Agentes de la Guardia Civil de cuarteles de Ferrolterra llevan varios meses con cribados de ADN voluntarios y aleatorios en busca de coincidencias con las muestras localizadas en su día en el cuerpo de Elisa Abruñedo, vecina de Cabanas (A Coruña) que fue violada y asesinada en septiembre de 2013.

El cuerpo sin vida de esta vecina del lugar de Lavandeira, en la parroquia de Soaserra, en el municipio de Cabanas (A Coruña), fue localizado el 3 de septiembre de 2013, en una zona boscosa, a unos 400 metros de su domicilio, tras haber desaparecido horas antes después de salir a pasear por la zona.

A pesar del tiempo transcurrido, fuentes de la Guardia Civil han trasladado que la investigación no está cerrada y se continúa con ella para tratar de dar con el paradero del asesino y violador, ya que la autopsia que le fue practicada arrojó que había sufrido también una agresión sexual.

Los investigadores son conscientes que la persona responsable de esta violación y asesinato no se presentará voluntario para que se lo tome una muestra de su ADN, pero confían en poder localizar a algún familiar, y a partir de este momento ir acotando la búsqueda para dar con el responsable.

Este asesinato generó en los días posteriores una gran preocupación e intranquilidad en este municipio y en toda Ferrolterra, sobre todo al no haber sido detenido el responsable de la muerte violenta. La mujer era muy apreciada entre sus vecinos y en su puesto de trabajo, una residencia de mayores situada en el barrio ferrolano de Esteiro.

Ya en los meses posteriores al crimen, se comenzó con la recogida de muestras de ADN, en paralelo con otras líneas de investigación, toda vez que se cuenta con las instrucciones genéticas del autor de este acto delictivo.

AMPLIACIÓN DE LA ACTUACIÓN

Así, se comenzó con pruebas de ADN en las zonas más próximas al municipio de Cabanas, pero estas se han ido ampliando a otras parroquias y ayuntamientos de Ferrolterra. La Guardia Civil encuentran gran colaboración ciudadana para esclarecer este caso.

La familia de víctima se vio de nuevo golpeada por el fallecimiento unos meses después, en enero de 2015, del viudo de la mujer, en un accidente laboral, tras ser aplastado por una gran piedra que se desprendió de un camión cuando realizaba labores en unas obras que se estaban ejecutando en la Estación Naval de A Graña, en Ferrol.

Los dos hijos de la pareja, que residen en el domicilio familiar de Lavandeira, siguen aguardando a que se pueda esclarecer quién ha sido el autor de la muerte de su madre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha pactado una fecha para la reanudación de los vuelos de repatriación de migrantes senegaleses desde España, suspendidos desde 2018, durante su encuentro con su homólogo del país africano, Macky Sall, con el que sin embargo ha firmado una declaración y dos memorandos de entendimiento para reforzar la cooperación en materia migratoria.

Senegal, ha reconocido Sánchez, es «un socio imprescindible en la gestión de los flujos migratorios», de ahí que este fuera precisamente uno de los temas prioritarios para su visita al país, con vistas a reforzar una colaboración que hasta el momento ha sido estrecha.

En este sentido, ha explicado que ambos han firmado una declaración conjunta sobre cooperación en materia de lucha contra la inmigración irregular así como dos memorandos de entendimiento para la gestión de flujos migratorios.

El primero de ellos, ha indicado, apuesta por impulsar la migración regular a través de la migración circular, mientras que el segundo busca crear un «marco de cooperación institucional que permita una gestión más eficiente de los flujos migratorios, incidiendo sobre todo en los colectivos más vulnerables como son niños, personas con discapacidad y mujeres», ha precisado.

REANUDACIÓN DE LOS VUELOS

Preguntado sobre si la reanudación de los vuelos de repatriación se ha abordado en su encuentro con Sall, Sánchez ha incidido en que el retorno «es una parte más de la política migratoria», sin entrar en más precisiones salvo que es un asunto que han discutido.

El presidente del Gobierno ha enmarcado el documento firmado sobre migración circular en el compromiso con «ordenar los flujos migratorios por cauces regulares» y ha considerado que puede servir de «punto de inflexión» en la colaboración migratoria.

Sánchez ha subrayado que tanto Sall como él coinden en la importancia de «trasladar un mensaje contundente a las mafias» detrás del tráfico de personas y ha incidido en que «cuando hablamos de las personas que llegan mucha veces se nos olvidan las que no pueden llegar porque mueren en el mar».

En este sentido, el presidente senegalés también se ha mostrado muy crítico con las mafias que abusan de los migrantes «y los dejan morir en el mar». «En África no queremos ver a nuestros hijos morir en el mar», ha asegurado Sall.

LLEGADAS TEMPORALES DE SENEGALESES

Por ello, tras destacar que los 70.000 senegaleses que vive en España trabajan en condiciones decentes, ha apostado por consolidar esta vía a través de la migración circular y organizar «salidas temporales» que permitan satisfacer las necesidades de mano de obra que hay en nuestro país.

Esto permitiría «dar otras perspectivas» a los jóvenes, ha sostenido Sall, recalcando que para Senegal «el respeto de la dignidad de los migrantes es un punto esencial».

Por otra parte, Sánchez también ha resaltado la «excelente cooperación» con Senegal en los esfuerzos para la estabilización del Sahel, «un área de gran prioridad estratégica para ambos países».

El presidente cerrará precisamente su visita a Senegal con una visita esta tarde al Destacamento Marfil de las Fuerzas Armadas españolas que apoya el transporte aéreo de las misiones internacionales que operan en el Sahel. «España está y va a seguir estando comprometida con el Sahel», ha recalcado.

El primer denunciante del caso Montserrat e impulsor de la campaña en Change.org #ElAbusoNoPrescribe, Miguel Ángel Hurtado, ha mostrado su «profunda decepción» con el proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que se aprobó este miércoles en Comisión del Congreso; asegura que se queda «corto» y pide que el plazo de prescripción de abusos contra menores comience a contar cuando la víctima cumple 40 años y no 30 como se recoge en el texto.

«Con esa cifra (30 años), el grueso de los casos de abuso sexual infantil prescribirían en cuanto la víctima tenga entre 35 y 40 años. Se tarda más en aceptar lo que te sucedió», afirma Hurtado, a título personal.

Miguel Ángel Hurtado, quien sufrió abusos de pequeño en la Abadía de Montserrat lanzó una campaña en Change.org, que ya suma más de 530.000 firmas, solicitando que los tiempos de prescripción de los delitos de abuso sexual se amplíen. En la actualidad comienzan a contar una vez que la víctima cumple los 18 años.

Hurtado considera «profundamente decepcionante» el resultado de la tramitación de la norma hasta ahora en este sentido. «Se está estableciendo de momento que el plazo de prescripción sea cuando la víctima cumpla 30 años de edad. Esto significa que el grueso de casos de abuso sexual infantil prescribirán cuando la víctima tenga entre 35 y 40 años», advierte.

A su juicio, es «una reforma que sabe a poco, que llega tarde y que está mal hecha». «Desgraciadamente, el Gobierno ha decidido practicar el ‘analfabetismo científico’ a la hora de escoger cuál debe ser el nuevo plazo de prescripción para este tipo de delitos, dando la espalda a la evidencia empírica y condenando a la nueva ley al fracaso. Un triste ejemplo de obsolescencia programada legislativa», ha calificado Hurtado.

El impulsor de la iniciativa toma como muestra el estudio realizado por la Comisión Real de Investigación sobre las Respuestas Institucionales al Abuso Infantil, realizado en 2017 por la Iglesia Católica Australiana, que analizó las experiencias vividas por 4.445 supervivientes de pederastia que fueron abusados durante cinco décadas, y estableció que las víctimas tardaron de media 33 años en denunciar el delito, cuando ya tenían una media de 44 años de edad.

«Lamentablemente no podemos dar cifras sobre la realidad en nuestro país, porque España es un desierto estadístico. Tanto la Conferencia Episcopal como el Gobierno se niegan a realizar una investigación similar. Pero por pura lógica, las cifras no serían muy diferentes, probablemente incluso peores», ha explicado Hurtado.

En todo caso, se felicita porque la «mayoría» de partidos han escuchado su reclamación y existe una enmienda transaccional que pide al Gobierno ampliar el plazo, aunque no fue aprobada este miércoles en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad que aprobó este miércoles el informe de la ponencia.

«En una muestra de cerrazón difícil de comprender PSOE y Podemos se niegan a llegar a un acuerdo», expone Hurtado, mostrando su confianza en que esa enmienda pueda salir adelante la próxima semana en la votación en el Pleno.

Más de 100.000 perros dejarán de ser considerados «potencialmente peligrosos» si prospera el cambio de legislación que prepara el Gobierno y que espera presentar en el mes de mayo, según la Real Sociedad Canina Española (RSCE) que celebra que los canes dejarán de ser estigmatizados por esta nomenclatura que los «criminaliza».

Según los cálculos de la organización canina en España hay registrados más de 100.000 ejemplares de las razas consideradas potencialmente peligrosas que supone una «estigmatización» tanto a ellos como a sus dueños. En concreto, la normativa vigente califica en esta categoría a ocho razas de perros de las que la RSCE tiene registros de siete de ellas por lo que calcula que esta cifra es una buena aproximación a la realidad numérica de ejemplares de estas razas en España.

El director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, anunció esta medida esta misma semana en la I Jornada Política de la RSCE, ‘Hacia una nueva Ley de Bienestar Animal’, de modo que la próxima normativa acabaría con esta denominación. Precisamente, se trata de una de las principales peticiones de la Canina, que ya el pasado año, en sus 10 iniciativas legislativas, propuso la derogación del ‘Perro Potencialmente Peligroso’ (PPP).

Actualmente, la figura del PPP queda recogida en el Real Decreto 287/2002, en su Anexo I, donde se incluyen ocho razas caninas como ‘potencialmente peligrosas’. De ellas, siete forman parte de los registros de la RSCE, de forma que el número aproximado de perros estas razas (de los registrados en el Libro de Orígenes Español, LOE) que se podrían beneficiar de un cambio de la legislación sería de unos 40.000.

A ellos habría que sumar, como mínimo, otras ocho razas que aparecen en diferentes regulaciones autonómicas y que arrojarían un número adicional de 31.000 perros más. Pero si a esos 71.000 ejemplares se sumaran aquellos que responden a los criterios del Anexo II de la legislación actual, incluyendo a los mestizos, se alcanzaría una cifra muy por encima de 100.000 perros, precisa la RSCE.

De aprobarse la normativa, los perros serían catalogados de manera individual y no por su raza, para atender no a sus características físicas sino de temperamento y conducta.

El presidente de la RSCE, Julián Hernández, considera que «legislar sobre potencialidades implica establecer unas generalidades que, además de ser injustas, han propiciado la criminalización y la marginación social de determinadas razas y, por ende, de sus tutores. Esperamos que, con este cambio de Ley que nos anunció el director general de Derechos de los Animales en primicia, por fin pueda cambiar esta situación».

En la jornada, García Torres anunció que el Gobierno espera presentar el próximo mes de mayo un anteproyecto de ley para modificar la Ley 50/99 sobre animales potencialmente peligrosos para fijarse en el comportamiento individual de los animales de compañía sin tener en cuenta «la raza concreta con la que ha nacido» y evitar así prejuicios «injustos». La norma establecerá un mecanismo de validación de comportamiento de cada ejemplar.

Además, el anteproyecto de ley prevé que los perros que necesiten algún «manejo particular» se deben educar con técnicas de mejora de comportamiento para que dejen de ser peligrosos.

García Torres explicó los cambios normativos que conllevará la ley de Bienestar animal que prepara el Ejecutivo y durante la jornada, la RSCE solicitó al representante del Gobierno una nueva ley que universalice la identificación canina, educación de niños y jóvenes en valores que fomenten el respeto y la empatía animal, protección y fomento de razas autóctonas y reconocimiento al trabajo de los criadores éticos y responsable.

HOMOGENEIZAR 17 NORMATIVAS

Torres detalló que la ley que prepara el Gobierno y cuyo borrador está en trámite de información pública, se centrará en homogeneizar las 17 normativas autonómicas para establecer un marco general común, al tiempo que incluirá un ‘Sistema de Registros de Protección Animal’ (SRPA), del que formarán parte diferentes sistemas de identificación. Entre ellos, se creará un registro de centros de bienestar animal, por el que se garantizará la profesionalidad del sector; el de la recogida de animales abandonados o las entidades de protección animal.

Igualmente, se implantará un Registro Nacional de Profesionales de comportamiento y educación canina en colaboración con los Ministerios de Trabajo y de Educación, de modo que se establecerá un marco de formación para que los profesionales puedan incorporarse de forma regulada al mismo y para que los clientes puedan acceder a profesionales con «garantía».

Dentro del SRPA, también se prevé un Registro Nacional de Animales de Compañía que coordinará los 17 registros autonómicos a modo de «metaregistro» al que se pueda acceder en tiempo real a todos los datos de todos los animales del país.

García Torres agregó que al mismo tiempo y dentro del mismo paraguas se establecerá un Registro Nacional de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía porque en la actualidad hay que ser un «experto» en legislación autonómica y municipal para controlar estos núcleos. Esta iniciativa se está elaborando en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que «en breve» pondrá sobre la mesa un Real Decreto de Núcleos Zoológicos.

Por otro lado, informó de la creación de un Registro Nacional de Criadores de Compañía que incluirá a profesionales y amateurs para que «solo los registrados» puedan ser criadores oficiales.

Otra de las «piezas clave» de la normativa será la obligación de identificar a los animales de compañía antes de que puedan ser comprados y dentro de los tres primeros meses de vida para que la cría esté controlada, al tiempo que se pondrá en marcha un Registro Nacional de Inhabilitación para la Tenencia de Animales de Compañía en el que se incluirá a todos los condenados por maltrato, que no podrán registrar animal alguno a su nombre.

SERES SILIENTES

El proyecto de ley prevé modificar también el código civil para que reconozca que los animales sean seres sintientes en línea con el Tratado de Lisboa, así como otra modificación del Código Penal para actualizar al alza las penas por delitos de maltrato animal ya que las actuales se quedan «bastante laxas» ya que el máximo son 18 meses.

Asimismo, el director general expuso que se están planteando un anteproyecto de ley para los perros de asistencia que incluya criterios homogéneos y que equipare, en particular, su acceso en espacios públicos. «El anteproyecto de ley nacional de protección animal que será la combinación de proyectos», ha defendido García Torres, que insiste en la necesidad de avanzar hacia el abandono cero y el sacrificio cero.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Púnica’, ha acordado archivar provisionalmente la investigación para el exdiputado de Les Corts Valencianes Víctor Soler, para el vicesecretario de Organización del PP de Gandia Dionisio Ollero, para el exalcalde de Gandia Arturo Torró, y para el administrador de Construcciones Gomuñoz Sergio Muñoz Gómez en el marco de la pieza separada número 10 relativa a la contratación de trabajos para la mejora de la reputación ‘online’ de cargos del PP con fondos públicos.

El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, ha firmado el sobreseimiento para todos ellos al entender que con las pesquisas realizadas hasta la fecha no se ha justificado de forma consistente la perpetración de los delitos que se les imputaban. Así, la parte de esa pieza que indagaba en el PP de Gandia, decae.

En el auto por el que imputaba en noviembre de 2020 a varios altos cargos de distintos ayuntamientos ‘populares’ el juez explicaba que investigaba a Soler por concertar con Torró cómo satisfacer «la deuda pendiente y afrontar el pago de nuevos trabajos de reputación» de las empresas del conseguidor de la ‘Púnica’ Alejandro de Pedro con dinero público.

En este sentido, señalaba que de la información remitida por la Agencia Tributaria se había podido comprobar que Eico (de De Pedro) facturó en 2012 al Ayuntamiento de Gandia la cantidad de 13.100 euros y en el año 2013 la de 8.470 euros.

La investigación se centraba pues en la supuesta participación de los anteriores, de forma concertada con el empresario Alejandro de Pedro, en trabajos dirigidos al presunto favorecimiento de la reputación del exalcalde de Gandía a través de las empresas EICO Online Reputation Management.

Pero ahora, en el auto, el magistrado señala que las diligencias practicadas hasta el momento permiten cuestionar la tipicidad de los hechos imputados a los investigados respecto a la presunta contratación fraudulenta de las empresas de Alejandro de Pedro.

El juez explica que no se ha acreditado la falta de prestación por las empresas de De Pedro de los servicios contratados y pagados por el Ayuntamiento de Gandía, así como que Sergio Muñoz pagara importe alguno a aquel. «De la documentación se desprende, igualmente, que el Ayuntamiento de Gandía no llegó a abonar cantidad alguna a MADIVA, empresa respecto de la cual las facturas que se giraron fueron devueltas y no satisfechas por el Consistorio Municipal», indica.

Por otra parte, según el juez el hecho de que los contratos se licitaron como «contratos menores» puede conllevar algún tipo de acción de índole administrativa, pero no puede ser fundamento para una imputación penal.

En definitiva, apunta, los indicios aportados no permiten determinar, a través de un juicio lógico de inferencia, de manera inequívoca, la existencia de los presupuestos objetivos ni subjetivos de los tipos penales referidos y con ellos la intención de los investigados con su proceder, según las máximas de la experiencia. «Los indicios acumulados no trascienden, a entender de este magistrado, de la mera suposición», añade.

Así pues, de las actuaciones practicadas, continúa el instructor, hasta el momento no se desprende indicio alguno de fraude, «no se ha podido acreditar que los servicios licitados por el Ayuntamiento de Gandía a EICO no se prestaron, o que existiera una corrupta voluntad (estrategia, en términos de la acusación pública) de desviar fondos públicos con la finalidad de atender a gastos de carácter particular».

«Ninguna diligencia se ha practicado en orden a determinar que los informes se refieren a aspectos privados, de imagen personal del alcalde. Mucho menos se ha podido acreditar que estos informes se realizaron por encargo de Torró Chisvert, y finalmente tampoco se ha acreditado que los pagos que se efectuaron por el Ayuntamiento de Gandía se realizaron precisamente, para mejorar la reputación personal del alcalde, toda vez que no se ha desvirtuado la inicial presunción de veracidad de las prestaciones realizadas por EICO», concluye.

LA UCO DEFENDÍA QUE SOLER ERA CONOCEDOR

Este auto acaba así con la tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quien afirmó que Soler era «conocedor» e «interlocutor directo» en los servicios reputacionales que realizaron las empresas de De Pedro al exalcalde Arturo Torró entre los años 2012 y 2014.

La Guardia Civil explicó en un informe de 2016 que de las conversaciones telefónicas intervenidas a De Pedro se confirmaba la existencia de una deuda del Ayuntamiento de Gandia con el empresario, que comenzó a trabajar con el PP de la localidad en 2011, cuando comenzó a prestar trabajos con su empresa EICO.

Debido a que era un año electoral los investigadores sospecharon de que los servicios contratados eran destinados a la «promoción» de la formación política y que, una vez que Torró consiguió la alcaldía, los trabajos de reputación online pasaron a facturarse al consistorio municipal.

Soler declaró como investigado el pasado 22 de febrero ante el juez instructor y aseguró, según fuentes jurídicas presentes en la declaración, que el entonces alcalde le pidió que contratara a las empresas de De Pedro para la campaña de 2015, ya que ya habían trabajado con el partido para las municipales de 2011.

En este sentido, precisó que como aún le debían dinero de entonces a De Pedro, se encargó de renegociar la deuda que mantenía, pero negó haberse ocupado de ese pago. Según la UCO, se acordó el pago de 2.633,75 más IVA durante ocho meses, si bien los trabajos para dicha campaña electoral no se llevaron a cabo porque la Policía intervino antes.

La UCO destacó este hecho en su informe y explicó que en 2013 comenzaron las discrepancias debido a que quedaron varias facturas impagadas a EICO y Madiva por parte del Ayuntamiento de Gandia. No obstante, según los investigadores, debido al «fruto del deseo» de que continuar con la elaboración de esos informes a favor de Torró, Soler accedió a pagar la deuda y acordó un nuevo plan de pagos para los próximos trabajos, que se prolongarían hasta 2015.

Según el informe, Soler contactó con el vicesecretario de organización del PP en Gandia, Dionisio Ollero, para buscar una fórmula de pago para solventar dicha deuda y concertaron con la constructora Construcciones Gomuñoz –empresa adjudicataria de obras en el consistorio valenciano y acreedor del mismo– para que sufragara la misma por supuestos trabajos de publicidad realizados por Madiva, otras de las empresas de De Pedro.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha remarcado este viernes que costó «sudor» sacar adelante cada estado de alarma, por lo que se ha mostrado partidario de huir de un debate que considera «reiterativo» y por incidir en la «cogobernanza» y el «entendimiento» entre las distintas administraciones.

Así lo ha trasladado el ministro en una rueda de prensa conjunta con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión que ambos mantuvieron en la capital gallega y después de que el Consejo de Estado se pronunciase sobre la ley de salud que salió del Parlamento autonómico.

En su dictamen, el órgano consultivo avala aclarar en el Tribunal Constitucional (TC) las dudas sobre el precepto relativo a vacunación pero muestra su respaldo a otras cuestiones como el régimen sancionador planteado en la ley gallega. Y además incide en una cuestión que la Xunta plantea desde hace meses: sería favorable actualizar la legislación estatal para poder afrontar la pandemia con más seguridad.

Al respecto, Ábalos ha precisado que el informe del Consejo de Estado es «no vinculante», si bien «siempre» es «interesante» lo que recomienda este órgano. De hecho, tras recalcar su apuesta por huir de un debate «reiterativo» sobre el estado de alarma, ha afirmado que espera que «en algún momento se pueda integrar la experiencia que se ha vivido».

«Me pilla fuera de mi competencia» y «no soy el ministro competente», ha añadido el responsable de Transportes. Así, ha bromeado con que «bastante» tiene con su Ministerio, aunque participa «de los debates del Consejo de Ministros» y también tiene sus propios «criterios» al respecto de los mismos. «Pero no le puedo contestar a lo que me dice porque ni siquiera me he estudiado el informe del Consejo de Estado», ha afirmado.

Así, ha añadido que, «como todo informe, tienen también un carácter no vinculante, aunque evidentemente siempre sea interesante (conocer) sus recomendaciones».

COLABORACIÓN FRENTE A UN DEBATE «REITERATIVO»

En cualquier caso, por su «experiencia personal en este año y pico tan duro, especialmente para aquellos que tienen que enfrentar la gestión y a la vez la crítica», ha apostado por la «colaboración» entre administraciones. «Cuando se trata de salvar vidas no constituye ninguna opción, es una obligación», ha subrayado.

En esta línea ha defendido «seguir apostando por el entendimiento» y por «la cogobernanza» y «ojalá también con el conjunto de las fuerzas políticas».

Y en esta línea, tras constatar que «la realidad es la que es», ha incidido en el «sudor, por no decir otra cosa» que ha costado negociar cada estado de alarma para concluir, tras las reflexiones previas, que, en todo caso, espera «que en algún momento se pueda integrar la experiencia que se ha vivido».

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha mostrado este viernes confiado en que el acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), además de otras instancias como el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional (TC), siga «hecho» y se materialice «más pronto que después», porque «no hay alternativa».

Así lo ha aseverado el ministro en el transcurso de un encuentro informativo, Atlantic Copper, Cepsa y Laboratorios Vir, y donde también han participado el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia y Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río.

Han asistido al encuentro, entre otros representantes institucionales, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Sobre la renovación pendiente del CGPJ, el ministro de Justicia ha aseverado que «tiene que haber acuerdo», porque «no hay alternativa», y ha advertido de que «cargarnos las instituciones es cargarnos la democracia».

Por eso, ha dicho estar «convencido de que, como no hay otra alternativa, más pronto que después tendremos renovación» no sólo del órgano de gobierno de los jueces, sino también de otras instituciones como el TC y el Defensor del Pueblo, porque «no podemos ralentizar el funcionamiento de instituciones por intereses coyunturales o partidistas», y «entre todos tenemos que buscar la solución y ya».

Juan Carlos Campo ha considerado «un déficit» en la actual democracia española que no se haya procedido ya a la renovación pendiente del CGPJ, y ha sostenido que el «acuerdo» para ello «estaba hecho» hace unas semanas aunque «no se anunció», pero sigue «esperanzado en que esté hecho».

Ha agregado que «el problema está en que hay un bloqueo», porque para la renovación del Consejo se requiere «un acuerdo de partidos» y por ahora no se logra el «necesario consenso».

Se ha detenido especialmente en destacar que el PP resulta «fundamental» para alcanzar ese consenso, y en esa línea ha subrayado que «en una reforma de Estado no se puede quedar fuera un partido que ha vertebrado este país» y al que él, según ha añadido, ha ofrecido «volver al pacto de Estado por la Justicia» suscrito ahora hace 20 años entre el PP y el PSOE, así como «reforzar» el órgano de gobierno de los jueces proponiendo, por ejemplo, que «todos los nombramientos reclamen tres quintos, 13 votos» de apoyo.

ESPAÑA, UNA «DEMOCRACIA PLENA»

El ministro también ha defendido que «España es una democracia plena y existe la división de poderes», y que una gran mayoría de jueces entienden que son «rabiosamente independientes». En esa línea, ha advertido contra el «ruido interesado» que cuestione esa realidad, porque «nadie debería dudar que la justicia es buena», aunque sí ha admitido que se dude de la «efectividad» de la misma.

Además, ha puntualizado que el hecho de que España sea una «democracia plena» no significa «que no haya problemas y conflictos», y, de hecho, ha sostenido que el que aparezcan éstos «no es malo», y la cuestión principal es ver «cómo los resolvemos», y «es verdad que tenemos que engrasar ciertos mecanismos democráticos».

En todo caso, el titular de Justicia ha incidido en defender que el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces es «rabiosamente constitucional» y «no es verdad que sea un reparto de cromos». «El sistema es bueno, pero lo prostituimos», ha advertido también.

MARÍN: «LA GENTE PIDE QUE LOS JUECES ELIJAN A LOS JUECES»

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Justicia, Juan Marín (Cs), ha manifestado al respecto de esta cuestión que «la gente en la calle lo que te pide es que los jueces elijan a los jueces», y ha señalado que «el consenso es deseable, pero no siempre es posible», y al hilo se ha quejado de que, en la pasada legislatura en Andalucía, por falta de acuerdo entre PSOE-A y PP-A, Ciudadanos se quedó fuera de órganos de extracción parlamentaria como el consejo de administración de la RTVA «pese a que era un derecho que nos habían dado los ciudadanos.

Ha agregado que cree que «la mejor fórmula» de cara al CGPJ es «buscar un sistema que permita que la percepción que tienen los ciudadanos» de la Justicia y su posible falta de independencia «desaparezca», por ejemplo haciendo que «los jueces elijan a los jueces» y el Congreso de los Diputados después lo ratifique.

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que convoque de forma «inmediata» una reunión de la Conferencia de Presidentes para aclarar el marco legal que se va a aplicar una vez que acabe el estado de alarma el próximo 9 de mayo y que el Gobierno ofrezca explicaciones ante el «desmadre» y el «caos» de la vacunación.

Casado ha realizado esta petición sobre la Conferencia de Presidentes –no se reúne desde el pasado 26 de octubre– en un encuentro del Consejo Provincial de Alcaldes y Portavoces del PP de Granada, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

El presidente del PP ha afirmado que el Consejo de Estado ha dado «la razón» a su partido cuando pide un marco jurídico adecuado para afrontar el Covid 19 como «una ley de pandemias» y ha acusado al Gobierno de «ocultar durante semanas» ese informe del órgano consultivo como, según ha dicho, ya hizo con otro dictamen sobre los fondos europeos.

Dicho esto, ha subrayado que es necesario modificar la legislación para que las autonomías tengan un «marco legal para tutelar la salud de todos los ciudadanos» y ha subrayado que el PP viene solicitando desde hace meses «por activa y por pasiva» la aprobación de un plan b jurídico.

CRITICA QUE SÁNCHEZ ESTÉ EN ANGOLA «CON ESTE CARAJAL»

Por eso, ha exigido la convocatoria inmediata de la Conferencia de Presidentes para que el Gobierno explique «qué va a pasar a partir del 9 de mayo» y «se diga claramente qué está pasando con la vacunación en España». «No es mucho pedir», ha proclamado, para añadir que este proceso de vacunación es «un caos», un «desmadre» y un «auténtico despropósito».

Aunque ha dicho que el Grupo Popular ha registrado ya la comparecencia en el Congreso de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que esas explicaciones debe darlas el propio Sánchez ante el «desmadre» y el «caos» con la vacunación porque es el máximo responsable.

En este punto, ha recriminado al jefe del Ejecutivo que se haya ido a Ángola y Senegal estos días cuando, a su juicio, es necesario dar un mensaje de «claridad» a los ciudadanos con las vacunas, que no saben cuándo les van a vacunar, qué va a pasar con lasegunda dosis de AstraZeneca y si van a poder «salir a la calle el 10 de mayo. «Es un escándalo», ha enfatizado, para recriminar de nuevo a Sánchez que esté fuera de España con este «carajal».

Casado ha afirmado que «se trata de establecer una campaña de vacunación y no hacer campaña con la vacunación como hace el presidente del Gobierno». Si Europa suministra las vacunas y las CCAA son las encargadas de administrarlas, ¿para qué pagamos al presidente del Gobierno si se abstiene de cualquier responsabilidad?», se ha preguntado.

El presidente del PP, que ha acusado a Sánchez de «anteponer sus intereses electorales» a la salud en la gestión de la pandemia, ha urgido al Gobierno a dar explicaciones. «Pido por favor claridad, aunque solo sea por una cuestión de sensibilidad social y de salud pública porque hay que tener un marco legal suficiente para que las autonomías hagan su trabajo», ha abundado.

SÁNCHEZ, «EL PERRO DEL HORTELANO» EN LA PANDEMIA

Además, el presidente del PP ha contrapuesto la gestión de los presidentes autonómicos de su partido durante la pandemia con la del Gobierno de Pedro Sánchez, quién, a su juicio, ha actuado como «el perro del hortelano» que «ni ha gestionado ni ha dejado gestionar», «ocultándose» detrás de las autonomías.

Casado ha asegurado que hoy al Gobierno le han «coincidido» hoy dos debates, el del «caos de la vacunación» y el de las previsiones económicas, con las que han «engañado» a los ciudadanos porque dejan en «papel mojado» los Presupuestos Generales del Estado aprobados hace pocos meses.

En este punto, ha presumido de la experiencia de gestión económica del PP. «Si la economía va mal y tenemos una banda de políticos y gestores que son incompetentes al frente de las instituciones como el Gobierno de España, el problema es que la economía se acaba ahogando», ha manifestado.

El alcalde de Soba, el regionalista Julián Fuentecilla, ha defendido en el Senado la puesta en marcha de un plan inicial para combatir la despoblación del mundo rural y acabar con la «desertización humana» de los pueblos.

Así lo expuso este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, a propuesta del senador autonómico y diputado regional José Miguel Fernández Viadero, ha informado el PRC en nota de prensa.

Durante su intervención, Fuentecilla ha denunciado que se han promocionado a las ciudades como lugares de «desarrollo, futuro y éxito» durante décadas, con grandes inversiones en infraestructuras y servicios e industria «porque tienen más habitantes», lo que ha supuesto «una gran bola de nieve que engorda a las ciudades, pero deja aniquilados a los municipios de zona rural, especialmente, a los de alta montaña».

Además, ha criticado los «paupérrimos recursos» que tienen para hacer frente al mantenimiento de los servicios, ya que, a su juicio, la participación de estos ayuntamientos en la financiación del Estado «es básicamente por habitante».

«Todo esto está ocasionando el gran ocaso del medio rural y, si es queremos salvarlo, hay que tomar medidas de una manera decidida ya», ha opinado.

Así, el plan, defendido por Fuentecilla, está diseñado a 10 años y contemplado para ponerlo en marcha en ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes y menos de 15 habitantes por kilómetro cuadrado, con pérdida permanente de población en los últimos 10 años.

En concreto, el plan recoge 10 medidas sobre infraestructuras y servicios, incentivos fiscales, autónomos y trabajadores, puesta en valor económico del territorio, sensibilización social, natalidad, compatibilidad de las ayudas, listado de municipios afectados, vivienda y seguimiento.

En cuanto a infraestructuras y servicios, apuesta por un plan «decidido y auténtico» que acabe con la brecha digital y el acceso y cobertura a las diferentes redes de comunicación; la mejora de las redes de saneamiento; el acondicionamiento de carreteras, caminos rurales y equipamientos públicos; la pavimentación de los núcleos urbanos; el mantenimiento de los edificios públicos y los consultorios médicos con una «buena» cobertura.

También apuesta por una «buena» dotación educativa y la potenciación de los servicios de atención a la dependencia y de servicios sociales, contemplando la creación de centros de día concertados y apartamentos tutelados para la tercera edad.

En materia fiscal, plantea la deducción del 50 por ciento del IVA en todas las actividades que se realicen en el municipio, por un periodo de diez años: rehabilitación y construcción de viviendas para residentes empadronados; rehabilitación de viviendas con más de 50 años de antigüedad para residentes y no; rehabilitación de edificios o construcción de nuevos para desarrollar actividades económicas; transacciones económicas de compra-venta de productos agrícolas, ganaderos, artesanales; y ayudas especiales para el alquiler y rehabilitación.

Asimismo, el plan recoge que los autónomos residentes en estos municipios dispongan de una tarifa plana de 50 euros para que inicien una actividad, como incorporación al sistema durante los primeros cinco años, y los siguientes cinco años un 50 por ciento.

Además, incluye una bonificación del 50 por ciento para los autónomos que ya estén dados de alta en cualquier actividad, durante 10 años.

También propone una tarifa reducida del IRPF en un 50 por ciento para trabajadores asalariados y jubilados, y una tarifa reducida de un 50 por ciento en las cuotas de la Seguridad Social de los empresarios que tienen su empresa y sede social en el municipio, durante 10 años.

Por otra parte, la propuesta defendidas pone en valor la economía de los municipios mediante el apoyo a la agricultura y ganadería y la industria derivada de su desarrollo, con campañas de potencien el consumo de sus productos, y de los recursos naturales y singulares de estos territorios.

Igualmente, apuesta por campañas de sensibilización sobre la necesidad de mantener la población del mundo rural y por el fomento de la natalidad, mediante ayudas de 300 euros al mes, hasta los cincos primeros años por hijo, a madres o familias que «cumplan estrictamente los requisitos de presencia real».

Todas las ayudas previstas en el plan serán compatibles con las ayudas oficiales que ya están puestas en marcha en los territorios.

Por último, propone que todos los comunidades aprueben un listado de municipios acorde a la normativa europea sobre densidad de población (12,5 habitantes por kilómetro cuadrado), como ya se ha hecho en Cantabria, y que se realice «un buen control» del plan para evitar que personas o empresas intenten «aprovecharse» sin cumplir los requisitos a través de «fuertes sanciones».

En Cantabria 30 municipios están considerados en riesgo severo de despoblamiento: Anievas, Arenas de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Cabezón de Liébana, Cabuérniga, Camaleño, Campoo de Yuso, Cieza, Cillorigo de Liébana, Hermandad de Campo de Suso, Herrerías, Lamasón, Luena, Miera, Molledo, Peñarrubia, Pesaguero, Pesquera, Polaciones, Rasines, Rionansa, Rozas de Valdearroyo, Ruente, Ruesga, San Miguel de Aguayo, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Santiurde de Reinosa, soba, Los Tojos, Tresviso, Tudanca, Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible, Valle de Villaverde, Vega de Liébana y Vega de Pas.

La Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace) ha presentado este viernes el estudio ‘El cuidado informal en el daño cerebral adquirido: impacto en la salud y en la calidad de vida de las personas cuidadoras’, que refleja «una gran desigualdad de género» al constar un perfil claramente feminizado: 8 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres.

Esta investigación promovida por Fegadace contó con el apoyo de la Fundación Barrié, de la Fundación Roviralta y de la Consellería de Política Social, y fue elaborada por ReTnova Proxectia Consulting, entre otros.

El proyecto ha sido apoyado con una inversión de 7.300 euros y han participado 282 personas encuestadas por vía telefónica. Los resultados del estudio fueron presentados por María Vidal Martínez, consultora senior e investigadora principal del estudio como parte de ReTnova Proxectia Consulting.

Las conclusiones indican una gran desigualdad de género, ya que el perfil de las cuidadoras está claramente feminizado y 8 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres. En buena parte de los casos, son cónyuges de la persona afectada.

También se concluye que hay un mayor impacto en la salud y calidad de vida de las mujeres. Estas tienen mayores problemas físicos y mentales asociados a la actividad de los cuidados que los hombres cuidadores, según los datos recopilados por el estudio.

A raíz de esto se muestra que hay más mujeres siguiendo tratamientos, especialmente por trastornos psicológicos como la depresión o la ansiedad.

«Hay un detrimento más severo de la salud y la calidad de vida de las mujeres cuidadoras», expuso María Vidal. Por tanto, desde el estudio se reclama la necesidad de la puesta en marcha de recursos de apoyo y el diseño de medidas con perspectiva de género.

También se concluye la importancia de medidas públicas sociales y sanitarias que contribuyan a mejorar la vida de las personas cuidadoras, especialmente en el ámbito psicológico y emocional.

La presentación contó con el testimonio de María Isabel Pardo, una cuidadora informal que expuso alguno de los problemas recogidos en el estudio, tales como la necesidad de apoyo institucional o los problemas psicológicas derivados del cuidado de una persona dependiente.

UNA REALIDAD

Concluyeron la presentación Raquel Martínez, decana de la Facultad de Socioloxía de la UDC y Antía Pérez, profesora. Ambas expusieron, entre otras cosas, los problemas derivados de la crisis del COVID-19, que han reducido en casi 3.000, las personas beneficiarias de las prestaciones para cuidados de larga duración.

Teresa Presedo, responsable del Área Social de la Fundación Barrié, recalcó que «es la primera investigación de esta índole que se lleva a cabo en Galicia».

«La realidad habitual con la que nos encontramos en las asociaciones es que las principales responsables del cuidado son mujeres. Una desigualdad de género que quisimos estudiar e investigar» recalcó Luciano Fernández, presidente de Fegadace.

El director general de Atención Sociosanitaria de la Consellería de Política Social, Antón Acevedo, quiso visibilizar «la necesidad de descanso y de apoyo físico y psicológico» para las cuidadoras. Apostó por «seguir trabajando en esta línea» y mostró el compromiso de la Xunta «para ayudar a estas mujeres».

El presidente de Vox y jefe de campaña del partido para las elecciones autonómicas de Madrid del próximo 4 de mayo, Santiago Abascal, ha calificado este viernes de «criminal» al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y ha comparado la «manipulación» de ciertos medios de comunicación sobre lo ocurrido en su acto en Vallecas con las noticias del diario Egin.

«Están actuando de la misma manera que el diario proetarra Egin relataba las noticias sobre terrorismo, convirtiendo a las víctimas en los culpables», ha asegurado Abascal, en un acto celebrado en el barrio de La Latina.

Asimismo, ha criticado al PSOE y a «la traición del puñal naranja» de Ciudadanos por poner en «peligro» a Madrid y que pueda llegar un «criminal» a sus instituciones, en referencia Iglesias, al que también se ha referido como «sátrapa de Galapagar».

«Venimos a decir que en estas elecciones hay que arrebatar la careta al PSOE, a través del anodino (Ángel) Gabilondo vuelve a disfrazarse de moderado y nos vuelve a decir Pedro Sánchez que las elecciones se juegan en el centro y se vuelven a poner la piel de cordero», ha asegurado Abascal.

Considera que es lo mismo que ocurrió en las pasadas elecciones generales, en las que «bajaron el tono» y luego pactaron con «comunistas, separatistas y terroristas». «Si no hay una mayoría que lo impida, Gabilondo no será presidente, Iglesias será el presidente de la Comunidad de Madrid», ha avisado.

Por otro lado, se ha referido a la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha pedido que tome las medidas que «legalmente pueda tomar» para acabar con las restricciones frente a la pandemia, el toque de queda y que la hostelería pueda recuperarse.

De la misma forma, ha insistido en que los madrileños tienen que circular por todos las calles, cumpliendo con las medidas de seguridad, pero que «en ningún caso nos encierren a las 11 de la noche como en un vulgar estado totalitario».

«ELECCIONES EN LIBERTAD Y SIN VIOLENCIA»

El presidente de Vox ha vuelto a referirse a lo sucedido en Vallecas el pasado miércoles en su acto y ha pedido que se lleven a cabo unas elecciones «en libertad y sin violencia». También, ha aludido a la «gravedad» de enfrentarse a unos comicios cuando el Gobierno «está amparando la violencia» contra la oposición y «arrebata» a muchos madrileños la posibilidad de ser representados.

Ha reprochado al «vicepresidente en la sombra» Pablo Iglesias por haber «alentado la violencia» y le ha criticado por culpar a Vox de protagonizar las agresiones, la ruptura del cordón policial, con personas que «podían haber fallecido a cuenta de un mal golpe».

Considera en que esta «violencia» se produce porque no quieren que Vox vaya a los barrios de Madrid a hablar de «los narcopisos, la delincuencia, la situación que ha creado la inmigración ilegal y los menas que han destruido la prosperidad en los barrios de Madrid».

«Frente a un estado de alarma que nos ha encerrado en nuestros barrios, en nuestras provincias, mientras los extranjeros turistas o ilegales podrían circular por todo el territorio», ha manifestado, a lo que ha añadido que quieren ser «españoles de pleno derecho que circulan por todo el territorio nacional».

El Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite el recurso de amparo presentado por el expresidente de Bankinter Jaime Botín contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenó a tres años de cárcel y una multa de 91,7 millones de euros por un delito de contrabando de bienes culturales por querer sacar en barco el cuadro de Pablo Picasso «Cabeza de Mujer joven» con la intención de venderlo en Reino pese a ser una obra «inexportable» por su valor en la historia de la pintura.

En una providencia con fecha del pasado 18 de marzo, la Sección Tercera de la Sala Segunda del tribunal de garantías ha acordado inadmitir el recurso presentado por la defensa del exbanquero debido a que aún no había «concluido el proceso abierto en la vía judicial».

Según explican los magistrados Encarnación Roca, Juan Antonio Xiol, Pedro José González-Trevijano, cuando se interpuso el escrito de demanda «aún estaba pendiente de resolver el incidente de recusación» planteado por la defensa de Botín contra el magistrado al que se le designó la ponencia de la sentencia de la Audiencia de Madrid.

Una vez cerrada la vía judicial del todo, pues la recusación se desestimó el pasado mes de febrero, se abre la puerta a que la defensa pueda presentar un nuevo recurso de amparo contra la condena firme de tres años de prisión por tratar de sacar un cuadro valorado en 26,2 millones de euros, perteneciente al periodo de Gósol del pintor malagueño (1906).

LA EXPORTACIÓN NO CONTABA CON EL PRECEPTIVO PERMISO

La Audiencia Provincial de Madrid ratificó el pasado mes de noviembre la sentencia dictada a principios de 2020 por el Juzgado de lo Penal 27 de Madrid, que le condenó a tres años de prisión y a una multa de 91,7 millones de euros al entender que el traslado de la obra de arte, hallada en Córcega, no contaba con el preceptivo permiso de las autoridades españolas y británicas y que por tanto, el hecho era constitutivo de un delito de contrabando de bienes culturales.

En la sentencia, los magistrados de la Audiencia de Madrid pusieron el acento en que se trata de una obra de Picasso de «gran interés para la historia de la pintura» y recuerdan que el cuadro ha sido declarado «inexportable» por esta razón.

Pero el expresidente de Bankinter ignoró la orden del Ministerio de Cultura que le prohibía exportar el cuadro y, «pese a ser plenamente consciente» de ello, tal y como señala la sentencia, trasladó el cuadro a su goleta atracada en Valencia «con la finalidad de sacarlo de España, dando instrucciones a su capitán para que lo ocultara a las autoridades». La intención era vender la obra en una subasta que se celebraría en febrero de 2013 en Londres.

Para ello, Botín solicitó el 5 de diciembre de 2012 a la Secretaría de Estado de Cultura poder trasladar la pintura a Londres, autorizando para ello a la casa de subastas británica Christie’s. Sin embargo, la petición fue denegada tan solo unos días después.

La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español argumentó que no existe «una obra semejante en territorio español», puesto que se trata de una de las pocas pinturas de una etapa en la que el autor «se ve claramente influenciado por la plástica del arte ibérico» y en la que su trabajo influyó «decisivamente, no sólo en el cubismo sino también en la evolución posterior de la pintura del siglo XX».

Este mismo organismo encargó a la conservadora jefe de Pintura y Dibujo del periodo 1881-1936 del Museo Reina Sofía un informe en cuyas conclusiones se destacaba la «excepcional importancia» de la pintura, adquirida por Botín en 1977 a la Marlborough Fine Art de Londres.

BOTÍN DIJO QUE NO ERA SUYO

Con esta valoración, el director general de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas dictó una resolución el 19 de diciembre de 2012 en la que denegaba «el permiso de exportación definitiva» del cuadro y pedía a la Comunidad de Madrid que declarara la pintura como Bien de Interés Cultural (BIC).

Dos días después Botín presentó un recurso en el que alegaba que el cuadro no era de su propiedad sino de una compañía denominada Euroshipping Charter Company Limited, que apuntó además que el barco no estaba en territorio español por encontrarse en un velero de pabellón británico atracado en el Real Club Náutico de Valencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional confirmó en 2015 la prohibición de salida del cuadro de Picasso por cuanto, una resolución que ha sido confirmada por el Tribunal Supremo el pasado 2 de marzo.

INTERCEPTADO EN CÓRCEGA

En junio de 2015, el Servicio Fiscal de la Guardia Civil realizó una inspección del barco y pidió al capitán que hiciera una declaración de los bienes a bordo, pero no incluyó el cuadro, tal y como le había indicado Botín y se dio por probado el juez que le juzgó en noviembre de 2019 por estos hechos.

Fueron los servicios aduaneros franceses los que, sabiendo que el exbanquero estaba tramitando un permiso de salida de Córcega, donde la goleta estaba atracada, ordenaron una inspección de la misma y localizaron el cuadro embalado en la cabina del comandante.

Cuando se enteraron de que Botín tenía prohibido sacar la pintura de España, procedieron a su incautación, dado que además, el banquero estaba tramitando pasajes de avión para desplazarse con el cuadro hasta Suiza.