La candidata del PDeCAT a las elecciones catalanas, Àngels Chacón, ha reprochado a la presidenciable de Junts, Laura Borràs, «usar a los expertos» con finalidad política, al anunciar el martes al secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, como conseller de Salud si ella gana las elecciones.

«Basta de politizarles. Basta de usar a los expertos por motivos políticos. Los expertos médicos y epidemiólogos se escuchan, no se utilizan», ha asegurado Chacón en el acto final de campaña del PDeCAT en Lleida, el Alt Pirineu y Aran.

También ha criticado que el candidato del PSC, Salvador Illa, declinara hacerse un test PCR antes de participar en el debate de TV· de este martes y tal como hicieron el resto de candidatos: «¿Qué capacidad de generar confianza tienen los políticos como Illa que no aceptan la PCR?».

Además, Chacón ha pedido el voto para el PDeCAT para evitar los efectos de un tripartito de izquierdas independentistas, y ha acusado a Borràs de frivolizar con una hipotética independencia de Catalunya.

«Es un proyecto de país que haremos entre todas la fuerzas independentistas; también el PDeCAT. Nada de frivolizar con un tema tan importante como la independencia de Catalunya y basta de estigmatizar el cuerpo de los Mossos d’Esquadra por motivos políticos», ha añadido.

Lo ha dicho en relación a las declaraciones del conseller de Interior, Miquel Sàmper, que propuso «eliminar la protección jurídica del cuerpo de Mossos», y Chacón ha asegurado que el PDeCAT es la única garantía de que esto no ocurrirá.

ARTUR MAS

En una intervención telemática, el expresidente de la Generalitat Artur Mas ha augurado un «papel relevante» de Chacón en la política de los próximos años, y ha alabado su papel en el debate de TV3 por defender sus ideas en un tono educado, correcto, elegante y con convicción, ha dicho.

«Necesitamos a gente que no se instale en la demagogia. Gente que nos aleje de Venezuela y nos acerque a Dinamarca», y ha defendido que el proyecto del PDeCAT va más allá de las olas y las modas pasajeras porque se tiene un modelo claro para Catalunya.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido este miércoles al candidato del PSC, Salvador Illa, que aclare públicamente con quién formaría Govern tras las elecciones catalanas: «Que digan con quién se va a presentar, y entonces ya sabremos a quién no hay que votar».

En una entrevista de Teve.cat, ha dicho que el su partido intentará pactar con las fuerzas contrarias a la independencia, pero con el exministro como línea roja: el PP estará «en la solución para que haya un gobierno constitucionalista, pero no lo puede encabezar Illa».

«No queremos al peor ministro de Europa al frente de la Generalitat», ha defendido Casado, y ha recordado que hay precedentes de presidentes que no eran el cabeza de lista de su formación, como Quim Torra, aunque en esa ocasión fue porque Carles Puigdemont se fugó, ha añadido literalmente.

El líder popular ha asegurado que Illa «ha mentido todo el tiempo» en que fue ministro de Sanidad sobre cuestiones relacionadas con la pandemia de Covid-19, por lo que desconfía cuando le oye hablar en campaña de recuperación económica vigorosa e industrialización.

FUTURO GOVERN

Casado también ha recelado de la estrategia poselectoral del candidato socialista, ya que –augura– pactará con ERC porque necesita sus votos en el Congreso: «A mí, que diga que no va a hacer un tripartito, me da la risa, porque es lo mismo que decía Sánchez con Iglesias, que le daba insomnio y a las 30 horas se abrazaron».

El popular ha afirmado que el PSC mantiene en vigor el «cordón sanitario del Tinell» –en referencia al pacto que selló el primer tripartito, en 2003– para excluir a los constitucionalistas.

«Si el Govern de la Generalitat depende del PP y no de la CUP, a Cataluña le va a ir mejor», ha razonado, pidiendo buscar un presidente constitucionalista de entre todos los diputados electos.

Casado ha pedido explorar por primera vez en Cataluña un Govern sin fuerzas nacionalistas: ha propuesto «buscar una cosa distinta», ya que el tripartito se intentó dos veces y durante diez años ha habido Governs independentistas, y ambas experiencias –ha dicho– han salido mal.

ROL DEL PP

Casado ha sostenido que su partido «no está aislado», ya que ha negociado con el PSOE, ha pactado varios gobiernos con Cs y ha dialogado con los independentistas en varios frentes: con ERC sobre el uso de los remanentes municipales y con Junts contra la nueva ley educativa.

En Cataluña, ha destacado, gobiernan en Badalona (Barcelona) y lo harían en Castelldefels (Barcelona) si no se hubiera producido un pacto en su contra.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido este miércoles movilizar «hasta el último voto» para impedir que el cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, gane las elecciones catalanas y gobierne.

Lo ha reclamado en un mitin presencial y telemático que en Girona, donde fue alcalde, con la participación de la candidata, Laura Borràs; el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y la cabeza de lista por Girona, Gemma Geis.

Según Puigdemont, necesitan una victoria clara y nítida de Junts: «Todo lo que no sea esto podría suponer algo que no fue posible el 21 de diciembre. Inés Arrimadas no podía ser investida presidenta. Pero Illa, si queda por delante, puede lograr, con la indefinición de unos y las complicidades de otros, lo que Arrimadas no consiguió».

«El voto en casa trabaja para el equipo rival», ha advertido, y ha emplazado a pensar lo que se podría hacer si se consigue una mayoría absoluta en escaños, si superan el 50% de votos y si hay un Govern liderado por Borràs.

Pese a admitir que puede que haya independentistas decepcionados por la falta de unidad, entre otros motivos, ha llamado a ganar para «plantar cara» al Estado como, a su juicio, han hecho desde 1-O y ante todas las consecuencias que se han derivado.

«Necesitamos un Govern que no afloje, que no busque la comodidad y esté dispuesto a luchar cada céntimo de euro y hasta la última competencia para ponerlo a disposición de las personas», ha reclamado el también eurodiputado.

JORDI SÀNCHEZ

Después de que las últimas encuestas sitúen un triple empate entre PSC, ERC y Junts, Sànchez ha llamado a no confiarse, pese a que visualicen una posible victoria, y por eso ha pedido a ir a votar el domingo, tras alertar de que la abstención es su único enemigo.

«No nos confiemos», y ha insistido en que son la única garantía de que habrá un Govern independentista si ganan, pese a que haya otras formaciones que se definen así también.

«Hay otras formaciones independentistas y todos los votos son legítimos, pero no todos serán útiles. Sólo los que vayan a Junts permitirán afrontar el futuro», ha subrayado.

Gemma Geis, tras comparar a Illa «con lo más rancio de Societat Civil Catalana», ha advertido de que en estas elecciones se trata de elegir entre Borràs o el candidato socialista, y también ha asegurado que la vía amplia que debe unir a los independentistas es la del 1-O.

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) ha fijado que la pena máxima a cumplir por el extesorero del PP Luis Bárcenas sea de 12 años de prisión, correspondiente al triple de la pena más alta impuesta, que fue de cuatro años por un delito de blanqueo de capitales o por uno contra la Hacienda Pública. También ha fijado en siete años y medio la pena máxima a cumplir en el caso de su mujer, Rosalía Iglesias.

Así lo ha acordado la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en dos autos, en el trámite de ejecutorias, después de que sus defensas solicitaran la fijación del límite máximo de cumplimiento y el abono de días que corresponda por las medidas cautelares acordadas, como las comparecencias ‘apud acta’, retirada de pasaporte y los días de asistencia a las sesiones de juicio oral.

Teniendo en cuenta que la pena más grave a la que fue condenado el extesorero ‘popular’ por un delito en la sentencia firme del Tribunal Supremo fue a la de cuatro años de prisión por blanqueo de capitales, mismo tiempo al que fue penado por un delito contra la Hacienda Pública, el tribunal de Gürtel fija que el cumplimiento máximo en 12 años de prisión.

El cómputo se hace de acuerdo al artículo 76 del Código Penal, que establece que «el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrán exceder de 20 años», salvo cierto casos contemplados en dicho precepto.

COMPENSACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Asimismo, la Sala, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, compensa las comparecencias apud acta cumplimentadas por Bárcenas con 15 días por las 154 comparecencias y con 22 días, los 44 meses de retirada de pasaporte.

No obstante, no le compensa los días de asistencia a la vista oral por la primera época de la trama Gürtel, «por cuanto que no se trata de una medida cautelar análoga a las anteriores, sino del cumplimiento del deber legal impuesto a los acusados de celebración del juicio con asistencia personal de los mismos». Añade que la asistencia a ese juicio –que duró un año y un mes– «fue una decisión libre y voluntaria y no impuesta por el tribunal».

El Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de octubre la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en mayo de 2018 sobre la pieza conocida como ‘Época I’, que condenó a Bárcenas a 33 años y cuatro meses de cárcel, si bien el alto tribunal estimó parcialmente los recursos de los acusados y rebajó las penas para muchos de ellos.

Unos de los que vieron su condena reducida fue el extesorero del PP, a quien finalmente le impusieron 29 años y un mes de cárcel. Su mujer, Rosalía Iglesias también vio mermada su condena, que pasó de 15 años y un mes a 12 años y 11 meses los años de prisión.

CUMPLIMIENTO DE UNA CUARTA PARTE DE LA PENA

Fuentes cercanas al extesorero del PP han informado, que con esta resolución comenzarán a pedir permisos penitenciarios este mes de febrero, ya que el Régimen Penitenciario establece que se pueden solicitar una vez se haya extinguido la cuarta parte de la condena y no se observe mala conducta en el recluso.

Bárcenas lleva en prisión más de cuatro años. Ingresó en el centro la cárcel de Soto del Real en plena instrucción del caso Gürtel en la que permaneció casi dos años, desde junio 2013 hasta enero de 2015, y a la que volvió en mayo de 2018 tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional.

Asimismo, apuntan que estos plazos sólo podrán recalcularse en caso de que el extesorero del PP, que acaba de empezar a ser juzgado por el presunto pago con dinero de la caja ‘b’ del PP de las reformas de la sede nacional del partido, sea condenado a una pena superior a cuatro años a los que ya ha sido penado por un delito en Gürtel.

CÓMPUTO DE ROSALÍA IGLESIAS

En el caso de Rosalía Iglesias, la Sala fija como pena máxima a cumplir 7 años y medio correspondiente al triple de la pena más grave de las impuestas, que es el delito de blanqueo, por la que fue condenada a dos años y seis meses de cárcel.

Además, la Audiencia Nacional le abona seis días de prisión por las 57 comparecencias apud acta cumplimentadas y otros 15 días por los 30 meses de retirada del pasaporte. Sin embargo, no estima la petición de compensar los días de asistencia al juicio por el mismo motivo que a su marido.

Iglesias entró en el centro penitenciaria de Alcalá-Meco el pasado 8 de noviembre tras conocer la sentencia firme que el Tribunal Supremo dictó por la primera época de la trama Gürtel el 14 de octubre de 2020.

La Abogacía del Estado ha solicitado «información complementaria» relativa a la devolución de las cantidades malversadas en el ‘procés’ independentista en Cataluña para poder elaborar su informe sobre la conveniencia o no de otorgar indultos a los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo. La petición fue realizada este martes, según fuentes jurídicas.

La información se ha reclamado entre otros al Tribunal Supremo, que previsiblemente recordará que en su sentencia ya fijó que sería el Tribunal de Cuentas el encargado de dirimir y reclamar la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido los cuatro condenados que lo fueron por malversación de fondos públicos además de por sedición. Los cuatro líderes independentistas penados con esta delito fueron el ex president Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

De hecho ya en febrero de 2020 la Sala presidida por Manuel Marchena puso a disposición del Tribunal de Cuentas los más de 2,1 millones de euros en fianzas consignados por los en su día investigados de cara a cubrir la responsabilidad contable que termine por fijarse en el juicio contable, un asunto que aún está pendiente de sustanciarse.

Previsiblemente, según fuentes del tribunal de responsabilidades contables, la Abogacía del Estado deberá dirigirse a este órgano para recabar información sobre el estado de sus pesquisas en relación el dinero malversado en el referéndum ilegal y qué cantidades han podido ser ya satisfechas con las fianzas. En su día, la delegada instructora del Tribunal de Cuentas calculó que la cantidad que presuntamente fue desviada para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 era de 4.146.000 euros.

Se trata de unos datos de interés a tener en cuenta a la hora de valorar, por parte de la Abogacía del Estado, la situación de cada uno de los condenados y establecer si han cumplido ya con las obligaciones económicas derivadas de las condenas que se les impusieron.

El informe de la Abogacía está pendiente desde el pasado 26 de enero, cuando le fue reclamado por la Sala de lo Penal del alto tribunal. La Sala, tras recabar la información penitenciaria respecto de los doce condenados, nueve de ellos en prisión, cuenta ya con el informe de la Fiscalía, que se opone a la concesión de la medida de gracia debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación.

Tras analizar los argumentos de estas dos acusaciones que ejercieron en el juicio –el de la popular, ejercida por Vox, no es necesario–, la propia Sala emitirá su propio informe, si bien ninguno de ellos es vinculante para el Gobierno, que es el que debe decidir sobre la aplicación de los indultos solicitados.

Se presentaron al menos siete peticiones de indulto a favor del líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los ex consejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; los ‘Jordis’ –Jordi Cuixart y Jordi Sànchez–; y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell. Algunas de ellas se refieren a todos los condenados y otras sólo a algunos, que se incluyen en el expediente que fue remitido al Ministerio Público y ahora conocerán los Servicios Jurídicos del Estado.

El juez del caso ‘Tándem’, Manuel García-Castellón, tomará declaración este jueves en calidad de investigado al abogado Rafael Redondo, quien fuera socio del comisario Villarejo, en el marco de hasta tres piezas de la macrocausa. En concreto, responderá sobre la pieza 21 –el denominado ‘proyecto Wine’–, la pieza 28 –Molpeceres– y la pieza 29, en la que investiga si el comisario mercadeaba con documentación e información desde la cárcel de Estremera.

En la primera de ellas –la 21–, y según el auto de imputación del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, la empresa de Villarejo –Grupo Cenyt– llevó a cabo presuntamente de forma ilícita un encargo de Repsol y Caixabank con el objetivo salvaguardar los intereses de ambos en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en Repsol YPF «para tomar el control de la compañía».

Esta declaración de Redondo se sumará a las ya practicadas en esta pieza, y este viernes tendrá lugar la comparecencia, esta vez presencial, por este asunto de Villarejo.

En cuanto a la pieza número 28, es la relativa al encargo que realizaron los abogados Antonio Chávarri y Juan Vila-Coro al comisario para que espiara al conocido empresario del deporte Joaquín Molpeceres en relación a un concurso de acreedores.

En este caso se investigan los proyectos ‘Grass’ y ‘Hacha’ del entramado empresarial y profesional creado por Villarejo en torno al Grupo Cenyt. El magistrado, Manuel García-Castellón, indica que los hechos investigados pueden ser constitutivos de delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

Los servicios de Villarejo, según auto, fueron contratados en octubre de 2012, y se desarrollaron y abonaron a los largo tanto de ese año como de 2013 por lo que en esas fechas el comisario aun estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía destinado en comisión de servicio en la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

El objetivo del encargo era salvaguardar los intereses de ‘K’ –así denominaba el comisario a su cliente– y todo arranca con la separación del abogado Antonio Chávarri de su esposa Sonia Molpeceres, hija del empresario Joaquín Molpeceres.

Con la ruptura matrimonial se inicia un «conflicto» entre Chávarri y Molpeceres, que compartían negocios inmobiliarios. El abogado, en un momento dado, entra en situación de insolvencia por años de malas inversiones en negocios inmobiliarios poco fructíferos y acaba presentando un concurso de acreedores, siendo uno de los principales acreedores su exsuegro. Momento en el que entra en la ecuación Cenyt.

En la última de las tres piezas por las que preguntará a Redondo, se indaga en el intento por parte de Villarejo de mover información desde la cárcel de Estremera. Se indaga en la documentación que envió un preso de su confianza a periodistas y abogados para su difusión pública, con lo que el comisario podría «chantajear tanto a particulares como a las instituciones del Estado».

«Al parecer, dispondría de una gran cantidad de información y documentación que podría estar controlando desde la prisión de Madrid VII-Estremera en la que se encuentra interno como preso preventivo», decía el juez Manuel García-Castellón en dos autos de 20 enero.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha puesto punto y final este miércoles en Qatar a su gira por el Golfo con el «gran interés» expresado por las autoridades del país, incluido su emir, en seguir invirtiendo en España.

Qatar ha sido la última etapa de un viaje de marcado carácter económico con la vista puesta en buscar nuevas inversiones de cara a la recuperación económica post-covid que arrancó el domingo en Emiratos Árabes Unidos y la ha llevado también a Arabia Saudí.

En su última escala, la ministra ha tenido ocasión de reunirse con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Zani, y con el ministro de Exteriores, Mohamed bin Abdulrahmán al Zani, así como con el presidente del fondo soberano Qatar Investment Authority (QIA), Mansoor Bin Ebrahim al Mahmud, y el copresidente del recientemente constituido Comité empresarial Qatar-España, jeque Faisán Bin Qassim al Zani.

En rueda de prensa con su homólogo qatarí, González Laya ha resaltado que los dos paíse «tienen unas excelentes relaciones económicas y comerciales» y considerna que «es un buen momento» para darles un impulso.

En este sentido, ha indicado que han acordado «poner en marcha un mecanismo estructurado para una mayor inversión qatarí en proyectos del plan de recuperación» del Gobierno en España.

Según la ministra, «hay un gran interés en Qatar» por España, un país que «conoce bien porque ya está presente con numerosas inversiones y entiende que hay una gran oportunidad para coinvertir en la transformación de nuestro país a futuro».

ENCUENTRO CON SU HOMÓLOGO

Con su homólogo qatarí, la jefa de la diplomacia ha repasado también la situación en la región, después de que Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Egipto levantaran el mes pasado el boicot a Qatar.

Según Exteriores, han hablado también de las elecciones palestinas y la situación en Gaza, la relación con Irán o las negociaciones de paz entre el Gobierno afgano y los talibán, que se están desarrollando en Doha.

Durante su estancia, la ministra se ha entrevistado con representantes de empresas españolas y ha visitado uno de los tres estadios de fútbol diseñados por arquitectos españoles para el Mundial de fúbol Qatar 2022.

En el ámbito educativo y cultural, ha sido recibida por la jequesaMozah, presidenta de la Qatar Foundation para la Educación, la Cienciay el Desarrollo Comunitario, con la que abordó la cooperación en I+D y las políticas educativas.

Con vistas a impulsar la cooperación cultural y educativa González Laya ha firmado con el ministro de Cultura y Deportes, Salah bin Ghanemal Ali, un acuerdo de cooperación cultural y un memorando de entendimiento sobre cooperación en materia de juventud y deporte.

Por último, ha tenido ocasión de visitar el colegio SEK, el primer colegio español en el país, y se ha reunido con mujeres qataríes dediferentes ámbitos profesionales.

La religiosa javeriana francesa Nathalie Becquart, nombrada por el Papa subsecretaria para el Sínodo de los Obispos, ha señalado que su nombramiento es un «signo de esperanza» que refleja un «cambio» y una «nueva dirección» en la Iglesia. Su designación la convierte en la primera mujer con derecho a voto en este organismo de consulta eclesial.

«El voto es solo el final de un proceso más largo que refleja un cambio y una nueva dirección en Iglesia. Es un signo de esperanza», ha señalado la religiosa francesa en un conferencia con la prensa internacional organizada por la Unión de Superioras Generales en Roma.

Becquart se ha mostrado todavía «impresionada» por la decisión del Papa, que recibe como «una misión» para servir al Sínodo, la reunión de obispos de todo el mundo en el Vaticano para discernir temas de actualidad eclesial.

Sin embargo, de alguna manera ha querido restar importancia a su designación al señalar que se considera «una entre muchas» mujeres que cada vez más ocupan puestos de liderazgo y de dirección en la Iglesia católica. «La Iglesia del Papa Francisco es una Iglesia que cada vez más está delegando cuestiones de responsabilidad a las mujeres», ha enfatizado.

MADRES SINODALES

A este respecto, considera además que el término «madres sinodales» es una expresión que se usó por primera vez en el Sínodo de los Jóvenes en 2018 cuando se incluyó la participación por primera vez de una docena de mujeres en los debates con los obispos, pero ninguna de ellas pudo votar el texto final. Al año siguiente, en 2019, el Papa nombró a cuatro mujeres -entre las que estaba la religiosa española María Luisa Berzosa González- como consultoras de la Secretaría General del Sínodo de los obispos.

Para la religiosa francesa, su nombramiento tiene cierta «continuidad» porque «durante los últimos Sínodos se ha reflexionado sobre el papel de la mujer en la Iglesia» y el Papa ha «solo recogido la opinión de la mayoría de los padres sinodales».

«Mi nombramiento es una puerta abierta, que podrá evolucionar en el futuro. La Iglesia está en continúa evolución, en continuo discernimiento y transformación. Por lo que esto no es un proceso cerrado», ha señalado Becquart, que lleva desde sus inicios trabajando en este organismo creado por Pablo VI en 1965.

Para la religiosa, su nombramiento como subsecretaria del Sínodo, un puesto que no existía previamente y que compartirá con el sacerdote agustino español Luis Martín, es fruto de un proceso de la Iglesia en el que «han mejorado las relaciones entre hombres y mujeres de la Iglesia» y se ha dado también un «cambio de mentalidad».

Becquart, que ha pasado un año y medio haciendo un trabajo de investigación sobre la sinodalidad en el Boston College de Estados Unidos, también se ha mostrado «impresionada por los ecos». Así, ha explicado que le han escrito tanto mujeres laicas como religiosas, pero también sacerdotes y obispos que le expresado «su alegría y su esperanza» ante el nombramiento.

Sobre su papel, ha señalado que todavía tiene «que descubrirlo» porque al no tener precedentes «es un camino totalmente abierto». En todo caso, ha señalado que le esperan meses de «mucho trabajo» coordinando la organización del próximo Sínodo de 2022 que precisamente tendrá como tema principal la sinodalidad en la Iglesia. Para Becquart, la mejor manera de avanzar o de manejar un crisis es la «manera sinodal».

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y las comunidades autónomas han empezado a debatir este miércoles la metodología y el calendario para elaborar una nueva estrategia de gestión y conservación del lobo ibérico para que esta sea una realidad cuanto antes, según señalan

Se trata de la primera reunión del grupo de trabajo que se acordó crear el pasado jueves en Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Según el Ministerio, la asistencia al encuentro, de carácter técnico, ha sido generalizada y en ella se han expresado los distintos pareceres y posiciones al respecto de esta estrategia que permitirá renovar la actual, que data de 2005 y adaptarla a la última decisión –adoptada el pasado jueves por mayoría simple– de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en la que se acordó un nuevo estatus de protección para la especie.

El objetivo del grupo es recabar e intercambiar las posiciones al respecto de la metodología y el calendario de la futura estrategia así como tener en cuenta todas las aportaciones para que la nueva gestión del lobo sea una realidad lo antes posible. No obstante no han trascendido más detalles del calendario.

Así, todas las poblaciones de lobo ibérico en España fueron incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que de facto supone que deja tanto al norte como al sur del Duero ya no será catalogada como especie cinegética.

Desde el Ministerio han señalado que las partes se han emplazado a una próxima reunión que se celebrará en las próximas semanas para avanzar en esta estrategia que deber garantizar la conservación, la gestión y la restauración de las poblaciones loberas como parte de los ecosistemas españoles y, al tiempo asegurar la coexistencia con las actividades humanas allí donde habita.

En la reunión, las comunidades al norte del Duero (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León) han vuelto a expresar su rechazo a que el lobo ibérico deje de ser considerado especie cinegética. Estas comunidades –en las que habita prácticamente la totalidad de los ejemplares– habían solicitado aplazar la cita de este miércoles hasta que se aclarasen las dudas sobre la configuración final de la orden ministerial que prevé declarar al lobo especie protegida en el conjunto del territorio.

Este martes el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico abrió el trámite de información pública la orden ministerial que recogerá el acuerdo del jueves pasado en el Comité. El plazo para presentar alegaciones termina el último viernes de febrero, el día 26.

En la reunión, Galicia ha reiterado su postura contraria a incluir al lobo en el régimen de protección especial, conocido por sus siglas (Lesrpe) y fuentes de la Xunta han señalado que en 2020 se contabilizaron ataques de lobos a 2.400 cabezas de ganado.

En la misma línea, el presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha mostrado su oposición a la decisión del Gobierno y ha defendido el plan de gestión de la especie autonómico porque «defiende los intereses de la ganadería intensiva» y ha prometido usar «todos los instrumentos» a su alcance para garantizar seguir realizando sus propios controles de población.

Además en el Principado los grupos PSOE, PP, CS, IU y Foro Asturias han registrado una proposición no de ley conjunta en la que han expresado su «total rechazo» a la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres de protección especial.

Por su parte, desde Castilla-La Mancha califican de «coherente» la inclusión del lobo en e Lerspe en línea con la normativa y procedimientos y celebran que la decisión de la semana pasada corrige una anomalía para reflejar la situación real del estado de conservación de la especie en el conjunto del territorio. No obstante, la decisión no afecta a Castilla-La Mancha, donde la especie está catalogada como ‘en peligro de extinción’. De hecho calculan que apenas hay dos o tres manadas en el noroeste de Guadalajara y que en la zona genera daños a la ganadería extensiva «ocasionalmente».

El consejero madrileño y secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha insistido este miércoles en que no se plantea dimitir por poner en contacto al abogado del PP en la causa por la ‘caja b’ del partido, Jesús Santos, con un empresario, Agustín D., que hizo de enlace con el extesorero Luis Bárcenas. Según ha señalado, el abogado del PP recibió en 2017 el plácet de la asesoría jurídica del partido para esos contactos pero «con la condición clara de que no podía llegar a ningún tipo de acuerdo con el intermediario» de Bárcenas.

En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un acto, López ha reiterado que su «única relación» con este asunto es haber puesto en contacto en 2017 a dos personas que eran «conocidas» suyas. «El señor Agustín fue el que me pidió si le podía facilitar un contacto y le facilité el de Santos», ha desvelado.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid ha dejado claro que en esa fecha él «no tenía relación de ningún tipo con el Partido Popular», ya que no es hasta enero de 2020 cuando entra en el Comité Ejecutivo del PP como secretario de Justicia e Interior del partido.

Ante las peticiones de dimisión de varios grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, ha asegurado que él ha dado muestras de saber asumir responsabilidades a lo largo de su vida pero ha dejado claro que «en este momento» es algo que no se plantea.

DOS PERSONAS DE SU «CONFIANZA»

Al ser preguntado quién le mandó poner en contacto al empresario con el abogado del PP, ha explicado que «nadie» le mandó nada porque eran dos personas de su «confianza» con las que tenía una «relación personal» y se limitó a ponerlas en contacto. «Una de ellas me manifestó que tenía interés en tener una relación con la otra», ha apostillado.

Dicho esto, ha señalado que, como ha explicado Santos, «abogado externo del partido», esos encuentros comenzaron en el año 2017, solicitando «permiso al partido a través de la asesoría jurídica de ese momento». «Se le dio permiso para que mantuvieran esos contactos con la condición clara de que no podía llegar a ningún tipo de acuerdo con el intermediario del señor Bárcenas», ha resaltado.

En este sentido, ha reiterado que Santos «recibió el plácet del partido en su momento a través de la asesoría jurídica» y que quedaron en que «darían cuenta del contenido» de esas reuniones «si se producía algo de relevancia especial». «Pero no se produjo nunca nada porque no tuvo necesidad de dar conocimiento a la asesoría jurídica de nada que tuviera relevancia hasta este momento», ha manifestado.

LA ACTUAL DIRECCIÓN «DESCONOCÍA» ESTO

A renglón seguido, López ha hecho hincapié en que la actual dirección del PP desconocía las reuniones con el intermediario de Bárcenas. «La actual dirección desconocía esta situación porque quien lo conocía era la asesoría jurídica y no había tenido información de más reuniones porque las que se producían no tenían ningún interés y nunca se puso en conocimiento de la dirección nada al respecto», ha relatado.

Eso sí, ha enmarcado en la normalidad de los procedimientos judiciales que los abogados y las partes puedan hablar entre sí. «Las partes hablan entre sí en contactos estrictamente procesales, no políticos», ha abundado.

Preguntado si tras esas reuniones del empresario con el abogado Santos se le informó del contenido dado que eran personas de su confianza, López ha dicho que no y ha añadido que el contenido de las mismas era algo que no tenía para él «ningún interés».

El extesorero del PP Luis Bárcenas solicitará a los jueces de la Audiencia Nacional que investigan las donaciones de empresarios al PP a cambio de adjudicaciones públicas y la ‘operación Kitchen’ que aplacen sus declaraciones en estas causas hasta que declare como acusado en el juicio por el presunto pago con dinero de la caja ‘b’ de la reforma de la sede nacional del partido.

Fuentes cercanas al extesorero del PP han informado que Bárcenas no ha recibido aún notificación oficial de que los magistrados del Juzgado Central de Instrucción número 5 y 6 le hayan citado el próximo lunes, 15 de febrero, por estas dos causas que siguen instruyéndose en la Audiencia Nacional.

Las citaciones son justamente un día antes de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional inicie el interrogatorio de los acusados en el juicio por la presunta caja ‘b’ del PP, siempre y cuando uno de ellos, el exgerente del partido Crsitóbal Páez se encuentre en disposición de declarar presencialmente tras haber contraído la covid-19.

Las fuentes consultadas entienden que los jueces Santiago Pedraz, que investiga los denominados ‘papeles de Bárcenas’ en los que el extesorero apuntó las supuestas donaciones finalistas que hicieron empresarios al PP, y Manuel García Castellón, que analiza la creación de un operativo parapolicial en 2013 para sustraer la documentación comprometedora para el partido que guardaba el que durante años llevó sus cuentas, aprovechen «un día libre» en el juicio por la caja ‘b’ para escuchar lo que tenga que decir Bárcenas en sus respectivas causas.

No obstante, apuntan que verían «lógico» que su defensa, ejercida por Gustavo Galán, solicitara un aplazamiento de estas citaciones para no «alterar la tranquilidad» del extesorero ‘popular’, ya que la declaración que más puede afectarle es la que haga en la vista oral, procedimiento por el que Anticorrupción solicita cinco años de prisión.

CONDUCCIÓN DESDE EL CENTRO PENITENCIARIO

Según señalan las mismas fuentes, los reos que van a ser conducidos desde el centro penitenciario son despertados de madrugada para hacer dichos traslados a primera hora de la mañana, motivo por el que el extesorero del PP ha llegado esta semana a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), donde se está celebrando el juicio por la caja ‘b’, «mareado».

Bárcenas se encuentra en la prisión madrileña de Soto del Real cumpliendo la condena de 29 años y un mes de prisión por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005).

Por ello, para prevenir que llegue «agotado» a su declaración como acusado en la vista oral, consideran que lo adecuado sería posponer las declaraciones sobre los ‘papeles de Bárcenas’ o sobre la ‘operación Kitchen’, en esta última donde además está personado como perjudicado.

Fuentes jurídicas han indicado que si finalmente se pide el aplazamiento de las comparecencias, en el caso del Juzgado Central de Instrucción número 5 sería complicado que se volviera a citar en fechas próximas.

Se da la circunstancia de que el juez Santiago Pedraz, recientemente llegado a este juzgado después de que el juez José de la Mata fuera elegido representante español en Eurojust, es también el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, de cuyos asuntos se seguirá ocupando hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no designe a otro magistrado para esta vacante.

ESCRITO REMITIDO A ANTICORRUPCIÓN

Los magistrados de la Audiencia Nacional le han citado a declarar a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras recibir un escrito del propio Bárcenas afirmando que quiere colaborar con la Justicia y que está dispuesto a contar, tanto en la pieza relacionada con las donaciones finalistas al PP como en el caso ‘Púnica’, todo lo que sabe sobre cómo se financiaba el PP.

En dicho escrito, enviado a la Fiscalía semanas antes de que comenzara el juicio por la presunta caja ‘b’, el extesorero del PP ‘confesó’ que el partido tenía una contabilidad ‘b’ que se nutría de las donaciones de empresarios a cambio, en ocasiones, de adjudicaciones públicas.

Para Anticorrupción, lo manifestado por el extesorero y exsenador ‘popular’ desprende «escasas novedades, ninguna sustancial» si no aporta alguna prueba que acredite sus ‘confesiones’. Por ello, ha solicitado a ambos juzgados que citen a declarar a Bárcenas para que ratifique o amplíe, en su caso, el contenido de dicho escrito.

El juez García Castellón no le ha llamado aún por el caso ‘Púnica’, donde se investiga en el marco de una de sus piezas separadas la presunta financiación irregular del PP madrileño, pero sí en ‘Kitchen’, después de que el propio Bárcenas y su abogado afirmaran que «gran parte» de la documentación que tenía sobre la caja ‘b’ le fue sustraída por el operativo policial.

El Tribunal Supremo ha absuelto a un sargento de la Policía Local de Santander denunciado por acoso laboral a una agente del Cuerpo que estaba a sus órdenes, ya que aunque aprecia «actos hostiles», alguno «incluso humillante», descarta la «gravedad del acoso».

Así consta en una sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo que desestima el recurso de casación interpuesto por la denunciante y ratifica una previa de la Audiencia Provincial de Cantabria.

El fallo, vuelve a exonerar al sargento de los delitos de acoso laboral, lesiones, infidelidad en la custodia de documentos y falso testimonio que alegaba su subordinada, condenada a pagar las costas.

La Audiencia consideró que con la actuación del hombre, para el que el fiscal pedía un año de prisión, no se dio la situación de «grave acoso» que exige el tipo penal. Un argumento en el que abunda ahora el Supremo, al considerar que en el proceder del sargento «se identifican actos hostiles», alguno de los cuales «incluso podría llegar a ser catalogado de humillante».

Sin embargo, añade que «el escenario» de los mismos es «una relación funcionarial en que la destinataria de los actos está en posición de subordinación. Y se produce una reiteración de conductas, a veces con cierto esparcimiento; en otros periodos con regularidad mecánica», aunque la sentencia de la Audiencia «descarta» la «gravedad del acoso».

«No dice que no haya acoso, sino que el acoso no reviste la gravedad que reclama el Código Penal» para sus «manifestaciones más intolerables», incide el Supremo, que asume los argumentos de la sala cántabra y destaca que los actos susceptibles de ser caracterizados como propios de acoso han confluido en este caso con «un tormentoso ambiente laboral en que se han interrelacionado diversas causas».

«Pero no concurren todos los requisitos exigidos por el tipo objeto de examen por lo que no se estima que los hechos tengan la relevancia suficiente para la condena penal», sentencia el Supremo.

ACTOS HOSTILES Y ATAQUE LABORAL

En ambas sentencias, se considera probado la existencia de una serie de «actos hostiles» del sargento hacia la querellante, pero al no existir tal «grave acoso» los hechos se encuadran en un «ataque laboral no punible en la vía penal».

El tribunal que enjuició los hechos constató que la relación de la denunciante con el resto de agentes de la unidad en la que estaba destinada era «conflictiva y tensa» y consideró que los problemas psíquicos que padece la mujer a consecuencia de los problemas laborales no pueden atribuirse en exclusiva al acusado.

La relación entre ambos no había tenido problemas destacables hasta que se celebró una reunión en la que la subordinada propuso cambiar ciertos modos de trabajo, y en la que «hubo cruces de acusaciones entre los distintos agentes con la consecuencia de agraviarse las relaciones personales entre ellos desde esa fecha».

Tras dicho encuentro, el acusado manifestó a un delegado sindical de la Policía Local que estaba «harto» de su subordinada y que iba a «hacer lo posible porque se fuera de la unidad».

Días después, la mujer denunció que había desaparecido su teléfono móvil en el puesto de trabajo. Entonces, el acusado pidió las imágenes de la cámara de grabación y remitió un informe a la Policía Nacional señalando que no existían indicios de infracción penal.

Posteriormente, el acusado promovió la apertura de diez expedientes disciplinarios contra su subordinada, sin que en ninguno se llegara a acordar sanción alguna.

Cuatro meses después de la reunión en la que surgió el conflicto, la denunciante comenzó a padecer problemas psicológicos, estuvo de baja y presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social que declaró que la misma se debió al conflicto laboral que mantenía con el acusado, no existiendo ninguna previa patología psicológica ni psiquiátrica.

La adopción de políticas coherentes con la consecución del Acuerdo de París y que den prioridad a la salud podría salvar, al año, 6,4 millones de vidas gracias a una mejor dieta, 1,6 millones de vidas gracias a un aire más limpio y 2,1 millones de vidas gracias a un mayor ejercicio en nueve países, según una nueva investigación de The Lancet Countdown on Health and Climate Change publicada en un número especial de la revista ‘The Lancet Planetary Health’.

Este estudio destaca los beneficios para la salud si los países adoptan Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) que sean coherentes con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento «muy por debajo de los 2 °C». Los países considerados en el estudio representan el 50 por ciento de la población mundial y el 70 por ciento de las emisiones mundiales: Brasil, China, Alemania, India, Indonesia, Nigeria, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos.

Los firmantes de París están actualizando y revisando sus CDN de cara a la COP26 de este año, que debían presentarse antes de finales del año pasado, y aún no se han anunciado en la mayoría de los países (incluidos seis de los nueve países incluidos en el estudio). En la actualidad, las CDN a nivel mundial no son lo suficientemente fuertes como para lograr el acuerdo de París (arriesgando un aumento de la temperatura global de más de 3°C), y los autores destacan que las vidas salvadas a través de una mejor dieta, un aire más limpio y un mayor ejercicio proporcionan otra razón para fortalecer los compromisos.

«Nuestro informe se centra en un incentivo crucial, pero que a menudo se pasa por alto, para hacer frente al cambio climático. A diferencia de los beneficios directos de la mitigación del carbono, que en última instancia son a largo plazo y se entienden en términos de limitación de daños, los beneficios colaterales para la salud de las políticas climáticas ambiciosas tienen un impacto positivo inmediato. El mensaje es contundente. Cumplir con París no solo evita que millones de personas mueran prematuramente cada año, sino que la calidad de vida de otros millones mejorará gracias a una mejor salud. Ahora tenemos la oportunidad de situar la salud en primera línea de las políticas de cambio climático para salvar aún más vidas», explica el director ejecutivo de The Lancet Countdown on Health and Climate Change, Ian Hamilton.

Para cada país, se calcularon las emisiones generadas por los sectores de la energía, la agricultura y el transporte, y las muertes anuales debidas a la contaminación atmosférica, los factores de riesgo relacionados con la dieta y la inactividad física, para el año 2040 en tres escenarios diferentes de CDN. El escenario de referencia contemplaba las políticas actuales de las CDN, el segundo escenario (escenario de las vías sostenibles) las políticas de las CDN en consonancia con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y un tercer escenario (escenario de la salud en todas las políticas climáticas) en el que se contemplaba el beneficio adicional derivado de la incorporación de objetivos sanitarios explícitos dentro del escenario de las vías sostenibles.

En los nueve países, el escenario que cumple con el Acuerdo de París podría salvar 5,8 millones de vidas gracias a una mejor dieta, 1,2 millones de vidas gracias a un aire más limpio y 1,2 millones de vidas gracias a un mayor ejercicio. La adopción de la vía más ambiciosa, con objetivos sanitarios explícitos dentro de las CDN, podría dar lugar a una reducción adicional de 462.000, 572.000 y 943.000 muertes anuales atribuibles a la contaminación del aire, la dieta y la inactividad física, respectivamente.

Los autores señalan que el número de muertes evitadas gracias a la contaminación atmosférica, la dieta y la actividad física se modelaron por separado, por lo que no pueden sumarse, ya que no pueden tener en cuenta el cruce de muertes potenciales evitadas debido a la contaminación atmosférica, la mejora de la dieta y el aumento del ejercicio. Dado que el estudio de modelización se proyecta hacia posibles escenarios futuros, también señalan que las estimaciones se basan en varios supuestos de futuras tendencias demográficas y socioeconómicas.

TODOS LOS PAÍSES SE BENEFICIAN MÁS DE LAS MEJORAS EN LA DIETA

Los países que más se benefician de las mejoras en la dieta, en términos proporcionales, son Alemania, con 188 muertes evitadas por cada 100.000 habitantes al año, seguida de Estados Unidos, con 171 por cada 100.000, y China, con 167 por cada 100.000.

La carencia de frutas, verduras, legumbres y frutos secos, en conjunto, es un problema de salud mayor que el riesgo asociado al consumo excesivo de carne roja, según los resultados. La primera representa el 30 por ciento de las muertes evitadas, mientras que la segunda contribuye en un 22 por ciento.

Algunos países han redoblado sus esfuerzos desde que se realizó el análisis: Reino Unido y la Unión Europea (UE) han presentado objetivos más firmes de CDN, y China ha anunciado su compromiso de lograr la neutralidad de carbono antes del año 2060. El gobierno de Joe Biden y Kamala Harris en Estados Unidos ha prometido comprometerse a lograr la neutralidad de las emisiones para el año 2050.

Sin embargo, el informe advierte de que «incluso con estos nuevos anuncios, el mundo aún no está en camino de cumplir los objetivos del Acuerdo de París y todavía se enfrentaría a un calentamiento de 2,5 °C para finales de siglo».