El Partido Socialista en Castilla y León no descarta la presentación de una moción de censura contra el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, si bien recuerda que para ello no bastarían los votos de sus parlamentarios para tumbar un Ejecutivo que, según denuncia, no ha cesado de perjudicar a los ciudadanos de la Comunidad con decisiones adoptadas sin contar con nadie.

"¡Descartamos la moción de censura?, no la descartamos", ha apuntado la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, quien explica que si en momento alguna tal posibilidad ha estado sobre la mesa de su partido, en estos momentos no es algo que descarten debido a que hay "motivos objetivos y gravísimos" para ello dado que han "volado todos los consensos sobre los que se construyó esta Comunidad autónoma".

En cualquier caso, Sánchez, ha recordado que una hipotética moción de censura tendría que contar con el aval no sólo de los parlamentarios socialistas, de ahí la "reflexión" dirigida tanto a la dirección regional como nacional de Cs, formación que gobierna con el PP fruto de un pacto auspiciado por el entonces presidente naranja, Albert Rivera.

Sin querer profundizar en si habrá o no contactos con Cs de cara a esa moción de censura, la socialista ha justificado su discreción en aras al éxito de la operación. "Si queremos que prospere una moción, el trabajo debe ser serio y discreto", ha motivado la dirigente socialista, que ve más que motivada tal posibilidad en pro de la "decencia, la calidad democrática y el futuro de los ciudadanos de Castilla y León".

Entre esos motivos objetivos, Sánchez ha puesto como ejemplo el episodio más reciente del adelanto del toque de queda adoptado de forma unilateral por el presidente de la Junta y tumbado por el Supremo, anticipo que, como así ha lamentado, ha ocasionado gravísimas repercusiones para la economía regional, o el fallo del Constitucional que obligó a constituir la comisión de las eólicas en las Cortes.

"Estamos ante la peor Junta en el momento más grave de nuestra historia reciente como Comunidad autónoma, y todo ello fruto de un presidente que no escucha asistido por un vicepresidente buscabroncas y ambos instalados en la misma radicalidad de Pablo Casado", ha criticado la secretaria de Organización del PSCyL.

En este sentido, Sánchez ha recordado que el líder regional socialista, Luis Tudanca, además de pedir la dimisión del presidente, lleva semana y media exigiendo al Ejecutivo autonómico un Plan de Desescalada, "sin obtener respuesta alguna", y frente a ello ha acusado al tándem Mañueco-Igea de "andar a salto de mata" convocando a los medios para anunciar nuevas medidas sin consultarlas previamente con nadie, ni tan siquiera con las 120.000 familias que dependen del sector de la hostelería, el más afectado.

"Y Fernández Mañueco, en cambio, se presenta como el salvavidas, a pesar de que el Supremo, en su auto, le hay dicho que quién es él para arrogarse ese papel", asevera la socialista, que no se explica cómo Mañueco no se avergüenza de su actitud cuando dice cosas de este tipo ante personas que llevan más de un año jugándose la vida contra la pandemia, en clara alusión al personal sanitario.

Pero incluso Ana Sánchez ha puesto en solfa la legitimidad del cargo que ostenta el propio Fernández Mañueco tras recordar que las primarias del partido celebradas en Salamanca, de las que salió candidato a la Presidencia del PPCyL, siguen siendo objeto de investigación por parte de la Justicia por un presunto "fraude de ley".

"Castilla y León no aguanta ni un minuto más a Mañueco e Igea. En sus partidos no les soportan, no hay ni un solo colectivo que no esté enfadado con ellos y que no haya pedido su dimisión", prosigue la dirigente socialista, quien se queja de que frente a ello los aludidos se presentarán mañana a pleno para llevar asuntos que no son competencia de la Comunidad con el único objetivo de utilizar de forma "torticera" el Parlamento autonómico.

Por ello, la representante del PSCyL anuncia ya que en cualquiera de estos tema, como la polémica del lobo, contarán con la abstención de los socialistas. "Precisamente, en el tema del lobo no hay ninguna duda del compromiso del PSCyL. Yo soy zamorana, y no he visto a ningún dirigente del PP participar en concentraciones tras una lobada", ha denunciado Sánchez.

Y es que, como así concluye, este miércoles se desarrollará un pleno en el que se apreciarán formas diametralmente opuestas de hacer política, la de un Fernández Mañueco caracterizado por estar "aferrado al poder a costa de todo, impostado y vacío de contenido", frente a un Luis Tudanca Serio y Solvente que preside una formación que a lo largo de esta legislatura ha presentado más iniciativas que el propio Ejecutivo.

El colectivo Marea de Residencias, que aglutina a familiares de víctimas de Covid-19 en residencias de mayores, tiene previsto presentar otras 200 querellas más en diferentes partidos judiciales de la región para que se depuren responsabilidades por la gestión de la Comunidad de Madrid en la primera ola de la pandemia al no derivarse a los enfermos a las urgencias hospitalarias.

El juez de Instrucción número 39 de Madrid ha iniciado este lunes los interrogatorios a afectados en el marco de la querella presentada contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, contra el consejero de Sanidad, Enrique Escudero, y el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, por las presuntas negligencias cometidas en seis geriátricos madrileños.

En el caso de que Ayuso fuera investigada penalmente, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid fija que el proceso penal contra el presidente correspondería al Tribunal Supremo mientras que en el caso de los consejeros sería competencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Miembros del colectivo se han concentrado esta mañana en los juzgados en apoyo a los querellantes. Carmen López, miembro de Marea y presidenta de la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus familiares (Ademaf), ha subrayado que esperan "Justicia" y exigen que se "investiguen responsabilidades a nivel de residencias y de la Administración".

"En los próximos días habrá más querellas en otros partidos judiciales. Hay pendientes otras 200, con las que habrá un total de 400 querellas. Lleva mucho trabajo y hay que prepararlas", ha adelantado.

"PEDIR PERDÓN"

Durante esta jornada prestarán su testimonio un total de nueve afectados, mientras para mañana están citados otros diez. Entre ellos, comparecerá Concha Quirós, cuya madre falleció en una residencia de Manoteras.

Quirós ha relatado el caso de su madre, a quien su padre y ella vieron por última vez el 11 de marzo, hace casi un año. "No nos atendían y nunca me pasaban con ella porque había que ser solidarios. Nos llamaron para decirnos que todo estaba fenomal. Pero el 13 de abril me comentan que la van a cambiar a la planta de desahuciados. Me dijeron que por orden de dirección no salía ningún enfermo de la residencia", ha narrado.

Finalmente, se la trasladó al hospital pero ya con los pulmones destrozados. "La mandaron sola y cuando logré verla me dijo entre lágrimas; por qué me habéis dejado sola. Nadie la explicó nada. No sé ni cuándo se pudo mala. Solo sé que se ha muerto. Toda esta gente, Ayuso, el consejero..., no se pueden ir de rositas", ha espetado.

De momento deberían salir de rodillas y pedir perdón por todo lo que han hecho. Han dejado a los enfermos sólos, desamparados, solos, con terror.. Había enfermos muertos con una persona viva al lado. Estamos en el Siglo XXI y nos echamos las manos a la cabeza de lo que hicieron los alemanes con los judíos y ¡qué estamos haciendo con los ancianos! y todos mirando a otro lado. Mi madre se ha muerto y el Gobierno y la Comunidad tiene que pagar y el primero el director de la residencia de Manoteras", ha apostillado.

Los geriátricos acusados en la querella son los de Manoteras, Aralia Isabel La Católica, Aralia Ensanche de Vallecas, el centro integrado municipal Margarita Retuerto, Ballesol Pasillo Verde y DomusVi Mirasierra.

La querella iba dirigida contra los directores de estos centros, pero también, como responsables políticos, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Sanidad, Enrique Escudero; y el de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, a quienes acusan de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante.

Por ser aforados, el procedimiento fue enviado al Tribunal Supremo (TS), que la devolvió a instancias menores esgrimiendo que han de ser ellos los que investiguen. El Juzgado número 39 ha repartido la instrucción entre otros juzgados, como el que investiga a la directora de la Gran Residencia de Carabanchel.

La querella se presentó por el colectivo Mareas de Residencias por la mal atención en las residencias de mayores y se amplío más tarde para que se investigara el protocolo firmado por el exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad, Carlos Mur, en el que se daban indicaciones de no derivar a hospitales a residentes de geriátricos.

Sobre la responsabilidad penal de Ayuso, los denunciantes sostienen que la crisis provocada por el Covid-19 ha terminado convirtiéndose en una pandemia, que tuvo sus primeras manifestaciones a mediados de febrero en España, "aunque ya había conocimiento del mismo por los casos que se habían producido fundamentalmente en China y en Italia entre otros países, no fue abordada por la Comunidad de Madrid, que tiene plenas competencias, como indicaremos más adelante, en Sanidad y en el control de las residencias de personas mayores".

En el relato de los hechos, se expone que "los querellados ejecutan el núcleo de la acción delictiva, que radica en haber omitido acciones tendentes a evitar la propagación del virus en la residencias de ancianos, e incluso habiéndose producido más de 1.000 decesos (cuando se redactó la querella) no se adopta medida alguna omitiendo así los querellados cumplimiento del deber de socorrer a los residentes que es evidente que dada la propagación del contagio en las residencias se encontraban en peligro manifiesto y grave".

"En la Comunidad de Madrid existen 475 residencias con unos 50.000 residentes, de las cuales solo 25 son totalmente públicas, el resto son o privadas totalmente o concertadas, pero con propietarios de las mismas privados que a veces son fondos de inversión opacos", añade la querella.

El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) ha anunciado este lunes que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por el comentario en Twitter del 17 de febrero del portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, Pablo Echenique, por "incitar o reforzar" a quienes participaron en disturbios pidiendo la excarcelación del rapero 'Pablo Hasél' en varias ciudades españolas, entre ellas en Madrid.

En la denuncia contra el diputado, la CEP recuerda que el tuit se publicó a las 21.18 horas, cuando "ya era de dominio público la situación de violencia que estaban provocando los asistentes a la concentración no comunicada" en la Puerta del Sol y en las calles aledañas en el centro de Madrid.

El pasado 17 de febrero, Echenique respaldó los actos de protesta en las calles de diferentes ciudades españolas tras la encarcelación del rapero Pablo Hasél, reclamando una investigación tras la "violenta mutilación del ojo" de una joven en los incidentes de Barcelona.

El sindicato de la Policía Nacional reprocha al portavoz de Unidas Podemos que mostrara "todo su apoyo a los jóvenes antifascistas", por lo que considera que pudo incurrir en un delito por incitar a la violencia, según los artículo 557 y 559 del Código Penal.

También recoge que, cuando publicó su tuit, ya se había dejado constancia del lanzamiento de objetos a los policías y la quema de mobiliario urbano en diferentes ciudades, citando entre ellas Vigo, Tarragona, Barcelona, Gerona, Lérida y Granada. "No cabe duda, en definitiva, de que los protagonistas de esos altercados recibieron un respaldo público cualificado que se constituyó en un elemento reforzador de esos actos vandálicos", sostiene.

La CEP quiere que se cite a Echenique en sede judicial e incorporar las actuaciones documentales llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, en funciones de guardia, durante la noche del 17 de febrero.

La denuncia de la CEP se suma a la queja de otros sindicatos policiales por el tuit de Pablo Echenique. Alternativa Sindical de Policía (ASP) registró una denuncia contra el portavoz parlamentario en una comisaría de Madrid, pidiendo que se diera traslado al juzgado de instrucción en funciones de guardia. Otras organizaciones como JUPOL o el SUP también abogaron por la intervención de la Fiscalía.

Los casos de Covid-19 en las residencias de mayores de Galicia siguen con la tendencia descendente y cuentan con 90 usuarios contagiados, tras ocho altas y ningún nuevo positivo, y 48 trabajadores, después de cuatro altas y cero contagios.

Así se desprende de los datos actualizados este lunes por las consellerías de Sanidade y Política Social, en los que se retiran por negativizar siete usuarios de la residencia DomusVi Laraxe de Cabanas y uno de A Milagrosa de A Coruña.

De este modo, la DomusVi Laraxe cuenta con 39 casos entre los usuarios; Mi Casa Ferrol, con 18; A Milagrosa de A Coruña y DomusVi Carballo, con cuatro cada una; O Casón de Moeche y Fogar Residencial Xardín Castro Lar de Salceda de Caselas, con tres en cada caso; y con dos se siúan la Residencia de Carballeda de Valdeorras, DomusVi Larouco, Quercus de Leiro, Residencia de Viana do Bolo, Mi Casa de Pazos de Borbén y Vivienda Comunitaria Urzáiz de Vigo.

Por su parte, con un positivo cada una se incluyen la Vivienda comunitaria de Vimianzo, Residencia San José de Arzúa, San Bartolomeu de Xove, Vivienda comunitaria Sampedro de A Merca, Fogar Residencial Blanco Amor de Boborás, Vivienda comunitaria Vilar de Santos y Residencia Las Angélicas de Vigo.

TRABAJADORES

En cuanto a los trabajadores, se han registrado cuatro altas: dos trabajadores de la residencia Las Angélicas de Vigo, uno de la Santa Teresa Jornet de A Coruña y otro de la Quercus de Leiro.

Por tanto, la residencia DomusVi Laraxe cuenta con nueve casos; O Casón de Moeche y la Quercus de Leiro, con cinco cada una; Mi Casa Ferrol y Nosa Señora do Carme de Sarria, con cuatro en cada caso; y con tres se sitúan la San José de Arzúa y As Gándaras de Lugo.

Con dos cada una cuentan la Residencia da Pastoriza, San Bartolomeu de Xove, Nuestra Señora Mundil de Cartelle y Las Angélicas de Vigo; mientras que tienen uno A Milagrosa de A Coruña, Fogar Residencial de Cerceda, Nuestra Señora de las Virtudes de Pontedeume, Virxe da Clamadoira de Muíños, DomusVi Ribadumia, Divina Pastora de Vilagarcía y Fogar Residencial Xardín Castro Lar de Salceda de Caselas.

CENTROS DE DISCAPACIDAD

En cuanto a los centros de atención a la discapacidad (CAPD) de Galicia, los usuarios infectados se mantienen en 17, siete de ellos en la Juan Vidán Torres de Santiago y cinco en la Pai Menni de Betanzos.

A ellos se suman los cuatro casos que tiene la residencia Aspanaes de As Pontes y un positivo que contabiliza Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey de Crecente.

Los trabajadores de los CAPD con covid se mantienen también sin cambios en seis: dos en la Pai Menni de Betanzos, uno en CAPD A Coruña, uno en CAPD de Sarria, uno en Aspanaes de As Pontes y otro en DomusVi Bóveda.

El temporal 'Karim', que ha afectado este fin de semana a Galicia, ha causado crecidas en varios ríos a su paso por municipios de las provincias de Ourense y Lugo dada la acumulación de precipitaciones registrada.

En concreto, se ha producido el desbordamiento del río Miño a su paso por Ourense, donde ha alcanzado el nivel inferior de los umbrales establecidos entre la noche de este domingo y la madrugada de este lunes, tras lo que el caudal ha comenzado a descender.

Según datos recabados por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, la profundidad del río Miño superó los 5,20 metros en las últimas horas de este domingo, lo que supuso la anegación de sus márgenes, donde se encuentra la zona termal. Posteriormente, el nivel del agua ha comenzado a disminuir hasta situarse en 4,64 metros en la mañana de este lunes.

El río Limia también ha superado el umbral de activación a su paso por Ponteliñares, en Bande (Ourense), donde la profundidad ha alcanzado los 1,40 metros frente a los 0,20 metros en los que se situó de media el mes pasado. No obstante, no se han producido inundaciones ni incidencias relacionadas con esta situación, según han confirmado fuentes de Protección Civil.

Mientras, el caudal del río Arnoia se mantiene en descenso tras haber alcanzado el umbral de activación y haber superado los 1,70 metros de profundidad en la tarde de este domingo a su paso por la localidad homónima. Así, en la mañana de este lunes el caudal ha vuelto a situarse por debajo del nivel inferior de alerta.

El río Arnoia también ha sufrido crecidas a su paso por Baños de Molgas (Ourense), según ha explicado el alcalde, Xaime Óscar Iglesias, que ha indicado que han provocado la anegación del parque de Ansuíña, situado junto al curso fluvial.

CORTE DE CARRETERAS

Además, las inundaciones han causado que se hayan cortado al tráfico la carretera de acceso al parque Ansuíña y la vía que conecta Baños de Molgas y el Santuario de Nuestra Señora de los Milagros, aunque se prevé reabrir ambas a lo largo de este lunes dada la remisión de las lluvias.

Por su parte, fuentes de la Policía Local Chantada (Lugo) han detallado que el desbordamiento de un arroyo ha provocado la inundación del garaje de un edificio situado en la avenida de Monforte de esta localidad. Así, se han registrado numerosos daños en vehículos que se encontraban estacionados en el interior y ha sido preciso el desplazamiento al lugar de los bomberos, que han achicado el agua.

Por el momento, la Xunta mantiene activo el plan de Riesgo de Inundaciones en Galicia (Inungal) ante el riesgo de que puedan producirse crecidas de los ríos Miñor y Támega en Gondomar (Pontevedra) y Rabal, en Oímbra (Ourense), respectivamente.

Las capitales españolas pusieron una media de 21 multas en 2019 por abandonar los excrementos de los perros en la vía pública, es decir, menos de dos sanciones al mes por este motivo.

Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por Pipper on Tour con cifras oficiales, que revelan que la mayoría de ciudades (31) no puso más de diez sanciones en todo el año y ocho de los ayuntamientos no registraron una sola denuncia (Albacete, Cuenca, Jaén, Lugo, Pontevedra, Tarragona, Teruel y Zamora).

Piper on Tour advierte de que esta "laxitud municipal" en el control de los excrementos genera "descontento" entre los vecinos que tienen perro, ya que "la mayoría cumple con la recogida de los excrementos y ve que la suciedad da una imagen errónea de las mascotas".

Además, subraya que cuando se pregunta a los ciudadanos por la limpieza de las calles, los ayuntamientos "siguen suspendiendo en lo que al rastro de cacas de perros se refiere", con una nota media de 3,6 sobre 10, tal y como refleja el estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en 2019 sobre este tema.

Dicho estudio constata que los excrementos caninos "son el factor más influyente en la impresión que tienen los vecinos sobre el grado de suciedad de las calles".

Pipper on Tour ha preguntado a los ayuntamientos de las 50 capitales por las multas impuestas en 2019 y no 2020 al ser este un año especial debido a la pandemia de coronavirus. Respondieron el 94 por ciento de los consistorios (47), que impusieron una media de 21 sanciones.

MÁLAGA Y HUELVA, LAS QUE MÁS MULTAN

Las únicas dos ciudades que destacan por haber realizado un esfuerzo sancionador son Málaga (262 multas) y Huelva (245). El resto oscila entre 0 y 80 multas, pero hay que resaltar que la mayoría (31 ciudades) no impusieron más de diez en todo el año o directamente no sancionaron a nadie.

Por otro lado, algunas ciudades han comenzado en los últimos años a sancionar también cuando el perro orina donde no debe, como Almería, que en 2019 impuso otras 18 multas por esta cuestión o Cádiz (27 denuncias).

La mayor parte de las ordenanzas de las capitales de provincia contemplan sanciones leves para quienes se saltan la norma de recoger los excrementos, con multas que oscilan entre los 60 y los 600 euros, con algunas excepciones como Madrid, donde la norma es algo más dura, con multas de entre 750 y 1.500 euros.

De todos los ayuntamientos de capitales de provincia, el estudio destaca que seis contemplan en sus ordenanzas sanciones por encima de los 500 euros para los dueños de perros que no recojan los excrementos, y las multas no superan en ningún caso los 1.500 euros (Albacete, Badajoz, Cuenca, Gerona, Huelva, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife).

Los responsables de los departamentos de seguridad y medio ambiente de los ayuntamientos consultados por Pipper on Tour "se lamentan de que no pueden poner un agente de Policía en cada esquina y, mucho menos, pillar 'in fraganti' a los infractores", por lo que estos casi siempre quedan impunes de su falta.

El estudio resalta que Málaga es la única capital de provincia que tiene un sistema que le permite sancionar sin necesidad de sorprender al sujeto en el momento de vulnerar la norma (también lo tienen activo otras 26 pequeñas localidades españolas).

Allí, todos los vecinos están obligados a registrar el ADN de su perro en el veterinario, lo que permite al ayuntamiento recoger muestras de excrementos abandonados, analizar su huella genética y multar a los responsables. De las 262 multas impuestas por Málaga en 2019, 74 se tramitaron gracias al censo de ADN, que está en proceso de implantación.

Zaragoza también está creando un censo de ADN, pero aún no ha comenzado a usarlo para sancionar; y Tarragona, que no impuso ninguna multa por abandono de heces en 2019, reguló el censo pero no lo ha desarrollado.

Por su parte, Huelva atribuye sus 245 multas a dos campañas puntuales que realizó en 2019 tras auditar las zonas de la ciudad más afectadas por la suciedad. En ellas desplegó agentes de paisano para sancionar a los infractores.

El Rey Felipe VI presidirá este martes el acto organizado por el Congreso de los Diputados para conmemorar el cuadragésimo aniversario del fracaso de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 y de paso celebrar la vigencia de la Constitución española de 1978.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, será la encargada de abrir esta ceremonia, que comenzará a la una del mediodía en el Salón de Pasos Perdidos y, tras su intervención, tomará la palabra el Jefe del Estado.

Batet recibirá al Rey en la Carrera de San Jerónimo junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Senado, Pilar Llop; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; y el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Como suele ser habitual cuando acude al Congreso, Felipe VI, acompañado de los representantes de las altas instituciones del Estado, accederá al Palacio por la conocida como Puerta de los Leones y se dirigirá al Escritorio del Reloj para saludar a los invitados.

REPRESENTANTES DE LOS PODERES DEL ESTADO

En esa lista se encuentran los ponentes de la Constitución, los cuatro vicepresidentes del Gobierno, los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados y los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.

También está prevista la presencia del presidente del PP, Pablo Casado, en su calidad de líder de la oposición. Así las cosas, Sánchez y Casado se verán las caras en este acto cuando sus partidos están ultimando un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace más de dos años.

De entrada, ERC, PNV, Bildu, Junts, el PDeCAT, el BNG y la CUP ya han avanzado que no acudirán a esta cita, en línea con lo que suelen hacer en los actos en los que participa el Rey o que conmemoran los aniversarios de la Constitución.

Quienes sí han confirmado su asistencia, además del PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos, es Unidas Podemos, que apoyó la celebración de este aniversario en la Mesa del Congreso, así como Más País-Equo y buena parte del Grupo Mixto.

La última vez que el Rey estuvo en el Congreso fue el pasado 2 de febrero para asistir a la Apertura Solemne de las Cortes Generales de la XIV legislatura. Un año después, regresa al Palacio de San Jerónimo en esta ocasión para participar en la citada efeméride.

SIN EL REY EMÉRITO

Este martes se cumplirán 40 años de la intentona golpista protagonizada por el entonces coronel Antonio Tejero, que irrumpió con un nutrido grupo de guardias civiles en el hemiciclo del Congreso mientras se votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. En el fracaso del 23F tuvo mucho que ver el entonces Jefe del Estado, Juan Carlos I, que se encuentra residiendo desde agosto en Abu Dabi (Emiratos Árabes).

Precisamente por ello el senador del PP Rafael Hernando ha cuestionado que se pueda rememorar el 23F sin la presencia de quien contribuyó a desmontar la intentona golpisa y a la continuidad de la democracia constitucional.

La Catedral de València expone una muestra con 14 dioramas o escenas con paisajes y figuras hechas a mano sobre la Pasión de Cristo, una iniciativa que se suma a las programadas en el marco del 'Año jubilar eucarístico del Cáliz de la Pasión'.

La exposición fue bendecida este domingo por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y coincide con el inicio del tiempo litúrgico de la Cuaresma, el pasado Miércoles de Ceniza.

Esta muestra, cedida por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Providencia de Alboraia, se puede ver hasta el fin de semana previo a la fiesta de san Vicente Ferrer, anuncia el Arzobispado en un comunicado.

Las piezas están instaladas en la zona de acceso libre de la Seo, en la nave lateral entrando por la Puerta de los Hierros junto al acceso al Micalet. Pretende ofrecer un recorrido a modo de catequesis para entender mejor cómo fue la Pasión de Cristo, "más aún en este tiempo de Cuaresma que vivimos".

Los 14 dioramas son escenas tridimensionales que muestran los episodios de la entrada de Jesús en Jerusalén, la Santa Cena, la oración y el prendimiento en el huerto, Jesús ante el Sanedrín, la flagelación, la sentencia, el pretorio (Jesús ante Pilatos), el camino de la amargura, el calvario, el descendimiento, el traslado al sepulcro y la resurrección.

En ellas se pueden figuras realizadas por el taller artesano del reconocido belenista José Luis Mayo, de Madrid, y paisajes y elementos decorativos hechos a manos por miembros de la hermandad con distintos materiales como corcho y cartón reciclable.

Esta exhibición, al igual que la que acogió la Catedral de València en torno a la Natividad, fueron expuestas en los últimos años en numerosas localidades de la diócesis y de otros puntos de España.

La programación del año incluye dos exposiciones más. La primera, también en el tiempo de Cuaresma, con paneles explicativos sobre las últimas investigaciones del catedrático de Diseño de la Universitat Politècnica de València (UPV) Gabriel Songel.

Ya en septiembre llegará el turno de otra sobre los instrumentos de la Pasión, en colaboración con el Centro Español de Sindonología, con reproducciones de la lanza o la corona de espinas y con una imagen de Cristo yacente a la luz del estudio forense de la Sábana Santa.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha afirmado que "no es momento de hablar de medidas aperturistas" ente la covid-19 y no ha concretado fecha para una nueva reunión del comité de expertos. La ha situado, en todo caso, "a final de esta semana o principios de la siguiente", en función de la evolución que haya en los próximos "dos o tres días".

Así lo ha señalado este lunes en Jaén, donde ha visitado el nuevo Laboratorio de Salud Pública ubicado en el Centro de Salud Bulevar, y a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que se puedan aligerar las restricciones actuales.

Aguirre ha pedido que los datos "no llamen a engaños", ya que, aunque la incidencia va "bajando de forma paulatina", todavía estamos al nivel de la primera ola". De hecho, Andalucía sigue en riesgo extremo, con una tasa acumulada de 288,79 casos por cada 100.000 habitantes --solo Jaén y Córdoba han pasado a riesgo alto al presentar una tasa inferior a 250 positivos-- y hay 2.338 personas hospitalizadas, "cinco más que ayer". De ellas, 564 están en la UCI, lo que supone 17 menos.

A ello el titular de Salud ha sumado que la vacunación de la covid-19 ha llegado actualmente al 2,5 por ciento de la población andaluza, "una cifra muy pequeña" teniendo en cuenta que la comunidad cuenta con 8,4 millones de habitantes.

RELAJACIÓN DE MEDIDAS "AUTOMÁTICA"

En este sentido, ha indicado que "todo se irá viendo" y ha subrayado "lo importante no es salvar la Semana Santa, sino salvar vidas", aunque intentando buscar en la medida de lo posible un "equilibrio" entre salud y economía. Ha recordado, además, que "de forma automática" se da una desescalada con apertura de municipios y actividad esencial al bajar la incidencia de 500 o 1.000 casos o cuando el nivel de alerta sanitaria desciende de cuatro a tres y eso permite también cuestiones como la ampliación de aforos.

El consejero ha aludido a otros parámetros no afectados por la evolución de la pandemia en cada área --el cierre perimetral de todas las provincias y de la comunidad, la limitación a las 18,00 horas para la actividad no esencial y el máximo de cuatro personas en reuniones-- y que "solo bajarán si la incidencia baja de una forma muy importante". Una circunstancia que, con riesgo extremo, no se da "por ahora"

Por ello, ha hecho hincapié en que "no es momento todavía de hablar de medidas aperturistas" y máxime mientras el comité el expertos no sea el que lo aborde. Preguntado, precisamente, si se reunirá este viernes para analizar una posible modificación de las actuales medidas, ha explicado que, "según la evolución en estos dos o tres días", se decidirá si se convoca "para final de esta semana o principios" de la que viene, "una vez pasado el puente del Día de Andalucía".

Aguirre también se ha referido a la movilidad de cara a Semana Santa y ha apuntado al grupo de grupo de trabajo creado en el Consejo Interterritorial de Salud para "el abordaje selectivo" de esta "época de movimiento", como ya se hizo en Navidad. Se trata, según ha añadido, de lograr "un planteamiento lo más cohesionado posible (entre las autonomías) para ver si se contempla o no la movilidad entre comunidades", lo que, a su vez, "tendrá mucho que ver con la movilidad entre provincias".

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado este lunes que "el gran reto del PP es unir al centroderecha en torno a un proyecto político firme e ilusionante" y ha recalcado que su partido "desde hace tiempo está trabajando" para unir a los votantes de Ciudadanos y Vox en torno al PP con el objetivo de hacer frente en las próximas generales al "dúo" que conforman Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Dicho esto, ha defendido la "adhesión por la base", descartando así alianzas entre partidos.

"Nosotros queremos unir a los votantes. Creemos que se demuestra claramente que en este momento lo que necesita España es un proyecto de adhesión por la base y de aglutinar a muchos que creen en lo fundamental y que dejan fuera lo que les separa", ha asegurado García Egea en una entrevista en la cadena COPE, enterrando de esta forma iniciativas que los 'populares' manejaron en el pasado como 'España Suma'.

Al ser preguntado si habrá algún tipo de negociación entre PP y Cs para llegar a un acuerdo entre ambos partidos o incluso algún tipo de fusión, García Egea ha admitido que "el gran reto del PP es unir al centroderecha en torno a un proyecto político firme e ilusionante" y ha agregado que para eso para falta "la generosidad" que su partido "ya está demostrando" en sus gobiernos de coalición, así como "inteligencia, perseverancia y altura de miras".

El 'número dos' del PP ha señalado que cuando Casado en verano de 2018 asumió la Presidencia del PP se encontró el centroderecha "roto en tres pedazos" y ha añadido que las elecciones catalanas del 14 de febrero "han vuelto a demostrar", como ya ocurrió en las generales de 2019, que "esa unidad del centroderecha no es una opción, es un imperativo".

"Si Pedro Sánchez encontrara una lámpara maravillosa un día paseando por la playa, lo que le pediría al genio de la lámpara es que el centroderecha siguiera así como está, dividido y con fuerzas que están enfrentadas o cada una por su sitio", ha enfatizado.

LA DIVISIÓN, "EL PARAÍSO SOÑADO DEL DÚO SÁNCHEZ-IGLESIAS"

Tras insistir en que la "división del centroderecha es el paraíso soñado del dúo Sánchez-Iglesias", ha afirmado que eso tiene que "acabarse con un antídoto, que es el centroderecha unido". "Nosotros queremos unir todos esos votos, todas esas personas que creen en lo fundamental en torno al PP porque esta división realmente está haciendo mucho daño a España", ha aseverado.

García Egea ha afirmado que "desde hace tiempo están trabajando en el PP de Pablo Casado para unir a todos en torno a unas siglas y a un proyecto ilusionante que permita hacer frente al dúo Sánchez-Iglesias".

Preguntado entonces si eso incluye también a Vox, García Egea ha indicado que su partido quiere "unir a los votantes" y ha insistido en que España necesita "un proyecto de adhesión por la base". En este punto, ha criticado que la formación de Santiago Abascal haya optado por "ir contra Europa" o "apoyar al Gobierno en momentos clave de esta legislatura" como el decreto de los fondos europeos.

Así, García Egea ha recriminado a Vox que su "inexplicable" abstención permitiera al Ejecutivo la aprobación de ese decreto para el reparto de 140.000 millones de euros y que ayudan a Pedro Sánchez en "la consolidación total de la legislatura".

"Decía que iban a ser 140.000 millones digitales y verdes. Ahora entendemos por qué. Son digitales porque se darán a dedo desde la Moncloa y son verdes porque han sido apoyados por Podemos", ha ironizado, para afirmar que PP y Vox son "partidos distintos" y su formación quiere "aglutinar" a los votantes que piensan lo mismo "en lo fundamental" y quieren vivir "en una España en paz y en libertad".

"VOX PRESENTÓ UNA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA EL PP"

Preguntado entonces si el PP competirá por esos votantes pero descarta cualquier tipo de alianza estratégica, García Egea ha admitido que es "difícil" esa alianza y ha añadido que Vox "presentó una moción de censura contra el Partido Popular", no contra Pedro Sánchez.

"Esa moción lo que hizo fue unir todavía más al Frankenstein que hoy forman Sánchez, Iglesias, ERC y todos sus socios", ha enfatizado, para añadir que "no cuenten con el PP para operaciones para reforzar a ese Gobierno Frankenstein".

Después de que el PP haya acusado a Podemos de "amparar la violencia" en los altercados en las protestas por Pablo Hasel y si eso podría ser escenario para una moción de censura, García Egea ha subrayado que no dan los números para esa moción de censura y ha añadido que "lo único que conseguiría, como la de Vox, es reforzar más al Frankenstein".

García Egea ha señalado que el PP tiene que empezar a preparar esa moción de censura "desde ya" pero para "hacerla cuando Sánchez convoque las elecciones" porque "el único que puede hacerlefrente en las urnas es Pablo Casado" como, a su juicio, reconocen las encuestas que se publican. "Dejémonos de experimentos, dejémonos de elucubraciones", ha enfatizado, para añadir que "conviene no engañar a la gente.

La Audiencia Nacional que juzgó la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) ha ordenado que se repatríen a España más de 50 millones de euros que se encuentran "bloqueados" en cuentas bancarias en Suiza del líder de la red corrupta, Francisco Correa, del que fuera su 'número dos', Pablo Crespo, y del extesorero del PP Luis Bárcenas.

La Sección de Ejecutorias de la Audiencia Nacional dictó un decreto de ejecución por el que, en conformidad con la sentencia firme del Tribunal Supremo del pasado octubre sobre los primeros años de actividades de la Gürtel, insta a solicitar a las autoridades suizas que transfieran ciertas cantidades de las cuentas de estos condenados para que puedan hacer frente a la "responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias".

Según indica el decreto de ejecución dictado el pasado 12 de febrero, las cuentas fueron bloqueadas durante la instrucción del caso, por lo que acuerda que se "pasen las actuaciones al magistrado ponente" para que solicite "auxilio judicial internacional" a Suiza y ponga a disposición de la Audiencia Nacional un total de 50.342.107,52 euros.

En concreto, pide al banco Credit Suisse 24.041.213 euros que están "bloqueados" en la cuenta de la empresa Golden Chain Properties, S.A., que se integraba en el entramado societario del líder de la Gürtel, Francisco Correa, condenado a 51 años de prisión por los primeros años de la trama. Según el decreto de ejecución, esta cuenta estaría gestionada por el administrador de cuentas Arturo Fasana.

A esta misma entidad también se le pide la transferencia de 2.135.046 euros en la cuenta del que fuera mano derecha de Correa, Pablo Crespo, condenado a 36 años y ocho meses por el Supremo por esta pieza de la Gürtel, a nombre de la sociedad Mall Business S.A. El 'número dos' de la red corrupta también dispone de 113.138,16 euros en una cuenta bancaria del banco Mirabaud, cuyo titular es la empresa Clearvill Group S.A., que también han sido reclamados por la Audiencia Nacional.

En cuanto a Luis Bárcenas, condenado a 29 años y un mes de prisión, la Audiencia Nacional solicita la repatriación de más de 22,8 millones de euros depositados en cuatro cuentas bancarias. El extesorero dispone gran parte de estos fondos en dos depósitos a nombre de la empresa Tesedul S.A: una, en la entidad Lombard Odier, donde se encuentran 10.584.701 euros, y otra en LGT Bank, en la que mantiene 11.830.689,92 euros.

La otra parte del dinero se encuentra en dos cuentas bancarias a nombre de otra empresa vinculada al extesorero del PP, Granda Global S.A., y administradas por el que habría sido su testaferro Iván Yáñez, penado con un año y 10 meses de cárcel por la Gürtel. Concretamente, la Audiencia Nacional solicita al banco LGT Bank 438.311,44 euros y a la entidad Banque SYZ un total de 1.199.008 euros.

El Supremo señala en su sentencia que el tribunal que juzgó la trama Gürtel analizó detalladamente que el extesorero del PP --quien está siendo juzgado por la presunta caja 'b' del PP y que, además, ha manifestado su voluntad de colaborar con la Justicia-- tenía en Suiza varias cuentas para ocultar las ganancias generadas por sus ilícitas actividades, y que, por ello, realizó sucesivos traspasos de sus fondos a las que estaban a nombre de las empresas Tesedul y Granda Global.

El 99,5% de los casi 47.000 grupos que hay en las escuelas y los institutos valencianos sostenidos con fondo públicos ha seguido las clases presenciales sin que se haya presentado ningún incidencia en la semana que va del 15 al 19 de febrero. Así lo destaca la Conselleria de Educación, que subraya que el total de aulas confinadas se reduce un 53% y se sitúa en los niveles de inicio de curso.

En concreto, de los 1.845 centros educativos que conforman el sistema educativo valenciano, ha concluido la semana sin ningún aula confinada el 93%, es decir, 1.715 centros. Estos datos se extraen de la determinación de grupos nuevos confinados durante la segunda semana de febrero, grupos que permanecen confinados de semanas anteriores y grupos que ya se han desconfinado.

Se ha determinado el confinamiento de 68 grupos de 42 centros educativos, 56 grupos menos que en la semana anterior. Eso supone una caída del 45% en el ritmo de nuevos confinamientos. Esta es la segunda cifra más baja de confinamientos desde el inicio de curso, informan desde el departamento que dirige Vicent Marzà.

Se han desconfinado 305 grupos de 175 centros educativos. Desde que el pasado 7 de enero se reabrieran los centros educativos después de las vacaciones, esta semana es la cuarta consecutiva en la que los desconfinamientos de aulas superan los aislamientos preventivos.

Permanecen confinados de otras semanas 146 grupos de 88 centros educativos. Por tanto, el total de grupos confinados al finalizar la semana pasada ha sido de 214 grupos de 130 centros educativos. El acumulado de aulas confinadas se reduce un 53%.

De los 818.644 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP, hay un 0,3 % de positivos activos, 2.243 alumnos.Con la aplicación de los protocolos y las medidas de seguridad, se ha establecido el aislamiento preventivo, por haber sido contactos estrechos con positivos, de un 0,7 % de alumnos.

PROFESORADO

Por lo que respecta al profesorado, de los 78.434 docentes del sistema educativo valenciano, se ha registrado un 0,5 % de positivos activos, eso es 378 docentes.

Además, con la aplicación de las medidas estrictas de prevención y protección de contactos estrechos con positivos activos, se ha determinado el aislamiento preventivo de un 0,6 % del profesorado.

Desde Educación hacen notar que "todos los indicadores muestran que el impacto de la Covid-19 en las aulas está retrocediendo a los niveles de inicio de curso gracias a las últimas restricciones aplicadas por la Generalitat y el esfuerzo constante de la comunidad educativa en el cumplimiento de los protocolos de seguridad que hacen que el ámbito educativo ayude en la detección y contención de la propagación de contagios, que provienen fundamentalmente del ámbito social".

DATOS POR PROVINCIAS

Por provincias, el 93,3% de los 638 centros educativos de las de Alicante no tiene ningún grupo confinado. Hay 43 centros educativos alicantinos que tienen 69 grupos confinados y, por tanto, el 99,6% de los cerca de 16.700 grupos de estas comarcas recibe clases presenciales con toda normalidad.

En las comarcas alicantinas, durante la semana pasada, se determinó el confinamiento de 27 grupos de 15 centros educativos, se han desconfinado 112 grupos de 59 centros educativos y permanecen confinados, de semanas anteriores, 42 grupos de 28 centros educativos.De los 297.281 alumnos escolarizados en las comarcas de Alicante, hay un 0,3 % de positivos activos, 873 alumnos.

Con el establecimiento de los protocolos y las medidas de seguridad, se ha determinado el aislamiento preventivo, por haber tenido contacto estrecho con positivos, de un 0,8 % de alumnos.

Por lo que respecta al profesorado, de los 27.694 docentes de las comarcas de Alicante, se ha registrado un 0,5 % de positivos activos, eso es 133 docentes.

Además, con la aplicación de las medidas estrictas de prevención y protección de contactos estrechos con positivos activos, se ha determinado el aislamiento preventivo de un 0,6 % del profesorado.

En Castellón, el 90,8% de los 249 centros educativos no tiene ningún grupo confinado. En este caso, son alumnos de 39 grupos de 23 centros los que se han debido confinar. Eso quiere decir que el 99,4% de los más de 6.000 grupos de estas comarcas hace clases presenciales sin problemas.

A lo largo de la semana pasada, en esta demarcación se ha determinado el confinamiento de 8 grupos de 6 centros educativos, se han desconfinado 29 grupos de 22 centros educativos y permanecen confinados, de otras semanas, 31 grupos de 17 centros educativos. De los 96.763 alumnos escolarizados de Castellón, hay un 0,4 % de positivos activos del total de alumnado, 346 alumnos.

Con el establecimiento de los protocolos y las medidas de seguridad, se ha determinado el aislamiento preventivo, por haber sido contacto estrecho con positivos, de un 0,8 % de alumnos.

En cuanto a los docentes, de los 9.867 docentes de las comarcas de Castellón, se ha registrado un 0,5 % de positivos activos, eso es 50 docentes. Además, con la aplicación de las medidas estrictas de prevención y protección de contactos estrechos con positivos activos, se ha dispuesto el aislamiento preventivo de un 0,4 % del profesorado.

En las comarcas de Valencia, el 93,3 % de los 958 centros educativos sostenidos con fondo públicos no tiene ningún grupo escolar confinado.

Hay 64 centros que tienen 106 grupos confinados, es decir, el 99,6% de los cerca de 24.300 grupos hace clases presenciales con toda normalidad.

Finalmente, durante la semana del 15 al 19 de febrero, en las comarcas de Valencia se ha determinado el confinamiento de 33 grupos de 21 centros educativos, se han desconfinado 164 grupos de 94 centros educativos y permanecen confinados, de otras semanas, 73 grupos de 43 centros educativos. De los 424.600 alumnos escolarizados en las comarcas de Valencia, hay un 0,2 % de positivos activos, 1.024 alumnos.

Con el establecimiento de los protocolos y las medidas de seguridad se ha determinado el aislamiento preventivo, por haber sido contacto estrecho con positivos, de un 0,7 % de alumnos.

Por lo que respecta al profesorado, de los 40.873 docentes de Valencia, se ha registrado un 0,5 % de positivos activos, eso es 195 docentes. Además, con la aplicación de las medidas estrictas de prevención y protección de contactos estrechos con positivos activos, se ha determinado el aislamiento preventivo de un 0,6 % del profesorado.

El PSOE defenderá este martes en el Congreso una iniciativa en la que urge al Gobierno a regular los 'lobbies' o grupos de interés con el fin de dar más transparencia a su "incidencia política" y en la que sugiere, además, que se sancione a los políticos y lobistas que no publiciten sus reuniones.

Así se recoge en la proposición no de ley, que los socialistas someterán a debate u votación de la Comisión Constitucional del Congreso, que se reunirá este martes en sesión matutina.

En concreto, el PSOE aboga en su texto por regular la labor de los grupos de presión y por la creación de un registro específico para ellos, ya sea a nivel de la Administración General o del Parlamento.

Esa regulación, según apunta, debería definir claramente qué se considera "grupo de interés y actividad de influencia" e incluir el código de conducta que deberían cumplir los lobistas que se apunten al registro.

Y QUE HAYA UN SISTEMA DE CONTROL

Además, recalca la necesidad de establecer un sistema de control y fiscalización de asegure que se cumple lo establecido por la ley: "alerta, procedimientos de investigación, organismos encargados del control la publicidad de los contactos mantenidos con los grupos de interés durante la elaboración de normativa y su participación previa en la elaboración de las normas", así como "un régimen sancionador contra lobistas y cargos públicos que incumplan la ley".

El PSOE recuerda en su proposición que algunas comunidades han empezado ya a regular la actuación de los 'lobbies' y subrayan la conveniencia de que el se impulse también una normativa estatal para regular su actuación.

Juventudes Socialistas de España (JSE) ha hecho un llamamiento este lunes, con motivo del Día Europeo de la Igualdad Salarial, a acabar con la brecha salarial, como paso para lograr la "igualdad real" entre hombres y mujeres y avanzar también en "calidad democrática".

"Se trata de una cuestión de calidad democrática: no podemos seguir hablando de mejorar la democracia si no mejoramos las condiciones de vida de las mujeres como ciudadanas y como trabajadoras", asegura en un comunicado la organización juvenil socialista, y que lidera Omar Anguita.

Según afirma el secretario general de JSE, "avanzar en igualdad es una responsabilidad compartida en la que deben implicarse todas las fuerzas políticas y sociales". "La defensa de la igualdad entre hombres y mujeres es el eje de la agenda política, tanto de JSE como del PSOE. Y solo si acabamos con la brecha salarial podremos empezar a hablar de la igualdad real", afirma.

Asimismo, JSE lamenta que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la brecha salarial en España se sitúe en el 21,4%. "Una desigualdad que se da en todos los sectores de ocupación y aspectos de remuneración, en todas las edades, con especial incidencia entre las mujeres jóvenes, e incluso en el tipo de contratación y jornada", añaden.

LAS MUJERES, LAS MÁS PERJUDICADAS EN EL MERCADO LABORAL POR LA COVID

Además, apuntan que esta desigualdad se ha visto incrementada por las consecuencias sociales y económicas derivadas de la COVID-19. "Las mujeres, durante estos meses, no solo han estado en la primera línea, ya que ocupan el 72% de los puestos sanitarios, sino que también han sido las más perjudicadas en cuanto al mercado laboral, al ser mayoría en el sector servicios", apostillan.

En este sentido, afirman que en el contexto pandémico, "el aumento de la demanda de trabajo de cuidados ha profundizado las desigualdades que ya existían". "Si ya antes las mujeres dedicaban tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, el cierre de los centros educativos durante la primera ola de la pandemia supuso más presión y más exigencias para ellas", asegura JSE.

En todo caso, la secretaria de Igualdad de JSE, Laura Jurado, destaca que "el Gobierno encabezado por los y las socialistas ha trabajado durante estos meses para que los planes y medidas de recuperación implementados abordaran la perspectiva de género".

Además, la secretaria de Empleo de las JSE, Ana Belén Domínguez, recuerda que el Gobierno aprobó la ampliación de los permisos de paternidad, "con el objetivo de avanzar en la corresponsabilidad en los cuidados".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos cargos chavistas han multiplicado en las últimas semanas sus críticas y acusaciones hacia el Gobierno español, aprovechando entre otras cosas la situación interna en España en torno a la polémica por el encarcelamiento del rapero 'Pablo Hasél'.

Por una parte, las acusaciones han estado centradas en la supuesta complicidad de España, y principalmente del que fuera el embajador español en Caracas, Jesús Silva, en supuestas acciones violentas orquestadas por el líder opositor Leopoldo López, quien permaneció refugiado durante más de un año en la Embajada española antes de huir el pasado octubre a Madrid.

En este sentido, el propio Maduro dijo la semana pasada que el Gobierno español "se hace el sordo" frente a las pruebas que incriminarían en presuntas acciones violentas a Leopoldo López, recriminando al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su "falta de coraje" para entregar a quien considera un líder "golpista".

Según el presidente venezolano, el líder de Voluntad Popular ha participado "en todos los intentos de golpe de Estado que ha habido en los últimos años", pero el Gobierno español "se hace el ciego, el mudo y el sordo" para no atender a las pruebas contra López.

Así, aseguró que las autoridades españolas tienen ya en su poder estas supuestas pruebas, que salpicarían también al exembajador Jesús Silva, señalado desde Caracas como "protector" y "correo" dentro de la Operación Gedeón, como se conoce a una operación destapada en 2020 para derrocar a Maduro y con la que también se vincula a López.

Precisamente, a finales de enero, el presidente de la nueva Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, acusó a Leopoldo López de ordenar y planificar un ataque con bombas contra la sede del legislativo.

"Aún desde España, el señor Leopoldo López planificó un ataque con bombas a la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela", denunció, asegurando que el Gobierno tenía pruebas y que se había detenido a una persona que se iba a encargar de colocar los explosivos.

Rodríguez se refirió en particular a las gestiones realizadas por López durante los meses que pasó acogido en la Embajada española en Caracas, señalando expresamente al antiguo embajador, que dejó el cargo a principios de noviembre.

Según el dirigente chavista, Jesús Silva "fue el mayordomo de Leopoldo López mientras se encontraba en la residencia del embajador de España en Venezuela" y todos los delitos en los que participó el líder opositor "se planificó con la complicidad de Jesús Silva".

Ante estas acusaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores recalcó que el Gobierno español "no practica la injerencia en asuntos internos ni participa en la planificación de actos violentos y contrarios al ordenamiento interno de otros estados". Mientras estuvo al frente de la Embajada en Caracas, Silva actuó "siempre con arreglo a estos principios que rigen nuestra política exterior", se defendió.

ACUSACIÓN DE PLANES GOLPISTAS

Sin embargo, las críticas y los señalamientos desde Caracas no han cesado y el pasado viernes la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, al hilo de la próxima visita de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, a Colombia esta semana, volvió a poner al Gobierno en el disparadero.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez "hereda el extremismo de (Donald) Trump, cobija a connotado terrorista y extremista en España", en referencia a Leopoldo López, y articula con el presidente colombiano, Iván Duque, "planes golpistas y desestabilizadores contra Venezuela desde Colombia".

Además, al margen de estas acusaciones en relación con las actividades de Leopoldo López, tanto Maduro como sus ministros han aprovechado los acontecimientos internos en España para poner en entredicho al Gobierno.

Así, el propio mandatario se refirió en su rueda de prensa de la semana pasada al caso del rapero 'Pablo Hasél', que "ha alarmado a la comunidad internacional. "Solamente por cantar está preso", aseveró, defendiendo que el rap "es un género de música rebelde, crítica, necesaria".

Su ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, ya se había referido previamente al caso, sosteniendo que es "imposible no expresar solidaridad" con Hasél tras "un caso incomprensible". "Ojalá haya reflexión por parte de las instituciones. Aunque si refugiaron y protegen hoy a un terrorista como Leopoldo López... ¿Qué les puedo decir?", escribió en Twitter.

DOBLE RASERO DEL GOBIERNO ESPAÑOL

Esta ha sido precisamente la vía utilizada nuevamente este domingo por Arreaza para una nueva andanada contra el Gobierno. El ministro venezolano han denunciado el "doble rasero" del Ejecutivo español, al hacerse eco de un tuit de Sánchez en el que reaccionaba a los disturbios durante las protestas por el encarcelamiento de Hasél.

"La democracia española ampara la libertad de manifestación y de expresión. Pero la democracia jamás amparará la violencia. Es lo contrario a la democracia", sostiene Sánchez en su mensaje, en el que expresa la intención del Gobierno de "ampliar y mejorar la protección de la libertad de expresión".

En este sentido, Arreaza ha sostenido que "en las guarimbas de 2014 y 2017", en referencia a las manifestaciones antigubernamentales, "en los intentos de golpe e intentos de imponer gobiernos fake para generar una confrontación en Venezuela", en referencia a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado, "España apoyó abiertamente las manifestaciones violentas, reconoció el gobierno ficticio y le dio amparo a los violentos".

La arremetida por parte de Caracas se produce después de que el Gobierno español no haya reconocido las elecciones parlamentarias del pasado mes de diciembre, boicoteadas por el grueso de la oposición y ganadas por el chavismo.

No obstante, en línea con sus socios europeos, el Gobierno también ha pasado a considerar a Guaidó como un interlocutor destacado de la oposición, cesando abiertamente su reconocimiento como presidente encargado del país, toda vez que su mandato al frente de la Asamblea Nacional expiró el pasado 5 de enero, si bien tanto España como la UE mantienen que la anterior asamblea sigue siendo "la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral".

El Ayuntamiento de Burjassot (Valencia) y la Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco Ibáñez han llegado a un acuerdo para poner en marcha en el municipio un Centro de Estudios dedicado a divulgar la figura y la obra del escritor, periodista y político, así como para destacar la "estrecha vinculación que éste mantuvo con esta localidad y sus vecinos". La iniciativa contempla la futura creación de un Museo Blasco Ibáñez, ha anunciado la corporación municipal.

Actualmente, se están estudiando las posibles ubicaciones del Centro de Estudios, donde está previsto que se desarrollen, en una primera fase, talleres para la difusión de la figura de Blasco Ibáñez entre los vecinos de Burjassot, especialmente los más jóvenes, a la que seguirá una segunda fase en la que se potenciará el turismo cultural vinculado al autor de obras tan conocidas a nivel mundial como 'Sangre y Arena' o 'Los cuatro jinetes del Apocalipsis', reanudando la ruta 'Blasco Ibáñez y Burjassot', inaugurada en 2017, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.

La implicación del Ayuntamiento de Burjassot por poner en valor la figura de uno de los autores más relevantes del panorama literario valenciano "no es nueva en el municipio", subraya el consistorio a través de un comunicado.

Así, entre 1994 y 1998, Burjassot ya contó con un Centro de Estudios Blasco Ibáñez, que desarrolló numerosas actividades, entre las que destacó el acercamiento al Círculo Blasco Ibáñez de Mentón, localidad francesa en la que el escritor fijó su última residencia (Fontana Rosa) y donde falleció en 1928, lo que desembocó en el hermanamiento de ambas ciudades.

Los términos del acuerdo son similares a los que la Fundación C.E. Vicente Blasco Ibáñez mantiene con el Ayuntamiento de València y que permitieron la puesta en marcha, en 1997, de la Casa-Museo Blasco Ibáñez, en el chalet que éste construyó en la playa de la Malvarrosa.

Las circunstancias actuales, derivadas de la pandemia por la Covid-19, han obligado a aplazar el inicio del proyecto, que incluye la futura creación de un Museo Blasco Ibáñez, "completando así la oferta de turismo cultural que ofrece el municipio, que ya cuenta con destacados edificios, como el Castillo-Palacio de San Juan de Ribera, la Iglesia de San Miguel Arcángel, o el conjunto monumental de Los Silos, único en su género y catalogado como Monumento Histórico Artístico de Carácter Nacional".

ARRAIGO

Hombre con marcada personalidad, profunda trayectoria política y literaria, Blasco Ibáñez tenía un estrecho arraigo con Burjassot donde, como es sabido, residió largas temporadas, e incluso sitúa algunos pasajes de 'Arroz y tartana', una de sus más célebres novelas.

En la casa de la familia, que aún se conserva en la Plaza Emilio Castelar, Vicente Blasco Ibáñez escribió algunas de sus primeras novelas. Entre 1901 y 1918 fue sede del casino republicano de Burjassot, y sede del PURA, el partido "blasquista". Además, se tiene constancia de que en esa casa estuvo, invitado por el propio Blasco, su amigo y maestro Constantí Llombart, padre de la Renaixença Valenciana.

La vinculación de Blasco Ibáñez con Burjassot era tal que durante las campañas electorales que le llevaron a ser diputado en Cortes (entre 1898 y 1906) siempre acudía a Burjassot para abrir o cerrar las campañas, y llegó a decirles a sus vecinos: "En las pasadas elecciones -repito- el batallón republicano de Burjassot decidió nuestra victoria".

En 1917, con motivo de su 50 aniversario, el Ayuntamiento de Burjassot acordó darle su nombre a la calle Mayor ya en 1931, tras proclamarse la II República, se inició en Burjassot una suscripción pública para levantar una estatua en honor de Blasco Ibáñez, que se encargó al escultor Francisco Marco Díaz-Pintado.

Finalmente, el acto de colocación de la primera piedra se celebró el 10 de febrero de 1935, presidido por el Ministro de Instrucción Pública, si bien no se pudo inaugurar hasta el 17 de abril de 1938, en plena Guerra Civil.

Al finalizar ésta, la estatua fue destruida, siendo repuesta nuevamente en su localización actual, en el Paseo de Concepción Arenal, el 17 de abril de 1982, en un acto que contó con la presencia de su hijo, Sigfrido, y su biógrafo, José L. León Roca. Desde ese momento, su estatua preside el paseo junto a los Silos, uno de los puntos más populares entre los vecinos de Burjassot.

La cuarentena del h20 Costa Adeje Palace (Tenerife) que se inició tras detectarse un positivo por coronavirus en un turista italiano cumple este miércoles un año en el que la gestión sanitaria del complejo, con 893 huéspedes y 263 trabajadores, sirvió de ensayo para afrontar una pandemia que ha terminado afectando a todo el planeta.

Coordinación, colaboración, trabajo interdisciplinar, capacidad de respuesta y medios son las principales claves con las que resumen los profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS) y del Servicio Canario de Urgencias (SUC) que encabezaron la coordinación de aquel operativo sanitario.

Esa visión la comparten Clara Gironés-Bredy, directora médica de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife y coordinadora general del operativo sanitario; Marcela Posca-Maina, directora territorial del SUC de la provincia de Santa Cruz de Tenerife; Ramón Pinto-Plasencia, director de Enfermería de la citada Gerencia, y Verónica Suárez, subdirectora de Enfermería del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Desempeñaron tareas de coordinación en el dispositivo sanitario, formado principalmente por sanitarios de Atención Primaria, SUC, de los dos hospitales universitarios de la isla (HUNSC y HUC) y de la Dirección General de Salud Pública del SCS.

Todos destacan el éxito del dispositivo, pero también como esa experiencia previa permitió avanzar en líneas de actuación, protocolos y medios de respuesta ante la pandemia en los siguientes meses, sentando una experiencia de referencia para el uso de los hoteles como recursos asistenciales y de confinamiento de pacientes leves.

Como ejemplos también citan medidas como la puesta en marcha desde los primeros días del teléfono de información ciudadana del SUC sobre la COVID, la línea 900 112 061 aún operativa en las islas; el procesado de muestras en el laboratorio del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria o la realización de pruebas y cribados, con más de 800 test PCR en esos 14 días.

Esa experiencia previa también facilitó el desarrollo de los equipos de rastreadores, siendo de los primeros territorios en ponerlos en marcha, como recuerda Ramón Pinto-Plasencia, director de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, quien precisa que los profesionales que comenzaron a hacer los cribados en el hotel, continúan en el equipo de rastreadores COVID de Tenerife.

Meses más tarde, también sería el territorio pionero en desarrollar el primer operativo de toma de muestras en vehículos, en el aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes de La Laguna, recuerda Marcela Posca-Maina.

"Fuimos muy proactivos y nos adelantamos en la toma de decisiones, aprendimos mucho del modelo de trabajo interdisciplinar y del estilo de liderazgo de equipos que se implantó en aquel operativo y que ha marcado la línea y dinámica de trabajo que se ha seguido en la gestión posterior", reconoce Clara Gironés, coordinadora general del operativo, puesto en marcha tras la decisión de cierre y confinamiento del hotel planteada por la Consejería de Sanidad dispuesto el 24 de febrero.

MÁS DE 70 PROFESIONALES

En total, se contó con un grupo de trabajo de 71 profesionales (13 médicos, 42 enfermeros, 4 auxiliares administrativos y 10 técnicos de gestión logística), reforzado con voluntarios del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes y con traductores de la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Profesionales de Guías de Turismo.

A los que se añadieron efectivos de la Policía Nacional, Autonómica y Local y el equipo de profesionales del hotel, así como la colaboración de otras administraciones locales e insulares.

Sin precedentes próximos, con los referentes más cercanos en Hong Kong en las cuarentenas de siete días de los hoteles, Metropole, durante la epidemia del SARS en 2003 y Metropark, por el h2N1 en 2009, se adoptaron las medidas para poner en cuarentena el hotel.

El objetivo claro era evitar la propagación del virus, tanto dentro del complejo y como en el resto de la isla.

"Y se consiguió", como recuerda Clara Gironés, quien destaca que esta medida de control y acotamiento evitó también la alarma ciudadana por la posible dispersión y nivel de contagio.

Los cuatro responsables sanitario se remiten a los datos para destacar el éxito del dispositivo: solo siete casos positivos, seis de ellos contactos estrechos del paciente 0, y que permanecieron aislados desde el primer momento, tras notificarse el caso.

No hubo otros huéspedes, ni trabajadores, ni miembros de los equipos contagiados durante la cuarentena, ni en el posterior regreso a sus domicilios.

La identificación y aislamiento de los contactos estrechos, las medidas de prevención y protección adoptadas para el resto de huéspedes y trabajadores --como permanencia en las habitaciones, uso de mascarilla o control de aforo y distancia en los espacios comunes--, y la realización de cribados "fueron claves" desde el primer momento en el protocolo de actuación sanitaria, destaca Verónica Suárez.

MEDICINA DE CATÁSTROFES

Así, se actuó siguiendo los protocolos y recomendaciones disponibles entonces ante la COVID-19 y ya desde diciembre se contaba con algunos trabajos preliminares sobre hipótesis de respuesta ante la declaración de un caso positivo en las islas, por su condición de destino turístico, recuerda Clara Gironés.

De esta manera, se partió de una logística sanitaria y organizativa basada en la medicina de catástrofes pero adaptada a un entorno urbano, en la que hubo que afrontar numerosos retos logísticos, tanto para la respuesta sanitaria, como legal, organizativa y de seguridad.

Desde la disposición de recursos en el exterior para crear un dispositivo sanitario (carpas, baños, oficinas, mobiliario, medios técnicos o zonas para descanso), pasando las gestiones aeroportuarias y con consulados y embajadas para organizar el regreso de huéspedes de 24 nacionalidades, hasta garantizar la atención sanitaria adecuada a aquellos huéspedes que tenían otros problemas de salud, como seguimiento de embarazos, provisión de medicación o seguimiento de dolencias más graves.

Entre esos retos también estaba el emocional y comunicativo, como transmitir calma, seguridad, comprensión y confianza ante una situación muy intensa para los trabajadores del hotel y para cientos de turistas que venían a Tenerife a disfrutar de unos días de descanso y que veían coartada su libertad de movimiento, y en un contexto de incertidumbre ante los primeros casos de COVID-19 y avance de contagios en Europa y en medio de una gran expectación mediática.

En este punto, resaltan el papel desempeñado por los voluntarios del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes (GIPEC) y también por los traductores de la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Profesionales de Guías de Turismo (CEFAPIT), claves para facilitar esa gestión de emociones y la comunicación en 13 idiomas diferentes.

Si bien reconocen que en los primeros momentos hubo algunas situaciones de incomprensión y resistencia, destacan la actitud colaborativa tanto de los huéspedes como de los trabajadores del hotel, así como la implicación y capacidad de trabajo de todos los que formaban parte del dispositivo.

Las primeras salidas de turistas extranjeros comenzaron el día 28, en más de 50 vuelos y previa comprobación de que eran negativos mediante prueba PCR.

Tras finalizar la cuarentena, el 10 de marzo el último grupo de 274 huéspedes que quedaba alojado en el hotel vio como se abrían las puertas, un momento personal que los cuatro responsables sanitarios coinciden en señalar como el más emotivo de todos los que vivieron en esos "intensos días", que reconocen fueron un "ensayo general a pequeña escala" de lo que estaba por venir.

El diputado electo de la CUP en el Parlament Carles Riera ha admitido este lunes que ahora están "muy lejos" de plantearse la posibilidad de entrar en el Govern, destacando que su implicación institucional será mayor o no en función del grado de acuerdo al que lleguen con el resto de partidos para aplicar un programa que pase por ejercer el derecho a la autodeterminación, la amnistía y un plan de choque social, entre otros aspectos.

"Si avanzamos en estos objetivos, más altas serán las probabilidades de que asumamos responsabilidades de Govern. Si nos alejamos, tendremos que tener un posición de presión desde fuera, desde la oposición y desde la movilización social", ha sostenido en una entrevista en La2 y Ràdio 4.

Según Riera, están dispuestos a asumir todas las responsabilidades que sean necesarias para llevar a cabo su programa y objetivos "sin que la represión pueda suponer un límite", y deben analizar si para conseguirlo es mejor participar en el Govern, apoyarlo desde fuera o estar en la oposición, asegurando que es posible que, a lo largo de la legislatura, puedan haber cambios de escenarios en este sentido.

En su opinión, las elecciones del 14 de febrero reforzaron la mayoría independentista en Cataluña y se evidenció también "un giro a la izquierda" de este movimiento y en el conjunto del Parlament, y ha avisado a Junts de que deberán asumir este giro en las políticas públicas si quieren seguir negociando con ellos.

Después de que la CUP ya se haya reunido con ERC y Junts, Riera asegura que el partido de Carles Puigdemont no es de izquierdas y tiene a representantes "de las políticas neoliberales más extremas como Ramon Tremosa y Damià Calvet".

También ha apuntado que no tienen "ningún problema en formar parte de la Mesa del Parlament y desobedecer al Tribunal Constitucional aunque esto implique represión, siempre que también implique defender la soberanía del Parlament".

Así, ha explicado que están dispuestos a formar parte de la Mesa de la Cámara catalana, hasta el punto de que no cierra la puerta tampoco la opción de presidirla si llegan a un acuerdo al respecto con el resto de formaciones siempre que se garantice que el Parlament defenderá "con soberanía los derechos de la ciudadanía".

"La Mesa debe garantizar que en el Parlament se pueda hablar y votar de todo, y que cuando vengan las instituciones del Estado a restringir los derechos de la ciudadanos, nosotros nos plantaremos", ha reclamado Riera, tras asegurar que llevan cuatro años ofreciéndose para estar en la Mesa y que Junts y ERC no les han escuchado.

DIÁLOGO CON EL ESTADO

Para Riera, hay que crear "un escenario de conflicto y de confrontación con el Estado que haga inevitable" un diálogo con el Estado que ponga sobre la mesa el referéndum y la amnistía para resolver el conflicto catalán.

Esto, ha añadido, será posible con "un nuevo ciclo de movilización social y desobediencia civil, actuando con soberanía desde el Parlament y creando las condiciones para una diplomacia pública" que les refuerce a nivel internacional.

"¿ERC lo quiere hacer dialogando con el Estado? Les esperaremos en el andén, y cuándo vuelvan con la maleta vacía volveremos a hablar", ha apuntado.

MOVILIZACIONES POR HASÉL

En relación a las movilizaciones de estos últimos días por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, ha defendido que son "necesarias e imprescindibles" y considera que son una reacción lógica ante, a su juicio, la acumulación de malestar que hay actualmente.

"En estas movilizaciones, en el origen de la violencia siempre hay una actuación policial desproporcionada. En todos los casos. La actuación policial ha tenido orientación evidente de provocar conflicto y violencia, y han actuado con brutalidad desproporcionada", ha lamentado.

Además, ha diferenciado las protestas por Hasel de episodios como los asaltos a comercios, destacando que estos actos están "fuera de lo que es el marco político de las movilizaciones y su objetivo".

Según Riera, no se puede comparar ninguna violencia con el hecho de que una persona pierda un ojo, como ha sucedido, y ha añadido que pueden haber indicios y pistas que indiquen que, detrás de algunos altercados, vengan de "una infiltración policial para provocar esta espiral de violencia".

El Gobierno ha garantizado que la reforma del Código Penal se hará con "el máximo consenso parlamentario" y en función de "las necesidades de una sociedad democrática", sabiendo que cuando sus valores y principios cambian, también debe hacerlo la norma.

En respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox, el Ejecutivo señala que "los proyectos de modificación del Código Penal que presente el Gobierno siempre se regirán por los principios inspiradores del derecho penal, basados en las necesidades de una sociedad democrática".

No obstante, ha afirmado que "el Gobierno apuesta por reunir el máximo consenso parlamentario, considerando que el Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social y que cuando esos valores y principios cambian, debe también cambiar la propia norma".

Así ha contestado Moncloa a una pregunta formulada por Vox el pasado mes de diciembre, en la que exigió saber "qué artículos del Código Penal español considera el ministro de Justicia que tienen que ser revisados y reformados".

RECELOS DE VOX

Los de Santiago Abascal plantearon esta cuestión en el contexto del debate sobre la reforma de los delitos de rebelión y sedición a raíz de la sentencia del 'procès'.

"No puede entenderse que en un Estado democrático y de Derecho, como el nuestro, desde el Ejecutivo se adopten decisiones que revistan tanta importancia, como la reforma de tipos delictivos, solo porque se haya dado una sentencia que afecte a simpatizantes del Gobierno", defendió Vox.

Además de la rebelión y la sedición, el Gobierno anunció el pasado 8 de febrero que el Ministerio de Justicia estudia la posibilidad de reformar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona para que no sean castigados con penas privativas de libertad.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que el Gobierno del Botànic es un "proyecto sólido" pese a que ha admitido que "hay momentos de mayor y menor proximidad" entre sus socios, algo que cree que se debe "vivir con absoluta normalidad"

Así se ha pronunciado Puig en una entrevista, donde ha destacado que "hay que gestionar" la diversidad y las "miradas diferentes" porque "lo han decidido así los ciudadanos", y en general ha considerado que el Botànic ha supuesto una "experiencia muy positiva" aunque "es verdad que siempre se pueden mejorar cosas".

Preguntado sobre si teme que la desescalada provoque desacuerdos en el seno del Botànic, ha afirmado que "esto es un gobierno, no son dos gobiernos ni tres". De hecho, ha indicado que están "todos posicionados en una estrategia" de "superar la pandemia haciendo lo más compatible este combate con la vida de la ciudadanía".

"Ese equilibrio es el que hemos mantenido y hemos intentado mantener durante toda la pandemia, y del conjunto la gestión podremos hablar cuando acabe. Entonces veremos exactamente pues como se han ido produciendo las distintas situaciones", ha indicado. En este sentido, ha incidido en que "no hay un manual" para la gestión de esta situación sanitaria.

Respecto a la desescalada, ha incidido en que "se está trabajando en todos los ámbitos" y sobre todo "por parte de quien tiene la mirada más objetiva, que es Salud Pública", así como los expertos que "ayudan para ver cómo se va a producir la desescalada".

Para Puig, la agenda es "la superación de la pandemia, una reactivación económica y social potente y que nadie se quede al margen", y considera que el Botànic está buscando una salida de la crisis que no sea "de ganadores y perdedores".

OLTRA Y LIMA

Preguntado sobre su relación con la vicepresidenta, Mónica Oltra, tras los desencuentros que mantuvieron a finales del año pasado, ha afirmado que "se han ido mejorando algunas cuestiones" que "tienen que ver con la aplicación de los materiales a la hora de la gestión y de la información y la participación".

Así, pese a que en este aspecto van "mejorando", "va a haber otros momentos en los que pueden haber desajustes", aunque cree que "hay que vivirlo desde la normalidad intentando, eso sí, ser fieles a lo que dice el Estatuto de Autonomía, que es que hay un gobierno que gobierna para toda la ciudadanía más allá del partido".

Por otra parte, preguntado sobre la posición de la nueva síndica de Unides Podem, Pilar Lima, y si siente "presión" por parte de la formación, Puig ha argumentado que "cuando se está en el Gobierno, se tiene que actuar con un sentido de Gobierno". "Los gobiernos tienen que gobernar para todos, no son simplemente un gestor de los intereses de aquellos que los han apoyado", ha indicado.

"Ciertamente, son gobiernos que tienen una base de carácter ideológico y de carácter programático y tienen que cumplir aquello que está previsto en el programa de gobierno", ha indicado, por lo que "no se trata de un tira y afloja permanente".

"ESPACIO DE DIÁLOGO" CON CIUDADANOS

Por otra parte, preguntado sobre el resultado electoral de Ciudadanos en Cataluña y cómo puede afectar esto a su relación con la formación en la Comunitat Valenciana, Puig ha considerado "positivo" el "espacio de diálogo" con la formación durante la pandemia, que llevó a su abstención en los presupuestos.

Por ello, le gustaría "continuar cooperando" con Cantó. Preguntado respecto al tono más agresivo que utilizó el síndic de Cs en el último pleno, ha señalado que le prefiere "en la actitud dialogante de estos meses pasados".

Así, ha apuntado que "incluso la expresión de la diferencia o de la fiscalización de un gobierno no tiene porqué ir adosada de tantos insultos como a veces se promueven desde la oposición".

"PROFUNDA DESESPERACIÓN" DEL PP

Por otra parte, se ha referido al "batacazo importante" del PP en las elecciones catalanas, que, con la ley electoral actual en la Comunitat Valenciana "no entraría en el parlamento". Por eso, ha afirmado que "cuando haces un mensaje radical, acaba ganando la derecha radical".

En este sentido, preguntado sobre las "banderas" de oposición que han cogido los 'populares' respecto a la gestión sanitaria y la investigación sobre las presuntas irregularidades atribuidas a su hermano, ha considerado que están en una "profunda desesperación" porque "no encuentran su espacio" y por la "crisis interna que tienen"

"Ellos piensan un activo del Gobierno es el president de la Generalitat y por tanto intentan generar todo tipo de dudas, de cuestiones que a mí no me afectan, porque entre otras cosas, cualquier cuestión que en un momento determinado una empresa en la que trabaje mi hermano o trabaje el familiar de quien sea que tenga la correspondencia en cuanto a derechos y deberes", ha indicado. Así, ha apuntado: "si alguna empresa ha hecho alguna cosa que no es correcta, tendrá su correspondiente sanción".

También se ha referido a las palabras de Bonig durante el último pleno, cuando instó a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a "cuidarse" de la "Torquemada" del Botànic: "Creo que se define a sí misma la persona que hace esas declaraciones".

Preguntado sobre una posible traslación del resultado de las elecciones catalanas a los próximos comicios valencianos, con la caída del PP y Cs, ha indicado que "estamos muy lejos de las elecciones", por lo que esta cuestión "no forma parte de su prioridad" en estos momentos.

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que optará a la reelección en las primarias, ha manifestado este lunes que no es la "misma" de hace años, porque de los "golpes de se aprende mucho", y ha defendido el proceso de "renovación interno muy fuerte" que ya se ha llevado a cabo en el partido en Andalucía.

"Yo no soy la misma Susana de hace años unos años porque cuando te dan muchos golpes...", según ha expresado la dirigente socialista en declaraciones a Antena 3, donde ha explicado que ha cambiado en "paciencia, templanza y en ver las cosas de otra manera", así como a la hora de combinar la pasión con la "escucha activa y el aprendizaje permanente".

Ha querido dejar claro que no acudirá a las primarias para "competir" por liderar el PSOE-A, sino para que los socialistas volvamos al Gobierno andaluz. Ha insistido en que sabe que los cambios que "se están llevando a cabo en el PSOE andaluz, dando el testigo a una generación distinta a la de los 37 años genera críticas, pero también estamos preparados para eso".

Susana Díaz ha manifestado que en los dos años que el PSOE-A lleva en la oposición en Andalucía han reconocido "errores y han aprendido de aquellas cosas que se pueden hacer mejor", al tiempo que se ha desarrollado un proceso de "renovación interno muy fuerte" que no ha estado exento de "críticas". "Cuando haces cambios importantes porque entiendes que tenemos la generación más preparada de la historia de Andalucía, les toca y nos toca diseñar una Andalucía post-Covid que será diferente", ha dicho.

Ha manifestado que, al final, la decisión sobre quién lidera el PSOE-A la van a tomar los militantes andaluces en las primarias y ha indicado que no será la primera vez que se someta a unas primarias, unas veces "mejor y otras peor e incluso de los golpes se aprende mucho".

Ha insistido en que Andalucía merece un PSOE "dialogante, actual, moderno y que afronte el futuro con una visión más coetánea de la tierra que tenemos que gestionar"

Respecto a si ha recibido alguna llamada de la dirección federal del PSOE pidiéndole que dé un paso atrás, ha señalado que ellos saben que su compromiso es con Andalucía, y que tiene la mente, la ilusión y el esfuerzo puesto en esta tierra, mientras ha indicado el PSOE-A no ha vuelto a perder unas elecciones.

De otro lado, Díaz ha indicado que la victoria de Salvador Illa en las elecciones catalanas la vivió con "alegría" porque ganaba su compañero y suponía un "rayo de esperanza" tras lo que ha sufrido Cataluña.

Ha señalado que ella no puede entender que algunos piensen que la victoria "de los socialistas en un sitio se puede utilizar en contra de otros". Ha recalcado que en Cataluña el debate era españolismo y constitucionalismo contra nacionalismo, algo que no tiene nada que ver con la realidad de Andalucía, donde nos sentimos tan andaluces como españoles.

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha considerado este lunes "intolerable" en una democracia como la española la violencia que se está viviendo en ciudades como Barcelona en el marco de las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, al tiempo que ha criticado la "sobreactuación" del vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, con sus manifestaciones, como las relativas a que no hay una plena normalidad democrática en España.

En declaraciones a Antena 3, Díaz ha insistido en que en una democracia como la nuestra no cabe esa violencia ni caben los que alientan la violencia. Ha indicado que lo que se está viendo en Barcelona es "violencia y vandalismo" y lo que están sufriendo las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado "tampoco es tolerable" y tienen que tener el apoyo de toda la sociedad española.

Respecto al apoyo que ha expresado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a las protestas, ha indicado que ella no comparte esas manifestaciones, porque "jamás se puede alentar la violencia y en una sociedad democrática como la nuestra no puede tener cabida actitudes de ese tipo". Se ha mostrado además convencida de que la inmensa mayoría de los ciudadanos se solidariza, apoya y respeta a los cuerpos y fuerzas de Seguridad de Estado, que lo están dando todo.

Asimismo, ha indicado que, en modo alguno, puede considerarse libertad de expresión las amenazas que ella misma ha recibido a través de las redes sociales donde un individuo decía que había que darle "un tiro en la frente" o la imagen de una muñeca ahorcada con el rostro de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. "Eso son amenazas o otro tipo de delitos, pero eso no es libertad de expresión", según Díaz, quien ha considerado que "por supuesto" que hay que mejorar la libertad de expresión en nuestro país, pero ese tipo de actitudes no son "tolerables".

En cuanto a las protestas en contra del encarcelamiento de Hasél, Susana Díaz ha indicado que el problema de este caso es que se está "tergiversando" la realidad porque este individuo no va a prisión por lo último que ha hecho, "sino por un historial de actos delictivos punibles, que se han ido sentenciando y que lo llevan al final a esta situación".

Según Susana Díaz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido "claro" al manifestar que en una democracia consolidada como la nuestra "no tiene cabida este tipo de violencia".

Asimismo, Susana Díaz ha querido dejar claro que la violencia que se ha viviendo por el asunto de Hasél no tiene nada que ver con las protestas que se han desarrollado en Linares (Jaén), donde dos policías que no estaban de servicio hicieron algo "que no se corresponde con la actitud con los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado", ya que cargaron contra un padre y una hija que estaban en un restaurante, lo que causó una gran indignación.

En cambio, lo que está ocurriendo en ciudades como Barcelona es "vandalismo" y, en modo alguno, la alta pasa de paro juvenil o el agotamiento por la pandemia, puede justificar que la gente salga a la calle para cometer esos actos violentos.

RENOVACIÓN DEL CGPJ

De otro lado, en relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el hecho de que el presidente del PP, Pablo Casado, no quiera la participación de Unidas Podemos, Susana Díaz ha indicado que no entiende por qué el líder popular tiene que hacer política "frente a otro" y está continuamente "vetando, enfrentando y crispando" al tiempo que "blanquea a la ultraderecha" que a final te acaba "devorando", como ya ha ocurrido con Ciudadanos (Cs).

Asimismo, Susana Díaz ha querido dejar claro que no le gusta la "sobreactuación" de Pablo Iglesias, porque lo importante "no eres tú" y estar todo los días en los informativos, sino lo que haga el Gobierno central y poner en valor sus actuaciones para ayudar a los ciudadanos en estos momentos tan duros de la pandemia del coronavirus.

La vacunación contra la Covid-19 de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado comenzará en Andalucía durante la primera semana de marzo, una vez que esta semana les toque el turno a los profesionales de la Educación menores de 55 años, un grupo conformado por unas 130.000 personas.

Así lo ha señalado el director del plan de vacunación de la Covid-19 de la Consejería de Salud y Familias, David Moreno, en una entrevista en Canal Sur Radio, que ha apuntado que, en este momento, en Andalucía se ha vacunado al 2,5 por ciento de la población y ya hay 215.000 personas con la dos dosis administradas.

Según ha detallado, en Andalucía ya se han puesto 607.000 dosis de vacunas, de las que la semana pasada se pusieron más de 150.000 dosis y esta semana se podrían poner unas 160.000 dosis, dependiendo las vacunas que lleguen a la comunidad.

Moreno ha explicado que en Andalucía se está respetando la ficha técnica de cada vacuna, de manera que la segunda dosis se administra según el protocolo que cada compañía ha establecido -Pfizer tres semanas; Moderna cuatro semanas y AstraZeneca tres meses-.

"La prudencia nos marca seguir con la pauta oficial, sobre todo, para la población de riesgo, como son los mayores", ha señalado Moreno, que ha apuntado que en el caso de la de AstraZeneca se ha decidido usarla por debajo de los 55 años hasta tener los datos de los ensayos clínicos.

También ha asegurado que estas vacunas están siendo efectivas contra la variantes de la Covid-19 que circulan por Europa y que la vacunación en recintos fuera de los centros de salud cumple con todas las garantías. "No podemos estirar la vacunación de la Covid en los centros de salud tanto tiempo, colapsarían y dejarían de hacer otras cosas, hay otras vacunaciones, por eso hay que acudir a otra serie de establecimientos para la vacunación", ha explicado.

De igual manera, ha indicado que "probablemente esta semana" comiencen las vacunaciones a domicilio para aquella población de riesgo que no puede acudir al centro de vacunación. "Estamos esperando información sobre la aprobación de movilizar jeringuillas ya cargadas a los domicilios", ha detallado.

Tras afirmar que la inmunidad de estas vacunas es "mínimo de un año", ha advertido de que seguramente haya que llevar a cabo revacunaciones ante nuevas cepas, si bien "si se empiezan a animar la llegada de vacunas se podría conseguir el objetivo de la inmunidad de rebaño para el verano".

La secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, ha afirmado que no considera que el proyecto del Partido Popular pase por "un cambio de siglas ni por cuestionar a los líderes actuales", pese a que el resultado obtenido en las pasadas elecciones de Cataluña "no ha sido bueno".

En declaraciones a Radio Euskadi, Garrido ha analizado, además, el anuncio del líder del PP, Pablo Casado, de abandonar la sede de la calle Génova, en Madrid, y comenzar una nueva etapa.

A juicio de Garrido, "no se trata de romper" con el pasado sino de "decir no a determinadas conductas y personas que han dañado al PP". "Establecer líneas rojas rotundas", ha afirmado, para añadir que se busca "fortalecer el proyecto y ampliar la base social".

Por otro lado, ha considerado que no se trata de "cuestionar en este momento liderazgos sino de hacer un análisis sereno y reflexivo" tras un resultado electoral en Cataluña que "no ha sido bueno".

"No creo que pase por un cambio de siglas ni de liderazgos o por cuestionar a los líderes actuales. Se trata de afianzar un proyecto que no ha nacido ayer y que lleva muchos años gobernando en muchas Comunidades", ha añadido.

En esta línea, ha advertido de que la venta de sede de la calle Génova no es algo novedoso sino que debe circunscribirse al actual "momento económico" y al hecho de que "las necesidades ahora son otras". Además, ha recordado que también las sedes del PP en Bilbao y San Sebastián llevan "muchos años en venta".

"Nos estamos ajustando todos a los tiempos que vivimos. El escenario económico del PP vasco es también distinto a cuando se compró la sede de Bilbao y buscamos desde hace tiempo un nuevo emplazamiento", ha añadido.