El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido finalmente que la gestión de los fondos europeos se haga desde el Consejo de Ministros, con la participación de todos su miembros, después de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, le trasladara su malestar por haber sido excluido de la comisión interministerial que se iba a crear para tal fin.

Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, al ser preguntada por el borrador del real decreto-ley que prepara el Gobierno para gestionar esos fondos y para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en el que se especificaba la composición de esa nueva comisión, sin la presencia de Iglesias.

Según el texto de ese borrador, adelantado por Europa Press, la llamada Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que iba a presidir el propio Sánchez, iba a estar compuesta, además, por dos Vicepresidencias y nueve Ministerios. Entre ellos no figuraba Iglesias, y solo había un representante de Unidas Podemos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El propio líder de Unidas Podemos le trasladó a Sánchez su malestar por esta decisión, cuando tuvo conocimiento de la composición de la nueva comisión que se iba a crear.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo ha decidido que la gestión y el control de los fondos europeos se lleve a cabo en el propio Consejo de Ministros, al entender, según Montero, que todos los departamentos tienen «una parte más o menos intensa en la distribución» de esos fondos.

SÁNCHEZ ANUNCIÓ EN JULIO LA COMISIÓN PARA LOS FONDOS

Sánchez ha renunciado de este modo a su propuesta de crear una comisión interministerial dedicada en exclusiva a la gestión de los fondos, bajo su presidencia, que anunció ya en julio a los líderes autonómicos, durante la Conferencia de Presidentes que tuvo lugar en San Millán de la Cogolla (La Rioja).

La ministra portavoz ha restado importancia a este cambio, argumentando que el borrador que se ha hecho público no era el definitivo, como prueba el hecho, a su juicio, que el texto no había recibido el visto de todos los departamentos, empezando por el que ella dirige.

También ha defendido que forma parte del «día a día» del Gobierno y de su «trabajo cotidiano» el debate interno de las normas en las que trabajan, y las posibles modificaciones que surjan de ese intercambio de información y que, por ello, esa modificación «no tiene más valor ni trascendencia».

«Cuando aparece un documento, tenemos que tener toda la cautela porque son documentos que se están trabajando y que en el debate dentro del Gobierno se pueden producir cambio», ha argumentado. «No sé qué número de borrador es el que se ha conocido pero esto es lo que tienen as cuestiones de la inmediatez», ha apostillado más tarde.

LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN NO ES UNA «CUESTIÓN DE CALADO»

Además, ha afirmado que no cree que en los borradores que se han ido elaborando este elemento «haya tenido mayor valor», y ha criticado que se intente «sacar punta y trasladar una situación de tensión al interior del Gobierno» porque este cambio en el borrador del real decreto.

«Las materias que puedan provocar cierta tensión corresponden a cuestiones de calado importante que pueden tener una trascendencia. Que en una comisión estén un número de ministros u otro no forma parte de los debates. Son cuestiones de trámite subsanables», ha apostillado.

Montero ha asegurado asimismo que este asunto no se ha abordado en el Consejo de Ministros de este martes, pero ha insistido en que ella sí conocía la «voluntad» del presidente del Gobierno de sustituir esa anunciada comisión interministerial por el Consejo de Ministros para la gestión de los fondos europeos.

«Lo que yo sí sé es que el presidente ya había decidido hace unos días, y así me consta, que era mejor que en vez de nombrar una comisión interministerial, dado que las reformas afectan a la totalidad del Gobierno, el ámbito estuviera en el Consejo de Ministros», ha recalcado.

La ministra ha enfatizado que la modificación de los borradores de las diferentes normas que se trabajan en el Gobierno, y que son objeto de debate entre los diferentes Ministerios, es su «día a día». «No es algo con lo que nos podamos ver sorprendidos porque para eso estamos», ha ahondado.

«Si no, no podríamos hacer el proceso de recogida de información porque hasta que no estuviera el definitivo, parecería que nos contradecimos, cuando se trata de algo tan natural como el proceso de elaboración de una norma», ha incidido.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, ha acordado imputar al que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo y al ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño –ambos comisarios ya jubilados– por los encargos que realizaron al comisario José Manuel Villarejo en el marco de la pieza 21 del caso ‘Tándem’.

En un auto del magistrado con fecha de 23 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, acuerda su declaración judicial en calidad de investigados, además de la Villarejo, la de su socio Rafael Redondo y la del ex subdirector de Seguridad de Repsol Rafael Girona Hernández. A los cinco les imputa delitos de cohecho y descubrimmiento y revelación de secretos.

Por otro lado, acuerda la declaración en calidad de testigos –con ofrecimiento de acciones– al expresidente de Sacyr Luis del Rivero (que ya estaba personado como perjudicado), al encargado de Seguridad Rodrigo Álvarez Vázquez y al antiguo director financiero de Repsol YPF Fernando Ramírez Mazaarredo.

‘PROYECTO WINE’

En esa pieza separada que versa sobre el denominado ‘Proyecto Wine’, que se abrió en diciembre de 2019, la Fiscalía Anticorrupción indaga en el trabajo ilícito que el comisario jubilado y en prisión provisional habría realizado a través de su empresa Cenyt para la energética y la caja catalana.

Se busca esclarecer si recurrieron al comisario en 2011 para evitar que mediante un acuerdo con Pemex, otro de los grandes accionistas de Repsol, Sacyr Vallehermoso se hiciese con el control del consejo de administración presidido por Antonio Brufau. De probarse, Villarejo habría investigado por encargo una vez más al expresidente de Sacyr, Luis Del Rivero, como hiciera para el BBVA –asunto que se investiga en otra pieza aparte–.

Como en otras piezas separadas de la causa, las diligencias se iniciaron gracias a la documentación y los audios que atesoraba el comisario en su vivienda, quien durante años estuvo registrando reuniones y conversaciones con terceros y a quien le fueron intervenidos 40 terabytes de información en su detención.

La Caixa entró en el accionariado de Repsol en la década de los noventa, llegando a convertirse en uno de sus principales accionistas con un 12 por ciento del capital, con presencia en el consejo de administración.

La entidad financiera promovió el nombramiento de uno de sus directivos, Antonio Brufau, como presidente de la petrolera, y jugó un papel relevante a la hora de garantizar la estabilidad de la compañía durante el intento de Pemex y de Luis del Rivero de promover cambios en su cúpula.

El cambio en la normativa de las cajas de ahorros llevó a que CaixaBank, controlada por la Fundación bancaria La Caixa, anunciara en septiembre de 2018 su intención de ir abandonando progresivamente el capital de la petrolera, cuando aún ostentaba el 9,36%.

La Junta de Andalucía utiliza imágenes de satélite del programa Sentinel en las obras de emergencia que se acometen, desde octubre, en zonas afectadas por el incendio de Almonaster la Real (Huelva), declarado este pasado verano.

A través de estas imágenes satelitales, se han identificado las distintas áreas de actuación inmediata para minimizar los daños por erosión, reparar caminos forestales y evitar riesgos por caída de árboles calcinados por el fuego, entre otros objetivos, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

De esta forma, se está aprovechando tecnología punta para llevar a cabo, con «la máxima eficacia», estas obras de emergencia que suponen una inversión de la administración autonómica de 1,4 millones de euros y que afectan a 1.434 hectáreas de monte público, situadas en los términos municipales de las localidades onubenses de Almonaster la Real y El Campillo, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado al Consejo de Gobierno de estos trabajos iniciados el pasado 6 de octubre, cuando aún no se había cumplido un mes desde que el Infoca diese por extinguido el incendio, y cuyo plazo de ejecución previsto es de seis meses.

Para la ejecución de estas obras de emergencia, que generarán más de 10.700 jornales verdes en la zona, el Gobierno de Andalucía ha apostado por empresas forestales de la comunidad para la ejecución de estas actuaciones. De esta forma, estos trabajos posteriores al incendio de Almonaster contribuyen a la reactivación económica de la comunidad.

MINIMIZAR DAÑOS

Las principales actuaciones que se acometen son la construcción dehidrotecnias (fajinas y albarradas) para minimizar los graves daños erosivos en las cuencas vertientes que podrían generar las lluvias, la adecuación y mejora de caminos forestales principales que han sufrido importantes daños y la corta de ejemplares arbóreos calcinados localizados en las proximidades de caminos forestales para minimizar los riesgos sobre la seguridad de las personas y el tránsito de vehículos.

De forma paralela, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible trabaja en un plan de restauración ambiental que ligue la lucha contra el cambio climático y la compensación de emisiones con la fijación de la población al territorio y la generación de nuevas oportunidades de futuro para la zona.

Para ello, apuesta por repoblar con vegetación que contribuya a evitar los incendios forestales y que ofrezca posibilidades económicas en una zona rural tan importante como esta comarca onubense.

Asimismo, se ha constituido un foro de participación para trazar unarecuperación completa centrada en valores ambientales, de la mano delempresariado y la sociedad civil de la zona afectada. Esta iniciativa se suma al programa de voluntariado puesto en marcha por la Junta de Andalucía para labores de emergencia y de restauración.

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha señalado la desigualdad económica-laboral como una de las principales causas de fondo de la violencia de género en un «número relevante de casos», según un comunicado este martes en relación al Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Los letrados del Turno de Oficio han detectado que la brecha salarial existente entre hombres y mujeres continúa marcando roles de dependencia y la atención a la familia recae en su mayor parte a la mujer quien, en consecuencia, se ve privada de una mayor proyección laboral.

Desde el Icab, defienden una legislación que regule los salarios de forma «más igualitaria» porque, según datos de UGT citados por el Colegio, el sueldo de la mujer es un 22,35% más bajo que el del hombre y la tasa de desempleo es un 33% más alta en las mujeres, según datos de población activa recogidos por el Icab.

También en datos de UGT, el Colegio recuerda que la cuantía de las mujeres pensionistas es un 37,79% más baja que la de los hombres, aunque estas superan en un 5,27% a los hombres.

Desde enero y hasta el 23 de noviembre, el Turno de Oficio ha llevado a cabo 3.457 actuaciones en materia de violencia de género en el área de influencia del Icab, cifra que ha descendido respecto al 2019 –3.796 actuaciones–; aun así, el Icab ha advertido de que se han observado nuevas tendencias y modalidades de violencia.

NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA

Desde el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) se ha constatado un incremento en la violencia económica, maltrato denunciado y previsto en el proyecto de ley de violencia machista, que afecta a la supervivencia económica de la víctima y que consideran una violencia invisible que «se debe visualizar».

También advierten una influencia negativa de las redes sociales entre los jóvenes por la «transmisión de estereotipos machistas», mientras que el acoso en redes ha aumentado y desde el Turno de Oficio han informado de un incremento «significativo» de las agresiones sexuales entre este segmento de la población.

Frente a esta situación, el Icab ha defendido una educación basada en la perspectiva de género que «erradique aquellas ideas estereotipadas que favorecen la discriminación y la violencia».

ASISTENCIA JURÍDICA A LA VÍCTIMA

En el mismo comunicado, el Icab ha recalcado la importancia del acompañamiento y la asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género en el momento previo a la denuncia, de modo que la persona reciba información completa de sus derechos.

A pesar de la colaboración del Colegio con Mossos d’Esquadra, en la ciudad de Barcelona se ha conseguido un 20,57% de atenciones previas y en el resto de delegaciones del Icab entre el 8 y el 10%, cifras que consideran positivas pero todavía muy bajas y proponen que se establezca esta asistencia en la nueva ley de violencia machista.

Este año, la decana del Icab, Maria Eugènia Gay, y la Comisión de mujeres abogadas del Icab han difundido un vídeo en redes sociales para hacer patente la necesidad de eliminar esta violencia hacia las mujeres y han recordado que las víctimas de violencia de género están amparadas por la Justicia Gratuita.

El psicólogo infantil y juvenil de La Salud de València, David de Cubas, recuerda ante la llegada del Black Friday que la compra «en masa» de tecnología contrasta con la queja constante de los padres por la adicción que sus hijos tienen con las pantallas. «Para que los hijos se desenganchen, primero lo tienen que hacer los padres», defiende.

«La fotografía se repite en casi todos los hogares: niños pequeños con un teléfono para que dejen tranquilos a sus papás, preadolescentes que no se dedican a otra cosa que no sea jugar, adolescentes que queman las redes sociales y adultos que no saben vivir sin el ‘smartphone’ de última generación», expone en un comunicado del centro hospitalario.

Ante esta situación surge, para el también autor del libro ‘Educación familiar en la era digital’, la pregunta de si toda la actividad digital de una familia tiene repercusión en la educación y el estado emocional de los hijos. «Y la respuesta contundente es sí, la tiene», recalca invitando a «ser coherentes y, por unos instantes, parar a pensar en lo que estamos haciendo con los dispositivos».

A la hora de la verdad, advierte, muchas familias no saben cómo gestionar la adversidad y «siguen utilizando un estilo educativo familiar anticuado, basado en el miedo, el poder y el castigo». «Están criando a sus hijos en un país idílico llamado ‘happylandia'», ilustra en un símil de que «los hijos obtienen casi siempre lo que quieren».

El experto aboga por educar con estrategias claras que acompañen durante el proceso de crecimiento personal y de forma constante a todos los miembros de una familia: «EDUCAR en la era digital conlleva de un nuevo reto educativo al que muchos de los papás y mamás nacidos en la era analógica se enfrentan».

«Peleas constantes por dejar el móvil cuando tienen que estudiar, adolescentes que se acuestan con su ‘smartphone’ y duermen menos horas, preadolescentes que juegan en la videoconsola a juegos que no pueden por edad, discusiones constantes, uso inadecuado de las redes sociales tanto en forma como en tiempos, bajo rendimiento escolar, ausencia de ejercicio físico, ciberacoso y acoso escolar en redes entre adolescentes…». Estas son algunas de las situaciones que pone como ejemplo del uso inadecuado de los dispositivos.

Para el psicólogo, es hora de tomar el control ante este «despropósito social», ya que se pregunta cómo es posible que menores de 6 años pasen más de una hora ante una pantalla, que niños de quinto de Primaria tengan móvil o que otro de 13 años no deje ver sus redes sociales a sus padres. «¿Cómo pueden llegar a subir fotos en las redes un tanto delicadas niñas de 12 y 13 años? ¿Cómo son capaces de acosar a un amigo/a por medio de las redes?», se cuestiona.

ENGANCHADOS MÁS DE 42 DÍAS AL AÑO

Y «lo que es más duro», a su juicio, es que los contenidos de redes sociales, aplicaciones y plataformas pueden llegar a controlar su conducta: «Que alguien me diga que solo ve un capítulo de una serie y lo deja para el día siguiente o que un adolescente esta sólo unas tres horas diarias usando su ‘smartphone’, lo que supone 42 días completos al año. ¡¡Una auténtica barbaridad!!».

Contra esta realidad, el especialista trabaja con familias y percibe que algunas empiezan a educar desde muy pequeños en el buen uso de los dispositivos, lo que supone que «tienen mejor clima familiar, menos conflictos y mayor comunicación«.

Y todo esto, en su opinión, es posible únicamente con la ausencia de dispositivos a menores de 6 años: «Lo que necesitan nuestros hijos es moverse, saltar, correr, manipular objetos, aburrirse, pintar, salir a la calle, jugar con sus iguales… y todo ello sin tecnología, así de sencillo y de complejo.

Los niños, insiste, «pueden vivir perfectamente sin una pantalla a su lado, sin un uso abusivo de los dispositivos de los que dispongan, pero para ello hay que ponerse cuanto antes y contra más pequeños mejor».

Entre sus consejos, los adultos deberían gestionar el número de horas que ellos, como padres, pasan en casa con su dispositivo. Otra acción es establecer de una clara y concisa el uso de cualquier dispositivo dentro de la habitación de los hijos. Su principal recomendación es que no tengan televisión en su dormitorio y que se marque un tiempo de uso para el ordenador, así como que el ‘smartphone’ ‘duerma’ siempre fuera de la habitación.

«Aunque parezca una utopía», el psicólogo aboga porque no se dé un móvil a un menor antes de su entrada en el instituto, a finales de los 12 o 13 años. «Todos los padres me dicen lo mismo: todos sus amigos ya tienen móvil y él entonces es el rarito»», lamenta, y aconseja decir a los hijos que en su familia hay unos objetivos educativos para evitar las consecuencias del uso inadecuado de la tecnología.

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha llamado este martes «sinvergüenza» al coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, tras sus declaraciones defendiendo el pacto en los Presupuestos con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias porque hay que «parar a la derechona» y «abrir una ventana a la oportunidad».

«Definición gráfica de un sinvergüenza. Otegi, di la verdad: buscasteis parar a la derecha y a la izquierda de este país a base de asesinatos que aún justificas», le ha espetado Beltrán, que es también presidenta del PP en Navarra.

EH Bildu ha propuesto a su militancia que sus diputados en el Congreso apoyen el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y ha convocado una asamblea extraordinaria para el próximo jueves para ratificar o no esta decisión.

Otegi ha reconocido en rueda de prensa que EH Bildu está en la Cámara baja para «parar a la derecha fascista, a la derecha autoritaria y para ganar derechos». Hay que mantener abierta esa ventana de oportunidad porque con eso paramos a la derecha y ganamos derechos para la gente«, ha añadido el líder de la formación abertzale, en un corte que Beltrán ha difundido en Twitter y en el que le define como un «sirvengüenza.

Asimismo, en una entrevista en la Cope Euskadi, que ha recogido Europa Press, Beltrán ha dicho no entender cómo Pedro Sánchez trata Bildu como «socio preferente» y ha subrayado que ningún gobierno democrático debería cruzar «líneas rojas» como ésta.

«Cuando Sánchez dice que las únicas siglas que le importan son las de los PGE me gustaría saber cómo sienta esto a los históricos socialistas que han sufrido el terrorismo», ha enfatizado la responsable de Organización del PP.

MÁS CRÍTICAS DEL PP POR EL PACTO CON BILDU

Desde el Senado, el portavoz del Grupo Popular en la Cámara, Javier Maroto, ha reprochado a Pedro Sánchez que quiera «abrir una ventana a Otegi y cerrar la puerta a los constitucionalistas del PP dando un portazo». A su entender, ese pacto del Gobierno con Bildu es un «grave error» que va a perseguir en la historia del presidente del Gobierno porque se trata de un «hecho inédito».

«No se trata de coincidir en una votación, se trata de si públicamente se paga un precio político para blanquear a un partido como Bildu que tiene problemas para condenar los atentados terroristas», ha afirmado Maroto en una rueda de prensa en el Senado.

Por su parte, el senador por Almería y miembro de la Mesa de la Cámara, Rafael Hernando, ha censurado que «un viejo criminal terrorista, como Otegi, tenga la desfachatez de dar lecciones sobre democracia al resto de españoles».

Según Hernando, eso es «consecuencia del blanqueamiento que de Bildu vienen realizando Sánchez y el PSOE». «El fin no justifica los socios y el PSOE pagará por esta tropelía», ha avisado en su cuenta de Twitter.

El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado este martes, a propuesta del presidente de la Junta, Juanma Moreno, expresar su voluntad de conceder al rey Felipe VI la primera Medalla de Honor de Andalucía, al entender que «ahora más que nunca» el monarca es «el mejor símbolo de la unidad de España, y es más necesario que nunca en los tiempos que vivimos, uno de los momentos más comprometidos de nuestra historia contemporánea».

Así lo ha señalado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha señalado que la concesión de esta medalla constituye «un motivo de orgullo y satisfacción» para todos los miembros del Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs), y está «convencido» de que también lo es «para todos los andaluces».

Bendodo ha explicado que, con esta medalla, Andalucía va a «reconocer los valores esenciales de una sociedad que busca el progreso, la convivencia pacífica, la solidaridad interterritorial y la suma en búsqueda de intereses comunes».

Para la Junta, el rey Felipe VI, «al que unen unos lazos muy estrechos con Andalucía, ostenta méritos más que sobrados para esta alta distinción». «Desde la moderación y con ejemplaridad, el rey Felipe VI se ha hecho heredero de la confianza de todos los españoles y andaluces», ha agregado en esa línea el consejero portavoz del Gobierno andaluz.

«LAZO AFECTIVO SÓLIDO» CON ANDALUCÍA

La Junta ha justificado en la referencia del Consejo de Gobierno la concesión de esta medalla al Rey «por constituir su figura el más sólido lazo afectivo de Andalucía con el conjunto de las instituciones del Estado».

El titular de la Corona «personifica los principios y valores que sustentan y refuerzan nuestra identidad colectiva como Nación española y que aportan a Andalucía el mejor referente de concordia, de serenidad, de entusiasmo y de determinación con el que arrostrar las vicisitudes del presente, emprender la recuperación y trabajar juntos por el porvenir», sostiene la Junta.

En esa línea, desde el Gobierno andaluz argumentan que «su Majestad el Rey responde de forma permanente a la lealtad incontestable de Andalucía con el respaldo de la Corona a sus principales inquietudes e iniciativas», y «la presencia y participación de Don Felipe, a lo largo de los años, en los muchos y muy diversos acontecimientos de la comunidad autónoma, añaden a estos no solo el aval de la más alta institución nacional, sino también un testimonio fehaciente de afecto, de simpatía y de aliento, en consonancia con el histórico vínculo de cariño entre la Familia Real y Andalucía».

«Desde la moderación y con ejemplaridad, Su Majestad el Rey se ha hecho digno heredero de la confianza que los españoles, por amplísima mayoría, depositaron en la institución monárquica como cabeza del Estado en la Constitución Española de 1978, y que para Andalucía supuso el nacimiento de una época de esperanza hasta entonces solo soñada», según expone también la Junta.

Desde el Ejecutivo de Juanma Moreno defienden también que «el espíritu regenerador que impregna Andalucía, y con el cual se impulsa hacia el futuro toma su inspiración, en buena medida, del carácter integrador, reflexivo y comprometido de Don Felipe».

La Junta agrega que «la sociedad mundial en general, y dentro de ella la española y la andaluza, atraviesa uno de los momentos más comprometidos de la historia contemporánea; un desafío que pone a prueba, una vez más, y con inusitada dureza, su capacidad de organización; sus niveles de resistencia como sistema socioeconómico; la solidez e idoneidad de sus instituciones; y, como elemento clave, la colaboración entre estas y la cohesión de la ciudadanía y de sus representantes en torno a sus objetivos compartidos».

«La figura de Felipe VI aporta a los andaluces, en esta coyuntura extraordinaria, un espejo nítido de sus fortalezas y un refuerzo moral de la mayor relevancia para el desarrollo de sus capacidades», según abunda la Junta.

El Gobierno de PP-A y Cs agrega que, «durante los años transcurridos desde el inicio de su reinado, Don Felipe y Andalucía han estrechado el fuerte enlace que los une, constituyéndose como apoyo mutuo en su trayecto por la historia, y subrayando los valores compartidos, como son la convivencia pacífica; la solidaridad interterritorial; el carácter enriquecedor de la diversidad; la necesidad de construir sobre la generosidad, la cordialidad y la suma de todos en la búsqueda de los intereses comunes; la importancia de alcanzar una prosperidad sostenible y el papel de la educación y la cultura en la felicidad de los pueblos, entre otros.

ACTO DE ENTREGA

Para la Junta, «es manifiesto, por tanto, que en Su Majestad el Rey Felipe VI concurren, en grado de excelencia, los méritos suficientes para hacerse acreedor a la primera Medalla de Honor de Andalucía», tal y como ha acordado el Gobierno andaluz de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, a propuesta del presidente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno.

A preguntas de los periodistas, el consejero portavoz, Elías Bendodo, ha indicado que la entrega de este reconocimiento «no tiene por qué» celebrarse el 28 de febrero, día de Andalucía, y al respecto ha avanzado que, «de acuerdo con Casa Real, se articulará una fecha para celebrar un acto para la entrega» de esta medalla.

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado no admitir la querella presentada por la Asociación Abogados Cristianos contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en relación con la suspensión de actos de culto religioso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el confinamiento y el estado de alarma en distintos lugares de España entre marzo y abril.

La Sala de lo Penal del TS, ponencia de Vicente Magro Servet, señala que en la querella de esta entidad de juristas no hay ningún indicio que avale razonablemente la intervención del ministro en los hechos denunciados que pudieran acreditar su responsabilidad en los delitos que se le imputan –prevaricación, prohibición y suspensión de culto– ,«y más aún dadas las circunstancias de excepcionalidad en la que se realizaron las actuaciones de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

En su auto, señalan que, como indica el fiscal, las actuaciones que se citan en la querella se producen en diversas localidades del país y con diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que da a entender que «se trató de una actuación homologada nacional que tuvo por base la razón del confinamiento, dadas las fechas en las que se relata que ocurrieron los hechos en pleno estado de alarma y confinamiento operado en el país desde el 15 de marzo de 2020 en adelante».

A juicio de los letrados cristianos, el ministro del Interior era «responsable de las numerosas interrupciones de celebraciones religiosas que tuvieron lugar en diversos puntos de España durante el estado de alarma», ya que además de su mando sobre la Policía Nacional, Marlaska tenía transferido el mando sobre las policías autonómicas y locales.

Denunciaban que esas interrupciones de actos de culto religioso se habían producido en lugares concretos y en un «abanico» de fechas comprendidas entre el 22 de Marzo y el 13 de abril de 2020, momento en el que la primera ola de la pandemia elevaba el número de fallecidos por la Covid día a día.

Ahora el alto tribunal afirma que las fechas coinciden con el estado de alarma y se centran en las medidas de extraordinaria urgencia adoptadas para preservar la seguridad colectiva en evitación de reuniones que facilitaran los contagios por el coronavirus, reduciendo al máximo las reuniones o actividades que pudieran entender como necesarias o inaplazables.

NO HAY PREVARICACIÓN

Sobre la imputación de un delito de prevaricación administrativa, los magistrados entienden que para que se dé, debe existir una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Y apuntan que lo que se refiere en la querella es una interrupción de actividades de culto pero no se cita ninguna resolución «concreta y específica delquerellado que haya sido dictada a sabiendas de su ilegalidad».

Asimismo, los magistrados indican que no puede apreciarse una vulneración de la libertad religiosa puesto que la excepcionalidad de la situación del estado de alarma conllevó la adopción de medidas de vigilancia de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de todo el país para evitar reuniones que propiciaran la propagación del virus.

«Con lo que no concurren los elementos de los tipos penales de los artículos 522 y 523 del Código Penal en cuanto a que por los medios que se citan (violencia, intimidación, fuerza, apremio ilegítimo, etc.) impidan a una persona llevar a cabo actos propios de una confesión religiosa, ya que la restricción de la libertad de circulación tenía este fin indicado de evitar que las reuniones permitieran coadyuvar con la extensión de la pandemia en un periodo en el que estaba decretado el estado de alarma». señalan.

«VELARON POR VALORAR CADA CASO»

Asimismo, apuntan que aunque el artículo 11 del Real Decreto que limitaba la circulación y que era relativo a medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias civilesy religiosas fijara la posibilidad de asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, la Sala concluye que resultaba evidente que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de todo el país «velaron y vigilaron por valorar cada caso y adoptar las medidas de seguridad y contención que la casuística aconsejaba en cada caso».

«En ningún momento se ha demostrado, ni siquiera como prueba indiciaria, que el querellado haya tenido participación intelectual en ninguno de los delitos, lo que sin duda resulta necesario para ejercer la acción penal, dado que la querella se interpone en ejercicio de la acción popular, por lo que solo procede la inadmisión a trámite de la querella como propugna el Ministerio Fiscal ante esta Sala», concluyen.

El Ayuntamiento de Madrid ha retirado el homenaje improvisado a Cristina Ortiz, conocida como ‘La Veneno’, en el pilar donde debería estar su placa en el Parque del Oeste porque las velas llevadas por sus admiradores prendieron algunas fotos y flores que habían colocado.

Así lo han señalado fuentes del Consistorio que han explicado que se apagó el fuego y se retiraron los restos. «No ha tenido nada que ver con una actuación en contra de La Veneno, sino por seguridad», han remarcado.

Este lunes varios usuarios de redes sociales compartieron el pilar vacío, tras casi un mes de ofrendas llevadas hasta esta zona donde Cristina Ortiz ejerció la prostitución.

Entre las voces que se alzaron contra la retirada se encontró el senador de Más Madrid, Eduardo Rubiño, quien cuestionó la «necesidad» que había de «ordenar destruir el homenaje de cientos de personas» a La Veneno.

Los seguidores de Cristina comenzaron a llevar flores, fotos y demás objetos tras el último capítulo de ‘Veneno’, serie que narra la vida de esta mujer desde su nacimiento en Adra hasta su muerte en la capital. Entre los que se acercaron se encontraron, entre otros, los creadores de esta producción, que ha sido comprada por HBO para su distribución internacional, Javier Calvo y Javier Ambrossi.

En este pilar se colocó, durante el mandato de Manuela Carmena al frente del Consistorio, una placa que rezaba ‘En memoria de Cristina Ortiz, La Veneno, mujer transexual visible en los años 90’ y que fue arrancada una semana después de su instalación. El Gobierno local actual ha asegurado que la repondrá «en breve».

Cristina Ortiz se hizo popular en los 90 por sus apariciones en programas como ‘Esta noche cruzamos el Missisipi’ Y ‘La Sonrisa del Pelícano’ y falleció en 2016 tras pasar cuatro días en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital La Paz de Madrid, a la que llegó después de ser encontrada en su casa con un golpe en la cabeza.

El consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, ha realizado este martes un llamamiento expreso a cumplir todas las medidas sanitarias en las vacaciones navideñas con el fin de poder culminar el actual curso escolar «en condiciones de total seguridad».

Bildarratz, en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, ha recordado que, hasta el momento, se ha podido garantizar la presencialidad en las aulas y ha insistido en la necesidad de «seguir manteniendo todas las medidas dictadas por las autoridades sanitarias». «Todo empieza por cada persona, por cumplir las medidas de prevención y autoprotección», ha indicado.

Por ello, «de cara a las vacaciones de la Navidad, un momento crítico para el cumplimiento de todas las medidas sanitarias», ha realizado «una llamamiento expreso» a guardar estas medidas. «Es imprescindible hacerlo para que podamos garantizar que podamos culminar el curso en condiciones de total seguridad», ha aseverado.

Según ha explicado, el nivel de afección de la pandemia se mantiene cerca del 1%. «Tenemos 17.554 aulas en estos momentos en el sistema educativo vasco, en estos momentos hay afectados 124, lo que supone el 0,71%. En los peores momentos de la pandemia, que fue hacia el 3 de noviembre, hemos llegado hasta el 1,09%. Esto nos da un dato de que verdaderamente el sistema de educación que ha respondido muy bien, muy fuerte y que los centros escolares son lugares seguros», ha señalado.

Además, ha indicado que «garantizar la educación presencial es el objetivo central de este curso». «La presencialidad es un valor en sí mismo porque nada sustituye a la explicación y acompañamiento de un profesor, de una maestra, en el aula o la propia socialización que se da entre los propios alumnos. La presencialidad, además, contribuye a facilitar la vida familiar y comunitaria», ha indicado.

Asimismo, ha destacado que el «esfuerzo» de la comunidad educativa es «encomiable» y ha puesto en valor el trabajo conjunto de equipos directivos de los centros, profesorado, familias y Administración.

«Estamos culminando el primer tercio del curso escolar en una situación que, como todos sabemos, es excepcional. Gracias al esfuerzo de la actividad educativa, estamos logrando mantener la educación presencial», ha insistido.

Tras reiterar que «culminar el curso escolar en condiciones de seguridad para el alumnado es un objetivo social de primer orden», ha agradecido el esfuerzo de toda la comunidad educativa y de todos los centros, y ha hecho un llamamiento a «seguir manteniendo todas las medidas que dictan las autoridades sanitarias».

La RAE ha publicado la Crónica de la Lengua Española (Espasa), una obra en la que incluye un apartado sobre las dudas y consultas «más relevantes» del español con sus recomendaciones, como por ejemplo las referidas a la escritura de la onomatopeya de la risa.

En este sentido, la Real Academia explica que la convención para la onomatopeya de la risa es ‘ja ja ja’, separando los elementos repetidos con comas. «Cada ‘ja’ de la risa es un elemento tónico independiente, de ahí como queno resulte adecuado escribirlos pegados, como si se tratara de una sola palabra», ha aclarado.

Además, ha defendido que la grafía ‘ha’ corresponde a la representación de la risa en inglés o en francés. «Hay que recordar que, salvo en voces procedentes de otros idiomas, la hache no representa ningún sonido en español», ha matizado la RAE en la ‘Crónica de la lengua española 2020’.

Otra explicación a una duda habitual incluida en el libro es la de por qué se dice ‘conmigo’ y no ‘sintigo’. «Para explicar esta anomalía, hemos de remontarnos a la lengua latina. La preposición latina ‘cum’ (‘con’) se posponía a los nombres personales (‘mecum’, ‘conmigo’), algo que no ocurría con la preposición latina ‘sine’ (‘sin), que siempre aparecía antepuesta (‘sine me’, ‘sin mí’).

También incluye otras respuestas curiosas, como la recomendación de escribir un ‘emoji’ detrás de un punto cuando «afecte a todo el mensaje» o la de usar siempre después de un saludo en cartas y correos electrónicos los dos puntos –puesto que el uso de coma en este contexto es «una costumbre anglosajona»–.

Además, la docta casa aclara que se debe escribir ‘no te rayes’ en lugar de ‘no te ralles’ cuando «en el habla coloquial juvenil» uno se refiere a «volverse loco». Asimismo, resalta que la fórmula de saludo más adecuada es tanto ‘buenos días’ –la más usada en el ámbito hispanohablante– como ‘buen día’ –del área rioplatense–.

Al hablar del femenino de ‘árbitro’, los hispanoparlantes deberán referirse a ‘la árbitra’, mientras que la RAE admite también el uso de plurales como el de ‘gentes’ cuando es ‘expresivo’ o ‘estilístico’, «llamado así porque aporta mayor expresividad o énfasis».

Por otro lado, la obra hace referencia a antiguos debates como una posible incorrección al usar el pronombre ‘yo’ delante de una enumeración de personas. «Se aconseja situarlo al final por razones de cortesía, pero no es lingüísticamente incorrecto que aparezca al primer lugar», explica.

LAS PALABRAS «MÁS FRECUENTES» DE 2020

La ‘Crónica de la lengua española 2020’ incluye también un espacio para recopilar las diez palabras más frecuentes durante este año en el espacio hispanohablante. Al igual que con las nuevas entradas del diccionario, la enfermedad ha sido la protagonista, con ‘cuarentena’ y ‘pandemia’ entre las preferidas de los usuarios.

Además se incluyen en esta lista otros términos como ‘coronavirus’, ‘confinamiento’, ‘contagio’, ‘distanciamiento’, ‘mascarilla’, ‘teletrabajo’, ‘asintomático’ o ‘incertidumbre’.

La Comisión de Educación y FP del Congreso ha rechazado este martes, por los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos, que la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, comparezca en dicha Comisión para dar explicaciones sobre la investigación que la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) está realizando de la orden ministerial del 21 de abril que suponía la modificación de la ley de educación al permitir a los alumnos pasar de curso sin límite de suspensos, un hecho que podría constituir un delito de prevaricación.

La iniciativa, a petición de Cs y de UPN, ha sido sometida a votación en la Comisión porque la Mesa de la Comisión, en su reunión del pasado día 18 de noviembre, decidió, por mayoría, no celebrar las comparecencias referidas. Pero como no se obtuvo unanimidad, el acuerdo sobre la celebración de dichas comparecencias tiene que ser adoptado por la Comisión, que finalmente ha votado este martes en contra por los votos de PSOE y Unidas Podemos, frente a los votos a favor de PP, Cs, Vox y UPN.

La Orden sobre la que la Fiscalía está investigando, que se enmarca en la investigación que abrió la Fiscalía General del Estado (FGE) en su momento tras la denuncia de un particular, recoge los acuerdos alcanzados por el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación del 15 de abril.

Dicho documento, que contó con el respaldo de 12 comunidades autónomas (País Vasco, Andalucía, Murcia, Comunidad de Madrid y Castilla y León mostraron su «disconformidad» con las directrices) establece que la repetición de curso debía ser «muy excepcional» para evitar que la pandemia del coronavirus, que mantuvo suspendidas las clases presenciales desde el 16 de marzo, pudiese perjudicar al alumnado afectado por el cambio a la enseñanza a distancia.

La orden ministerial firmada por Celaá, que entró en vigor el 25 de abril, permite a las comunidades autónomas competentes «flexibilizar» los criterios de evaluación, promoción y titulación «sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes».

La Orden suscitó las críticas de la comunidad educativa, que aseguraba que era contraria a la ley de educación vigente (que además es una ley orgánica), la LOMCE, ya que ésta sí establece un límite para poder pasar de curso (se repetirá con más de tres materias pendientes en Secundaria o dos en Bachillerato), y recoge que no se puede obtener el título de Bachiller sin haber aprobado todas las asignaturas. Asimismo, indicaron que la Orden era contraria a la Constitución, ya que delegaba competencias a las comunidades autónomas que son propias del Estado.

Precisamente, la LOMLOE, la reforma educativa también conocida como ‘Ley Celaá’, (que fue aprobada el pasado jueves en el Congreso y tendrá que continuar su tramitación en el Senado), que derogará la LOMCE, recoge la excepcionalidad de repetir curso.

«La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. En todo caso, el alumno o alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria», reza el texto del proyecto.

HECHOS «GRAVÍSIMOS»

Durante el debate, el diputado de UPN, Sergio Sayas, ha criticado que desde el Gobierno no se permita a la ministra dar explicaciones sobre dicha investigación en el Congreso, crítica que ha sido compartida por Marta Martín (Cs), que asegura que «los españoles tienen derecho a saber qué ha pasado» con unos hechos que tacha de «gravísimos», mismo calificativo que ha utilizado para definir este veto o, en sus palabras, «censura».

«Tiene la suficiente gravedad e enjundia como para que la ministra venga a informarnos y a explicar por qué tomó esa decisión; lo que se ha producido es suficientemente grave», considera por su parte Joaquín Robles, de Vox, mientras que desde el PP, Óscar Clavell, ha reprochado al PSOE que cuando se encontraba en la oposición, pedía comparecencias «a diario» y ahora que está en el Gobierno no quiere que se celebre «ninguna».

Por su parte, el PSOE y Unidas Podemos se han opuesto a que la ministra tenga que acudir a la Cámara Baja a dar explicaciones sobre tal asunto. Así, la diputada socialista Luz Martínez Seijo, en respuesta al ‘popular’ Clavell, ha recordado que cuando el PP gobernaba con Rajoy solo comparecían sus cargos cuando era «preceptivo», es decir, para presentar los Presupuestos «y poco más». Martínez Seijo ha justificado su ‘no’ a que es un «tema menor» utilizado, a su juicio, por los medios de la derecha y porque se trata de una acusación que «no ha tenido recorrido» ni «fundamento».

También Joan Mena (Unidas Podemos) ha defendido su voto en contra de la celebración de la comparecencia: «No es un asunto que, de alguna manera, requiera de una comparecencia de ese tipo». Además, considera que la ministra ha comparecido «en muchas ocasiones» en el Congreso y desde la formación ‘morada’, dice, están seguros de que Celaá «volverá a comparecer cuando convenga».

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Vacunación contra COVID-19, que recoge que los residentes y el personal sanitario de residencias y centros de grandes dependientes serán los primeros en vacunarse una vez lleguen las primeras dosis, a partir de enero de 2021, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa este martes.

Después, les seguirá el resto de personal sanitario y los grandes dependientes no institucionalizados. En total, en la primera etapa de la vacunación se vacunará a 2,5 millones de personas, ha informado Illa. El ministro no ha pormenorizado cuáles serán el resto de grupos después de esta población más vulnerable: «Los daremos a conocer oportunamente».

Illa considera que en el mes de enero «se podría empezar a vacunar con las primeras dosis» que lleguen a nuestro país. Según ha destacado, una vez sea aprobada una vacuna a nivel europeo llegará en un breve período de tiempo a España, una vez sea ratificada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS): «La entrega va a ser inminente una vez sea autorizada. No habrá dilación de tiempo entre ambas aprobaciones».

El Ministerio ha establecido tres etapas de priorización de los grupos a vacunar en función de las dosis disponibles: el primero será entre enero y marzo, cuando se prevé un «suministro muy limitado; en la segunda, entre marzo y junio, se irá realizando un «incremento progresivo» en el número de personas vacunar; finalmente, en la tercera etapa, a partir de junio, el objetivo es haber cubierto ya a «todos los grupos prioritarios».

Según el ministro, la priorización se va a realizar «en base a un marco ético»: «principio de igualdad, necesidad, equidad, protección a la discapacidad, beneficio social, reciprocidad y solidaridad». Illa ha explicado que se han establecido 18 grupos poblacionales en función de cuatro tipos de riesgo: mortalidad, exposición a la enfermedad, impacto socioeconómico y transmisión de la enfermedad.

La estrategia persigue dos objetivos principales: «Reducir lo máximo posible que la población fallezca o ingrese en un hospital, y que estemos listos para vacunar desde el mismo momento en que empecemos a recibir dosis de vacunas aprobadas». Tiene cuatro líneas estratégicas: establecer un orden de prioridad para vacunar a la población, establecer los elementos logísticos, crear un registro de vacunación para vigilar posibles reacciones adversas y la comunicación tanto a los profesionales sanitarios como a la población general.

Sanidad prevé que España podrá contar con hasta 140 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 a través de los acuerdos firmados por la Comisión Europea (CE) con las distintas compañías farmacéuticas desarrolladoras. Así, el departamento dirigido por Salvador Illa calcula que se podrían realizar 80 millones de inmunizaciones en nuestro país, es decir, casi el doble de la población española (47,32 millones). En el Consejo de Ministros de este martes se ha autorizado la compra de 20,83 millones de dosis de la vacuna de Pfizer para inmunizar a un total de 10,4 millones de personas en España.

Los contratos firmados por la Comisión Europea van a llegar hasta 1.400 millones de dosis, unas 800 millones de inmunizaciones, ya que casi todas las vacunas desarrolladas hasta el momento, como las de Moderna, Pfizer o AstraZeneca, constan de dos dosis. Por el momento, la candidata de Janssen es la única que se administraría en una sola dosis. Europa ya ha firmado cinco contratos para acceder a vacunas en desarrollo, mientras otras dos están en estados «avanzados» de negociación.

«Calculamos que recibiremos 140 millones de dosis, para inmunizar a 80 millones de ciudadanos. Obviamente, más de la población que tenemos en nuestro país», ha indicado Illa. El motivo es asegurarse un número suficiente de vacunas en caso de que alguna de ellas no termine siendo aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), algo posible hasta que no se cuente con más datos definitivos. De la misma forma, en caso de que haya exceso de vacunas, se realizará su distribución hacia otros territorios no comunitarios, según fuentes ministeriales.

ILLA DESCARTA QUE LA VACUNACIÓN VAYA A SER OBLIGATORIA

El ministro ha descartado que en las etapas iniciales la vacunación sea obligatoria. «Vamos a partir de la voluntariedad para la vacunación», ha comentado. Fuentes ministeriales, sin embargo, no descartan que tenga que adoptarse esa medida en caso de que Sanidad lo estime necesario dentro de la evolución de la pandemia, ya que aseguran que existen las herramientas necesarias para la obligatoriedad de la vacunación. En este contexto, recuerdan que en otros países cercanos, como Francia, las vacunas son obligatorias, mientras que en España son voluntarias. A pesar de no serlo, las coberturas de vacunación en nuestro país son muy altas en población infantil y ligeramente inferiores en adolescentes.

Illa ha recordado que la vacuna será «gratuita» y se administrará a través del Sistema Nacional de Salud (SNS). Así, ha defendido que «será igual de segura que las del calendario de vacunación» habitual. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha celebrado los últimos resultados de los ensayos clínicos sobre vacunas y la presentación de este plan de vacunación: «Parece que comienza a verse, con toda la prudencia, la luz al final del túnel».

El grupo que ha elaborado esta estrategia está formado por el Ministerio y ocho CCAA, junto con dos miembros del Comité de Bioética, un sociólogo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), un experto en la metodología sobre la investigación sobre evaluación de programas de vacunación, cuatro especialistas en modelización matemática del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), representantes de sociedades científicas como la Asociación Española de Vacunología (AEV) o la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) liderado por el doctor Fernando Simón o la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes que el objetivo es que «una parte muy sustancial» de la población española esté vacunada, «con todas las garantías», en el primer semestre de 2021. Con la presentación de esta estrategia, Sánchez aseguró que España será «el primer país de la Unión Europea junto a Alemania» en tener un plan completo de vacunación. «Hemos estado trabajando desde septiembre en este plan. Estamos preparados», resaltó.

Sánchez avanzó que el plan de vacunación contará con 13.000 puntos de vacunación para garantizar un «acceso equitativo a las vacunas» a través de la Atención Primaria. Ayer, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, defendió con rotundidad que el sistema sanitario español tendrá la capacidad suficiente para poder realizar esta vacunación masiva. «Tenemos una amplia red de Atención Primaria. Tienen capacidad para realizarlo. La capacidad del sistema es más que suficiente, y más sabiendo que las vacunas van a llegar progresivamente», añadió.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para adaptar la normativa española a las exigencias de la Fiscalía europea, aunque también por «coherencia constitucional», justificando así el cambio de modelo por el cual la instrucción pasa del juez al fiscal.

Campo ha informado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que de hecho el Gobierno ha dado luz verde a dos anteproyectos de ley, el de la nueva LeCrim y el de la Fiscalía Europea (EPPO).

El ministro ha esgrimido que este cambio era necesario por «coherencia con el mandato europeo». Así, ha revelado que en la videoconferencia celebrada el lunes con el comisario de Justicia, Didier Reynders, se comprometió a llevar este anteproyecto de ley de la EPPO al Consejo de Ministros de este martes. Reynders ha pedido celeridad a los estados miembros para hacer los ajustes internos necesarios para poner en marcha la Fiscalía Europea.

«Por tanto, teníamos que establecer un procedimiento penal, conforme a lo que establece el Reglamento (de la UE de 2017), que dice que son los fiscales los que instruyen», ha dicho Campo. A este respecto, ha apuntado que en todos los países de nuestro entorno, a excepción de Francia y Austria, el fiscal instruye y el juez se ocupa del respeto a las garantías.

En segundo lugar, Campo ha señalado también a la «coherencia constitucional», aduciendo que con esta reforma legal «el rol constitucional del juez y del fiscal adquiere un grado superlativo». Lo ha ilustrado con un símil en el que la investigación penal se hace con un escudo y una espada: «el fiscal es la espada y el juez, el escudo», porque el primero dirige las pesquisas y el segundo garantiza que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales.

Junto a ellos, ha explicado, surge la figura del juez de audiencia preliminar, que será quien decida si se abre juicio oral y expulse del proceso a las personas y las pruebas que considere oportunas.

Campo ha destacado como otro «eje» de la nueva LeCrim el refuerzo de las garantías de la víctima, que ahora «ocupa el papel central del proceso». En este sentido, ha detallado que aborda el tratamiento procesal de las personas con discapacidad y de los menores, así como la figura del acusado, al que se le reconocen «un elenco de derechos que no se habían recogido» hasta ahora, incluido el desarrollo pormenorizado de la presunción de inocencia.

Otro eje son las «nuevas herramientas», ha comentado, destacando que en este punto España puede sentirse «orgullosa» porque «nos situamos a la cabeza del mundo». «Estamos hablando de una regulación de pruebas científicas (…), de la digitalización al servicio de la administración de justicia y de rectas políticas criminales, obtención y tratamiento a través de automatización de datos, de vigilancias e investigaciones encubiertas o electrónicas», ha aclarado.

UNA LEY ABIERTA AL DEBATE

Asimismo, el titular de Justicia ha incidido en que era necesario reformar una «ley magnífica» pero que tiene 138 años y ha sufrido hasta 77 reformas, 54 de ellas solo en democracia.

Ha recalcado igualmente que «esto es la primera palabra», por lo que «ahora se abre un proceso intenso de consultas» para mejorar lo que ha definido como un «texto rico». En este sentido, ha anticipado que se abrirá al «debate público», se solicitarán los informes preceptivos y se someterá a la discusión parlamentaria. «Es una ley con la que no hay que tener prisa pero no debemos pararnos porque la sociedad lo reclama», ha sostenido.

OTRAS NOVEDADES

El principal cambio que plantea la nueva LeCrim es el destacado papel que otorga al fiscal, no solo como instructor sino porque también controlará la información sobre los procesos penales en fase de instrucción para para limitarla a «lo esencial desde el punto de vista del interés informativo» y evitar así un «grave atentado» a la presunción de inocencia.

Otro punto polémico, de acuerdo con el borrador del anteproyecto de ley al que ha tenido acceso Europa Press, es la nueva configuración de la acusación popular, que ya no podrán ejercerla las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos, aunque se fija un catálogo de delitos que resultan idóneos para que los ciudadanos puedan defender una visión de la legalidad penal alternativa a la del Ministerio Fiscal, como en el caso de los delitos de corrupción política.

Se crea además una segunda forma de detención preventiva «más leve», con una duración máxima de 24 horas frente las 72 actuales, destinada a facilitar las actuaciones procesales que requieran la presencia del arrestado; se crea una comisión nacional de seguimiento de la prisión provisional; y se contempla un cese automático de los cargos públicos investigados por delitos de rebelión y terrorismo. En cuanto a diputados y senadores, solo será necesario tramitar el suplicatorio «si se solicita al juez una concreta actividad cautelar o si efectivamente se ejercita la acción penal».

El Gobierno ha propuesto este miércoles una renovación del Pacto de Estado social, institucional y político contra las violencias machistas, aprobado por el Congreso en 2017, con el objetivo de que «todos luchen de forma decidida contra» esta lacra y ha señalado la «reparación» de las víctimas como una de sus prioridades en esta materia.

Ante la conmemoración, este miércoles 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ejecutivo ha aprobado en el Consejo de Ministros una declaración institucional sobre esta materia. Además, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha realizado un vídeo sobre el tema.

Tanto en la declaración como en el vídeo, el Ejecutivo ratifica su compromiso en la lucha contra la violencia machista, recordando que se trata de una «vulneración de derechos humanos».

Además, enumera la implicación de España en los diferentes convenios, declaraciones y acuerdos internacionales, así como las medidas llevadas a cabo, junto con las comunidades autónomas, para paliar las consecuencias de la pandemia en la lucha contra estas violencias.

UNA REALIDAD «INNEGABLE»

Del mismo modo, recuerda algunas de las principales cifras recogidas en la macroencuesta sobre las violencias machistas realizada por la Delegación del Gobierno en esta materia, entre las que destacan que una de cada dos mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, que más de 1.300.000 mujeres han sufrido la violencia sexual fuera de la pareja y cerca de 1.700.000 niños y niñas viven en hogares en los que la mujer está sufriendo algún tipo de violencia.

Para el Gobierno, estas cifras «ponen de manifiesto una realidad innegable» que les «interpela» y que les «obliga a una acción decidida en pro de la erradicación de la violencia contra las mujeres y de las actitudes sociales que la toleran, la justifican o incluso la banalizan».

Es preciso intensificar los esfuerzos para combatir el machismo y condenar socialmente todas las actitudes, prácticas y conductas que consienten y reproducen estas violencias», ha apuntado el Ejecutivo en la declaración, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno está promoviendo reformas y nuevos instrumentos normativos –como la ley de libertades sexuales, la ley de protección de la infancia o la ley contra la trata de mujeres– así como una Estrategia Nacional contra la Violencia Machista, garantizar la consolidación e institucionalización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

«NO ESTÁIS SOLAS»

Tal y como ha señalado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. España reconoce la lucha contra esta lacra como «central» para la consecución de un país «más justo, libre igualitario» y ha indicado la necesidad de «seguir redoblando esfuerzos» en esta materia que, a su juicio, «dura ya demasiado tiempo».

Las políticas de homenaje y reconocimiento de las víctimas, así como el «establecimiento de medidas de reparación» son «una prioridad para este Gobierno«, indica el texto.

La ministra de Igualdad, por su parte, ha llamado «este año más que nunca» a renovar el Pacto de Estado para «luchar contra todas las formas» de violencia contra la mujer y que desde el Gobierno se garanticen los derechos de todas las mujeres y sus hijos víctimas de esta lacra.

Montero ha lamentado que «muchas» víctimas no denuncien por «miedo a no ser creídas» y se ha comprometido, «frente a los discursos de extrema derecha que niegan la violencia de género», a poner todas las herramientas necesarias como Estado para garantizarles a estas mujeres «que no están solas» y que tienen «puertas de entrada grandes y seguras para denunciar y ser acompañadas y reparadas». «No estáis solas», concluye el mensaje.

El PP ha exigido este martes que el plan para Navidad que se va a poner en marcha por el coronavirus se base en criterios técnicos y científicos, y que las decisiones se tomen en coordinación con las comunidades autónomas, según han informado fuentes de la cúpula del PP.

Así se ha pronunciado el partido que dirige Pablo Casado tras conocer el borrador ‘Propuestas de medidas de salud pública frente a la Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas’, en el que el Gobierno propone limitar a seis personas las reuniones familiares en Navidad y toque de queda a la 1.00 horas en Nochebuena y Nochevieja.

En concreto, el documento –al que ha tenido acceso Europa Press– señala que en las reuniones en el ámbito familiar se recomienda limitar la participación a los miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia, si bien en el caso de que haya algún miembro externo no conviviente habitual, las reuniones serán de hasta un máximo de seis personas y se debe garantizar las medidas de prevención, independientemente de si son familiares o no.

Además, pide evitar o minimizar las reuniones en el ámbito social (celebraciones del trabajo, antiguos alumnos o clubs deportivos, entre otros) y, en el caso de celebrarse, deberán ser de un máximo de seis personas y preferiblemente en el exterior.

El texto recuerda que en todos los contexto se deben mantener las medidas de prevención, como el uso de mascarilla, lavado de manos, mantenimiento de la distancia, ventilación y actividades al aire libre.

EL PP VE «FUNDAMENTAL» LA COORDINACIÓN CON LAS CCAA

Al conocer este primer borrador para Navidad, el PP ha reclamado al Gobierno que el plan se base en criterios científicos y técnicos y ha recordado que es una exigencia que ha venido demandando el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

Además, el primer partido de la oposición –que gobierna en cinco autonomías– ha subrayado que las decisiones ante las vacaciones navideñas deben tomarse «en coordinación con las comunidades autónomas».

«El Gobierno no debe caer en los mismos errores de siempre. Esa coordinación es fundamental», han señalado fuentes ‘populares’, que ponen el acento en que el Ejecutivo debe consensuar este plan con las comunidades autónomas.