Todos los partidos representados en el Senado, con la excepción de Vox, han respaldado este miércoles una moción en la que piden al Gobierno que «facilite activamente» la consecución de una solución política al conflicto del Sáhara Occidental y que esta sea una política de Estado al margen de «enfrentamientos partidistas».
La moción, resultado de una enmienda transacional pactada por todos los grupos con la excepción de Vox, «reconoce que España tiene una vinculación histórica y afectiva en el conflicto político del Sáhara Occidental, por lo que pide al Gobierno español que apoye y facilite activamente en la ONU, en la UE y en el resto de organizaciones internacionales una solución política conforme al Derecho Internacional y a las resoluciones de la ONU».
En este sentido, los senadores han subrayado que «debe constituir una política de Estado alejada y despojada de controversias y enfrentamientos partidistas, que en nada favorecen la solución política requerida».
El senador del PNV Luis Jesús Uribe-Etxebarría, promotor de la moción, ha puesto en valor este último punto y ha agradecido el «acuerdo muy amplio» alcanzado sobre el texto, al que se han incorporado las mociones presentadas por PP y PSOE.
«Nos debemos de felicitar porque creo que aportamos un granito de arena a intentar que entre todos soluciones a este lamentable asunto», ha resaltado. También el resto de grupos han celebrado el consenso alcanzado.
Así, el portavoz del PP, Gonzalo Robles, ha resaltado que se haya llegado a un acuerdo sobre un texto que «es de sentido común y una obligación moral», mientras que el portavoz del PSOE, Rafael Lemus, ha hecho hincapié en que en «una tarde de tensiones» y en un «país con tantas polarizaciones» se haya alcanzado «un punto de neutralidad».
RESPONSABILIDAD HISTÓRICA DE ESPAÑA
Por otra parte, han sido varios los portavoces que se han referido a la «responsabilidad histórica» del Gobierno con el Sáhara, considerado por la ONU como un territorio sin descolonizar, y han defendido que sigue siendo la «potencia administradora», algo que desde el Ejecutivo ya se ha negado en repetidas ocasiones.
Por ello, el portavoz de Ciudadanos, Emilio Argüeso, ha lamentado la «falta de acciones» respecto al Sáhara por parte del Gobierno actual, mientras que la senadora de Adelante Andalucía, María Pilar González, ha recalcado que no quieren que «el Gobierno siga mirando para otro lado». A su vez, el senador de JxCat Josep Lluis Cleries ha reclamado al Ejecutivo que cumpla con su papel de «garantizar el derecho de autodeterminación».
En el texto que se va a aprobar, los senadores han manifestado su «preocupación por la situación en el Sáhara Occidental, que pone en peligro el acuerdo de alto el fuego de 1991» y han pedido a Marruecos y el Frente Polisario «que mantengan la calma y se abstengan de llevar a cabo cualquier acto de violencia, provocación o uso de la fuerza».
Además, han expresado su «pleno apoyo a los esfuerzos de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO)» para que pueda cumplir con su misión. Precisamente, algunos de los portavoces han incidido en el fracaso tanto de la ONU como de la MINURSO en cumplir con el objetivo de la celebración de un referéndum de autodeterminación. «El pueblo saharaui continúa sin poder ejercer su derecho», ha subrayado el parlamentario de Bildu Gorka Elajabarrieta.
La moción aprobada subraya que es «imprescindible una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas, en el marco de los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, apelando a la responsabilidad de todas las partes, para la búsqueda de una solución con un enfoque multilateral y constructivo».
REANUDACIÓN DE CONVERSACIONES Y HOJA DE RUTA
En este sentido, pide la «reanudación de las conversaciones y negociaciones permanentes, creíbles y constructivas bajo el liderazgo de Naciones Unidas y de un nuevo enviado personal» del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, puesto que está vacante desde hace casi dos años.
Además, los senadores han defendido que es necesaria una «hoja de ruta efectiva, con objetivos concretos y unos plazos claros, en el convencimiento de que sólo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado a cabo de buena fe y de manera constructiva, conforme al Derecho Internacional y a las resoluciones de la ONU, son el único camino para el logro de la paz, la convivencia, la confianza, la seguridad y el progreso económico y social en la región.
La resolución de este conflicto «es fundamental para la cooperación regional entre los países del Magreb y la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la región, que es vital para el Mediterráneo, para España y, por lo tanto, para el conjunto de Europa«, han advertido.
A este respecto, la Cámara Alta insta al Gobierno «a trabajar, tanto desde la política europea, como en sus relaciones bilaterales, en el impulso» de la Vecindad Sur, «apostando por la creación de nuevas oportunidades para los ciudadanos de las dos orillas del Mediterráneo».
AUMENTO DE LA AYUDA A LOS SAHARAUIS
Por otra parte, han hecho un llamamiento para que se incremente «en lo posible la ayuda humanitaria necesaria para ayudar a cubrir las necesidades básicas de alimentos, agua, alojamiento y servicios médicos para mejorar las condiciones de vida y los Derechos Humanos del pueblo saharaui».
Y por último, han aprovechado para manifestar su «agradecimiento y reconocimiento a todas las administraciones y organizaciones sociales en su labor humanitaria y solidaria con el pueblo saharaui», animándoles a que «persistan e incrementen su apoyo en lo posible».
Vox ha sido el único grupo que no ha dado su apoyo a la moción, después de que no se haya aceptado su enmienda, que en opinión de Uribe-Etxebarría estaba en cierta medida incluida en el texto pactado. La parlamentaria de los de Santiago Abascal en el Senado, Yolanda Merelo, ha recalcado en su intervención que, a diferencia de los movimientos independentistas en España, los saharauis «sí que tienen derecho» a la autodeterminación.
Además, ha defendido que España es la «potencia administradora» y por tanto el Gobierno «le corresponde dar un paso al frente y asumir su papel» en lo que se refiere al Sáhara Occidental, afeando el hecho de que el Ejecutivo actual «se pone de perfil».
