El PNV ha reiterado este miércoles a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, su disposición a abordar la modificación de los aspectos «más lesivos» de la reforma laboral que el Partido Popular sacó adelante en 2012, gracias a su mayoría absoluta, y que ya entonces contó con el voto negativo de la formación nacionalista vasca.

Así se lo ha hecho llegar el presidente del Euzkadi Buru Batzar de EAJ-PNV, Andoni Ortuzar, quien ha recibido a Yolanda Díaz esta tarde en Sabin Etxea, en un encuentro que ha abierto la ronda que la ministra pretende mantener con representantes de otros partidos políticos tras su acceso a la Vicepresidencia Tercera.

Según ha informado el PNV, junto a Ortuzar han estado en la reunión el burukide responsable del Área de Organización del EBB, Joseba Aurrekoetxea, y el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban.

Además, los representantes jeltzales han trasladado a Díaz y al secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, su predisposición a aunar fuerzas y a proporcionar el impulso político necesario para encarar la salida de la crisis.

La propia ministra ha querido que el contacto inaugural de la referida ronda fuera con los principales responsables del PNV y en Sabin Etxea. La reunión se ha prolongado por espacio de más de dos horas y ha transcurrido en un clima de «cordialidad y colaboración», han destacado los jeltzales.

Díaz ha hecho partícipe a la delegación del Partido Nacionalista Vasco de los ejes estratégicos de su recién adquirida Vicepresidencia Tercera y los del Ministerio que dirige. «Una cartera que, sin duda, será clave a la hora de abordar las reformas que van a ser necesarias para afrontar la salida de la crisis causada por la pandemia de la Covid-19 y para generar empleo de calidad y para la juventud», ha señalado el PNV.

Además, la ministra de Trabajo y Economía Social ha explicado a la delegación del PNV el calendario legislativo que maneja su Ministerio.

La Academia de la Televisión se ha ofrecido para «colaborar» en la celebración de un debate electoral entre los candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid pero ha instado a buscar «un acuerdo» entre los partidos políticos y los distintos operadores de comunicación.

Así se ha pronunciado la institución presidida por María Casado después de que el PP propusiera que fuera la Academia de la Televisión la encargada de organizar el 20 de abril el único debate electoral que contará con la participación de la presidenta del a Comunidad y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso.

En un comunicado, la Academia ha defendido la «existencia de debates electorales en televisión» por considerarlos «un derecho de los ciudadanos que contribuye a un mayor y mejor conocimiento de los candidatos y de sus propuestas» y sirven para mejorar «la calidad de la democracia». «Con esta convicción expresamos nuestra disposición a ayudar en tal propósito, pero siempre desde la colaboración mutua y nunca con intención de interferir en las conversaciones que aún puedan estar desarrollándose entre las partes», ha subrayado.

En este sentido, la institución ha incidido en que deben ser los partidos políticos y los operadores de televisión «que deseen emitirlo» los que deben «intentar coordinar sus agendas y condiciones para poder celebrar los debates televisados que estimen oportunos de cara a las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid».

En el caso de que resulte inviable tal acuerdo entre las partes, y siempre con la disposición a asistir de todos los partidos políticos, y contando igualmente con la disposición de distintos operadores de comunicación a emitirlo, la Academia de Televisión estaría dispuesta a colaborar y servir de elemento aglutinador para la celebración del mismo», ha explicado.

Por último, la Academia ha defendido que serán «punto de encuentro y espacio de todos para el debate y el contraste de ideas de la sociedad civil y política». Además, ha vuelto a reiterar la necesidad de «legislar sobre la cuestión, fijando, como en otros países, las reglas y procesos que deben garantizar la emisión de estos espacios en las campañas electorales».

LA SEXTA, RTVE Y TELEMADRID OFRECEN DEBATES

En este contexto, laSexta y RTVE han ofrecido, cada una, un debate a 6 entre los candidatos a la Comunidad de Madrid el próximo 2 de mayo. Fuentes de la cadena de Atresmedia han señalado que han recibido confirmación de asistencia de cinco de los seis candidatos y que mantienen la invitación a Isabel Díaz Ayuso al debate, que conducirá Ana Pastor, y que en cualquier caso la cadena tiene previsto celebrar con los partidos que asistan. Asimismo, han señalado que son flexibles con la fecha del debate.

En la misma línea, fuentes de RTVE han señalado que como radiotelevisión pública, mantienen su oferta de debate. Por su parte, Telemadrid ha indicado que mantiene su ofrecimiento para organizar este debate electoral y que seguirá dialogando con todas las candidaturas para la realización del mismo. Además, la cadena autonómica ha asegurado distribuiría la señal gratis a los medios de comunicación que así lo quieran.

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha asegurado hoy que el 4 de mayo se elige algo más que el gobierno de Madrid. En su opinión, «es el momento» de «plantar cara a los pregoneros del odio» y elegir igualdad frente a exclusión.

Así lo ha asegurado la dirigente socialista durante un acto en la sede del PSOE para conmemorar que mañana es el día del pueblo gitano. Durante su intervención, que cerraba el evento, se ha referido a las elecciones del próximo 4 de mayo en la comunidad de Madrid para afirmar que ese día, además del Gobierno de esta región «se decide mucho más».

Según la Portavoz socialista, en las elecciones autonómicas se decide «entre la exclusión que quiere la extrema derecha o la igualdad, entre levantar muros o tejer comunidad, entre confrontación o encuentro, honestidad y corrupción, entre futuro para todos o volver a lo más oscuro de ese pasado injusticia y desigualdad que con tanto esfuerzo estamos consiguiendo desterrar».

Según Adriana Lastra, hoy vuelve a ser necesario «plantar cara a los pregoneros del odio». En este punto, se ha referido al himno de los gitanos para asegurar, como dice ese texto, que «ahora es el momento» de dar un paso adelante, de escuchar y de parar a la «extrema derecha del odio» y a la derecha, de la que asegura que cada vez más extrema» porque abre la puerta a la primera, se pone a su servicio y le entrega las instituciones.

En este sentido, y refiriéndose al primer congreso que celebraron los gitanos en Londres hace 50 años, ha asegurado que hoy como entonces «vuelve a ser necesario levantar la voz y dar un paso adelante».

Pero ha afirmado que, a diferencia de entonces, a diferencia del 8 de abril de hace cinco décadas, ahora son «millones» los que reocrren con los gitanos el camino de la libertad y de la Justicia.

Por ello, ha reclamado que el 4 de mayo sean millones quienes llenen las urnas de «dignidad y justicia».

Este acto ha sido inaugurado por la vicepresidenta primera del Gobierno y miembro, Carmen Calvo, quien también se ha referido a la derecha para aseagurar que «cacarea» la bandera de la libertad, pero que para lograrla lo importante es lo que defiende el PSOE, que es la igualdad. «Este es el partido que se juega la libertad a través de la igualdad», ha precisado.

Francisco Álvarez presentará este jueves su cese como consejero de Empleo, Investigación y Universidades, cargo que ostenta desde hace tres semanas, para ser portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, partido del que fue expulsado, en la Asamblea regional de Murcia.

El anuncio de dimisión ha sido trasladado por Álvarez este mismo miércoles a los diputados de Cs, en una reunión en la que además ha expuesto el nuevo organigrama del Grupo Parlamentario, según el cual él ocupará la presidencia de casi todas las comisiones.

Cabe recordar que Álvarez es uno de los diputados, junto con Isabel Franco y Valle Miguélez, que votaron en contra de la moción de censura presentada por su partido, Cs, y el PSOE, para desbancar al PP del Gobierno regional.

Tras su rechazo a la iniciativa, los tres parlamentarios fueron expulsados por la formación liderada por Inés Arrimadas, y días después, nombrados consejeros: Álvarez de Empleo, Investigación y Universidades y Miguélez de Empresa, Industria y Portavocía. Franco, por su parte, continuó al frente de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social.

Ana Martínez Vidal, coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región, parlamentaria y defensora de la moción de censura, ha explicado tras la reunión, en declaraciones a los medios de comunicación, que Álvarez ha acudido a la reunión para informar del reparto de competencias en compañía de un notario.

«No nos han permitido ni hacer recesos; estaban en contra de que estudiáramos el nuevo reglamento», ha dicho la diputada, tras lo que ha asegurado que la actitud ha sido la de «no dar margen de maniobra» para poder estudiar la distribución, que Álvarez presentará este viernes de forma telemática.

En concreto, según el reparto de Álvarez –que ha recibido los votos favorables de Miguélez y Franco, la abstención de Alberto Castillo y el voto en contra de Ana Martínez Vidal y Juan José Molina– este será el presidente de todas las comisiones permanentes legislativas y de las comisiones especiales y de investigación. La vicepresidencia, por su parte, recae, según el asunto, en Valle Miguélez o Isabel Franco.

Los únicos puestos reservados para los todavía parlamentarios de Cs son la presidencia de la comisión no legislativa sobre Estatuto del Diputado, que ocupará previsiblemente Alberto Castillo, y de Peticiones y Defensa del Ciudadano, en la que la vicepresidencia será para Molina mientras Martínez Vidal será miembro.

Además, según Molina, Álvarez ha expuesto un reglamento sobre el funcionamiento del Grupo Parlamentario y «han hecho la misma jugada», es decir, se ha sometido a votación y ha salido adelante.

UN GRUPO «SECUESTRADO POR UN TRÁNSFUGA»

Martínez Vidal ha avanzado que los servicios jurídicos del partido ya estudian el reglamento presentado por Álvarez con la distribución de los cargos en las comisiones del Parlamento murciano, al objeto de presentar alegaciones este mismo jueves por la mañana.

En este sentido, ha reconocido que tiene «serias dudas jurídicas» porque, con este paso, el Grupo Parlamentario ha sido «secuestrado por un tránsfuga».

«Ellos han pedido que en el acta constara que no hubiera movimiento económico de las cuentas del partido», ha añadido la parlamentaria, quien ha insistido en que ha acudido a este encuentro «en son de paz» y con la disponibilidad de «llegar a acuerdos» en lo que respecta al reparto de comisiones.

Pero ellos –en referencia a Álvarez, Miguélez y Franco– «se han negado y únicamente aparecen ellos en todas las comisiones, lo que no es ni democrático ni justo», ha apuntado Martínez Vidal, para quien «el PP ha pasado de tener 16 diputados a 23 comprando voluntades».

Respecto a Alberto Castillo, también diputado de Cs y presidente de la Asamblea regional, Martínez Vidal ha asegurado que él «no veía problema» en el reparto, con lo que se ha abstenido en las votaciones de la distribución de presidencias y vicepresidencias de las comisiones.

«Tres exdiputados de Vox y cuatro de Cs, esto es una anomalía democrática, un esperpento, un espectáculo lamentable», ha añadido en referencia al apoyo del nuevo Ejecutivo murciano.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del Grupo Parlamentario, Juan José Molina: «Estamos viendo una situación absolutamente anómala de lo que son los parámetros propios del funcionamiento ético y democrático».

Para Molina, «tenemos un gobierno en el que la mitad de las consejerías están en manos de tránsfugas que ya no representan ni las siglas ni los valores ni los programas por los que han sido elegidos». «Solo se representan a sí mismos y a sus propios intereses», ha apostillado.

«El transfuguismo es una forma de corrupción, pero por desgracia sigue habiendo gente que da cobijo y amparo a estos tránsfugas», ha indicado, tras recalcar que esto pone en cuestión la legitimidad del Gobierno regional.

Asimismo, ha señalado que Álvarez, al igual que Franco y Miguélez, ya no pertenecen a Cs porque fueron expulsados, «y para justificar este tropelía se han inventado, ellos y el presidente Miras, un concepto nuevo, el partido tránsfuga», conformado por gente que «se pasa por el forro lo que firma».

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha asegurado que el plan de incrementos de impuestos que tiene previsto aprobar el Ejecutivo de Joe Biden es «mutuamente beneficioso» para el país y las empresas.

«La reforma tributaria no es un juego de suma cero, con las empresas en un lado y el Gobierno en el otro. Hay políticas que son mutuamente beneficiosas, auténticos ‘win-win’. Washington tiene una enfrente ahora mismo», ha asegurado Yellen en una tribuna publicada en el diario ‘The Wall Street Journal’.

La expresidenta de la Fed ha argumentado a favor de los incrementos de impuestos no solamente por son necesarios para financiar el plan de inversiones en infraestructuras y empleos de Biden, sino porque la rebaja de impuestos aprobada por Donald Trump no ha logrado generar el incremento en las inversiones que prometían sus defensores.

«Al elegir competir en impuestos, nos hemos negado a competir en la capacidad de nuestros trabajadores y en la fortaleza de nuestra infraestructura. Es una competición autoderrotista, y ni el presidente Biden ni yo estamos interesados en participar más en ella», ha proseguido Yellen.

En paralelo, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos ha publicado este miércoles un informe detallando las subidas de impuestos previstas por el Ejecutivo para financiar el plan de inversiones y para incrementar los ingresos tributarios.

Además de incluir un alza en el Impuesto sobre Sociedades de siete puntos, hasta el 28%, también contempla un tipo mínimo efectivo del 15% sobre los beneficios después de impuestos declarados en las cuentas de resultados consolidadas.

Entre las medidas que incluye la nueva reforma tributaria también está una reducción de incentivos para la inversión en el extranjero y para la derivación de beneficios, así como reemplazar los subsidios para combustibles fósiles con incentivos para la producción de energía limpia.

La Policía Nacional ha cargado esta tarde contra los vecinos de Vallecas congregados en la zona cercana a la plaza de la Constitución, conocida como la ‘Plaza Roja’ de Vallecas, en el arranque del acto de campaña de Vox.

La actuación policial ha tenido lugar después de enfrentamientos verbales entre vecinos y simpatizantes de Vox, con acusaciones de fascistas respondidas por consignas alentado a los miembros de la formación de Santiago Abascal al grito de ‘presidente’ y ‘presidenta’.

Además del intercambio de gritos, alguno de los congregados ha lanzado objetos que han superado el cordón policial y ha impactado contra algún miembro de Vox. La intervención de los antidisturbios ha sido contundente y ha llevado a carreras y a la dispersión de los congregados, que posteriormente han recuperado su posición.

Pasadas las 18.30 horas se han producido los primeros gritos de ‘Aquí están los antifascistas’ o ‘Fuera fascistas de nuestros barrios’ por parte de los vecinos ante la llegada al lugar del primer miembro de Vox, el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith.

Centenares de vecinos han rodeado la Plaza Roja de Vallecas frente a un cordón policial que impedía llegar hasta el lugar central de la misma donde se ubicaban los miembros y simpatizantes de Vox, a los que han recibido con gritos de ‘Madrid será la tumba del fascismo’ o ‘Fuera fascistas de nuestros barrios’.

Por su parte, los simpatizantes de Vox han portado banderas y simbología con la enseña nacional y carteles en los que se podía leer ‘barrios seguros’.

Ambos grupos han estado separados en todo momento por un cordón de seguridad de agentes de la Policía Nacional para evitar el enfrenamiento. Al lugar se ha desplazado un importante número de efectivos de los antidisturbios y se ha desplegado un fuerte dispositivo en la zona, que en los momentos previos ha llevado a cabo controles de identificación.

Los vecinos de Vallecas estaban llamados a congregarse a las 18.00 horas en la conocida como ‘Plaza del Nica’, en la calle Arroyo del Olivar, con la intención de terminar uniéndose todos en la ‘Plaza Roja’ ante el acto de campaña de Vox previsto para las 19.30 horas con la participación de la candidata a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y el líder nacional de la formación y director de campaña, Santiago Abascal.

Muchos de ellos han portado pancartas contra el fascismo como ‘Nativa o Extranjera, la misma clase obrera. ¡Fuera fascistas de nuestros barrios’, del Sindicato de Estudiantes, o ‘Vallecas para todas. Vallekas Antifa’, del colectivo feminista, y se han visto también banderas republicanas.

Diversas organizaciones y colectivos de Vallecas han llamado a los vecinos del distrito a movilizarse pacíficamente para mostrar su rechazo a la presencia de Vox en el barrio. Entre otros, el llamamiento ha sido secundado por colectivos como ‘Vallekas Antifa’, ‘Bukaneros’ o ‘Vallekas se defiende’, que han colcado un cartel en el lugar del evento en el que se puede leer ‘Fuera fascistas de nuestros barrios’ u otros por el barrio de ‘Pintando esta pancarta ya hemos trabajado más que tú’, en referencia a Abascal.

Precisamente, Vox ha denunciado ante la Junta Electoral Central y la Delegación del Gobierno de Madrid las llamadas a «boicotear» el acto, citándo expresamente al colectivo ‘Bukaneros, y ha pedido que se garantice su seguridad y derecho a realizar actividades políticas.

La Delegación de Gobierno ha autorizado a la formación a concentrarse manteniendo la distancia de seguridad y cumpliendo con las normas sanitarias, después de que Vox solicitara la celebración del acto al Ayuntamiento de la capital «fuera de plazo».

El presidente del PP-A y presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha subrayado que «no habrá recuperación en España sin la recuperación de Andalucía», por lo que ha apremiado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a asumir que «no hay otra prioridad ahora mismo que no sea buscar, solicitar, comprar y traer a las comunidades autónomas todas las vacunas posibles» para así «seguir salvando vidas y poder encarar la recuperación económica».

Moreno ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la reunión del Consejo de Alcaldes del PP de Cádiz, donde ha querido además mandar un mensaje optimista. Así, ha afirmado que «Andalucía tiene capacidad y talento de sobra para salir de la crisis, y tiene un gobierno en la Junta capaz de accionar todo ese potencial y poner en marcha cosas que parecían imposibles».

En este sentido, ha señalado que, si bien históricamente «cuando la economía española se resfriaba, en Andalucía la crisis económica se convertía en una pulmonía, ahora nos encontramos ante datos significativos que ponen de manifiesto que la economía andaluza es más fuerte y cae menos que la media nacional, como demuestran los últimos datos de empleo. «Quién nos iba a decir que en plena caída de la economía española Andalucía iba a generar empleo», ha añadido.

Moreno ha valorado los acuerdos alcanzados con los agentes sociales y las instituciones en el marco de la Alianza por Andalucía a iniciativa del Gobierno andaluz, y especialmente el Plan de Recuperación puesto en marcha recientemente con una dotación de más de 700 millones de euros, que permitirá que «a partir de este mes empiecen a recibir ayudas directas los comerciantes, el sector de la restauración y de la hostelería, y otros sectores afectados».

Además, ha tenido un reconocimiento especial para el «apoyo fundamental de los ayuntamientos de todos los colores políticos» y de los servicios municipales para gestionar la pandemia. «La gestión de la catástrofe no hubiese sido posible sin la colaboración de los alcaldes, de las alcaldesas, policías locales, servicios municipales de limpieza, operativos sociales locales; trabajando codo con codo y demostrando un compromiso común en la lucha contra la pandemia», ha afirmado.

Moreno ha recordado que los ayuntamientos «llegan donde no lo hace la Administración andaluza ni el Gobierno de la nación, y se convierten en el escalón institucional más débil cuando faltan recursos y se les asfixia económicamente».

En este sentido, el presidente del PP andaluz y presidente de la Junta aseguró que los fondos Next Generation de la UE «tienen que pasar por los ayuntamientos para que sean los protagonistas de la recuperación».

Juanma Moreno ha recordado que el Gobierno andaluz «está actuando en solitario» para facilitar la financiación extraordinaria de los ayuntamientos y ayudar a los municipios en la lucha contra el covid. Así, ha recordado que se ha reducido «la deuda que dejaron los gobiernos socialistas con los ayuntamientos», que ha pasado de 180 millones a 19 millones.

Del mismo modo, ha apuntado el incremento en 60 millones más desde 2019 de la Patrica que permanecía congelada desde hace diez años; y los 1.578 millones de euros del Plan de Cooperación Municipal para 2021, «la mayor cantidad de financiación incondicionada con la han contado los ayuntamientos en su historia».

«Hemos aumentado desde el Gobierno andaluz las transferencias con casi 670 millones de euros; ayudas extraordinarias para los municipios más pequeños por más de 10 millones de euros; más de siete millones para financiar servicios públicos locales, así como un nuevo plan de ayudas para municipios de menos de 20.000 habitantes», ha recordado.

Además, Moreno ha destacado la «exquisita lealtad» de Andalucía con el Gobierno de España, aunque ha afirmado que sin los recursos suficientes es como «ir con el freno de mano echado» para lograr la recuperación. Así, ha manifestado que los 2.300 millones de euros que recibió Andalucía en 2020 «están muy lejos de lo que nos corresponde», y ha recordado que «en lo que va de 2021 Andalucía ha recibido cero euros de fondos covid del Gobierno de España para la recuperación».

«No quiero quitarle ni un céntimo de euros a ningún otro español de otra comunidad autónoma, pero Andalucía debe ser tratada como le corresponde», ha subrayado.

Finalmente, el presidente del PP andaluz y presidente de la Junta ha pedido a Sánchez «lealtad, sensatez y justicia con nuestra tierra» y ha asegurado que el Gobierno andaluz «no va a parar de luchar para que Andalucía reciba lo que le corresponde».

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), José Carlos Gómez Villamandos, se ha reunido este miércoles con el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, para abordar los problemas más urgentes que afectan a la investigación que se realiza en las universidades, que representa el 70% del total de la ciencia española.

Acompañado por el vicepresidente de Crue, Francisco Mora; el presidente de Crue I+D+i, Rafael Garesse; y por el miembro del Comité Permanente, Juan Romo, Gómez Villamandos ha insistido a Duque en la necesidad de dotar a las universidades españolas de mecanismos adecuados para poder competir en igualdad de condiciones con las mejores universidades europeas.

En el encuentro mantenido con el ministro, se ha puesto sobre la mesa el «grave problema» que supone la excesiva carga burocrática que deben asumir los investigadores y la necesidad de simplificar y agilizar todos los trámites de gestión relativos a la misma.

Asimismo, se ha pedido al ministro que se solucione el colapso burocrático en el que se encuentran las unidades de gestión de la investigación de las universidades españolas debido a las complejas y poco planificables auditorías a las que están siendo sometidas.

Los rectores le han trasladado también su preocupación por la situación en la que se encuentra el sistema de Ciencia e Innovación en España, que considera «muy castigado» debido a «años de recortes que aún no se han revertido en su totalidad», y le han trasladado también la necesidad de apoyar institucionalmente la investigación en las universidades e iniciar reformas urgentes que frenen la fuga de talento hacia otros sistemas universitarios.

Además, la delegación de Crue ha subrayado la importancia de que el modelo de carrera científica sea equivalente para las universidades y los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), de tal modo que se aumente el dinamismo y la movilidad de los científicos en un sistema español de I+D+I que califican como «excesivamente rígido».

También, han resaltado la importancia de la transferencia del conocimiento a la sociedad, que debe contar con instrumentos adecuados y personal altamente cualificado.

TENURE TRACK

Por su parte, Duque ha afirmado que buscará soluciones que permitan racionalizar la justificación administrativa de los proyectos de investigación y ha asegurado, según Crue, que el primer objetivo de la reforma de la Ley de la Ciencia que ha iniciado su Departamento es conseguir una carrera científica atractiva, predecible y estable para todo el sistema científico español que permita atraer y retener el talento.

En este sentido, el ministro ha insistido en su intención de modernizar la contratación de empleados públicos y reducir la precariedad y la temporalidad de los científicos en España, según indican los rectores.

Desde el Ministerio se ha propuesto, entre otras medidas, la creación de un modelo de contratación tipo ‘tenure track’, con una contratación fija sujeta a evaluación externa, al tiempo que se orientan y refuerzan las políticas de atracción del talento con más y mejores contratos en la fase posdoctoral inicial y con ayudas a esos contratados ‘tenure track’ para la proyección y consolidación de sus proyectos científicos.

El líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, considera «un despropósito» que el Gobierno de Pedro Sánchez asegure que Plus Ultra es una empresa estratégica para justificar así la ayuda que ha concedido a esta aerolínea por importe de 53 millones de euros.

«El Gobierno insiste, hoy la ministra, en considerar estratégica una empresa que tiene un 0,1% de cuota de mercado y que no está entre las 30 aerolíneas más grandes de España. Me parece un despropósito», ha dicho en declaraciones a Radio Inter.

Se ha referido de esta manera a la contestación que ha dado este miércoles la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, sobre la denuncia que Garicano ha presentado ante la Comisión Europea por la concesión de la ayuda a Plus Ultra.

GARICANO CREE QUE BRUSELAS LO INVESTIGARÁ

Montero asegura que es una decisión «absolutamente legal» y que la compañía cumple todos los requisitos, por lo que cree que Bruselas no va a poner problemas a España, y el eurodiputado sostiene que, tras su denuncia, las autoridades europeas «no van a tener más remedio» que investigar este asunto.

Según ha indicado Garicano, la regulación europea permite dar una autorización excepcional a un Estado miembro para que conceda una ayuda a una empresa frente al impacto de la crisis del coronavirus siempre que ésta tenga un carácter estratégico y que no esté en pérdidas.

Aparte de subrayar que no se trata de una empresa estratégica, ha destacado que Plus Ultra «lleva en pérdidas cinco años, desde que la crearon», que es «una aerolínea extranjera con propietarios que están en Panamá» y que solo cuenta con un avión.

En declaraciones a Telemadrid, ha añadido que, para recibir la ayuda, la compañía debía demostrar que tendría viabilidad económica si no fuera por los efectos de la pandemia, y en el caso de Plus Ultra está claro que «no es viable de ninguna manera».

RAZONES «INCONFESABLES» RELACIONADAS CON VENEZUELA

Por tanto, «no hay ninguna razón confesable» para que el Gobierno de España pretenda rescatar a esta aerolínea con 53 millones de euros, según el eurodiputado, que se ha preguntado cuáles son los motivos «inconfesables», ya que ni Montero ni ningún otro ministro ha dado una explicación «convincente».

Tras señalar que la única ruta aérea que realiza Plus Ultra es la que une Madrid con Caracas, ha señalado que el régimen de Nicolás Maduro «tiene algunas relaciones especiales, poco confesables, con algunos elementos del Gobierno de España», en alusión a Unidas Podemos. «Sinceramente, es la única explicación que se me ocurre», ha dicho en Radio Inter.

El jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha advertido de que dar ayudas públicas que «no tienen sentido» es algo que genera «preocupación» en Bruselas por a cómo va a emplear España los fondos europeos que está previsto que reciba para afrontar la recuperación económica tras la pandemia y, por tanto, «pone en riesgo» esas ayudas.

«La Comisión Europea tiene un interés extremo ahora en cómo hace España las cosas porque nos van a desembolsar un cheque de 70.000 millones de euros. Cuando el Gobierno de España retira los controles que tenía, introduce un real decreto que le permite dar el dinero como quiera y, a la vez, hace estas cosas, la Comisión se va a tener que plantear mucho, antes de darnos las ayudas europeas, si somos de fiar», ha manifestado.

Organizaciones peatonales han reclamado este miércoles una ley de movilidad sostenible «capaz de resolver los problemas cotidianos de la gente generados por el tráfico de ciudad y la invasión del espacio peatonal».

«Los efectos devastadores de las ciudades diseñadas por y para el tráfico motorizado nos matan, nos acortan la vida y nos hacen enfermar», ha argumentado la Coordinadora Andando con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud.

En un comunicado, la organización ha defendido que «la solución es sencilla» y pasa por «potenciar el cambio modal hacia el caminar».

Para ello, la Coordinadora Andando ha apuntado que hay que restringir el tráfico.

En este sentido, ha defendido el mantenimiento del «tráfico necesario, la carga y descarga, uso de personas con movilidad reducida, transporte público, servicios de emergencia, etcétera.

Al mismo tiempo, consideran necesario «hacer que las bicicletas sean las protagonistas de la calzada junto con el transporte público, ensanchar las aceras, hacer calles con arbolados y más zonas verdes».

De esta forma conseguimos incentivar los viajes a pie y tener espacios para otros usos, como el juego en la calle, reuniones sociales, la estancia, el paseo, el deporte, etc, más allá de los desplazamientos y el consumo en las terrazas», ha argumentado.

Tras analizar el borrador del anteproyecto de Ley de movilidad sostenible y financiación del transporte, la Coordinadora se pregunta qué medidas se van a implementar para evitar los atropellos mortales en las ciudades; si los menores podrán ir al colegio sin compañía de un adulto; o cómo se luchará contra el sedentarismo y la obesidad infantil, entre otras cuestiones.

«Si queremos ser una sociedad moderna y avanzada, tal vez, habría que poner el foco en si tenemos las necesidades más básicas cubiertas, o dicho de otro modo, si se respetan o no los derechos fundamentales como el derecho a la salud y a la integridad física», ha planteado la organización.

Finalmente, ha insistido en que no hacen falta coches autónomos, sino «personas autónomas que no dependan de ningún vehículo». «Terminaremos recordando a los poderes públicos y responsables políticos que cuando pensamos en el futuro, no podemos hacerlo sin pensar en qué ciudades queremos para nuestros hijos. Seguro que todos coincidiremos en decir que ‘la salud, es lo primero'», ha concluido.

El Gobierno ha dado el visto al Ministerio de Defensa para una reprogramación de pagos que le permita contar con recursos para hacer frente al sostenimiento del material del que disponen las Fuerzas Armadas.

Así lo ha revelado la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, en una comparecencia en el Senado, donde ha reconocido las dificultades que tiene el Ministerio para hacer frente a todas las necesidades con el presupuesto actual pese a que, según ha asegurado, la aprobación de las cuentas públicas para 2021 ha dado algo de aire al Departamento tras las prórrogas presupuestarias de los dos últimos ejercicios.

De hecho, Casteleiro ha asegurado que el Ministerio de Defensa ya tiene comprometidos todos los créditos disponibles para grandes programas de armamento hasta el año 2028, aunque busca financiación a través de otras vías, como fondos europeos o de financiación dual.

El sostenimiento de los recursos disponibles en las Fuerzas Armadas es uno de los grandes problemas que debe afrontar el Ministerio y la ‘número dos’ de Defensa ha informado de que el Gobierno ha dado el visto bueno a una reprogramación de pagos que les permita disponer de más recursos.

En una comparecencia en el Congreso el pasado mes de noviembre con motivo del proyecto de PGE, el entonces Jefe de Estado de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Villarroya, ya advirtió de que la dotación concedida al Ministerio de Defensa, pese a su subida del 4,6 por ciento, era insuficiente para atender a todas sus necesidades, como el necesario adiestramiento de sus efectivos o el mantenimiento del material disponible.

Según detalló, durante el año 2020 solo pudieron ser atendidas un 51 por ciento de las operaciones de mantenimiento necesarias, lejos del 70 por ciento que se había establecido como mínimo para atender las emergencias. Esto ha supuesto que las Fuerzas Armadas dispongan de un «alto porcentaje» de materiales inmovilizados «por falta recursos».

LA UME NO SE INSTALARÁ EN CEUTA Y MELILLA

Otro de los asuntos que no pueden ser abordados actualmente debido a la falta de recursos es la ampliación de destacamentos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), como ha pedido la senadora de Vox, Yolanda Melero, que ha reclamado el establecimiento de destacamentos permanentes en Ceuta y Melilla.

La secretaria de Estado ha reconocido que esa opción no es posible actualmente y ha asegurado que los destacamentos de la UME están repartidos por diferentes zonas del territorio atendiendo a las posibilidades de recursos y garantizando su traslado a cualquier región que necesite sus servicios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado este miércoles a Angola en el marco de una gira africana que le llevará también a Senegal y que busca principalmente explorar nuevas oportunidades de negocio para las empresas españolas, de ahí que le acompañe un nutrido grupo de empresarios de distintos sectores.

La visita a Angola es la primera de un presidente del Gobierno tras la realizada en 1992 por Felipe González. Mariano Rajoy tuvo que cancelar su viaje en 2018 tan solo 48 horas antes a raíz de la detención en Alemania del expresidente catalán Carles Puigdemont.

La agenda oficial arrancará a primera hora del jueves con el Foro empresarial España-Angola. Sánchez ha viajado acompañado por empresarios de Elecnor, AEE Power, Airbus, TSK, Riu, Globaltec Desarrollos e Ingeniería, Redondo y García, Impulso, Grupo Agem Ingeniería y Proyectos, así como la Cámara de Comercio y la CEOE.

El objetivo del encuentro, según Moncloa, es impulsar la entrada de empresas españolas en la economía angoleña, aprovechando el programa de diversificación económica que ha puesto en marcha el Gobierno de este país africano para reducir su dependencia del petróleo.

A continuación se reunirá con el presidente angoleño, Joao Lourenço, con quien mantendrá un almuerzo y realizará una declaración institucional. España y Angola están trabajando para cerrar un acuerdo de transporte aéreo, así como tres memorandos sobre pesca, agricultura e industria, que procederán a firmar ambos mandatarios, según fuentes gubernamentales.

Además del plano económico, el Gobierno considera a Angola un actor muy constructivo para la estabilización de los conflictos y tensiones del continente, por lo que espera poder estrechar los lazos de cooperación para reforzar la seguridad marítima, especialmente en el golfo de Guinea. Según Moncloa, este país ha ganado peso y credibilidad en el ámbito regional y goza del respeto de países de su entorno y de una creciente capacidad de influencia.

Por ello, Sánchez ha querido situar a Angola como uno de los países prioritarios dentro del programa Foco África 2023, y ponerlo de manifiesto con esta visita oficial.

OTRAS VISITAS EN LA AGENDA

Tras concluir su agenda institucional, Sánchez visitará el Colegio Salesiano Don Bosco, impulsado por un misionero español, que se dedica a la alfabetización, formación profesional y formación de menores en situación de riesgo. Además, su método educativo ha sido usado por las autoridades angoleñas para configurar su propio plan de alfabetización.

Desde Misiones Salesianas explican que el centro, ubicado en el barrio de Lixeira, uno de los más desfavorecidos, cuenta con 6.000 alumnos desde infantil hasta formación profesional.

Inicialmente, los misioneros salesianos establecieron a su llegada a Lixeira en 1996 pequeñas escuelas. Posteriormente, en 2003, gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a la Cooperación portuguesa se construyó el actual centro.

El presidente completará el viaje a Angola visitando la subestación eléctrica de Elecnor en Luanda, donde se están desarrollando «proyectos de importantísimo calado en el desarrollo del país», según fuentes gubernamentales.

Tanto Angola como Senegal, que Sánchez visitará el viernes, son dos países «prioritarios» para el Gobierno desde el punto de vista económico y también político y social, por sus perspectivas de crecimiento y su influencia estratégica en el continente africano, según señala Moncloa.

El presidente del Gobierno defendió durante la presentación del Foco África 2023 hace unos días que la presencia empresarial y la inversión española en el continente es aún una «asignatura pendiente» pese a que «la estabilidad y prosperidad de África será la estabilidad y prosperidad de España.

Los grupos parlamentarios siguen negociando la posibilidad de elevar en 2023 los objetivos de ambición climática de España en el texto del proyecto de ley de cambio climático y transición energética que aprobará este jueves la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Congreso de los Diputados.

El debate de la ley llega después de más de nueve meses desde que el proyecto entró en la Cámara Baja y tras celebrarse cuatro sesiones de la ponencia que ha negociado el articulado del texto. La Comisión cuenta con competencia legislativa plena, de modo que el texto que se apruebe será remitido directamente al Senado para continuar son su tramitación parlamentaria, sin necesidad de debatirlo en el pleno del Congreso.

En el Senado cuenta con carácter de tramitación de urgencia, de modo que en este mismo mes de abril España podría contar con su primera ley de cambio climático, seis años después de la firma del Acuerdo del Clima de París.

El texto del Gobierno ha sido modificado ya en el trámite de Ponencia con emiendas a todos sus artículos, un total de 36, aunque todavía llegan vivas al debate en Comisión numerosas enmiendas. En total, se presentaron casi 800. De momento, el texto cuenta con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV y Teruel Existe, pero los socios de Gobierno, socialistas y ‘morados’, manifestaron que quieren recabar un apoyo «mayoritario».

En ese marco, desde Unidas Podemos han confirmado la voluntad de lograr un acuerdo para que los objetivos de la ley se revisen al alza, pero no ahora sino en 2023, apenas dos años después de su entrada en vigor.

Con ello, se satisfaría a los grupos que, como Más País Verdes-Equo consideran que la ley nace con una ambición climática insuficiente. Este martes, durante la rueda de prensa de portavoces, la diputada Inés Sabanés –ponente de la ley– exigió elevar el objetivo para 2030 de reducción de emisiones de CO2 hasta un 40 por ciento, frente al 23 por ciento pactado, aunque admitió que el grupo se conformaría con aumentar al «entorno del 30 por ciento» la rebaja de emisiones de CO2 respecto a 1990 para esa fecha. Así, aseguró que lo intentaría «hasta el último instante» de la tramitación parlamentaria.

En concreto, el proyecto contempla con el horizonte de 2030 una reducción de las emisiones de CO2 del 23 por ciento; una penetración de renovables en el consumo final de energía del 42 por ciento; un 74 por ciento de renovables en el conjunto del sistema eléctrico y un objetivo de eficiencia energética del 39,5 por ciento.

Por otro lado, el diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde expuso justo antes del parón de Semana Santa que todos los grupos han «enriquecido» la ley pero que existía la voluntad de introducir además en el artículo 19 del texto una mejora para dar garantías a la armonización y el desarrollo económico de las zonas receptoras de centrales de energías renovables de modo que se respeten los valores ambientales del territorio.

Es decir, que se estudiarán las zonas donde se desplegarán las renovables para garantizar el respeto a la biodiversidad y en particular a la fauna. Esta petición atendería a la solicitud de varias organizaciones ambientales y en particular de SEO/BirdLife, según han apuntado fuentes parlamentarias.

Por su parte, el PP no espera «grandes cambios» en el texto durante su debate de este jueves, ya que el texto cuenta con mayoría, pues fue aprobado con los votos de PSOE, UP, ERC, EH-BILDU, ERC, PNV y Teruel Existe. Su ponente, Diego Gago, ha indicado que le hubiera gustado una mayor capacidad de diálogo por parte del Gobierno en esta primera fase de tramitación parlamentaria.

No obstante, el ponente popular presentará este jueves una transaccional al artículo 18 por la que quiere excluir los puntos 3 y 4, que supondría entre otros, según los populares, perjuicios a instalaciones en la costa, como por ejemplo a empresas del sector acuícola. «Vamos a intentarlo», ha manifestado, aunque recuerda que esta enmienda ya se votó en la ponencia y fue rechazada.

El diputado de ERC Joan Capdevila, por su parte, ha indicado que también sigue negociando con el PSOE una transacción al artículo 12 que estaría dirigida al que las zonas de bajas emisiones, obligatorias para municipios de 50.000 habitantes, reduzcan su límite y se establezcan en zonas de más de 20.000 ciudadanos. Si bien, los republicanos admitirían fijar un punto intermedio en el número de habitantes necesario para las zonas de bajas emisiones o bien condicionarlo a las distintas situaciones previstas por la Ley de Calidad del Aire.

Este miércoles por la mañana, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha celebrado que «si no hay sorpresas» el proyecto de ley de cambio climático y transición energética saldrá este jueves «del Congreso al Senado» para ultimar su tramitación legislativa en el Parlamento antes de su aprobación con unos objetivos que están «por encima» de los marcados por la Unión Europea.

La ministra ha reclamado un «reconocimiento a todos los grupos parlamentarios y sociales que han ido contribuyendo a esta norma» en la que afirma que se han introducido objetivos «por encima de lo que marcaba la Unión Europea», cuando fijó un objetivo de reducir las emisiones en 2030 en un 40 por ciento porque el Gobierno sabía que «iba a ser necesario avanzar más» y porque era «lo inteligente» desde el punto de vista de transformación del modelo productivo hacia una economía descarbonizada.

«En las tres referencias cuantificadas en el ámbito europeo, nos movemos por encima de los objetivos», ha defendido la ministra, que ha citado tanto el anterior escenario comprometido del menos 40 por ciento de emisiones de CO2 cuantificadas en el conjunto de la Unión Europea, como del posterior objetivo elevado de reducir estas emisiones en un 55 por ciento para 2030.

A su juicio, la norma permitirá acometer la transición ecológica necesaria para descarbonizar la economía de aquí a 2050.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acuerda la extradición de un ciudadano de nacionalidad colombiana reclamado por supuestamente ordenar el asesinato de su pareja, pero deja en suspenso la ejecución de la entrega a la espera de conocer si la Subdirección General de Protección Internacional le concede asilo por ser militante del partido conservador.

En un auto con fecha de 25 de marzo, la Sala da trámite a la petición de Colombia de extraditar a este hombre, de 40 años de edad, que permanece en prisión provisional en España por esta causa desde septiembre de 2020, cuando fue detenido por la Policía porque pesaba sobre él una orden internacional de detención.

Según el relato de los hechos aportado por las autoridades colombianas, en febrero de 2019 la víctima, Luz Helena Benalcazar, viajaba en un autobús del servicio público cuando fue asesinada con arma de fuego por un sujeto que posteriormente declaró ante la Policía que había sido contratado para asesinarla.

El autor material confesó que la persona a la que ahora se extradita le abonó la cantidad de 500.000 pesos y le entregó una pistola para que realizara el asesinato. El móvil del ataque «fueron los celos en razón a que ella tenía otra pareja», dice el escrito de las autoridades colombianas, por lo que se trataría de un crimen machista.

EL PROCESO DE EXTRADICIÓN

En la vista extradicional, que se celebró en presencia del reclamado y de su abogado, además del Ministerio Fiscal, se opusieron a su entrega, mientras que los fiscales abogaron por entregarle a las autoridades colombianas dado que se cumple en este caso el requisito de doble incriminación –delito perseguido en ambos países–, el mínimo punitivo exigido (un año) y que los hechos no está prescritos.

La defensa se apoyó para evitar la extradición en la presunción de inocencia de su defendido y en que no procede la entrega dado que ya se había solicitado refugio y asilo cuando llegó a España por las amenazas que sufría en Colombia. Además apuntaron que el autor material confesó contra él a cambio de una importante rebaja de la pena.

En los fundamentos de derecho, la Sala indica que los hechos por los que se le reclama constituyen en Colombia un delito de femenicidio agravado en concurso heterogéneo con el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y recalcan que está castigado con penas privativas de libertad que van de los 500 a los 600 meses (más de 40 años).

«ALEJADO DE CONNOTACIÓN POLÍTICA»

Y detalla que se cumple con los requisitos del Convenio de Extradición con Colombia: Carece de nacionalidad española, no ha sido juzgado por este asunto, se trata de un delito común «alejado de connotación política» y no se advierte motivación espuria en la reclamación.

Al hilo, recuerdan que el hecho de que el detenido fuera candidato a la alcaldía de la ciudad de Florida Palmira y que fuera militante activo para combatir el narcotráfico no guarda relación con los hechos que se le imputan, y que consistieron en pagar a un sicario para que matara a la mujer con la que había tenido una relación afectiva en el marco de una disputa por la custodia de un menor.

A pesar de echar por tierra todas las alegaciones de la defensa, la Sala indica que dado que solicitó asilo en julio de 2019 y puesto que el expediente está en fase de instrucción, sólo se puede determinar la suspensión de la entrega hasta la resolución de esa petición de asilo.

El Castillo de Peñíscola ha experimentado esta Pascua un importante ascenso en el número de accesos al recinto fortificado hasta el punto de lograr cifras próximas a las que disfrutaba antes de la crisis pandémica. En los cuatro días festivos, de viernes a lunes, han recorrido las estancias papales 7.251 personas, un dato no tan lejano de las 8.378 que lo hicieron en el mismo periodo vacacional de 2019, según ha informado la Diputación en un comunicado.

Esta compilación de números refleja, en palabras de la diputada Ruth Sanz, la progresiva recuperación del turismo en la provincia. «Estamos hablando de cifras muy positivas», ha dicho. «Las restricciones han servido para que los propios castellonenses descubran los encantos que atesora nuestra tierra, lo que deja entrever un verano de ‘aforo completo’ cuando por fin se recupere la libre movilidad por todo el territorio», ha dicho.

Con el foco fijado en incrementar el turismo interno, y no solo ahora, sino también a lo largo del año, el área de Cultura está trabajando en varias vías de promoción del castillo peñiscolano, que desde hace cerca de un siglo disfruta de la distinción de Monumento Histórico y Artístico Nacional. Una de ellas, según ha avanzado este miércoles Sanz, irá encaminada a despertar el interés de la población joven castellonense por el castillo-palacio del Papa Luna «de una manera rompedora e inclusiva».

Será a través de una serie de ocho capítulos en la que se presentará la historia del castillo en inglés y lengua de signos. «Se trata de una herramienta didáctica muy interesante por su transversalidad, puesto que hemos concebido la serie, además de la lógica de promocionar el castillo, con el objetivo de que nuestra juventud mejore sus nociones idiomáticas y que todo el mundo tenga la oportunidad de disfrutarlo sin ninguna barrera de por medio», ha asegurado refiriéndose a las personas sordo-mudas.

En cuanto a la temática de los vídeos, estos difunden las peripecias de un profesor de la Universidad de Saint Andrews, en Escocia, en sus largos viajes en el tiempo a Peñíscola. En ellas se muestra cómo ha cambiado la ciudad y su castillo a lo largo de los siglos y se presentan los personajes más relevantes que habitaron el palacio papal, así como los capítulos bélicos que ocurrieron en la ciudad.

Este material llegará en breve a los colegios de la provincia que estén interesados y a todas las asociaciones de personas sordo-mudas de Castellón. También se podrá consultar desde casa de forma totalmente gratuita a través de la web del castillo.

Ruth Sanz ha recordado que desde el portal web de la Diputación se puede disfrutar de una representación fidedigna de toda la fortaleza peñiscolana en 3D. «Esto permite disfrutar de una primera experiencia enriquecedora antes de que vengan a conocerlo en persona, porque si es espectacular pasearlo de forma virtual más aún lo es hacerlo en vivo y en directo», ha concluido.