para el Gobierno, estas cifras «ponen de manifiesto una realidad innegable» que les «interpela» y que les «obliga a una acción decidida en pro de la erradicación de la violencia contra las mujeres y de las actitudes sociales que la toleran, la justifican o incluso la banalizan».

Es preciso intensificar los esfuerzos para combatir el machismo y condenar socialmente todas las actitudes, prácticas y conductas que consienten y reproducen estas violencias», ha apuntado el Ejecutivo en la declaración, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno está promoviendo reformas y nuevos instrumentos normativos –como la ley de libertades sexuales, la ley de protección de la infancia o la ley contra la trata de mujeres– así como una Estrategia Nacional contra la Violencia Machista, garantizar la consolidación e institucionalización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

«NO ESTÁIS SOLAS»

Tal y como ha señalado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. España reconoce la lucha contra esta lacra como «central» para la consecución de un país «más justo, libre igualitario» y ha indicado la necesidad de «seguir redoblando esfuerzos» en esta materia que, a su juicio, «dura ya demasiado tiempo».

Las políticas de homenaje y reconocimiento de las víctimas, así como el «establecimiento de medidas de reparación» son «una prioridad para este Gobierno«, indica el texto.

La ministra de Igualdad, por su parte, ha llamado «este año más que nunca» a renovar el Pacto de Estado para «luchar contra todas las formas» de violencia contra la mujer y que desde el Gobierno se garanticen los derechos de todas las mujeres y sus hijos víctimas de esta lacra.

Montero ha lamentado que «muchas» víctimas no denuncien por «miedo a no ser creídas» y se ha comprometido, «frente a los discursos de extrema derecha que niegan la violencia de género», a poner todas las herramientas necesarias como Estado para garantizarles a estas mujeres «que no están solas» y que tienen «puertas de entrada grandes y seguras para denunciar y ser acompañadas y reparadas». «No estáis solas», concluye el mensaje.

El PP ha exigido este martes que el plan para Navidad que se va a poner en marcha por el coronavirus se base en criterios técnicos y científicos, y que las decisiones se tomen en coordinación con las comunidades autónomas, según han informado fuentes de la cúpula del PP.

Así se ha pronunciado el partido que dirige Pablo Casado tras conocer el borrador ‘Propuestas de medidas de salud pública frente a la Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas’, en el que el Gobierno propone limitar a seis personas las reuniones familiares en Navidad y toque de queda a la 1.00 horas en Nochebuena y Nochevieja.

En concreto, el documento –al que ha tenido acceso Europa Press– señala que en las reuniones en el ámbito familiar se recomienda limitar la participación a los miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia, si bien en el caso de que haya algún miembro externo no conviviente habitual, las reuniones serán de hasta un máximo de seis personas y se debe garantizar las medidas de prevención, independientemente de si son familiares o no.

Además, pide evitar o minimizar las reuniones en el ámbito social (celebraciones del trabajo, antiguos alumnos o clubs deportivos, entre otros) y, en el caso de celebrarse, deberán ser de un máximo de seis personas y preferiblemente en el exterior.

El texto recuerda que en todos los contexto se deben mantener las medidas de prevención, como el uso de mascarilla, lavado de manos, mantenimiento de la distancia, ventilación y actividades al aire libre.

EL PP VE «FUNDAMENTAL» LA COORDINACIÓN CON LAS CCAA

Al conocer este primer borrador para Navidad, el PP ha reclamado al Gobierno que el plan se base en criterios científicos y técnicos y ha recordado que es una exigencia que ha venido demandando el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

Además, el primer partido de la oposición –que gobierna en cinco autonomías– ha subrayado que las decisiones ante las vacaciones navideñas deben tomarse «en coordinación con las comunidades autónomas».

«El Gobierno no debe caer en los mismos errores de siempre. Esa coordinación es fundamental», han señalado fuentes ‘populares’, que ponen el acento en que el Ejecutivo debe consensuar este plan con las comunidades autónomas.

El pleno del Parlamento europeo ha aprobado este martes las nuevas reglas negociadas con los Veintisiete para ampliar las posibilidades de defensa colectiva de los europeos al crear un modelo armonizado de representación en todos los Estados miembro para reforzar la protección del consumidor frente a fraudes masivos u otros problemas como las acciones legales abusivas.

Las nuevas normas se publicarán ahora en el Diario Oficial de la Unión Europea momento a partir del cual entrarán en vigor, aunque los Estados miembro tendrán un plazo de 24 meses para transponerla a sus legislaciones nacionales y de otros seis meses para aplicarla. De este modo, las reglas solo afectarán a las demandas interpuestas a partir de la fecha de la aplicación de la norma.

Estas reglas obligan a los Estados miembros a establecer un sistema de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores frente a las infracciones del Derecho de la Unión y abarca acciones tanto de cesación como de reparación.

Con el modelo europeo de acción colectiva, sólo las entidades habilitadas (como las organizaciones de consumidores), y no los bufetes de abogados, podrán representar a grupos de consumidores y presentar demandas ante los tribunales en áreas como los servicios financieros, los viajes y el turismo, la energía, la salud, las telecomunicaciones y la protección de datos.

Estas organizaciones tendrán que cumplir los criterios comunes para poder interponer acciones transfronterizas, por ejemplo demostrar estabilidad, que llevan a cabo una actividad pública y que carecen de ánimo de lucro. En el caso de las acciones nacionales, las entidades tendrán que cumplir los criterios establecidos en la legislación nacional, según ha precisado la Eurocámara en un comunicado.

La normativa también introduce medidas de protección contra las acciones legales abusivas mediante el principio de ‘quien pierde, paga’, por el que las costas procesales de la parte vencedora recaen en la parte perdedora.

Para evitar el uso indebido de las acciones de representación, deberán evitarse las indemnizaciones punitivas. Las entidades habilitadas también tendrán que establecer procedimientos para evitar los conflictos de intereses y la influencia externa, en particular si están financiadas por un tercero.

El Tribunal Supremo ha confirmado que los permisos o beneficios a aplicar a Luis Gallego Fernández, conocido como ‘violador del ascensor’, computen sobre los 96 años de cárcel impuestos por las agresiones sexuales que cometió en 2017 dada su «extrema peligrosidad» y al haber cometido los delitos cuatro años después de haber sido puesto en libertad por otras tantas violaciones.

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso, en la que se desestima el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que confirmó su condena de 96 años de cárcel.

Se le condenó por dos delitos de detención ilegal, dos delitos continuados de agresión sexual, otro delito de agresión sexual, dos delitos intentados de detención ilegal, dos delitos de lesiones, y dos delitos de robo con violencia, cometidos entre diciembre de 2016 y 2017 en Madrid y Segovia contra cuatro mujeres a las que atacó en la calle.

La condena se impuso al violador del ascensor por varios delitos de agresión sexual cometidos en Madrid en 2017, cuatro años después de que fuera puesto en libertad por la derogación de la denominada doctrina Parot.

El recurso se dirigía contra la aplicación del artículo 78 del Código Penal, de modo que, aunque el límite máximo de cumplimiento de las penas impuestas es de 25 años de prisión, el cómputo de plazos aplicables a los beneficios penitenciarios, permisos de salida, clasificación en tercer grado y tiempo para la libertad condicional, se hará sobre la totalidad de las penas impuestas, es decir, los 96 años, debido a su peligrosidad.

Según expone el Alto Tribunal, esa aplicación se hizo por expresa petición de la Fiscalía, a la que se adhirieron las acusaciones particulares.

EN CONTRA DE SU REINSERCIÓN

El recurrente afirmaba que ello conculcaba el principio de reinserción social y reeducación de los presos previsto en el artículo 25.2 de la Constitución, al suponer una condena que rebasaba su cronología de vida humana.

AVALA EL CÓMPUTO

El Supremo avala la decisión de aplicar en este caso el artículo 78 del Código Penal al cumplirse los tres requisitos que exige: que la pena a cumplir efectivamente sea inferior a la suma total de las penas impuestas; que el Tribunal haga uso expreso de la facultad discrecional establecida en dicho artículo, y tercero, que lo motive adecuada y extensamente por razones de peligrosidad del condenado.

La sentencia, ponencia del magistrado Andrés Palomo del Arco, recuerda que, entre 1987 y 1996, Gallego Fernández recibió cinco condenas por violación, asesinato y robo, entre otros delitos, antes de los hechos por los que ahora es condenados a 96 años de prisión.

Para el Supremo, «en definitiva, si desde una perspectiva general, la previsión del artículo 78 en los amplios términos que se establece, puede originar lógicas suspicacias; sin embargo, en el supuesto de autos, tras la motivada justificación de su aplicación, dada la patente y extrema peligrosidad del condenado, en orden a la comisión de nuevos delitos contra la libertad sexual desvanece cualquier exceso de desproporción o injustificado desconocimiento de derecho constitucional alguno del penado».

Asimismo, recuerda que precisamente para posibilitar los derechos invocados, en aplicación del artículo 76 del Código Penal, la inicial condena de 96 años, se reduce a 25 años de cumplimiento efectivo. Además de que el artículo 78, según subrayan los magistrados, no impide la reeducación del penado, sino que, por contra, presupone tratamiento al efecto.

En cualquier caso, el Supremo recuerda que el mismo artículo abre la posibilidad al juez de vigilancia penitenciaria para retornar al régimen general, atendiendo no solo a las circunstancias personales del penado, sino también a la evolución del tratamiento reeducador, exigiéndose en ese sentido un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social.

«Lo que impide la colisión con el artículo 25.2 de la Constitución, que exige que las penas privativas de libertad estén orientadas a la reinserción social del delincuente», según recoge la sentencia.

El Gobierno Vasco ha aprobado una declaración institucional con motivo del ‘Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres’ en la que expresa su «firme repulsa» ante todas las expresiones de violencia sexista.

A través de este texto, el Ejecutivo autonómico muestra su compromiso de seguir trabajando para avanzar hacia una sociedad libre de violencia machista.

El Gobierno ha explicado que, desde el inicio de la crisis del coronavirus, ha priorizado el mantenimiento y la adaptación al nuevo contexto de los servicios de atención para los casos de violencia machista y el acceso a dichos servicios de todas las víctimas.

RESPUESTA «INTEGRAL»

Además, ha reafirmado su compromiso con la incorporación de la perspectiva de género de forma «integral» en la respuesta a la pandemia, ya que la crisis sanitaria, económica y social ha incrementado el grado de vulnerabilidad de muchas mujeres.

El Gobierno seguirá trabajando en la «mejora continua» para dar una respuesta adecuada a la violencia «estructural» contra las mujeres. En este sentido, ha recordado que tiene previsto aprobar una modificación de la ley vasca para la igualdad, y que se ha un Departamento de Igualdad en el seno del Ejecutivo.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para que permanezca «atenta» y pueda detectar cualquier expresión de violencia contra las mujeres. Además, considera «absolutamente necesario» recordar que la raíz de la que nace la violencia contra las mujeres es la desigualdad entre sexos, por lo que considera «indispensable» seguir trabajando para impulsar la igualdad.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha afirmado este martes que la Generalitat tomará sus «propias decisiones» sobre el plan que se aplicará para celebrar las fiestas de Navidad ante la pandemia.

Lo ha dicho en rueda de prensa telemática tras el Consell Executiu, después de que el Gobierno haya propuesto limitar a seis personas las reuniones que se celebren durante las fiestas navideñas y un confinamiento nocturno entre las 1.00 y las 6.00 horas los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja respectivamente.

Budó ha sostenido que esto es un borrador del Gobierno que debe pasar por el Consejo Interterritorial y que el Govern lo escuchará, pero ha defendido que la Generalitat tiene las «competencias» para tomar sus propias decisiones.

«Nosotros iremos, escucharemos y veremos qué se plantea en este borrador, pero nosotros tenemos la capacidad de poder tomar nuestras decisiones», ha argumentado, aunque no ha aclarado si mantendrá su posición de que en Cataluña se puedan reunir 10 personas esas fechas y con un toque de queda hasta las 22.00 horas, en lugar de reuniones de 6 personas y alargar el toque de queda como propone el Gobierno de Pedro Sánchez.

La portavoz del Govern ha subrayado que durante los últimos meses el Ejecutivo catalán ha decidido qué restricciones y qué medidas aplicar en Cataluña para frenar la segunda ola del coronavirus, por lo que considera que también debe poder tomar las decisiones sobre qué limitaciones habrá durante las fiestas navideñas.

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han advertido de que el riesgo de exposición a las violencias machistas y la vulnerabilidad de las mujeres han «aumentado» debido a la crisis provocada por la Covid-19 y han pedido al Gobierno más recursos para «atajar» estas violencias, con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, que se celebra este miércoles 25 de noviembre.

La Cumbre Social Estatal, integrada por más de un centenar de organizaciones, entre ellas UGT y CCOO, ha advertido de que la crisis provocada por la Covid-19, «ha incrementado el riesgo de exposición a las violencias machistas, y ha obstaculizado en mayor medida el acceso de las mujeres afectadas a los recursos de atención y protección en materia de violencia de género».

En todo caso, los sindicatos avisan de que «no es solo la pandemia» y reclaman «la activación y efectividad» de las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra las violencias machistas, fundamentalmente, «las que implican recursos presupuestarios y servicios públicos de prevención y atención integral a todas las víctimas de las violencias machistas».

Asimismo, consideran fundamental «atajar estas violencias desde sus causas, especialmente las que tienen que ver con la educación e igualdad y con mejor acceso de todas las mujeres al empleo y a la autonomía económica».

La Cumbre Social Estatal demanda al Gobierno la aplicación del Convenio de Estambul sobre la prevención y asistencia a las víctimas y la lucha contra todo tipo de violencia contra las mujeres, así como la ratificación de los Convenios de la OIT 189, sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, y 190, sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

También hace un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a la denuncia y repulsa de todos los actos de violencia machista, y participe en el minuto de silencio por las víctimas, las asesinadas y las supervivientes, convocado por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, que tendrá lugar ese mismo día a las 12.00 horas (11.00 horas en Canarias).

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha advertido de un «aumento» de la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género durante la pandemia y ha reclamado «más y mejores medios» en la Administración de Justicia para atender a las víctimas y reducir el tiempo de respuesta en los juzgados.

Además, CSIF ha anunciado que está negociando un protocolo para que la Administración ofrezca asistencia jurídica y psicológica a las empleadas públicas que sufran violencia de género y que los centros de trabajo actúen de enlace con las oficinas de asistencia a las víctimas cuando se detecte un caso entre las trabajadoras.

Este protocolo está incluido en el III Plan de Igualdad de Género para la Administración General del Estado que están negociando, según precisa CSIF, que plantea además que este protocolo pueda servir también en la empresa privada. El Plan también contempla promover la movilidad o el teletrabajo para empleadas públicas víctimas de violencia de género.

Igualmente, CSIF defiende crear en España la figura del delegado sindical especializado en violencia de género para actuar como agentes de prevención, asesoramiento y apoyo a las víctimas.

El Ministerio del Interior ha informado este martes de la «culminación» del proceso de implantación del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) iniciado en 2016 por parte de la Comisión de la Unión Europea como mecanismo para reforzar la seguridad en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave.

El Registro de Nombres de Pasajeros está en pleno funcionamiento desde el pasado viernes a través de la Oficina Nacional de Información de Pasajeros por vía aérea (ONIP), integrada en la estructura del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior.

En su primer día, la ONIP chequeó un total de 165 vuelos (97 de llegada y 68 de salida), que transportaban, entre pasajeros y tripulación, a 7.802 personas.

Según ha explicado Interior, se culmina un proceso que comenzó en 2016 con la aprobación por parte de la Comisión de la Unión Europea de una directiva que obligaba a los estados miembros a iniciar los trámites normativos internos pertinentes con el fin de crear «un instrumento imprescindible» en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave.

El sistema PNR se puso en marcha tras la aprobación el pasado mes de septiembre de la Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y delitos graves.

El tratamiento de los datos del PNR por parte de la ONIP va a suponer, como marca el preámbulo de la Ley Orgánica que lo regula, «una garantía en la protección de la vida y de la seguridad de los ciudadanos, que constituye el objetivo principal del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea».

También se especifica en la propia norma, según recuerda Interior, que «el tratamiento de los datos PNR va a mejorar la respuesta a la amenaza del terrorismo y la delincuencia grave, mediante el cotejo de tales datos con la bases de datos disponibles y pertinentes».

El diputado del PSC en el Parlament Ferran Pedret ha alertado de que «aún existe la brecha digital que por cuestiones de edad, conocimiento y por razones socioeconómicas» podría perjudicar a la solicitud telemática del voto domiciliario de cara a las elecciones en Cataluña el 14 de febrero.

Lo ha dicho este martes en rueda de prensa en el Parlament, después de que el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Bernat Solé, anunciara que los catalanes podrán pedir el voto por correo de forma telemática y entregar su sufragio al cartero inmediatamente después de recibir la documentación electoral en el domicilio, para poder votar sin salir de casa en las próximas elecciones al Parlament.

De este modo, Pedret ha reclamado que se garantice un método de voto «equitativo y que tenga en cuenta que hay dificultades de acceso previas, relacionadas con los conocimientos, accesibilidad y conectividad», además de que se lleve a cabo la petición del PSC de reunir a los grupos parlamentarios para abordar y concretar mecanismos y medidas de cara a los comicios con el mayor consenso posible, en sus palabras.

Por otro lado, ha insistido al Govern en que «no especule y añada incertidumbre» sobre un posible aplazamiento de las elecciones, y ha reprochado que salgan a relucir desavenencias entre socios de Govern, en sus palabras, después de que el viernes la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, cuestionara que los comicios se puedan celebrar el 14 de febrero por la Covid-19.

Además, pese a que ha evitado posicionarse sobre la petición que ha hecho este martes la Mesa del Parlament –al reclamar el indulto para las ocho personas condenadas por un delito contra las instituciones del Estado por el bloqueo de la Cámara catalana en 2011–, Pedret ha asegurado que el PSC «en principio estaba en una posición concordante con el resultado final de la posición de la Mesa».

El transporte público madrileño contará con un total de 7.200 láminas de 18 autores, entre los que destacan algunos como Benito Pérez Galdós, Miguel Delibes o Mario Benedetti, que se instalarán en Metro de Madrid y los autobuses de la EMT e interurbanos con la iniciativa cultural ‘Libros a la calle’.

La consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera, junto con el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, y el presidente de la Asociación de Editores de Madrid (AEM), Manuel González Moreno, han presentado hoy en la estación de Chamartín esta iniciativa que celebra su vigesimotercera edición.

Rivera de la Cruz ha destacado que «las calles han estado siempre vinculadas a la literatura». «Son fuente de inspiración y escenario donde se desarrolla la vida de los personajes que viven en los libros», ha expresado.

Durante la campaña ‘Libros a la Calle’, la consejera ha señalado que los medios de transporte son además «centro y difusión de la lectura, invitando a los madrileños y visitantes a un doble viaje: mientras se mueven por Madrid en transporte público tienen la oportunidad de adentrarse en las increíbles historias narradas en los fragmentos literarios seleccionados».

Por su parte, Garrido ha destacado que esta iniciativa «es un ejemplo de fomento de la lectura y de acercamiento de la cultura a los millones de usuarios que utilizan Metro en sus desplazamientos.

«Además, ‘Libros a la calle’ no solo nos permite recordar a los autores clásicos y las grandes obras de la literatura sino que apuesta por ofrecer nuevas perspectivas sobre autores y géneros menos conocidos», ha apuntado.

El consejero madrileño ha aludido también a la seguridad en el transporte, en el que ha asegurado que no se ha conocido ni un solo brote de casos, y ha lanzado un «mensaje de tranquilidad» en un transporte que recoge más de tres millones de viajes cada día.

Por su parte, González ha resaltado que a través de la lectura «el tiempo pasa» y permite evadirse a una «dimensión distinta». Además, ha subrayado el «aprecio» que le tienen los madrileños a esta iniciativa.

En la presentación ha participado también el director gerente de la EMT, Alfonso Sánchez, que ha defendido que se trata de una iniciativa «magnífica» para fomentar la lectura entre los usuarios, especialmente en los autobuses municipales ya que ha señalado que casi 2.000 circulan todos los días por las calles de la capital.

También, ha incidido en que el transporte de viajeros en Madrid es «seguro», algo que ha asegurado que hay que resaltar porque han perdido 600.000 usuarios en la EMT y son «lectores que faltan».

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

El objetivo de esta iniciativa es «despertar la curiosidad y generar la inquietud lectora» de los madrileños y visitantes que utilicen los transportes públicos, al compartir los textos de los autores galardonados en el último año, además de conmemorar las efemérides y abrirse a géneros, autores y perspectivas menos conocidas.

Cada texto está acompañado por el trabajo de una ilustración. En esta ocasión, la campaña ha contado con un grupo de artistas como Fernando Vicente, Al Sánchez, Marga Lliso del Hoyo, Lara Lars, Andrea Reyes, Enrique Robles, Elena Pancorbo o Jorge Arranz.

Además, en esta edición se ha intentado llevar esta iniciativa a todos los lectores. Por ello, se han incluido textos de literatura infantil y juvenil en un año en el que han destacado que la lectura ha tenido «especial importancia» para las generaciones más jóvenes permitiéndoles «imaginar, reflexionar, aprender y jugar en los momentos más complicados».

Uno de los objetivos de ‘Libros a la calle’ es despertar la curiosidad por la lectura. Así, la población madrileña cuenta con el índice lector más alto del país: un 72,8% frente a la media nacional de 62,2%, según el informe ‘Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2018’, realizado por la Federación de Gremios de Editores de España.

UNIÓN CON EL CENTENARIO DE GALDÓS Y MIGUEL DELIBES

Por otro lado y entre los seleccionados en esta edición han resaltado algunos de los autores reconocidos con los principales premios de literatura en el último año: Joan Margarit, Premio Cervantes 2019, con su poema ‘Libertad’; Bernardo Atxaga, Premio Nacional de las Letras 2019 con ‘Obabakoak’, y Pilar Pallarés, Premio Nacional de la Poesía 2019, con ‘Tiempo Fósil.

En 2020, ‘Libros a la calle’ se une a la celebración del centenario del escritor Benito Pérez Galdós con un fragmento de ‘Napoleón’ en Chamartín, quinta novela de la primera serie de los Episodios Nacionales.

La presencia del escritor en la campaña se suma a la acción conjunta de la Asociación de Editores de Madrid y Metro de Madrid, también en colaboración con CEDRO, con la que el pasado 13 de noviembre se engalanó el Metro de Galdós, cubriendo la estación de Ríos Rosas con la obra completa de ‘Fortunata y Jacinta’.

‘Libros a la Calle’ se une también a la conmemoración de los centenarios de Miguel Delibes, con un fragmento de ‘Señora de rojo con fondo gris’; Mario Benedetti con el poema ‘No te salves’; Joan Perucho, con unos versos de ‘Rosas, diablos y sonrisas’, y el bicentenario de Carolina Coronado con el poema ‘Libertad’.

También está representada la poesía en los versos de Gabriela Mistral y Pedro Salinas, la nostalgia de María Victoria Atencia y Cristina Peri Rossi y el surrealismo de Concha Méndez.

La narrativa cuenta en esta campaña con la participación de Soledad Puértolas con un fragmento de ‘Gente que vino a mi boda»; el relato del Madrid de la guerra en Juego Limpio’, de María Teresa León, y ‘Relámpagos de agosto’, de Jorge Ibargüengoitia.

Finalmente, la literatura infantil y juvenil encuentra su espacio con un fragmento de ‘Biografía de un cuerpo’, de Mónica Rodríguez, y con una página del comic ‘Esther y su mundo’ de Purita Campos.

A través del QR que figura en los textos, se puede acceder a la web https://www.editoresmadrid.org/libros-a-la-calle/ para conocer más información sobre cada obra, su autor y el ilustrador que ha trabajado en la lámina.

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha asegurado este martes que Cs en las elecciones catalanas del 14 de febrero será de cara a todos los electores «la casa común del constitucionalismo» en Cataluña y que representarán la reconstrucción y futuro económico tras la pandemia.

En rueda de prensa en el Parlament, Carrizosa se ha hecho eco del anuncio hecho este lunes por la líder de Cs, Inés Arrimadas, de que la formación naranja se presentará en solitario al 14F, y ha dicho que lo hacen después de ver que «el PSC está por el tripartito y que el PP parece más interesado en mejorar los resultados y subir a lo mejor dos escaños más».

«Esperamos merecer la confianza de todos aquellos que no queremos participar en este proyecto rupturista. Nosotros seremos aquellos que defiendan el constitucionalismo, el carpetazo al ‘procés’ y la reconstrucción y futuro de Catalunya» en las elecciones del 14 de febrero, ha concluido.

Por lo que respecta a la posibilidad de atrasar las elecciones, Carrizosa ha dicho que «si las elecciones se atrasan debe ser atendiendo al estado de la pandemia, y no al estado de las encuestas» –en referencia al CEO de la semana pasada que indicaba que ERC ganaría las elecciones catalanas si se celebraran ahora, y JxCat quedaría en segunda posición–.

«La fecha de las elecciones no la deben decidir ni la señora Budó ni el señor Sàmper. Se tiene que hacer de acuerdo a criterios sanitarios», ha dicho, y que en caso de que se tenga que posponer, Carrizosa defiende que se haga con el consenso de todos los partidos y con el visto bueno de la Junta Electoral Central (JEC).

Sobre la facilitación del voto por correo para evitar aglomeraciones en los colegios electorales de cara al 14F, Carrizosa ha dicho que le parece correcto y lo apoyan, pero dice que no están a favor de «otros inventos que sean supuestas modificaciones parciales de la ley electoral».

PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN

Por último, sobre el plan nacional de vacunación del Gobierno, Carrizosa ha dicho que está bien pero exige al Ejecutivo central que acuerde su implantación junto con las comunidades autónomas, que son las «que han tenido que gestionar a lo largo de la pandemia».

Ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que debería haber tenido una mayor intervención y liderazgo durante la gestión de la pandemia: «Nosotros hemos echado en falta que haya un plan nacional para combatir la pandemia, y no 17 planes nacionales. Hemos echado en falta el liderazgo de Pedro Sánchez, y no esconderse tras las comunidades autónomas».

Iberia ha diseñado nuevos menús basados en la dieta mediterránea y en elaboraciones con materias primas de gran calidad y productos locales de temporada disponibles mientras sigue recuperando los servicios en sus vuelos.

La aerolínea ha renovado toda su propuesta gastronómica garantizando las medidas de seguridad, higiene y prevención, en colaboración con el nuevo proveedor de catering DO & CO.

Esta nueva propuesta gastronómica también tiene una cuidada presentación de los platos y de todos los detalles, como la vajilla y mantelería, que también se han renovado. Este servicio se ha implementado ya en todos los vuelos de corto y medio radio, en EEUU y se irá incorporando paulatinamente en el resto de los destinos

En la clase business de todos sus vuelos de corto y medio radio, Iberia ofrece un desayuno que incluye una tortilla caliente, croissants de mantequilla, fruta fresca de temporada, un bowl de yogur artesano con semillas y frutos rojos, café, té y zumos. Además, en los vuelos más largos, se añade un plato de embutidos y quesos españoles.

A partir de las 10.30, en la clase business de los vuelos nacionales y con Portugal se ofrece un refrigerio con un plato principal, además de fruta fresca.

Cuando los vuelos tienen una duración de más de una hora y media y a partir de las 10.30, en clase business se ofrece un almuerzo o cena caliente, con una ensalada como entrante y un plato principal a elegir que incluye siempre una opción vegetariana. En los vuelos de mayor duración se sirve, además, un aperitivo con quesos nacionales.

En los vuelos de corto y medio radio de más de cuatro horas y media, Iberia también ha diseñado un servicio para los clientes de clase turista que consiste en una selección de ‘wraps’ acompañados de un postre dulce y una selección de bebidas frías y calientes, con té y café recién hecho.

LARGO RADIO

En la clase business de los vuelos de largo radio, Iberia ha incluido en su servicio principal una ensalada fría, tres opciones de plato caliente y una opción vegetariana, además de postres y un plato de quesos españoles.

Antes de aterrizar, en función del horario y el destino del vuelo, se ofrece un segundo servicio de desayuno o merienda en los que se han incluido opciones frías y calientes. Adicionalmente, en los vuelos más largos, los clientes disponen de un servicio entre horas que incluye ensaladas, fruta fresca y aperitivos dulces y salados.

En la clase turista de los vuelos de largo radio, los clientes de Iberia también disfrutarán de una comida principal con dos opciones de plato caliente con postres.

Próximo a la llegada a destino, en clase turista se ofrece también un segundo servicio con opción de una pieza de fruta o dulce en los vuelos más cortos, o una selección de wraps y postres dulces en los de mayor duración, servido junto con zumos y bebidas calientes. En los vuelos más largos, además se ofrece un servicio entre horas que, dependiendo del vuelo, podrá ser una cajita de tapas, sándwiches, aperitivos dulces y salados, agua y zumos.

Otro de los servicios que Iberia ha recuperado es el de la Sala Premium Dalí en la T4 del aeropuerto de Madrid, con protocolos para garantizar la seguridad como mamparas o gel hidroalcohólico.