La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haga caso al informe del Tribunal Supremo (TS), contrario a la concesión de cualquier tipo de indulto a los doce condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña, y no perdone la pena a estos "golpistas", porque sería una "infamia" y una "humillación" a los catalanes no separatistas.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Arrimadas ha indicado que el informe del Supremo, aprobado por unanimidad de los magistrados que juzgaron a los presos del 'procés', es "demoledor", "claro" e "impecable en su justificación" al oponerse a que el Gobierno conceda esos indultos por no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública.

"El informe es tan claro, que cualquier persona digna de ser presidente del Gobierno de España lo que tiene que hacer es acatarlo. No se le puede pasar por la cabeza indultar a estos golpistas después de lo que nos hicieron a los catalanes constitucionalistas, del desafío y el ataque a España y a nuestra democracia que supuso el golpe de Estado de 2017", ha subrayado.

REESCRIBIR LA HISTORIA E IGNORAR A LOS JUECES

Por ello, ha exigido a Sánchez y al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos que "no quiten gravedad" a los hechos, recogidos en la sentencia de 2019, y "no pretendan reescribir la historia pasando por encima de lo que dice la Justicia española".

"Que no pongan a prueba a la sociedad española, porque es mucho más fuerte, mucho más digna y quiere mucho más a España de lo que Sánchez se cree", ha advertido igualmente, convencida de que hay "millones de españoles" que "no van a tolerar la infamia" de unos indultos.

Además, ha destacado que los políticos catalanes que decidieron "desafiar a España" y "subestimar al Estado" al impulsar el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de 2017 "están hoy en la cárcel con unas condenas gravísimas".

La presidenta de Cs ha señalado que el informe del Tribunal Supremo, que se suma al que ya emitió la Fiscalía, pone de manifiesto que "no hay el más mínimo arrepentimiento" por parte de los condenados, los cuales "están manifestando constantemente su intención de reincidir" cuando "dicen que quieren vulnerar derechos fundamentales y pulverizar la base de la convivencia" en Cataluña.

SÁNCHEZ SOLO BUSCA MANTENERSE EN MONCLOA

Así que "la única utilidad que le quiere sacar Sánchez" a los indultos es "mantenerse muchos años más en Moncloa, él, los suyos y su patulea de asesores", ha concluido, en alusión al apoyo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y otros partidos separatistas.

Pero, en su opinión, "no hay cargo público o carrera política de nadie", "no hay sillón, ni sueldo, ni coche oficial, ni Falcon" que "merezca esa humillación" a los catalanes que llevan años sufriendo los "atropellos" de los dirigentes independentistas, que vivieron "en primera persona" el 'procés' y que, como los diputados de la formación naranja, se enfrentaron a ellos en 2017.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy "nos abandonó" y el de Pedro Sánchez "nos quiere humillar y pisotear perdonando y dando privilegios a estos golpistas" y "quitando importancia a lo que nos hicieron", ha denunciado Arrimadas, que en 2017 lideraba el grupo de Cs en el Parlament de Cataluña y que después ganó las elecciones autonómicas.

Cs SE OPONDRÁ POR LA VÍA JUDICIAL Y POLÍTICA

Por otro lado, ha anunciado que Ciudadanos presentará una iniciativa en todos los Parlamentos autonómicos y Ayuntamientos donde está presente a favor de "cumplir con la ley y la Constitución, respetar a la Justicia y defender a España", para que se someta a votación.

Y si finalmente el Gobierno indulta al expresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y a los demás condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, Cs utilizará "todas las herramientas jurídicas y democráticas" a su alcance para oponerse a esta medida, recurriéndola ante los tribunales y denunciándola ante las instituciones de la Unión Europea.

Cuando le han preguntado si también se plantea dejar de negociar iniciativas legislativas con el Gobierno en el Congreso, Arrimadas ha respondido que su grupo parlamentario nunca ha sido "socio" de este Ejecutivo y que simplemente actuó de manera "responsable en plena pandemia" del coronavirus.

SÁNCHEZ YA IBA AL "ABISMO" AL PACTAR LOS PGE CON ERC Y BILDU

Sin embargo, durante la negociación de los Presupuestos de 2021, "Sánchez ya dejó claro cuál era el camino que elegía para España" al pactarlos con Esquerra y con EH Bildu, en vez de con la formación naranja.

"Emprendió el camino hacia el abismo y hacia la indignidad", demostró que "iba a hacer cualquier cosa para seguir en Moncloa" y en ese momento "acabó la intención" de Ciudadanos de convencer al Gobierno para que eligiera la senda "del sentido común, la estabilidad y el respeto a la democracia, el orden constitucional y las instituciones", ha afirmado.

Ya entonces comprobaron lo "difícil" que es negociar con este Gobierno y ahora esto ha quedado aún más claro, tras ver cómo el presidente "tiene la poca vergüenza de vender España y humillar a millones de catalanes por permanecer un tiempo más" en el cargo.

A su juicio, indultar a los presos del 'procés', un "ataque a España desde el propio Gobierno de España", sería "lo más grave que haría Sánchez" desde que asumió el cargo.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha manifestado que la vacuna contra la COVID-19 "ha traído seguridad a las residencias y a los centros de día de mayores y de personas con discapacidad", de forma que, con paso "lento" y "con mucha cautela y precaución avanzamos hacia una normalidad que llena de esperanza y optimismo".

Broto se ha pronunciado así con motivo de su visita al centro CAMP-CADI para personas con discapacidad intelectual de Zaragoza, en el que actualmente viven 104 residentes. Según ha dicho, en las residencias de personas con discapacidad solo se ha declarado un brote con un único afectado --un trabajador-- desde que comenzó la campaña de vacunación, ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

De forma paralela a esta situación, sin bajar la guardia y con las medidas que siguen siendo obligatorias, la consejera ha recordado algunas de las novedades que recoge la nueva orden del Departamento de Ciudadanía, publicada la semana pasada, y que tiene como objetivo flexibilizar algunas de las restricciones que han regido hasta ahora.

Al respecto, ha dicho que desde esta semana, "se han flexibilizado entradas y salidas y se ha permitido la apertura de los centros de día adscritos a residencias, como es el caso del de CAMP-CADI, que ha permanecido cerrado estos meses".

Broto ha anunciado que desde el 1 de junio el centro de día podrá atender a sus usuarios. Cuenta con 15 plazas, pero de momento atenderá a 11, "hasta que el resto complete la pauta de vacunación", ha contado la consejera, que ha estado acompañada durante la visita por el director del CAMP, Francisco Pitarch, y por la presidenta de la Junta de Participación, Marisol Betes.

UN ANTES Y DESPUÉS

Francisco Pitarch ha destacado que la vacunación ha supuesto "un antes y un después en los centros de personas con discapacidad y ha permitido que, anímicamente, haya más tranquilidad, aunque se mantengan todas las medidas de precaución que rigen en la actualidad".

Sobre la flexibilización de restricciones, ha dicho que facilitan la vida a los residentes, que están "muy contentos" de poder salir o pasar el fin de semana en casa sin necesidad de hacerse una prueba PCR y, en definitiva, de incrementar el contacto con las familias.

Respecto a la apertura del centro de día, Pitarch ha asegurado que es una "alegría" recuperar este servicio por la importancia que tiene para los usuarios y para sus familias. Como representante de estas últimas, ha dejado constancia de que los usuarios de la residencia están bien y que las familias "han intentado apoyar siempre al centro, tanto en los momentos iniciales de angustia como después, cuando las cosas se tranquilizaron".

NOVEDADES

El Gobierno de Aragón ha mencionado las novedades que se incluyen respecto a las medidas anteriores, como la posibilidad de no usar mascarillas en centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial, cuando las personas residentes vacunadas realicen actividades grupales y salidas en espacio exterior privado o de uso privativo, no resultando de aplicación durante el desarrollo de visitas en estos espacios.

Además, se ha reducido la distancia de seguridad interpersonal de dos metros a metro y medio en todos los centros de servicios sociales especializados y se permite reanudar la prestación del servicio de estancias diurnas en centros de naturaleza residencial, aun cuando no pueda garantizarse un acceso y espacio independiente, a favor de personas usuarias vacunadas, reduciendo las cargas en los centros, al permitir que puedan compartirse trabajadores.

También es posible que las personas residentes vacunadas puedan salir con independencia de los días de pernocta domiciliaria ya sea a su domicilio particular o al domicilio de cualquier miembro de la unidad familiar o persona de referencia, es decir, sin limitaciones salvo que no ha de superarse el número máximo de seis personas convivientes, incluyendo en el cómputo a la persona residente.

Igualmente, se contempla el retorno e ingreso de personas residentes vacunadas sin necesidad de realizar prueba diagnóstica, ni someterse a aislamiento preventivo, siempre que se cumplan las condiciones previstas en las correspondientes medidas y con la salvedad establecida respecto a si el retorno o ingreso se produce desde el hospital.

VISITAS SEMANALES

Otra flexibilización es el aumento del número de visitas mínimo que pasa de dos a tres semanales, con independencia de si la persona residente está o no vacunada y el incremento del número de desplazamientos permitidos sin pernocta en espacios de uso público a favor de personas residentes no vacunadas, pasando de un paseo diario a poder ser dos, manteniéndose el resto de limitaciones.

La nueva orden permite a las personas residentes vacunadas, sin requerir pernocta, el acceso a domicilios particulares de cualquier miembro de la unidad familiar, allegado o persona de referencia, siempre que no supere el número máximo de seis personas incluyendo en el cómputo a la persona residentes.

Excepcionalmente, las entidades de acción social podrán solicitar a los órganos competentes en materia de salud pública y de servicios sociales la suspensión o limitación de medidas, cuando la autoridad sanitaria hubiera decretado el confinamiento perimetral en el ámbito territorial donde se ubica el centro, debiendo revisar semanalmente el mantenimiento de las medidas adoptadas.

El Rey Felipe VI ha agradecido el trabajo en tan poco tiempo de investigadores y científicos que trabajaron durante la pandemia contra el COVID-19. "Es la innovación la que marca el reloj de nuestra especie y, con el tiempo, será la vacuna, y no el virus, la que señale el comienzo de una nueva era", ha destacado.

Durante la clausura de la presentación del 'Anuario 2021' de Fundación Cotec, que se ha presentado este miércoles en Madrid, Felipe VI ha destacado la importancia de la innovación en la sociedad, por lo que ha instado a "acelerar la velocidad" a la que se innova y a "imprimir un nuevo ritmo a la difusión de las innovaciones".

"Conviene no olvidar que las grandes crisis no respetan tiempos ni distancias. Por eso, además de acelerar la velocidad a la que innovamos, hemos de imprimir un nuevo ritmo a la difusión de las innovaciones. Lo vemos ahora con la vacuna y lo veremos cada vez con mayor frecuencia en otros ámbitos: tan importantes son las políticas de promoción de la innovación, como las que facilitan el acceso de la Humanidad a sus numerosos beneficios", ha indicado.

Según el monarca, en el último año, el COVID-19 ha "impuesto su ritmo", que ha sido "muy acelerado" al mundo, pues "cada hora que pasa se cuenta en número de contagios y también en víctimas, en enormes pérdidas humanas y económicas". "Contra ese implacable cronómetro se enfrentan millones de innovadores en todo el mundo. Lo hacen sin descanso y, en muchos casos, sin recompensa. Puede que la mayoría de estos innovadores no haya dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre lo que han logrado", ha advertido.

Durante su discurso, el Rey ha avisado de que "el conocimiento necesita tiempo para dar sus frutos", lo que explica, según ha afirmado, "que la distancia entre el nacimiento de buenas ideas, su aplicación pionera y su difusión a gran escala se mida tantas veces en años o en décadas, cuando no en generaciones". Aunque admite que "todo parece ocurrir en un instante".

De hecho, reconoce que "cada salto tecnológico acaba pasando a la historia no como un periodo, sino como un hito puntual que define un cambio de época". Así, el uso de una cierta herramienta o la aparición de una técnica pautan el avance de la civilización, de la evolución humana, tal y como ha expresado.

En su discurso, Felipe VI ha destacado el 'Anuario 2021' de la Fundación Cotec, al tratarse de "un homenaje a quienes, en los momentos de mayor incertidumbre, tuvieron que adaptarse rápidamente --casi sin capacidad para asimilar los cambios que se sucedían--, investigar día y noche, transformar sus fábricas y laboratorios y unirse para cooperar a distancia, muchas veces sin conocerse".

Y ha puesto de ejemplo la iniciativa española que abordó el reto de diseñar y fabricar respiradores de bajo coste y libres de patente. "Algunos de los dispositivos que inventaron y fabricaron entonces están hoy salvando vidas en países de distintos continentes", ha destacado.

Pero la innovación, tal y como ha resaltado el Rey, "no implica solo cambio tecnológico", sino que implica también cambios organizativos o de proceso gestados en instituciones, empresas, colegios, hospitales o por ciudadanos. En este sentido, recuerda que la innovación también ha traído nuevas formas de relación entre las personas, nuevas reglas y estrategias que han facilitado la vida a la sociedad.

En otro orden de cosas, Felipe VI ha querido hacer referencia a la emergencia climática y a los jóvenes, "que tienen mucho que decir" y "aportar" sobre el tema, pero que "no siempre se presta la atención que merecen". "Escucharlos más y mejor, especialmente en un tema como este, que no es otro que el planeta que legamos a las próximas generaciones, es un compromiso que les debemos y que nos une a ellos", ha instado.

Y ha cerrado su discurso recordando cómo fue este mismo acto hace justo un año: "Hablamos entonces de volver a vernos este año, de forma presencial, y aquí estamos. No estamos todos, ni estamos todo lo cerca que nos gustaría. Pero aquí estamos. Y eso es lo que verdaderamente importa". "Y una de las mejores noticias es que, si todo sigue como deseamos, cada vez seremos más y estaremos más cerca", ha concluido.

La pandemia aumentó la confianza de los españoles en la innovación por primera vez en tres años, según 'La Encuesta de Percepción social de la innovación en España', realizado anualmente desde 2017 por Sigma Dos para la Fundación Cotec, que busca medir, entre otros temas relacionados con la innovación, la evolución del impacto de la automatización del empleo en la sociedad, en la vida cotidiana y la desigualdad.

Según dicha encuesta, realizada a un total de 7.251 participantes en el cuarto trimestre de 2020, y cuyos resultados están incluidos en el 'Anuario 2021' de la fundación, revela que un 77% de los encuestados considera que la innovación es positiva, cuando en 2019 esta percepción era más baja, del 73,2%. Desde 2017, año en que un 89,6% confiaba en la innovación, el porcentaje ha ido cayendo hasta el 2020, año de la pandemia, subiendo por primera vez en tres años.

El 'Anuario 2021' se ha presentado este miércoles en Madrid en un acto que ha contado con la presencia del Rey Felipe VI; la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque; la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu; o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Aunque la pandemia ha mejorado la imagen que tienen los españoles del fenómeno de la innovación, también ha deteriorado su visión de España como país innovador, pues un 50% de los participantes señala que España está en el grupo de países menos avanzados de la UE, cuando en los tres años anteriores este porcentaje era de entre el 33% y 37%.

También se deteriora la percepción de las grandes empresas españolas como innovadoras, pues un 40% de los encuestados afirma que las grandes empresas españolas no son innovadoras, frente al 34% que lo pensaba en 2019. En el caso de las pymes, la percepción de los españoles es muy similar respecto al año anterior.

El informe destaca, no obstante, que la I+D+I se sitúa como cuarta prioridad de gasto público para los españoles, detrás de las pensiones. Las dos primeras, a distancia del resto, son Sanidad y Educación.

Con respecto a la educación, el trabajo de Fundación Cotec indica que la pandemia no ha cambiado la opinión unánime de que el actual sistema educativo no está preparando lo suficiente a la sociedad para los retos del futuro. Así, el 70% de los encuestados considera que el sistema educativo no responde al tipo de empleo que demanda la futura sociedad tecnológica, creciendo esta sensación en 2 puntos con respecto a 2019.

La encuesta desvela también que en todas las comunidades autónomas (salvo en País Vasco, Navarra y Cataluña), la mayoría de los participantes cree que su región tiene poca cultura de la innovación.

El 'Anuario 2021' de Fundación Cotec, que ha sido presentado este miércoles en un acto en Madrid al que ha acudido el Rey Felipe VI, también analiza y compara la capacidad de atraer y retener talento de las 17 comunidades autónomas españolas. Este análisis revela que el talento se concentra en las regiones del nordeste de España y en Madrid, mientras que las comunidades del sur y Canarias son las peor posicionadas.

Así, la Comunidad de Madrid se situaría en lo más alto del ránking (con un índice de 71), seguido de Navarra (66,7), País Vasco (63,6), Cataluña (56,3), Aragón (53,9) y Asturias (53,1). Todas estas regiones se encuentran por encima de la media de España (49). Por debajo se encuentran Extremadura (32), Canarias (28,7) y Castilla-La Mancha (28,2).

EVOLUCIÓN DE LA I+D

Una de las novedades del 'Anuario 2021' de Informe Cotec es que adquiere por primera vez carácter monográfico. Así, dedica su capítulo central a repasar más de 40 problemas provocados o agravados por la pandemia de la COVID-19, así como la respuesta que encontraron en la innovación, en ámbitos como la Sanidad, la Educación, la Ciencia, la Economía y la Sociedad, pues si el 2020 ha sido "el año de la pandemia", también se ha convertido en "el año de la innovación.

Pero el informe también recoge su tradicional análisis de la evolución de la I+D en España, a partir de los últimos datos del INE y Eurostat. Según dicho análisis, después de recuperar en 2018 los niveles previos a la crisis económica, la inversión de España en I+D alcanzó en 2019 su máximo histórico, superando por primera vez los 15.000 millones de euros, creciendo así por quinto año consecutivo. Y a la evolución en positivo han contribuido tanto el sector público, por tercer año consecutivo, como el privado, por quinto año consecutivo.

Así, la inversión privada en I+D se sitúa por encima de su máximo pre-crisis, aunque la pública sigue por debajo. Si bien, a pesar de que el nivel de inversión privada en I+D ha alcanzado un máximo histórico en España, el número de empresas que realizan actividades de I+D es muy inferior al que había antes de la crisis económica, llevando a una mayor concentración del mercado. En resumen, el sector privado hoy invierte un 8,5% más que hace una década, pero lo hace con 2.500 empresas menos (un 18% menos).

Asimismo, Fundación Cotec recoge que en 2019 han sido 8 las comunidades autónomas las que han superado los niveles de inversión en I+D previos a la crisis. Se trata de Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Murcia y País Vasco.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El informe también pone de manifiesto cuál fue la ejecución presupuestaria de la I+D+I en España. Según los últimos datos publicados por la Intervención General del Estado (IGAE), el sector público estatal español invirtió el año pasado en I+D+I un total de 3.667 millones de euros, el 52,1% del presupuesto disponible (7.044 millones de euros).

Si bien, el 90,5% del presupuesto para I+D+I no ejecutado se concentró en el gasto no financiero (préstamos y créditos). De hecho, en 2020 no se observó una mejora en los niveles de ejecución presupuestaria de este capítulo, que continuó presentando uno de los registros más bajos de los últimos 20 años.

De este modo, la I+D+I es la partida que registra una menor tasa de ejecución presupuestaria entre todas las políticas del sector público estatal (52,1%), viéndose superada por Comercio, Turismo y pymes (58,4%), que en 2019 presentaba una tasa de ejecución inferior. De hecho, son las dos únicas políticas cuya ejecución quedó por debajo del 70% en 2020. En el otro extremo de la tabla, con tasas de ejecución por encima del 90% de su presupuesto, aparecen las políticas de Pensiones, Defensa, Justicia y Seguridad ciudadana.

ESPAÑA EN LA UE

El 'Anuario 2021' de Fundación Cotec también realiza un análisis sobre el informe 'European Innovation Scoreboard 2020', publicado anualmente por la Comisión Europea. Según este documento, España ocupa el puesto 14 de 27 en el ranking de innovación de la Unión Europea, por debajo de países como Chipre, Portugal o Estonia.

El 'European Innovation Scoreboard' se compone de 27 indicadores, clasificados en 10 grupos. De entre estos 27 indicadores, España ha mejorado en un total de 17 y ha empeorado en 10. Según Fundación Cotec, el aumento de España se explica por haber mejorado en 9 de los 10 grupos de indicadores a partir de los cuales se establece el ranking. A pesar de este avance, España continúa situándose por encima de la media comunitaria en tan sólo tres de ellos, "capital humano", "entorno favorable" y "empleo en innovación".

El fiscal Miguel Mínguez ha elevado a definitivas sus conclusiones en el juicio contra César Román Viruete, apodado el 'Rey del Cachopo', por lo que mantiene la solicitud de condena de quince años de cárcel por un delito de homicidio, con las agravantes de parentesco y de violencia de género, y otro de profanación de cadáver en relación a la muerte de la joven hondureña Heidi Paz Bulnes.

El juicio contra César Román quedará mañana visto para sentencia con la última palabra del acusado, quien volverá a defender su inocencia en el crimen de su novia, cuyo torso se halló el 13 de agosto de 2018 en el interior de una maleta en una nave que había sido alquilada por el empresario para ubicar su sexta sidrería.

En el anuncio de las conclusiones, que serán expuestas mañana, el fiscal ha hecho firme su escrito de acusación. Su informe se basará previsiblemente en las pruebas periciales que han confirmado en el juicio la presencia de AND del acusado en la maleta donde se localizó el torso y en los botes de sosa cáustica empleados para destruir el cadáver, entre otras periciales.

El abogado de la familia, el letrado Ramón Fernández de Mera, ha incluido la apreciación de alevosía e intención de ocultar un delito previo en el delito de asesinato (25 años de cárcel), una agravante de reincidencia en relación al artículo 173 del Código Penal por el delito de maltrato habitual, y un delito de profanación de cadáver, lo que eleva su petición de pena a veintiocho años y cinco meses de cárcel.

Sus cambios en su escrito de acusación alcanzan también las indemnizaciones que solicita. Así, ha reclamado que César Román indemnice a los dos hijos de Heidi con 150.000 euros y con 100.000 euros a su madre Gloria.

La abogada defensora, Ana Isabel Peña, ha anunciado que mantiene su solicitud de libre absolución para su cliente al considerar que no hay pruebas que enerven su presunción de inocencia.

TRASLADO A LA GUARDIA CIVIL

La sesión de este miércoles ha puesto punto y final con la prueba, con lo que mañana quedará visto para sentencia. El jurado popular ha visionado en la prueba documental los reportajes fotográficos realizados en la nave donde se halló el torso y del piso de la calle López Grass de Vallecas.

También la Sala y el tribunal de jurado han escuchado las conversaciones de WhatsApp de la víctima con su madre y con su hermana días previas al crimen.

Asimismo, se ha procedido a la lectura de un escrito del 5 de agosto de 2019, un año después del crimen, remitido por el acusado al juzgado de instrucción que llevó el caso en el que se solicitaba que se trasladará la investigación a la Guardia Civil al considerar que las actuaciones del Grupo VI de homicidios eran sesgadas y tendenciosas, lo que suponía "una burla a su defensa y una vulneración de sus derechos".

El economista Amartya Kumar Sen ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2021, según ha hecho público hoy el jurado encargado de su concesión. Sus investigaciones sobre las hambrunas y su teoría del desarrollo humano, la economía del bienestar y los mecanismos subyacentes de la pobreza han contribuido a la lucha contra la injusticia, la desigualdad, la enfermedad y la ignorancia.

En su obra más conocida, 'Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation' (1981), demostró que el hambre no es consecuencia de la falta de alimentos, sino de las desigualdades en los mecanismos de distribución de estos, según ha informado la Fundación Princesa de Asturias en nota de prensa.

Sus aportaciones en el desarrollo de los indicadores económicos y sociales han sido los conceptos de capacidad y libertad positiva, la capacidad real de una persona de ser o de hacer algo, en contraposición a la libertad negativa, común en economía, que se centra en la no interferencia. Su escuela de pensamiento ha ayudado a redirigir planes de desarrollo y algunas políticas de Naciones Unidas.

Fue una de las veinticinco figuras de la Comisión creada por Reporteros Sin Fronteras para elaborar la Declaración Internacional sobre Información y Democracia, realizada en 2018.

Amartya Kumar Sen nació el 3 de noviembre de 1933 en Santiniketan (India). Se doctoró en la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y fue profesor de Economía en las universidades indias de Calcuta y Delhi, en la London School of Economics y en las universidades de Oxford (Reino Unido) y Harvard (EE.UU.). Fue rector del Trinity College de Cambridge desde 1998 a 2003 y canciller fundacional de la Universidad de Nalanda (India) desde 2012 a 2015. Es Thomas W. Lamont University Professor y profesor de Económicas y Filosofía de la Universidad de Harvard.

Kumar Sen fue Premio Nobel de Economía en 1998, ha recibido además los premios Alan Shawn Feinstein World Hunger (EE.UU., 1990), el Internacional Cataluña (1997), el Meister Eckhart (Alemania, 2007), el International Edgar de Picciotto (Suiza, 2012), el Charleston-EFG John Maynard Keynes (Reino Unido, 2015), el Johan Skytte (Suecia, 2017) y el de la Paz del Comercio Librero Alemán (2020).

PREMIOS

Los Premios Princesa de Asturias están destinados, según señala su Reglamento, a galardonar "la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional".

Conforme a estos principios, el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales se concederá a "la labor creadora y de investigación de la historia, el derecho, la lingüística, la pedagogía, la ciencia política, la psicología, la sociología, la ética, la filosofía, la geografía, la economía, la demografía y la antropología, así como de las disciplinas correspondientes a cada uno de dichos ámbitos".

En esta edición concurría al galardón de Ciencias Sociales un total de 41 candidaturas de 20 nacionalidades.

El jurado de este Premio estuvo presidido por Carmen Iglesias Cano, condesa de Gisbert, e integrado por Juan Barja de Quiroga Losada, María Paz Battaner Arias, Adela Cortina Orts, Teresa Freixes Sanjuán, Mauro Guillén Rodríguez, Silvia Iranzo Gutiérrez, Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin, Óscar Loureda Lamas, Manuel Menéndez Menéndez, Enrique Moradiellos García, Montserrat Moreno Marimón, Emilio Ontiveros Baeza, Jaime Pérez Renovales, Rafael Puyol Antolín, Isaac Querub Caro, Myriam Seco Álvarez, Fernando Vallespín Oña y Marta Elvira Rojo (secretaria).

Esta candidatura ha sido propuesta por Javier Parrondo, director general de Casa Asia (Barcelona).

Este ha sido el tercero de los ocho Premios Princesa de Asturias que se conceden este año, en que cumplen su cuadragésima primera edición. Anteriormente fueron otorgados el Premio Princesa de Asturias de las Artes a la artista de performance Marina Abramovic y el de Comunicación y Humanidades a la periodista y escritora Gloria Steinem.

En las próximas semanas se fallarán los correspondientes a Deportes, Letras, Cooperación Internacional, Investigación Científica y Técnica y Concordia.

Cada uno de los Premios Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del galardón- un diploma, una insignia y la cantidad en metálico de 50 000 euros.

El que fuera jefe de la Sección Operativa en la Comisaría General de Información (CGI) Constancio Riaño ha señalado este miércoles, en su declaración como imputado ante el juez de Tándem por los encargos realizados por el comisario José Manuel Villarejo para el BBVA, que en su unidad el comisario entraba de forma clandestina para reunirse con el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño y que éste a su vez les hacía encargos por 'post its' o papelitos sin membrete.

Riaño declaraba por un presunto delito de revelación de secretos ya que habría proporcionado datos privados de terceros al 'clan' del comisario Villarejo por orden de García Castaño. Ya en 2019 confirmó en la Audiencia Nacional que realizaban búsquedas en bases policiales al margen del cauce oficial y para el encargo del bufete de abogados Herrero y Asociados --pieza número 2 de la macrocausa denominada 'Iron'--.

Fuentes presentes en la declaración han indicado que durante la comparecencia, y a preguntas del Ministerio Público, ha apuntado que en su sección nadie conocía a Villarejo y que de sus visitas no quedaba registro. Además, ha indicado que pese a que existía un protocolo para pedir consultas relativas a terceros entre unidades policiales, no siempre se utilizaba.

Sobre su función en la CGI ha apuntado que entre García Castaño y él había mandos intermedios y que él tenía entre siete y diez subordinados. Ha explicado que se dedicaban a captar información y a mantener relaciones con organizaciones privadas para obtenerla, y ha añadido que no eran una unidad protocolaria pese al nombre.

Así, todos sus subordinados tenían acceso a bases policiales con claves intransferibles --que algunas veces se prestaban-- y sólo algunos podían entrar en otras que tenían un nivel más restringido como la notarial. En concreto, sobre esas otras bases ha recordado que tenían acceso a las mismas tanto a José María Serrano Ydigoras como Manuel Novoa Martínez, ambos imputados también en esta causa.

Interrogado sobre si conocía al inspector de Policía Antonio Bonilla, ya procesado en otras piezas de Tándem, ha señalado que coincidió con él un par de veces y siempre en compañía de García Castaño, quien le presentaba como policía liberado en activo. Y, si bien ha aseverado que nunca trabajó con él, sí ha reconocido que una vez le envió información por mail corporativo por orden de 'el Gordo'.

Entonces el fiscal le ha leído varios nombres consultados en bases de datos policiales como Chiriakov, Smolnikov, Arnau, Bachiller Otero o Rodríguez Durón que no recordaba, pero ha deducido que vendrían de los post its de García Castaño.

NO USÓ EL ORDENADOR, "ERA UN JUGUETE"

Sobre el ordenador incautado y que erae usado para realizar búsquedas en bases policiales, ha indicado que ya estaba allí cuando él llegó a la sección, y que le contaron que se utilizaba para evitar duplicidades. Con todo, ha aseverado que no dio órdenes a Novoa de usarlo y que él no lo controlaba ni lo regulaba porque no "creía" en él porque era "como un juguete" que podía usar hasta el personal de la limpieza.

Cuando le han mostrado la tabla de búsquedas realizadas desde ese pc, no ha reconocido el formato de las tablas ni su contenido. En las mismas aparece en ocasiones como peticionario Bonilla, pero Riaño ha negado haberlas hecho en su nombre.

A preguntas de su abogado --ha declinado responder a la defensa de Villarejo y a la de García Castaño--, Riaño ha afirmado que no cobró por esas búsquedas en bases policiales y que supuestamente eran para la trama de Villarejo, que tampoco lo hizo para ascender porque estaba a punto de jubilarse, y que su única motivación era servir a su país.

El Ayuntamiento de Barcelona pondrá en marcha este sábado la prueba piloto que prohibirá fumar en cuatro playas de la ciudad, ha explicado el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, acompañado del concejal del Consejo Municipal, Joan Ramon Riera, en rueda de prensa este miércoles.

Esta es la principal novedad de la temporada alta de baño para este verano, que comienza el sábado y se alargará hasta el 12 de septiembre.

Durante este periodo no estará permitido fumar en las playas de Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària y Nova Mar Bella, y agentes cívicos municipales se encargarán de informar a la ciudadanía de ello.

Se trata de una prueba piloto que anunció el Ayuntamiento en febrero, para perseguir un doble objetivo: proteger la salud de las personas y preservar el medio ambiente.

Aunque la normativa actual no permite aplicar un régimen sancionador a aquellas personas que incumplan la prohibición, sí podrán ser multadas por desacato a la autoridad si un agente les advierte de ello y no obedecen.

No obstante, Badia ha insistido en que "no será la primera opción", sino que se trabajará en la pedagogía para que la ciudadanía conozca la prohibición.

El concejal de Emergencia Climática también ha apuntado que la intención es que esta medida persista en el tiempo y que si tras hacer una encuesta de valoración se observa que tiene una buena acogida, se estudiará implantarla en otras playas de la ciudad.

BAÑO ASISTIDO Y PLAYA PARA PERROS

El inicio de la temporada alta de baño también comporta la activación del servicio de 'baño asistido' para personas con discapacidad a partir del 5 de junio, al que se ha destinado un 50% más de presupuesto para aumentar la oferta del servicio.

A partir de este sábado también se pone en marcha la playa para perros --situada en la playa de Llevant-- con el mismo horario que la temporada pasada y con un aforo reducido que podría ampliarse en función de cómo evolucione la pandemia.

Asimismo, se activan otros servicios como el de socorrismo, que será cada día de 10.30 a 19.30 horas y que este año estrena 21 torres de vigilancia.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha avanzado este miércoles que en los próximos dos meses se trabajará en un "mecanismo estable" que defina los criterios para el reparto de menores migrantes entre comunidades, en casos como la crisis migratoria que se está viviendo en la ciudad autónoma de Ceuta en los últimos días.

Oltra ha realizado estas declaraciones tras participar en la presentación de las líneas maestras de 'València Capital Mundial del Diseño 2022', al ser preguntada por los 25 niños y adolescentes procedentes de los centros de protección de Ceuta que acogerá la Comunitat Valenciana.

Estos menores se alojarán en una de las residencia u hogares de los que dispone el sistema de protección de la Generalitat Valenciana, aunque "la fecha exacta de llegada no se sabe todavía", ha apuntado Oltra.

Ahora, Ceuta preparará todos los expedientes para ver qué niños y niñas van a cada CCAA y a partir de ahí, en un trabajo conjunto con la Comunitat Valenciana, "cuando Ceuta pueda hacer esos traslados los acogeremos aquí en nuestra casa y les daremos todo el afecto que necesiten", ha asegurado.

La Comunitat Valenciana acogerá a 25 menores procedentes de los centros de protección de Ceuta. Inicialmente iba a acoger a 13 menores pero finalmente suma otros 12 que La Rioja no puede atender, porque, según ha dicho, "no tiene infraestructuras suficientes en este momento y solo puede acoger a 5 de los 17 que tenía asignados", ha recordado Oltra.

Ante esta situación, la vicepresidenta del Consell ha señalado que la Comunitat Valenciana ha decidido hacer "un esfuerzo extraordinario adicional mientras La Rioja prepara sus infraestructuras para poder acoger".

Desde su punto de vista, "tal y como está la situación en la ciudad autónoma de Ceuta y tal y como vamos hacia el verano, es posible que necesitemos un mecanismo estable y en eso también vamos a trabajar en los próximos dos meses", ya que "todas las comunidades tienen que tener la capacidad de colaborar en lo que es al final una cuestión que afecta a todo el Estado".

"No es solo una cuestión de las CCAA donde se produce la primera llegada los niños y niñas: tenemos que ser solidarias entre las comunidades, ayudarnos unos a otros porque es lo que configura también un estado solidario", ha subrayado.

Así, "cuando un territorio tiene un problema, el resto tenemos que acudir a ayudar y así se conforman también sociedades y estados solidarios y amables unos con los otros", ha insistido.

Además, de los 25 menores migrantes procedentes de los centros de protección de Ceuta, la Comunitat Valenciana tiene previsto acoger a otros 18 procedentes de las Islas Canarias, un proceso que según ha explicado Oltra está mucho más avanzado y la acogida se producirá de forma "más inminente".

La Audiencia de Sevilla ha condenado a dos años y nueve meses de cárcel al conductor de un turismo que en mayo de 2018 atropelló mortalmente a un motorista que instantes antes había sufrido un accidente en la autovía A-66, en el término municipal de Santiponce, tras lo que no detuvo su marcha y huyó del lugar "con la clara intención de ocultar su responsabilidad".

El acusado, Juan Carlos L.C., de actualmente 51 años de edad y vecino de Guillena, iba a ser enjuiciado por un jurado popular, pero la vista oral no se celebrará finalmente tras la conformidad alcanzada entre la Fiscalía, la acusación particular, la defensa y el acusado, que ha sido condenado por un delito de homicidio imprudente con resultado de muerte a la pena de dos años de prisión y privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de tres años, con declaración de pérdida de vigencia definitiva del permiso.

Asimismo, y según la sentencia difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha sido condenado a nueve meses más de cárcel por un delito de omisión del deber de socorro, con la consecuencia accesoria de decomiso del vehículo que conducía el día de los hechos, mientras que, en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar con un total de 120.900 euros a la familia de la víctima, cantidad que ha sido consignada por la compañía aseguradora del coche del acusado.

Por conformidad de las partes, la Audiencia considera probado en la sentencia que los hechos sucedieron sobre las 21,55 horas del día 24 de mayo de 2018, cuando la víctima circulaba con su motocicleta por la autovía A-66, en el término municipal de Santiponce, y, "por causas desconocidas", perdió el control de la motocicleta y cayó al golpear contra la mediana de la carretera.

Varios conductores presenciaron el accidente y pararon de forma inmediata con la intención de socorrer al motorista, de modo que, mientras unos llamaban a emergencias, otros atendían al herido y otros intentaban advertir a los demás conductores, haciendo señales con los brazos y con las luces de emergencias encendidas y señalizando al herido con las luces de los teléfonos móviles, llegando a detener a varios coches.

NO PRESTÓ AUXILIO NI SOLICITÓ AYUDA PARA LA VÍCTIMA

"A pesar de las advertencias y pese a ver los vehículos y toda la gente acumulada en la vía", el acusado hizo "caso omiso" y, "sin adecuar la conducción a las circunstancias especiales del tráfico", rebasó por la izquierda a los vehículos que le precedían y continuó su camino, atropellando al motorista accidentado, que permanecía tumbado en el suelo.

Al pasar por encima del cuerpo a una velocidad no superior a los 100 kilómetros por hora, el acusado desplazó el cuerpo del motorista un total de 7,70 metros desde el punto de la caída y le causó lesiones de tal gravedad que le produjeron la muerte en el acto, según se declara probado.

La Audiencia añade que, "a pesar de todo ello y del brutal impacto que sufrió al pasar por encima del cuerpo", el condenado "no detuvo su marcha, huyendo del lugar con la clara intención de ocultar su responsabilidad", de modo que "no prestó auxilio, no comunicó el accidente a ninguna autoridad y no solicitó ayuda para el atropellado".

"Consciente de lo que había hecho", el acusado acudió al día siguiente a un taller de la localidad de Guillena "con la intención de reparar su vehículo por los daños causados con el atropello", justificando en ese momento que los desperfectos se habían producido por la colisión durante la noche con un perro.

La ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, ha exigido este miércoles a Marruecos que profese a España el mismo "respeto" con el que le trata nuestro país y ha apostado por el diálogo para "poner fin cuanto antes" a la crisis abierta con el vecino magrebí desde el convencimiento de que es "un país amigo y socio de España y así debe seguir siendo".

Así lo ha afirmado en el Pleno del Congreso durante la interpelación que la ha dirigido la portavoz de Exteriores del PP, Valetina Martínez Ferro, quien le ha pedido cuentas sobre la decisión de ingresar en secreto en un hospital español al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

La jefa de la Diplomacia española ha insistido en que el Gobierno es consciente del "rechazo" que provocó es decisión y ha incidido en que no había "motivación política" alguna en el traslado de Ghali. "Ni las buscamos ni las queremos alimentar", ha añadido.

"El Gobierno está plenamente abierto al diálogo y a mirar al futuro", ha dicho, antes de subrayar lo "mucho" que pueden ganar ambos países si siguen "cooperando" como hasta ahora y advertir de lo "mucho" que pueden "perder" si lo dejan de hacer.

RESPETO A LAS FRONTERAS

Así, Laya ha citado la "cooperación y el respeto", también el "respeto a la fronteras", como los "pilares imprescindibles" de las relaciones hispano-marroquíes y ha recordado que la frontera Sur es también frontera europea y que la actuación de Marruecos ha causado también "consternación y rechazo" en la UE.

Tras dejar claro que el Gobierno va a seguir defendiendo los intereses nacionales ha apuntado al "éxito" que, desde su punto de vista, ha cosechado hasta ahora el "enfoque de diálogo y cooperación" que guía la relación bilateral y el trabajo común en materia de inmigración y seguridad. "El progreso de Marruecos es nuestro progreso porque redunda en nuestra seguridad", ha apostillado.

En este contexto, ha hecho hincapié en que "los intereses de España están en juego" y ha exigido al PP la "misma lealtad" que le brindó el PSOE cuando estaba en la oposición y surgían crisis internacionales.

¿SE CONSULTÓ AL CNI?

González Laya se defendía así de las críticas que le ha lanzado la diputada 'popular' por su gestión del traslado a España del líder del Frente Polisario, quien le ha achacado "pasividad y errores de principiante" y le ha exigido que desvelase quién decidió que entrara en España "con documentación falsa, sin informar a Marruecos, y a espaldas del Poder Judicial" y si se consultó para ello al Consejo de Política Exterior o al Centro Nacional de Inteligencia.

Tras recordarle que, como demostró el 'caso Delcy' "las cosas siempre se acaban sabiendo", Martínez Ferro le ha preguntado "qué extraña pulsión incita todo el rato al Gobierno a engañar a todos permanentemente" y también le ha echado en cara los "desaires" que, a su juicio, se han hecho a Marruecos desde el inicio de la legislatura, como "romper la tradición" de que el primer viaje internacional del presidente sea al país magrebí o que ministros de Podemos defendieran la autodeterminación del Sáhara.

La diputada 'popular' ha admitido que es "moralmente loable" haber atendido a Ghali por razones humanitarias pero ha reprochado a González Laya que no haya actuado de forma "profesional", informando tanto a Marruecos como a la oposición.

En cualquier caso, ha reconocido que estos errores "no justifican la tan desproporcionada como inhumana reacción" de Marruecos de abrir la frontera con Ceuta y ha reiterado el apoyo de su partido al Ejecutivo para "la defensa de la soberanía y la integridad territorial" de España.

NI RUMBO NI COHERENCIA

La portavoz del PP también ha aprovechado su intervención para cuestionar, en general toda la política exterior del Gobierno de coalición que, ha dicho, ha situado a España "a la cola" y en "uno de sus peores momentos" por su "falta de credibilidad y de peso". "No hay rumbo ni coherencia y su política está plagada de contradicciones", ha señalado, achacando a González Laya una "diplomacia débil" e "incapaz de proyectar influencia".

La ministra ha negado la mayor, subrayando que España desarrolla una "política de resultados y no de hipérboles ni golpes en el pecho" como la que, en su opinión, practicaban los gobierno 'populares'. Así, ha presumido de las aportaciones de España para la creación de los fondos europeos de recuperación, "pese a la zancadillas" del PP.

También ha replicado a las críticas de Martínez Ferro sobre la gestión del Brexit y ha reivindicado el "principio de acuerdo" sobre Gibraltar, en materia fiscal, de cooperación policial y de protección al medio ambiente", frente a los "300 años de grandes cacareos" sobre el Peñón que ha achacado al PP. "Hemos descubierto que el PP tiene 300 años de historia", ha contestado su interlocutora, con sorna.

La 'popular' también ha mencionado que el presidente estadounidense, Joe Biden, aún no ha hablado con Pedro Sánchez y ha criticado la "irrelevancia" de España en América Latina.

"La realidad es que la relación con Estados Unidos va a seguir siendo madura, sólida e intensa", se ha defendido la ministra quien, además ha reprochado Martínez Ferro que se queje de que España sólo vaya a enviar 7,5 millones de vacunas contra el Covid a América Latina, en lugar de "agradecer" la "generosidad" de la ciudadanía.

Cataluña ha registrado hasta este miércoles 678.070 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia --624.254 con una prueba PCR o test de antígenos--, 743 más que en el recuento del martes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 22.143, 14 más que los registrados el martes: 14.093 en hospital o centro sociosanitario, 4.564 en residencia, 1.180 en domicilio y 2.306 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 812, que son 52 menos que en el último recuento.

Un total de 286 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, 15 menos que en el balance anterior.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) sube hasta 0,94 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en el 3,65%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 121,39 por cada 100.000 habitantes.

La tasa del riesgo de rebrote ha subido ligeramente: el martes alcanzaba un nivel de 113 y 24 horas después es de 114.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 34.610 personas que han dado positivo, de las que 8.840 han muerto y 6 se encuentran actualmente ingresadas.

VACUNACIÓN

Catalunya ha administrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a un total de 2.750.507 personas desde que empezó la campaña de vacunación --1.259.011 ya tienen la pauta completa--: se han administrado 38.856 primeras dosis en las últimas 24 horas.

En porcentajes, se ha vacunado en primera dosis al 34,7% de la población catalana, de la que un 16,1% ya tiene la pauta completa de vacunación y, por lo tanto, goza de inmunidad frente al virus.

Euskadi ha registrado 18 fallecimientos con covid-19 como causa directa del 17 al 23 de mayo, siete menos que en la semana precedente, y los nuevos contagios de coronavirus detectados este pasado martes ascienden a 379, lo que supone 103 más que el día anterior y eleva la tasa de positivos respecto a las pruebas efectuadas hasta el 4,3%.

La incidencia acumulada continúa su tendencia descendente y se sitúa en 215 casos en 14 días por 100.000 habitantes, y descienden a 111 los pacientes en UCI y a 38 los nuevos ingresos.

Según los datos aportados este miércoles por el Departamento vasco de Salud, durante la última jornada se han realizado 8.787 pruebas diagnósticas (5.496 PCR y 3.291 test de antígenos), por encima de las 8.729 realizadas el día anterior, con resultado de 379 positivos. De esta forma, la tasa de positivos respecto a las pruebas realizadas ha subido este martes casi un punto, del 3,2% al 4,3%.

La trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días del 47,8%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 38,5% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

La tasa de casos positivos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes continúa su tendencia descendente y se sitúa este martes en 215,12, cuatro puntos y medio menos que el lunes (219,67), para toda Euskadi. Vizcaya es el territorio con incidencia más alta, con 243,77 de tasa, mientras que Guipúzcoa anota una tasa de 208,20 y Álava de 116,59.

La razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) es de 0,78 para el conjunto de Euskadi (era de 0,76 la jornada previa), mientras que el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, aumenta una jornada más y alcanza ya el 0,97 (era de 0,95 el lunes).

Por territorios, este pasado martes se han detectado 228 nuevos positivos en Vizcaya, 68 más que el lunes, otros 121 en Guipúzcoa (30 más) y Álava ha contabilizado 29 nuevos contagios (diez más). A ellos, se suma un nuevo contagio entre personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, frente a los seis de la jornada precedente.

En el caso de Vizcaya, los municipios con más positivos este lunes son Bilbao, con 87 y una tasa de incidencia de 265,24 casos, Barakaldo y Portugalete, con 15 contagios en cada municipio, Sestao, con 13, y Getxo, con 12. En Guipúzcoa, destacan San Sebastián, con 28 casos y una tasa de incidencia de 206,15 casos, Irún, con once, y Tolosa, con nueve. Vitoria, con 14 positivos y una tasa de incidencia de 102,38, y Amurrio, con tres nuevos contagios, son las dos localidades alavesas con más casos.

Con los datos de esta pasada jornada, cinco poblaciones de más de 5.000 habitantes presentan tasas acumuladas superiores a los 400 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes. En concreto, son las vizcaínas de Sopela, Trapagaran y Zalla, y las guipuzcoanas de Azkoitia y Tolosa.

HOSPITALES

En los hospitales vascos, han ingresado en planta 38 personas con covid durante el martes, dos menos que el día anterior. De este modo, permanecen hospitalizadas en planta 191 personas, 21 pacientes menos que el lunes.

Además, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales vascos hay 111 camas de críticos ocupadas por pacientes con covid, seis menos que el lunes.

Asimismo, tras analizar los datos acumulados en la semana del 17 al 23 de mayo, Osakidetza concluye que ha habido 18 fallecimientos con Covid como causa directa, lo que supone siete menos que los registrados en la semana del 10 al 16 de mayo.

EDADES

Por edades, el mayor número de nuevos contagios se sigue produciendo en las personas de entre 40 y 64 años (148 nuevos positivos), seguidas de la franja de edad de 19 a 39 años (108) y de los menores de 18 años (92). Los mayores de 65 años contabilizan 31 casos, de los que seis superan los 80 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada se da entre los menores de 18 años (296,72) y la más baja es la de la población mayor de 80 años (con 44,13).

La Rioja vuelve a aumentar sus casos activos, de 322 a 360, 28 más, en un día en el que no hay que lamentar fallecidos por coronavirus en La Rioja, según ha informado el Gobierno regional este miércoles. Igualmente, ha subido la Incidencia Acumulada a 14 días, de 143,16 a 149,73 casos por cada 100.000 habitantes, lo mismo que la IA a 7 días, de 70,33 a 80,65 casos. Por contra, la presión hospitalaria se reduce, con tres personas menos ingresadas, de 41 a 38 pacientes.

Además, nuestra comunidad autónoma ha sumado 83 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la pandemia un total de 30.,695 personas han padecido la enfermedad en nuestra región.

Desde que comenzó la pandemia, han fallecido en la comunidad 771 personas, de las que trescientas vivían en residencias de mayores.

Con respecto a la presión asistencial, el Hospital San Pedro de Logroño cuenta con 16 personas en camas de hospitalización ocupadas por pacientes Covid-19 (tres menos que ayer), con un ingreso y tres altas. En la UCI, además, hay 14 pacientes Covid (igual que hace 24 horas).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano cuenta en el San Pedro con 43 camas UCI. De este modo, sumando a los ingresados por patologías no-Covid (15 a día de hoy, uno más que ayer), la UCI riojana tiene 29 pacientes y se encuentra al 67,44 por ciento (dos puntos más que en la jornada de ayer).

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra tiene 8 personas en planta con Covid-19, lo mismo que hace 24 horas, mientras que, en este espacio de tiempo, se han registrado dos ingreso y un alta de pacientes con coronavirus.

En cuanto a la Incidencia Acumulada a catorce días, se ha incrementado desde ayer, al pasar desde los 143,17 casos por cada 100.000 habitantes del martes a 149,73 de hoy, seis puntos por encima. Además, la IA a siete días ha experimentado otro severo aumento, pasando de 70,33 casos por cada 100.000 habitantes hace 24 horas a 80,65 en esta jornada de miércoles, en torno a 10 puntos por encima.

La tasa de positividad experimenta, de acuerdo con estos datos, un pequeño incremento con respecto a ayer, al pasar del 5,04 por ciento al 5,17 por ciento.

Finalmente, hay 6.323 personas en cuarentena frente a las 6.281 del martes. Además, las residencias riojanas mantienen un positivo en uno de los 33 centros de la región.

La Vocalía de Médicos de Ejercicio Privado del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha denunciado este miércoles la "grave situación" en la que se encuentran los faculativos que prestan sus servicios en el ejercicio privado de la Medicina.

"No difieren mucho de los problemas que tenemos en el entorno de la sanidad pública. Hay tres principalmente: bajos salarios, precariedad laboral y escasa formación médica continuada", ha expresado en rueda de prensa el presidente del CGCOM, Tomás Cobo Castro.

En este sentido, ha recordado que tanto en el ámbito privado como en el público la precariedad de los médicos "ronda el 50 por ciento". "Y en cuanto a los salarios, si los comparamos con nuestros colegas europeos, son alrededor de dos veces inferiores", ha denunciado.

Junto a esto, ha resaltado la importancia de la formación continuada, un aspecto que no está garantizado ni en la sanidad pública ni en la privada. "Es clave y esencial. Para poder realizar la labor asistencial con plena seguridad necesitamos una formación actualizada y acreditada en el entorno internacional, con el objetivo de hacer realidad la libre circulación de especialistas en el ámbito europeo y mundial", ha esgrimido.

En este sentido, el doctor Manuel Carmona, representante nacional de la Vocalía de Médicos en Ejercicio Privado, ha recordado las conclusiones del estudio 'Condiciones de competencia en el ejercicio privado de la Medicina', presentado en 2019, que describió los problemas más habituales a los que se enfrentan los profesionales médicos en su relación con aseguradoras y grupos hospitalarios.

La encuesta, realizada de forma 'on line' a 1.410 médicos que ejercen su actividad laboral en la medicina privada, reveló que el 37,7 por ciento de los médicos adscritos a una compañía aseguradora trabaja sin un contrato y hasta el 45 por ciento ha tenido problemas a la hora de desarrollar su actividad asistencial.

Los datos han puesto de manifiesto que a un 23,1 por ciento de los médicos se le rescindió "sin motivo" el contrato escrito con alguna compañía, de los cuales a más de la mitad se le comunicó con sólo uno o dos meses de antelación. Además, el 22,7 por ciento reconoció haber recibido presiones con la exclusión del cuadro médico en caso de no aceptar las nuevas condiciones establecidas por la compañía.

"En base a los resultados presentados, la relación entre facultativos médicos, por un lado, y compañías aseguradoras y grupos hospitalarios, por otro, se ha deteriorado enormemente. Este deterioro habría sido en claro perjuicio de los médicos dedicados a la actividad privada (en particular, frente al médico que ejerce en su consulta individual) y ello como consecuencia de comportamientos por parte de aseguradoras y grupos hospitalarios propios de operadores dominantes. De este modo, sehabrían generado situaciones de abuso en las que las condiciones impuestas a los facultativos son, cuanto menos, cuestionables desde una óptica del Derecho de la competencia", han señalado desde el CGCOM.

Por otra parte, Carmona ha abordado durante su intervención el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en los médicos que ejercen su labor en la Medicina Privada. "La pandemia ha puesto de manifiesto el desprecio de las aseguradoras por los médicos que trabajan para ellas como autónomos, abandonándolos a su suerte cuando el confinamiento no les permitió realizar su actividad y pretendiendo que todo siga igual, incluidos los baremos, cuando la COVID-19 ha cambiado y encarecido el ejercicio de la Medicina", ha resumido.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha afirmado este miércoles que "las previsiones son positivas, la tendencia sigue siendo descendente, y el número de hospitalizaciones y de ingresados en UCI sigue descendiendo", por lo que ha mantenido que espera conseguir la inmunidad colectiva "en las primeras semanas del mes de julio, donde más del 70% de la población andaluza estén vacunadas al menos con una primera dosis".

"Creo que ese 70% aproxidamente va a ser una realidad porque ya hoy se están vacunando al tramo de edad entre 50 y 60 años", ha manifestado en declaraciones a los periodistas Marín, que ha añadido que "cuando esa inmunidad colectiva se consiga será el momento del despegue y ese revulsivo económico que necesitaba Andalucía y que el sector turístico ya empieza a notar".

En este sentido, ha hecho referencia al pasaporte Covid o la tarjeta sanitaria Covid, manifestando que es algo que desde Andalucía "se viene reivindicando desde hace más de un año". En este sentido, ha recordado que ya trasladó en la Comisión Europea que "era necesario arbitrar alguna medida que permitiera viajar y crear esos corredores verdes que se están creando".

"Es una herramienta muy positiva, para la movilidad pero sobre todo también para la seguridad de los viajeros" ha manifestado Marín, que ha recordado que en Andalucía ese certificado digital se puede descargar desde el pasado 1 de enero.

Para el vicepresidente de la Junta, "son cuestiones de sentido común, en el siglo XXI utilizar las nuevas tecnologías para permitir la movilidad de los viajeros es algo de sentido común y parece que al final se ha impuesto por una necesidad".

"Nosotros estamos preparados desde hace meses y haremos las adaptaciones de nuestra App a cualquier recomendación que nos haga la UE o el Gobierno de España para ponerlo a disposición de los viajeros", ha afirmado el vicepresidente, que ha incidido en que "es una buena noticia que llega tarde, porque se podía haber tenido implementada desde hace tiempo".

Además, ha indicado que eso debe servir para el futuro, "que cualquier ciudadano en su móvil pueda llevar su expediente sanitario y que le surja cualquier situación en cualquier lugar y que el médico pueda saber qué tratamientos tiene, se entiende perfectamente".

En este sentido, ha añadido que "la Junta ha sido capaz de llegar a acuerdo con otras comunidades autónomas para que cualquier andaluz pueda ser atendido sin tener que llevar esa autorización de su médico de cabecera o servicio, eso es avanzar".

Navarra ampliará desde este viernes el horario de cierre del interior de la hostelería de 22 a 23 horas y también tiene previsto abordar la ampliación de aforos en el sector cultural con representantes de este ámbito, según ha informado la consejera de Salud del Gobierno foral, Santos Induráin.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Induráin ha puesto en valor la "buena evolución" de los datos en cuanto a contagios, ingresos y vacunación.

Una situación epidemiológica que, según ha dicho, "nos está llevando a plantear para este viernes una revisión intermedia de la normativa vigente desde la pasada semana". En estos momentos, la Comunidad foral se encuentra en un nivel de riesgo "medio consolidado" con 50 casos positivos en el último día tras realizar 2.202 pruebas, lo que arroja una positividad del 2,3%.

En la actualidad el número de personas hospitalizadas es de 56, ocho menos que el día anterior, de los que 12 están en UCI. Además, este martes tampoco se registraron fallecidos, con lo que ya son nueve días consecutivos sin fallecimientos, una situación que "no se daba desde julio".

Esta situación epidemiológica ha llevado al Gobierno de Navarra a actualizar la actual orden foral de medidas contra el Covid en "dos campos importantes como son la hostelería y el mundo cultural, con los que tenemos una relación constante".

En el caso de la hostelería, se prolongará una hora más el horario, pasando de las 22 a las 23 horas, de tal modo que "se acompasa este horario con la de las terrazas Covid". También se ampliará hasta las 23 horas el horario de peñas, sociedades recreativas, salones de juego, bingos y salas multifuncionales, que "tienen un horario equiparable a la de la hostelería".

Según ha indicado la consejera, se trata de una flexibilización que "por el momento" no incrementa los aforos en el sector. Y ha afirmado que este aspecto se irá valorando, viendo la evolución de los casos, monitorizando los datos y viendo la repercusión epidemiológica de las medidas. "En base a esto iremos flexibilizando y acordándolo", ha comentado.

En cuanto a las novedades en el sector cultural, ha explicado que esta misma tarde hay una reunión "relevante" con el sector y ha destacado que en la actualidad es "posible" ampliar "algo" los aforos porque "la experiencia en cuanto a la trazabilidad y brotes es esperanzadora". No obstante, no ha querido avanzar los detalles de cómo quedarán los aforos hasta que se celebre esta reunión.

Los Gobiernos Vasco y de Navarra han suscrito este miércoles un convenio para intensificar sus vínculos de cara a trabajar en común iniciativas y actividades en materia de memoria, víctimas, convivencia, derechos humanos y diversidad.

La firma de este convenio de colaboración en materia de Memoria, Paz, Convivencia y Derechos Humanos, que ha tenido lugar en la sede en Bilbao del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos de Euskadi, ha corrido a cargo de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, y de la consejera del Departamento de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo.

En concreto, la colaboración entre ambos ejecutivos autonómicos se desarrollará en los ámbitos del respeto y la promoción de la dignidad de la persona y de los Derechos Humanos; el rechazo y la deslegitimación de la violencia como medio de defensa de cualquier idea o proyecto; y la defensa del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas.

También colaborarán de cara a reforzar el papel de la memoria crítica en la construcción de la convivencia, así como en la clarificación de todas las vulneraciones de derechos humanos producidas en nuestras Comunidades; y, finalmente, para la promoción de una cultura de paz y de los valores de respeto, democracia y convivencia.

Ambas consejeras han recordado que, si bien en el Protocolo General de Colaboración entre Euskadi y la Comunidad Foral Navarra suscrito en 2016, ya se establecía un ámbito de actuación denominado: "Paz, Convivencia y Derechos Humanos", los dos ejecutivos han estimado "necesario" propiciar ahora más vínculos para la promoción de programas y acciones conjuntas que generen "las condiciones necesarias" para consolidar esos valores "en cinco materias clave para la vida de ambas comunidades: memoria, víctimas, convivencia, derechos humanos y diversidad", han declarado.

La consejera Beatriz Artolazabal ha señalado en su intervención que, tras el fin del ciclo de la violencia, "la convivencia es hoy nuestro principal objetivo". En este sentido, ha añadido que convivencia quiere decir "deslegitimación radical de la sinrazón de la violencia y decir que fue injusto y nunca más".

Igualmente, ha proseguido Artolazabal, "convivencia quiere decir reconocimiento, respeto, diálogo, empatía, interacciones múltiples entre quienes piensan y sienten diferente, sin perjuicio, lógicamente, de los diversos idearios y sentimientos de identidad de cada cual. Y convivencia en el siglo XXI quiere decir también diversidad".

Por su parte, la consejera navarra Ana Ollo ha destacado que "el tercer ámbito de actuación se refiere al de la convivencia y los derechos humanos, en donde se inscribe el I Plan Estratégico de Convivencia que actualmente está elaborando el Gobierno de Navarra y que debe acompañar a la comunidad en el respeto a la diversidad y la pluralidad".

Desde su punto de vista, el objetivo es trabajar por "una comunidad con memoria crítica, que ayude a promover la convivencia y contribuya a la no repetición de las vulneraciones de los derechos humanos y la deslegitimación del uso de la violencia con fines políticos".

REPRESIÓN FRANQUISTA

En el ámbito de la memoria, el convenio de colaboración se llevará a cabo principalmente a través del Instituto Navarro de la Memoria de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y de Gogora, quienes intercambiarán información sobre víctimas de la represión franquista, a través del banco de ADN y de los respectivos centros de documentación.

También colaborarán en las tareas de recopilación y preservación de la memoria, a través de proyectos de investigación conjuntos; impulsarán proyectos de divulgación de la memoria, programando exposiciones; y pondrán en marcha cauces de colaboración en el marco educativo, dando a conocer proyectos como Escuelas con Memoria que favorezcan intercambios escolares y proyectos de trasmisión intergeneracional de la memoria.

En este sentido, compartirán el fondo audiovisual de las víctimas del terrorismo y la violencia, siempre que las propias víctimas lo autoricen, y colaborarán en cualquier proyecto e iniciativa que resulte de interés mutuo en este ámbito.

En el ámbito de la atención a las víctimas serán la dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco y la Oficina de Atención a Víctimas del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra quienes trabajen estrechamente.

Juntos podrán desarrollar acciones como servicios de atención integral a las víctimas; medidas indemnizatorias y prestaciones; programas de participación de las víctimas en Centros Educativos; actividades y eventos de sensibilización social sobre los derechos de las víctimas; trabajo con las asociaciones y fundaciones que trabajan por los derechos de las víctimas; y cualquier nuevo proyecto e iniciativa que resulte de "interés mutuo".

Los mismos interlocutores colaborarán en ámbito de la Convivencia y los Derechos Humanos, en materias como planes de Convivencia; Agenda global de Derechos Humanos; programas educativos; y la promoción de iniciativas por la convivencia junto a las entidades locales y de programa de actuaciones con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.

Igualmente llevarán a cabo investigaciones sobre vulneraciones de Derechos Humanos; la gestión pública de la diversidad; la sensibilización en materia de Cultura de Paz y Derechos Humanos; programas de prevención de la radicalización y de los discursos de odio; y cualquier nuevo proyecto e iniciativa que resulte de interés mutuo.

INICIATIVAS EN 2021

El acuerdo entre los dos gobiernos incluye ya la puesta en marcha de tres iniciativas o actuaciones concretas, este mismo año, que "ya están preparándose", han confirmado.

Se trata, en primer lugar, de la organización de una jornada sobre digitalización al servicio de la memoria, en la que se presentarán iniciativas pioneras del Estado en relación con las bases de datos sobre víctimas de la Guerra Civil, iniciativas pioneras entre las que se encuentran las de Euskadi y Navarra.

También trabajan ya en la preparación de una exposición en el Museo Bellas Artes de Bilbao sobre el artista en el exilio Gerardo Lizarraga (Iruña 1905 - Mexico 1984).

Finalmente, tienen prevista una jornada sobre empresa y derechos humanos, en la que se abordará la aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, y también los contenidos de la futura directiva europea sobre debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente y sus efectos sobre el sector empresarial.

El presidente del PP en Baleares, Gabriel Company, ha informado, este miércoles, de que no se presentará a la reelección como líder de la formación en las Islas.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa Company, quien ha explicado que este viernes se reunirá la junta directiva del partido para aprobar las fechas del congreso regional. El mismo se celebrará seguramente el 17 de julio en Palma, aunque también se bajara el 24.

El dirigente del PP balear ha estado acompañado en su anuncio por el presidente de la formación en Mallorca, Llorenç Galmés; el secretario general del partido, Antoni Fuster, y el diputado Sebastià Sagreras. A los tres, como al resto del partido en las Islas, les ha agradecido su trabajo realizado hasta ahora.

El agradecimiento lo ha extendido también al presidente del partido a nivel nacional, Pablo Casado, y el secretario general, Teodoro García Egea. Company ha aclarado que su dedicación a la política era "temporal" y fue Casado quien le pidió que aguantase "hasta el próximo congreso". "Mi ilusión siempre ha sido retomar mi actividad como empresario", ha subrayado.

Precisamente, hace meses, cuando se celebraron los congresos insulares del partido, el hasta ahora presidente del PP a nivel regional volvió a hablar con Madrid y le expuso su intención de no presentarse a la reelección.

Company ha precisado que, tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, "ha insuflado las ganas de volver a gobernar". Esta situación, ha añadido, "puede pasar en toda España".

Por este motivo, la presidente ha destacado la situación de unidad en la que deja la formación en Baleares. Estamos trabajando por la gente y no con problemas internos", ha afirmado, a la vez que ha recordado "la situación complicada" del PP tras las elecciones de 2015.

Desde Madrid le han dado "todas las facilidades" para seguir en política, pero Company lo ha rechazado. "No quiero seguir. Después de una etapa complicada, quiero dedicarme a la actividad privada aunque siempre seguiré trabajando con el PP en lo que necesite", ha insistido.

Sobre posibles candidatos, el presidente del PP no se ha querido pronunciar ante la posibilidad de que se pueda presentar a dirigir el partido en Baleares la hasta ahora portavoz 'popular' del área de Igualdad en el Congreso, Marga Prohens. Eso sí, ha pedido disculpas por "la mentira piadosa" por no haber dicho antes que no se presentaría a la reelección.

Para finalizar, Company ha precisado que no comenzará un nuevo periodo de sesiones en el Parlament y estará de presidente hasta que se nombre su relevo. "Quiero volver a la actividad privada", ha remachado.

El número medio de hijos por mujer en España en el año 2018 fue de 1,26, según se desprende de la estadística 'Indicadores Urbanos 2021' publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Uno de los indicadores analizados hace alusión al número medio de hijos por mujer.

Por ciudades, las que presentaron las mayores medias de hijos por mujer fueron Melilla (2,17), Lorca (1,66) y Ceuta (1,64), seguidas de Línea de la Concepción (1,62), Manresa (1,55), Almería (1,52), Cartagena (1,52), Parla (1,52), Sanlúcar de Barrameda (1,50), Reus (1,48), Murcia (1,45), Santa Coloma de Gramenet (1,45), Rivas-Vaciamadrid (1,44), Getafe (1,43) y Terrassa (1,43).

Por el contrario, los promedios más bajos se dieron en Canarias, concretamente en San Cristóbal de la Laguna (0,89 hijos por mujer), Telde (0,95) y Las Palmas de Gran Canaria (0,96). También se hace alusión a Las Palmas de Gran Canaria (0,96), Gijón (0,97), Santa Cruz de Tenerife (0,97), Avilés (1,02), Cádiz (1,02), Oviedo (1,02), Ourense (1,03), Cerdanyola del Vallès (1,04), Ferrol (1,05), Fuengirola (1,06), Torrelavega (1,06), Vigo (1,06) y A Coruña (1,07).

El INE define como el número medio de hijos que tendría a lo largo de su vida fértil una mujer residente en un municipio en caso de mantener la misma intensidad fecunda por edad que la observada en un año concreto en ese municipio.

Otro de los indicadores hace referencia a la esperanza de vida al nacimiento. Este indicador, que representa el número medio de años que se espera que una persona viva desde el momento de su nacimiento, se ha calculado como media de tres años, siendo 2018 el año central de referencia.

Cinco municipios superaron los 85 años, todos ellos de Madrid: Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Alcorcón, Las Rozas de Madrid y Alcobendas. En el extremo opuesto, La Línea de la Concepción fue la única de las 126 ciudades estudiadas con una esperanza de vida al nacimiento inferior a 80 años. En la cola también aparece Ceuta (80,0), Melilla (80,5), Cádiz (81,0) y Arrecife (81,0).

También se han dado a conocer otros indicadores relativos a la renta neta media anual por habitante, considerando los 416 municipios mayores de 20.000 habitantes, que revela que las tres ciudades con mayor renta por habitante en el año 2018 fueron Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 28.326 euros, Boadilla del Monte (Madrid), con 21.795, y Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con 20.582 euros, frente a Níjar (Almería), con 7.307 euros, Vícar (Almería), con 7.451 euros, y Los Palacios y Villafranca (Sevilla), con 7.507 euros, las ciudades con menor renta por habitante.

Además, de acuerdo con los datos de Estadística, Pozuelo (Madrid) es el municipio de España con menor tasa media de paro estimada en 2020, con un 6,5%, seguido de Donostia/San Sebastián (7,1%) y Sant Cugat del Vallès (7,4%). Por el contrario, Linares (Jaén), con un 32,5%, seguido de Córdoba (con un 27,8%) y Granada (26,8%) presentaron las tasas de paro más elevadas.

Respecto a los barrios, los que tienen mayor renta neta media anual por habitante con datos de 2018 fueron El Viso (44.825 euros), Recoletos (43.567 euros) y Piovera (40.510 euros), los tres de Madrid. Mientras, las rentas más bajas se localizaron en Sevilla --zonas 5-A (barrio Polígono Sur del distrito Sur), 4-E (barrios de Los Pajaritos y Amate del distrito Cerro-Amate) y 9-A (ocupada parcialmente por el barrio Colores/Entreparques)-- y la zona 4-A de Alicante/Alacant (que incluye en su mayor parte al barrio Juan XXIII).

El informe sobre criminalidad del Ministerio del Interior ha recogido una caída generalizada del 9,3% de los indicadores en el primer trimestre de 2021, aunque detecta un ascenso en el tráfico de drogas (12,1%), secuestros (18,8%) o homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa (9,8%). También hay un aumento de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual del 7%.

Según los datos registrados por los diferentes cuerpos policiales, durante los meses de enero a marzo del año 2021 las infracciones penales han sumado un total de 431.065 hechos, lo que constituye un descenso de -9,3% con respecto al mismo periodo del año 2020, cuya cifra ascendió a 475.276.

Sobre el tráfico de drogas, Interior señala que se trata de un delito "muy relacionado con los planes especiales operativos llevados a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la erradicación de esta fenomenología criminal".

Como novedad, en el balance consultado se comienza a facilitar datos de municipios con una población superior a los 20.000 habitantes, y no 30.000, "lo que supone un gran avance en la difusión de la información estadística de criminalidad, dado que se ofrecen datos municipales detallados del 77,6% de la criminalidad registrada durante este trimestre", según Interior.

El Ministerio destaca que el descenso "en parte" está ligado con las circunstancias derivadas de la entrada en vigor de los reales decretos sobre los estados de alarma para hacer frente a la crisis sanitaria de la Covid-19.

Se han producido descensos, entre otros, en los homicidios dolosos y asesinatos consumados (-29,4%), pasando su número de 85 en 2020 a 60 en 2021, delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (-14,2%), y en las infracciones penales patrimoniales como robos con violencia e intimidación (-18,3%), robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (-28,2%), robos con fuerza en domicilios (-23,4%), hurtos (-30,2%) y sustracciones de vehículos (-25,5%).

Aumentan los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa (9,8%), pasando de 173 en 2020 a 190 en 2021, secuestro (+18,8%, al pasar de 16 a 19). También los delitos contra la libertad e indemnidad sexual (+7,0%), diferenciando agresión sexual con penetración (+11,2%) y resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual (+6,4%).

El Ministerio del Interior destacada que la nueva recopilación de datos --pendientes aún de consolidar-- a municipios mayores de 20.000 habitantes eleva de 250 a 416 los núcleos poblaciones analizados, "lo que supone una apuesta decidida por el incremento de la información aportada, en aras de ofrecer una mayor transparencia en el ejercicio de la actividad pública".

Un centenar de españoles serán seleccionados para formar parte de la Asamblea Ciudadana para el Clima, cuya función será debatir y proponer un conjunto de recomendaciones, no vinculantes, sobre las políticas climáticas con las que creen que España debe alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Sus recomendaciones serán entregadas al Gobierno y posteriormente al Parlamento, para que traten de darles forma legal. La iniciativa está incluida en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que ya está en vigor y que daba un plazo de seis meses para ponerla en marcha.

España sigue así la estela de otros países, como Francia o Reino Unido, que ya cuentan con estas asambleas de ciudadanos voluntarios, aunque escogidos bajo un criterio de selección que busca una adecuada representatividad de la sociedad española.

Se trata de una reclamación de las ONG ambientales y sociales que finalmente fue incorporada a la norma. No obstante, estas organizaciones querían haber participado en la propia elaboración de la Ley de Cambio Climático, pero la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, ha admitido que aunque esa era también la intención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pero la pandemia "lo hizo inviable".

En un encuentro con los medios de comunicación, Ulargui ha explicado que ahora se abre el periodo de consultas, hasta mediados de junio, para poner en marcha la Asamblea, su composición, temas, estructura y demás detalles con el objetivo de "lograr el mayor nivel de participación de los ciudadanos" y "ante la sensibilidad creciente y gran paso en la concienciación social en materia de cambio climático.

El centenar de asamblearios tendrán el mandato de analizar la pregunta: "Una España más segura ante el cambio climático, ¿Cómo lo hacemos?", aunque también se podrán definir temas más acotados y específicos sobre las soluciones de mitigación y adaptación al cambio climático de aquí a 2050.

De ese modo, el Gobierno pondrá en marcha una orden ministerial que facilite ese espacio que debe ser "independiente y transparente" y cuyas recomendaciones se enviarán al Gobierno y posteriormente al Congreso de los Diputados que como "cámara de representación ciudadana que recoge también todos los procedimientos consultivos".

Con esa premisa, ha señalado que se establecerán unos órganos de gobernanza articulados en un Panel de Coordinación, un Grupo de Expertos Independiente y unos Embajadores. Además, se contará con un equipo técnico independiente para la selección de los ciudadanos y otro especializado en procesos deliberativos, para dinamizar las sesiones de la Asamblea.

En concreto, Ulargui ha precisado que se articulará un Panel de Coordinación, un Grupo de Expertos Independiente y unos Embajadores. Además, se contará con un equipo técnico independiente para la selección de los ciudadanos y otro especializado en procesos deliberativos, para dinamizar las sesiones de la Asamblea. Toda la información relativa a los trabajos de la Asamblea y al grupo de expertos independientes se recojan en una página web propia, que se lanzará tras la publicación de la Orden ministerial definitiva.

Las cien personas elegidas de forma aleatoria representarán "la diversidad de la sociedad española", en cuanto a sexo y género, edad, origen rural o urbano, nivel educativo, incluso posición respecto al cambio climático etcétera. Para ello el Gobierno podrá en marcha una contratación pública con la que recibirá propuestas sobre la mejor metodología que cumpla con los criterios de "independencia y representatividad".

Estos ciudadanos, que serán remunerados, celebrarán cinco sesiones de trabajos on-line y la Asamblea Ciudadana contará con su propia página de Internet donde se colgarán los trabajos y propuestas.

En cuanto a los plazos, la directora de la Oficina Española de Cambio Climático ha expuesto que tras la orden ministerial que desde este miércoles hasta el 16 de junio estará en información pública, el Gobierno contratará a la consultora que será la encargada de contratar a los cien elegidos con la vista puesta en que la Asamblea se ponga en marcha en el mes de otoño y sus recomendaciones estén listas durante el primer trimestre de 2022.

Mientras se realiza el "reclutamiento de ciudadanos", desde junio a otoño, la Oficina realizará las tareas preparatorias, tales como la selección de temas y contenidos. "Conseguir la ambición y la neutralidad climática en 2050 es un objetivo político, pero hay que aterrizarlo en el corto plazo y en la estrategia a largo plazo", ha comentado Ulargui que considera que los ciudadanos "tienen que aportar a ese proceso" con espacios de participación en la política pública".

La existencia de la Asamblea ciudadana no excluye del proceso de participación a otros órganos de gobernanza como el Consejo Asesor de Medio Ambiente, entre otros.

Finalmente, las recomendaciones de estos ciudadanos que "no tienen mandato popular" no serán vinculantes pero Ulargui confía en que puedan tener recorrido parlamentario por ejemplo con proposiciones no de ley que podrán presentar los distintos grupos políticos. "Lo importante es generar debate", considera, aunque recuerda que los representantes democráticos tienen que saber cuáles son las propuestas que tienen visos de ser más transformadoras y beneficiosas para la Transición Ecológica.

En definitiva, la directora de la Oficina Española de Cambio Climático opina que la asamblea es "una enorme oportunidad para lanzar entre todos un proceso participativo en nuestro país en torno a un reto tan complejo y urgente como la emergencia climática, en un contexto de transición ecológica y de grandes desafíos económicos y sociales".

El Ejecutivo regional continúa con las labores de retirada de biomasa de las playas del Mar Menor "en colaboración con los ayuntamientos y ante la inacción del Gobierno de España, quien no invierte en el cuidado y mejora de estos espacios, lo que compromete la recuperación del ecosistema", según informaron fuentes de la Administración autonómica en un comunicado.

Así lo ha puesto de relevancia este miércoles el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras un nuevo encuentro del Foro de Coordinación Interadministrativo del Mar Menor, en el que participaron también los alcaldes de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, y la vicealcaldesa de Cartagena.

Durante el encuentro, celebrado en esta ocasión en San Pedro del Pinatar, se expuso que "desde el pasado 2017, el gobierno de López Miras ha invertido 3 millones de euros en la retirada de biomasa del Mar Menor, materia orgánica que debe retirarse de forma permanente como en cualquier playa de España, ya que su degradación conlleva la aparición de lodos y fangos".

En este periodo se han retirado más de 7.100 toneladas de biomasa, mientras que hasta final de 2022 se van a invertir 2 millones de euros más para realizar estas tareas, además de retirar embarcaciones varadas o residuos flotantes y sumergidos como consecuencia de los temporales meteorológicos.

Luengo ha anunciado también la puesta en marcha de "un refuerzo en la limpieza de la zona norte, la más afectada por acumulación de biomasa, fangos y lodos", para la que se ha comenzado a usar maquinaria ligera y específica, validada por el Comité de Asesoramiento Científico, que permite retirar estos elementos a cinco metros de la orilla.

"El Gobierno de España debería contribuir a la mejora del ecosistema de forma directa, mediante la retirada de lodos y fangos, y la retirada de OVA y biomasa. No es normal que abandone a los ayuntamientos, que disponen de medios limitados, y desatienda las competencias que la Ley marca", destacó el consejero.

Así queda recogido en el artículo 111.1 de la Ley de Costas que establece que son competencias del Estado "las que se consideren necesarias para la protección, defensa, conservación y uso del dominio público marítimo terrestre, cualquier que sea la naturaleza de los bienes que los integren y las emplazadas en el mar y aguas interiores".

ESTADO DE LOS PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Como es habitual, durante el encuentro se puso sobre la mesa el estado de los parámetros físico-químicos que miden el estado y la recuperación del Mar Menor. Las últimas mediciones del pasado 20 de mayo sitúan el nivel de oxígeno en 6,41 mg/L; la clorofila en 0'58 *gr/L; la salinidad en 41'50 gr/L; y la transparencia en 4'33 metros de media. Por su parte, la temperatura se sitúa actualmente en 23'45 grados y la turbidez en 0'63 FTU.

En relación a las lluvias del pasado domingo y lunes, "estamos aún evaluando la posible afección que ha podido tener sobre el ecosistema, y las primeras estimaciones cifran en 15 hectómetros los entrados al Mar Menor, aunque la gran mayoría ya habría salido al Mediterráneo", destacó el consejero para finalizar.

El consejo de administración de Seiit, la sociedad dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana encargada de la gestión de las 9 autopistas rescatadas que quebraron en la crisis financiera, ha nombrado a Cristina Moreno nueva directora general.

Moreno proviene del Gobierno de la Comunidad Valenciana, donde ocupaba el cargo de subsecretaria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico desde julio de 2019, así como el de presidenta de la junta superior de contratación administrativa y la dirección de la Central de Compras de la Generalitat.

Se trata de la primera mujer que ocupa la dirección general de Seiit, en sustitución de Julián López Milla, que asumió el cargo hace apenas un año tras ser secretario general de Infraestructuras y ahora abandona por "motivos personales", según afirma el Ministerio que dirige José Luis Ábalos.

Cristina Moreno, nacida en Valencia, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y tiene un máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa por la Universitat Jaume I. Es funcionaria de carrera de la Generalitat Valenciana desde 1985, con destinos en el área de Comercio y en el de Trabajo.

A lo largo de su carrera profesional, Moreno ha ocupado diversos cargos directivos y políticos. Así, fue diputada en las Cortes Valencianas desde 1999 y hasta 2015, y entre 2015 y 2019 fue directora general de Trabajo y Bienestar Laboral de la Generalitat Valenciana y directora del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT).

Durante el mismo periodo, fue patrona de la Fundación Estatal de Prevención de Riesgos Laborales, vocal de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud y presidenta del Tribunal de Arbitraje Laboral.

Igualmente, fue ponente de todas las leyes en materia económica que se promulgaron durante ese periodo: Leyes de Cajas de ahorro; de Patrimonio; de IRPF, Patrimonio y Resto Impuestos Cedidos; de Hacienda Pública, de Cooperativas, de Fundaciones Públicas.

Seitt es la empresa pública presidida por el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, dedicada al proyecto, construcción, conservación, explotación y promoción de las infraestructuras del transporte de titularidad estatal.

Asimismo, gestiona las nueve autopistas de peaje rescatadas por el Estado. Las vías que gestiona son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 Eje Aeropuerto, que une la capital con Barajas, la AP-41 Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera.

El PP da por sentado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, concederá indultos a los líderes del procés, sobre todo tras sus últimas declaraciones públicas asegurando que hay un "tiempo para el castigo" y "un tiempo para la concordia". En ese escenario, considera que sería irresponsable que el Gobierno hiciera firmar al Rey esos indultos, según han indicado fuentes de la dirección nacional del partido.

En 'Génova' ven "clara" la posición de Sánchez a favor de esos indultos, un paso que, según avisan, le "costará explicar" a la sociedad española en su conjunto, pero también en las propias filas del PSOE, en las que tiene "mal encaje" porque no lo van a "tragar".

"El PSOE, por mucho que mande Moncloa, es un partido que está vivo y no lo va a aceptar. No hay precedentes", aseguran en el PP, donde recuerdan la posición de históricos socialistas como Felipe González o el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba.

De hecho, en el PP consideran que Sánchez no les indultará antes de las primarias andaluzas, previstas para el 13 de junio, para no dar bazas a Susana Díaz, que compite en esta carrera con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, según fuentes del partido.

Pero la cúpula del PP pone el acento en que Pedro Sánchez pueda estar dispuesto a poner en un brete a Felipe VI. "No puede ser que el Gobierno le haga firmar esto al Rey de España", afirman las fuentes consultadas, que añaden que un presidente del Gobierno tiene que ser "responsable con lo que hace".

"UN LOSE-LOSE PARA SÁNCHEZ"

La cúpula del PP advierte de que sería la primera vez que se conocen indultos "sin arrepentimiento" y cuando se habla de posible "reincidencia", después de que varios de esos dirigentes independentistas hayan reconocido públicamente que lo volverían a hacer.

Es más, los 'populares' recalcan que se incumplen "todos los parámetros exigibles por la ley de indultos y creen que sería "muy grave" dar la medida de gracia cuando "no hay necesidad de hacerlo". "Esto es un lose-lose para Sánchez", afirman fuentes del primer partido de la oposición.

En la dirección del PP recuerdan además que tanto Casado como el entonces líder de Cs, Albert Rivera, ya preguntaron en el debate electoral de abril de 2019 si iba a indultar a los presos del procés. Sánchez les contestó entonces que "no puede haber un indulto preventivo ni la negación preventiva de un indulto".

Ante las generales de noviembre, Sánchez fue más contundente al descartar los indultos y garantizar el "cumplimiento íntegro de la sentencia". Si al final concede la medida de gracia, subrayan fuentes del PP, el presidente del Gobierno estaría incumpliendo su palabra. "No fue una sobreactuación de Casado. Tenía toda la razón", aseguran fuentes 'populares'.

Según el PP, dar esos indultos pondría fin de la legislatura, ya que quedarían al descubierto las "promesas rotas" de Sánchez. El propio Pablo Casado ha lanzado ese mensaje al presidente del Gobierno durante la sesión de control del Congreso. "El pago que le piden por haberle metido en la Moncloa será su finiquito y el epitafio del PSOE", le ha espetado.

EL PP DESVINCULA LOS INDULTOS DEL CGPJ

El PP ha admitido estos días que el indulto "dificultaría mucho" cualquier acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Eso sí, hoy deja claro la posición de su partido es "previa a los indultos" porque ya había puesto sobre la mesa sus condiciones: compromiso de que los jueces sean elegidos por los jueces, de forma que se garantice la independencia judicial. "No nos podemos mover de nuestra posición", recalcan en el PP, que se remiten a la línea marcada por Europa.

Según fuentes del PP, quien "asocia" indultos y CGPJ es el Gobierno, en alusión a las palabras de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, acusando al PP de chantaje por "condicionar" la renovación del CGPJ a la concesión de indultos.

Eso sí, fuentes del PP consideran que si el Gobierno "desafía" de esta manera al Tribunal Supremo con los indultos, "a lo mejor por eso tienen tanto interés" en renovar el órgano de gobierno de los jueces, pendiente desde hace dos años y medio.

El líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha rechazado las declaraciones del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, sobre Plus Ultra en las que niega que los dos informes expedidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Dirección General de Aviación Civil solicitados por el Gobierno para avalar la ayuda de 53 millones de euros a esta aerolínea pasaran por la aprobación del Ministerio.

"Lo que ha contado el ministro Ábalos es una cosa de no creerse, dos departamentos distintos de un Ministerio hacen un informe ayudando a una empresa que no tiene más razón de estar ahí que su enchufe y su amiguismo y resulta que el ministro no lo sabe. Esas explicaciones no valen", ha dicho Garicano en declaraciones a Antena 3.

En el Pleno del Senado de este martes, Ábalos indicó que esos informes los pidió de manera directa, "sin pasar" por el Ministerio de Transportes, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda encargado de la gestión de las ayudas a empresas estratégicas afectadas por la pandemia del coronavirus. Además, precisó que esos documentos solo constataban que sin financiación no se puede garantizar la seguridad aérea y que el sector de la aviación es estratégico para la economía.

Garicano espera que el asunto del rescate a Plus Ultra se aclare tanto en la Comisión Europea --ante la cual presentó una denuncia, por considerar que hay "irregularidades claras" en la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez-- como en España.

"TRAMA DE PERSONAS VINCULADAS AL RÉGIMEN DE MADURO"

El eurodiputado reclama conocer por qué los responsables de Plus Ultra, "una trama de personas muy vinculadas al régimen de Nicolás Maduro", venezolanos "investigados por distintos escándalos de corrupción", han conseguido acceder a 53 millones de euros de dinero público mientras empresas y autónomos están "desesperados" por no haber recibido aún ayudas directas del Gobierno de España.

En este contexto, ha lamentado la actual parálisis en la aprobación de ayudas directas a empresas a través del fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la SEPI, una situación que varios medios de comunicación vinculan con el escándalo que supuso el rescate de Plus Ultra.

"Es tremendo, se destruye la credibilidad de un país y de las instituciones y no se puede hacer lo que realmente sí hay que hacer", conceder ayudas a empresas "estratégicas" que "son las que tienen que recibir el dinero", ha señalado.

NO ES UNA EMPRESA ESTRATÉGICA Y ESTABA EN CRISIS

Garicano ha recordado que, entre los requisitos que debe cumplir una compañía para poder recibir una ayuda como la concedida a Plus Ultra, están que sea de carácter estratégico y que no esté en crisis. Sobre este último, ha apuntado que la empresa sí estaba en crisis porque "llevaba cinco años seguidos con pérdidas" y porque de los 19 millones de euros que pusieron los accionistas, "ya se han perdido 13".

Según el eurodiputado de Cs, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos "aceptó un truco contable" de Plus Ultra, un préstamo participativo "simulado" de la sociedad panameña Panacorp por valor de 6,3 millones de euros que la aerolínea presenta como parte de su capital "para evitar figurar como empresa en crisis", que, según la normativa europea, son aquellas en las que "haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas".

Asimismo, sostiene que no se puede calificar de estratégica una aerolínea que "la mayoría de los españoles no sabían ni que existía" y que solo tiene cuatro aviones que realizan tres rutas --a Perú, Ecuador y Venezuela-- que el propio Gobierno reconoce que podrían ser asumidas por otra empresa.

Tampoco cree que Plus Ultra tenga una "conexión real con España", otra de las condiciones para poder recibir la ayuda. "Tiene una conexión muy permanente y fija con el Gobierno de Maduro", ha asegurado.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reprendido al exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto por "utilizar la violencia política contra las mujeres", tras deslizar éste en redes que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, se encuentra indispuesta al no estar acostumbrada a trabajar.

Y es que De Quinto ha reaccionado a un comentario previo de la también ministra de Trabajo, en el que explicaba que cancelaba la "intensa jornada" prevista para este miércoles por prescripción médica.

"Hay días en los que nuestro cuerpo nos exige parar y que nos cuidemos para poder seguir. Espero recuperarme pronto con toda la fuerza", relataba la vicepresidenta tercera.

Al respecto, el exdirigente de Ciudadanos ha compartido el apunte de Díaz para desearle que se recuperara, aunque añadía que "cuando no se tiene costumbre, uno no puede ponerse a trabajar así, a las bravas, sin precalentar... porque luego vienen las lesiones".

Las palabras del exparlamentario han generado el rechazo de la ministra de Igualdad, al aseverar que "el problema de los Marcos de Quinto de la vida no es solo que no les gusten los servicios públicos y el empleo digno, es que han decidido utilizar la violencia política contra las mujeres como herramienta para frenar los avances feministas y de justicia social". "Basta ya", ha lanzado.

Posteriormente, De Quinto ha respondido al comentario de Montero para señalar la "fijación tienen algunas señoras con eso de inventarse conflictos entre sexos", cuando él personalmente admira a "muchísimas mujeres políticas".

Entre ellas ha citado ha citado a la líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, las diputadas del PP Cayetana Álvarez de Toledo y Ana Pastor, o la secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona.

"Y muchas mas que están donde están por mérito propio. ¡Saludos!", ha exclamado el exparlamentario de Cs para criticar el "viejo truco de tomar la parte por el todo", dado que si se hace un comentario sobre un político, que es mujer, resulta que ataca a "todo el género femenino". Finalmente, ha señalado que esa estrategia "ya no cuela".Ya no cuela.

"MILLONARIO ZASCANDIL"

Mientras, varios diputados de Unidas Podemos han censurado el comentario de De Quinto. Por ejemplo, el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, le ha definido como "millonario zascandil que decía que los migrantes rescatados por el Open Arms eran 'pasajeros bien comidos'".

Su compañero en la bancada del grupo parlamentario, Antón Gómez-Reino, ha asegurado que el "problema de este grosero señor, que ha generado su carrera a base de explotación y misoginia, es que no soporta que Yolanda Díaz, hija de trabajadores y mujer, haya prohibido despedir a trabajadores por baja laboral, que es lo que acostumbraba a hacer".

"Como suele decir Yolanda Díaz, lo único que no se puede ser en esta vida es mala persona", ha añadido la líder de los 'comunes' en el Parlament catalán, Jéssica Albiach.

Por su parte, el dirigente de En Comú Podem ha arremetido contra el "señoro de Coca-Cola" por reírse "de quien hace caso a su médico". "Marcos de Quinto condenó al paro a más de mil trabajadores. Yolanda Díaz ha salvado decenas de miles con los ERTES. Nunca es tarde para aprender del feminismo y dejar de ser analfabeto de los cuidados", ha espetado.