Los portavoces de las asociaciones de jueces tachan de «desproporcional» la actuación de la Policía Nacional en el derribo de la puerta de un domicilio sin autorización judicial tras la negativa de los individuos que había en su interior celebrando una fiesta ilegal. Subrayan que la entrada sin el permiso de un juez sólo puede tener lugar cuando se está ante un delito flagrante, algo que consideran que no ocurrió en este caso, sino una actividad que como mucho puede ser sancionada administrativamente.

El debate sobre la actuación de la Policía Nacional se ha abierto a raíz de la aparición de un vídeo en el que se ve a los agentes echando abajo la puerta de un domicilio en el barrio madrileño de Salamanca el pasado 21 de marzo después de que los vecinos avisaran del ruido que había en dicha vivienda por una posible fiesta ilegal.

Los agentes acudieron al inmueble comprobando que se escuchaba música a un volumen excesivo, constantes gritos provenientes de un grupo muy numeroso de jóvenes e incluso se visualizaba a diferentes individuos que no guardaban la distancia social de seguridad ni portaban mascarilla, asomándose por el balcón.

Una vez llegaron a la puerta del piso llamaron al timbre, y tras el caso omiso de los individuos que se encontraban en su interior, los agentes procedieron a dar golpes y a requerirles para que abrieran la puerta trasladándoles su obligación de identificarse ante ellos, que en todo momento se distinguen como agentes de Policía Nacional.

Después de numerosos requerimientos y tras más de 30 minutos golpeando la puerta, les informaron de que, en el caso de persistir en su actitud de rebeldía ante los mandatos de los agentes, la flagrancia delictiva podría determinar la entrada en el inmueble, y que a su juicio se estaría cometiendo un delito de desobediencia grave.

Finalmente, la Policía procedió a abrir la puerta por sus propios medios con el fin de proteger el derecho al descanso de los vecinos, y en especial la salud pública por el incumplimiento de las medidas Covid.

LA FIESTA ILEGAL NO ES DELITO, SINO UN ILÍCITO ADMINISTRATIVO

Expertos apuntan que lo que estaba ocurriendo en el interior de la vivienda era constitutivo de un ilícito administrativo y en ningún caso un delito, por lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no pueden acceder a ella sin una orden judicial.

Estas fuentes explican que la Policía sólo pueden derribar una puerta sin el permiso de un juez cuando tienen constancia ante la existencia de un delito flagrante, si bien entienden que el hecho de que las personas que estaban en su interior se negaran a abrir la puerta no ampara la entrada, ya que no existía la posibilidad de evitar ningún ilícito penal. En este sentido, destacan que la actuación de la Policía podría ser considerada como constitutivo de un delito de allanamiento de morada.

Concepción Rodríguez, portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), ha señalado que lo que se plantea en estos casos es «un conflicto entre derechos fundamentales», por un lado el derecho a la salud y por otro el derecho a la inviolabilidad del domicilio, cuya ponderación podría llevar a avalar las intromisiones forzosas pero siempre teniendo en cuenta «caso por caso».

Así, ha recordado que la ley solo permite la entrada por la fuerza en una vivienda cuando hay indicios de que en ese momento se está cometiendo un delito para, precisamente, impedirlo, subrayando que se trata de «una circunstancia excepcionalísima» que, por tanto, debe interpretarse de forma «restrictiva» para evitar excesos.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha afirmado que el argumento esgrimido por los agentes de la Policía acerca de que los individuos estaban cometiendo un delito de desobediencia a la autoridad «no es válido» para justificar la entrada sin autorización judicial, ya que no recoge la gravedad que ampara la entrada en un domicilio. «Si esto fuese así, nunca haría falta la autorización judicial», ha añadido.

LA NEGATIVA A IDENTIFICARSE NO BASTA PARA ENTRAR POR LA FUERZA

«No basta una negativa de identificarse para abrir la puerta», ha destacado, al tiempo que ha precisado que «otra cosa es que haya motivos para hacer pensar que se está cometiendo un delito o que haya peligro para una persona».

En cualquier caso, Fernández Vaquero cree que la fiesta que se estaba celebrando «como mucho puede estar incumpliendo una norma establecida por las autoridades por la pandemia», lo cual acarrea una sanción administrativa.

Misma opinión comparte María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –la mayoritaria en la carrera judicial–, que ha calificado de «barbaridad» las imágenes del derribo de la puerta.

De hecho, Del Barco considera que las actuaciones policiales de este tipo dejan en el «olvido» el principio de proporcionalidad. Asimismo, ve «excesivo» que la reiterada negativa de los individuos se entienda como un delito flagrante que justifique la entrada en un domicilio a la fuerza.

También el magistrado Audiencia Provincial de Madrid Ignacio González Vega ha opinado que la entrada de la policía en este piso fue «desproporcionada» y «manifiestamente ilegal». Para el ex portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) la entrada de los agentes no estaba justificada por la «necesidad de intervención urgente para evitar la consumación del delito o la desaparición de los efectos del mismo».

En este sentido, González Vega también ha recalcado que lo máximo que puede constituir la celebración de una fiesta ilegal es una infracción administrativa. «Si el delito flagrante es la desobediencia por la negativa a identificarse no hay urgencia alguna. La consumación ya se ha producido y no puede evitarse. Tampoco hay efectos del delito que puedan desaparecer», ha concluido.

El candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, afrontará este martes su segundo intento para ser investido presidente, que, si no se producen cambios de última hora, volverá a fracasar al no haber logrado todavía un acuerdo con Junts, que repetirá su abstención.

Tras la primera votación fallida del viernes, en la que Aragonès obtuvo solo el apoyo de ERC y la CUP, mientras que Junts se abstuvo, este martes a las 10.00 horas el Parlament celebrará la segunda vuelta de la investidura y todo apunta a que el resultado de la votación será el mismo.

A diferencia de la primera vuelta, en la que necesitaba mayoría absoluta para ser investido presidente, en esta segunda votación le basta con mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, pero, si no hay sorpresas de última hora, obtendrá 42 apoyos de ERC y la CUP, 32 abstenciones de Junts y 61 votos en contra del PSC-Units, Vox, los comuns, Cs y el PP, por lo que se quedará a 20 votos de ser elegido nuevo jefe del Ejecutivo.

De confirmarse la investidura fallida también en segunda vuelta, se abrirá un plazo de dos meses hasta el 26 de mayo –cuenta a partir de la primera votación–: si en este periodo ni Aragonès ni ningún otro candidato fuera investido, se disolvería automáticamente el Parlament y se convocarían elecciones.

ABSTENCIÓN DE JUNTS

Este mismo lunes, el Consell per la República ha emitido un comunicado en el que se ha abierto a reformular su gobernanza y ha invitado a los partidos y entidades independentistas a abordarlo.

Precisamente el papel de este órgano ha sido uno de los principales escollos en las negociaciones hasta ahora: Junts quiere que tenga más peso y que sea el espacio de coordinación de la estrategia independentista, mientras que los republicanos se abren a una reformulación del órgano para que estén representados todos los actores del independentismo en lugar de supeditarlo a un órgano nuevo.

Este movimiento del Consell ha sido celebrado por los republicanos y la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha sostenido que, si el propio órgano está de acuerdo en reformularse, este escollo está superado e incluso se ha mostrado partidaria de que acabe siendo el espacio de coordinación estratégica del independentismo si se aplican los cambios necesarios.

Así, la dirigente republicana ha insistido en que, a su juicio, no hay diferencias insalvables, por lo que pide a Junts que se replantee su abstención y acometa un «gesto de responsabilidad» invistiendo a Aragonès este martes.

Sin embargo, la Ejecutiva de Junts ha acordado este lunes volver a abstenerse en la segunda vuelta y la vicepresidenta del partido, Elsa Artadi, ha pedido paciencia para lograr una cuerdo de legislatura: «Aún no tenemos un acuerdo de legislatura y esto nos impide dar un paso adelante y dar un voto afirmativo y de confianza. Seguimos estando en este punto de la abstención».

PLENO MÁS CORTO

El pleno de este martes se prevé que dure 4 horas y media, más corto que el del viernes, que duró 11 horas, ya que probablemente Aragonès reducirá el tiempo de su discurso y después los grupos tendrán menos tiempo de intervención.

De nuevo, se volverá a celebrar en el Auditorio del Parlament en vez de en el hemiciclo para garantizar las distancias de seguridad por la pandemia del coronavirus, y se ha habilitado este espacio con sillas para que estén presentes todos los diputados y los miembros del Govern en funciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado los proyectos lingüísticos de dos centros educativos públicos de Barcelona y Abrera porque no contemplan el castellano como lengua vehicular y no reconocen el 25 por ciento de enseñanzas curriculares en castellano, según informa la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB). Esta Asociación considera que son dos sentencias «históricas» porque «dejan sin efecto el modelo de inmersión lingüística obligatoria en catalán por considerarlo contrario a la Constitución española» y obligarán a cambiar todo el modelo educativo en Cataluña.

La citada Asamblea explica que el TSJ de Cataluña ha dictado dos sentencias de fecha 23 de enero de 2021, que se han conocido en el día de hoy, en las que anula los proyectos lingüísticos de dos centros educativos que «sólo contemplaban a la lengua catalana como lengua vehicular».

Según la citada asociación, estas sentencias «tienen una trascendencia histórica, en la medida que obligarán a cambiar todos los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos de Cataluña que en un 95 por ciento de los casos sólo establecen que el catalán es la lengua vehicular de enseñanza, tal como puso de manifiesto la Asamblea por una Escuela Bilingüe en un estudio del año 2019».

Además, según exponen en una nota de prensa, ambas resoluciones judiciales consideran que el «carácter de lengua vehicular del castellano en el modelo educativo catalán deriva directamente de la Constitución española».

En este sentido, afirman que el TSJ de Cataluña entra a «valorar el efecto de la LOMLOE en lo que se refiere a la enseñanza de las lenguas oficiales para concluir que la reforma de la Ley Orgánica de Educación no cambia la situación anterior porque la Disposición Adicional 38, tal como preveía la LOMCE, se limitaba a recoger la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y por lo tanto, el carácter de lengua vehicular del castellano en el modelo educativo catalán deriva directamente de la Constitución española».

En el comunicado recogen textualmente algunas partes de la sentencia en las que se argumenta que el propio Tribunal Constitucional «como intérprete supremo de la Constitución», en sentencias de 1994 y de 2010, ya dejaba claro que «es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares».

El tribunal concluye que «el apartado 1 y el primer inciso del apartado 2 del art. 35 EAC admiten una interpretación conforme con la Constitución en el sentido de que no impiden el libre y eficaz ejercicio del derecho a recibir la enseñanza en castellano como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza».

«En otras palabras –precisa el TSJ de Cataluña, según la citada Asciación–, la obligatoriedad de que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza deriva directamente de la Constitución, de ahí que la modificación operada por la Ley Orgánica 3/2020 de la disposición adicional trigésima octava de la LOE no afecta al estatus del castellano como lengua vehicular».

«De hecho –prosigue–, en la exposición de motivos de la citada Ley se afirma que el objetivo de la misma es «revertir los cambios promovidos» por la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), aunque parece que entre esos cambios no se refiere a la utilización del castellano como lengua vehicular, al menos en la larga y extensa exposición de motivos ninguna referencia se hace al régimen de las lenguas vehiculares recogida en la disposición adicional trigésima octava de la LOE».

También recogen un párrafo de las sentencias, en el que se precisa: «en todo caso, lo que la LOMCE hizo en relación con el castellano como lengua vehicular fue recoger en su parte dispositiva la interpretación hecha por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional, de ahí que la supresión por la Ley Orgánica 3/2020 de la mención de que «el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado» que se contenía expresamente en la LOMCE, no altera el régimen del castellano como lengua vehicular reconocido por el máximo intérprete de la Constitución –el Tribunal Constitucional–, por el Tribunal Supremoy por este Tribunal Superior».

El TSJ de Cataluña recuerda también que esa misma Sala y Sección ha dictó la Sentencia de fecha 16 de diciembre de 2020, resolviendo el recurso 168/2015, en cuyo fallo se acuerda: «Estimar parcialmente los recuersos interpuestos por el Abogado del Estado, declarando la obligación de la Generalitat de Cataluña de adoptar las medidas que sean necesarias a los efectos de garantizar que, en las enseñanzas del sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25 por icento en ningún caso».

En base a estas sentencias, la Asamblea por una Escuela Bilingue en Cataluña considera que «son nulos de pleno derecho, todos los proyectos lingüísticos de los centros educativos catalanes que no contemplen el castellano como lengua vehicular de enseñanza y no establezcan la presencia mínima del castellano en un 25 por ciento de las horas efectivamente lectivas».

Añaden que «los padres que han solicitado la enseñanza bilingüe han sido asesorados por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña que en los próximos días solicitará formalmente al Departamento de Educación que dicte las instrucciones pertinentes para que todos losproyectos lingüísticos se adapten al modelo constitucional y reconozcan el castellano y el catalán como lengua vehiculares de enseñanza».

«Se puede concluir que las sentencias dejan sin efecto el modelo de inmersión lingüística obligatoria en catalán por considerarlo contrario a la Constitución española», sentencia la citada asociación.

Además, añade que el pluralismo lingüístico en Cataluña y elreconocimiento de «nuestra diversidad ha dado un paso de gigante con las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y valora que ha sido el esfuerzo de cientos de padres que con su perseverancia ha conseguido un régimen lingüístico más favorable a la realidadsocial de Cataluña y hará posible que se lleve finalmente a la práctica. Gana la convivencia en las aulas».

Una veintena de AMPAs y AFAs de centros educativos se han unido para exigir que el 4 de mayo sea declarado festivo por «razones obvias de conciliación y participación democrática», y han afeado el adelanto electoral a un martes con la única motivación de la «urgencia partidista».

«Que no se pueden impartir clases a nuestros hijos e hijas si los centros escolares están dedicados a recoger el voto del pueblo de Madrid es algo que se cae por su propio peso. No necesitamos que el actual consejero de Educación, Enrique Ossorio, lo justifique amparándose en un Real Decreto», han manifestado las familias en un comunicado, en alusión al en alusión al Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales, que establece que cuando el día fijado para la celebración de elecciones no sea festivo se considerará «inhábil a efectos escolares».

«Lo que no hay es un Real Decreto en el que la Comunidad de Madrid pueda justificar la enésima muestra de irresponsabilidad y dejación de funciones en materia educativa y conciliación familiar que nos hace padecer», han proseguido, y han recordado a este respecto el retraso de la vuelta a las aulas tras las vacaciones de navidad como consecuencia de la «nula gestión de la tormenta Filomena».

Así, han recalcado que «hace solo dos meses» las familias de Madrid se encontraban «haciendo el más difícil todavía» tratando de «cumplir mínimamente» con sus obligaciones laborales mientras los colegios permanecían cerrados durante nueve días, y han apuntado que la «dejación de funciones» se achacó entonces a «la excepcionalidad» de la situación provocada por la tormenta, «imposible de prever» según las autoridades.

Actualmente, las familias consideran que es momento de echarse «las manos a la cabeza» y «exigir una rectificación» debido a que la Comunidad de Madrid les «obliga a vivir de nuevo una situación de excepcionalidad sin ninguna razón que lo justifique», ya que «no había ninguna urgencia para convocar estas elecciones». «Al menos, ninguna urgencia que salga de los intereses partidistas que solo incumben a los partidos», han agregado.

«Pero si la urgencia partidista ha obligado a convocar unas elecciones autonómicas en martes y no en domingo como siempre se convocan, por razones obvias de conciliación y participación democrática ¿Qué sinrazón lleva a la Comunidad de Madrid de la señora Ayuso a no declarar esa fecha como festivo? ¿Las familias que tenemos la necesidad de trabajar y cumplir unos horarios, le importamos un santísimo bledo o es que no quiere facilitarnos ni un poquito nuestro derecho al voto?», se preguntan las familias.

En este sentido, han manifestado que esperan que «se imponga la cordura» y la Comunidad de Madrid garantice a las familias «una jornada electoral con normalidad democrática y asueto laboral».

En concreto, las asociaciones firmantes son AFA CEIP Lope de Vega, AFA CEIP Asunción Rincón, AMPA CEIP San Cristobal, Meta AMPA Chamberí (grupo de AMPA de los colegios de Chamberí: Fernando el Católico, Asunción Rincón, San Cristóbal, Claudio Moyano, Rufino Blanco, Cervantes, Porvenir y Decroly), AMPA CEIP Concepción Arenal, AMPA CEIP La Latina, AMPA Escuela Infantil El Alba, AMPA CEIP Ignacio de Loyola, AMPA CEIP México, AMPA CEIP Miguel Servet, AMPA CEIP Hernán Cortés, AMPA CEIP Uruguay, AMPA CEIP Francisco Arranz, AMPA CEIP Parque Aluche y AFA CEIP Perú.

La concejala y primera portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mercedes González Fernández, sustituirá a José Manuel Franco al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid, han confirmado fuentes oficiales y de su entorno.

Licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU, es especialista en comunicación de instituciones públicas y políticas con máster en la Universidad Complutense y en la George Washington University, según la biografía que aparece en la web de su partido.

González pasará de ser el azote del urbanismo en la capital a la nueva representante del Ejecutivo central en Madrid tras el baile de fichas en el tablero de la política madrileña con el sorpresivo salto de José Manuel Franco al Centro Superior de Deportes (CSD).

En su trayectoria cabe destacar que fue asesora de la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y Ministerio de Política Territorial de 2009 a 2011, asesora del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid de 2007 a 2008 y Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de 2004 a 2006. Actualmente es secretaria general de la Agrupación Socialista de Barajas y miembro de la Comisión Gestora del PSM-PSOE.

SU ETAPA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Mercedes González se estrenó como concejala del Ayuntamiento de Madrid en 2015, cuando se puso al frente de su grupo en la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible.

Entonces no dudó en plantarse a cuestiones puntuales de la política urbanística del Gobierno de Manuela Carmena en asuntos como las Cocheras de Cuatro Caminos, por ejemplo, como tampoco ha dudado en rechazar abiertamente la política de esta cartera del actual Gobierno municipal, de PP y Cs.

De hecho, Mercedes González presentará este martes en Cibeles, en el que puede ser su último Pleno como concejala, una proposición para poner coto a las cocinas industriales o cocinas fantasmas.

Aunque sin duda la edil socialista será recordada por ser quien dio el paso para recurrir la absolución de la exalcaldesa Ana Botella por la venta de viviendas a fondos buitre al pedir que se la legitimase para presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo y evitar así que la causa acabara en vía muerta.

González, ‘sanchista’ reconocida, cambiará el despacho de la calle Mayor, el del Edificio de Grupos, por el palacio de los marqueses de Borghetto, la calle Miguel Ángel número 25. Lo hará una vez la nombre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y aparezca en el Boletín Oficial del Estado.

La Secretaría de Estado del Vaticano ha remitido un escrito a la Editorial Sevilla Press en la que transmite el agradecimiento del Papa Francisco tras haber recibido un ejemplar especial del libro ‘Cómo llora Sevilla’ del religioso jesuita Ramon Cué, que cuenta la historia de la Semana Santa hispalense.

«Agradece este amable gesto en nombre de Su Santidad», recoge textualmente la misiva de la Secretaría de Estado, según informa la editorial.

El libro también ha sido enviado al arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, al Superior de la Compañía Jesuita en España, Antonio José España, y al presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla Francisco Vélez de Luna.

La edición de Sevilla Press es la numero 17 y presenta como portada una foto de la Esperanza Macarena de Fernando Salazar y Ángel Bajuelo. La primera edición del libro se publicó en 1947.

«Hemos querido unir los mejores textos y las mejores fotos de la historia de la Semana Santa de Sevilla», ha comentado el editor, el periodista Miguel Gallardo Rodríguez quien agradece también a la Compañía de Jesús las facilidades que en todo momento han dado para la cesión de los derechos del autor de los que son propietarios.

En concreto, el texto se acompaña de 30 fotografías a todo color, seleccionadas como las mejores de los fotógrafos de Semana Santa Fernando Salazar y Ángel Bajuelo, autores de cientos de carteles y merecedores de muchos premios en su larga vida profesional.

Entre los prologuistas se encuentran Luis Carlos Peris, Francisco Correal, Juan Salas, Isabel Fayos, Mariola Agujetas, Eduardo Dávila Miura, Enrique Casellas, Marina Bernal, Miguel Gallardo, Paco García, José Vicente Dorado, Fran López de Paz y Fernando Iwasaki.

Completa esta edición una extensa biografía del Padre Ramón Cué realizada por la Compañía de Jesús y en la que se relata desde su infancia en México hasta su fallecimiento hace 19 años en España, incluyendo su expulsión de España junto a los Jesuitas.

Ramon Cué llevaba ya tres años siendo jesuita cuando, con 32 años, llegó a Sevilla para seguir sus estudios de Historia de América en la Universidad hispalense. Aquí conoció a cinco jóvenes cofrades universitarios que fueron los que le enseñaron en 1947 la única Semana Santa que vivió y conoció. Al marcharse prometió a los cinco jóvenes que les mandaría un libro con las vivencias de esos días.

Los ministros de Asuntos Exteriores de España y Argelia, Arancha González Laya y Sabri Boukadoum, han expresado este lunes el compromiso de los dos países de combatir la inmigración irregular y de buscar vías para que pueda haber flujos legales. Además, han adelantado que la próxima Reunión de Alto Nivel entre los dos países se celebrará en la segunda mitad del año en Madrid.

«La cooperación es plena», ha reivindicado la ministra al ser preguntada por el aumento de las llegadas de pateras con migrantes que parten de las costas argelinas, algo que también ha sostenido su homólogo, sin comentar ninguno de los dos el reciente fenómeno.

«Estamos trabajando de manera transparente y continua con España en este asunto», ha señalado Boukadum, incidiendo en que Argelia no es país de origen, sino de tránsito de miles de migrantes que proceden del Sahel y otras partes de África.

Así las cosas, González Laya ha asegurado que los dos países van a seguir trabajando juntos para luchar «contra la migración irregular, para desarticular redes de tráfico de personas y para evitar que haya redes criminales que se beneficien de las desgracias ajenas».

Al mismo tiempo, ha añadido, ambos países trabajarán «para abrir vías regulares de migración a España», principalmente para estudiantes, empresarios y trabajadores, como se ha venido haciendo hasta ahora, «sin necesidad de cambiar de receta» porque esta es «la buena manera para hacerlo».

Boukadoum, que se ha expresado en español, ha recordado la «importante» presión migratoria a la que se enfrenta su país y defendido que «no ha faltado nunca a sus compromisos con España en la materia a pesar del contexto» actual, apostando por ello por «examinar todas las posibilidades» para ofrecer vías legales.

Además, según la ministra española, los dos países están decididos a trabajar juntos para mejorar la situación en los países de origen de estos migrantes, sobre todo en el Sahel, una región que preocupa a ambos países y cuya estabilidad preocupa.

OCTAVA CUMBRE BILATERAL

El encuentro de este lunes ha servido para repasar las relaciones bilaterales en todos los ámbitos y para acordar la celebración de la octava cumbre bilateral en la segunda mitad del año, en la que como han adelantado habrá un fuerte componente económico y se espera la celebración de un encuentro empresarial paralelo.

En este sentido, Boukadoum ha reivindicado que su país es un «socio sólido y fiable», ha puesto en valor las reformas económicas emprendidas por el presidente, Abdelmayid Tebune, y ha confiado en que las relaciones en este ámbito puedan profundizarse aún más.

Por lo que se refiere a la cuestión del Sáhara Occidental, ambos ministros han reiterado la postura de sus respectivos países, sin entrar a valorar los recientes acontecimientos en torno a este conflicto. Así, González Laya ha insistido en el papel central de la ONU en la resolución mientras que Boukaram ha subrayado que la solución pasa por la autodeterminación de los saharauis.

Además de con la ministra de Exteriores, Boukadoum también se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y va a ser recibido en audiencia por el Rey Felipe VI.

La consejera de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ha replicado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para negar que se esté engañando a la sociedad desde la Administración gallega y recordar que un informe de la asesoría jurídica de la Xunta advirtió que parte de la ley de Cambio Climático es «frontalmente inconstitucional».

«De lo que estoy segura es que no miente Galicia, no miente la Xunta de Galicia, no miente la consejera de medio Ambiente, no miente la Consejería del Mar», ha trasladado este lunes la responsable del departamento autonómico.

En las últimas horas la ministra lamentaba en un hilo de Twitter escrito en gallego las «mentiras» difundidas sobre la Ley de Cambio Climático, reiterando que «no afecta a ninguna de las concesiones ya otorgadas» en la línea de costa «ni a sus prórrogas legales», incluida la de Ence, que depende de los tribunales.

La consejera ha recordado que la Xunta tiene un informe elaborado por la Asesoría Jurídica autonómica que concluye que el artículo 18.4 de esta Ley de Cambio Climático es «frontalmente inconstitucional», además de determinar que este apartado de la norma y el 18.3 son «contrarios a la seguridad jurídica».

Ángeles Vázquez ha recordado que este informe fue enviado la pasada semana a la vicepresidenta cuarta del Gobierno del Estado por lo que ha recomendado a la ministra «que se deje de tanto twittear y se ponga a trabajar» para contestar a la Xunta «o que realice un dictamen por parte de la Abogacía del Estado».

La consejera ha asegurado que «Galicia tiene un problema si sigue para adelante la Ley de Cambio Climático en los términos preestablecidos» y también ha advertido de que «también tiene un problema el Gobierno central», porque las empresas afectadas «podrían pedir las indemnizaciones precisas» y, en segundo lugar, porque esta norma «tiene retroactividad».

La consejera ha señalado que la ley es «clarísima» al establecer un máximo de 75 años para las concesiones en dominio público, incluidas sus prórrogas.

Ángeles Vázquez ha indicado que la propia ministra informó el pasado mes de febrero que hay «49 expedientes sin resolver» de empresas de la cadena mar-industria en Galicia situadas en terreno de dominio público marítimo terrestre que tienen o que podrían verse en problemas para ver renovada su concesión.

Además el Ministerio también detallaba que «de las 33 concesiones otorgadas sólo 7 son para usos de su naturaleza y otras 3 ya se excedieron del plazo de 75 años».

La consejera ha explicado que desde la Xunta de Galicia han enviado a los municipios «la notificación con el instrumento necesario para que sepan qué edificaciones pueden tener problemas» para que «tomen las determinaciones oportunas».