El Congreso ha urgido este miércoles a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos constitucionales y ha censurado el "bloqueo" que, según se denuncia la Cámara, está llevando a cabo el PP.

El debate sobre la falta de acuerdo para estas renovaciones ha vuelto a la Comisión de Calidad Democrática un día después de que el Gobierno anunciara la retirada de ley para modificar las mayorías para la elección del CGPJ que registró tras el verano para presionar a los 'populares', pero que mantenía congelada desde el pasado mes octubre.

Aquella propuesta, firmada por el PSOE y Unidas Podemos, fue fuertemente contestada por las asociaciones de jueces y puesta bajo la lupa de la UE y el Consejo de Europa, como se han encargado de recordar durante el debate el PP, Vox y Ciudadanos.

La iniciativa ha salido adelante con el único voto en contra de los 'populares' y Vox, mientras que Ciudadanos lo ha apoyado, pese a ser muy crítico con el Ejecutivo. Así, ha manifestado "la urgente necesidad de renovar los órganos constitucionales" y ha rechazado "cualquier intento de vulnerar los plazos recogidos en la Constitución española a través del bloqueo a dicha renovación".

SÓLO RTVE

El PSOE y Unidas Podemos ya cerraron un acuerdo con el PP y con el PNV para la renovación del Consejo de RTVE e incluso hubo negociaciones para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero también hay otras instituciones cuyo mandato ha caducado, como el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo o la Agencia Española de Protección de Datos.

Y a la lista se ha sumado el Tribunal de Cuentas, que acaba de comunicar al Congreso y al Senado que su mandato acaba en julio y que debe iniciarse su renovación. Dadas las mayorías exigidas, todos estos órganos requieren un entendimiento entre el Gobierno de coalición y el PP como primer partido de la oposición.

La diputada socialista Ariagona González ha lamentado que el "tímido ataque de responsabilidad" del PP no pasase de la renovación de RTVE y ha denunciado que, con su negativa a renovar órganos constitucionales, lleve "a la corrupción y la perversión del sistema".

"Hagan el favor de entender que la legítima rivalidad política no puede poner en jaque los cimientos de nuestro sistema democrático", ha dicho, mientras que Pedro Antonio Honrubia, de Unidas Podemos, ha acusado a los 'populares' de intentar "patrimonializar las instituciones".

Pero desde el PP, Pedro Navarro, ha sentenciado que al Gobierno "le da igual" que no se renueve el CGPJ y ha incidido en que el PP no se avendrá a un acuerdo mientras no se refuerce la independencia judicial.

"Deberían haber retirado su iniciativa tras el ridículo que han hecho en Europa con su reforma, una tropelía con la que pretendían hacer trampas", ha dicho. De su lado, Juanjo Aizcorbe, de Vox, ha exigido a los dos partidos mayoritarios que "aparten sus caprichos" de los órganos constitucionales.

RESPETO A LA JUSTICIA

Parte de este debate se ha reproducido también durante la discusión de otra iniciativa, esta con la firma del PP, que buscaba instar a todos los miembros del Gobierno a respetar "la independencia de jueces y magistrados" y dejar de "lanzar acusaciones de falta de imparcialidad" sobre el Poder Judicial y la Justicia.

El PP presentó esta proposición no de ley hace un año, después de que el CGPJ se quejara de las críticas vertidas por varios miembros del Gobierno, entre ellos el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ante la condena que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid impuso a la portavoz de Podemos, Isa Serra, (19 meses de cárcel y a una multa de más de 2.000 euros) por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones y daños durante una concentración para parar un desahucio.

El texto no ha salido adelante puesto que sólo ha contado con el apoyo del PP, Vox y Cs, mientras que el PNV se ha abstenido. "Han politizado la Justicia y quieren manejarla a su antojo", ha comentado el 'popular' Jesús Postigo durante la defensa de iniciativa y tras rechazar una enmienda planteada por Vox para instar al Gobierno a volver al sistema original de elección de vocales del CGPJ.

Ante esa negativa, Carlos José Zambrano, de Vox, ha tachado de "estúpida" y "veleta" la actitud del PP respecto al CGPJ porque, tras criticar la reforma del sistema de elección en los años 80 del siglo pasado y prometer cambiarla, al final, ha dicho, se acabó aprovechando de ella "colaborando en la judicialización" y, encima, "presumiendo".

Juan Ignacio López-Bas, de Cs, ha reclamado también que se ponga fin a la "deriva autoritaria" del Gobierno. "Menos mal que la Comisión Europea ha puesto orden y ha ordenado la retirada de su reforma a la polaca", ha dicho.

De su lado, Pedro Antonio Honrubia ha amparado en la libertad de expresión las críticas a la actuación de la Justicia y ha dejado claro que desde Unidas Podemos seguirán sin quedarse "callados si desde la Justicia se intenta hacer política".

Por último, el diputado socialista José Luis Ramos ha achacado al PP una lectura "pequeña, estrecha, limitada y pobre" de la independencia del Poder Judicial y su imparcialidad. A su juicio, ninguna de ellas está en cuestión por criticar a los jueces, porque son "un poder institucional del Estado sujeto a la crítica y al escrutinio social y político". También ha acusado al PP de "manipular" sobre el pronunciamiento de Bruselas y de no renovar el CGPJ simplemente "porque no les da la gana".

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la directora ejecutiva de la Gasol Foundation en Europa, Cristina Ribes, han firmado este miércoles un convenio de colaboración entre la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y la fundación de los hermanos Pau y Marc Gasol.

Según ha explicado Garzón, el convenio supone una "gran alianza" de actores que parten de un diagnóstico "preocupante". "Los datos de obesidad, sin variaciones en los últimos años, nos obligan a repensar las políticas", ha señalado. "Tenemos una especial preocupación por cómo afecta la obesidad infantil a las familias con menos recursos", ha añadido.

La firma de este acuerdo supone un punto de partida para el trabajo conjunto entre ambas entidades en la lucha contra la pandemia de la obesidad infantil. Esta situación se agrava en familias que viven en situación de vulnerabilidad, un problema que ya ha sido detectado en los estudios que elaboran las dos instituciones sobre esta materia.

Por un lado, el estudio 'Aladino 2019', realizado por AESAN sobre un total de 16.665 escolares de 6 a 9 años, reafirma el problema existente por el que cuatro de cada diez escolares sufren sobrepeso u obesidad. Además, los resultados identifican una clara brecha en la situación ponderal de los escolares, dependiendo de los niveles económicos y educativos de las familias. Así, según 'Aladino 2019', el número de niños y niñas con obesidad es mayor entre las familias con rentas más bajas.

Datos similares arrojan los estudios de la Gasol Foundation. La entidad acaba de hacer un análisis en el que compara los más de 5.000 niños y niñas de 8 a 12 años que participan en sus proyectos de promoción de hábitos saludables que se implementan en entornos de vulnerabilidad socioeconómica, con el promedio a nivel nacional (PASOS 2019).

Los resultados establecen que el exceso de peso afecta a más del 56 por ciento de la población en situación de vulnerabilidad respecto al 41 por ciento de la población general. Dicha diferencia se atribuye principalmente a la obesidad y a la obesidad severa que, en los entornos de vulnerabilidad socioeconómica, afectan respectivamente al 29,8 por ciento y al 6,66 por ciento, respecto al 14,53 por ciento y al 1,77 por ciento en el promedio a nivel nacional.

Así, la firma del acuerdo de colaboración entre Consumo y Gasol Foundation llega apenas cuatro meses después de que Garzón se reuniera con el equipo de la fundación en su sede de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). En este encuentro, ambas entidades reafirmaron su voluntad de colaborar conjuntamente para potenciar la promoción de hábitos saludables en España.

Con la colaboración, ambas instituciones se comprometen a trabajar para planificar y desarrollar actuaciones conjuntas en materia de promoción de hábitos saludables y en prevención de la obesidad infantil. Entre otras acciones, se prevé impulsar la investigación en el campo de la salud infantil partiendo de los estudios que ya existen sobre los estilos de vida y obesidad de la población infantil (PASOS 2019, de la Gasol Foundation y 'Aladino 2019', de AESAN) y abriendo la puerta a una posible ampliación a la población de tres a seis años.

Por otra parte, el acuerdo pone de relieve la importancia de proteger los derechos de los niños y niñas frente al uso de publicidad de alimentos y bebidas que, según la evidencia científica, no favorecen un patrón dietético saludable. En este sentido, el Ministerio de Consumo ya ha expresado su voluntad de regular cierta publicidad de alimentos dirigida al público infantil.

Otro de los puntos clave será la colaboración para el logro de los objetivos de la estrategia 'NAOS' de la AESAN (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), creada en 2005 para disminuir la prevalencia de obesidad en España.

Durante la rueda de prensa posterior a la firma, Garzón ha asegurado que el objetivo del Ministerio de Consumo es crear incentivos para que la ciudadanía pueda optar por un consumo más saludable. "Estamos en el furgón de cola en el consumo saludable y estamos por superar todas las resistencias" porque, según ha dicho, "lo que está en juego es la salud y no puede haber ningún otro criterio superior al de proteger a nuestros menores".

Por su parte, la directora ejecutiva de la Gasol Foundation en Europa ha explicado que, desde la publicación de los resultados del Estudio PASOS 2019, la Gasol Foundation aboga por el desarrollo en España de un plan integral contra la obesidad infantil, intersectorial y con un enfoque de equidad diseñado e implementado a través de sus correspondientes planes a nivel estatal, autonómico y local.

"Desde el enfoque de los derechos de la infancia, este plan deberá priorizar las poblaciones en riesgo de exclusión social, involucrando e impactando en todos los ámbitos de la vida de un niño, y abordando el cambio de los hábitos individuales, familiares y comunitarios, así como los determinantes del entorno", ha añadido.

Además, según ha explicado Ribes, "la implicación de AESAN es imprescindible para hacer frente a esta compleja pandemia silenciosa que afecta a demasiados niños y niñas en España, y especialmente para contribuir a la transformación de los entornos obesogénicos".

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha denunciado a Vox ante la Fiscalía por un presunto delito de odio ante los mensajes "racistas" y "xenófobos" que aprecia en la cartel electoral de esta formación contra los menores extranjeros no acompañados (MENA).

Así lo ha reclamado en un escrito, dirigido a la Sala de Delitos de Odio y Discriminación del Ministerio Público ante la cartelería electoral instalada de Vox en la estación de Cercanías de Sol con el mensaje 'Un mena 4.700 euros al mes. Tu abuela 426 euros de pensión al mes. Protege Madrid'.

En su denuncia, Iglesias relata que los carteles electorales de Vox "alientan el odio, la humillación, el menosprecio y el descrédito por razón de raza y origen" a estos menores extranjeros que, además, pertenecen a un colectivo "discriminado y especialmente vulnerable".

RECUERDA A LA "PROPAGANDA NAZI"

También califica de "hiriente e intolerable para una sociedad civilizada" el texto de la campaña de Vox que, además, reduce a "cosas evaluables" tanto a los mayores como este colectivo de menores extranjeros.

Pero sobre todo incide en que se presenta a los menas como "delincuentes", fomentando con ello "la marginación y el desprecio hacia los referidos menores", con lo que se estaría promoviendo "un clima de violencia, de hostilidad, de odio y de discriminación" contra ellos.

"El cartel de forma terrible recuerda a la propaganda nazi y es una visualización evidente del 'racismo blanco'", prosigue el escrito de denuncia para alertar de que estos carteles "retuercen la imagen del menor para que resulte una amenaza (...) y así provocar miedo y la ira contra el colectivo", ahonda para recalcar que todo ello supone una "clara incitación al odio" con consecuencia penales.

Posteriormente, desgrana que el artículo 510 del Código Penal establecen que pueden ser castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses quienes incurran en delitos de odio.

VE REITERADO EL DISCURSO DE ODIO DE VOX

Es más, Iglesias plantea en su escrito que Vox señala, en "reiteradas manifestaciones", a la "inmigración como un problema vinculado a la delincuencia", sobre todo en el caso de los menas, y que la formación incurre con ello en "un discurso de odio encaminado a las discriminación sectaria, despreciando a los seres humanos".

Reproduce incluso declaraciones de la candidata de Vox, Rocío Monasterio, que calificaba a centros de acogida de Menas como focos de "terror en los barrios y miedo entre los vecinos".

Finalmente, el candidato de Unidas Podemos solicita que se inicien acciones penales que pudieran corresponder por delito de odio contra los responsables de Vox que se determinen, así como contra Monasterio.

A su vez, plantea que se dé cuenta de forma urgente a la Junta Electoral de la apertura de diligencias de investigación y se inste a este órgano a adoptar medidas para retirar la citada campaña. En este sentido, la candidatura de Unidas Podemos ha registrado este mismo miércoles una reclamación ante la Junta Electoral Provincial de Madrid en este sentido.

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que hará todo lo que está en su mano para "evitar los planes del PSOE, de Unidas Podemos y del presidente del Gobierno Pedro Sánchez para subir impuestos a los murcianos". Por ejemplo, se ha mostrado dispuesto a acudir al Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, hasta solicitar de forma urgente la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera o acudir a los tribunales.

"Porque la Constitución Española garantiza la autonomía fiscal de las comunidades autónomas", ha señalado López Miras en respuesta al portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, durante la segunda sesión de la Asamblea Regional celebrada este miércoles.

En este sentido, López Miras ha anunciado nuevas rebajas fiscales y, por ejemplo, en la campaña actual de la Renta va a implementar una nueva deducción a aquellas personas con discapacidad que hayan registrado menores ingresos en 2020; así como una deducción fiscal por conciliación a aquellas personas que contrataron durante la pandemia en 2020 a una persona para cuidar a alguno de sus hijos menor de 12 años.

Asimismo, ha anunciado deducciones por acogimiento no remunerado para aquellas personas que tienen que encargarse en sus domicilios de personas mayores de 65 años o con alguna discapacidad que conviva con ellos en régimen de acogimiento sin contraprestación. A todo ello ha sumado otras deducciones del Gobierno murciano, como las de inversiones en vivienda habitual; por donativos a la protección de patrimonio; gastos de guardería; por nacimiento o adopción.

En definitiva, ha señalado que se trata de una serie de deducciones fiscales y bajadas de impuestos que hace que la Región sea "atractiva para invertir y para crecer". Por ello, ha asegurado que "no vamos a permitir que nadie fría a impuestos a los murcianos ni les imponga impuestos que ya hemos eliminado o que queremos seguir bajando".

ÁLVAREZ PIDE QUE UN "DIQUE DE CONTENCIÓN" A LA SUBIDA DE IMPUESTOS

"A nadie se le escapa el momento tan duro en el que nos encontramos", según Álvarez, quien señala que hay dos posibles maneras de hacerle frente, una de ellas "la que pretende Pedro Sánchez, a quien solo se le ocurre anunciar subidas de impuestos generalizadas y mantener un país subsidiado, sin libertad de elección por parte de los españoles".

"Subir impuestos es un 'tic' de la izquierda con el que pretende recaudar más, pero eso no siempre es así, porque dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos e, incluso, reducir la presión fiscal genera más ingresos para las administraciones", ha manifestado el portavoz de Cs, quien ha lamentado que, a todo ello, se suma las "prebendas" del Gobierno de Pedro Sánchez "con sus socios independentistas y radicales".

Nosotros no apostamos por esta vía, sino por el camino contrario para salir de esta crisis: más libertad y menos impuestos", según Álvarez, quien ha celebrado que el Gobierno de López Miras está "trabajando" en esta línea de menor fiscalidad. No obstante, se ha mostrado "preocupado" por este nuevo "asalto" al bolsillo de los murcianos por parte del Gobierno central que implica una subida "generalizada" de impuestos, con la amenaza incluso "de que vuelva incluso el Impuestos de Sucesiones".

Así, Álvarez ha mostrado su esperanza en que el Gobierno regional "siga siendo el dique de contención frente a los delirios del 'sanchismo'", y le ha preguntado qué acciones tiene previsto ante el anuncio de la ministra de Economía y Hacienda, que pretende "una subida generalizada de impuestos.

Álvarez ha puesto como ejemplo de que bajar la presión fiscal mejora la recaudación el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que hasta su bonificación en el 99% a instancias del GP Ciudadanos y en sus mejores momentos "suponía como máximo 57 millones de euros a las arcas regionales, mientras que aumentó hasta los 80 millones tras la rebaja solo con las donaciones promovidas por su reforma, demostrando que bajar impuestos es una vía factible para aumentar los recursos públicos".

LA BAJADA DE IMPUESTOS, UNO DE SUS "EJES TRANSVERSALES"

En este sentido, López Miras ha señalado que uno de los "ejes transversales" de su Gobierno es la bajada de impuestos. "Creemos en la libertad económica, que implica menos impuestos", porque se ha demostrado que cuando las circunstancias son más difíciles, "si se bajan impuestos hay más recursos para dinamizar la economía".

Al contrario, ha advertido que "si se suben los impuestos cuando la situación es más dura, se exprime a las sociedades, sobre todo a las clases medias y a las clases con menos recursos, lo que produce el efecto contrario". De hecho, ha instado a Pedro Sánchez a mirar al resto de países de Europa para comprobar que "todos están bajando impuestos en esta situación de crisis económica, salvo España.

"No lo vamos a permitir, porque Murcia es uno de los referentes de libertad económica y donde se demuestra que bajar los impuestos funciona", ha remarcado López Miras. De hecho, ha recordado que la semana pasada visitó la planta logística de Amazon en Murcia, lo que ha atribuido a la política fiscal del Gobierno murciano.

"En los últimos tres años, la eliminación o bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones ha permitido a las familias murcianas ahorrar 1.000 millones de euros; y la deducción del IRPF que hemos implementado en los últimos años ha hecho que en la Declaración de la Renta de 2019 los murcianos se hayan ahorrado más de 10 millones de euros".

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha instado a todos los diputados de la Asamblea regional a hacer un "ejercicio" para transmitir al PSOE y a Unidas Podemos (UP) "la importancia del momento histórico que vivimos" en relación al trasvase Tajo-Segura.

López Miras ha hecho esas declaraciones en respuesta a una pregunta planteada en la sesión de control de la Asamblea regional por el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan José Liarte, sobre las medidas previstas para paliar los efectos negativos que la disminución del volumen del Tajo-Segura.

El jefe del Ejecutivo murciano ha afirmado que el trasvase aporta empleo y riqueza, además de constituirse como una herramienta "esencial" para la lucha contra el cambio climático y contribuir a la cohesión social y territorial del conjunto del país.

"Ahora estamos en el momento de la historia mas crucial de esta infraestructura, y de nosotros, de todos los diputados y diputadas de esta Asamblea, dependerá el futuro de la Región", ha apostillado el jefe del Ejecutivo murciano.

En este sentido, ha apuntado que "si el trasvase continúa, la Región de Murcia tendrá futuro", pero "si permitimos que se cierre tendremos que cambiar el futuro y en esa transición la Región lo pasará mal".

Así, ha insistido que es "nuestra obligación con la historia, con nuestros antepasados, pero sobre todo con el futuro y las nuevas generaciones, que luchemos por una infraestructura que es vida, que es futuro y que es prosperidad".

Para López Miras, "los planes unilaterales del Gobierno del PSOE y UP van en la dirección del cierre", como lo ha demostrado, a su juicio, "el cambio de forma unilateral y sin ningún tipo de consenso" de las reglas de explotación.

Por ello, ha avanzado que el Gobierno murciano hará "todo lo que esté en su mano" para frenar la intención del Ministerio. "Para ello cuento con todos los diputados de esta Asamblea, especialmente con su grupo", ha dicho López Miras dirigiéndose a Liarte.

Por su parte, el portavoz de Vox ha felicitado a López Miras por su gestión de "la fallida" moción de censura, durante la que hubo "momentos tensos entre nosotros", pero, ha señalado citando a un consejero, "cuando se persigue el bien común llegar a acuerdos es sencillo, y, añado, inevitable".

Liarte ha criticado lo que considera un "ataque al trasvase" y ha dejado claro que la continuidad de este requiere del concurso del PSOE, de quien, ha dicho, "no tiene pinta que podamos contar con ellos, por desgracia".

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado a favor de modificar las hipótesis de los análisis de accidentes de base de diseño en la central nuclear de Cofrentes (Valencia) solicitada por el titular de la planta.

Esto permitirá modificar algunas hipótesis que afectan a los cálculos de consecuencias radiológicas de los accidentes base de diseño de la instalación ya que corrige algunas discrepancias detectadas en los coeficientes de dispersión del material radiactivo que se obtienen al considerar las condiciones meteorológicas y los puntos de emisión que corresponden a los accidentes base de diseño reanalizados.

Por otro lado, en su reunión telemática semanal, ha dado el visto bueno a la firma de un acuerdo administrativo entre la Comisión Europea, a través de su Dirección General de Energía y el Consejo de Seguridad Nuclear para la participación en el sistema EURDEP (European Radiological Data Exchange Platform) durante condiciones normales y en situacionesde emergencia.

La plataforma de intercambio de datos radiológicos se creó en 1995 con para facilitar la transmisión e intercambio de datos resultantes de medidas realizadas por las redes de vigilancia automáticas europeas. El CSN participa en ella desde el año 2000.

EURDEP recibe los datos de 5.000 estaciones automáticas de 41 redes de vigilancia localizadas en 39 países europeos y su información es actualizada, generalmente, cada hora.

Otro de los temas evacuados es la revisión de un procedimiento técnicointerno que recoge las actividades que deben llevarse a cabo durante el despliegue de las estaciones automáticas portátiles de vigilancia radiológica durante emergencias nucleares y radiológicas.

Asimismo, los consejeros han recibido informe sobre el estado de la evaluación del proceso de licenciamiento de la autorización de construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear Cofrentes, así como de su correspondiente contenedor de combustible gastado, HI-STAR 150 y, por otro lado, respecto al estado de evaluación del proceso de licenciamiento de la autorización de construcción de la planta de concentrados de uranio en Retortillo (Salamanca).

Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia CNLAJ, UPSJ y AINLAJ han enviado una carta conjunta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para expresarle su "profundo malestar" por el "trato insensible" que --según afirman-- han venido recibiendo de su departamento en las consultas sobre los proyectos legislativos en marcha y exigirle una "escucha activa", amenazando con buscar "fórmulas alternativas" de comunicación con el Ministerio.

El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) han reaccionado de cara a la reunión prevista para el viernes en el Ministerio con el objetivo de avanzar en el contenido de la ley de eficiencia organizativa.

Justicia hizo la convocatoria el pasado 16 de abril, indicando a las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que en unos días les enviaría la documentación pertinente, que ha resultado ser el anteproyecto de la ley de eficiencia organizativa aprobado el martes por el Consejo de Ministros y que recibieron ese mismo día.

"Se supone que esa reunión se convoca con la finalidad de avanzar en su contenido, fomentando nuestra participación en el texto (...) pero la realidad no es esa", han dicho, cuestionando el objeto de dicha reunión, "más allá de cubrir el expediente administrativo y justificar ante la opinión pública la existencia de participación por parte de los colectivos afectados por la norma".

UN 'MODUS OPERANDI'

Para CNLAJ, UPSJ y AINLAJ, es "el colmo". Se han quejado de que, a pesar de que al llegar Campo al cargo se les transmitió la idea de que habría reuniones para conseguir consensos en las cuestiones relativas a los LAJ y para lograr un mejor servicio de justicia, el Ministerio se habría limitado a informar de unos aspectos y omitir otros para iniciar después "una rueda de intervenciones formales que no se traducen en debate constructivo alguno".

"Y se hace ya rutina que nunca tengamos posterior conocimiento de si se incorpora alguna de las aportaciones realizadas por nuestras asociaciones a los textos producidos en su Ministerio", han recriminado a Campo en la misiva, difundida por Twitter.

Así, han considerado que se les dispensa "un trato insensible, que no pasa de un trámite formal para no incumplir lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre la participación asociativa".

Además, han reprochado a Justicia que "supone, por un lado, un grave menosprecio al colectivo". "Es evidente que nuestras consideraciones no se tendrán en cuenta, como nos demuestran absolutamente en todos los casos", han apostillado.

Y, por otro, implica menospreciar "la inteligencia natural de cualquier ciudadano que fácilmente deducirá la percepción que tienen respecto al único cuerpo superior hoy dependiente de su Ministerio", han añadido.

"Aún más grave", han subrayado, "hurta a la ciudadanía la garantía que representa una justicia moderna y eficaz con las aportaciones independientes y expertas de quienes la dirigen y gestionan día a día".

AMENAZAN CON UNA NUEVA RELACIÓN

Por todo ello, han expresado su "profundo malestar" con la forma de comportarse del Ministerio, "hasta ahora desconocida, pues ningún equipo anterior ha actuado de este modo", y han pedido a Campo "un compromiso con la justicia, una escucha activa y un verdadero afán de mejora del servicio público".

De lo contrario, han avisado, "tendremos que optar por fórmulas alternativas de relación con el Ministerio que tiene el honor de dirigir, al menos mientras persistan en esa actitud".

La Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, continúa los trabajos de retirada de residuos en el cauce del río Guadarrama a su paso por los municipios de Arroyomolinos, Móstoles, Batres, Navalcarnero y Villaviciosa de Odón.

Tras la finalización de las actuaciones el pasado febrero en Arroyomolinos y recientemente en Móstoles, término donde se localizaba un mayor volumen de residuos, en la actualidad se está trabajando paralelamente en la recogida y transporte a vertedero de los residuos acumulados en los municipios de Batres y Navalcarnero, con previsión de finalizar los trabajos a finales de mayo.

Estas tareas de limpieza, que se iniciaron el pasado mes de diciembre de 2020, se enmarcan en el contexto del acuerdo administrativo alcanzado el pasado julio por iniciativa del Ministerio con la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos afectados para poner en marcha un plan de choque que permita abordar el depósito y acumulación de residuos en dicho tramo del río, con el fin de proteger el ecosistema fluvial y sus valores ambientales.

Previo al comienzo de los trabajos, se elaboró un estudio para la localización y caracterización de los puntos de acumulación de los residuos. La inversión prevista por parte del organismo de cuenca es de casi 700.000 euros.

RESIDUOS RETIRADOS

Así, se han retirado en el dominio público hidráulico y en la zona de servidumbre del río Guadarrama cuatro vehículos abandonados en Arroyomolinos y siete en Móstoles, a lo que hay que añadir unos 30 metros cúbicos de restos de vehículos, lo que equivale a unas 50 toneladas.

También se han retirado cerca de 104 metros cúbicos de neumáticos fuera de uso (unas 165 toneladas), de los cuales 110 se localizaban en el término de Móstoles, así como 60 metros cúbicos de restos de aparatos electrónicos y eléctricos, el 85% en el término de Arroyomolinos.

Estos tres tipos de residuos se han acopiado temporalmente en las parcelas municipales cedidas por Arroyomolinos y Móstoles hasta su recogida por el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para su correcta gestión.

No obstante, los restos de construcción y demolición (RCD) son los que se acumulaban en mayor cantidad en el cauce del río Guadarrama, con unas 3.400 toneladas, de las cuales cerca del 90% se localizaban en Móstoles. Este tipo de residuos se está trasladando al vertedero de Pinto.

El resto de los residuos extraídos en estos dos municipios se corresponden con restos de podas y maderas (unos 200 metros cúbicos), colchones (90 toneladas) y residuos domésticos (70 toneladas).

De forma adicional, en Arroyomolinos se ha restaurado uno de los taludes de la margen izquierda del río, con el fin de renaturalizar y acondicionar el mismo, ya que hasta la fecha estaba totalmente cubierto de residuos.

A pesar de las inclemencias meteorológicas que han afectado a la zona en la que se realizan los trabajos, está previsto que concluyan en el plazo marcado.

"Independientemente de las actuaciones en desarrollo, resulta imprescindible que estos trabajos se vean acompañados tanto de una necesaria sensibilización y colaboración ciudadana como de eficaces tareas de vigilancia de la zona y control de accesos a la misma, a desarrollar por las administraciones competentes, que eviten la aparición de nuevos depósitos incontrolados", señalan desde la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El acuerdo, refrendado por las diferentes administraciones, establece que este organismo es el encargado de la retirada los residuos depositados en el cauce del río Guadarrama y en su zona de servidumbre, cuya titularidad corresponde mayoritariamente a los ayuntamientos, y que la Comunidad de Madrid, junto a los municipios, actuarían en terrenos de vía pecuaria y resto de parcelas municipales, además de desarrollar las labores de vigilancia y seguridad.

El presidente de Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha pedido este miércoles al Ejecutivo central que apruebe "un plan jurídico alternativo" para evitar el estado de "indefensión" en que se encontrarán las comunidades autónomas tras el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo.

López Miras ha reaccionado así en respuesta a una pregunta formulada en la sesión de control por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, sobre los efectos para el control de la pandemia en la Región del levantamiento del estado de alarma por parte del Gobierno de España.

El jefe del Ejecutivo murciano ha asegurado que el presidente del país, Pedro Sánchez, "no ha hecho absolutamente nada" en los últimos meses, delegando la gestión de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en las comunidades autónomas.

"Hemos pasado de tener una suerte de monólogo cada domingo a no tener ni una sola reunión con el presidente en los últimos seis meses", ha dicho López Miras, quien ha criticado la ausencia de un modelo de cogobernanza que ayude a las autonomías a hacer frente a la expansión del Covid-19 de forma coordinada.

Respecto al fin del estado de alarma, ha avanzado que a partir del 10 de mayo las comunidades no tendrá competencia jurídica para aplicar medidas que contribuyan a "proteger a nuestros conciudadanos y frenar los contagios".

Ante este escenario, López Miras ha instado a Sánchez a que "trabaje de una vez" y apruebe un plan jurídico. Lo contrario, ha añadido, "no es eficaz, serio ni puede hacerlo un gobierno de un Estado".

Por su parte, Segado ha apuntado que el Gobierno central, con la falta de un plan alternativo, "maniata" a las comunidades autónomas haciendo que vuelvan a conformar "una España con 17 modelos distintos para contener la pandemia por el abandono de Pedro Sánchez".

El dirigente 'popular' ha criticado al PSOE, a quien le ha vaticinado un "batacazo" en las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, al tiempo que ha asegurado que "la fracasada moción de censura" presentada en la Región Murcia supuso "el principio del fin del 'sanchismo'".

"La nefasta operación política ha abierto la puerta de salida de la Moncloa a Pedro Sánchez, mientras que el proyecto de reunificación del centro-derecha bajo la dirección de Pablo Casado avanza a pasos agigantados", ha apostillado Segado.

El jurado del crimen de Baró Viver ha declarado culpables por unanimidad al hombre y la mujer acusados de matar a tiros en plena calle de Barcelona a un hombre después de enemistades entre las familias.

El tribunal popular ha hecho público su veredicto este miércoles y ha tomado la decisión por unanimidad, con 9 votos a favor y ninguno en contra, tanto en el caso del hombre como en el de la mujer.

También por unanimidad, el jurado considera a los acusados culpables de tenencia ilícita de armas, delito por el que la Fiscalía reclama otros dos años de prisión.

Basándose las declaraciones de los testigos y los acusados en el juicio, el jurado considera probado que el 22 de diciembre de 2018, los acusados salieron de casa en torno a las 22 horas con una pistola cargada y "fueron al encuentro de la víctima".

Al encontrarse con la víctima, la mujer le dio la pistola al hombre y le dijo 'mátalo', y el acusado le disparó tres tiros --en el tórax y en la cabeza--, matándolo, sin que pudiera defenderse.

EL JURADO DESCARTA DEFENSA PROPIA

En su declaración durante el juicio, el acusado aseguró que disparó "en defensa propia", ya que se observó como la víctima cruzó todo el parque corriendo hacia ellos con una pistola en la mano y con unas bolas metálicas con pinchos colgadas de una cuerda.

Declaró que en ningún momento quería matar a la víctima, que solo tenía el arma para defender a su familia y defenderse él, y que "pasó todo en unos segundos".

La acusada declaró: "Si todo hubiera sido premeditado, hubiera hecho una maleta con ropa. Me fui con lo puesto", intentando exculparse a ella y a su marido.

La Fiscalía les acusó de asesinato con alevosía, por el que pide una condena a 25 años de prisión, y de tenencia ilícita de armas, por el que reclama otros dos años de cárcel.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado un descenso de los positivos hasta los 80 casos de coronavirus en las últimas 24 horas y una persona fallecida, en concreto, una mujer de 87 años de Castilblanco que eleva el total de víctimas a 1.746 desde el inicio de la pandemia.

En los hospitales extremeños hay ingresadas 91 personas, una más que las notificadas este miércoles, 10 de ellas en UCI, dos más. También se han dado 90 altas, lo que equivale a un total de 71.195.

Por su parte, la incidencia acumulada en Extremadura ha bajado tanto a los 14 como a los siete días hasta los 134,12 casos a los 14 días y hasta los 59 casos a los siete días.

Asimismo, Extremadura ha notificado dos brotes en Badajoz, con tres casos y siete contactos y cinco casos y siete contactos, respectivamente, y se han cerrado los brotes de Perales del Puerto y San Vicente de Alcántara.

ÁREAS DE SALUD

El Área de Salud de Badajoz ha notificado 16 casos positivos, tiene 11 pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI, y registra 310 fallecidos y 20.203 altas.

El Área de Salud de Cáceres ha registrado seis casos positivos, tiene 18 pacientes ingresados, tres de ellos en UCI, y acumula 467 fallecidos y 12.722 altas.

El Área de Salud de Mérida ha registrado 30 casos confirmados, tiene 28 pacientes hospitalizados por covid-19, dos de ellos en UCI, y acumula 233 fallecidos y 12.562 altas.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha notificado 10 casos positivos, hay 18 pacientes hospitalizados, ninguno en UCI, y acumula 233 víctimas mortales y 9.333 altas.

El Área de Salud de Plasencia ha registrado cuatro casos positivos, tiene 15 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI, y ha registrado un total de 194 fallecidos y 5.397 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado cuatro casos positivos, tiene un paciente ingresado por covid y ha registrado 108 fallecidos y 3.378 altas.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha registrado 10 casos positivos, no tiene pacientes ingresados por covid y ha registrado un total de 120 fallecidos y 5.386 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Coria no ha registrado casos positivos y no tiene pacientes hospitalizados por Covid-19. Desde el inicio de la pandemia ha registrado un total de 81 personas fallecidas y 2.214 altas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido de que la pandemia de COVID-19 es "la mayor prueba moral de nuestro tiempo" y se ha mostrado "preocupado" por el actual reparto de las vacunas, en virtud del cual hay países que "no han recibido ni una sola dosis" por falta de recursos.

Guterres, que ha intervenido en la XXVII Cumbre Iberoamericana que acoge Andorra, ha alertado de una "peligrosa tendencia" hacia un "nacionalismo de vacunas" que ha llevado a que los países con más recursos hayan sido capaces de comprar suficientes dosis para toda su población mientras otros menos desarrollados se han quedado al margen.

El máximo responsable de la ONU ha subrayado la importancia del mecanismo COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisamente para paliar este desequilibrio, pero ha subrayado que la emergencia sanitaria amenaza con tener "impactos devastadores".

Al margen del ámbito económico, ha enfatizado que América Latina concentra el 25 por ciento de las muertes por COVID-19 a nivel mundial y que corre el riesgo de retroceder varias décadas en materia de desarrollo, con impactos "especialmente devastadores" para los sectores más vulnerables.

"El mundo debe unirse para producir y distribuir vacunas para todos", ha dicho Guterres, que ha abogado por duplicar la capacidad de fabricación de los fármacos porque es precisamente en la inmunización donde reside la "esperanza" de superación ante la mayor emergencia desde la Segunda Guerra Mundial.

POLARIZACION Y MULTILATERALISMO

Guterres, que participó en varias cumbres como primer ministro de Portugal, ha considerado el foro un "momento de esperanza" frente a los "desafíos", ejemplo de los esfuerzos de una comunidad, la iberoamericana, abierta a encontrar soluciones a desafíos que son "comunes".

En este sentido, ha llamado a "valorar" estas alianzas en "tiempos de polarización" y en plena "crisis del multilateralismo". Se trata, ha añadido el secretario general de Naciones Unidas, de un "espacio de encuentro" para más de una veintena de países.

Guterres ha aprovechado su discurso, en el que ha mezclado el español con el portugués, para aplaudir medidas adoptadas en el ámbito económico como la ampliación de los derechos especiales de giro por parte de organismos económicos internacionales o la suspensión de la deuda externa, pero ha señalado que se trata en cualquier caso de medidas "insuficientes" y que es necesario mantenerlas en el tiempo.

Asimismo, ha llamado a hacer un frente común en torno al cambio climático, con vistas por ejemplo a rebajar a cero la emisión neta de gases contaminantes en el año 2050 y aumentar la financiación en materia medioambiental.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha acusado a Vox de "instrumentalizar" la infancia por los carteles electorales que ha colocado en Madrid sobre los migrantes menores de edad que llegan a nuestro sin la compañía de ningún adulto, en los que compara el supuesto gasto público que se hace en ellos con las pensiones de jubilación. "Me parece repugnante", ha dicho.

Campo se ha pronunciado sobre esta cuestión en el marco del coloquio virtual organizado este miércoles por Thomson Reuters sobre los anteproyectos de las leyes de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y eficiencia procesal y organizativa, en el que también ha participado el consejero de Justicia de la Comunidad Foral de Navarra, Eduardo Santos.

"Ahora hablo como ciudadano, y ver esos carteles me produce auténtica repugnancia. Creo que no podemos jugar con la idea de un menor y, sobre todo, un menor en clara situación de vulnerabilidad", ha contestado al ser preguntado sobre los carteles de Vox.

En la misma línea, ha indicado que le generan "mucho dolor y tristeza que se pueda utilizar con unos fines claramente partidistas en una campaña electoral la instrumentalización de los menores, que deben ser un fronstispicio donde todos nos unamos para protegerlos". "Esa instrumentalización me parece repugnante", ha concluido.

A LA ESPERA DE LA JUNTA ELECTORAL Y FISCALÍA

No obstante, como ministro de Justicia se ha mostrado "más respetuoso" y ha asegurado que acatará "sin rechistar" lo que determinen la Junta Electoral y la Fiscalía, "que son ahora mismo los mecanismos que se han puesto en marcha".

Campo se ha sumado así a otros miembros del Gobierno, como la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, o los ministros de Interior, Defensa y Educación, que han mostrado igualmente su rechazo a esta propaganda electoral.

Desde el PP, su presidente, Pablo Casado, ha tachado de "irresponsable" la "publicidad engañosa" de Vox contra los 'menas', al tiempo que ha pedido mejorar la seguridad ciudadana.

Canarias ha registrado 199 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el total de acumulados en las islas se eleva ya a 51.171, mientras que las muertes alcanzan las 713 al fallecer un hombre en Tenerife, con 73 años, con patologías previas y que estaba ingresado en el hospital, según los datos que la Consejería de Sanidad del Gobierno canario actualiza diariamente pasadas las 14.00 horas.

Así, del total de casos acumulados en Canarias, 4.078 están activos (-116 con respecto al día anterior), de los cuales 83 están ingresados en UCI (-1), 313 permanecen hospitalizados (-11) y 3.682 están en domicilio (-104). Además, 46.380 personas han superado la enfermedad.

En cuanto a la Incidencia Acumulada (IA), a 7 días se encuentra en Canarias en 63,56 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días desciende hasta los 135,43 casos por 100.000 habitantes. Hasta el momento se han realizado un total de 1.023.419 pruebas PCR en las islas, de las que 54.736 han sido positivas, lo que representa el 5,35 por ciento.

Por islas, Tenerife suma 107 nuevos contagios y acumula 21.861 casos, de los que 2.318 están activos epidemiológicamente (-49), 396 han fallecido (+1) y 19.147 se han curado; mientras que Gran Canaria cuenta con 21.179 casos acumulados (+68), de los que 1.504 están activos (-65), 245 han muerto y 19.430 recibieron el alta médica.

Lanzarote, por su parte, suma 12 nuevos casos hasta acumular 4.851, de los que 120 están activos epidemiológicamente, 48 personas han fallecido y 4.638 superaron la enfermedad; mientras que Fuerteventura tiene 2.219 casos acumulados (+8), de los que 92 están activos (-4), 13 perecieron y 2.114 se han curado.

La isla de La Palma mantiene su acumulado en 500 casos, de los que 10 están activos (-1), seis fallecieron y 484 superaron la enfermedad; El Hierro acumula 333 casos al sumar cuatro nuevos, de los que hay 33 activos (+4), además registra cuatro muertes y 296 personas que han recibido el alta.

Finalmente, La Gomera continúa un día más sin registrar ningún caso de Covid-19, se mantiene en 227 acumulados, de los que tiene un activo, así como contabiliza una muerte durante la pandemia y 225 personas que recibieron el alta médica.

El Tribunal Constitucional (TC) ha ratificado este miércoles la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno central contra la reforma de la ley gallega de salud y, en consecuencia, la suspensión del apartado cinco del artículo único de la modificación, en el que se definen actuaciones concretas y medidas a adoptar frente a la pandemia, como la vacunación.

En un comunicado que acompaña de la providencia, el TC confirma la admisión a trámite y señala que, al invocar el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y la aplicación del precepto impugnado desde la fecha de interposición del recurso --6 de abril de 2021-- para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para los terceros.

Asimismo, se informa de que se acuerda dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Parlamento de Galicia y a la Xunta de Galicia para que puedan (por conducto de sus presidentes y en el plazo de 15 días) personarse en el proceso y formular alegaciones que consideren convenientes.

El Gobierno alega que la ley de salud gallega introduce "limitaciones de derechos fundamentales y puede infringir la reserva de la ley orgánica en materia de desarrollo de estos derechos".

De la sentencia que se dicte en su día será magistrado ponente Andrés Ollero. La incoación del recurso será publicada en el BOE y en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

RECURSO ADMITIDO A TRÁMITE ESTE MARTES

El Gobierno central confirmó haber presentado un recurso de constitucionalidad tras recibir el informe del Consejo de Estado encargado por el Consejo de Ministros, preceptivo pero no vinculante. Este martes el Constitucional lo admitió a trámite.

Precisamente en su informe el órgano consultivo avalaba la presentación del recurso en cuanto al apartado cinco --en la que se definen actuaciones concretas como la obligación de vacunación--, pero también sugería al Estado la necesidad de elaborar una ley orgánica que atienda las necesidades de la gestión de la pandemia.

APARTADO CINCO Y POSTURA DEL CONSEJO DE ESTADO

La idea inicial del Gobierno central, tal y como expresó en la petición de informe ante el Consejo de Estado, era recurrir tres aspectos: las medidas preventivas (es decir, las cuestiones a regular), la adopción de las medidas preventivas ('el modus operandi' para ejecutar las medidas, recogido en el apartado cinco de la reforma de la ley, es decir, el nuevo artículo 38) y el régimen de sanciones (en varios artículos y, especialmente, en lo referido a las multas por incumplimientos de las medidas que el Gobierno central cuestiona).

En su informe, el Consejo de Estado consideraba que es pertinente interponer recurso de inconstitucionalidad --o como dice textualmente, "existen fundamentos jurídicos suficientes"-- a uno de los apartados concretos, el relativo a las medidas. Literalmente, señala: cabe este recurso al apartado cinco del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febrero, en lo relativo al apartado 2 del artículo 38 que introduce en la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia.

Concretamente, el apartado cinco introduce un artículo 38 a la ley de salud gallega con dos apartados, de los cuales, el Consejo de Estado avala que se recurra la segunda parte, como se ha mencionado. Esta 'segunda parte' habla de medidas preventivas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando haya un peligro para la salud de la población.

Y para ello, además de otras medidas generales, establece que se podrán adoptar medidas de control de las personas enfermas, como el aislamiento domiciliario (actualmente los confinamientos de las personas que están contagiadas por el coronavirus), el internamiento en un centro hospitalario o el aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para tal fin.

Entre las siete principales de esta 'segunda parte', también recoge medidas de control para personas que hayan estado en contacto con personas enfermas (como actualmente los aislamientos de contactos positivos); o el sometimiento a medidas profilácticas de prevención, incluida la vacunación o inmunización.

Este apartado de la ley también habilita medidas de control del "entorno inmediato" de las personas enfermas o que hayan estado en contacto con ellas, así como de "zonas afectadas" (lugares geográficos), lo que puede conllevar, por ejemplo, la limitación de movilidad o circulación (como han sido los cierres perimetrales de ciudades o áreas sanitarias) o restricciones a las agrupaciones de personas (como el límite en las reuniones, tal y como está vigente en este momento en Galicia).

Las visitas turísticas a la Catedral de Salamanca comenzarán de nuevo este viernes, 23 de abril, coincidiendo con el festivo en la comunidad de Castilla y León y después de más de cinco meses cerradas con motivo de la pandemia.

De forma provisional, la seo se abrirá al turismo solo los fines de semana, los viernes y sábados, de 11.00 a 20.00 horas (último pase a las 19.15), y los domingos, de 11.00 a 18.00 horas, (último pase a las 17.15).

Según la información facilitada por la Diócesis de Salamanca, la apertura del retablo de la capilla de Santa Bárbara del claustro, para mostrar las pinturas góticas y el retablo móvil, será permanente durante estos días.

Desde el Cabildo Catedralicio han indicado que "se han adoptado las medidas sanitarias oportunas", para "garantizar la seguridad de los visitantes, siguiendo el protocolo establecido frente al coronavirus".

Para los interesados, la entrada general tiene un coste de seis euros, aunque es gratuita para los naturales o residentes en la Diócesis de Salamanca, y personas con discapacidad con grado superior al 65 por ciento.

En cuanto a las celebraciones litúrgicas, el altar mayor de la Catedral Nueva acogerá todos los días la eucaristía a las 12.00 horas. Además, los domingos y festivos se celebrará la misa a las 11.00 horas en la capilla de Nuestra Señora de la Soledad y, los domingos y festivos habrá rezo de laudes a las 10.00 horas.

Por otro lado, de lunes a sábado, habrá confesiones y consultas de 11.00 a 13.00 horas, ha informado la Diócesis de Salamanca.

La Comisión Islámica de Melilla ha solicitado este miércoles a la Delegación del Gobierno y a la Ciudad Autónoma la clausura de las mezquitas en las que se incumplan el límite de una cuarta parte del aforo después de algunos hechos que se están produciendo desde que comenzó el mes de ayuno Ramadán el pasado 14 de abril y que ha llevado a la Guardia Civil a levantar varias actas de infracción.

Según ha informado un portavoz de la federación de asociaciones musulmanas de la ciudad española del norte de África, las autoridades ya han abierto expedientes sancionadores a dos de las catorce mezquitas que tienen registradas oficialmente Melilla por incumplimiento de las normas anti-covid.

El portavoz islámico ha explicado que "las autoridades alegan que se incumplen con las actuales normativas sanitarias, sobre todo en lo que respecta al aforo, por ello desde la Comisión Islámica de Melilla recomendamos tomar medidas contundentes dentro de los recintos religiosos con el fin de evitar contagios y así cumplir con las medidas contra la covid-19".

Asimismo, ha añadido que "los responsables de mezquitas deben garantizar y evitar que pueda darse riesgo de infección para los fieles, si no es así, debe proceder al cierre de las mezquitas", al tiempo que ha aclarado que los responsables de estos recintos religiosos hacen todo lo posible por evitar la entrada de más personas para los cinco rezos al día "pero algunos fieles no les hacen caso y muchas veces no pueden evitar que les entren más personas de las debidas".

FUNERALES

El responsable de la CIM ha asegurado que este problema se viene registrando no solo en las mezquitas, "de forma especial desde que comenzó el mes sagrado para los musulmanes del Ramadán", sino también en los entierros en el Cementerio Musulmán.

"Se está produciendo una presión impresionante por parte de las autoridades respecto a los funerales y aforos en las mezquitas de Melilla, hasta el punto de que la Guardia Civil ha enviado propuestas sancionadoras a más de cien musulmanes por la asistencia a determinados entierros y las mezquitas de los barrios del Tesorillo y del Real, según las noticias que nos llegan, tienen abierto un expediente sancionador" respectivamente.

El portavoz de la federación musulmana ha recordado que el aforo máximo permitido hasta el próximo 9 de mayo, según el último decreto del presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, es de una cuarta parte del recinto.