El Consejo de Ministros otorgará, en su próxima reunión, la Medalla al Mérito Civil a los dos periodistas asesinados en Burkina Faso, David Beriain y Roberto Fraile, el pasado lunes.

Así lo ha anunciado Vicepresidencia del Gobierno a través de la red social Twitter, mensaje que ha compartido en su perfil la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación espera que la repatriación de Beriain y Fraile se complete este viernes con su llegada a España a bordo de un avión del Ejército del Aire, que aterrizará en Torrejón de Ardoz.

Los cadáveres llegaron el martes por la noche a Uagadugú y de los trámites de repatriación se está encargando la cónsul de España en Malí, encargada también de Burkina Faso, que se ha desplazado expresamente para ello a la capital burkinesa, según ha informado Exteriores.

En cuanto a las circunstancias en las que se produjo la muerte de ambos reporteros, que trabajaban en un documental sobre la lucha contra la caza furtiva en el país, el director general de Asuntos Consulares del Ministerio, Juan Duarte, ha preferido no pronunciarse, subrayando que aún es "un poco prematuro".

POSIBLE ATENTADO TERRORISTA

"Parece que es un atentado terrorista pero hay que ser muy prudente", ha sostenido, al tiempo que ha confiado en que en última instancia se llegue "a saber lo que ha pasado", aunque "no siempre es fácil".

Según ha indicado, por ahora la colaboración con las autoridades de Burkina Faso ha sido "excelente" y la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, habló anoche con su homólogo de este país y existe "la mejor predisposición para aclarar lo ocurrido".

Los dos periodistas formaban parte de un grupo de unas 40 personas con las que se perdió el contacto hacia las 15.30 horas del lunes en un parque natural situado en la frontera entre Burkina Faso y Benín, una "zona peligrosa por ser campo de operaciones de terroristas, cazadores furtivos y bandidos", según subrayó este martes González Laya.

Junto a ellos también fue asesinado el irlandés Rory Young, fundador de la ONG Chengeti Wildlife, que se encarga de entrenar a guardias para proteger la fauna salvaje en África frente a los cazadores furtivos. En el ataque, que el Gobierno burkinés ha atribuido a terroristas, también hubo otros tres heridos.

El objetivo del ataque fue una patrulla de las fuerzas de seguridad y durante el mismo los asaltantes se hicieron con diverso material, incluidas varias motos.

ATAQUE NO REIVINDICADO

Ningún grupo ha reivindicado oficialmente la autoría, si bien en redes sociales ha circulado un audio en el que un supuesto portavoz del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial de Al Qaeda en el Sahel, se atribuiría los hechos.

No obstante, expertos en yihadismo han puesto en tela de juicio esta reivindicación, toda vez que en el pasado los grupos terroristas han secuestrado a occidentales para usarlos como moneda de cambio y exigir cuantiosos rescates o la liberación de combatientes, por lo que no se entendería que en este caso los hubieran ejecutado.

Otras informaciones han apuntado a que su muerte podría haberse producido en el ataque inicial, si bien por el momento no hay una versión oficial de lo ocurrido.

El Libro de Familia en formato de papel dejará de expedirse a partir de este viernes 30 de abril y será sustituido por un registro individual que se abrirá a cada recién nacido, al que se asignará un código personal, y donde se inscribirán todos los hechos relativos a la identidad y estado civil, entre otros.

Así ocurrirá a partir de mañana, cuando entra en vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en secciones --nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales-- y crea un registro individual para cada persona.

La nueva norma establece que "se prescindirá del Libro de Familia --que pierde sentido dentro del modelo moderno que se ha configurado--" y, por ello, se prevé que en cada registro individual conste "una hoja o extracto en la que figuren los datos personales de la vida del individuo".

En dicho registro individual de cada persona, constarán los hechos y actos relativos a la identidad, estado civil y se anotarán, "continuada, sucesiva y cronológicamente", todos los hechos y actos que tengan acceso al Registro Civil.

A cada registro individual abierto con la primera inscripción que se practique se le asignará un código personal constituido por la secuencia alfanumérica que atribuya el sistema informático vigente para el documento nacional de identidad.

La ley también establece que la adquisición de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza y opción, así como su recuperación y las declaraciones de voluntad relativas a la vecindad, se inscribirán en el registro individual.

Asimismo, se inscribirán la emancipación y el beneficio de la mayor edad, los hechos que afecten a las relaciones paterno-filiales, la declaración judicial de modificación de la capacidad o la sujeción a la tutela por una entidad pública. También son inscribibles los actos relativos al patrimonio protegido de las personas con discapacidad. La inscripción de la defunción cerrará el registro individual.

MENOS DISCUSIONES DE PAREJAS

En cuanto a la supresión del Libro de Familia en formato de papel, los abogados de familia lo han valorado positivamente pues consideran que reducirá los motivos de discusión en las parejas.

"Tras un divorcio, el Libro de Familia se convertía en motivo de controversia porque las parejas se peleaban por tener el original. Con el nuevo formato, se podrá tener acceso a toda la información sin recurrir al Registro Civil para pedir un duplicado, un trámite que en ocasiones no resultaba sencillo", ha explicado la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), María Dolores Lozano.

Asimismo, desde la AEAFA señalan que el Libro de Familia tradicional generaba inconvenientes en determinadas gestiones, sobre todo de índole internacional, ya que los ciudadanos no suelen actualizarlo e incorporar los cambios que se producen en la familia, como son las defunciones o los divorcios.

Según explican los abogados de familia, este documento es esencial para cursar el DNI o pasaporte a un menor de edad, tramitar la baja maternal, dar de alta a los hijos en la cartilla de la Seguridad Social, empadronarse en el lugar de la residencia, solicitar plaza en una guardería o en un colegio público o concertado, pedir el paro o cobrar el subsidio cuando este se termina, firmar un contrato laboral o viajar con un bebé, entre otros.

Este documento tradicional, que expedía el Registro Civil y que existía en la práctica totalidad de los hogares españoles data desde más de un siglo y acreditaba las relaciones de parentesco en el núcleo familiar, entre padres e hijos y entre cónyuges.

Los Libros de Familia expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva ley seguirán teniendo los efectos previstos en los artículos 8 y 75 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, según precisa la ley.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez que instruye 'Tándem', Manuel García-Castellón, de no abrir una investigación sobre el contenido de los chats de los abogados de Podemos de los que, según la defensa del comisario José Manuel Villarejo, podría deducirse una supuesta connivencia con los fiscales anticorrupción del caso.

El auto, explica que el origen de esta resolución se haya en una providencia del Juzgado Central de Instrucción número 6 de octubre de 2020 en la que se denegaban las peticiones tanto de la defensa del comisario como del exdirectivo de Iberdrola Antonio Asenjo --imputado en el marco de la pieza separada 17 de Tándem, donde se investigan los 'encargos' de la eléctrica al comisario--.

En el escrito del letrado de Villarejo se interesaba pedir al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid la declaración prestada por el exabogado de la formación 'morada' José Manuel Calvente, mientras que la representación de Asenjo solicitaba la apertura de una pieza separada para el esclarecimiento de los hechos y la declaración de Calvente, entre otras.

La Sala indica que el objeto de ambos escritos era valorar la actuación del Ministerio Fiscal en la causa, y que el juez instructor no acordó lo que pedían ambos al entender que carecía "de facultades para interferir en la actuación y defensa de las partes".

Dado que el juez rechazó por auto también el recurso de reforma en diciembre de 2020, la defensa de Villarejo recurrió ante la Sala buscando que la providencia fuera revocada. Tras esto, se dio traslado a las partes, y el Ministerio Fiscal se opuso interesando su desestimación. Por su parte, Podemos impugnó el recurso y también solicitó su desestimación.

LA DILIGENCIA ERA "IMPROCEDENTE"

Ahora la Sala desestima el recurso del comisario en el que alegaba la "vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (...) en relación con el derecho a un juicio justo y a un proceso con todas las garantías".

Y el tribunal recuerda que el instructor en su providencia indica que esas diligencias que le pedían las partes tenían como objeto "valorar la actuación del Ministerio Fiscal", y que García-Castellón recordaba que eran improcedente para el esclarecimiento de los hechos investigados.

"Las diligencias interesadas son inútiles en cuanto absolutamente ajenas a los hechos objeto de investigación en la presente pieza separada", dijo el magistrado. Tesis que apoyó tanto la Fiscalía como Podemos al entender que las diligencias no eran útiles en la medida en que no guardaban ninguna relación con los hechos concretos de la pieza.

La Sala, para fundamentar su decisión, cita un auto de julio de 2013 de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia en el que se apunta que si bien la finalidad de las diligencias es determinar si los hechos ocurrieron, "y ello sólo es posible determinarlo tras la práctica de todas las diligencias de prueba pertinentes", esto "no significa que la instructora deba sin más practicar cuantas diligencias se le propongan".

"El deber del Juez de Instrucción no es agotar las posibilidades de investigación, sino evitar alargar innecesariamente el proceso, para salvaguardar los derechos del posible implicado", dice ese auto que recoge la Sala de lo Penal.

A este ejemplo suman también el auto de fecha de 17 de junio de 2016 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia en el que se explicaba que la instructora de un caso rechazó una diligencia por "innecesaria" pero sin perjuicio de que el recurrente ejerciera el derecho de defensa en el acto de juicio oral, en el caso de que el mismo se celebrara. En esa ocasión, el Ministerio Fiscal, en su escrito de impugnación de la apelación, señaló que era "facultad del Juez Instructor la denegación de las pruebas que considere innecesarias para la averiguación del delito".

LA DEFENSA DE VILLAREJO HABLA DE FILTRACIONES

El letrado del comisario Villarejo, Antonio José García Cabrera, recurrió la providencia dictada por García-Castellón al entender que debía investigar si la Fiscalía filtró información al partido político Podemos en las piezas relativas al BBVA (pieza 9) y a Iberdrola (pieza 17) cuando aun estaban secretas. El juez se opuso aduciendo que el interés de las partes es el de valorar la actuación del Ministerio Fiscal y que él carece de facultades para interferir en la actuación.

En concreto, la defensa de Villarejo pidió que se llevaran a la investigación en la Audiencia Nacional los mensajes enviados por mensajería electrónica aportados por Calvente ante el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, donde se estudió una denuncia contra él presentada por otra de las letradas de Podemos, Marta Flor, que fueron archivadas.

También pedía que se aportara al caso Villarejo el testimonio prestado por Calvente en este asunto el pasado 10 de septiembre, según el escrito.

La Audiencia Provincial de León, en virtud del veredicto de culpabilidad emitido por el Tribunal del Jurado, ha condenado a O.M.G.N. a un total de 26 años y seis meses de prisión al considerarle autor de delitos de asesinato, robo con violencia y lesiones leves por unos hechos ocurridos en San Andrés del Rabanedo (León) en 2017.

Según el auto, el varón, con antecedentes penales, ha sido condenado por el delito de asesinato a 22 años y seis meses de prisión. Por el delito de robo con violencia o intimidación con utilización de instrumento peligroso, el juez le ha impuesto cuatro años de prisión, mientras que por el delito leve de lesiones ha sido sancionado con una multa de tres meses con una cuota diaria de seis euros (540 euros).

Además, el acusado indemnizará a la viuda en las cantidades de 170.000 euros por daños morales y lucro cesante, 5.715,13 euros por gastos de sepelio, 29.632,36 euros por lesiones psíquicas y secuelas sufridas, y 668 euros por facturas médicas de psicólogo.

El veredicto emitido por el Jurado Popular ha declarado probado que las 00.05 horas del 19 de agosto de 2017 el acusado O.M.G.N., se cruzó en la calle Marqués de Santillana de la localidad de San Andrés del Rabanedo, con M.E.A.A. y su marido A.M.G. (1954), cuando estos regresaban a su domicilio.

Fue en ese momento cuando el acusado se dirigió a ellos exhibiendo un objeto punzante y les espetó "dadme todo u os mato". Posteriormente, empujó a la víctima contra un garaje que había en la misma calle, cerrándole el paso, y, mostrándole el objeto punzante, le arrebató su bolso, en el cual portaba sus efectos personales, entre ellos, un móvil, una cartera con 180 euros en efectivo, tarjetas bancarias, documentación personal, un USB, juego de llaves y gafas graduadas.

Al tiempo que le arrebataba el bolso, el acusado le clavó un objeto punzante ocasionándole una herida penetrante en el tórax.

Posteriormente, se dirigió a la mujer, quien gritaba pidiendo auxilio y la empujó tirándola al suelo, momento que aprovechó para arrebatarle su bolso en el que llevaba un móvil, una billetera de piel con su documentación, tarjetas bancarias, 150 euros en efectivo y las llaves de su casa.

El acusado huyó del lugar, si bien perdió en su huida su móvil. El acusado fue localizado por la policía sobre las 07.27 horas en la Calle Juan XXIII de León, portando los móviles que había robado. Ante la presencia de los policías, el acusado intentó huir, siendo detenido por los agentes.

La herida que provocó con el objeto punzante al varón fuer "mortal de necesidad", ya que le causó la rotura de la cavidad ventricular derecha, y provocó una intensa hemorragia y su posterior muerte pese a los cuidados médicos prestados.

A consecuencia de su caída al suelo, la mujer sufrió una contusión periocular y malar izquierda con hematoma periorbitario que requirió una primera asistencia facultativa, que tardó en curar ocho días. Además, como consecuencia del asalto y la muerte de su marido, la mujer presentó un trastorno de estrés postraumático de la que precisió tratamiento médico y psicoterápico y que ha tardado en curar 479 días, si bien tiene como secuela trastorno por estrés postraumático con sintomatología moderada que ocasiona hiperactivación emocional y evitación valorada en cinco puntos por los médicos forenses, señala el fallo.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha señalado en relación a la celebración de conciertos que la vacunación es un motivo de esperanza "muy positivo". "Eso favorece siempre que miremos con optimismo las posibibidades de reducción de aforos y de una progresiva vuelta a una normalidad", ha dicho.

Rodríguez Uribes se ha manifestado así ante los medios de comunicación durante una visita que ha realizado a las obras del Archivo Histórico Provincial en Castelló, al ser preguntado al respecto.

El ministro ha destacado que los ministerios de Sanidad y Cultura han creado un grupo de trabajo interno en colaboración con las organizaciones musicales y los festivales para ir "pensando y diseñando" estos meses que hay en el horizonte.

"Es verdad que tenemos un motivo de esperanza muy positivo que es la vacunacion, que está yendo bien, y eso favorece siempre que miremos con optimismo las posibilidades de reducción de aforos y de una progresiva vuelta a una normalidad que nunca será del todo en el primer momento, pero estoy convencido de que es importante", ha dicho.

Además, ha explicado que el trabajo que se ha hecho "bien" en la Comunitat Valenciana combatiendo el virus, "que está en el top de las comunidades autónomas que han hecho ese esfuerzo y sacrificio para que el virus esté muy limitado", también ayuda.

AYUDAS

Rodríguez Uribes ha recordado que el 13 de marzo el Consejo de Ministros aprobó una partida de 7.000 millones de ayudas directas a fondo perdido para la hostelería y el pequeño comercio, donde se consiguió también que estuvieran los festivales de música, la música en vivo, los tablaos flamencos, las salas de cine y los teatros. "Eso permitirá, con las colaboración de las comunidades autónomas, que reciban unas ayudas por el daño que sufrieron el año de la pandemia", ha apuntado.

Por tanto, -ha subrayado- "vamos a intentar paliar ese daño con esas ayudas y además sentar las bases para que progresivamente podamos volver a la normalidad". Al respecto, ha resaltado que "todo dependerá de la salud y la sanidad, pues la decisión última siempre la tiene sanidad, tanto en el deporte en relación con la vuelta del público a los estadios de fútbol y al baloncesto, como en relación a la cultura y los festivales de música.

Lo importante es ir viendo cómo están las cosas y que haya mucha comunicación para ir tomando las decisiones, pero estoy esperanzado, pues la vacunación va bien, y estamos en comunicación con los sectores para que conozcan las razones que tenemos en relación a los conciertos y aforos", ha insistido.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha puntuado con un notable al Congreso y al Senado, que han alcanzado respectivamente un cumplimiento del 82% y del 87,6%, pero ha suspendido directamente al Consejo de Económico y Social, que no publica ni la mitad de la información que está obligado a recoger.

Así se recoge en los informes de evaluación sobre el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia que el Consejo que vela por su aplicación ha hecho públicos este jueves sobre una decena de órganos constitucionales durante en el periodo comprendido entre enero de 2020 y febrero de 2021.

LA MEDIA ESTÁ EN EL 87%

De esa decena de instituciones, entre las que también figuran la Casa Real, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la media de cumplimiento de la información que están obligadas a incluir en su web se sitúa en el 87,6%.

En el informe relativo al Congreso, el órgano que preside ahora José Luis Rodríguez Álvarez apunta a la falta de publicación de algunos contenidos obligatorios así como las referencia a la fecha en la que se actualizó por última vez la información como los principales factores que explican ese 82% de índice de cumplimiento con la transparencia.

Frente a estas "carencias", Transparencia insta al Congreso a publicar su presupuesto para 2021 y, en este sentido, también le sugiere que dé cuenta sobre la ejecución del mismo con una periodicidad inferior al año. El Congreso recalca que ya publicó su presupuesto pero, eso sí, con posterioridad al lapso de tiempo analizado por esta institución.

Además, subraya la necesidad de publicitar los datos sobre la distribución porcentual en volumen presupuestario de los contratos licitados o las modificaciones de los convenios, así como a completar la información sobre las indemnizaciones por cese de los diputados al dejar su escaño dotándola de un apartado específico. Sobre esto, el Congreso alega que ésta es una información que está ubicada fuera del Portal de Transparencia, en concreto en una sección de su web dedicada a la Protección Social de los diputados.

En el informe relativo al Senado, el Consejo de Transparencia señala que su grado de cumplimiento con la transparencia es superior al del Congreso, situándose en un 86,8%, pero le aconseja revisar la organización de la información para ajustarla más al patrón de la Ley de Transparencia, sobre todo en lo relativo a la información institucional y organizativa.

De la misma forma, le insta a actualizar algunas informaciones que datan de 2019, entre las que cita, a modo de ejemplo, las retribuciones, así como a revisar los enlaces que contiene los apartados de su Portal de Transparencia u ofrecer información en formatos reutilizables.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS ROZA EL SOBRESALIENTE

Sobre el Tribunal de Cuentas, Transparencia celebra que haya incluido todos los contenidos obligatorios y aplaude el material adicional que voluntariamente añade la institución, pero lamenta que "son escasas las referencias que permitan conocer la vigencia de parte de la información publicada", por lo que tampoco se puede comprobar si cumple con los requisitos de actualización. En todo caso, saca una nota alta pues en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia alcanza un 87,4%.

Eso sí, recomienda publicar información sobre las subvenciones y ayudas públicas concedidas --y si no se conceden, deberá dejarse constancia-- y valorar la posibilidad de ofrecer datos de ejecución presupuestaria a través de medios distintos de las liquidaciones del presupuesto, lo que posibilitaría que esta información estuviese más actualizada.

Respecto al Defensor del Pueblo, su porcentaje se sitúa en el 77,2% y se destaca "el esfuerzo realizado por el Defensor del Pueblo para hacer más transparente su gestión, publicando mucha información muy relevante que va más allá del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa". Pero también presenta carencias, como la falta de datos estadísticos sobre contratos adjudicados, presupuestos de 2021 o contratos menores.

Del Consejo de Estado se indica que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia alcanza un 71,9%, pero faltan datos relativos al perfil y trayectoria profesional de sus responsables, la identificación de los titulares de los puestos directivos, las retribuciones de los altos cargos, los presupuestos en vigor y la distribución porcentual en volumen presupuestario de los contratos licitados según su procedimiento de adjudicación.

EL CES NO LLEGA A LA MITAD

Pero la peor nota la saca el Consejo Económico y Social (CES), ya que sólo recoge el 48% de la información que debía incluir en su web, sobre todo del bloque económico y presupuestario, además de no hacer referencia en el Portal a la fecha en que se revisó o actualizó la información publicada.

Por todo ello, el Consejo de Transparencia recomienda incluir más datos sobre las retribuciones y trayectoria profesional de los máximos responsables del CES, las indemnizaciones que cobran al dejar el cargo, los contratos y convenios de colaboración de la institución, y los informes de fiscalización de Tribunal de Cuentas sobre su funcionamiento.

También se aconseja al CES actualizar toda la información, ya que han detectado que hay datos "desfasados", y publicar cuadros resumen de su plataforma de contratación para que sean legibles par el usuario.

El secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, y la secretaria de Estado para la UE de Rumanía, Iulia Matei, han inaugurado en el Palacio de Viana la exposición '140 años de relaciones hispano-rumanas', organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Embajada de Rumanía en Madrid.

Matei ha aprovechado su visita a España para inaugurar la muestra, que se enmarca en el conjunto de eventos que, tanto en España como Rumanía, tendrán lugar durante el presente año para conmemorar el 140 aniversario del establecimiento de las relaciones entre los dos países.

Según ha detallado Exteriores en un comunicado, la exposición se compone de 30 paneles que abarcan desde 1801 con la figura de Ignacio María del Corral y Aguirre, diplomático español en Bucarest, hasta la actualidad, pasando por el establecimiento de las relaciones en junio de 1881 y por todo un recorrido histórico desde entonces.

En concreto, los que la visiten encontrarán en los paneles la Exposición de Barcelona en 1929, las dos Guerras Mundiales, la Guerra Civil y la Transición españolas o las visitas de Estado, como la realizada por el Presidente de Rumanía en 1979.

El espacio también acoge cuatro vitrinas que presentan tratados bilaterales originales de 1908 a 1930, archivos sobre acciones humanitarias de la Legación rumana en Madrid durante la guerra civil española y sobre el rescate de judíos en Rumanía llevado a cabo por el diplomático español José de Rojas y Moreno.

La exposición se trasladará el 12 de mayo a la sede del Senado con motivo de la visita oficial al mismo de la presidenta del Senado de Rumanía, la Señora Anca Dragu, los días 13 y 14 de mayo.

RELACIÓN BILATERAL

Por otra parte, González-Barba y Matei han analizado los principales aspectos de la densa relación bilateral de España y Rumanía, socios estratégicos en el marco de la UE y la OTAN. Y es que, este encuentro se enmarca en la "intensa y creciente" interlocución política entre ambos países, "que esperan además poder celebrar una Cumbre bilateral durante el año en curso".

Asimismo, Exteriores ha puesto de relieve que tiene una gran relevancia el contenido económico de las relaciones entre los dos países ya que hay más de 350 empresas españolas en Rumanía y un comercio bilateral superior a 3.500 millones en 2020.

También ha subrayado la numerosa comunidad rumana presente en España, que suma cerca de un millón personas. "Su integración supone una historia de éxito de la que ambas sociedades estamos orgullosos", han añadido.

Los secretarios de Estado han intercambiado puntos de vista sobre la agenda europea, en especial sobre la coordinación en el contexto de la pandemia de la Covid-19, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el Mercado Interior y la transformación digital y verde, el futuro de las relaciones de la UE con el Reino Unido, la ampliación de la UE, la Asociación Oriental y la Vecindad Sur, y el Acuerdo UE-Mercosur.

Asimismo, han abordado la propuesta de Pacto de Migración y Asilo de la Comisión Europea y la reforma de la Zona Schengen. Finalmente, han podido comprobar que existe una gran sintonía entre España y Rumanía respecto de la agenda social que se tratará en la Cumbre Social de Oporto de la semana que viene.

Los Planetas junto con el Niño de Elche, Nathy Peluso, o Rufus Wainwright son algunos de los nombres que estarán presentes en el 5º aniversario de las Noches del Botánico, que se llevará a cabo durante los meses de junio y julio de 2021.

Esta nueva edición supone el reencuentro con el público madrileño tras el aplazamiento del año pasado debido a la pandemia. Los conciertos serán en directo, al aire libre y dentro del entorno del Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid.

Además de los nombres ya citados, también estarán otros como Lori Meyers y Annie B. Sweet, Coque Malla, Miguel Ríos, Los Secretos, Estrella Morente, Xoel López, Iván Ferreiro, Rosario, María José Llergo, Dorian o Diego El Cigala.

La organización ha destacado que la situación actual hace que, en esta ocasión, "se adopten todas las medidas necesarias para minimizar los riesgos y brindar la mayor protección posible". Así, habrá reducción de aforo hasta 2.000 personas, celebración de todos los conciertos en formato sentado y uso de mascarilla.

Además, este año el recinto dispondrá de dos zonas diferenciadas: la zona de esparcimiento y restauración y el auditorio, donde se celebrarán los conciertos. Por parte de la organización, y gracias a la colaboración del rectorado de la Universidad Complutense de Madrid, se ha ampliado el espacio de esta primera zona del Jardín Botánico en hasta un total de 19.000 m2 de praderas y árboles.

De la misma manera, también se han confirmado las nuevas fechas de los artistas que han pospuesto su actuación para la sexta edición en 2022. Entre ellos, Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes and Tonino Baliardo, Imelda May, Wilco, Belle & Sebastian y Beth Orton, Crowded House, Zucchero, Carlinhos Brown o Youssou Ndour.

Desde el año pasado el festival ha trabajado para confirmar el mayor número de artistas que se tenían programados. En los casos en los que no ha sido posible mantener los conciertos para este año o posponerlos, se ha devuelto el importe íntegro a sus compradores. Esta política se seguirá brindando en el caso de que un concierto sufra cambios, restricciones o cancelaciones.

A los compradores que decidieron conservar sus entradas adquiridas en 2020, se les ha ofrecido una preventa exclusiva para que puedan volver a comprarlas y elegir su localidad preferida en el nuevo plano adaptado para esta situación. Las entradas deberán ser adquiridas por unidades de convivencia, garantizando así la distancia de seguridad.

Las entradas para 2021 estarán a la venta a partir del miércoles 05 de mayo para todo el público. Los únicos puntos de venta oficiales son 'www.nochesdelbotanico.com' y 'www.entradas.com'.

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha exigido este jueves al Gobierno que "rectifique" su posición tras el "revolcón" y el "varapalo" judicial que ha recibido y pague a las comunidades autónomas los 2.500 millones de euros que les adeuda por el IVA de 2017 y a los ayuntamientos sus 750 millones.

Así se ha pronunciado después del fallo del Tribunal Supremo a favor de la Junta de Castilla y León que condena al Estado a pagar a la Comunidad la liquidación del IVA de 2017. Los gobiernos autonómicos confían que, tras esta sentencia, se puedan recuperar ese dinero en concepto de IVA que el Ministerio de Hacienda lo cifra en un total de 2.500 millones.

Este mismo jueves, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha anunciado que las entidades locales también reclamarán al Ministerio de Hacienda la devolución de un total de 753 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de 2017.

TEROL ACONSEJA A SÁNCHEZ MENOS ASESORES Y MENOS FALCON

El vicesecretario de Política Territorial del PP ha señalado que este martes conocieron ese "nuevo varapalo y revolcón" que la Justicia ha dado al Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta del IVA del 2017, "dando la razón" al Gobierno de Castilla y León.

Ante los recursos presentados por otras autonomías, el dirigente del PP ha subrayado que no han llegado todavía sentencias pero "es un buen momento" para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "rectifique" su posición.

"Pedro Sánchez, quítese asesores, use menos el Falcon y deje de salvar aerolíneas ruinosas para pagar sus deudas con los españoles", ha aconsejado el dirigente del PP en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, acompañado de un vídeo con las reivindicaciones del PP.

EL PP PRESENTARÁ MOCIONES EN TODA ESPAÑA

Terol ha avanzado que el PP presentará mociones en los Parlamentos regionales y en los Ayuntamientos para que el Gobierno efectúe ese pago porque "debe 2.500 millones de euros a las Comunidades Autónomas y 750 millones de euros a los Ayuntamientos de toda España". Según ha añadido, el Gobierno no se puede "olvidar" de las entidades locales a las que, a su entender, ha "discriminado durante toda la pandemia".

Por eso, le ha pedido que "tome nota" y ha recordado que el PP le exige 3.000 millones de fondo Covid para los ayuntamientos; 1.000 millones para paliar el déficit del transporte público municipal y que los ayuntamientos puedan participar con 20.000 millones de los 140.000 millones de fondos europeos que recibirá España

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha lamentado este jueves que, a partir del próximo 9 de mayo, habrá una salida del estado de alarma vigente hasta esa fecha "a la carta de cada comunidad autónoma, de lo que cada gobierno autonómico decida", porque el Gobierno de España "no ha hecho su trabajo, no ha cumplido sus deberes y obligaciones".

Así lo ha manifestado el también coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía este jueves por la tarde a preguntas de los periodistas en una atención a medios en el marco de una reunión en Sevilla con el eurodiputado Adrián Vázquez.

Juan Marín ha insistido en señalar que las comunidades autónomas pidieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes que se celebró a finales de julio del año pasado en La Rioja, los mecanismos legislativos necesarios para que, cuando llegara el momento, "no sean los jueces los que decidan si se confina o no una población, o si se suprime o no un derecho fundamental" por cuestiones de salud pública.

Como "ese trabajo no se ha desarrollado", a partir del día 9 de mayo se va a vivir una situación "bastante complicada", según ha lamentado el vicepresidente de la Junta, que ha subrayado el "interés" del Gobierno andaluz por "coordinar con todos los órganos judiciales" de la comunidad autónoma "todas aquellas acciones que nos permitan" salir del estado de alarma "de la forma más sensata pero, sobre todo, más normalizada posible.

"Y ese es nuestro afán, fundamentalmente", según ha remarcado el también consejero andaluz de Justicia, quien ha recordado que a partir del día 9 de mayo "podemos tener problemas en materia de confinamientos" y de limitaciones de "un derecho fundamental recogido en la Constitución española como es la libre circulación de ciudadanos".

PENDIENTE DE RATIFICACIONES JUDICIALES DE RESTRICCIONES

Ha comentado que esto "ahora va a haber que hacerlo desde la Consejería de Salud, desde las delegaciones" de dicho departamento del Gobierno andaluz y "los distritos sanitarios, haciendo unas propuestas que se llevarán después al Tribunal Superior de Justicia" de Andalucía, el cual "derivará" las mismas "a las distintas salas en Sevilla y Granada", donde habrá que esperar la "aprobación o ratificación por parte de los jueces de esas medidas" que los expertos y responsables de Salud Pública "crean conveniente para evitar la expansión del virus y, en definitiva, para proteger la salud de los andaluces".

El vicepresidente ha añadido que espera que "los andaluces sigan comportándose como hasta ahora", con el "compromiso que han tenido siempre, siendo capaces de entender que, a pesar de que todos tenemos ganas de viajar, de salir de casa, de visitar a la familia, de volver a ver a nuestros hijos o, sencillamente, de pasar unos días de descanso, de vacaciones, lo hagamos con esa seriedad que exige el momento, esa rigurosidad a la hora de los distanciamientos, del uso de mascarilla, de respetar los horarios, de respetar los aforos".

"Eso contribuirá a que esa salida" del estado de alarma el próximo 9 de mayo sea bastante más normalizada", según ha abundado el vicepresidente, quien también ha subrayado la importancia que en este proceso tendrán las vacunas contra la Covid-19, de las que la Junta espera recibir durante el próximo mes de mayo "700.000 dosis semanales, lo que nos va a permitir llegar a un nivel de inmunidad de rebaño o colectiva en torno al 70 por ciento" de la población andaluza "a finales de junio", según ha celebrado.

Marín ha defendido que por eso también no se acordó por parte de la Junta la reapertura de la movilidad interprovincial en la pasada Semana Santa y sí se ha acordado ahora, porque "en Semana Santa teníamos 170.000 vacunas semanales y ahora tenemos medio millón" a la semana, lo que está permitiendo "proteger a la población diana" y llegar a niveles de "normalidad".

COORDINACIÓN CON LA JUSTICIA

Tras indicar que "tenemos por delante varias semanas todavía de adaptación a la nueva situación que se provocará a partir del día 10" de mayo, que "iremos viendo poco a poco cómo vamos resolverlo", el vicepresidente de la Junta ha defendido que desde el Gobierno andaluz quieren coordinarse "con todas aquellas instituciones que tienen responsabilidades" y con "la Administración de Justicia".

En esa línea, ha subrayado que el TSJA y la Fiscalía "van a tener que tomar decisiones a partir de después del día 9 de mayo" ante "determinadas propuestas de cierres" perimetrales en la comunidad autónoma "por motivos provocados por la pandemia".

Sobre la reunión que esta semana anunció que mantendría el próximo lunes con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y que finalmente no se va a celebrar, el vicepresidente de la Junta ha defendido que lo que pretenden desde el Gobierno andaluz es "coordinar y en ningún momento influir para nada" en decisiones judiciales.

De hecho, ha subrayado que no es el partido en el que milita, Ciudadanos, "el que propone o negocia a los miembros del Consejo General del Poder Judicial", y "nosotros sí creemos y respetamos las decisiones judiciales".

"Lo que queremos hacer son consultas para que realmente ese tránsito que va a haber del estado de alarma que está decretado hasta el 9 de mayo, al día y a las semanas después, produzca el menor problema posible, y que no tomemos decisiones que después puedan ser efectivamente revocadas por un juez y causemos un daño a los ciudadanos que es completamente innecesario", ha razonado el vicepresidente.

En esa línea, Marín ha confirmado que esa reunión anunciada con el TSJA y la Fiscalía "no se va a producir", pero ha puntualizado que "sí vamos a tener ese contacto y esas consultas y, a posteriori, una vez que pase el día 9" de mayo, "lo que pretendemos es que haya la mayor agilidad posible y que no se demoren mucho las decisiones judiciales sobre aquellas decisiones que adopte la Consejería de Salud o los distritos sanitarios en función de cómo evoluciona la pandemia en cada uno de ellos", según ha concluido el vicepresidente de la Junta.

La Comunidad de Madrid ha notificado 2.269 casos nuevos de coronavirus, de los que 1.759 corresponden a las últimas 24 horas, y 17 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este jueves, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 2.593 casos nuevos, 2.090 en el último día, y 16 fallecidos más en los hospitales

El número de hospitalizados se sitúa en 2.098 en planta --80 menos-- y 564 --9 más--, mientras que 256 pacientes han recibido el alta hospitalaria. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se sitúa en 5.170 --871 menos--.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 691.919 positivos, un total de 109.725 casos han requerido hospitalización, 10.998 han necesitado UCI y 95.740 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado seguimiento domiciliario de 791.363 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 23.765, de los cuales 5.066 han sido en centros sociosanitarios, 17.320 en hospitales, 1.349 en domicilios y 30 en otros lugares.

En la Comunidad de Madrid la incidencia a 14 días es de 388,12 por cada 100.000 habitantes y se sitúa en el tercer puesto superada por Melilla (393,91) y País Vasco (516,68).

MÁS DE 2 MILLONES DE DOSIS ADMINISTRADAS

En cuanto al plan de vacunación, el informe indica que se han administrado un total de 2.056.943 dosis de las 2.319.245 recibidas, con 512.085 segundas dosis registradas, de manera que el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 7,5%.

Teniendo en cuenta solo la población diana, establecida en 5,6 millones de los 6,8 millones de ciudadanos, el porcentaje de inmunizados con la pauta completa asciende al 9,1%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 10.143 nuevos casos de coronavirus, de los que 4.889 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 4.381 registrados el miércoles, lo que eleva a 3.514.942 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue estancada, situándose en los 230,07 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 230,27 notificado el miércoles por el departamento dirigido por Carolina Darias.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, este jueves se han notificado 137 más, de los cuales 277 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 78.080 personas.

Actualmente hay 9.787 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 2.320 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 1.030 ingresos y 1.182 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 7,78 por ciento y en las UCI en el 23,04 por ciento.

De las 4.889 personas diagnosticas de Covid-19 en el último día, 1.753 se han localizado en Madrid, si bien 335 en Andalucía, 374 en Aragón, 101 en Asturias, 29 en Baleares, 171 en Canarias, 100 en Cantabria, 72 en Castilla-La Mancha, 358 en Castilla y León, 263 en Cataluña, cinco en Ceuta, 112 en Comunidad Valenciana, 94 en Extremadura, 104 en Galicia, 15 en Melilla, 44 en Murcia, 181 en Navarra, 727 en País Vasco y 51 en La Rioja.

FALLECIDOS

En cuanto a las muertes, Sanidad ha registrado ya 9.617 fallecimientos en Andalucía (41 en la última semana); en Aragón 3.437 (16 en los últimos siete días); en Asturias 1.943 (siete en la última semana); en Baleares 820 (tres en los últimos siete días); en Canarias 728 (nueve en una semana); en Cantabria 556 (dos en los últimos siete días); en Castilla-La Mancha 5.846 (seis en la última semana); y en Castilla y León 6.751 (19 en los últimos siete días).

Además, 14.082 personas han fallecido en Cataluña como consecuencia del coronavirus (24 en los últimos siete días); en Ceuta se han contabilizado 104 fallecidos desde el comienzo de la pandemia (dos en la última semana); en la Comunidad Valenciana 7.294 (siete en los últimos siete días); en Extremadura 1.790 (ocho en una semana); en Galicia 2.375 (ocho en los últimos siete días); en Madrid 14.990 (84 en los últimos siete días); en Melilla 89 (una persona en los últimos siete días); en Murcia 1.587 (dos en los últimos siete días); en Navarra 1.155 (12 en los últimos siete días); en el País Vasco 4.157 (23 en los últimos siete días); y en La Rioja 759 (tres en los últimos siete días).

El instructor de la causa del procés independentista en Cataluña, Pablo Llarena, ha citado este viernes, a las 10.30 horas, a la exconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat Meritxell Serret para comunicarle su procesamiento por desobediencia. La declaración indagatoria tendrá lugar una vez ha concluido la cuarentena por covid-19 a la que tuvo que someterse.

La comparecencia estaba prevista para el pasado 8 de abril, pero tras comunicar el contacto cercano con un positivo tuvo que aplazarse. Así, tras manifestar al alto tribunal el resultado negativo de la prueba de detección de covid-19, el magistrado dictó una providencia citándola de nuevo este viernes para practicar su declaración indagatoria.

Así, se le comunicará formalmente su procesamiento por un delito desobediencia, al decaer en principio el primer cargo que se le imputó por malversación de fondos públicos, dada la absolución de otros consejeros que actuaron de forma similar según estableció la sentencia del 'procés'.

Serret regresó desde Bruselas para ser diputada por ERC en el Parlament de Cataluña tras los últimos comicios y compareció en el alto tribunal el pasado 11 de marzo acompañada del abogado Iñigo Iruín, un letrado histórico en la defensa de miembros de ETA y del entorno de Batasuna.

A DISPOSICIÓN DEL SUPREMO

Serret compareció ese día con la finalidad de ponerse a disposición del Tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía y Llarena la dejó en libertad en espera de cumplimentar su declaración indagatoria.

La exconsejera fue procesada por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia, no obstante, dado que hasta ahora no se ha atribuido que su departamento realizara pagos concretos por la organización del referéndum del 1-O. Puesto que los procesados que fueron juzgados en esa misma situación fueron condenados por un delito de desobediencia y absueltos del delito de malversación, no se había cursado contra ella ninguna Orden Europea de Detención después de la sentencia del 14 de octubre de 2019.

Existía, sin embargo, una orden nacional de detención para recibírsele declaración y continuar el procedimiento contra ella. La pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años.

Una delegación de ERC acompañará encabezada por el coordinador nacional del partido, Pere Aragonés, y la secretaria general adjunta del partido y portavoz, Marta Vilalta, acompañará a Serret hasta el Tribunal Supremo.

En dicha comitiva estarán también la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Teresa Jordà; y la vicesecretaria general de de Derechos, Libertades y Lucha Antirepressiva, Marta Vilaret. Asimismo, el diputado y portavoz de la CUP, Albert Botran, también se desplazará hasta el alto tribunal para apoyar a la exconsejera catalana.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, prevé convocar la reunión de la Junta de Portavoces de la próxima semana, no el martes, como suele ser habitual, sino el miércoles, para evitar que coincida con la celebración de las elecciones autonómicas madrileñas. Por contra, el Gobierno no ha modificado sus planes por los comicios y mantiene el Consejo de Ministros en su día habitual.

A diferencia de lo que es tradicional, estas elecciones autonómicas caen en martes en lugar de en domingo, ya que la ley electoral marca que, cuando los presidentes autonómicos decidan adelantar elecciones, estas deben celebrarse "el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria", que en este caso se formalizó el 11 de marzo, con la publicación en el Boletín Oficial de la región.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el 10 de marzo su decisión de expulsar a Ciudadanos de su gobierno de coalición y de convocar elecciones autonómicas adelantadas, tras conocerse ese día que el partido naranja había registrado una moción de censura contra el presidente del Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, con el que también gobernaban en coalición.

Por lo tanto, el plazo para celebrar las elecciones autonómicas empezó a contar desde el momento en que se publicó la convocatoria al día siguiente, el 11 de marzo, lo que dio como resultado que estas tengan que celebrarse un martes, día laborable, y el día de la semana que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne a su Consejo de Ministros.

También es el martes el día en que suele reunirse la Junta de Portavoces del Congreso para organizar los temas que se debatirán en la siguiente sesión plenaria. La semana que viene, primera de mes, no hay Pleno del Congreso, con lo que hay margen para que la reunión de la Junta de Portavoces tenga lugar un día después de lo habitual.

YA SE CAMBIARON LOS PLENOS

Hace unas semanas, tras la convocatoria de los comicios autonómicos, el PP ya pidió que esta cita, que motiva la comparecencia de los distintos portavoces ante la prensa, no coincidiera con las votaciones.

Según han precisado en fuentes parlamentarias, Batet vio razonable la petición trabaja con la previsión de celebrar la Junta de Portavoces el día siguiente a la cita con las urnas.

El Congreso ya modificó su calendario de Plenos tras el adelanto de las elecciones madrileñas y, como es tradicional, no convocó sesión plenaria la semana anterior a la votación para facilitar que los diputados pudieran participar en la campaña electoral.

MONCLOA NO MUEVE NADA

Por contra, fuentes gubernamentales explican que no van a mover de día el Consejo de Ministros, ni la posterior rueda de prensa que suele ofrecer la portavoz María Jesús Montero, por unas elecciones autonómicas, sino que van a seguir trabajando con normalidad.

Además, desde el Ejecutivo defienden que los comicios del próximo martes no deben interpretarse más allá del ámbito autonómico, sino como unas elecciones en una comunidad autónoma, en este caso, Madrid.

En periodo electoral, desde que se convocan unos comicios hasta la propia jornada de votación, la ley impide a los poderes públicos hacer propaganda política con medios públicos, un supuesto que ya costó una sanción al presidente Pero Sánchez en unas elecciones generales anteriores y que en estos comicios ya fue motivo de apercibimiento a Pablo Iglesias cuando lanzó su candidatura regional desde su despacho de vicepresidente.

El Gobierno reactivará, cuando decaiga el Estado de Alarma, previsiblemente el próximo 9 de mayo, la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para sustituir el término "disminuido" por el de "personas con discapacidad".

"Quiero anunciar que, una vez decaiga el Estado de Alarma, cuando constitucionalmente será viable proceder con trámites de reforma constitucional, queremos reactivar la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para que algo que lleva demasiado tiempo detenido prosiga con rapidez", ha explicado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, este jueves, durante un taller virtual organizado por CERMI.

Álvarez espera poder "avanzar con la celeridad que este trámite constitucional requiere" y sobre el que, según ha recordado, "hay un amplísimo consenso en todos los niveles, administrativo y de todas las fuerzas políticas en el Congreso".

Se trata de una iniciativa que se llegó a acordar en el Congreso en 2018, pero su tramitación se vio paralizada por la convocatoria de elecciones de Pedro Sánchez en abril de 2019.

Esta iniciativa ya contó con el apoyo generalizado de la Comisión de Políticas para la Discapacidad de la Cámara baja. A este órgano encargó Carmen Calvo, en octubre de 2018, un texto alternativo al artículo 49 de la Carta Magna, en respuesta a la petición realizada por el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

El objetivo de la comisión era, además de cambiar el término 'disminuido' por 'personas con discapacidad', incluir en el artículo 49 otros puntos que incidieran en los derechos de este colectivo.

Actualmente, dicho artículo establece que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos".

El nuevo texto propuesto dice que "las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación", y encomienda a los poderes públicos la tarea de "realizar las políticas necesarias para garantizar una vida participativa, autónoma e independiente a las personas con discapacidad".

Asimismo, establece que se regulará "la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes" y subraya que "las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos".

Esta redacción fue aprobada por el Consejo de Ministros, en el mes de diciembre de 2018, un anteproyecto de reforma que debía ser convalidado por el Congreso.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Por otro lado, Nacho Álvarez ha destacado que la ley de protección a la infancia frente a la violencia, recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados, y que continúa su tramitación en el Senado, "pone el acento" en la situación de vulnerabilidad de los niños y niñas, también especialmente de aquellos con discapacidad, y ha subrayado que la ley, que espera que se apruebe definitivamente "con la mayor rapidez posible", garantizará la "accesibilidad universal" de la infancia.

En este sentido, ha puesto en valor los fondos europeos, que permitirán una inversión de 3.500 millones de euros a derechos sociales para los próximos tres años, y quieren que parte de esta inversión esté vinculada a proyectos circunscritos al ámbito de la accesibilidad universal. Precisamente, ha dicho que una buena parte de los proyectos que les están llegando de las comunidades autónomas van en esta línea.

Además, durante el taller organizado por el CERMI este jueves bajo el título 'La política territorial en línea con la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad', también ha intervenido el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, Jesús Martín, que además será el nuevo director general de Discapacidad del Gobierno.

QUE DESAPAREZCAN LOS INTERNAMIENTOS FORZOSOS

Martín ha anunciado que, tras abolir la esterilización forzosa, de haber conseguido el voto de las personas con discapacidad intelectual y de haber luchado por dar voz a las personas con discapacidad en el tráfico jurídico, ahora se van a empeñar en trabajar para "que desaparezca del ordenamiento jurídico la práctica de los internamientos forzosos".

"Estamos haciendo un trabajo intenso, no es sencillo jurídicamente, vamos a poner el foco en medidas alternativas que respeten la voluntad de las personas y den garantías a las familias y a las propias personas. Estamos realizando un trabajo de investigación con grandes expertos y esperamos poder presentarlo pronto en la agenda política", ha explicado.

Sobre la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, Martín ha indicado que es "un gran acontecimiento mundial" porque "empodera" a las personas con discapacidad tras mucho tiempo en el que se las ha visto como "sujetos pasivos" y en el que "el diagnóstico colonizaba" su vida.

"Durante mucho tiempo éramos solo ciegos, sordos, parapléjicos y otras palabras que hacen daño solo con verbalizarlas", ha precisado Martín, al tiempo que ha deseado que "la discriminación deje de ser el paisaje por el que transitan las personas con discapacidad".

MÁS MUJERES QUE HOMBRES CON DISCAPACIDAD

Por su parte, la vicepresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, ha llamado a garantizar la participación directa de las mujeres y niñas con discapacidad pues "todavía hay muchas CCAA que cuentan con consejos de participación de la mujer u observatorios de violencia donde no hay representación del movimiento cívico de la discapacidad".

Según ha recordado, en España, el 60% de las personas con discapacidad son mujeres. En este sentido, ha enumerado algunos factores que contribuyen a que exista una mayor prevalencia de la discapacidad entre las mujeres frente a los hombres, como "el menor estatus socioeconómico y social de la mujer, la violencia de género y las prácticas nocivas discriminatorias por motivo de género", que pueden terminar ocasionando discapacidad.

El hombre acusado de abusar sexualmente de la hija, menor de edad, de su pareja ha negado los hechos y alega que no se encontraba en la vivienda en el momento en el supuestamente la asaltó mientras dormía.

La vista judicial por estos hechos, que se remontan al año 2019, ha tenido lugar en la mañana de este jueves en la Audiencia Provincial de Ourense.

Según la acusación, los abusos tuvieron lugar en una fecha no concretada en septiembre del 2019, que la víctima situó el día anterior al comienzo del curso escolar, en el domicilio que compartían con la pareja sentimental de la progenitora.

Según la versión de Fiscalía, la menor se encontraba en durmiendo en su cama en torno a las 23,30 horas de la noche, cuando, supuestamente, el acusado entró en el dormitorio y empezó a tocar las partes íntimas de la víctima.

En la vista celebrada hoy el acusado ha negado los hechos y ha alegado que se encontraba con sus amigos, en el día y hora denunciado, "tomando algo" en la zona de la piscina municipal del Ayuntamiento de Verín.

La víctima no ha tenido que declarar en la vista oral sino que se ha dado por reproducida su declaración grabada en vídeo en el juzgado de Verín.

Los hechos fueron reportados un mes y medio después, cuando la madre de la menor interpuso una denuncia por malos tratos contra la que había sido su pareja sentimental, quien ya tiene antecedentes por violencia de género.

Los forenses del Imelga que evaluaron a la menor, que en el momento de los hechos tenía 10 años, han dado credibilidad a su versión.

La Fiscalía y la acusación particular solicitan 3 años y 6 meses de prisión así como la indemnización de 1000 euros a la víctima, mientras que la defensa del acusado solicita la libre absolución. El juicio ha quedado visto para sentencia.

Expertas en violencia de género han reclamado este jueves en el Senado cambios legales tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, como en los códigos Penal y Civil que permitan mejorar la protección integral de las víctimas de violencia de género cuando el maltratador utiliza a sus mascotas para inferirles daño psicológico a través del empleo de la violencia.

En el Foro Técnico 'Violencia de Género, cuando se agrede a la víctima a través de sus animales', organizado por el Senado junto con la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) y la 'Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales' (APDDA), se ha analizado desde áreas como la psicología, el derecho o la judicatura este problema que supone un "doble delito", de violencia de género y de maltrato animal.

Durante su intervención, la coportavoz de APDDA Sofía Castañón ha subrayado que en la mayoría de las ocasiones la lucha contra el maltrato animal está ligado a la defensa de los derechos humanos y ha señalado que en numerosas ocasiones, el hombre que maltrata animales también ejerce la violencia contra la mujer.

Por ello, la parlamentaria ha destacado la importancia de educar en la escuela en la empatía hacia los animales. "Cuando desarrollamos nuestro compromiso para erradicar las violencias machistas, no nos podemos olvidar de que el daño a los animales, por parte de los maltratadores, es una manifestación más de violencia contra las mujeres", ha aseverado.

Por su parte, la abogada María García, de CoPPA, una entidad que aglutina profesionales de la protección de colectivos en situación de vulnerabilidad, ha expuesto a través de diferentes casos reales como en algunos contextos de relaciones violentas los agresores en ocasiones se sirven del maltrato animal para coaccionar, hacer sufrir e intimidar a mujeres y sus hijos.

En su intervención, la psicóloga Soledad Montserrat ha declarado que la violencia a través del maltrato animal es un crimen que no se puede naturalizar, sino que es preciso cuestionar este vínculo que existe entre ambos.

En su turno, ha explicado los beneficios en el proceso de recuperación de la víctima de contar con un animal, al tiempo que ha relatado casos, escalofriantes y reales, de mujeres que han pasado por su consulta y que incluso llegan a evitar salir de la casa donde sufren maltrato para proteger a sus mascotas de la violencia de sus agresores como medida de "castigo" o "coacción.

Esto ocurre, según ha añadido, incluso después de que la víctima se haya decidido a denunciar o a separarse y romper esa relación tóxica, ya que los agresores usan al animal para intentar que la mujer regrese a su lado y seguir sometiéndola.

"Cuando la violencia hacia los animales tiene por fin infligir sufrimiento a la mujer, condicionar su conducta o someterla, la violencia contra los animales es una forma de violencia contra la mujer. Es maltrato físico al animal y psicológico a la mujer como un acto certificante: es un castigo o descarga de la violencia del agresor que cuando se enfada con la víctima pega al animal", ha afirmado.

En ese sentido, ha retratado el "impacto emocional" que provoca en las víctimas, más aún cuando hay menores de edad. Es entonces, cuando las víctimas temen la denuncia por las consecuencias que pueda tener sobre los propios animales y hace sentir a las mujeres responsables del daño que sufre su mascota, ya que lo perciben como producto de su "desobediencia" al agresor o como consecuencia de un fracaso en la relación.

"Lo más significativo es que estas conductas en general no son denunciadas y es fundamental el reconocimiento de este tipo de maltrato y el sufrimiento a la víctima por parte de los profesionales para no revictimizar a la mujer", ha manifestado la experta, que ha recordado que el maltrato animal es un "indicador de riesgo" a la hora de adoptar medidas de protección de la mujer.

En el foro ha intervenido también la magistrada del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Bilbao, Leticia Badiola Pérez, ha advertido de la necesidad de acometer cambios en el ordenamiento jurídico para que estas cuestiones no solo dependan de la "sensibilidad" del policía o del juzgado. "El maltrato animal es un modo de violencia vicaria, la que se usa para dañar a lo que está más ligado a la persona", ha recordado.

En la realidad, el animal en estos casos queda desprotegido y Badiola señala que en algunas ocasiones se tiene que utilizar una "ingeniería judicial" para protegerlos y evitar el doble problema. Por ello, considera fundamental que en la protección de la víctima se habilite a los jueces para proteger asimismo a sus familiares y "todo aquello vinculado a ella", como los animales o mascotas, también en las órdenes de protección.

"No puede olvidarse que una vez abandonado el domicilio el agresor puede intentar dañar lo que está más cercano a esta, como los animales", ha insistido.

En definitiva, ha instado a los profesionales a trabajar desde una perspectiva de género "lo suficientemente amplia" como para hacer sentir a las mujeres víctimas que "no están solas" y que "nada las impida denunciar".

Finalmente, María García, de CoPPA, ha propuesto una reforma legal que contemple como forma de maltrato a la mujer el maltrato animal dentro del delito de amenazas y en las conductas de coacción a los seres humanos; que permita inhabilitar al maltratador en la tenencia y convivencia con animales, así como para disponer y transportar armas tras cometer un delito animal, algo, que según ha recordado ya existe en la ley de numerosos países del mundo.

El conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, ha comparecido este jueves ante la Comisión de Educación del Parlament, donde ha asegurado que su objetivo es que el curso 2021/2022 sea totalmente presencial siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.

En un comparecencia, el conseller ha explicado las líneas de actuación de su departamento desde la remodelación del Govern y ha detallado algunas cuestiones relacionadas con el impacto de la pandemia en los centros educativos.

Según ha expuesto el conseller, los principales objetivos del curso 2021/22 serán "mantener la escuela como espacio seguro, mejorar los procesos de aprendizaje e iniciar el curso a partir de un escenario B modificado". Sobre este último aspecto ha especificado que "el objetivo es que se mantengan todas las medidas de prevención, modificando la distancia interpersonal, siempre que las autoridades sanitarias lo aprueben, para poder impartir todos los niveles educativos de manera presencial".

March ha anunciado que actualmente se están cerrando estas cuestiones con la idea de que se publiquen lo más pronto posible de manera que los centros puedan organizarse con previsión.

Por otro lado, el conseller ha repasado el proceso de tramitación de la Ley de Educación de Baleares y del nuevo Reglamento Orgánico de Centros. "Ambas normativas", ha señalado, "contribuirán a reforzar la autonomía del centros, mejorar los currículums y recuperar la participación de la comunidad educativa".

A lo largo de su intervención ha recordado que este año, del 1 al 20 de junio, se recuperan las oposiciones docentes que se tuvieron que suspender el año pasado por la pandemia. Precisamente por este motivo se ha incrementado el número de tribunales hasta un total de 130 con el objetivo de evitar al máximo los desplazamientos.

A pesar de que la Conselleria no tiene las competencias en materia universitaria sí que mantiene una serie de actividades compartidas como las pruebas de acceso, la preparación de los futuros docentes y otras actividades específicas. Por este motivo, el conseller ha anunciado la creación de una comisión mixta Educación/UIB para mejorar las relaciones entre la universidad y el sistema escolar no universitario.

Finalmente, ha destacado el papel que tendrán los fondos europeos para la mejora del sistema educativo. Así, ha resaltado la inversión que llegará a través de los fondos de cooperación territorial, que estarán destinados a la digitalización educativa, la educación 0-3 años, el programa PROA+ y la Formación Profesional. Además también se contará con una inversión específica para infraestructuras a través del Fondo de Reactivación. En próximas semanas se concretará la inversión de cada comunidad autónoma.

La Fiscalía ha archivado las diligencias de investigación por el caso de la mujer de Espinosa de los Monteros (Burgos) que falleció de cáncer sin recibir atención sanitaria presencial, según ha informado su hermana Lidia Sainz-Maza a través de un comunicado.

El órgano judicial entiende que "no hay elementos objetivos para entender acreditada la comisión de delito alguno, ni de omisión de deber de asistencia ni de homicidio imprudente por negligencia médica" y añade que "la posible irregularidad de las actuaciones referidas por la denunciante escapan en todo caso al ámbito del derecho penal".

Lidia Sainz-Maza ha asegurado que el archivo de las diligencias no ha sido una sorpresa para ella, ya que su confianza en la vía penal era "escasa", si bien ha recordado que fue la Fiscalía la que abrió la investigación de oficio, tras tener conocimiento de los hechos por parte de la Asociación del Defensor del Paciente.

En cuanto a la motivación del auto de archivo, ha trasladado su sorpresa por la "superficialidad y errores" en los que se incurre y ha reconocido que "espera mucho más" de un procedimiento como este.

Quizás lo que más le ha impactado, tal y como ha indicado, es que el informe haya indicado respecto a la actuación médica que "las consultas médicas fueron atendidas bien de forma presencial, bien de forma telemática en base al Protocolo de Actuación de Atención Primaria Covid-19".

VÍA CIVIL

Tras este pronunciamiento judicial, la hermana de la mujer fallecida ha depositado su confianza en la vía civil, a la que su familia estudia recurrir para "que se reconozca lo que es una realidad indiscutible, que jamás nadie podrá negar".

Sainz-Maza sostiene que su hermana "no recibió la atención médica que merecía", lo que la llevó "a sufrir durante tres meses" lo que ella misma, según atestigua, es incapaz de describir.

"A mi hermana no se la mató pero tampoco se la ayudó para que pudiera vivir el mayor tiempo posible y, desde luego, no se la ahorró ningún dolor. Se le realizó un diagnóstico erróneo de lumbociatalgia por teléfono y su médico de Atención Primaria no la exploró en tres meses ni le realizó una analítica", ha sostenido.

Finalmente, ha explicado que ha solicitado a la Fiscalía de Burgos poder conocer si se ha recogido declaración, verbal o por escrito, a los médicos que atendieron a su hermana, tanto en Atención Primaria como en la hospitalaria, en el HUBU y en Cruces.

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este jueves el "espectáculo" que, bajo su punto de vista, se ha dado en Madrid "usando a la empresa pública Correos" para "hacer una campaña". "¿Si fuimos capaces de detectar ántrax, cómo no vamos a ser capaces de detectar metales?", se ha cuestionado, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo.

Feijóo, que fue presidente de Correos en la etapa de José María Aznar al frente del Gobierno central, se refería a las cartas amenazantes (con balas) recibidas por dirigentes como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, o el ministro de Interior, Fernado Grande-Marlaska. Había sido preguntado sobre el papel de Vox en la campaña y si considera que su compañera Isabel Díaz Ayuso debería pactar con la formación de Santiago Abascal si lo necesita para mantener la Presidencia de Madrid.

El líder del PP gallego ha sorteado la pregunta manifestando su convicción de que Ayuso "sabrá lo que tiene que hacer y lo hará", además de subrayar que, si es la más votada, la izquierda puede evitar que tenga que pactar con Vox si facilita su investidura con la abstención. Y a renglón seguido, ha reflexionado sobre una campaña que considera "lamentable".

"Tras lo que hemos visto en esta campaña, prefiero que esta sea una campaña para no imitar", ha dicho, antes de aludir al "movimiento populista" en el que, bajo su punto de vista, "el PSOE acaba de participar". De hecho, ha mostrado su contrariedad por el hecho de que "una persona respetable en el ámbito político como Gabilondo haga juego y trabaje con Iglesias para todo este movimiento lamentable que se vio en estas semanas".

"El espectáculo que se dio utilizando a la empresa pública Correos, sabiendo perfectamente que está con capacidad suficiente y con unos escáneres lo suficientemente sólidos como para detectar ántrax y que no detecta balas u objetos metálicos es algo que necesita una explicación", ha sentenciado el presidente gallego.

EXIGE "UNA EXPLICACIÓN"

"Necesita una explicación. ¿Cómo es posible dejar a la empresa pública Correos en esta situación? Siendo uno de los mejores correos de Europa. Lamento profundamente que se utilice Correos para hacer una campaña. Es increíble, vuelvo a reiterar. Si fuimos capaces de detectar ántrax, ¿cómo no vamos a ser capaces de detectar metales en los envíos postales de cien gramos o posterior?", ha agregado.

Y a renglón seguido, el presidente de la Xunta ha aludido a los escáneres de los ministerios. "No me imagino que me entre una carta en mi despacho con esos productos que parece ser que dirigen a otros políticos", ha apostillado.

COMUNICACIÓN FLUIDA CON AYUSO

En el polo opuesto y frente al "determinado electorado" al que, a su modo de ver, buscan movilizar los partidos de izquierda, ha defendido la actuación de Díaz Ayuso, que, a su modo de ver, está haciendo "una buena campaña, una campaña política, que es lo que toca".

De hecho, aunque no tiene en agenda ningún acto político con la dirigente madrileña, ha asegurado que mantienen una comunicación fluida y hablan varias veces a la semana. Así, sobre si debe pactar con Vox si lo necesita para mantenerse al frente del Gobierno de Madrid, se ha mostrado convencido de que "sabrá lo que debe hacer y lo hará".

Y ha insistido en que si la izquierda quiere evitar ese tipo de pactos bastaría con que facilite su investidura si es la más votada. No en vano, ha aprovechado para insistir en su deseo de que "algún día" se impulse una reforma electoral para que gobierne el más apoyado en las urnas. Que "siempre que lo sea con equis puntos", ha dicho, "tenga un plus de diputados y la posibilidad de gobernar".

Finalmente, preguntado acerca de si considera que Vox promueve actitudes fascistas, ha defendido que "todos" los partidos que se presentan a las elecciones "son democráticos" y luego los ciudadanos pueden decidir entre "votar y no votar", de acuerdo con "la grandeza del sistema de libertades" que asienta la Constitución de 1978.

La Comunidad valenciana ha sumado 215 casos nuevos de coronavirus desde ayer y tres fallecidos, ninguno de ellos residentes, en una jornada en la que los hospitales valencianos tienen un ingresado y una cama UCI ocupadas más que ayer, según la Conselleria de Sanidad.

Asimismo, se ha administrado un total de 1.620.063 dosis de la vacuna contra el coronavirus, 191.160 en Castellón, 592.849 en Alicante y 836.054 en Valencia y ya han recibido la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca y la monodosis de Janssen) 441.479 personas.

De este modo, la cifra total de positivos desde el inicio de la pandemia asciende a 390.290 personas. Por provincias, 42 en Castellón (40.231 en total); 65 en Alicante (146.314 en total); y 108 en Valencia, (203.744 en total). El total de casos no asignados se mantiene en uno.

Por su parte, el total de defunciones es de 7.310: 794 en la provincia de Castellón, 2.781 en la de Alicante y 3.735 en la de Valencia.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 257 personas ingresadas y 55 camas UCI ocupadas: 57 en la provincia de Castellón, con 9 pacientes en UCI; 69 en la provincia de Alicante, 19 de ellos en la UCI; y 131 en la provincia de Valencia, 27 de ellos en UCI.

No obstante, desde la última actualización se han registrado 232 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 390.475 personas en la Comunidad Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia.

Por provincias, las altas se distribuyen del siguiente modo: 40.354 en Castellón, 146.072 en Alicante y 203.994 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 55. De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 3.973 casos activos, lo que supone un 0,99% del total de positivos.

SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

En estos momentos hay casos positivos en 5 residencias de mayores (1 en la provincia de Castellón, 2 en la provincia de Alicante y 2 en la provincia de Valencia) y 1 centro de menores de la provincia de Valencia. Asimismo, se han notificado siete contagios entre residentes y dos nuevos positivos entre trabajadores.

El Consejo de Transparencia ha aprobado con un notable alto la gestión en este sentido del Tribunal Constitucional (TC) y del Consejo General del Poder de Judicial (CGPJ), alcanzando respectivamente un cumplimiento del 85,2 y del 86,1 por ciento, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha obtenido un aprobado (53,6 por ciento), según los informes de evaluación publicados este jueves.

Según el Consejo de Transparencia, el cumplimiento por parte del TC de las obligaciones de transparencia le lleva a hacer una valoración "muy positiva" del esfuerzo realizado por el órgano de garantías para hacer más transparente su gestión, "publicando mucha información muy relevante desde el punto de vista de la transparencia, que va más allá del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa".

No obstante, a lo largo del informe se señalan una serie de carencias, por lo que se recomienda al Constitucional que mejore la publicación de determinados aspectos, como son por ejemplo las autorizaciones de compatibilidad de altos cargos.

Igualmente se recomienda al TC que sopese mejorar la publicación de la información sobre ejecución presupuestaria a través de medios distintos de las liquidaciones del presupuesto, lo que posibilitaría que estuviese más actualizada. Insta también a incluir en la 'web' del TC una referencia a la última fecha en que se revisó o actualizó la información, ya que sólo de esta manera sería posible para la ciudadanía saber si la información que está consultando está vigente.

CGPJ

En cuanto al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo de Transparencia señala que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de este órgano, en función de la información disponible en su Portal de Transparencia y tras las alegaciones presentadas por este órgano, alcanza un 86,1 por ciento.

Valora de forma positiva que el CGPJ publique una gran cantidad de información muy relevante desde el punto de vista de la transparencia que va más allá del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. También se resaltan en su gestión buenas prácticas que podrían incorporarse por otras organizaciones públicas.

En cuanto a las carencias, se apunta que debería informarse sobre las funciones del CGPJ sin necesidad de acudir a la normativa que resulta de aplicación, y se echa de menos además la publicación del inventario de actividades de tratamiento de datos en aplicación del artículo 31 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

También cree el Consejo de Transparencia que el órgano de gobierno de los jueces debe publicar la información sobre datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público; así como el presupuesto para 2021 y los os informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

FISCALÍA

En cuanto al Ministerio Público, el Consejo de Transparencia indica en su informe inicial que, en base a la información disponible en el propio portal de transparencia de la FGE, el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia alcanza un 53,6 por ciento.

El Consejo aprecia "el esfuerzo realizado por la FGE para hacer más transparente su gestión, publicando mucha información muy relevante desde el punto de vista de la transparencia que va más allá del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa", así como sus "buenas prácticas".

Sin embargo, ha detectado también "una serie de carencias" y por ello recomienda incluir en su portal de transparencia "enlaces a la información del bloque institucional y organizativa, que actualmente se ubica en otros accesos de su 'web'", y, si no existe información publicable, bien porque la Fiscalía no haya tenido medios para ello, bien porque no haya habido actividad, le aconseja generar el correspondiente 'link' con la explicación.

INDEMNIZACIÓN ALTOS CARGOS

Igualmente, le pide publicar información sobre las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo, y sobre las autorizaciones de compatibilidad para actividades privadas al cese de altos cargos y las concedidas al personal al servicio de la FGE.

Al Consejo General del Poder Judicial también la indica que debe informar sobre dichas indemnizaciones y sobre las autorizaciones de compatibilidad para actividades privadas al cese de estos altos cargos.

En cuanto a la calidad de la información publicada, el Consejo de Transparencia insta al CGPJ a actualizar la información que no lo esté, se encuentre o no sujeta a obligaciones de publicidad activa, y, al igual que al TC, publicar en su portal de transparencia una referencia a la última fecha en que se revisó o actualizó la información.

NOTA INICIAL

En el caso de la FGE, a diferencia del TC y el CGPJ, no presentó observaciones al informe inicial de evaluación, observaciones que en los otros dos órganos sirvieron para subirles la nota, por lo que el Consejo de Transparencia ha mantenido su calificación original.

No obstante, de oficio "se ha revisado el cumplimiento del criterio de publicación en formatos reutilizables al haberse constatado que el formato utilizado por la 'web' de la FGE es HTML y que permite tratamiento".

Asimismo, "se ha considerado la no aplicación de la obligación de publicar las autorizaciones para actividad privada al cese de altos cargos, dado que el artículo 15 de la Ley 3/2015, reguladora del Alto Cargo en la Administración General del Estado no es aplicable a los órganos constitucionales".

El PSOE, Unidas Podemos y sus socios presupuestarios han exigido este jueves a la embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon, la inmediata liberación de la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz Sánchez, retenida desde el pasado 13 de abril en Palestina.

En concreto, la misiva lleva la firma de los diputados socialistas, del grupo confederal y de otras diez formaciones: ERC, EH Bildu, PNV, Junts per Catalunya, Compromís, BNG, Más País-Equo, CUP y Nueva Canarias.

Estos partidos han transmitido a Radian-Gordon su preocupación por la "situación agónica" de Ruiz y de sus compañeros Tayseer Abu Sharbak y Saeed Abbad, integrantes también de la organización sanitaria Health Work Committees (HWC).

Los firmantes exigen la puesta en libertad de estas tres personas y la correcta aplicación del derecho internacional en materia de derechos humanos y derecho humanitario.

INTERVENCIÓN DE BORRELL

"Se está aplicando una ley militar y vulnerando el derecho internacional", ha denunciado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, quien a instado al jefe de la Diplomacia europea, el socialista Josep Borrell, a intervenir ante esta "detención ilegal". "Ayudar a la población palestina más necesitada no es delito", ha añadido en un mensaje de Twitter.

En la carta, los parlamentarios relatan la detención de Ruiz tras la irrupción en su casa de 20 soldados israelíes armados, de madrugada, en la localidad cisjordana de Beit Sahour. "Desde entonces permanece en detención sin cargos, ni juicio, ni pruebas", denuncian, incidiendo en que este proceder "contraviene el derecho internacional", que ha sido trasladada de cárcel varias veces y que únicamente se le ha prestado asistencia consular en una ocasión, concretamente, el pasado 21 de abril.

También protestan porque esta retención se ha producido en aplicación de la legislación y órdenes militares israelíes que rigen para a los residentes en Cisjordania que, según recalcan, "más de cincuenta años después de la ocupación, ha sido denunciada por organizaciones de Derechos Humanos exigiendo que se apliquen iguales derechos civiles que a la población israelí".

Estos doce partidos recuerdan que Juana Ruiz Sánchez, vive en Palestina desde hace 35 años y trabaja como coordinadora de proyetos de la organización sanitaria palestina Health Work Committees (HWC), entidad que realiza una importante labor en la zona y que está financiada por la cooperación española y por la de otros países europeos, por organizaciones internacionales como UNICEF y la y por ONG como OXFAM, Medical AID y Save the Children.

El riesgo por lluvias y tormentas localmente fuertes afectará este viernes a seis provincias del este peninsular y el aviso por rissagas afectará a Menorca, donde se espera una oscilación del mar de 0.8 metros de altura, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que espera que en estas provincias se acumulen entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora.

En concreto, el aviso amarillo por lluvias afectará a Huesca, Teruel, Barcelona, Gerona, Lérida, Castellón y Valencia, mientras que el riesgo por tormentas se ha activado únicamente para la provincia de Valencia, especialmente en el interior.

Aunque esto serán los fenómenos meteorológicos mas significativos, la AEMET prevé también nubosidad abundante en la mitad norte y en el tercio este y Baleares. A lo largo del día también se extenderá la nubosidad al resto de la Península y al final de la jornada se despejará por el suroeste.

En general se podrán producir chubascos dispersos y ocasionales en amplias zonas de la mitad norte peninsular, Melilla y resto del área mediterránea. Algunos de ellos estarán acompañados de tormentas, sobre todo durante la segunda mitad del día.

En concreto, prevé que serán localmente fuertes en el norte de Aragón, Cataluña, este de Teruel e interior de la Comunidad Valenciana, sin descartarlo en puntos del sudeste de Castilla y León.

Las precipitaciones podrán ser en forma de nieve a partir de 1.200 metros en la cordillera Cantábrica occidental. En el resto del país la cota de nieve estará bastante más alta.

Por su parte, el archipiélago canario tendrá una jornada de viernes con precipitaciones débiles en general que tenderán a remitir y bastante más alta en el resto.

Al mismo tiempo, las temperaturas nocturnas descenderán en la mayor parte del interior peninsular y se esperan pocos cambios en el resto. Por último, la AEMET informa de que los vientos soplarán de componente norte en Canarias, Galicia, alto Ebro y norte del litoral mediterráneo, del sur o suroeste en Baleares y litoral sudeste peninsular, y de poniente en el resto del litoral andaluz. En el resto predominarán los vientos flojos.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha revelado este jueves que habló con el que fuera líder del partido, Albert Rivera, "hace unos días" y se ha mostrado "convencida" de que no volverá a la política porque "está muy contento en el sector privado".

En una entrevista en Radiocable, Arrimadas ha destacado que mantiene una "buena relación" con Rivera, a quien conoce "desde hace muchísimos años". "Yo tuve un niño a la vez que él una niña. Yo me llevo bien con todo el mundo, lo importante son las personas y hablamos hace no mucho", ha explicado.

Cuando le han preguntado si cree que Rivera forma parte de la operación del PP para captar a cargos de la formación naranja, la presidenta de Cs ha asegurado que, en su despedida, Rivera señaló "que se iba de la política" y que "15 años ya eran suficientes".

"Dijo que tenía muchas ganas de hacer cosas en el sector privado, volver a trabajar y creo que todo el mundo que lo escuchó confió en su palabra. Nos lo creímos, yo me lo creo, así que no tengo ningún motivo para pensar que no va a ser así", ha dicho.

Posteriormente, en una rueda de prensa en la sede de Ciudadanos, se le ha preguntado si en esa charla hablaron de política, a lo que ha respondido que no suele contar los detalles de las conversaciones que tiene con otras personas.

"Vamos teniendo contacto de manera periódica sobre muchas cuestiones, pero sobre todo del ámbito personal, estrictamente personal, que tenemos muchas cosas en común" y "mantenemos un contacto personal, absolutamente agradable, de vez en cuando", ha explicado.

La propia Arrimadas admitió el pasado 7 de abril que no hablaba con Rivera desde el pasado mes de diciembre. La conversación de la semana pasada habría sido la primera tras las elecciones catalanas del 14 de febrero, en las que Ciudadanos pasó de 36 escaños en el Parlament a seis, y después de la decisión de Cs de promover mociones de censura en Murcia contra el PP, que desencadenó la convocatoria de comicios anticipados en la Comunidad de Madrid.

REEDITAR UN GOBIERNO CON EL PP EN MADRID POR "SENTIDO COMÚN"

Por otro lado, Arrimadas se ha referido a los comicios del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid para insistir en su apuesta por reeditar un Gobierno con el Partido Popular. Así, ha asegurado que el "sentido común" lleva a repetir un Ejecutivo que "funcionaba bien" y que ya tenía desarrollado un programa.

Los presupuestos estaban negociados, el acuerdo de gobierno también y los procesos de licitación y ayudas estaban hechos y metidos en un cajón pendientes de salir. Ayudas directas a los comerciantes y a los hosteleros, y los equipos estaban montados. Lo lógico y razonable es que si un gobierno estaba bien, que mantenga esta línea los dos años siguientes", ha explicado.

En esta línea, Arrimadas ha incidido que esto es lo que haría "cualquier persona en su vida diaria" de no ser por la "burbujita política" en la que están metidos los candidatos. Así, y pese a apostar por el pacto con los 'populares', la presidenta de Cs ha dejado claro que su formación es moderada y de centro.

"Somos partidos pragmáticos, realistas. Lo más sensato no es hacer un experimento, sino seguir con un gobierno que va bien", ha continuado Arrimadas, que no quiere que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid pierdan "el tiempo".

"BILDU PUEDE SER SOCIO DE SÁNCHEZ Y NADIE DICE" QUE SEA "FILOETARRA"

Sobre si considera que manifestarse en la plaza de Colón junto a Vox es moderado, Arrimadas ha recordado que esa concentración fue convocada por Ciudadanos y después "se sumó quien le dio la gana".

En este contexto, la presidenta de Cs ha señalado que en la plaza madrileña se "pedían elecciones" y a la misma acudieron también "concejales socialistas escandalizados con los pactos de Sánchez y sus cesiones ante el nacionalismo".

"Lo que no puedo entender es qué pasa en España cuando a Sánchez se le permite pactar unos presupuestos con Bildu y no te dejan ir a una manifestación a la que también quiera venir Vox. ¿Cuándo ha cambiado esto? Bildu puede ser un socio de Sánchez y nadie dice que Sánchez se ha vuelto pseudoetarra o filoetarra", ha lamentado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado "absolutamente razonable y sensato" que el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, haya planteado que se prorrogue dos meses el estado de alarma y rechazado que esta figura se pueda aplicar "a la carta" por territorios, dado que ve España en manos de un Gobierno "que parece negacionista en lo que a legislación se refiere".

"No podemos pasar de cero a 100 en un segundo", ha argumentado, en la rueda de prensa posterior en el Consello de la Xunta, en la que ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por no haber impulsado una ley para gestionar la pandemia como pedían Galicia y otras comunidades, y además, en el caso gallego, haber recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) parte de la reforma de la ley de salud.

A las puertas del 9 de mayo, ha afeado al Gobierno central el uso de una figura "excesiva, antigua y desproporcionada" como es el estado de alarma para después obviar la petición de que legisle y, además "culpar" a los presidentes que rechazaron esta figura inicialmente en lo que ve "una trampa impropia de un sistema democrático".

Así las cosas, se ha reafirmado en que las comunidades necesitan "una red" y, si bien ha defendido que su prioridad sería contar con la ley de salud gallega plenamente en vigor, ha advertido que, si no es posible, sería partidario de mantener el estado de alarma, de forma que cada gobierno pueda medir sus pasos "previa comunicación al Consejo Interterritorial".

Más allá, ha recordado que Urkullu ya tiene experiencia con el rechazo de los tribunales a alguna de sus decisiones, por ejemplo en lo que respecta al cierre de la hostelería. Acaba de volver a pasar, ha añadido, con el comercio en La Rioja.

"PARAGUAS LEGAL" SI NO SE SOLUCIONA EL CONFLICTO CON LA LEY GALLEGA

Así, ha manifestado que Galicia, al igual que el resto de comunidades, necesitaría "un paraguas legal" si el Gobierno "no le deja gestionar" la pandemia con su ley. "Que es lo que le pedimos", ha resaltado, para añadir que la norma autonómica le parece "suficiente" e insistir en el agravio que supone que, bajo su punto de vista, se recurra la ley gallega pero no la de Aragón, de contenido similar.

En este sentido, ha defendido que la ley no afecta "a derechos fundamentales" e incluso certifica "en un artículo" que, si alguna decisión afectase a los mismos, la Xunta debería buscar la "autorización y ratificación judicial".

En este punto, se ha referido a las conversaciones técnicas abiertas entre Xunta y Gobierno para tratar de solventar el conflicto, y ha asegurado que los "interlocutores" del Ejecutivo estatal "se quedaron muy sorprendidos" porque "ven que no hay ninguna intención de vulnerar la Constitución".

De este modo, Feijóo, quien ha recalcado que el recurso es "político, ha advertido que, si el Gobierno no acepta el acuerdo de interpretación que ha propuesto la Xunta, "no será por culpa de los interlocutores" que negocian "si no de los mandos". Y ha insistido en que Galicia seguirá sin una herramienta que le avalaría para defender cualquier decisión frente a la pandemia en los tribunales.

Coalición Canaria-PNC ha mostrado su preocupación por la decisión del Gobierno de levantar el estado de alarma el próximo 9 de mayo y ha advertido de la incertidumbre que generaría esa decisión en el caso de que se tomara por la falta de "herramientas jurídicas" para que la Comunidad Autónoma pueda seguir tomando medidas para frenar posibles rebrotes de la pandemia.

Para los nacionalistas, "esta decisión unilateral del Gobierno central, que fue anunciada sin consultarla ni comunicarla antes a las comunidades autónomas, parece responder más a los intereses electoralistas del PSOE de cara a los comicios madrileños del próximo martes y no al interés general".

El Comité Ejecutivo Nacional, reunido este jueves, reprochó "la falta de diálogo sobre una decisión en la que está en juego tirar por tierra el esfuerzo titánico de la ciudadanía, de los profesionales sanitarios, del tejido económico, en definitiva, de la sociedad, desde que en marzo de 2020 se decretara el primer estado de alarma" y pidió al PSOE "repensar si es la decisión idónea cuando el índice de vacunación aún es muy bajo y desigual, dependiendo de cada comunidad autónoma".

"Tomar la decisión sin aprobar una alternativa, sin una herramienta clara que permita a las comunidades autónomas tomar decisiones ajustadas a la realidad sanitaria de cada territorio o de cada isla puede generar enormes problemas y retrasar el control de la pandemia ante un repunte de casos", aseguran desde CC-PNC.

Los nacionalistas canarios mostraron su preocupación por el limbo legal en el que se quedarán las comunidades autónomas y la falta de herramientas que permitan a los territorios adoptar decisiones ajustadas a su realidad sanitaria y respaldadas por una seguridad jurídica que decaerá con el estado de alarma.

En este contexto, demandaron al Gobierno del Estado una "alternativa" que dote de esa seguridad jurídica a las decisiones de las comunidades autónomas porque, de lo contrario, podrían ser recurridas, al tiempo que reprocharon su incapacidad para dotar a las comunidades autónomas de los instrumentos jurídicos necesarios que no harían necesario el estado de alarma, tal y como se comprometieron.

Asimismo, exigieron al Gobierno de Canarias un plan de acción y coordinación para dar respuesta a las situaciones que puedan derivar tras el fin del estado de alarma, para "evitar volver a la casilla de salida".

Los nacionalistas canarios insisten en la necesidad de "hacer un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para que no vean en el fin del estado de alarma el fin de una crisis sanitaria que aún no está controlada y que no podemos dar por superada hasta que contemos con una inmunidad de rebaño".

En este sentido, señalan es fundamental que el Gobierno canario doble esfuerzos en prevención y trabaje en medidas que mitiguen el vacío legal que se producirá tras el 9 de mayo. Al mismo tiempo, reclaman al Gobierno liderado por Pedro Sánchez que abra el diálogo con las comunidades autónomas y no circunscriba su decisión a sus intereses de cara a la cita electoral en Madrid del próximo domingo.

DATOS DE LA EPA.

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva Nacional valoró los datos de la EPA publicados hoy y que sitúa la tasa de paro en Canarias en un 25,42 % frente al 15,98 % estatal como el más claro ejemplo de que las islas "necesitan políticas específicas".

En este sentido, recuerdan que el rechazo del PSOE a un plan de rescate del sector turístico dificulta la recuperación de nuestro motor económico y, por tanto, del empleo ya que un 40 % de los puestos de trabajo en Canarias dependen de la industria turística.

Los nacionalistas canarios señalan que la ligera disminución del desempleo, motivado por la caída de activos, "no deja lugar a discursos triunfalistas porque no caben mientras 272.700 canarios y canarias no tienen un trabajo" y apelan a la "responsabilidad" y al impulso de medidas para comenzar el camino hacia la recuperación y los datos previos a la crisis sanitaria.

Cruz Roja y Media Luna Roja han reclamado este jueves un acceso equitativo de todo el mundo a las vacunas contra el Covid-19, una medida que considera "crucial" para acabar que "todo el mundo esté a salvo" y acabar con la pandemia.

La organización recuerda que, aunque nadie ha podido esquivar los efectos de esta crisis sanitaria, sus consecuencias no se han sentido de la misma manera en los diferentes puntos del planeta. De hecho, señala que esta situación se ha definido por "las profundas y persistentes desigualdades" entre las personas que se encuentran "en mayor riesgo" y las que no se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

"Desde el inicio de la pandemia, hemos visto como el impacto del virus discrimina a las personas mayores, a las personas con condicionantes previos de salud y a las personas que tienen menos medios para aislarse y protegerse", ha indicado la entidad, que señala también hacia los países "afectados por crisis humanitarias".

Según ha señalado, el despliegue de las vacunas contra el Covid-19 representa "una brizna de esperanza" para millones de personas cuya vida se ha visto drásticamente afectada. Y es por eso que considera "crucial" asegurar el acceso equitativo a este tratamiento en todo el mundo, especialmente a los más vulnerables como personas refugiadas, migrantes, en exclusión social, con discapacidades o en zonas en conflicto.

UNA INTERVENCIÓN "FUNDAMENTAL"

Desde la entidad recuerdan que esta crisis no ha sido solo sanitaria, sino social y económica, lo que ha llevado a Cruz Roja y a Media Luna Roja a poner en marcha una respuesta local y global a través de la cual se han atendido a 700 millones de personas afectadas por la pandemia, según ha explicado la directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española, MaríaAlcázar.

Esta respuesta, según ha indicado la organización, se ha basado en tres pilares, la salud, la intervención frente al impacto socioeconómico y el apoyo a la respuesta local. "Nuestra intervención es fundamental en la convicción de que nadie estará a salvo hasta que todo el mundo lo esté", ha apuntado Alcázar.

Entre sus acciones, destacan medidas para reducir riesgos de trasmisión y mantener el acceso a los servicios esenciales de salud, para una recuperación, protección y diversificación de medios de vida y seguridad económica de los hogares o la distribución de alimentos.

Para poder llevar a cabo esta intervención, se ha contado con unos ingresos de 1.580 millones de euros, el 41% de los cuales proviene de fondos gubernamentales, el 40% de donaciones privadas, el 10% de fondos propios de la Cruz Roja y el 9% de otros actores como agencias de Naciones Unidas o Unión Europea, entre otras.

En este sentido, explica que el 58% de los fondos se han invertido en la intervención en materia de salud, el 36% en medidas frente al impacto socioeconómico y el 6% en el fortalecimiento de lascapacidades locales.