Unidas Podemos y Vox han coincidido este miércoles en sus críticas a la prensa, afirmando que en España hay «falso periodismo» y que en ocasiones se utilizan determinados medios de comunicación para atacar a fuerzas políticas.

Así lo han apuntado el diputado de Unidas Podemos Joan Mena y el de Vox Víctor Manuel Sánchez Del Real durante el debate de una moción consecuencia de la interpelación urgente presentada por Ciudadanos sobre el ejercicio del periodismo sin injerencias políticas. Podemos y Vox han presentado enmiendas a la moción, que han sido rechazadas.

En concreto, el parlamentario de la formación ‘morada’ ha afirmado que el artículo 20 de la Constitución dice que «Se reconoce y se protege el derecho a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de comunicación«.

«Y eso es incompatible con utilizar determinados medios de comunicación privados para estigmatizar, señalar y fabricar de forma industrial fake news contra una fuerza política que está legítimamente en el Gobierno porque así lo han decidido más de tres millones de españoles», ha declarado, al tiempo que ha añadido que son los socios de Ciudadanos «los que ponen en peligro la libertad de prensa».

A continuación, Sánchez Del Real ha asegurado que sí hay que defender el periodismo, pero «no todo lo que parece» como tal. «Confundir su prensa, con periodismo independiente es el mayor error que podía haber cometido, señor Díaz, porque hay falso periodismo en este país», ha señalado.

El diputado de Vox ha mostrado una imagen de portadas de periódicos con publicidad institucional del Gobierno por la pandemia. «¿Defiende usted también este periodismo? ¿Defiende el periodismo de Pedro y de Pablo pagado por todos los españoles? ¿Esto es periodismo? Eso no es periodismo», ha manifestado, al tiempo que ha afirmado que en España no existe prensa libre, sino «mucho falso periodismo».

El diputado del PP Pablo Montesinos ha manifestado que «muchos ponen el foco» en el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, «cuando realmente en quien hay que ponerlo es en Pedro Sánchez», el presidente del Ejecutivo.

Según el parlamentario ‘popular’, Iglesias quiere controlar a los medios de comunicación y «amordazar» a los periodistas críticos, pero «la clave es que Sánchez lo consiente, más aún lo avala con su silencio y con su decisión de mantenerle en el Consejo de Ministros».

Por su parte, la socialista Dolores Narváez ha afirmado que el PSOE «defiende y respeta la libertad de expresión y la libertad de prensa». «Nos han represaliado, detenido, asesinado y fusilado por hacerlo», ha subrayado, al tiempo que ha defendido que ninguna de estás libertades están en riesgo en España.

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, impulsor de la iniciativa, ha mostrado su «preocupación» por que la semana pasada Iglesias «exponía su opinión sobre la necesidad de controles sobre los medios de comunicación en España». «Lo dijo un vicepresidente del Gobierno en la tribuna del Congreso en una interpelación al Gobierno, es decir, habló en nombre del Gobierno», ha indicado, para denunciar que no se haya censurado públicamente al vicepresidente desde el Ejecutivo.

La UNESCO ha solicitado que las vacunas contra el coronavirus sean declaradas bien de interés público mundial y con ello garantizar un reparto equitativo de las mismas, después de que varios organismos e incluso algunos gobierno internacionales hayan alertado del acaparamiento de las dosis por parte de los países más ricos.

«Cuando se anunciaron las campañas de vacunación en todo el planeta, el mundo respiró aliviado. Pero sin la solidaridad, estamos lejos de lograr el objetivo, y más de 130 países aún no han recibido una sola dosis», ha lamentado la directora genera de la UNESCO, Audrey Azoulay.

«Los más vulnerables no están protegidos», ha enfatizado Azoulay este miércoles durante una conferencia a través de video llamada, que ha contado también con la participación, entre otros, del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y dos comités científicos y bioética.

La UNESCO ha recalcado que mientras algunos países han logrado ya vacunas como para proteger a toda su población varias veces, las regiones del sur «se están quedando atrás» y ha demandado al G-7 que traduzca su buenas palabras en hechos concretos, después de que la semana pasada el grupo expresara sus intenciones de enviar millones de dosis a estos lugares.

«Tal como están las cosas hoy, los habitantes de muchos países en desarrollo no tendrán acceso a las vacunas hasta bien entrado el año 2022», ha señalado.

Por su parte, el director de la OMS ha reiterado en este sentido que la pandemia no acabará «en ningún lugar» si no se combate contra ella de la mejor manera «en todas partes».

En última instancia, la equidad en las vacunas no es sólo lo correcto, sino la mejor manera de controlar la pandemia, restablecer la confianza y reiniciar la economía mundial», ha insistido Tedros.

DECLARACIÓN DE LOS COMITÉS CIENTÍFICOS

El Comité Internacional de Bioética (CIB) de la UNESCO y la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST) han señalado directamente a las farmacéuticas, las cuales, han dicho, «tienen la responsabilidad de compartir la propiedad intelectual» lograda gracias «al apoyo de los gobiernos para permitir a los fabricantes de todos los países» el acceso a ellas.

En segundo lugar, ambos comités han defendido la necesidad de aplicar criterios basados en «la igualdad, la equidad, la protección, la reciprocidad y el interés superior de los niños» como parte de los avances de los programas de vacunación en los países más vulnerables.

«Las decisiones sobre la distribución justa y la prioridad deben basarse en el asesoramiento de un grupo multidisciplinar de expertos en bioética, derecho, economía y sociología, junto con científicos», apuntan.

Por último, han manifestado que la estrategia de vacunación para persuadir a aquellas personas que muestren reticencias en el momento de someterse a ella debe regirse por un modelo basado en la educación y en la información y no en sanciones punitivas.

«El rechazo a la vacunación no debe afectar a los derechos fundamentales de la persona, en concreto a su derecho de acceso a la sanidad o al empleo», concluye.

La Audiencia Nacional ha enviado a prisión a los nueve detenidos, de nacionalidades georgiana y turca, en relación con un alijo de casi tres toneladas de cocaína intervenido en un buque en alta mar frente a la costa de Ribadeo (Lugo).

Así lo han confirmado fuentes judiciales, que explican que a los arrestados se les atribuye delitos relacionados con el tráfico de drogas y la pertenencia a organización criminal.

Tras llegar al puerto de Ferrol en la medianoche del lunes al martes, los arrestados fueron trasladados, junto a la droga, a la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, conforme apuntaron fuentes próximas a la investigación.

Este miércoles han sido llevados desde la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra al juzgado de guardia de la ciudad del Lérez para prestar declaración por orden de la Audiencia Nacional.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria junto con agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, con la colaboración de la Armada Española, han intervenido casi tres toneladas de cocaína en un buque en alta mar frente a las costas de Ribadeo en el operativo denominado ‘Bocanegra’ y detenido a los nueve tripulantes que, ante el asalto por parte del GEO de la Policía Nacional, «no dudaron en abrir una vía de agua para hundirlo con el fin de eliminar todas las pruebas», indicaron fuentes del operativo.

La investigación conjunta se inició en el mes de mayo del pasado año, tras tener conocimiento de las supuestas actividades ilícitas de una organización criminal asentada en la comarca pontevedresa de O Salnés.

Fruto del análisis de toda la información obtenida a lo largo de esta investigación, coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, los agentes reunieron una serie de indicios que apuntaban a la «existencia de un mercante que podría transportar una notoria cantidad de cocaína, la cual sería transbordada a otras embarcaciones en algún punto indeterminado de las costas gallegas», han relatado las mismas fuentes.

Por todo ello, la investigación se centró en un buque de nombre ‘Nehir’, de 52 metros de eslora y bandera de la República de Palau, cuyas características y ruta de navegación «encajaban perfectamente con el posible objetivo de la operación policial», ha subrayado la Agencia Tributaria.

Al mismo tiempo, los agentes también corroboraron que, debido a una alerta meteorológica en el litoral atlántico, no se podría hacer transbordo a ningún otro barco al paso del ‘Nehir’ por las costas gallegas, motivo por el cual, tras la pertinente reunión en el Gabinete de Coordinación y Estudios del CITCO de la Secretaría de Estado de Seguridad, se decidió la interceptación de la nave.

PATRULLERO ‘SERVIOLA’

De esta manera, el buque de acción marítima ‘Serviola’ de la Armada Española, con fuerzas especializadas a bordo de los tres cuerpos intervinientes y apoyado por un helicóptero y tres patrulleras de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de las Bases de A Coruña, Ribadeo y Santander y una patrullera del Servicio Marítimo de la Comandancia de Gijón de la Guardia Civil, localizaron a primera hora de este lunes pasado el mercante frente a las costas de Ribadeo.

En concreto, en esta operación denominada ‘Bocanegra’ han participado efectivos del Greco Galicia y ECO Pontevedra. El buque fue abordado por el GEO de la Policía Nacional, que localizó «una gran cantidad de fardos, similares a los habitualmente utilizados para transportar sustancias estupefacientes, ocultos en un compartimento del barco», destacan las mismas fuentes.

HUNDIDO

Durante el asalto, la tripulación del ‘Nehir’, «viéndose sin ninguna posibilidad de huida, accionó algún dispositivo que provocó la rápida inundación de todos los compartimentos de la nave», subrayan las mismas fuentes, «con la intención de no dejar rastro alguno de su carga ilícita consiguiendo que, en poco más de dos horas, el buque se hundiera totalmente».

«La rápida acción de todos los agentes y tripulación del ‘Serviola’ permitió, no solo la recuperación de todos los fardos donde venía la droga y el resto de efectos relacionados con los hechos investigados, sino también y más importante, el rescate de toda la tripulación del ‘Nehir’ sin daño alguno», aseguran.

En la madrugada de este martes, el ‘Serviola’ ha llegado al puerto del Arsenal Militar de Ferrol, donde tiene base, con los detenidos y la sustancia estupefaciente intervenida la cual, una vez en tierra, ha alcanzado un peso de unas tres toneladas de cocaína. Tanto la droga como los detenidos fueron trasladados a Pontevedra.

El exgerente y extesorero del PP Luis Bárcenas ha declarado ante el juez que instruye el caso ‘Púnica’ que entre 2007 y 2008 entregó junto al también extesorero del partido Álvaro Lapuerta a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP regional, Esperanza Aguirre, un sobre con 60.000 euros que habían recibido de la constructora Ploder.

Bárcenas ha declarado durante más de dos horas este miércoles en calidad de testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, después de que hace unas semanas entregara un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción en el que se mostraba dispuesto a colaborar tanto en la pieza relativa a la comisiones finalistas que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 como en la macrocausa Púnica.

Así, a las 16.00 horas ha arrancado su comparecencia, en la que ha explicado que fue el empresario Luis Gálvez quien entregó esa comisión que posteriormente ellos –Lapuerta en ese momento era tesorero del PP y Bárcenas gerente– entregaron a Aguirre, y que no era la forma habitual de proceder ya que fue la única donación directa que recibió para el PP de Madrid, según han informado fuentes jurídicas.

Concretamente, ha explicado que el dinero fue recibido por Lapuerta, que fue metido en un sobre marrón de los usados en Tesorería del partido, y que por el peso serían billetes de 500 euros. Ambos, gerente y tesorero, bajaron a la planta primera de la sede de Génova y lo entregaron en mano a Aguirre, quien estaba en compañía del secretario general del partido en Madrid Francisco Granados y el que fuera el gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez.

NO ERAN DONACIONES «ALTRUISTAS»

Preguntado por el objetivo de este tipo de donaciones, Bárcenas ha señalado que esas entregas de cuantías tan elevadas no eran nunca altruistas, aunque no ha especificado si el objeto de ésta en concreto era una contratación pública. Con todo, sí que habría dado a entender que tenía una finalidad.

Se da la circunstancia de que Ploder aparece en el auto del 2 de septiembre de 2019 por el que se imputó a Aguirre en la pieza 9 del caso ‘Púnica’, que versa sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, como una de las empresas que presuntamente pagó un 1 por ciento del presupuesto total para hacerse con la adjudicación de obras de centros de salud u hospitales en la Comunidad de Madrid.

Según explica el magistrado en esta resolución, el desvío del dinero público se producía a través de las empresas adjudicatarias de cada contrato, que se veían obligadas a incrementar la oferta quepresentaban al concurso en ese 1 por ciento para publicidad a la que les obligaba el pliego.

Por otro lado, las fuentes consultadas también han señalado que el extesorero ha hablado sobre la reforma de la sede del PP de Madrid, que compartía edificio con la sede nacional, en la calle Génova. Al respecto, Bárcenas ha señalado que la reforma de la primera planta que se llevó a cabo entre 2006 y 2007 tenía un coste de entorno a un millón de euros y que la formación regional no podía hacía hacerse cargo.

Por ello, el PP de Madrid planteó costear la remodelación a través de donativos de empresarios y con ayuda de los fondos de la nacional, si bien la nacional se negó a sufragar las obras de los ‘populares’ madrileños, ha indicado el extesorero.

FUNDESCAM Y OHL

A preguntas de los fiscales y de las partes, el extesorero ha relatado también que antes de 2003 el que fuera secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada y el entonces presidente del PP madrileño Pío García Escudero le consultaron cómo hacer para poder recibir donaciones en el partido a nivel regional, y le pidieron que les «abriera la puerta» de la CEOE para poder recibir donaciones de empresarios. Es entonces cuando nace Fundescam, de la que el extesorero ha especificado que se crea para la financiación irregular del partido.

Además, ha confirmado que más del 90 por ciento de las donaciones llegaban de constructoras, y que en concreto la de Juan Miguel Villar Mir, OHL, era donante habitual del partido, y que también donó al PP de Madrid. Cabe recordar que hace escasos meses, el juez instructor archivó la causa contra él por el contrato del tren de Navalcarnero en el caso ‘Lezo’.

Durante la declaración, y dado que había reconocido haber recibido dinero de una constructora (Ploder) para el partido, alguna de las partes personadas ha pedido que dejara de declarar como testigo para pasar a ser imputado, si bien el magistrado no ha tenido en consideración esta petición y Bárcenas ha podido seguir soltando píldoras de la financiación del partido, como que todas las estructuras territoriales tenían ‘caja b’ que se usaba para las campañas electorales y que él desde la gerencia nacional marcaba el tope de gasto de dinero ‘oficial’ en atención a los cálculos que realizaba con la intención de voto.

LAS TRES CAJAS QUE GUARDA UN TERCERO

Pero la declaración del extesorero no se ha ceñido sólo al PP de la época de Aguirre, sino que ha llegado a señalar ante el juez que tiene a buen recaudo, en manos de otra persona, tres cajas con documentación relativa a la causa conocida como los ‘papeles de Bárcenas’ que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 5. Sobre esto, ha especificado, según las fuentes consultadas, que ha comunicado ya a ese juzgado quién tiene esas cajas.

Por otro lado, la tarde ha dejado imágenes como la de charla que ha mantenido el extesorero con el juez antes de arrancar el interrogatorio, el encuentro previo con una de sus abogados, y frases como que no tenía animadversión hacia Aguirre, si bien ha admitido que con María Dolores de Cospedal (exsecretaria general del PP) sí se lleva fatal.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este miércoles que «no ha lugar» a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, en una situación de pandemia y hace un llamamiento a la «responsabilidad».

Darias ha sido preguntada, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, por las próximas celebraciones previstas para este día y si ella acudiría a las mismas, como hizo el año pasado junto a otras mujeres de su partido y miembros del Gobierno. Días más tarde de su presencia en la marcha del 8M, la ministra confirmaba su positivo por coronavirus.

«Por coherencia de una llamada a la responsabilidad que he realizado, puesto que todavía estamos en situación de riesgo extremo, no ha lugar», ha respondido la titular de Sanidad.

A su juicio, «la situación epidemiológica» actual «no permitiría llevar a cabo» las manifestaciones de las que se está hablando en los medios.

Darias hace estas declaraciones el mismo día en el que el delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, ha anunciado que se prohibirán las marchas de más de 500 personas en la capital el 8M.

IGUALDAD: «LAS ACOMPAÑAREMOS SIEMPRE»

Mientras, la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, aseguró este martes que el Ministerio está a la espera de información sobre las intenciones de las organizadoras del 8M para este 2021 y ha señalado que las acompañarán» en las iniciativas que decidan, atendiendo «a las normas de seguridad» que pongan por la pandemia.

Así, explicó que van a esperar a «tener información de ellas» que «son las protagonistas» para «atender a las normas de seguridad que ellas pongan» y «acompañarlas, como siempre».

La Comisión 8M anunció el pasado sábado, que quiere volver a «tomar la calles» en 2021, aunque su intención es que las movilizaciones se realicen con medidas de seguridad y descentralizando algunos actos para evitar las concentraciones numerosas.

De momento, en Madrid, tienen previsto presentar los actos este viernes 26 de febrero. Previamente, se han reunido con la Delegación del Gobierno en Madrid este mismo miércoles, que les ha pedido que busquen alternativas a sus manifestaciones más numerosas. Paralelamente, otra corriente feminista, el Movimiento Feminista de Madrid, tiene previsto presentar este jueves sus actos para el 8M de forma separada a la de la Comisión organizadora del 8M. Ambas corrientes se encuentran divididas por su posición en relación a la Ley Trans que quiere impulsar el Ministerio de Igualdad.

POLÉMICA EDICIÓN EN 2020

Esta edición de 2021 se produce en plena pandemia y después de las críticas que suscitó su celebración el año pasado. La oposición señaló la manifestación del 8M para criticar la gestión del Gobierno en los inicios de la crisis sanitaria y como foco de contagio, cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, o la de Sanidad –entonces de Política Territorial y Función Pública– Carolina Darias, dieron positivo por coronavirus días después de participar.

En 2020 también participaron en la manifestación representantes de partidos políticos, como PP y Ciudadanos, que en 2021 pueden volver a unirse, ya que la convocatoria a estos actos se realiza a través de asambleas abiertas y todo aquel que quiera unirse lo hace libremente.

El PSC ha elaborado una propuesta para debatir con los grupos parlamentarios una estrategia para «cerrar el paso a la extrema derecha en las posiciones institucionales del Parlament, siempre que sea posible», en la que incluye medidas como que los grupos coordinen sus votos para evitar que ningún diputado de Vox sea elegido miembro de la Mesa de la Cámara catalana.

La propuesta que el PSC ha planteado a los comuns en un encuentro que han mantenido este miércoles, también plantea que los grupos no firmen iniciativas conjuntas con Vox, partido al que los socialistas no citan en su documento.

Además, proponen un acuerdo mediante el que ningún representante de este partido –que obtuvo representación en el Parlament por primera vez en las elecciones catalanas del 14 de febrero– ocupe posiciones parlamentarias en ninguna comisión del Parlament.

Los socialistas, que ganaron los comicios en votos liderados por el exministro de Sanidad Salvador Illa, recuerdan que no está establecida reglamentariamente la distribución proporcional de la Mesa del Parlament, sino que sus siete miembros se eligen en tres votaciones sucesivas, por lo que apuesta por coordinar el voto en al menos esta tercera votación –es la que escoge los cuatro secretarios del órgano–.

El PSC también quiere evitar que la presentación de iniciativas legislativas colegiadas recaiga en un ponente de Vox, pero recuerda que la Comisión de Materias Secretas y Reservadas debe estar integrada por un miembro de cada grupo parlamentario, por lo que «no es posible excluir a la extrema derecha».

Lo mismo ocurre con los intergrupos parlamentarios y los grupos de trabajo, aunque aboga por que se alcance un acuerdo con el resto de grupos para que ningún diputado de Vox sea coordinador de intergrupo o relator de un grupo de trabajo.

En cuanto a las iniciativas legislativas que alcancen la fase de ponencia, recuerda que habitualmente ejerce el papel de relator el diputado ponente del grupo autor de la iniciativa, algo que plantean mantener para evitar la situación «incongruente» de que un diputado de otro grupo deba presentar una iniciativa de Vox.

Propone que cada grupo parlamentario decida su postura ante las iniciativas de Vox, y defiende evitar hace alusiones personales a representantes del partido en debates sobre sus iniciativas para no abrir turno por alusiones.

REUNIÓN CON LOS COMUNS

El equipo negociador del PSC ha entregado este documento a los comuns en el encuentro que han mantenido este miércoles, el segundo que han mantenido desde las elecciones del 14 de febrero.

Según un comunicado del PSC, ambas formaciones se han emplazado a volver a reunirse en los próximos días, y los socialistas han defendido que la Presidencia del Parlament debe ocuparla una mujer de izquierdas, «ante la propuesta independentista que apuesta por una Presidencia de la CUP o Junts».

A diferencia del primer encuentro que celebraron la semana pasada, en el que coincidieron en la voluntad de explorar un acuerdo «que permita un gobierno progresista», en el comunicado del PSC de este miércoles no se menciona si se ha avanzado en este objetivo para formar un Govern, mientras que los comuns no se han pronunciado.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha rechazado que se esté produciendo una «bajada de ritmo» en la vacunación contra la COVID-19 por parte de las comunidades autónomas.

«No hemos observado una bajada de ritmo, más bien al contrario. Quiero reconocer el esfuerzo de las CCAA. Estamos trabajando conjuntamente en los planes operativos para organizar, a partir de abril, la llegada masiva de vacunas», ha explicado en rueda de prensa este martes tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En este sentido, ha dado su visto bueno a que las autonomías utilicen estadios y otros grandes espacios para llevar a cabo la vacunación. «Las distintas opciones de las CCAA son válidas, especialmente cuando a partir de abril lleguen más vacunas, cuando necesitaremos espacios más grandes para una vacunación más ágil», ha defendido.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, señaló la semana pasada que, por el momento, no considera necesario vacunar fuera de los centros de salud, aunque abrió la puerta a esta posibilidad en caso de que «lleguen millones y millones de dosis», tal y como el Gobierno prevé a partir de abril.

«No creo que ahora mismo se tenga que plantear vacunar en otro sitio que no sea un centro de salud. Fuera de las instituciones sanitarias no tiene sentido ahora mismo. Si de pronto llegaran millones y millones de dosis podría planteares», comentó en rueda de prensa.

Por otra parte, la ministra ha anunciado que, finalmente, tras las deliberaciones en el seno de la Comisión de Salud Pública, los desplazados de su comunidad de origen serán vacunados en su actual lugar de residencia con la «máxima garantía de atención».

Darias también se ha pronunciado sobre la polémica con AstraZeneca, que ha avanzado este martes que «aspira a cumplir» el contrato firmado con la Comisión Europea para la entrega de su vacuna contra la COVID-19 en el segundo trimestre del año, tras publicarse que la compañía preveía recortar a la mitad el número de dosis comprometidas a Bruselas en este período. «El Gobierno va a exigir que las compañías cumplan lo que hemos firmado. Esa es nuestra posición, que es firme», ha reivindicado.

«MÁS VACUNADOS QUE CONTAGIADOS»

En relación a los datos de vacunación, Darias ha celebrado que esta semana se ha superado «un nuevo hito». «Son más ya las personas vacunadas que las contagiadas», ha aplaudido. Las comunidades autónomas han administrado hasta este miércoles un total de 3.284.678 dosis, 119.487 de ellas en las últimas 24 horas. Esto representa el 72,8 por ciento de las distribuidas, que ascienden a 4.508.845 unidades, 886.680 más que ayer.

Según los datos facilitados por Darias, esta semana llegarán 1.058.000 dosis: 496.000 de Pfizer, 195.000 de Moderna y 367.000 de AstraZeneca. La ministra ha precisado que, del total de dosis que han llegado a España hasta el momento, se han entregado 1.950 dosis de Pfizer a Andorra en virtud del acuerdo de solidaridad con el Principado. De la misma forma, se han entregado 14.820 dosis de Pfizer y 12.200 de AstraZeneca a las Fuerzas Armadas.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen este jueves por videoconferencia para abordar de nuevo los problemas surgidos con las vacunas contra la Covid-19, por los retrasos en las entregas anunciados por algunas farmacéuticas, mientras algunas capitales piden avanzar en el desarrollo de medidas para reactivar el turismo en los próximos meses a través de certificados de vacunación.

Aunque el encuentro telemático continuará también el viernes, con una sesión dedicada a seguridad y defensa y a la relación de la UE con sus vecinos del sur, la primera jornada servirá para que los líderes europeos abordar varios aspectos de la gestión de la pandemia.

La prioridad es acelerar la campaña de vacunación en todos los Estados miembros tras unas primeras semanas marcadas por unas entregas limitadas y los problemas de producción que han experimentado las tres compañías cuyas vacunas han sido aprobadas por las autoridades comunitarias.

Preocupa especialmente el caso de AstraZeneca, que todavía no puede garantizar que habrá entregado para junio las 300 millones de dosis que la UE se reservó o necesitará más tiempo para lograrlo. A los problemas registrados durante el primer trimestre, que obligaron a la compañía a reducir a la mitad sus entregas, se suman nuevos retrasos entre abril y junio.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado una carta con los primeros ministros de Bélgica, Dinamarca, Lituania y Polonia en la que piden discutir «abiertamente» durante la cumbre el modo de asegurar fondos para reforzar la producción de vacunas dentro de la UE para hacer frente a los problemas de suministro.

La UE, con todo, sigue confiando en que el segundo trimestre del año sea el momento en que el bloque pueda acelerar el proceso, gracias al mayor suministro por parte de Pfizer y Moderna y la posible llegada de la vacuna de Janssen.

Además, a este asunto se ha sumado el deseo de algunos países de avanzar en el reconocimiento de un pasaporte de vacunación que, además de ser un certificado médico, pueda servir para facilitar el turismo de cara a la campaña de verano. Grecia y España son los países que más defienden esta herramienta, que no obstante genera dudas en muchas otras capitales, como París o Berlín.

«Es un debate un poco prematuro», ha señalado un alto funcionario europeo, quien ha destacado que la intención es dar la señal de que se está trabajando en esta posibilidad, pero que todavía es necesario resolver «cuestiones técnicas».

Así, mientras los países más dependientes del turismo como España prefieren que la UE avance en el diseño de este certificado, otras fuentes opinan que debe esperar hasta tener más certidumbre sobre los efectos de las vacunas y su capacidad para frenar la transmisión del virus. «Necesitamos más tiempo para llegar a una línea común», apuntan.

Un tercer ángulo que abordarán los líderes con respecto a la gestión de la pandemia será la coordinación de las restricciones de los viajes no esenciales, después de que países como Alemania o Bélgica hayan adoptado medidas que han generado dudas sobre su adecuación a lo pactado en cumbres anteriores.

SEGURIDAD Y DEFENSA

En la jornada del viernes los líderes de la UE tratarán la seguridad y defensa en el continente, un debate que arrancará con un intercambio con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Sobre la mesa estará la necesidad de cooperar más y mejor entre ambos organismos, más en un momento en el que la UE se ha propuesto revitalizar las relaciones con Estados Unidos.

A continuación los jefes de Estado y de Gobierno escucharán la posición del Alto Representante para Política Exterior, Josep Borrell, sobre cómo enfocar una mayor autonomía de la UE en el ámbito exterior y debatirán sobre la brújula estratégica, el plan de futuro con el que los Veintisiete quieren llegar a un entendimiento común en el campo de la Defensa con la idea de superar las diferencias históricas entre socios.

La cumbre la cerrará el debate sobre Vecindad Sur, en particular cómo los Veintisiete renuevan la alianza con los países mediterráneos cuando se cumplen 25 años de la Declaración de Barcelona. Se espera que los líderes manden un mensaje centrado en la recuperación tras la pandemia y en el reparto de vacunas con los países de la zona.

La Audiencia de Teruel ha condenado a dos hermanos de Pozondón, Pedro e Isabel Blasco Yusta, acusados de dar muerte a su madre y emparedarla después, a 16 y 8 años de prisión, respectivamente. El hombre ha sido condenado como autor de un delito de asesinato y su hermana como cómplice. Para ambos se reconoce la agravante de parentesco y la atenuante por analogía de arrebato u obcecación.

El cuerpo sin vida de la madre, que fue asesinada el 3 de marzo de 2017, fue descubierto en junio de 2019 en el interior de un armario sellado con cemento, y durante ese tiempo los hijos estuvieron cobrando su pensión.

A ello se suman las penas como autores de un delito de fraude a la Seguridad Social, por el que son condenados a seis meses de prisión, cada uno de ellos, y a la pérdida del derecho a obtener subvenciones o gozar de beneficio fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de tres años.

Ambos deberán indemnizar conjuntamente a Bankia con 30.755,67 euros como responsable civil subsidiario que hizo efectivo el importe al perjudicado.

El juicio contra Pedro e Isabel Blasco se celebró con jurado el pasado 18 de febrero, y los miembros del tribunal popular emitieron un veredicto de culpabilidad.

La sentencia, hecha pública hoy, considera como hechos probados que los hermanos vivían con su madre Ángela, de 87 años, en la vivienda familiar de la localidad turolense de Pozondón. La octogenaria padecía ceguera, Alzheimer, y tenía limitada su movilidad, siendo su hija la que se encargaba de sus cuidados.

A la vista de que en los últimos meses el trabajo de cuidado de Ángela se había hecho más penoso y las molestias permanentes, el acusado decidió que lo mejor sería acabar con la vida de su madre, comentándoselo a su hermana Isabel.

El día 3 de marzo de 2017, Ángela pasó toda la tarde especialmente alterada, teniendo que darle cuatro pastillas de ‘dormidina’ para que pudiera dormirse, cosa que hizo sobre las 22.00 horas; a las 23.15 horas comenzó de nuevo a gritar y reclamar atención, poniéndose Pedro e Isabel muy nerviosos y exaltados ya que madre no se callaba, según consta en los hechos probados.

Pedro le dijo a su hermana que «iba a hacerlo» y subió a la habitación donde dormía su madre y le puso la almohada en la cara hasta que dejó de respirar, causándole de esta forma la muerte sin que Ángela pudiera ejercer defensa alguna fruto de su estado.

Isabel conocía la intención de su hermano y se quedó en la planta baja de la vivienda hasta que fue avisada por Pedro de que ya estaba todo hecho y que subiera para ayudarle a esconder el cuerpo de la finada en el armario de la habitación.

Días después, prosigue el relato de lo ocurrido, intentaron quemar el cuerpo, sin conseguirlo ante el riesgo de incendiar la vivienda, por lo que decidieron sellar el armario con cemento.

Los acusados no comunicaron al INSS el fallecimiento de su madre, recibiendo mensualmente su pensión en la cuenta de Bankia que la finada tenía con Pedro. Desde marzo del 2017 hasta el mes de junio de 2019 la Seguridad Social desembolsó en concepto de pensiones la suma de 30.755,67.

Tras gestiones policiales, el día 19 de junio de 2019 los dos hermanos reconocieron que su madre se encontraba muerta y su cuerpo en un armario. Ingresaron en prisión dos días después.

Unidas Podemos ha reclamado al PSOE que lleve la nueva Ley de Vivienda «con urgencia» al Consejo de Ministros para poder cumplir así con el acuerdo alcanzado entre ambas partes y siguen apreciando «resistencias» en su socio de gobierno, que ahora se remite a marzo como plazo temporal para tener lista la normativa, a la hora de aplicar la regulación del precio del alquiler.

Los equipos de la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, y del secretario general de Agenda Urbana, David Lucas, se han reunido este miércoles para seguir negociando la Ley de Vivienda, un encuentro que se ha saldado de nuevo sin avances, según han indicado fuentes de Unidas Podemos.

La falta de acuerdo, según estas fuentes, radica «una vez más» en que los socialistas han acudido al encuentro «sin ninguna propuesta por escrito en materia de desahucios, viviendas vacías o regulación de precios del alquiler». Por tanto, su conclusión es que hay falta de voluntad para cumplir el acuerdo de Gobierno, especialmente en lo referido a la regulación de los precios del alquiler.

Pero además ha generado «malestar» en la Vicepresidencia Segunda los plantes del equipo de José Luis Ábalos, al trasladar ahora que «intentarán llevar el texto en marzo» al Consejo de Ministros.

Este nuevo plazo «está muy alejado» del comprometido entre los socios en el acuerdo de Presupuestos Generales de finales y que implicaba llevar el texto al Consejo de Ministros a finales de enero y, un mes después, al Consejo de Ministros.

DISCREPANCIAS CONTINÚAN PESE A LAS LLAMADAS AL DIÁLOGO

Las negociaciones sobre la nueva Ley de Vivienda es uno de los frentes enquistados entre PSOE y Unidas Podemos, al igual que la tramitación de la Ley Trans.

En este sentido, se prevé que el presidente del Gobierno y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, mantengan una reunión la semana que viene para abordar las discrepancias fundamentales de la coalición, de cara a desatascarla.

Precisamente hoy Sánchez ha aconsejado a Unidas Podemos «bajar los decibelios» a la hora de afrontar las diferencias que mantienen ambos socios de coalición y ha animado a demostrar que el diálogo es la forma de fortalecer el Ejecutivo.

El portavoz de la formación morada, Pablo Echenique, había apremiado al presidente a debatir sobre las discrepancias en el seno del Ejecutivo para adoptar medidas «valientes y eficaces» que den cumplimiento al programa pactado en la coalición, dado que se jugaba su «futuro» en ello. Uno de los aspectos que ha enumerado y que está acordado en el pacto es intervenir el mercado de alquiler para evitar subidas abusivas o derogar la reforma.

Mientras Iglesias advirtió ayer al PSOE de que es un «error tensionar» el Ejecutivo al plantear que se pueda «traicionar la palabra dada» e «incumplir el acuerdo» para regular los precios del alquiler.

PODEMOS QUIERE OBLIGACIONES A GRANDES PROPIETARIOS

En el ala morada de la coalición aprecian que el PSOE mantiene posiciones cercanas a la patronal inmobiliaria, como la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), dirigida por el exministro socialista Joan Clos.

También desdeñan un modelo basado solo en incentivos, similar al desplegado en Portugal, al entender que es un sistema «fracasado» a la hora de regular el alquiler y bajar precios. Frente a ello y para cumplir el acuerdo, reclaman obligaciones para los grandes tenedores de vivienda.

Ya han trasladado varias medidas para su inclusión en la nueva Ley de Vivienda, como fijar la figura de gran tenedor a cinco o más propietarios (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más), obligar a estos grandes propietarios a destinar el 30% de la vivienda social a alquiler social o desplegar un impuesto a la vivienda vacía.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido este miércoles en el Pleno del Congreso su labor durante su primer año como parte del Gobierno, ante las críticas del PP que la acusan de un trabajo «invisible» y de haber generado «un enfrentamiento sin precedentes» entre el movimiento feminista.

Montero ha sido interpelada por la portavoz de Igualdad de los ‘populares’, Margarita Prohéns, quien ha reprochado a la dirigente morada que lo que considera una actividad «inexistente» y hasta «contraproducente» para las mujeres durante el último año.

La diputada ha señalado que las críticas a su labor, no sólo vienen de la oposición, sino también del feminismo. «Usted que se creía la encarnación del movimiento feminista universal», ha declarado, antes de señalar que este 8M las mujeres tienen más razones para reivindicar sus derechos, porque hay más de 2 millones en paro, se ha «disparado» la brecha salarial hasta el 21% y España ha caído 10 puestos en dos años en el ranking de Igualdad.

Entre los ‘logros’ que Prohéns ha señalado de la labor de Montero en este año, ha destacado la aprobación del anteproyecto de la Ley de Libertad Sexual, conocida como Ley del ‘solo sí es sí’ que después fuera retirada del Congreso por el Gobierno, que se «guardara información» sobre la pandemia para celebrar el Día de la Mujer, que la fiscalía haya abierto una pieza separada sobre la nanny de la ministra o que no haya permitido la investigación del caso de abusos a menores tuteladas en Baleares.

UN GOBIERNO «INJUSTO»

A su juicio, estas situaciones y sus «peleas» con la vicepresidenta primera Carmen Calvo sobre «quien lleva la bandera» del feminismo, determina que a la responsable de Igualdad no está por las políticas feministas, sino en una «lucha de votos».

En este sentido, ha considerado «injusto» que no ponga en marcha medidas de conciliación, mientras «los españoles le pagan la canguro» o que forme parte de un Gobierno que tenga a miles de mujeres esperando el Ingreso Mínimo, que no ayude a sectores feminizados como el turismo o la hostelería, o que se «carga» la prestación por hijo a cargo, o «no tiene tiempo» para trabajar en la ley contra la trata con fines de explotación sexual.

La ministra se ha defendido de estas críticas acusando a los de Casado de creer que las políticas feministas «no son necesarias», de creer que aquellas mujeres que «no llegan es porque no se esfuerzan» y de «negar» que España cuenta con «una estructura económica y social que penaliza de forma profunda a las mujeres».

Según ha indicado, reformar este sistema económico es uno de los objetivos de su departamento que, según ha explicado, en este año han puesto en marcha medidas de protección específicas para las víctimas de violencia de género durante la pandemia, han incorporado a la futura Ley de violencia en la Infancia la prohibición del síndrome de alienación parental y el régimen de visitas en casos de violencia machista.

REPROCHES SOBRE POLÍTICAS DEL PP

Además, ha explicado que trabaja para recuperar la tercería locativa en el Código Penal, se ha «asegurado» el trabajo de muchas mujeres a través de los ERTE, ha desarrollado «dos normas» de igualdad retributiva, ha conseguido 200 millones para el Plan Corresponsables, se han «asegurado» los permisos igualitarios por maternidad y paternidad y se han dado «los primeros pasos» para aprobar las leyes LGTBI y Trans.

En este sentido, lo que ha reprochado Montero al PP es que en todas las medidas nombradas que ya han pasado por el Parlamento, los ‘populares’ se hayan abstenido o votado en contra.

Del mismo modo, ha señalado que el Gobierno del PP anterior no ha puesto en marcha medidas similares durante dos legislaturas y cree que el PP defiende «ideas contrarias» al feminismo con la reforma laboral, la reforma del aborto, la eliminación del acceso a la Sanidad a «los más vulnerables», o quitar las competencias en violencia de género a los municipios.

La portavoz de Igualdad del PP ha asegurado que su partido no niega la desigualdad, ni la necesidad de políticas feministas, sino que las mujeres están hoy «peor que hace un año». A su juicio, la ministra cuenta con 451 millones de presupuesto para «infantilizar la política» y poner en marcha medidas «en contra de las mujeres».

PLAN DE EMPLEO Y DE CORRESPONSABILIDAD

«No ha hecho nada para cambiar esta realidad», ha declarado Prohéns, que cree que Montero no pone solución a los «problemas reales» de las españolas. Es por ello, que le ha pedido un Plan de empleo femenino y un «verdadero» Plan de corresponsabilidad.

Por su parte, la ministra ha criticado que el responsable de las negociaciones del PP para la renovación de CGPJ sea quien, en su momento, consideró inconstitucional la Ley contra la Violencia de género en 2004, como vocal del órgano judicial y les ha reprochado que hayan ayudado a Vox, que niega la violencia machista, a «meter un pie» en los parlamentos autonómicos donde gobiernan

«El 8M este año, con quiénes van a estar ustedes, con las feministas o con Vox», ha concluido la titular de Igualdad.

Agentes de la Policía Nacional han liberado a cuatro mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución en Alcalá de Henares (Madrid) en el marco de una operación simultánea llevada a cabo en España y Uruguay que se ha saldado con la detención de ocho personas, cinco de ellas en territorio español.

El operativo ha permitido desarticular una organización criminal transnacional dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos. Las mujeres, que vivían en Uruguay en situación de necesidad económica, eran trasladadas a España y obligadas a ejercer la prostitución en vía pública y casas de citas en condiciones muy precarias e insalubres.

En el marco del mismo, cinco personas han sido arrestadas en España por los delitos de pertenencia a organización criminal y trata de seres humanos con fines de explotación sexual y tres más en Uruguay por el delito de trata de seres humanos. De los ocho detenidos, cuatro han ingresado en prisión provisional.

También se han llevado a cabo seis entradas y registros, uno de ellos en una finca situada en Alcalá de Henares, dos en Guadalajara y otros tres en domicilios ubicados en Montevideo. Asimismo, se ha incautado diversa documentación, efectos informáticos, 16.470 euros, 56.000 dólares y 360 pesos argentinos en efectivo, además de numerosas joyas y efectos de valor.

La investigación se inició desde el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, gracias a la información aportada por una ONG.

La organización trasladaba a las mujeres desde su país de origen hasta España, donde eran recogidas a su llegada al aeropuerto por los principales responsables de la organización o por sus familiares. Desde allí, eran llevadas hasta domicilios particulares de Alcalá de Henares o de Guadalajara.

Las mujeres contraían una deuda que incluía el pago del alquiler y la manutención por su estancia en la finca donde eran explotadas, y que debían saldar ejerciendo la prostitución. En concreto, la deuda económica ascendía a 3.500 euros en conceptos de traslado, documentación y ropa, que debían saldar a través de la explotación sexual.

Las víctimas también debían pagar la cantidad de 20 euros al día en concepto de alojamiento y manutención. Además, la organización les racionaba la comida.

Las mujeres desarrollaban su actividad principalmente en una finca de Alcalá de Henares y en las calles del polígono industrial La Garena, de la misma localidad. Los precios de los servicios sexuales oscilaban entre 20 y 30 euros, la mitad de las cuales eran para la organización, y el horario que debían cumplir era de lunes a sábado desde las 10 hasta las 20 horas, siendo obligadas a trabajar incluso con temperaturas bajo cero durante el temporal de nieve de Filomena.

Los implicados se servían de familiares en territorio nacional para el control de las víctimas, constituyendo así una organización criminal caracterizada por una fuerte estructura y diferenciación de funciones. La forma de captar a los clientes se realizaba a través de anuncios publicados en webs de contactos o directamente ofreciendo sus servicios en las calles del propio polígono.

El Pleno del Congreso procederá este jueves a votación de los seis vocales del Consejo de Administración de la Corporación RTVE que le corresponde designar, tras examinar a los cerca de noventa candidatos que se presentaron al concurso público hace más de dos años.

La Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, que preside la propia Meritxell Batet, fue la encargada de escuchar las propuestas y proyectos de los aspirantes que en 2018 se presentaron al proceso de selección.

La citada acreditó la idoneidad de todos los candidatos que se presentaron al concurso público, con el voto en contra de Vox, que rechazó lo que considera un «proceso viciado en su origen».

La elección de los seis vocales debía ser secreta, por papeleta en urna, pero por las restricciones de la pandemia se realizará por vía telemática, con lo que en principio no se podrá conocer qué formación política vota a cada aspirante.

CIUDADANOS YA SE DESMARCA

Para ser elegidos este jueves, cada candidato necesita un apoyo de dos tercios de la Cámara, lo que supone 233 votos y obliga a un acuerdo entre el PSOE y el PP. Y es que, además de la posición de Vox rechazando este proceso «viciado», tambien Ciudadanos ha anunciado que no piensa participar en la votación al rechazar la participación de los partidos.

El partido naranja sostiene que ya cumplió cuando avalo la idoneidad de los 20 candidatos mejor puntuados por el comité de expertos que examinó a todos los aspirantes. «Si los demás deciden saltarse los criterios y nombrar personas a dedo, nosotros no vamos a participar», aseguran.

En todo caso, la ley que modificó el gobierno de Rajoy abrió una segunda oportunidad: repetir la votación y permitir la elección de los candidatos que superen una mayoría absoluta (176 diputados), siempre que estén avalados por cinco grupos parlamentarios. Es decir que, si este jueves ninguno de los más de noventa aspirantes supera los 233 votos, habrá un nuevo intento en la semana del 11 de marzo.

Después el proceso se trasladará al Senado, que debe seleccionar a los otros cuatro consejeros, y finalmente la cuestión volverá al Congreso para celebrar una nueva votación entre los diez consejeros elegidos con el fin de adjudicar la Presidencia de RTVE.

LA PRESIDENCIA SERÁ EL BROCHE FINAL

Entre los aspirantes a la Presidencia destaca Isabel Raventós Armengol, una veterana directora y productora que estuvo en la fundació de la Academia de Televisión y que ha aparecido en las ‘quinielas’ como posible presidenta. Según publicó ‘VozPopuli.com’, es una candidata del gusto del PSOE para relevar a la administradora única provisional, Rosa María Mateo.

En los exámenes parlamentarios ha destacado también Francisco Moreno, que actualmente es administrador único de la televisión canaria, según ha publicado el digital Merca2.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado este miércoles que ella no está «investigada» en el conocido como ‘caso Isofotón’, y ha apuntado que cuando «la derecha política y mediática» pone su «nombre en titulares» de informaciones al respecto «lo que están es previniendo que, en caso de que en el futuro haya personas» como ella «que puedan presentarse» a las primarias para el liderazgo del PSOE andaluz «tengan previamente un recorrido en medios de comunicación que lo desaconsejara».

Así lo ha venido a indicar en una entrevista en el programa ‘La Ventana de Andalucía’ de la Cadena SER, en la que ha defendido que no le preocupa la investigación judicial que se ha iniciado sobre los avales y préstamos concedidos desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a la extinta empresa malagueña Isofotón, declarada en concurso de acreedores pese a la ayuda institucional que recibió.

La ministra y exconsejera socialista de la Junta de Andalucía ha apuntado que sigue «con mucho respeto las actuaciones judiciales», al tiempo que reprocha y condena a «aquellos que intentan politizar todo aquello que se marca desde la justicia».

Ha apuntado al respecto esa supuesta «estrategia» por parte de «la derecha» para señalarla en ese caso, que ha vinculado con el proceso congresual que debe afrontar el PSOE andaluz tras el Congreso federal del partido, sobre el que María Jesús Montero ha manifestado su «absoluta confianza» en la federación andaluza y en «todos sus militantes», así como en que «las decisiones colectivas son las que mejor responden a los intereses generales de España y de Andalucía en este caso».

Ha agregado que el PSOE es el partido «que más se parece a Andalucía», y ha reiterado su convencimiento de que de «ese debate colectivo que tenemos que hacer al interior del PSOE de Andalucía, escuchando a todos los actores y al conjunto de la sociedad saldrán las mejores propuestas posibles para ser capaces de volver a conquistar el futuro para nuestra tierra en la próxima década».

SE TOMA «CON NATURALIDAD» QUE SUENE SU NOMBRE PARA LIDERAR EL PSOE-A

María Jesús Montero ha dicho que se toma «con una cierta naturalidad» que «para diferentes posiciones algunas veces suena» su nombre, como para aspirar a la Secretaría General del PSOE-A, y ha agregado que enorgullece que «los compañeros» de partido piensen en ella «para diferentes posiciones».

«Es un nombre socorrido cuando algunas veces interesa construir una noticia», ha apuntado también la ministra antes de agregar que quiere «pensar que aquellos que susurran mi nombre es porque entienden que podría desarrollar un papel en ese sentido, y por eso agradezco siempre el que se piense en mí, pero hay muchos compañeros que están en magníficas condiciones para desarrollar esa tarea» de liderazgo en el PSOE-A, según ha apostillado.

También ha puntualizado que ella se concentra «mucho en la tarea que se me asigna» en cada momento, que ahora es el Ministerio de Hacienda y la portavocía del Gobierno, según ha recordado.

Además, ha agregado que ella trabaja «en el medio plazo, no solamente en la política inmediata», y en cuestiones como «el nuevo modelo de financiación autonómica, una reforma fiscal para la próxima década» o una «mejor financiación para las entidades locales».

Por tanto, «no tengo tiempo para especulaciones», ha atajado la ministra, que ha dicho estar «trabajando en un momento trascendental para la Historia de España», para «ser capaces de combatir» la pandemia actual y que llegue la recuperación económica. «Sigo trabajando y pensando, como siempre he hecho, en que la tarea que en este momento tengo asignada es la que me tiene que ocupar el 100% de mis sentidos», ha abundado.

En esa línea, a la pregunta de si se descarta entonces como aspirante a las primarias para asumir el liderazgo del PSOE-A ha respondido que «estoy haciendo lo que tengo encomendado y lo que en este momento corresponde hacer», y «serán los militantes del PSOE los que, cuando llegue el momento», y según vean las propuestas que tengan «encima de la mesa, elegirán a la persona más adecuada para liderar el cambio en Andalucía».

Al respecto, ha dicho estar «convencida» de que el PSOE-A «será capaz no solo de ganar las próximas elecciones» andaluzas, sino de lograr «mayorías suficientes que nos permitan conformar un gobierno y dejar atrás» lo que espera que sea «un paréntesis» en la historia de la comunidad autónoma, la del «gobierno de las derechas».

EL ASCENSO DE VOX Y LA ESTRATEGIA DEL PP

Precisamente sobre el PP y Ciudadanos (Cs), los partidos que gobiernan la Junta, y a propósito del resultado de las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero, María Jesús Montero ha apuntado que «la estrategia» de esos partidos de «derecha» de realizar «coaliciones» de gobierno o «simplemente apoyarse en la ultraderecha» para gobernar «les castiga electoralmente».

«Ese camino es incorrecto y solo engorda a la derecha, que debilita al PP, que tiene que cambiar esa dirección, hacer que la política sea útil» y no estar en la estrategia del «todo no», según ha continuado la ministra portavoz, quien ha defendido que «el espacio de centro derecha» es «necesario en la construcción de nuestro país», y ha considerado «muy preocupante» el «ascenso que ha experimentado la ultraderecha» en esas últimas elecciones y que «el PP se lo tiene que mirar», según ha zanjado.

La delegación del PP en la Eurocámara, junto con diputados del PPE y algunos de otros grupos como Renew y los conservadores de ECR, han remitido una carta al Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell en la que le piden la destitución del embajador comunitario en La Habana, el español Alberto Navarro, a quien acusan de haberse posicionado junto al régimen cubano.

En concreto, los eurodiputados firmantes de la misiva, entre los que figuran Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Antonio López-Istúriz y Leopoldo López Gil, critican una carta que Navarro envió recientemente al nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, solicitándole que levante el embargo sobre Cuba.

Para los firmantes, esto «constituye un hecho grave en una línea de actuación totalmente desafortunada y errática sobre lo que debe ser la defensa de nuestros intereses y valores como unión de estados democráticos y de derecho».

Además, denuncian que Navarro intentó que su «disparatada iniciativa» fuera respaldada por representantes diplomáticos de otros países miembros de la UE, que declinaron firmar la carta propuesta por el embajador, según ha informado el PP en un comunicado.

En este sentido, opinan que el embajador de la UE en La Habana parece tomar «posicionamientos políticos en consonancia con un régimen que no respeta ni defiende los Derechos Humanos ni la pluralidad democrática y se permite licencias más propias de un dirigente político que de un representante diplomático». La carta a Biden, añaden, es «un acto más en la larga lista de agravios que el embajador Navarro ha infligido al Parlamento Europeo».

OTRAS CRÍTICAS A LA ACTUACIÓN DE NAVARRO

Así, han recordado que Navarro ha bloqueado la participación en una audiencia organizada por la Delegación para América Central del Parlamento Europeo de los galardonados con el premio Sajarov de Derechos Humanos que concede esta institución, boicoteando y denegando el acceso a las instalaciones de la UE en La Habana a los premiados e invitados para participar telemáticamente en esa audiencia.

También han criticado que la presidenta de Damas de Blanco de Cuba, Berta Soler, galardonada precisamente con el Premio Sajarov, no haya sido atendida por el personal de la Embajada de la UE en La Habana, pese a las numerosas y periódicas detenciones de las que son víctima tanto ella como los demás miembros de su organización.

Por otra parte, en su carta a Borrell, los eurodiputados firmantes reprochan a dicha embajada que no publique las resoluciones del Parlamento Europeo, entre ellas la resolución del 29 de noviembre de 2019 sobre la detención arbitraria de José Daniel Ferrer y la violación de las libertades civiles en Cuba.

Ante todas estas circunstancias, los firmantes han considerado que Navarro, que fue secretario de Estado para la UE en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, «no es digno de las altas funciones que ostenta y tiene encomendadas», por lo que han pedido a Borrell que proceda «a su inmediata sustitución».

De forma paralela, los eurodiputados del PP junto a los de Renew y ERC han enviado una pregunta parlamentaria a Borrell en la que le piden su opinión sobre cuáles han sido los avances en materia de libertades civiles y Derechos Humanos y políticos en Cuba desde que en diciembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Dialogo Político y de Cooperación con la UE.

Además, han preguntado con qué organizaciones de la sociedad civil cubana se ha reunido la Embajada de la UE en La Habana desde 2019, y qué gestiones ha realizado la misma ante las detenciones y el hostigamiento sufrido por los premios Sajarov de la isla y los miembros del Movimiento San Isidro y de 27N.

Jóvenes extutelados, que pasaron una parte de su infancia bajo la guarda y custodia de Aldeas Infantiles SOS, y que a día de hoy forman parte del Programa de Jóvenes de la organización, han pedido al Gobierno flexibilizar la edad de salida del sistema de protección y elaborar planes de intervención individualizados que incluyan un profesional de referencia para cada joven, como mínimo entre los 16 y los 24 años.

Así lo han trasladado durante una reunión con el director general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Gabriel González Bueno, y con la directora general del Instituto de la Juventud, (INJUVE), María Teresa Pérez.

En dos coloquios organizados con el objetivo de compartir las buenas prácticas extraídas del proyecto de Aldeas Infantiles SOS ‘Preparados para emanciparse’ y del propio Programa de Jóvenes, Adrián, Ayoub, Alexandra, Juan, Mireya y Estefanía han aportado su experiencia personal para mejorar la de todos los menores tutelados.

Sus conclusiones son el fruto de las deliberaciones de jóvenes y formadores participantes en el proyecto, de otras entidades y de los Consejos de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS.

Entre otras medidas, han propuesto el desarrollo de actividades de formación de carácter participativo a profesionales que trabajan en programas de apoyo a la emancipación; un aumento del apoyo institucional a los jóvenes en todas las comunidades autónomas, al menos hasta los 21 años; y brindar espacios donde se pueda materializar una participación real y efectiva de los jóvenes.

En España hay 50.272 niños, niñas y adolescentes que crecen en el sistema de protección, «una cifra que crece año tras año». Además, en 2019, 6.222 jóvenes tutelados cumplieron 18 años y tuvieron que hacer frente a una emancipación temprana.

Aldeas señala que la mayoría de edad supone para ellos el cese de la medida protectora y les obliga a enfrentarse a un proceso de transición a la vida adulta muy diferente al del resto de sus iguales, «situándolos en una clara desventaja y distanciándolos del sistema educativo y del mercado laboral, lo que les convierte en un colectivo altamente vulnerable».

Para tratar de facilitar este proceso y adaptarlo a las necesidades reales de estos jóvenes, Aldeas Infantiles SOS lleva cuatro años desarrollando el proyecto Preparados para emanciparse, que cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea y del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y tiene la finalidad de brindar a los jóvenes una transición gradual a la edad adulta en la que los profesionales que los acompañan tengan la mejor capacitación posible.

El Partido Popular ha vinculado este miércoles los permisos de Prisiones al extesorero Luis Bárcenas con las acusaciones que realizó ante la Fiscalía al recurrir a la expresión latina ‘pacta sunt servanda’, que significa que lo pactado obliga.

En concreto, Instituciones Penitenciarias ha concedido a Bárcenas dos permisos de salida de seis días cada uno, una decisión que aún tiene que ser ratificada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, según han informado fuentes penitenciarias.

La decisión se ha adoptado a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión madrileña de Soto del Real después de que el extesorero del PP cumpliera una cuarta parte de su condena, a raíz de la reciente decisión de la Audiencia Nacional de acumularle su pena.

LA FISCALÍA NEGÓ QUE TUVIERA UN PACTO CON BÁRCENAS

«Pacta sunt servanda», ha escrito el PP en su cuenta oficial de Twitter, haciendo referencia a la máxima que los contratos están para cumplirse, después de que el partido de Pablo Casado haya asegurado públicamente estas semanas que existe un pacto entre Bárcenas y la Fiscalía.

El pasado 8 de febrero, ante las dudas suscitadas sobre el alcance del escrito presentado en la Fiscalía Anticorrupción por la representación legal de Bárcenas, la propia Fiscalía emitió una nota negando haber llegado a un acuerdo con el extesorero del PP.

La Fiscalía Anticorrupción minimizó entonces el contenido del escrito en el que el ex tesorero del PP afirmaba, entre otros extremos, que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy era conocedor de los movimientos de la presunta ‘caja b’ del partido. Es más, dijo en esa nota que la confesión de Bárcenas aportaba «escasas novedades, ninguna sustancial» respecto de los hechos investigados.

EL PP ACHACÓ SU REVÉS ENL 14F AL «JUEGO SUCIO» POR BÁRCENAS

El PP achacó derrota electoral en las elecciones catalanas del 14 de febrero –cosechó su peor resultado al pasar de 4 a 3 escaños y se consumó el ‘sorpasso’ de Vox– al «juego sucio» que había sufrido en campaña electoral tras las nuevas declaraciones del extesorero.

«Ésa es la última factura que vamos a pagar de ese pasado. No vamos a cambiar el rumbo y vamos a seguir trabajando en el proyecto en el que creemos y que estamos construyendo», dijo esa noche electoral el secretario general del partido, Teodoro García Egea.

Dos días después, ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, el líder del partido anunciaba que el PP dejaría su sede nacional de la calle Génova para romper con el pasado y avisaba que no volverían a hablar de Bárcenas.

«Desde hoy, esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle», proclamó Casado ante la plana mayor del PP, para añadir que «no se lo pueden permitir más con el calendario judicial que se avecina».