El Banco de España ha sancionado en firme a Avalmadrid, a varios miembros de su consejo de administración y dos ex directores generales y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, con un total de 251.050 euros.

En concreto, se amplían las multas difundidas este lunes con las sanciones firmes en vía administrativa a Jorge Morán, que fue director general de Avalmadrid, con 15.000 euros, y Juan Iranzo Martín, que fue consejero del ente, con 4.000 euros por unas infracciones «graves».

El supervisor considera todas las infracciones cometidas como «graves» al incumplir la entidad un requerimiento del Banco de España en materia de control interno, de concentración y seguimiento del riesgo, según informó este martes.

El organismo supervisor ha multado en firme, con una sanción de 95.000 euros, a Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca, por la comisión de una infracción «grave», tipificada en el artículo 5.r) de la Ley 26/1988 sobre disciplina y intervención de las entidades de crédito.

Por su parte, el que fuera director general de Avalmadrid Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo ha sido multado en firme por vía administrativa con 45.000 euros, por la comisión de una infracción «grave». Del mismo modo, el consejero Pedro Irigoyen Barja ha sido sancionado con 10.000 euros.

De otro lado, el consejero de Avalmadrid Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa ha sido sancionado con 10.400 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario, por infracción grave. Esta sentencia, firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente.

Entre los expedientados también se encuentra la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, con una multa de 34.800 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario. Esta sanción, que es firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente.

TAMBIÉN AL BANCO SANTANDER, POR POPULAR

También ha sido sancionado en firme por vía administrativa por infracción grave el Banco Santander, en su condición de sucesor universal del Banco Popular, como consejero de Avalmadrid, por un importe de 33.250 euros.

El origen del procedimiento es una visita de inspección del Banco de España a Avalmadrid en el año 2012, cuando se constató la necesidad de aplicar una política crediticia que redujera la concentración de riesgos, así como de mejorar los procedimientos de seguimiento del riesgo.

El Banco de España emitió un informe con requerimientos sobre ambas cuestiones que fue respondido por la entidad mediante carta, en la que se comprometió a implementar medidas a partir del 1 de enero de 2013, si bien no lo hizo hasta octubre de 2014 en el caso de la concentración de riesgos, y hasta al menos el 21 de junio de 2018 en cuanto al seguimiento del riesgo.

La sectorial nacional del aceite de oliva, que agrupa a las denominaciones de origen en España, ha mostrado este martes en una reunión mantenida en Madrid con el secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, su «rechazo rotundo» a la implantación del sistema Nutri Score para el aceite de oliva, según ha informado en un comunicado.

En concreto, el sector del aceite de oliva cree que esto supondría admitir en el etiquetado una información nutricional «incompleta, tendenciosa y, por tanto, falsa», no solo para el consumidor español sino también para el europeo.

El actual método de clasificación equipara el aceite de Oliva Virgen, Virgen Extra (AOVE) y oliva, entre otros, a los aceites de colza, y no tiene en cuenta las «más que demostradas» propiedades saludables y beneficiosas para la salud del aceite de oliva.

La sectorial, representada en la reunión por su presidente, Enric Dalmau, y el secretario de la misma, José Manuel Bajo, entiende que el Gobierno de España «no puede ser cómplice en momento alguno de un atropello» que dañará «irremediablemente» la imagen y la reputación de uno de los productos agroalimentarios más prestigiosos del país como es el aceite de oliva.

Este sistema de Nutri Score, impulsado desde Francia, persigue clarificar qué alimentos son más o menos saludables mediante un sistema semafórico de cinco registros, que van desde el verde (el más saludable) al rojo (el menos saludable), y que sitúa actualmente al aceite de oliva al mismo nivel que el aceite de semilla, pese a que los aceites de oliva virgen y virgen extra ya tienen una calificación de máximo nivel otorgada por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria.

La sectorial ha reclamado además a la presidencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, dependiente del Ministerio de Consumo, que se trabaje de «forma incansable» para proteger los intereses del consumidor en la implantación del Nutri Score al aceite de oliva, y que lo haga no solo a nivel español sino a nivel europeo.

El secretario ejecutivo de la Sectorial Nacional del Aceite de Oliva Virgen con Denominación de Origen, José Manuel Bajo, ha afirmado que «identificar en el punto de venta el aceite de oliva y de semilla, entre ellos el aceite de colza, es un fraude rotundo al consumidor». «Que el Reino de España admita un sistema de clasificación nutricional que engaña al consumidor es un absoluto escándalo», ha indicado.

España exporta dos tercios de su producción de aceite de oliva virgen y virgen extra y aproximadamente un tercio de esa cantidad se comercializa en los países de la Unión Europea. Es mucho lo que nos jugamos porque estamos poniendo en riesgo una seña de identidad como país y en peligro la Marca España, y en tela de juicio nuestra influencia internacional. Todo esto sumado al fraude a los consumidores», ha subrayado Bajo.

El Consejo de Ministros ha autorizado destinar 600.000 euros para acometer obras de emergencia dirigidas a realizar actuaciones hidrológico-forestales para restaurar las zonas de gran valor ecológico afectadas por incendios forestales del pasado verano en La Palma.

En concreto, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, se instalarán defensas para disminuir el aporte de cenizas y arrastres para restablecer la vegetación existente en la zona antes del incendio, así como garantizar el suministro de agua potable y evitar la proliferación de plagas y de procesos erosivos, como consecuencia del debilitamiento y pérdida de la cubierta forestal.

De este modo, espera favorecer la regeneración natural y se recuperarán las infraestructuras y los senderos afectados. El incendio, acaecido el pasado 21 de agosto, afectó a gran parte del término municipal de Garafía y destruyó 1.178,47 hectáreas de pinar canario y vegetación de matorral de gran riqueza ecológica.

La emergencia de las actuaciones está justificada ante el riesgo de posibles lluvias que aceleren y agraven los procesos erosivos, de graves consecuencias para personas y bienes y, posteriormente, facilitar a la comunidad autónoma la restauración integral de los espacios dañados a más largo plazo.

El fuego se declaró en el paraje de Caleta, que debido a las condiciones meteorológicas extremas por la irrupción de masas de aire cálido y mínima humedad, propició un comportamiento de gran virulencia e intensidad que afectó a gran parte del término municipal de Garafía, en la isla de La Palma (Canarias). El incendio quedó estabilizado seis días después, el 27 de agosto tras dejar importantes daños de carácter ecológico.

Además, el fuego provocó daños en zonas poblacionales y caseríos, áreas agrícolas y ganaderas de las islas, así como en diversas infraestructuras y en la cabaña ganadera de propiedad particular. Todos los terrenos afectados son de titularidad privada.

RECUPERACIÓN DE HÁBITATS Y ESPECIES

Según el Gobierno, el área incendiada se encuentra incluida en su totalidad en el término municipal de Garafía, lo que afecta fundamentalmente a masas arbóreas de pinar canario y a matorrales termomediterráneos y preestépicos.

El pinar canario está considerado como hábitat natural de interés comunitario por la Red Natura 2000. También se han visto afectadas 249,32 hectáreas del Espacio Natural Protegido (ENP) Costa de Hizcaguan.

Entre las especies amenazadas (incluidas en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial, en el Catálogo español de especies amenazadas y/o en el Catálogo canario de especies protegidas en las categorías de ‘en peligro de extinción’ o ‘vulnerables’), con ámbito de distribución suprainsular, cuyo hábitat se ha visto afectado, se encuentran la paloma turqué (Columba bollii), el cuervo canario (Corvus corax ssp. canariensis), el halcón tagarote (Falco pelegrinoides) el murciélago orejudo (Plecotus teneriffae ssp. teneriffae), y la garbancera canaria (Cicer canariense).

También se han visto afectadas especies incluidas en la Directiva de Hábitats o en la Directiva de Aves, en concreto las siguientes: helecho treintanudos (Selaginella denticulata), lagarto tizón (Gallotia galloti ssp. palmae), gavilan (Accipiter nisus ssp. granti), chocha perdiz (Scolopax rusticola), paloma bravia (Columba livia ssp. livia), mirlo (Tardus merula ssp. cabrerae) y graja (Pyrrhocorax pyrrhocorax ssp. barbarus).

ACTUACIONES

En concreto, el Gobierno ha declarado de emergencia la construcción de albarradas de mampostería seca con el objetivo de disminuir la velocidad de circulación del agua de escorrentía, favorecer la retención de sedimentos y facilitar la regeneración natural al aumentar la acumulación de sustrato y la ejecución de fajinadas de protección contra la erosión a partir de fustes apeados, desramados y tronzados del arbolado afectado por el incendio.

Igualmente, se ejecutarán diques de mampostería gavionada (formado por piedra y malla) para controlar la erosión y se realizarán labores selvícolas y de ordenación del combustible mediante la poda, apeo, tronzado y desramado en zonas de pinar con objeto de favorecer su recuperación y disponer de material para la elaboración de fajinadas. En zonas de fayal-brezal, se tratará de favorecer el desarrollo de la faya frente al brezo, reduciendo la presencia de éste en bordes de carretera o pista.

Del mismo modo, se incluyen entre las actuaciones de emergencia la recuperación de infraestructuras, con la restitución cartelería y señalética, así como de los escalonados de madera y barandillas existentes en tramos de sendero que se han visto dañados por el incendio y de los cajeados de los senderos afectados.

El Banco de España ha sancionado en firme a Avalmadrid, a varios miembros de su consejo de administración y dos ex directores generales y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, con un total de 251.050 euros.

En concreto, se amplían las multas difundidas este lunes con las sanciones firmes en vía administrativa a Jorge Morán, que fue director general de Avalmadrid, con 15.000 euros, y Juan Iranzo Martín, que fue consejero del ente, con 4.000 euros por unas infracciones «graves».

El supervisor considera todas las infracciones cometidas como «graves» al incumplir la entidad un requerimiento del Banco de España en materia de control interno, de concentración y seguimiento del riesgo, según informó este martes.

El organismo supervisor ha multado en firme, con una sanción de 95.000 euros, a Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca, por la comisión de una infracción «grave», tipificada en el artículo 5.r) de la Ley 26/1988 sobre disciplina y intervención de las entidades de crédito.

Por su parte, el que fuera director general de Avalmadrid Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo ha sido multado en firme por vía administrativa con 45.000 euros, por la comisión de una infracción «grave». Del mismo modo, el consejero Pedro Irigoyen Barja ha sido sancionado con 10.000 euros.

De otro lado, el consejero de Avalmadrid Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa ha sido sancionado con 10.400 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario, por infracción grave. Esta sentencia, firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente.

Entre los expedientados también se encuentra la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, con una multa de 34.800 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario. Esta sanción, que es firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente, según el expediente al que ha tenido acceso Europa Press.

TAMBIÉN AL BANCO SANTANDER, POR POPULAR

También ha sido sancionado en firme por vía administrativa por infracción grave el Banco Santander, en su condición de sucesor universal del Banco Popular, como consejero de Avalmadrid, por un importe de 33.250 euros.

El origen del procedimiento es una visita de inspección del Banco de España a Avalmadrid en el año 2012, cuando se constató la necesidad de aplicar una política crediticia que redujera la concentración de riesgos, así como de mejorar los procedimientos de seguimiento del riesgo.

El Banco de España emitió un informe con requerimientos sobre ambas cuestiones que fue respondido por la entidad mediante carta, en la que se comprometió a implementar medidas a partir del 1 de enero de 2013, si bien no lo hizo hasta octubre de 2014 en el caso de la concentración de riesgos, y hasta al menos el 21 de junio de 2018 en cuanto al seguimiento del riesgo.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado la convocatoria de ayudas por un total de 75,1 millones de euros para impulsar las instalaciones de energía renovables en las Islas Canarias y Baleares.

Ambas convocatorias serán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), destinado a fortalecer la cohesión económica y social en la Unión Europea, corrigiendo los desequilibrios que existen entre sus regiones.

En concreto, se ha dado el visto bueno a la segunda convocatoria de ayudas Eolcan, que destinará 54,4 millones de euros a impulsar las instalaciones de energía eólica en las Islas Canarias.

Con esta ayuda se prevé la entrada en funcionamiento de un mínimo de 160 megavatios (MW) de potencia renovable en la comunidad autónoma entre 2021 y 2022.

Los 54,4 millones de euros en subvenciones movilizarán una inversión privada adicional de unos 137 millones, lo que generará empleo local y permitirá la eliminación más de 232.000 toneladas equivalentes de CO2 al año, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

Esta convocatoria se enmarca en las acciones dirigidas a la descarbonización de los territorios insulares, a la reducción de su dependencia del petróleo y, en definitiva, al conjunto de medidas destinadas a cumplir con el objetivo de neutralidad climática para el año 2050, destacó el gabinete dirigido por Teresa Ribera.

Mediante estas ayudas se incentiva la instalación de energías renovables en aquellas zonas en las que, por sus particularidades geográficas, la descarbonización es más compleja que en los territorios peninsulares.

LA SEGUNDA CONVOCATORIA

En diciembre de 2018 ya tuvo lugar la primera convocatoria de ayudas a la inversión de instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología eólica situadas en Canarias cofinanciadas con Fondos Comunitarios Feder (Eolcan).

El presupuesto adjudicado entonces sobrepasó los 55 millones de euros, asociados a 25 proyectos por una potencia conjunta de 184 MW de potencia eólica. La potencia eólica que participó en la primera convocatoria superó casi en un 30% la potencia adjudicada en la misma.

Eolcan 2 incorpora, entre otras novedades, la apertura de la participación a proyectos de repotenciación de parques eólicos existentes de más de 20 años y el fomento del almacenamiento de la energía generada para impulsar la renovación tecnológica y facilitar la integración de la energía eólica en los sistemas eléctricos insulares.

20,7 MILLONES DE EUROS A BALEARES

El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes Solban 2, que destinará 20,7 millones de euros a impulsar las instalaciones de energía solar fotovoltaica en el archipiélago balear y con la que se prevé la entrada en funcionamiento de un mínimo de 120 MW de potencia renovable en la comunidad autónoma entre 2021 y 2022.

Con Eolcan 2 son ya cinco convocatorias realizadas para sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares junto a Eolcan, Solcan, Solbal y Solbal 2. En total suponen la movilización de 191 millones de euros en apoyo público, aproximadamente 932 millones de euros de inversión público-privada y la puesta en marcha de unos 1.063 MW renovables.

SINGULARIDAD DE LOS TERRITORIOS INSULARES

Las singularidades de los sistemas eléctricos de los territorios insulares con respecto al sistema peninsular derivan fundamentalmente de su carácter aislado y de su reducido tamaño, lo que conlleva mayores dificultades para la integración de la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. Pese a ello, en los últimos años se ha llevado a cabo un esfuerzo que ha permitido una mejora de esta situación, con ejemplos de éxito como el de la isla de El Hierro, que ha logrado autoabastecerse al 100% con energías renovables de forma puntual.

No obstante, la diferencia de penetración renovable entre el sistema peninsular y el insular continúa siendo significativa (16,4% en Canarias frente al 38,6% en la península en 2019).

Para mitigar esta disparidad y avanzar en el cumplimiento de los objetivos comunitarios de uso de energías renovables se crean mecanismos como este para la puesta en marcha de nuevas instalaciones en el archipiélago. De este modo se contribuirá a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia energética y a la disminución de emisiones de CO2.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha reclamado al Gobierno la inclusión del protocolo de reclamaciones colectivas dentro de la tramitación parlamentaria de la Carta Social Europea para su ratificación.

Este sistema de reclamaciones colectivas permite que determinados sujetos, principalmente sindicatos y ONG puedan denunciar directamente en el Comité Europeo de Derechos Sociales a los Estados que incumplen los mandatos de esta carta, tanto por su legislación como por sus prácticas.

Y es que el BNG recuerda cómo el pasado 10 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo para remitir a las Cortes Generales la revisión de esta Carta, autorizando la manifestación de su consentimiento, pero informando de que este protocolo no sería ratificado en el presente procedimiento.

«Días después y sin explicar las razones, dicha publicación oficial fue objeto de cambios, eliminando toda referencia a la voluntad expresa del Gobierno de no querer ratificar el citado protocolo sobre reclamaciones colectivos», manifiesta el BNG.

En este sentido, esta formación, a través de su diputado en el Congreso, Néstor Rego, ha avanzado su intención de presentar una enmienda parcial al texto durante su tramitación para que se incluya en la declaración de aceptación en lo referente a las reclamaciones colectivas.

«Este sistema de reclamaciones colectivas es una herramienta imprescindible para que la Carta Social Europea no quede en papel mojado, en la medida en que la ratificación del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece un sistema de reclamaciones colectivas supondría mayor visibilidad, exigibilidad y efectividad de los derechos, tan básicos y fundamentales, que aquella Carta establece» ha destacado el diputado nacionalista.

El 73% de los gestores de flotas en España cree que los vehículos eléctricos serán los protagonistas de la movilidad entre los profesionales en 2030, según se desprende del estudio ‘Españoles ante la Nueva Movilidad’ realizado por PONS Seguridad Vial y el Grupo Luike y en el que han colaborado ALD Automotive, Geotab e Iberdrola.

Tal como ha indicado ALD Aotomotive, estas cifras, que se elevan hasta casi un 93% si se consideran un horizonte temporal hasta 2040, ponen de manifiesto que la electrificación es percibida como la tendencia en la movilidad más importante para un 36% de los profesionales.

A pesar de estos datos, en la actualidad apenas el 10% de las flotas utiliza energías alternativas. Un porcentaje que disminuye «radicalmente» si se habla solo de vehículos 100% eléctricos, lamenta la empresa de renting y gestión de flotas.

Según el estudio, entre las barreras para la electrificación de flotas se encuentran la «escasa» autonomía de los vehículos, ya que así lo considera el 71% de los gestores. Otros aspectos como el elevado coste de los coches ‘cero emisiones’ y la falta de infraestructura pública de recarga, con un 58% y un 57% de los profesionales, son otros de los impedimentos para el desembarque de esta tecnología.

Por todo ello, el 75% de los encuestados se animaría a electrificar su flota si se mejorara la autonomía de los vehículos, mientras que un 51% lo haría si se ampliase las infraestructuras de carga y el 42% si bajase el precio de adquisición.

Antes de llegar a la electrificación mayoritaria de las flotas, el 40% de los profesionales del sector considera que de aquí a 2025 las tarifas planas van a ser las protagonistas de los hábitos de movilidad.

El teletrabajo ha llegado para quedarse, tal vez por eso, las necesidades de movilidad a nivel empresa cambien, aunque las tendencias en renting ya apuntaban hacia la flexibilidad, la pandemia ha acelerado el proceso», ha indicado el subdirector general del área comercial, marketing y comunicación externa de ALD, Antonio Cruz.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la publicación de una nueva convocatoria del Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA), con una dotación de 38 millones de euros, destinada a las doce provincias en las que no se recibieron propuestas de proyectos que cumplieran los requisitos mínimos en la convocatoria de 2020.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital informa de que se trata de la última convocatoria de un programa que se inició en 2013 y que, cuando finalicen los proyectos en fase de ejecución, habrá contribuido a que la cobertura de banda ancha a 100 Mbps alcance a cerca del 93% de la población española.

En concreto, esta última convocatoria del PEBA irá destinada a las provincias de Almería, Granada, Jaén, Málaga, Huesca, Teruel, Zaragoza, Islas Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Cáceres y Murcia, que no recibieron propuestas de proyectos que cumplieran con los requisitos técnicos mínimos exigidos en la Convocatoria de 2020.

Con el fin de incentivar una mayor participación y concurrencia de los operadores de telecomunicaciones, en esta nueva convocatoria, que como en ocasiones anteriores será cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se han reducido los objetivos mínimos de cobertura de unidades inmobiliarias (hogares o empresas) para las zonas blancas.

Así, remarca que la extensión de redes de nueva generación en estas zonas tiene «un mayor impacto social y económico», porque no tienen cobertura actual de redes NGA (New Generation Access) ni previsiones de despliegue a tres años.

Para el resto de requisitos, la presente convocatoria mantiene las mismas disposiciones de la anterior, que tenía como novedades la incorporación, por primera vez, de las zonas grises (aquellas donde hay presencia de un solo operador que puede proporcionar servicios a velocidades de más de 30 Mbps, pero sin superar los 100 Mbps) y establecía el ámbito de concurrencia provincial.

La resolución definitiva de la convocatoria de 2020, publicada el pasado 17 de noviembre, adjudicó 33 proyectos, con unas inversiones de 186 millones de euros y ayudas por 105 millones. Estos proyectos permitirán extender la cobertura de banda ancha a más de 300 Mbps, escalables a 1 Gbps, a algo más de 653.000 hogares y empresas.

ESPAÑA DIGITAL 2025

Por otro lado, el Ministerio explica que, tras el fin del PEBA, en 2021 se continuará con la extensión de las infraestructura digitales de alta velocidad a través del Plan para la Conectividad, que cuenta con una financiación de 583 millones de euros para 2021.

Este plan se enmarca en la agenda España Digital 2025, presentada el pasado mes de julio por el Gobierno y que tiene como uno de sus objetivos garantizar conectividad digital adecuada para el 100% de la población.

Una de las medidas para alcanzar esta meta es este Plan para la Conectividad, cuyas líneas generales han sido presentadas recientemente en la Comisión permanente de telecomunicaciones del Consejo consultivo para la transformación digital.

En este sentido, el Ministerio incide en que este plan está alineado con las prioridades de la Unión Europea (UE) y permitirá seguir ampliando las infraestructuras digitales a través de nuevos instrumentos de financiación.

La automatización del proceso de etiquetado de los productos pesqueros permite reducir en un 98% los errores a la hora de cumplir la compleja y variada normativa que regula la actividad pesquera, según los datos del análisis desarrollado por Toshiba Tec en España.

En concreto, el informe muestra que a lo largo de la cadena de valor del sector pesquero y acuícola, la tasa media de etiquetado incorrecto afecta actualmente a aproximadamente el 29% de la producción del sector.

Este análisis señala que estos errores de etiquetado inciden de manera notable en la pérdida de oportunidades en el entorno del ‘ecommerce’, en un momento en el que las ventas por Internet han llegado a representar el 80% de las totales durante las semanas de confinamiento de la primavera pasada, según diversas patronales el sector pesquero nacional.

El informe muestra que este incremento de la venta ‘online’ ha impulsado la demanda de sistemas de impresión por parte del sector, hasta registrar un crecimiento de un 37% durante el último semestre, comparado con el mismo período del año anterior.

Por otro lado, Toshiba señala el alto impacto de las tecnologías de etiquetado en la certificación de la trazabilidad de los productos pesqueros, una cuestión cada vez más importante por la necesidad de aumentar la confianza del consumidor en la seguridad de estos y de responder a la creciente demanda de pescado procedente de pesquerías responsables.

En este sentido y según un estudio desarrollado por Deloitte para la flota atunera europea, durante los dos últimos años el 76% de los consumidores españoles afirma haber modificado sus hábitos de compra hacia productos pesqueros responsables desde el punto de vista social y ambiental.

Para dar respuesta a esta situación, Toshiba ha desarrollado una oferta integral de etiquetado que cubre todos los procesos, tanto de la actividad pesquera como acuícola y que abarca desde el etiquetado de las capturas hasta el mantenimiento, limpieza, trazabilidad y analítica y el cumplimiento de la normativa de comercialización y de la personalización de los envíos, en el caso del comercio electrónico.

El PSOE y Unidas Podemos han votado este martes permitir el debate y votación de la enmienda antidesahucios en la Comisión de Presupuestos del Congreso, desoyendo el criterio de los letrados, que se habían posicionado en contra de tramitar esta enmienda por considerarla materia ajena a una Ley de Presupuestos.

Los servicios jurídicos de la Cámara han presentado ante la Comisión de Presupuestos un informe, fechado este lunes, en el que señalan un total de 20 enmiendas por no tener «conexión directa con los ingresos y gastos públicos».

Esta enmienda antidesahucios, impulsada por Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH-Bildu, busca ampliar la moratoria vigente a más supuestos de vulnerabilidad y prolongarla hasta diciembre de 2022.

Los letrados consideran que el contenido de esta enmienda se ciñe a una materia extrapresupuestaria, ajena a lo establecido en la Constitución para los Presupuestos, que limita el contenido incluido en la ley a materias vinculados a ingresos y gastos, según explican fuentes parlamentarias.

Ante este criterio, en la reunión de la Mesa de la Comisión de Presupuestos se ha votado este martes sobre la continuidad o no de esta enmienda, avalando su tramitación PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en este órgano. El PP ha votado en contra de su tramitación.

Este voto no anticipa en todo caso la posible aprobación de la enmienda, con la que el PSOE se ha mostrado en contra. De hecho, este mismo lunes, a través de su secretario de Organización y también ministro responsable de Vivienda, José Luis Ábalos, puso en duda su encaje en los Presupuestos y apostó por negociar y trabajar en estas medidas en otra norma.

CRITERIO FLEXIBLE, DICE LA PRESIDENTA

En rueda de prensa, la presidenta de la Comisión, la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido ha justificado su visto bueno en contra de los letrados alegando que debe prevalecer un «criterio flexible» para que sean los grupos parlamentarios los que con su voto decidan su inclusión o no en el proyecto.

No ha sido el caso de las enmiendas vetadas por el Gobierno, ya que en la reunión previa a la celebración de la Comisión la Mesa ha recibido la relación de aquellas propuestas que el Gobierno ha decidido excluir de la tramitación parlamentaria, al menos un centenar de enmiendas, por suponer un aumento del gasto o la aminoración de ingresos.

Y es que el Gobierno, a lo largo de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos, tiene potestad de excluir este tipo de enmiendas y una vez trasladado este veto, la Mesa de la Comisión debe pronunciarse. De esta forma, se quedan fuera muchas de las propuestas de los grupos para bajar impuestos o aumentar el gasto en otras partidas.

En total, los letrados de la Comisión de Presupuestos han detectado hasta 20 enmiendas, de varios grupos (PP, ERC, Cs, Más País o Teruel Existe, además de la ya citada sobre los desahucios) sin conexión directa con los ingresos y gastos públicos. Todas ellas se han salvado gracias al aval del PSOE y Unidas Podemos, pese a que, según el informe, los letrados consideran que la regulación de materias situadas fuera del contenido de Presupuestos «no estaría constitucionalmente permitida a la Ley de Presupuestos».

NO ENCAJAN EN LOS PARÁMETROS DEL TC

Y es que, según señalan, el Tribunal Constitucional ha establecido límites acerca del «contenido admisible» en las leyes presupuestarias, de modo que estos «han de circunscribirse a la aprobación de ingresos y gastos y a la regulación de materias que guarden directa relación con dichos ingresos y gastos, o contribuyan a hacer efectiva la política económica del Gobierno».

«En caso de que no se respete ese criterio, se podrá entender que la ley entra en contradicción con la citada jurisprudencia», aseveran. En este informe, señalan que las Cortes Generales «en materia presupuestaria tienen limitaciones que no se aplican a la aprobación del resto de leyes» en lo referido a «sus facultades de examen y enmienda».

EL PP VE «ACABADO» EL DEBATE PARLAMENTARIO

Tras conocer el veto del Gobierno a sus enmiendas, el PP ha criticado que antes incluso de comenzar el debate de las enmiendas esta decisión ha «acabado» con el mismo: «La Comisión de Presupuestos sin comenzar y ya han acabado con el debate parlamentario», ha manifestado su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, asegurando en un mensaje publicado en Twitter, que «Pedro Sánchez se retrata de nuevo».

En una serie de mensajes en esta red social, Gamarra ha criticado que el Gobierno haya vetado y no permita debatir ni votar durante la tramitación de los Presupuestos enmiendas relativas a las bajadas de impuestos, fondos adicionales a ayuntamientos, planes de empleo y de apoyo a autónomos, a hostelería, mejoras salariales a funcionarios de prisiones o un complemento retributivo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña.

El portavoz de Presupuestos del PP, Valentín Píriz, ha asegurado que el veto del Gobierno alcanza a más de 90 enmiendas y que, por contra, la Mesa de la Comisión haya avalado enmiendas señaladas por los servicios jurídicos de la Cámara por «regular materias que constitucionalmente no se pueden regular en los Presupuestos».

Ciudadanos, por su parte, ha informado durante el debate de la Comisión que los vetos alcanzan a más de 50 enmiendas de su formación. El portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, que representa al Grupo Plural en esta Comisión, ha asegurado que el veto pone coto a casi toda enmienda referida a asuntos fiscales, cuestionando este criterio cuando ya se ha incorporado una enmienda referida a ello, la supresión del llamado ‘impuesto al diésel’ pactado entre el Gobierno y el PNV.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la propuesta que ha realizado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, para el nombramiento de Rodrigo Buenaventura como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de Montserrat Martínez Parera como vicepresidenta del organismo.

Ahora, los candidatos deberán comparecer ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados y, superado este trámite, sus nombramientos se aprobarán por Real Decreto en otro Consejo de Ministros. El mandato de ambos puestos es por cuatro años, pudiéndose renovar una vez.

Hasta entonces, seguirán en funciones Sebastián Albella y Ana María Martínez Pina, gracias a la modificación de la normativa aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros.

Calviño ha asegurado que «las personas que se proponen son absolutamente idóneas para ocupar estos puestos y cumplen los requisitos que se prevén de experiencia, reconocimiento, independencia y reconocido prestigio para estar al frente de una institución tan importante como la CNMV».

Rodrigo Buenaventura es el actual director general de mercados de la CNMV, mientras que Montserrat Martínez Parera es la directora de la oficina de presidencia de CaixaBank y la directora de asuntos públicos de la entidad.

PERFIL DE LOS CANDIDATOS

El candidato propuesto para presidir la CNMV es director general de mercados del organismo supervisor desde 2017. Hasta ese momento, era director de mercados de ESMA (la CNMV europea), aunque Buenaventura ya había ocupado cargos directivos en la CNMV, concretamente el de director de mercados secundarios y director de relaciones institucionales entre 2005 y 2011.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, entre 1993 y 2004 desarrolló su carrera en el grupo Analistas Financieros Internacionales (Afi), donde fue analista del mercado financiero español (1993-1996), responsable de consultoría financiera (1996-2001) y consejero delegado de Consultores de Administraciones Públicas (2001-2004).

Por su parte, la candidata para presidir la CNMV, Montserrat Martínez Parera, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito financiero y en asuntos relacionados con la regulación y supervisión bancarias, tanto en el sector privado como en el sector público.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y Máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (Cemfi), dirige desde 2018 la oficina de presidencia de CaixaBank, una responsabilidad a la que sumó este año la dirección de asuntos públicos de la entidad.

Martínez es miembro del banking stakeholder group de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y de la comisión ejecutiva de Barcelona Global. Preside el comité de regulación de CaixaBank y el comité de economía de la Fundación Cotec.

Entre 2012 y 2017 fue jefa de gabinete del subgobernador del Banco de España, entre 2007 y 2011 fue directora de gabinete en la presidencia de la CNMV y, de 2005 a 2007, fue jefa de gabinete del vicepresidente de dicha institución. Entre 2011 y 2012 trabajó en el equipo de relación con inversores de BBVA, entidad en la que también desarrolló su carrera entre 1999 a 2005 como economista senior del servicio de estudios.

Ingka Group, franquiciado de Ikea y dueño de la mayor parte de sus tiendas, se anotó un beneficio neto de 1.189 millones de euros en el conjunto de su año fiscal, finalizado en agosto, lo que supone una caída del 34,6% en comparación con el ejercicio anterior como consecuencia directa del impacto de la pandemia en su negocio.

Según se desprenden de sus cuentas anuales, publicadas este martes, Ingka facturó 37.368 millones de euros en los doce meses fiscales, un 4,8% menos. La compañía ha destacado esta evolución a pesar de que durante varias semanas, en el pico de la pandemia, tuvo que cerrar tres de cada cuatro de sus tiendas.

La división Ikea Retail, que acumula el negocio de Ingka como operador de tiendas de Ikea, registró unos ingresos de 35.200 millones de euros, un 4,1% menos que un año antes.

Este último año nos ha puesto a prueba a todos, pero que hayamos gestionado para salir en una sólida posición financiera al mismo tiempo que hemos dado grandes pasos hacia nuestra transformación es un testimonio de nuestros valores y de la resiliencia de nuestros trabajadores», ha asegurado el viceconsejero delegado y director financiero de la multinacional, el español Juvencio Maeztu.

Las ventas a través de Internet experimentaron un incremento del 60%, frente al crecimiento del 48% contabilizado en el ejercicio anterior. En el año, registró un total de 3.600 millones de visitantes únicos en la web de Ikea, frente a los 2.600 del año anterior.

En el conjunto de los doce meses fiscales, los costes de los productos y los servicios ofrecidos se situaron en 25.643 millones de euros, un 4,2% menos. De su lado, los gastos operativos se redujeron un 1,8% menos, hasta 10.454 millones de euros.

La firma ha subrayado que los beneficios se reinvertirán en la empresa. Además, ha precisado que registró un gasto de capital durante el ejercicio de 2.100 millones de euros, incluyendo una inversión «extensa» en tiendas físicas, en la experiencia digital del usuario y en energías renovables con el objetivo «ser más asequible, accesible y sostenible.

De cara al próximo ejercicio fiscal, Ingka planea mantener su expansión de tiendas físicas en los centros de las ciudades. También aspiran a seguir abriendo nuevos formatos de tienda al mismo tiempo que siguen invirtiendo en desarrollar su «experiencia omnicanal».

A principios de octubre, Inter Ikea Systems, la compañía dueña del concepto ‘Ikea’ y encargada de franquiciar la marca tanto a Ingka Group como a los otros 11 franquiciados a nivel global, anunció que las ventas totales de todas las tiendas de Ikea ascendieron a 39.600 millones de euros.

El índice DAX 30, el selectivo de referencia de la Bolsa de Fráncfort, pasará a estar integrado desde septiembre de 2021 por 40 empresas cotizadas, diez más que en la actualidad, a las que se les aplicarán, además, unos criterios de selección más estrictos, después del reciente escándalo protagonizado por la fintech Wirecard, declarada en quiebra el pasado mes de junio.

Por contra, el selectivo MDAX, compuesto por empresas de tamaño mediano, se reducirá a 50 integrantes, frente a los 60 de la actualidad.

La remodelación del índice, la más profunda desde su establecimiento en 1988, pretende aumentar la calidad de los selectivos y alinearla, indicó Deutsche Boerse, gestora del parqué alemán, después de cerrar el pasado 4 de noviembre la consulta realizada en el mercado.

«Hemos recibido comentarios de más de 600 participantes, incluidas instituciones financieras, empresas, inversores privados, así como asociaciones y grupos de interés», indicó Stephan Flaegel, responsable global de índices de Qontigo, proveedor de referencias del mercado. «Esto nos permitió lanzar una reforma de DAX bien fundada», añadió.

Entre los cambios introducidos en el proceso de selección, a partir del próximo mes de diciembre, los futuros candidatos al DAX deberán registrar un resultado bruto de explotación (Ebitda) positivo en sus dos ejercicios financieros más recientes y, desde marzo de 2021, todas las compañías seleccionadas estarán obligadas a publicar sus cuentas anuales auditadas, así como información trimestral al respecto.

«Después de un plazo de 30 días de advertencia, cualquier infracción de estos requisitos supondrá la exclusión inmediata del índice», indicó Deutsche Boerse, añadiendo que, a partir de 2021, el DAX tendrá una revisión programada dos veces al año, en marzo y septiembre, cuando en la actualidad únicamente tiene lugar en septiembre.

No obstante, por el momento podrán seguir formando parte del DAX empresas involucradas en actividades controvertidas, puesto que la propuesta respecto de la aplicación de criterios de sostenibilidad más allá de la gobernanza d¡fue recibida con división de opiniones en el periodo de consultas.

«Vimos opiniones muy variadas», reconoció Flaegel, quien señaló que seguirán manteniendo el diálogo con los participantes del mercado al respecto.

«Las inversiones sostenibles son y seguirán siendo una de las tendencias más importantes en los mercados financieros y cambiarán de forma fundamental el comportamiento de los inversores en los años venideros», añadió.

Vodafone se ha comprometido a reducir las emisiones de CO2 globales de la compañía a ‘cero emisiones netas’ en 2040 y ha confirmado que sus objetivos de reducción de carbono para 2030 han sido aprobados por la iniciativa Science Based Targets (SBTi).

Estos objetivos, según ha informado la compañía, han sido aprobados en consonancia con las reducciones necesarias para mantener el calentamiento global a 1,5 °C, el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París.

Para 2030, Vodafone eliminará todas las emisiones de carbono de sus actividades propias y de la energía que compra y utiliza (Alcance 1 y 2).

Vodafone también se ha comprometido a reducir a la mitad las emisiones de carbono de las fuentes de Alcance 3 para 2030, incluyendo joint ventures, todas las compras de su cadena de suministro, el uso de productos vendidos y los viajes de negocios.

Para 2040, Vodafone asegura que habrá eliminado por completo las emisiones de Alcance 3, adelantando en diez años la ambición original de Vodafone de alcanzar ‘cero emisiones netas’ de carbono en 2050.

Para el CEO de Vodafone Group, Nick Read, la compañía cree en «liderar con el ejemplo», por lo que se han comprometido a convertirse en una compañía de ‘cero emisiones’ para 2040. «La iniciativa Science Based Targets ha confirmado que nuestros objetivos de reducción de huella de carbono para 2030 están en línea con el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París», ha declarado.

En la misma línea, ha destacado su compromiso de reducir su huella de carbono «a través de una mayor eficiencia energética, la utilización de energía renovable, la reducción de los residuos y la aplicación de nuevos criterios ambientales a la hora de seleccionar proveedores». «También facilitaremos que nuestros clientes reduzcan su huella medioambiental mediante el uso de nuestros servicios, incluido Internet de las cosas (IoT)», ha precisado.

«Carbon Trust se enorgullece de haber apoyado a Vodafone en la creación de estos ambiciosos objetivos, alineados con la ciencia y la ambición global necesaria para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C», ha añadido el director ejecutivo de Carbon Trust, Tom Delay.

Además, Delay ha afirmado que esta estrategia «guiará a Vodafone hacia un futuro de 1,5 °C, y le hará estar a la vanguardia del sector, asumiendo un papel de liderazgo claro en la reducción de sus emisiones y permitiendo que otros también lo hagan».

SCIENCE BASED TARGETS

La iniciativa Science Based Targets (SBTi) es una colaboración entre CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). El SBTi define y promueve las mejores prácticas en el establecimiento de objetivos basados en la ciencia y evalúa de forma independiente los objetivos de las empresas en línea con la ciencia climática más reciente.

Vodafone es una de las más de 500 empresas cuyos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero han sido validados por SBTi. La compañía se ha unido a empresas líderes en esta área, al establecer ambiciosos objetivos de reducción que limitan el aumento del calentamiento global a 1,5 °C, en línea con el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París de limitar el incremento a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.

De esta forma, Vodafone se convierte en uno de los primeros operadores de telecomunicaciones líderes en desarrollar objetivos basados en la ciencia, que siguen la senda desarrollada recientemente para el sector de las TICs a través de una colaboración entre la UIT, GeSI, GSMA y la iniciativa Science Based Targets.

Esta senda establece trayectorias específicas de reducción de emisiones en línea con la ciencia climática para empresas que operan redes móviles, redes fijas y/o centros de datos. Vodafone también ha alcanzado los umbrales requeridos por el enfoque de contracción absoluta definido por la iniciativa Science Based Targets.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú ha realizado la emisión de un bono en dólares con vencimiento en 2121, a una tasa del 3,23%, lo que supone el bono de más largo plazo emitido alguna vez por el país y el ingreso en el club de países que han emitido bonos centenarios como Austria, México o Argentina.

Las autoridades peruanas han realizado esta operación de endeudamiento junto con otras dos nuevas referencias en dólares que contarán con vencimiento en los años 2032 y 2060, con tasas del 1,86% y del 2,78%, respectivamente. En total, el importe de las tres emisiones supondrán 4.000 millones de dólares (3.370 millones de euros).

Según ha informado la cartera de Economía, las tres emisiones han logrado una demanda que ha superado los 15.000 millones de dólares (12.639 millones de euros), casi cuatro veces más de lo ofertado, con más de 240 inversores participando en cada tramo.

El Ministerio ha destacado el éxito de la operación en el marco de la actual inestabilidad política del país, que llegó a tener a tres presidentes de la república diferentes en una semana (Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti) y fuertes altercados en las calles del país.

Según el Ministerio, la superación de dicho periodo de inestabilidad se ha reflejado en una mayor tranquilidad en los mercados financieros, lo que ha permitido aprovechar ventanas de oportunidad con buenas condiciones de financiamiento en unos de los países «más sólidos en la región respecto a su fortaleza macroeconómica y fiscal».

La emisión realizada está destinada a financiar gastos relacionados con la prevención y contención de la pandemia, así como a la reactivación económica y a la atención de gastos previstos en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

«Esta operación permite asegurar las necesidades de financiamiento a un costo competitivo y razonable, así como continuar diversificando la base de inversionistas que mantienen posición en instrumentos de deuda pública peruana», ha señalado el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza.

La demanda de los papeles se ha originado principalmente en el extranjero. La distribución de la demanda por región ha sido de un 44% proveniente de inversores de Estados Unidos, un 32% de Europa y un 24% de otras regiones como Asia, Norteamérica y Latinoamérica.

Greenpeace demanda un mecanismo estable de financiación estatal donde la fiscalidad verde se destine a impulsar el transporte sostenible puesto que el transporte público ha demostrado durante el confinamiento ser «un servicio fundamental» que ha garantizado el acceso a los puestos de trabajo esenciales.

Esta propuesta forma parte del paquete de medidas que ha elaborado la organización ecologista para la futura ley de movilidad que ha llevado a cabo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

Greenpeace indica que esta ley fue una de las demandas que realizaron a los partidos en las pasadas elecciones generales de 2019, cuyas propuestas de movilidad quieren lograr un modelo de movilidad socialmente justo y que sea capaz de reducir las emisiones del transporte, un sector, que recuerda Greenpeace, que es responsable del 29 por ciento de las emisiones de CO2 a nivel nacional.

En concreto, la ONG propone un fondo de financiación que se nutra de ingresos procedentes de peajes en autopistas, tasas al transporte contaminante, y destacan la aviación, o aportaciones de grandes generadores de movilidad.

Además, la organización advierte que la demanda del tráfico rodado se ha recuperado «mucho más rápido» que la del transporte público y resalta que la contaminación atmosférica supone más de 31.600 muertes prematuras al año en España, según los datos publicados este lunes por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Por este motivo, pide a las administraciones más medidas para evitar los picos de contaminación que agravan la incidencia y letalidad de las enfermedades respiratorias, como la COVID-19.

«Desde el Gobierno insisten en anunciar un nuevo modelo de movilidad basado en transportes limpios pero cuando toca repartir fondos la mayor parte se la llevan las industrias más contaminantes, perpetuando un modelo dependiente del coche que se ha demostrado insostenible con el clima y que deja fuera a gran parte de la población», ha denunciado el responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández.

En este sentido, Greenpeace añade que el Ministerio de Industria anunció este lunes que destinará al sector de la automoción 10.000 millones de euros procedentes de los fondos de recuperación de la UE mientras que los fondos dedicados al tranposte público se «limitan» a un fondo de 800 millones de euros para el transporte regional y 275 para el urbano.

Por otro lado, Greenpeace subrarya el papel del ferrocarril para descarbonizar el transporte, ya que el 85 por ciento de las emisiones del sector proceden del coche y el avión, por lo que ha solicitado una mayor inversión de los fondos europeos para mejorar el transporte por ferrocarril a través de cinco medidas: Revertir los recortes de horarios producidos por el confinamiento; recuperar los Trenhotel e impulsar los trenes nocturnos; incrementar la cuota de mercancías por tren; tarifas más accesibles; y suprimir los vuelos cortos cuando el trayecto se pueda hacer en tren.