El exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín se ha acogido a su derecho a no declarar esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Tándem'. Había sido citado en calidad de investigado en el marco de la pieza 25 por haber ejercido presuntamente ed intermediario entre la empresa Cenyt --propiedad del comisario José Manuel Villarejo-- y el empresario José Moya Sanabria.

Según fuentes jurídicas que han asistido a la comparecencia, consultadas por Europa Press, el exsenador ha comparecido por videoconferencia y, si bien no ha querido responder a las preguntas que pudiera formularle tanto el magistrado Manuel García Castellón como la fiscalía, habría señalado que más adelante una vez pueda formarse sobre el asunto no tendría inconveniente en declarar. Ante esto, según estas fuentes, el juez le habría advertido de que su oportunidad para declarar era la de hoy.

En esta pieza se investiga el encargo realizado por Moya a la empresa de Villarejo, que permanece en prisión provisional desde noviemmbre de 2017, y que tendría por objetivo mejorar la posición jurídica y negociadora del empresario en relación a un reconocimiento de deuda de Martinsa-Fadesa.

García Castellón imputó por este proyecto --al que el comisario denominó 'Saving'-- tanto al exsenador del PSOE como a Villarejo, a su socio Rafael Redondo, al empresario José Moya, a uno de los directivos de su empresa, Raúl Jara, y a Leticia Sánchez Mendoza por presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. El precio de este trabajo habría ido desde los 375.000 euros a los 1,2 millones, e incluiría --según adelantó El Mundo-- análisis incluso del tráfico de llamadas de una decena de personas.

Este miércoles, también estaba citado a declarar José Moya, pero finalmente no ha comparecido por enfermedad, por lo que se le asignará nueva fecha. Quien sí ha declarado ha sido Raúl Jara Lorenzo quien ha afirmado que conocía la relación de amistad entre Francisco Rodríguez --al que denominaban coloquialmente Curro-- y José Moya, y que el exsenador era miembro de la fundación de la empresa de Moya.

No obstante, Jara ha apuntado que desconoce si el exsenador percibió dinero por el contrato de Cenyt o si la labor de 'Curro' en este caso fue la de intermediario. Las fuentes consultadas han destacado que Jara sí ha señalado que las facturas por los trabajos realizados por Cenyt, y que iban a cargo de la empresa de Moya, tenían un concepto distinto al del servicio prestado por la empresa y que la orden de abonar las mismas venía de Moya.

Por otro lado, la declaración de Leticia Sánchez tampoco se ha producido, y otro de los citados, pero éste en calidad de testigo, Antonio Fernández López, ha informado al magistrado que declinaba ejercer la acusación particular como perjudicado, ante lo cual García Castellón le ha preguntado si esa decisión era consecuencia de haber recibido presiones. Fernández ha negado que fuera por ese motivo.

EL PROYECTO 'SAVING'

Ese 'proyecto saving' tiene su origen en la operación Fadesa, "formalizada mediante contrato en diciembre de 2007 que concedía a José Moya Sanabria derecho de opción de venta frente a Fernando Martín sobre un paquete de acciones de Martinsa".

Cuando en 2010 Moya ejercitó esa opción de venta, la constructora ya había decretado la suspensión de pagos dos años antes, por lo que el empresario llevó a cabo varias acciones para reclamar el crédito sin éxito. Al sospechar que "podría haber algún tipo de influencia por parte de Fernando Martín y su círculo sobre el juez, los administradores concursales e incluso los interventores", el empresario en 2011 decidió acudir a Villarejo.

El diseño de Villarejo para abordar el problema constaba de tres fases, debía recuperar el estatus jurídico de José Moya, disponer de capacidad negociadora para beneficiar sus intereses y ayudarlo a dejar de figurar como deudor ante la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía.

Según destacaba El Mundo, en la investigación realizada por la Audiencia Nacional se ha podido acreditar la existencia de al menos cuatro abonos realizados por la empresa de Moya a las cuentas de las mercantiles de Villarejo. Y en los audios que fueron incautados en la entrada y registro de la casa del comisario queda claro el preponderante papel que desarrolló el exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín, persona de la entera confianza de José Moya.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) empleará nuevos procedimientos de actuación para la revisión de las comunicaciones de comercialización y puesta en servicio de los productos sanitarios.

A partir de ahora, efectuará la evaluación de las características de conformidad y prestaciones de los productos incluyendo el estudio de la documentación técnica en base a campañas de control del mercado, según ha anunciado en un comunicado el organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad.

La AEMPS explica que la comercialización de productos sanitarios de las clases IIa, IIb y III y de productos sanitarios implantables activos está sujeta a la realización de la comunicación de comercialización y/o puesta en servicio a través de la aplicación telemática CCPS. De este modo está recogido en el art. 22 del RD 1591/2009 y en el art. 19 del RD 1616/2009.

Esta comunicación también se requiere para los productos de diagnóstico 'in vitro' de las listas A y B del anexo II del RD 1662/2000 y de los productos de diagnóstico 'in vitro' de autodiagnóstico, de acuerdo a lo previsto en el art. 10 del mismo RD 1662/2000. "La actualización de dichas comunicaciones también es un requisito indispensable y se seguirá efectuando por las empresas a través de la aplicación CCPS", señala la AEMPS.

A partir de hoy, una vez que se efectúe una comunicación de puesta en el mercado acompañada de la documentación preceptiva, se generará un justificante de "comunicación" equivalente al acuse de recibo emitido en las comunicaciones efectuadas hasta el momento.

Tanto el nuevo modelo de justificante de comunicación como el resumen actualizado estarán en todo momento disponibles para su descarga. La combinación de estos documentos será suficiente justificación de que se han efectuado los trámites requeridos para la comercialización del producto en España en vista a su posible presentación en concursos públicos y otros trámites administrativos.

A partir de la información de estas comunicaciones, se han diseñado campañas de control del mercado con el objetivo de controlar y velar por que los productos cumplan los requisitos establecidos por la legislación pertinente y no pongan en peligro la salud, la seguridad ni otros aspectos de la protección del interés público.

Durante el desarrollo de estas campañas, la AEMPS identificará los productos objeto de evaluación y se pondrá en contacto con las empresas comunicantes seleccionadas, a las que se podrá requerir toda la información que sea precisa para el desempeño de estas actividades. Una vez revisada la documentación, y en caso de detectar algún incumplimiento, la AEMPS se pondrá en contacto con las empresas.

Para este nuevo procedimiento de actuación, los primeros grupos de productos seleccionados por la AEMPS para su inclusión en estas campañas serán los productos de control o apoyo a la concepción y los termómetros de infrarrojos, aunque a lo largo del año podrá hacerse extensible a otros productos.

La presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, ha denunciado esta mañana los actos ocurridos en Galdakao el pasado 6 de diciembre, donde unos encapuchados robaron, pisaron y quemaron la bandera española del ayuntamiento.

Los hechos a los que hace referencia han sido recogidos en un video que ha sido distribuido a través de las redes sociales por el grupo Ernai, y en el que se ve a un grupo de encapuchados acercarse con una escalera hasta el ayuntamiento de Galdakao, subir al balcón, arrancar la bandera española, lanzarla al suelo, pisarla y prenderle fuego.

"No podemos quedarnos impasibles ante la quema de nuestros símbolos constitucionales. Es nuestro deber velar por el respeto de la bandera de España y, por ello, no sólo no deben permitirse este tipo de acciones de ofensa sino que deben ser penalizadas", ha asegurado González en un comunicado.

La dirigente popular ha recordado que el Pleno del Tribunal Constitucional acaba de aprobar una sentencia que establece que los ultrajes a la bandera de España no están amparados por la libertad de expresión y, por tanto, son delito.

Sin embargo, González ha asegurado que "a día de hoy no hay identificados ni detenidos y seguramente ni denunciados". Por ello, ha pedido que se haga todo lo posible para identificar a los participantes en estos actos de manera que respondan penalmente por sus actos.

"Ha pasado tiempo suficiente para que el ayuntamiento actuara, pero prefieren mirar para otro lado. De esta manera, el alcalde de Galdakao, del grupo municipal de Bildu, es cómplice directo de este nuevo acto de ultraje por permitir por omisión que algo así suceda en el pueblo, en el propio balcón del ayuntamiento, y no haga nada al respecto", ha criticado.

Asimismo, ha asegurado que toda la oposición municipal es "cómplice igualmente de dichos actos delictivos, al callar ante estos actos, bien por connivencia bien por cobardía, y no denunciarlos oficialmente".

"Estos actos son un claro ejemplo de que los vástagos de Otegi siguen sembrando el odio e imponiendo su sectarismo con total impunidad. Campan a sus anchas y hacen lo que quieren sin ninguna represalia. Es el deber de todos denunciar públicamente estos delitos y asegurarnos de que se haga justicia", ha afirmado la dirigente popular.

Por último, González ha denunciado que la bandera siga sin ser reemplazada en el Ayuntamiento y ha pedido al equipo de Gobierno que cumpla la ley y que la reponga para que esta vuelva a ondear cuanto antes en el balcón del consistorio.

Escuelas Católicas, CECE, FSIE, Feuso, Concapa y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas en la Plataforma 'Más Plurales', han presentado un escrito formal ante la Delegación del Gobierno en Andalucía con las enmiendas que proponen para modificar aquellos aspectos más negativos del texto actual de la Lomloe, conocida como 'Ley Celaá', toda vez que advierten que "no se callarán ni se quedarán de brazos cruzados si finalmente se aprueba" en el Senado.

Así lo han indicado en un comunicado, en el que se aseguran que "de todos es sabido, y como ejemplo las movilizaciones que paralizaron las principales ciudades españolas el pasado domingo 22 de noviembre, el clamor contra la Lomloe. Cientos de miles de familias, docentes, titulares de centros y ciudadanía en general echaron su coche a la calle para decir #StopLeyCelaá".

Sin embargo, lamentan que "la ley sigue su curso y la semana que viene puede que se apruebe definitivamente en el Senado". Por eso, desde la Plataforma señalan que a través del documento entregado, "se pide a los partidos políticos que digan no a esta Ley en la Cámara Baja para abrir un debate educativo profundo y serio".

De esta manera, añaden que "se restituiría un debate hurtado a la ciudadanía", ya que "han vetado nuestra participación durante todo el trámite parlamentario. No han querido ni dialogar, debatir ni mucho menos consensuar. Solo imponer su Ley".

Asimismo, apuntan que en caso de esto ocurra definitivamente, "hemos hecho saber a la Delegación del Gobierno en Andalucía que no nos cansaremos, no cejaremos, no decaeremos. Seguiremos denunciando el atropello que los ciudadanos estamos sufriendo".

De este modo, destacan que, entre otras acciones, "pediremos a los partidos políticos que interpongan recursos de inconstitucionalidad, presionaremos en las comunidades autónomas para disminuir al máximo los efectos de la aplicación de esta norma y solicitaremos la responsabilidad de otros grupos políticos a manifestar explícitamente su compromiso de derogar esta ley tan pronto sea posible"

Además, "recurriremos en tiempo y forma a las instituciones europeas en busca de amparo y alentaremos la interposición de contenciosos cada vez que se pretenda el cierre de una unidad concertada con demanda social", agregan.

Por todo esto, "desde 'Más Plurales' Andalucía, con la legitimidad de representar a más de 600 centros, 20.000 profesores y 150.000 familias, no vamos a callarnos ni ahora ni después y no nos quedamos de brazos cruzados" porque "rechazamos que se limite y recorte la libertad de enseñanza, porque en ella nos jugamos la educación de nuestros hijos y el futuro de nuestra sociedad democrática". "Somos conscientes de que la pluralidad de la escuela de hoy es la base de la democracia de la sociedad de mañana", aseguran.

Asimismo, destacan que "defienden la complementariedad" de las redes pública y privada concertada. "No admitimos que la Lomloe permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado y planificar de forma arbitraria la oferta educativa sin tener en cuenta las necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias", señalan.

"No aceptamos el modelo de inclusión radical que pretende la 'Ley Celaá' y que conduce a los actuales centros de educación especial a su progresiva desaparición, a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias", por lo que "pedimos al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad tanto en los centros ordinarios como en los colegios de educación especial y que los padres puedan elegir el que consideren mejor para sus hijos".

Desde 'Más Plurales' Andalucía exigen también "mejoras reales" para el personal docente y no docente de los centros educativos. "La Lomloe abandona a los trabajadores y profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones, además de poner en peligro sus puestos de trabajo. La nueva ley de educación debe garantizar financiación suficiente para mejorar las condiciones laborales, retribuciones y jornada de los docentes, personal de administración y servicios y personal complementario de todos los centros de la red concertada y de educación especial".

Denuncian que, a través "del control político de la educación, estamos asistiendo también a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional", para añadir que la asignatura de Religión, que "se cursa con absoluta normalidad en nuestro país y en casi todos los países europeos, es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada".

Por último, reclaman al Estado "la obligación que tiene de financiar adecuadamente" los centros educativos públicos y concertados para "garantizar la gratuidad real de ambos, no como sucede en la actualidad". Y esta financiación, respetando la naturaleza e idiosincrasia de cada red de centros, "debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de condiciones, pues ambas redes deben prestar un servicio educativo de igual calidad y equidad al alcance de todos".

Finalmente, desde 'Más Plurales' Andalucía también se ha querido aprovechar para hacer un llamamiento a toda la sociedad y a todos los ciudadanos para que "hoy y el próximo domingo día 20 de diciembre en las manifestaciones de coches que van a celebrar en todo el Estado, muestren el rechazo absoluto a la eliminación de derechos democráticos y libertades que supone esta Lomloe".

Aldeas Infantiles SOS ha reclamado una modificación del protocolo de intervención con menores extranjeros no acompañados, así como del procedimiento de determinación de la edad, como parte de "una estrategia nacional que garantice el cumplimiento de los derechos de la infancia migrante en España".

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Migrante, que se celebra este viernes 18 de diciembre, Aldeas Infantiles SOSreivindica estos cambios que se refieren al proceso de recepción y acogida de los menores extranjeros que llegan a España. Además, de cumplir con sus derechos, indica la organización, también son medidas que favorecerán "su integración".

Tal y como explica la ONG, lleva "casi 20 años atendiendo a la infancia migrante no acompañada" y "demostrando que, con el apoyo necesario, su integración socioeconómica es posible y no difiere de la de los jóvenes españoles que abandonan el sistema de protección".

En concreto, señala que, desde 2001, han acogiendo a estos niños que llegan principalmente de Marruecos y el África Subsahariana, aunque también se ayuda a menores de Rumanía, Ucrania o Colombia. "Todos ellos, sin excepción, traen consigo el sueño de alcanzar un estado de bienestar del que carecían en su país", ha explicado el presidente de la ONG, Pedro Puig.

Son niños y niñas que han dejado atrás la pobreza, la inestabilidad y los conflictos, y que soportan altos niveles de estrés antes de su partida, durante su viaje y una vez han llegado a su destino, lo que, unido a la separación familiar, eleva la probabilidad de que su salud mental se vea afectada a largo plazo si no reciben la atención necesaria", ha añadido.

UNA ESTRATEGIA NACIONAL CON ENFOQUE DE DERECHOS

Puig ha explicado, también, que, "por lo general, llegan con la intención de trabajar", aunque "son conscientes de que antesnecesitan aprender el idioma, formarse académicamente y regularizar su documentación". Es por eso que la organización comienza a "prepararles para que sean autónomos antes de que cumplan la mayoría de edad" y después les acompañan desde el Programa de Jóvenes, además de ofrecerles "ayuda habitacional, académica y, cuando es necesario, económica".

La organización ha indicado que en España hay actualmente alrededor de 13.000 niños y adolescentes migrantes no acompañados, de los que casi 10.000 forman parte del sistema de protección.

Es por eso que Aldeas Infantiles SOS considera "urgente" que se desarrolle una estrategia global a nivel nacional que incluya "mejoras en el proceso de recepción y acogida de estos niños y niñas, y garantice que se cumplen sus derechos", algo que, según advierten, "no siempre ocurre".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado este miércoles la condena a prisión permanente revisable dictada contra Ana Julia Quezada por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz, de 8 años de edad, ocurrido en febrero de 2018 en una finca de Rodalquilar, en Níjar (Almería).

Los magistrados han desestimado los recursos de casación interpuestos por la defensa de Quezada y por la acusación particular, ratificando así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la condenó a prisión permanente revisable por un delito de asesinato hiperagravado y a dos años y medio de prisión por dos delitos contra la integridad moral de los padres del niño, pero la absolvió de los delitos de lesiones psíquicas contra ambos progenitores.

La madre de Gabriel, Patricia Ramírez, que ejerce la acusación particular, recurrió en casación al Tribunal Supremo por considerar que los jurados no motivaron "suficientemente" su decisión en lo relativo a la exclusión del hecho referido al ensañamiento y que la magistrada-presidente entró a dar opinión tanto en relación a la agravante de ensañamiento como al resultado de la prueba pericial al dar las instrucciones a los jurados.

Quezada también acudió al TS alegando que sus derechos a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías se habían vulnerando. Esgrimió igualmente una "falta de motivación en el veredicto" y que la magistrada-presidente "guió" a los jurados y, además, intentó librarse de los delitos contra la integridad moral y sostuvo que no se habían apreciado correctamente una serie de agravantes, atenuantes y eximentes, como la de actuar bajo la influencia de drogas.

La condenada alegó asimismo ante el Supremo que no había recibido un juicio justo "al estar el tribunal afectado de falta de imparcialidad, debido a la desmedida y excepcional repercusión mediática del caso", por lo cual solicitó la nulidad del juicio y retrotraer las actuaciones hasta el momento de dictarse la resolución judicial que acuerda seguir la causa por los cauces del jurado popular.

El Supremo ha considerado un hecho probado que, "una vez en la finca de Rodalquilar, la acusada, de forma intencionada, súbita y repentina, cogió a Gabriel y lo lanzó contra el suelo o pared de la habitación y, tras el impacto del niño, procedió la acusada con sus propias manos a taparle la boca y la nariz con fuerza hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento".

Además, la sentencia relata cómo, "tras la muerte de Gabriel, la acusada de forma intencionada cavó una fosa en los exteriores de la finca de Rodalquilar y, como quiera que uno de los brazos del niño no cabía, le propinó diversos cortes con un hacha, provocando la fractura del cúbito y radio".

UN ASESINATO HIPERAGRAVADO

Para el alto tribunal tampoco hay duda de que se trata de un delito hiperagravado por cuanto "el ataque se produce en el marco de una relación de confianza, en un lugar solitario y alejado, a donde el menor se dirigió a propuesta de la acusada, sin tener la más mínima previsión de riesgo", ya que "de lo contrario no hubiera aceptado acompañarla".

Así, ha subrayado que no solo accedió a ir con ella a la finca de Rodalquilar por la relación sentimental --"análoga a la matrimonial"-- que Quezada mantenía con su padre, sino que la condenada "era consciente de su superioridad respecto del niño, por la diferencia de edad y complexión", y se abalanzó sobre él "de forma intencionada, súbita y repentina", sin "prolegómenos o actos previos de los que deducir tal reacción".

El Supremo ha estimado, por tanto, que "concurren una serie de circunstancias bien definidas, intencionadamente utilizadas y aprovechadas por la acusada para un fin, matar al menor, sin riesgo para ella, que conjuntamente consideradas, determinan una situación de total indefensión del niño". "No tuvo posibilidad de defensa", ha aseverado.

"FARSA PÚBLICA Y NOTORIA"

El fallo, del que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, tampoco pone en duda los delitos contra la integridad moral de los padres, por considerar que "la doctrina del autoencubrimiento no justifica la conducta de la procesada".

En este punto, enfatiza que la búsqueda del niño duró once días durante los cuales Quezada "simuló encontrarse afligida y compungida, alentando los ánimos de los familiares, y generando falsas expectativas sobre la aparición del niño, involucrándose en las labores de búsqueda, desarrollando una actitud de simulación, fingimiento y farsa pública y notoria".

En concreto, destaca que, "con la intención de distraer la atención en la búsqueda del niño y con la finalidad de dirigir las sospechas sobre su ex pareja, así como con la intención de añadir más sufrimiento a los padres, colocó una camiseta de Gabriel sobre unas matas, en un cañaveral de un paraje apartado y de difícil acceso".

El 11 de marzo de 2018, cuando Quezada volvió a la finca de Rodalquilar para desenterrar el cadáver y trasladarlo en coche, "con el niño en el maletero y con absoluto menosprecio hacia Gabriel, profirió expresiones como 'donde lo puedo llevar, a algún invernadero, ¿no quieren un pez?, les voy a dar un pez por mis cojones'", ha detallado el TS.

A juicio del Supremo, "los actos de pública farsa y falsas esperanzas a los padres, no solamente exceden del derecho de autoencubrimiento, sino que socavan la moral de los padres y acrecientan su sufrimiento, por lo que deben ser penados como delitos contra la integridad moral".

NI LESIONES PSÍQUICAS NI ENSAÑAMIENTO

En cuanto al recurso presentado por la madre de Gabriel, que pretende que el Supremo condene a Quezada por el delito de lesiones psíquicas que descartó el TSJA, el TS ha indicado que "no puede penarse" porque "no hay base en los hechos probados para tal calificación jurídica, por haberse expresamente descartado la misma".

El Supremo ha razonado que "en los sucesos de esta naturaleza, terribles por el dolor moral que infligen a los seres queridos de la persona primeramente desaparecida y después encontrada asesinada, el daño moral es muy grave, grande e intenso y, en los casos extremos, ordinariamente concursarán con uno o varios delitos contra la integridad moral, teniendo por sujetos pasivos aquellos parientes a los que se golpea duramente".

Fuera de ello, ha explicado, "el concurso con otros delitos, como el aquí estudiado de lesiones psíquicas no es imposible, pero se deberá acreditar un menoscabo en su salud psíquica que curse en una enfermedad mental configurada por una patología plenamente acreditada mediante los oportunos dictámenes periciales" y, en este caso, el TSJA "ha dejado sin efecto tal resultado, de modo que no queda sino el delito contra la integridad moral.

De la misma forma, el alto tribunal ha desechado el argumento sobre "la falta de motivación del jurado para descartar la agravante de ensañamiento". "No hay tal", ha afirmado, apuntando que "el jurado lo razona ateniéndose a la prueba pericial médico forense, a la que concede mayor fiabilidad que a la pericial de parte". "El veredicto, por consiguiente, está perfectamente motivado, y no hay razón alguna para su anulación y devolución para la celebración de un nuevo juicio", ha concluido.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles el Plan de conciliación de la Escuela Judicial que permite a los jueces en prácticas compatibilizar su formación con el disfrute de los permisos y licencias que las leyes reconocen a todos los funcionarios públicos.

El órgano de gobierno de los jueces ha dado el visto bueno al proyecto elaborado por la Dirección de la Escuela Judicial y la Comisión de Igualdad, que da respuesta a las necesidad planteada tanto por los alumnos como por el profesorado de establecer pautas para adaptar las exigencias relativas a la formación teórico-práctica que deben recibir los futuros jueces para ingresar en la Carrera con la conciliación de la vida familiar, personal y profesional.

El CGPJ cumple así con uno de los compromisos asumidos en el II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial que el Pleno aprobó el pasado 30 de enero, según informa en un comunicado.

El Plan pretende proporcionar seguridad jurídica al régimen de disfrute de permisos y licencias, que está recogido en el Reglamento de la Escuela Judicial y se completa con las previsiones contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para todos los funcionarios. Se trata, además, de un derecho que goza de una especial dimensión constitucional como parte esencial del derecho a la igualdad proclamado por el artículo 14 de la Constitución.

El CGPJ explica que la formación inicial de los jueces y juezas en prácticas se divide en tres fases. La primera, de carácter teórico-práctico, que se desarrolla de modo presencial en la sede de la Escuela Judicial en Barcelona.

La segunda fase, de prácticas tuteladas, se realiza en los órganos judiciales de la ciudad elegida por el alumno junto con un tutor o tutora, a quien corresponde elaborar un cronograma para la asunción progresiva de las funciones jurisdiccionales en cada ámbito. Y la tercera fase, de sustitución y refuerzo, se desarrolla con plena autonomía y jurisdicción en el órgano judicial que se le adjudique.

ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80 POR CIENTO, YA SEA 'ONLINE' O PRESENCIAL

A raíz de la crisis sanitaria causada por el covid-19, la Escuela Judicial diseñó y puso en marcha un plan formativo online que permite realizar todas las actividades tanto en formato presencial como a distancia. El aprovechamiento de las herramientas informáticas hace posible también la conciliación de las exigencias derivadas de la formación y las necesidades personales y familiares individuales.

La norma general a la que está sujeta la concesión de permisos y licencias, y que rige por igual para todos los alumnos de la Escuela Judicial, indica que la asistencia mínima para la superación de las actividades formativas será del 80 por ciento, ya sea en modo presencial o en formato online.

Con todo ello, el Plan de conciliación establece unas reglas en función del tipo de permiso de que se trate. Los permisos y licencias de corta duración son aquellos que se pueden solicitar por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de familiares; para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto; por el nacimiento de hijos prematuros; para el cumplimiento de deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral; y por matrimonio, explica el CGPJ.

Estos permisos podrán solicitarse siempre y cuando la duración acumulada de los mismos, junto con las ausencias durante el periodo de formación jurídico-práctica, no superen el 20 por ciento de esa fase formativa. En el caso de que la duración acumulada de permisos y ausencias sea mayor a ese porcentaje, el exceso deberá disfrutarse de acuerdo con las normas establecidas para los permisos de larga duración.

PERMISOS DE LARGA DURACIÓN

Los permisos y licencias de larga duración son los relativos al nacimiento, adopción, acogimiento o guarda para acogimiento de hijos o hijas; permisos por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural; el permiso por lactancia acumulado en jornadas completas y, en general, todos aquellos permisos cuya duración sea superior al 20 por ciento del tiempo efectivo establecido para la fase de formación jurídico-práctica que se desarrolla en la Escuela Judicial, de forma presencial o virtual.

El disfrute de este tipo de permisos no exime a los jueces en prácticas de la obligación de llevar a cabo al menos el 80 por ciento de las actividades formativas programadas, aunque su realización podrá ser online durante el periodo de disfrute del permiso, señala el órgano de gobierno de los jueces.

El Plan de conciliación establece, asimismo, que tanto la impartición de las actividades formativas como la evaluación de las mismas se fijarán aplicando criterios de flexibilidad horaria con el fin de que se adapten a las circunstancias particulares en cada caso.

REDUCCIÓN DE JORNADA

Otro tipo de permiso que se contempla en el plan son las reducciones de jornada por motivos de conciliación. Estos se conceden por cuidado directo de algún menor de 12 años, persona mayor que requiera especial dedicación o persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida.

También son aquellas que suponen una reducción de hasta el 50 por ciento de la jornada laboral para atender el cuidado de un familiar en primer grado, por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave o por ser víctima de violencia de género o víctima de terrorismo.

En estos casos, se elaborará un plan individualizado por la Jefatura de Estudios de la Escuela, que contempla la reorganización de los horarios y evaluaciones. En todo caso, los alumnos que se acojan a reducciones de jornada, al igual que el resto, deberán cumplir un mínimo del 80 por ciento de tiempo efectivo en la fase teórico-práctica.

Si, pese a la reordenación de horarios, no fuese posible el disfrute íntegro de la reducción de jornada, el juez o jueza en prácticas deberá completar la fase de formación en formato online y deberá entregar los trabajos y ejercicios en los plazos que se establezcan.

También en la concesión de este tipo de permisos y licencias deberán aplicarse criterios de flexibilidad que permitan su adaptación a las circunstancias individuales.

Por último, los permisos y licencias concedidos durante la fase de prácticas tuteladas se regirá por las normas generales aplicables a los funcionarios públicos, con la particularidad de que los beneficiarios deben cumplir los tiempos mínimos de permanencia que fija la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), es decir, cuatro meses efectivos de prácticas tuteladas y cuatro meses efectivos de prestación de servicios en funciones de sustitución y refuerzo.

La plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas y organizaciones educativas del sector de la concertada, ha vuelto a manifestarse este miércoles (ya va la quinta vez) para mostrar su rechazo a la LOMLOE, la reforma educativa más conocida como 'Ley Celaá'.

En esta ocasión, se han concentrado frente a las puertas del Senado, donde previsiblemente se tramitará definitivamente la nueva Ley. Si la Comisión de Educación de esta Cámara no aprueba este viernes ningún cambio al redactado de la norma aprobada en el Congreso, la Ley podría quedar definitivamente aprobada el próximo 23 de diciembre en el Pleno del Senado si lo grupos que dieron su apoyo a la LOMLOE en el Congreso lo hacen también en la Cámara Alta.

Aunque el sector asume que la LOMLOE se aprobará definitivamente el próximo 23 de diciembre en el Pleno del Senado --ya que lo más probable es que no se acepte ninguna enmienda nueva en la Comisión de Educación de este viernes--, no desiste en seguir alzando la voz.

Lo importante no es que se apruebe la Ley, sino la conciencia ciudadana; la batalla no termina el día 23, sino que empieza el día 23", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el secretario general de FEUSO, Antonio Amate, uno de los sindicatos que integran Más Plurales.

Por eso, Amate considera que las concentraciones llevadas a cabo por la plataforma en defensa de la escuela concertada (a la que se han sumado también asociaciones de la educación especial) han sido un "éxito". "La movilización ha sido muy importante de abajo a arriba y ahora se jugará el partido", advierte.

Para Amate, lo más significativo de la 'Ley Celaá' es que la comunidad educativa no haya podido participar en el trámite parlamentario. "Se ha rechazado el diálogo, no ha habido ningún tipo de negociación, ni relación con nosotros, nos han ignorado y han acelerado al máximo el trámite", lamenta.

ACCIONES LEGALES

En la misma línea se ha manifestado la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara, una de las AMPAS que forman parte de Más Plurales. Para Ladrón de Guevara, la tramitación de la que será la octava ley de educación de la democracia española ha sido "express" y "sin contar con la comunidad educativa" tanto en el Congreso como en el Senado.

Pese a que la aprobación definitiva de la LOMLOE parece que será inminente, la presidenta de COFAPA avisa: "Seguimos dando la batalla y la seguiremos dando, seguimos pidiendo que se nos oiga". En este sentido, la plataforma ha hecho entrega este miércoles a la presidenta del Senado, Pilar Llop, y a todos los partidos políticos representados en la Cámara Alta, del Manifiesto de la campaña de Más Plurales para paralizar la Ley, que ha recibido el apoyo de casi 2 millones de firmas.

Pero además, esto no acaba aquí. Estamos denunciando este atropello y seguiremos haciendo acciones en los tribunales, en Europa y en las comunidades autónomas cuando se empiece a aplicar la Ley", anuncia Ladrón de Guevara a Europa Press. Así, señala que, a través de los partidos políticos que apoyan a la plataforma (PP, Cs y Vox), Más Plurales interpondrá un recurso de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional porque entienden que "atenta directamente" contra el artículo 27 de la CE.

Asimismo, recurrirán ante los tribunales europeos, "tanto por la tramitación de la Ley como por su propio contenido", y pedirán acciones a las comunidades autónomas para saltarse su aplicación. Precisamente, algunos territorios gobernados por el PP ya están llevando a cabo acciones para no tener que aplicar la 'Ley Celaá', bien adelantando el procedimiento administrativo para el proceso de admisión en los centros escolares (como ya han anunciado Murcia o Madrid) o ampliando los conciertos (como ya adelantó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García Ayuso).

"La esperanza no la perdemos porque lo que defendemos es la libertad para todos, la pluralidad del sistema educativo, la libertad de elección y, por tanto, la libertad de todos, y eso es esperanza", zanja la presidenta de la asociación.

Con ésta, sería ya la quinta movilización de esta plataforma desde que se iniciara el trámite parlamentario de la ley, después de la concentración de vehículos celebrada el domingo 22 de noviembre por todas las ciudades de España y otras cuatro concentraciones frente a las puertas del Congreso en el mes de noviembre (el día 5, el 10 y el 13), así como protestas convocadas cada miércoles en los centros concertados de todo el país. Y no será la última: este domingo 20 de diciembre, la Plataforma tiene previsto emular la concentración de vehículos del pasado 22 de noviembre por todas las ciudades de España.

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha cifrado en un 8,7% la caída de ingresos tributarios en términos homogéneos hasta el mes de octubre en comparación al año pasado, y en un 10,1% la merma de la recaudación fiscal total.

Así lo ha señalado Gascón durante su intervención en un evento virtual organizado por Lefebvre sobre el proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Según ha indicado Lefebvre en una nota, Gascón ha explicado que esta caída de los ingresos tributarios se debe a los aplazamientos concedidos en el primer semestre del año y supone una mejora en la coyuntura internacional en comparación con al año anterior.

Además, ha resaltado que es "positivo" que los ingresos caigan menos que la actividad, puesto que ese es el principal indicador de que las cosas van "razonablemente bien" en un país cuando se refiere a la aplicación del sistema tributario.

La semana pasada en el Senado la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, defendió que las previsiones de ingresos del Gobierno tienen un "grado de seguridad muy alto".

La previsión del Gobierno es que los ingresos tributarios cederán un 7,6% este año, hasta los 196.537 millones de euros, pero se elevarán un 13% en 2021, hasta los 222.107 millones, tal y como recoge el proyecto de Presupuestos, gracias a la recuperación, una aportación de ingresos de 6.800 millones de euros derivada de los fondos europeos y la subida de impuestos.

La caída del 7,6% prevista sería la mayor en once años, ya que en los últimos ejercicios crecía de forma sostenida por encima del 10%, tras los desplomes durante los años de la anterior crisis, como 2008 (-13,5%) o 2009 (-16,9%).

Según indicó Bardón, los ingresos procedentes de los fondos europeos y el impacto de los cambios normativos llevarán a alcanzar unos ingresos no financieros de 255.631 millones, un 14,5% más, con un alza de los ingresos tributarios del 13%, hasta los 222.107 millones de euros.

LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE

También han participado en el evento virtual el subdirector general de Tributos, Carlos Gómez; el subdirector general de Ordenación Legal en el departamento de Inspección de la AEAT, Marcos Álvarez; el inspector en el departamento de Recaudación de la AEAT, Antonio Montero, o expertos como la catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia, Ana María Juan, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense, Javier Martín, entre otros.

Gómez ha subrayado la importancia de regular los softwares de doble uso y las certificaciones exigidas en esta materia, mientras que Montero ha destacado que el proyecto de ley de prevención de lucha contra el fraude contempla la actualización de la lista de paraísos fiscales, refuerza el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas y prohíbe por ley las amnistías tributarias".

Además, ha añadido, en relación con el nuevo sistema de recargos, que "no blinda la no sancionabilidad en un momento posterior si el contribuyente no ha regularizado y si es la administración la que comprueba".

Ha puntualizado también la posibilidad que recoge el proyecto de salirse de la "lista de morosos" incluso cuando el pago se efectúa fuera de plazo, así como la importancia de la precisión que sobre el plazo de ingreso "originario" se incorpora en la Ley General Tributaria.

Ana María Juan, por su parte, se ha referido al debate respecto a cuándo y cómo puede pedir la Inspección de los Tributos autorización para una entrada en el domicilio constitucionalmente protegido, sobre lo que ha indicado que "el sistema actual debe, y puede, integrarse a través de unas instrucciones jerárquicas que minimicen los riesgos de desproporción, o falta de razonabilidad, y que eviten que la multiplicación de entradas domiciliarias se convierta en un objetivo en sí mismo".

Por último, Marcos Álvarez ha explicado que la disposición transitoria única del proyecto habilita, indirectamente y a través del trámite de audiencia, para que puedan aplicar el nuevo sistema de recargos aquellos contribuyentes que ya hubieran interpuesto recurso contra la regularización administrativa.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha negado a admitir que el informe del Consejo de Estado contra el decreto que valida el test de antígenos sea un "fracaso" y ha querido dejar claro que su función es defender los intereses de Canarias, con independencia del partido que esté gobernando el país.

Así lo ha señalado en respuesta a una pregunta del diputado nacionalista Pablo Rodríguez sobre previsión de realización de cambios en el Gobierno para afrontar con mayores garantías el resto de legislatura, y quien también afirmó que el dictamen del Consejo de Estado no es más que el "fracaso" del Ejecutivo canario.

Pablo Rodríguez también criticó que los cambios que ha hecho el Ejecutivo han llegado "tarde" y destacó, de forma irónica, que el presidente Torres haya contado con personas que estuvieron en gobiernos de Coalición Canaria: "Le facilitaremos algún teléfono más si lo necesita".

En su intervención, el consideró "absolutamente injusto" que "los mismos que decían que era un gesto valiente [la aprobación del decreto que valida los test de antígenos] no pueden decir ahora que, por las decisiones de otros, es un fracaso".

Torres afirmó que su Gobierno, formado por PSOE, NC, Podemos y ASG, está "más unido" que nunca a raíz de las adversidades, incluso más que al principio de la Legislatura. Dijo que está "preparado para afrontar los retos del presente y del futuro" y añadió que los cambios que se han hecho han sido "intentando buscar el bien común", aunque algunos de ellos hayan sido "traumáticos".

Señaló, asimismo, que cuando CC critica que el presidente tire de los "mejores gestores", haya gobernado quien haya gobernado, lo que está diciendo es que "pone por delante los intereses de Canarias a los de su partido", y se mostró convencido de que la sociedad canaria está "contenta" con que el Gobierno esté haciendo los "máximos esfuerzos" ante la situación que está viviendo el archipiélago.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este martes que las campañas de vacunación en los países de la UE podrán empezar "de inmediato" tras la primera autorización que llegará el lunes a una de las candidatas a vacuna por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), al tiempo que ha invitado a los gobiernos nacionales a coordinarse para que puedan empezar "el mismo día" a vacunar a sus ciudadanos, como prueba de unidad frente a la pandemia.

"Empecemos cuanto antes con la vacunación, juntos, a Veintisiete, con un inicio el mismo día. Dado que hemos avanzado unidos en esta pandemia, iniciemos la erradicación de este horrible virus juntos y unidos", ha pedido Von der Leyen, cuyo Ejecutivo no tiene competencias en materia sanitaria pero ha negociado en nombre del bloque los acuerdos con los laboratorios la compra de las vacunas.

Toda recuperación de la crisis generada por el coronavirus debe pasar primero por superar la pandemia, ha advertido Von der Leyen en una intervención ante el pleno del Parlamento europeo, para después recordar que será necesario que llegar a al menos el 70% de la población europea vacunada para poder frenar la propagación del virus.

También ha defendido que la UE ha comprado "más que suficientes" dosis para cumplir con la campaña de inmunización de los ciudadanos en todos los Estados miembro, por lo que el bloque podrá después dar parte de las vacunas a otros países más vulnerables en el exterior.

"Nadie debe pensar que estamos ya fuera de peligro, no cuando más de 3.000 europeos cada día o cuando los contagios y hospitalizaciones siguen aumentando en algunos Estados miembro", ha insistido la política alemana, que con todo ha defendido que hay "esperanza" y que la vacuna es prueba de que también hay buenas noticias.

Von der Leyen ha recordado además que el próximo lunes la primera candidata, la de Pfizer y BioNtech, "será autorizada" el próximo lunes por la EMA, con lo que la administración de la vacuna podrá comenzar "inmediatamente".

Una vez que la agencia europea dé su visto bueno aún será necesario que la Comisión Europea dé luz verde a la vacuna, pero Bruselas ya ha dicho que ha agilizado todos los procedimientos para que esa fase que normalmente lleva meses se pueda concluir en días.

Más tarde, un portavoz de Von der Leyen ha insistido en la importancia de que los Estados miembro se coordinen todo lo posible a la hora de iniciar sus respectivas campañas de vacunación y ha destacado que Bruselas ha ofrecido su "apoyo activo" a las autoridades de los Veintisiete para facilitar la distribución de las dosis y agilizar su inoculación en la población.

"Una vez que la vacuna sea aprobada es deseable que se empiece cuanto antes", ha insistido el portavoz comunitario Eric Mamer, para después recalcar que la Comisión hará "todo lo que pueda" que la autorización del fármaco pueda decidirse "en dos días" y está en contacto con los Estados miembro para ayudar a lanzar las campañas "tan rápido como sea posible".

Anteriormente, el Ejecutivo comunitario indicó que ha agilizado todos los procedimientos, incluida la consulta necesaria con los expertos de todos los Veintisiete, para reducir a un máximo de tres días un proceso que habitualmente lleva cerca de tres meses.

El portavoz también ha defendido la decisión de que el número de dosis que se distribuya de salida en cada Estado miembro venga determinado en base a la población de cada país, aunque no todos puedan empezar la vacunación el mismo día. "Es el reparto más justo que permitirá la distribución más correcta", ha zanjado Mamer.

Varios libreros independientes han reconocido este miércoles 16 de diciembre tras una reunión con representantes del Ministerio de Cultura que la declaración de servicio esencial en España "jurídicamente es difícil, por no decir imposible", pese a haber reunido más de 75.000 firmas apoyando esta petición.

"Al final, ante cualquier posible Estado de Alarma, son las autoridades sanitarias las que deciden qué servicios son esenciales según la gravedad. Hemos salido un poco decepcionados por eso, ya que no se puede cerrar una esencialidad antes de que se produzca otro posible estado de emergencia", ha señalado a Europa Press el promotor de la iniciativa, Rafael Soto.

Soto (de la librería Nakama) ha estado acompañado por varios libreros independientes de Madrid --Terry Craven, de la librería Desperate Literature; Cristina López de Vino a por letras; Begoña Loza de La esquina del zorro rojo y Pepe Olona, propietario de Arrebato Libros--. La reunión ha sido con la directora general del LIbro, María José Gálvez.

La petición en 'change.org', que ya va por las 76.726 firmas, ha sido respaldada por autores como Elvira Sastre o Javier Sierra. Soto ha apuntado que, pese a darla "por terminada", no la cerrará "por lo que pueda pasar". "Pero ahora vemos que una declaración tiene poco recorrido, porque dependerá de Sanidad y las comunidades autónomas", ha lamentado.

La declaración de servicio esencial supondría que los ciudadanos puedan acudir a las librerías en las zonas con restricciones y limitaciones comerciales o en caso de confinamiento domiciliario. Tal y como explica Soto, países como Bélgica o México ya han dado este paso, y dentro de España, una comunidad autónoma como Andalucía ha reconocido que las librerías "son fundamentales".

"Tenemos cierta decepción, pero es comprensible. Desde Cultura además nos han contado el compromiso por las librerías y nos sentimos muy contentos porque se han escuchado nuestras reclamaciones", ha remarcado el librero, quien reconoce que su sector ha sorteado mejor la crisis del coronavirus que otros profesionales de la cultura.

"Por ejemplo, estamos muchísimos mejor que técnicos de sonido, los conciertos, la música o el teatro, por la realidad que impone este virus. Pero sigo opinando que la cultura es segura, en todos los ámbitos", ha indicado, tras alertar de los riesgos de un nuevo confinamiento.

Las Navidades están cerca y son el período del año con el que muchas librerías consiguen salir adelante. Estamos más que preparados para garantizar la seguridad de nuestros lectores, que suelen acudir de forma individual a comprar libros. Llegado el caso de posibles confinamientos duros, si no nos lo ponen un poquito más fácil, muchas tendremos que cerrar", ha concluido.

El pasado mes de noviembre, coincidiendo con el Día de las Librerías, el sector resaltaba una "lenta recuperación del flujo de trabajo y ventas" en España, tras la crisis generada por la pandemia de coronavirus, pero con unas pérdidas del 22,5% en los tres primeros trimestres de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior.

El 78% de los periodistas contratados en medios ha realizado una cobertura informativa de la pandemia de la COVID-19 y el 80% reconoce que no tenía conocimientos específicos suficientes para ello, según el 'Informe Anual de la Profesión Periodística 2020', editado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y dirigido por el periodista Luis Palacio.

La investigación ha sido presentada este miércoles en un acto celebrado en la sede de la APM, con la participación de su presidente, Juan Caño, quien ha puesto de relieve el "orgullo" que siente la organización por seguir auspiciando este estudio "un año más", que sigue siendo "una verdadera radiografía de la hermosa profesión".

De este modo, el informe indica que el 77% de los periodistas cree que la calidad de la información sobre la pandemia es algo deficiente o muy deficiente. "Un porcentaje parecido reconoce que actualmente se necesita mayor especialización para trabajar como periodista", ha afirmado Luis Palacio.

En cuanto a la población española, el 43% de ciudadanos piensa que la cobertura de la Covid-19 está siendo excesiva, mientras que un 37% de los periodistas considera que ha sido buena y el 36% que cree que ha sido mala. Para Luis Palacio, lo que ha sucedido es un "hartazgo en la población" debido a que "se sigue haciendo una cobertura muy centrada en los datos" diarios.

Según indican los resultados de este informe, el 84% de los periodistas y el 93% de quienes se dedican a la comunicación empresarial o institucional han teletrabajado durante estos meses de emergencia sanitaria, siendo los principales problemas de ello la falta de espacio adecuado en sus hogares y la posibilidad de limitar los horarios de trabajo.

Las consecuencias derivadas de la pandemia del nuevo coronavirus también han tenido su impacto en el empleo, de modo que la cifra de periodistas parados ha crecido un 23% hasta los 8.636 profesionales, según cifras del SEPE a septiembre de 2020. El desempleo ha crecido más entre los hombres, pero las mujeres siguen representando casi dos tercios de los periodistas sin trabajo (62%).

En relación con el desempleo registrado por comunidades autónomas, la investigación apunta que donde más ha crecido respecto a septiembre de 2019 es en Baleares (121%), seguido de Cantabria (59%), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (36%), y Andalucía y Asturias (35%).

En este sentido, los datos procedentes de la encuesta de la APM reflejan que el 28% de los periodistas contratados y el 8% de los comunicadores ha sido incluidos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Además, un 30% de los periodistas y un 41% de los comunicadores percibió un complemento salarial por parte de su empresa.

En cuanto a los profesionales que trabajan como autónomos, el informe 2020 de la Asociación de la Prensa de Madrid revela que en torno al 60% de ellos ha experimentado un descenso en los encargos recibidos de medios y empresas.

En su intervención, el autor del estudio ha llamado la atención sobre el número de periodistas autónomos que trabajan como falsos autónomos, es decir, "integrados en la estructura de una empresa que, en realidad, debería tenerles contratados". Según la encuesta, representan "un 14%, al que cabría añadir una parte del 18% que solo trabaja para un medio".

MÁS DE 40 HORAS SEMANALES

También ha crecido el número de periodistas y comunicadores que trabajó por encima del límite de las 40 horas semanales, respecto a 2019. En concreto, se han registrado porcentajes cercanos al 60%, debido a la dificultad de limitar los horarios laborales en el teletrabajo.

En términos salariales, el estudio refleja un deterioro en el caso de los periodistas, al tiempo que muestra una mejora en el caso de los comunicadores. "La situación de los autónomos es sensiblemente peor a la de los contratados", ha aclarado Palacio.

En relación con los principales problemas profesionales, destacan la mala retribución, el desempleo y la precariedad laboral, la falta de independencia de los medios, y la falta de rigor y neutralidad en el ejercicio profesional.

Por otra parte, Palacio ha apuntado que el informe vuelve a mostrar el escaso porcentaje de mujeres que ocupa puestos directivos, cuando en las redacciones, los porcentajes entre mujeres y hombres están equilibrados. "La brecha se va abriendo a medida que se consideran de mayor responsabilidad, dando como resultado un predominio de los hombres", señala el estudio.

No obstante, en el ámbito de la comunicación existe un mayor porcentaje de mujeres en puestos directivos. En concreto, un 58% de quienes declaran ser directivos son mujeres.

El 'Informe de la Profesión Periodística 2020' se ha apoyado en una encuesta profesional a 1.201 periodistas, realizada en colaboración con otras organizaciones profesionales.

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha asegurado este miércoles que el 14 de febrero habrá elecciones en Cataluña, y que para ello el 22 de diciembre firmará "el decreto de convocatoria" de los comicios.

"El 22, yo firmaré el decreto de convocatoria de las elecciones, y deberemos seguir trabajando para garantizar, no sólo la actividad electoral del 14 de febrero, sino también para la actividad de los servicios públicos, sociales y económicos", ha recalcado en la sesión de control en el Parlament en respuesta a la pregunta del líder del PP, Alejandro Fernández.

Todo ello después de que Fernández acusara al presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, de cuestionar que los comicios se puedan celebrar en la fecha prevista, y de reprocharles que se indignaran cuando, tiempo atrás, la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, lanzó un "globus sonda" en la misma dirección.

"Cada vez que JxCat les aprieta las tuercas, les tiemblan las piernas. Exigimos que expliquen las condiciones de un eventual aplazamiento, sin ambigüedades. O acabaremos pensando que le tienen más miedo a las urnas que a la propia pandemia", ha apuntado el dirigente popular.

Aragonès le ha afeado que no asistieran a la reunión convocada por el Govern con los grupos en el Parlament para hablar de las elecciones y de los posibles escenarios en los que podrían posponerse.

RECUERDA A FORCADELL

El vicepresidente del Govern también ha replicado a Fernández que no tienen miedo a las urnas, y ha recordado que la expresidenta del Parlament Carme Forcadell hace mil días que está en la prisión "por la defensa de las urnas, del parlamentarismo y por hacer de presidenta de este Parlament".

"Las urnas siempre y sobre todo. También sobre las cuestiones que no les gustan a ustedes, como el referéndum de autodeterminación", ha zanjado.