El grupo municipal de Vox ha conseguido en el Pleno de Cibeles el apoyo de PP y Cs contra la «imposición de los peajes» que quiere hacer el Gobierno central y que supondrá, en palabras de su portavoz, Javier Ortega Smith, «encarecer la vida» al «españolito medio».

Ortega Smith ha cargado contra la «hipocresía» de la izquierda al decir que «pagarán los ricos» cuando lo que hacen es «subir impuestos y los que se inventan». «Van a subirle la luz a todos los españoles y ahora los peajes con ese plan con el que nos hacen pagar por lo que ya pagamos», ha espetado el portavoz de Vox a la bancada de la izquierda.

El edil ha apuntado que pretenden, según Vox, «que todos los españoles paguen por algo que ya está gravado a través del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o por otros impuestos, como es el caso del transporte, tal y como recuerda la Confederación Española de Transporte de Mercancías».

Y todo ello en un contexto marcado por «200.000 empresas destruidas, 620.000 empleos perdidos, con 4 millones de parados y medio millón en ERTE».

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha cargado contra «la imposición de los peajes» dentro del «modelo Ábalos», que si bien «en 2018 dijo que había que quitar o bajar los peajes porque provocaban accidentes, en abril votó a favor de la imposición de peajes».

El ‘popular’ ha criticado la «política antisocial» que supone penalizar por circular por carretera «a los madrileños que vayan por la M-40, la M-50 o la A-42». «No es momento de subir impuestos sino de ayudar, de crear empleo y generar actividad económica», ha alegado, después de mostrarse a favor de abrir un debate nacional sobre el modelo con el que financiar las infraestructuras.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha defendido que los españoles «no tienen que pagar peajes porque ya ha pagado por ellos en la liquidación de la declaración de la renta». También ha cargado contra la «desigualdad» que generaría para «los grandes cinturones urbanos», donde residen las clases trabajadoras.

«Son expertos (al PSOE) en generar desempleo. Van a dar la puntilla al sector transportista porque ponen en peligro 5.000 puestos de trabajo», ha remachado Villacís.

La izquierda ha votado en contra de la proposición. El socialista Ignacio Benito ha sugerido a Ortega Smith que elevara esta moción al Congreso en su condición de diputado porque «queda fuera del ámbito competencial» del Ayuntamiento. «Y además es una propuesta que no procede porque no se pondrá en funcionamiento el modelo con la actual coyuntura económica», ha aseverado.

El edil de Más Madrid Miguel Montejo ha cifrado en 7.000 millones de euros el coste de la red de autovías «más grande de Europa siendo casi el único país europeo que no tasa su uso» con una «miopía estratégica».

Más Madrid ha reclamado al Estado «mejorar la nueva Ley de Cambio Climático que ha nacido vieja», además de «reforzar el transporte público, la zona de bajas emisiones y que los muy ricos paguen un poco más».

Todos los partidos con representación en la Asamblea de Ceuta –PP, PSOE, MDyC y Caballas–, salvo Vox, han firmado este martes una declaración institucional en la que repudian los actos violentos registrados al término de la concentración organizada contra la presencia de Santiago Abascal en la ciudad autónoma, así como la actitud de quienes buscan «dividir» a los caballas en función de su credo o raza.

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), ha dado lectura al texto, en el que los cuatro partidos apelan a «la característica madurez de nuestra sociedad» y a «la responsabilidad» de los ceutíes «para no caer en las provocaciones y evitar que la actitud de los violentos o de quienes encienden la mecha de la división y la discordia nos aparten del camino del respeto, la tolerancia y la convivencia».

«Somos más, muchos más, los que queremos una Ceuta en la que todos podamos vivir en paz y armonía, la Ceuta de la diversidad cultural que nos distingue y enriquece como pueblo», opinan los firmantes, que han condenado «de manera rotunda» los incidentes acontecidos en forma de destrozos de mobiliario urbano y vehículos policiales y apedreamientos a los agentes, que se saldaron con siete heridos leves y dos menores detenidos.

PP, PSOE, MDyC y Caballas han dejado patente su «total apoyo» a los agentes de las Fuerzas de Seguridad por el trabajo que desarrollaron «en defensa de la seguridad y tranquilidad de los ceutíes». «Tienen el respaldo, cariño y administración de todos nosotros: las heridas que sufrieron a todos nos dañan. Los violentos son una minoría que no representan a una sociedad que ha hecho del respeto y la concordia una manera de ser y de vivir», ha subrayado Vivas.

«Con la misma rotundidad» la declaración institucional advierte de que «ni en la Asamblea ni en el conjunto de la sociedad ceutí existe ninguna quinta columna», como llamó Abascal a los dos partidos localistas de electorado eminentemente musulmán. «Todos los ceutíes, cristianos, musulmanes, judíos e hindúes, somos y nos sentimos españoles por encima de cualquier otra condición y estamos dispuestos a defender desde la unidad la españolidad de nuestra tierra», refiere la declaración.

El texto tacha de «ilegítimo» el proceder de quienes «buscan sacar provecho partidista a costa de minar los pilares de nuestra sociedad, la defensa españolidad, la solidaridad del resto de los españoles y el preciado bien de la convivencia». «Esos son valores que debemos defender siempre, sobre todo en estos momentos en los que se intenta poner en jaque la integridad territorial y la estabilidad de Ceuta», ha leído Vivas.

La Audiencia de Valladolid ha anunciado este martes ‘in voce’ un conjunto de penas que suman 78 años de cárcel para 35 de los 38 ‘narcos’ detenidos en el verano de 2017 en el marco de la ‘Operación Infierno’, condenas muy lejos de los casi 200 años de privación de libertad que recogía el escrito de calificación provisional del fiscal del caso.

La ratificación de los acuerdos ha sido formalizada durante una comparecencia en la Sección Segunda de lo Penal que se ha prolongado por espacio de dos horas en la que el presidente, Fernando Pizarro, ha ido dando paso, por tandas, a los encausados para que éstos dieran el sí definitivo a las conformidades, con recesos de cinco minutos para que los ya condenados evacuaran el Palacio de Justicia, antes de dar entrada a otros grupos de encausados para repetir el trámite.

Así, los integrantes de los distintos clanes, los ‘Paturros’ en Valladolid, los ‘Chinches’ de Zamora o los ‘Juanantos’ en Salamanca, han ido aceptando condenas que oscilan entre los cuatro años de la más dura hasta los 20 meses de la más benigna, junto con multas de entre 10 y 60.000 euros, la mayoría por delito contra la salud pública–a una docena de ellos se le ha aplicado la atenuante de drogadicción–pero en otros casos también conducir sin carné o por tenencia ilícita de armas.

No todos han ratificado la condena en la propia sala de vistas de la Audiencia Provincial, ya que en algunos casos lo han tenido que hacer por videoconferencia desde los centros penitenciarios de Valladolid, Topas (Salamanca), Mansilla de las Mulas (León) o Manresa (Barcelona). Uno de los ‘narcos’, Roberto M.S, no ha llegado a comparecer pero está previsto que su ratificación, de un año y nueves meses, se materialice en la comparecencia prevista para este jueves.

La única que no ha llegado a un acuerdo con el fiscal es la zamorana Alabama S.J, que se encuentra declarada en rebeldía ante la imposibilidad de dar con su paradero, mientras que otra de las procesadas, Alba C.M, vecina de Salamanca, ha quedado libre de cargos este mismo martes y otro de los que integraban la larga lista de procesados se encuentra fallecido, por lo que la causa penal contra él ha quedado extinguida.

La detención de estas 38 personas tiene como germen la ‘Operación Infierno’ y en Valladolid condujo a la pareja formada por María Dolores L.G. (‘Loli’) y Alberto M.C, del Clan de los ‘Paturros’, como vendedores de cocaína y heroína en las inmediaciones de su piso en Huerta del Rey, con la colaboración de Roberto M.S, y otros ‘machacas’ como Óscar L.G. y Pedro L.R.

Los ‘pinchazos’ telefónicos realizados con autorización judicial a Loli y Alberto llevaron a los investigadores hasta otros clanes y otras provincias, como Zamora (los ‘Chinches’) y Salamanca, a los que acudían los ‘Paturros’ para aprovisionarse de mercancía, proveedores que, a su vez, se proveían de otros de los acusados y/o revendían a otros procesados o a terceros.

La coordinadora de la España Vaciada ha presentado este martes en el Congreso junto a Teruel Existe su plan contra la despoblación, denominado ‘Modelo de Desarrollo’, en el que proponen más de cien medidas con el objetivo de afrontar el «necesario proceso de reequilibrio teritorial de España».

En un acto organizado en el Congreso, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha expuesto, junto a varios representantes de las 80 plataformas ciudadanas y entidades que han realizado este documento, las líneas claves de este plan y ha vuelto a exigir un pacto de Estado contra la despoblación.

Las entidades que conforman la España Vaciada han realizado esta presentación días después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, detallara el pasado sábado en el Palacio de La Moncloa su plan ‘Pueblos con Futuro: un plan para la cohesión y transformación del país’, que invertirá 10.000 millones de euros del Plan de Recuperación en la lucha contra la despoblación.

UN PUNTO DE PARTIDA

Ante esto, tanto el coordinador de la España Vaciada, Antonio Saz, como el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, han valorado positivamente este «punto de partida» del plan que presentó Sánchez de 130 medidas porque, según han defendido, «es la solución» de muchas de sus reivindicaciones.

Eso sí, han exigido a Sánchez un «compromiso real» para poder atajar este problema a lo largo de las próximas décadas y piden acabar con las «inercias» en ciertos Ministerios que, según aseguran, «van en contra de la solución del problema».

Por ello, defienden que el plan que han presentado este martes contiene medidas que pueden ser adicionales y «no contrapuestas» al documento que dio a conocer el sábado el Ejecutivo central para luchar contra la despoblación. No obstante, creen que sus propuestas son «medidas concretas, detalladas y con ejemplos de ejecución, que se pueden poner en marcha en un plazo muy muy corto».

PACTO DE ESTADO CONTRA LA DESPOBLACIÓN

El texto de la España Vaciada, recoge propuestas, medidas y acciones, para revertir la despoblación y está dividido en ocho secciones, que son las mesas desde donde han trabajado los ciudadanos las diferentes temáticas y ámbitos. De este modo, afronta como avanzar en 38 temáticas y para ello aportan más de cien propuestas.

En general, se abordan cuestiones como un pacto de Estado contra la despoblación; el plan 100/30/30 (100MB simétricos de acceso a Internet, 30 km a una autovía y 30 minutos de desplazamiento a servicios básicos); medidas para asentar población desde el ámbito del bienestar; mantenimiento y creación de servicios en el medio rural; propuestas sobre infraestructuras de servicios en el medio rural; fomento de la economía circular; digitalización prioritaria para acabar con la brecha digital; mantenimiento y puesta en valor del patrimonio natural y cultural; plan urgente de vivienda en el medio rural y desconcentración de las distintas administraciones.

DIVIVIDO EN OCHO MESAS DE TRABAJO

Para ello, han articulado el documento en ocho mesas de trabajo que tienen por objetivo, entre otras cuestiones, impulsar foros, charlas e intervenciones externas, así como incorporar nuevas temáticas y crear espacios de trabajo con otras mesas o grupos de otras mesas.

La primera mesa es el Modelo de la España Vaciada que, entre otros objetivos, pide identificar los problemas estructurales. La segunda, reformulación de Políticas, trata cuestiones como el Pacto de Estado, despoblación, reequilibrio y cohesión, fiscalidad, ámbito legislativo, Unión Europea y Transición Energética.

Por su parte, la mesa número 3, la de Cohesión social, se encarga del Bienestar Social y de la Sanidad, mientras que la mesa 4 (Infraestructuras y Energía), pretende abordar las infraestructuras, la conectividad y las renovables. La mesa 5, la de los motores de desarollo, toca asuntos relacionados con la industria, el comercio, la internalización y desarollo logístico, el turismo y la emprendeduría.

Ya en la mesa 6, la que tiene que ver con el sector primario, se abordan ámbitos como la agricultura y la ganadería, el medio ambiente, forestal y los recursos del medio. En el caso de la mesa 7, la de cultura e investigación, se aborda la Educación y Universidad, la investigación I+D+i y la cultura y el patrimonio. Por último, la mesa 8, la del medio rural, trata sobre la economía, la seguridad y la vivienda.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha celebrado el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas para la distribución de 200 menores migrantes no acompañados de Ceuta, tras la crisis migratoria de los últimos días, y ha precisado que «la gran mayoría de las CCAA han estado a la altura», aunque no ha querido señalar, por «discreción», a las que se han opuesto al reparto.

«Me va a permitir que sea discreta con lo que se habla en el Consejo Territorial pero le garantizo que la gran mayoría de comunidades autónomas han estado a la altura», ha asegurado Belarra este martes en declaraciones a los medios, tras la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales, en la que Gobierno y CCAA han llegado a un acuerdo para distribuir a 200 menores de Ceuta, que se desplazarán «en el plazo más corto de tiempo».

Los menores que serán acogidos por las distintas CCAA son niños, niñas y adolescentes que ya estaban en centros de protección de Ceuta y cuya situación legal, escolar y sanitaria está atendida y regularizada por la Ciudad Autónoma.

El objetivo de esta distribución es liberar los recursos de protección para estos menores en Ceuta para poder atender adecuadamente a los niños y niñas recién llegados en medio de la crisis migratoria.

En concreto, Belarra ha precisado que este acuerdo de reparto les va a permitir tener espacio suficiente para atender «dignamente» a los menores que llegaron a lo largo de la última semana a Ceuta y que han manifestado su voluntad de quedarse y emprender un proyecto migratorio.

REAGRUPACIONES FAMILIARES CON CELERIDAD

Por otro lado, la ministra ha indicado que están trabajando para reagrupar a los niños y niñas llegados a Ceuta que han manifestado su voluntad de regresar a Marruecos, que están siendo reclamados por sus familias, y muchos de los cuales «llegaron engañados, creyendo que venían de excursión».

Según ha dicho, desde la Dirección General de Infancia y Adolescencia están trabajando para que estas reagrupaciones familiares se hagan «con máxima celeridad» y «con las debidas garantías».

El Ministerio de Derechos Sociales calcula que los menores llegados la semana pasada a Ceuta que quieren quedarse en España son aproximadamente 200, el mismo número que han propuesto acoger ahora a las CCAA. Belarra ha puntualizado que «en caso de que sean necesarias más plazas en el futuro», seguirán «trabajando en el marco del Consejo Territorial».

«Calculamos que los niños y niñas que realmente quieren emprender un proyecto migratorio van a estar aproximadamente en las plazas que estamos ahora ofreciendo desde las CCAA», ha explicado. Sobre los que siguen actualmente en Ceuta, Belarra ha indicado que no se puede concretar una cifra porque «cambia cada día».

CRÉDITO EXTRAORDINARIO DE 5 MILLONES DE EUROS

El Ministerio todavía no ha comunicado el número de menores que acogerá cada comunidad –en base a criterios como los menores migrantes ya acogidos o la población–, ni el porcentaje que les corresponderá a cada una de ellas del crédito extraordinario de 5 millones de euros que va a aprobar este mismo martes el Consejo de Ministros.

Si bien, las propias CCAA han ido informando a lo largo de los últimos días de la cifra de menores que les corresponderá acoger, de acuerdo con la propuesta del Gobierno. Según estos datos, Madrid y Galicia serían las comunidades que mayor número de menores tendrían que acoger, seguidas de Castilla y León, con 18; Andalucía y Comunidad Valenciana, con 13 cada una; y Baleares con 11 menores, el mismo número que Extremadura y Asturias.

Sobre el tiempo que se tardará en desplazar a los 200 menores que van a ser acogidos por las CCAA, la ministra ha asegurado que se hará «en el plazo más corto de tiempo» aunque «depende de cada comunidad y de sus posibilidades de desplegar esas plazas». «Pero el carácter del reparto debe ser inminente», ha zanjado.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Universidades, el anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria, que considerará como falta muy grave las novatadas, el plagio de Trabajos de Fin de Grado, de Máster o Tesis Doctoral, o el acoso y acoso sexual, lo que supondrá la expulsión de la universidad de entre dos meses y tres años o la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso académico.

La discriminación, la falsificación documental, el incumplimiento de las normas de salud pública, la suplantación a un miembro de la comunidad universitaria, o impedir el correcto desarrollo de los procesos electorales de la universidad, serán también consideradas faltas muy graves.

El documento, volverá este miércoles al proceso de información pública, y tendrá que ser de nuevo aprobado por Consejo de Ministros en una segunda vuelta. Universidades espera remitir el texto definitivo a las Cortes Generales a finales de este verano.

Esta Ley de Convivencia Universitaria sustituye al Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, decreto firmado por Franco que data de 1954, siendo esta norma, por tanto, «anticonstitucional» y «anacrónica», dando lugar así a «problemas jurídicos», según Universidades.

Además, el Ministerio que dirige Manuel Castells asegura que dicho decreto tenía un claro «carácter punitivo» que incluía sanciones «desproporcionadas» y no recogía «garantías básicas de los derechos de los estudiantes ante las faltas y sanciones que se estipulaban».

Según ha afirmado este martes la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta Ley recoge una «amplia demanda» de la comunidad universitaria que reclamaba una norma nueva, y de otros actores como el Defensor del Pueblo que, en «varias ocasiones», en sus informes de 1990, 2008 y 2012, indicaba la necesidad de abordar la derogación de una norma preconstitucional que permanecía vigente.

FALTAS GRAVES Y LEVES

Según la Ley, serán consideradas faltas graves acciones como apoderarse indebidamente del contenido de exámenes; deteriorar gravemente las obras que componen el patrimonio de la universidad; utilizar indebidamente contenidos y/o medios de reproducción y grabación de las actividades universitarias sujetas a derechos de propiedad intelectual; incumplir las normas de seguridad y salud; acceder sin la debida autorización a los sistemas informáticos de la universidad; falsear los resultados de un examen o trabajo; e impedir la celebración de actividades universitarias.

Sobre esto último, Universidades aclara que cualquier escrache o boicot a un acto celebrado en la universidad será considerado falta grave, pero al entrar en juego la libertad de cátedra y de expresión, los casos se tendrán que valorar de manera individual, al igual que si se celebran actos para enaltecer el terrorismo, el antisemitismo o el franquismo, por ejemplo.

Para todas estas faltas graves, la sanción será la expulsión de hasta un mes de la universidad en la que se hubiera cometido la falta, no pudiéndose aplicar esta expulsión durante los periodos de evaluación y de matriculación, o bien se sancionará con la pérdida de derechos de matrícula durante un curso académico de la asignatura en la que se hubiera cometido el fraude académico.

Y serán faltas leves, acceder a instalaciones universitarias a las que no se tenga autorizado el acceso; actuar para copiar el contenido de exámenes a través de medios fraudulentos que no tengan la consideración de graves o muy graves; utilizar los servicios universitarios incumpliendo los requisitos establecidos de general conocimiento; y realizar actos que deterioren de forma no grave el patrimonio de la universidad, siendo la sanción una «amonestación privada».

Sin embargo, en el caso de las sanciones por cometer faltas graves o leves, el órgano sancionador podrá proponer una «medida sustitutiva de carácter educativo o recuperador», como podrá ser la participación en actividades formativas, culturales, de salud pública, deportivas, de extensión universitaria y de relaciones institucionales u otras similares.

La Ley también recoge la prescripción de las faltas y las sanciones. Así, las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Y las sanciones impuestas por faltas muy graves, por faltas graves y por faltas leves, prescribirán, respectivamente, a los tres años, a los dos años y al año.

LEY QUE NO SE APLICA NI A PROFESORES NI A LAS PRIVADAS

Esta futura Ley sólo será de aplicación a los estudiantes –el Personal de Administración y Servicios (PAS) y el Personal Docente e Investigador (PDI) se rigen por el Estatuto de Trabajadores– y a las universidades públicas –según el Ministerio, las universidades privadas podrán desarrollar sus normas de convivencia con base en los principios contenidos en la Ley–.

Según el documento, se atribuye a las universidades la potestad de sancionar disciplinariamente las infracciones del estudiantado, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. En este sentido, la persona titular del Rectorado será competente para ejercer la potestad disciplinaria, salvo en el caso de las faltas leves, en que el ejercicio de dicha potestad podrá ser atribuida a la persona titular de un Vicerrectorado.

LA MEDIACIÓN COMO EJE CENTRAL DE LA LEY

Además de tipificar las faltas, Universidades destaca que la Ley pone en el centro de la convivencia la mediación, estableciendo un sistema doble de mecanismo y procedimiento de mediación como vía principal de resolución de conflictos.

Mientras que con el mecanismo de mediación se busca canalizar buena parte de los conflictos de convivencia entre los miembros de la comunidad universitaria, con el procedimiento de mediación se pretende que el nuevo régimen disciplinario se aplique de forma supletoria y residual.

Es decir, el régimen disciplinario únicamente entrará en juego en tres supuestos: cuando las partes rechacen acudir al procedimiento de mediación; cuando la conducta sobre la que verse el expediente sancionador esté expresamente excluida de ese procedimiento (como los casos de acoso y violencia de género, el fraude universitario o la destrucción de patrimonio); o cuando las partes no consigan llegar a un acuerdo.

Asimismo, de acuerdo con la nueva Ley, las universidades crearán una Comisión de Convivencia encargada de canalizar las iniciativas y propuestas para mejorar la convivencia en la universidad, promover la utilización del mecanismo de mediación y, en aquellos casos en que resulte procedente, tramitar el procedimiento de mediación como alternativa al régimen sancionador. Esta Comisión contará con una representación paritaria de estudiantes, Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración y Servicios (PAS).

El fiscal ha elevado a definitiva su petición de cuatro años y medio de cárcel y una multa de 36.000 euros para Francisco Gómez Iglesias, conocido como ‘Pequeño Nicolás’, como inductor y cooperador necesario en la falsificación de su DNI para que un amigo pudiera suplirle en la selectividad de 2012. El joven ha rechazado utilizar el turno de última palabra y el juicio ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Madrid.

Durante la última sesión del juicio por estos hechos, el representante del Ministerio Público ha interesado igualmente penas de prisión y multa para los otros dos acusados, que son el joven que presuntamente hizo el examen en sustitución de Gómez Iglesias, Manuel Avelló, y la funcionaria de la comisaría de Tetuán que elaboró el DNI que resultó falso.

Se pide para ellos también cuatro años de prisión y multa e igualmente se solicitan penas de prisión para los tres acusados las acusaciones populares ejercidas por Podemos y una asociación de policía municipal.

Según la Fiscalía, los hechos que entiende delictivos precisaron la intervención de varias personas. La participación de Gómez Iglesias y de su amigo la tiene por acreditada por las declaraciones que realizaron en su día los compañeros de instituto del Pequeño Nicolás, con independencia de que, con una excepción, la mayoría de ellos se limitara a señalar en el juicio que los hechos ocurrieron ya hace ocho años y no los recordaban claramente.

Para el fiscal, también tiene especial importancia el hecho de que el Pequeño Nicolás sacara en el examen dos puntos y medio más que su media en Bachillerato, y que la nota obtenida, un 8,25 fuera muy similar al 9 que su amigo Avelló sacó en la convocatoria de junio, ya que el fraude se produjo en la de septiembre.

El informe del fiscal, no obstante, se ha centrado en la actuación de la funcionaria, en la que ve una clara «connivencia de hecho» con los planes del Pequeño Nicolás, pese a no poder demostrarse una connivencia directa o conocimiento entre ambos. En este punto, ha subrayado el hecho de que Gómez Iglesias se vanagloriara en público de tener «amigos comisarios de la Policía».

Pese a reconocer ciertas contradicciones entre los testigos sobre el sistema que se empleaba en 2012 cuando en la expedición de un DNI por extravío se cambia la foto, como es el caso, el Fiscal destaca para acusar a esta persona el hecho de no se guardara el talón foto, como declaró un oficial de Policía dijo que debería haberse hecho. Ha calificado de «absurdo» que se quiera mantener el argumento de que el sistema no asegure que queda constancia del cambio de fotografía en un documento nacional de identidad.

«No revisó a conciencia la foto aportada cuando el DNI se hacía dos días después haberse expedido el anterior y además se cambiaba la foto y la firma, y no dejó constancia de ninguna forma de estos cambios, ni en el programa informático ni mediante talón-foto.», ha explicado el fiscal. Ha añadido que, al no quedar esta constancia, el delito de falsedad habría quedado impune si una periodista (Patricia López, de Público) no hubiera aportado el documento falso años después.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

El abogado de Gómez Iglesias, Juan Carlos Navarro, ha defendido durante su informe de conclusiones definitivas la falta de prueba para acusar al joven, así como la ausencia de argumentos de las acusaciones para demostrar la connivencia entre éste y la funcionaria que presuntamente fue autora de la falsificación.

Para el letrado, justificar esta inducción en el hecho de que Gómez Iglesias dijera que tenía «amigos comisarios» mediante la figura de una «connivencia deductiva» no es suficiente. Igualmente ha rechazado que el resto de pruebas presentadas contra su cliente tengan virtualidad para enervar su presunción de inocencia, como es el hecho de que ningún testigo sitúe a Avelló dentro del centro universitario en el momento de realizar la prueba.

Sobre la expedición del DNI, ha llamado la atención de que la normativa aplicable en 2012 fuera tan confusa que a día de hoy no ha podido aclararse escuchando a los testigos que han venido a este juicio, y que la única conclusión es que no se emitió talón-foto para acreditar el cambio de fotografía en el documento, aunque no se han probado las razones. Ello lo considera insuficiente para imponer las penas tan graves que se solicitan.

La defensa de la funcionaria, ejercida por el abogado José María de Pablo, ha interesado igualmente la absolución de su representada basándose en la irrelevancia de la destrucción del denominado talón-foto en el sistema utilizado en 2012 para expedir nuevos DNI y ha defendido la dificultad del reconocimiento facial de la foto aportada dado el parecido entre los dos acusados. Para ello se ha basado en un informe pericial aportado a la causa sobre el alto nivel de errores en la identificación de las imágenes de estos documentos.

Igualmente ha solicitado absolución el abogado de Avelló, que es el exfiscal y ex secretario general de Seguridad Antonio Camacho, que ha defendido la falta de «rigor» de las acusaciones contra su cliente. Ha afirmado que se le imputa una participación en hechos cometidos por terceros y ha rechazado la validez como prueba, entre otras, de las fotocopias con «pantallazos» de un ‘chat’ compartido entre los estudiantes donde se habría hablado de la supuesta sustitución, ya que no se cuenta con la conversación íntegra.

El PSOE no prevé que el presidente Pedro Sánchez pida convocar antes del verano el que sería su primer Debate sobre el estado de la Nación al frente del Gobierno, puesto que considera que el jefe del Ejecutivo no ha dejado de rendir cuentas ante la Cámara desde el estallido de la pandemia del coronavirus, cuando aún no se habían cumplido ni tres meses de su investidura.

Así las cosas, el calendario que manejan fuentes socialistas no incluye la convocatoria de este debate de política general al menos hasta después del paréntesis estival, si bien si prevén que se habilite el mes de julio para la celebración de cuatro sesiones plenarias.

A principios de este mes, el líder del PP, Pablo Casado, exigió la convocatoria del Debate sobre el estado de la Nación, en el que, además de debatir ‘cara a cara’ con el presidente del Ejecutivo, todos los grupos parlamentarios pueden someter a votación sus resoluciones con mandatos al Gobierno.

Entonces, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, le contestó que Sánchez convocará esta cita «cuanto toque» y argumentó que en los últimos meses hubo debates de este estilo cada que vez que Sánchez acudía al Congreso para dar cuenta de la evolución de la pandemia y pedir prórrogas del estado de alarma.

NO HAY DESDE 2015

El Debate sobre el estado de la Nación no se celebra desde 2015 y, el siguiente sería el primero con Sánchez como protagonista, pese a que está en La Moncloa desde 2018.

El expresidente Rajoy no lo convocó en 2016, que fue año electoral. Tampoco lo hizo en 2017, cuando el Congreso sí acogió la moción de censura que le planteó el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, y en 2018 fue Sánchez el que desalojó al líder del PP de Gobierno a través de esa vía.

Según Calvo, en 2019 no se celebró por las dos convocatorias de elecciones generales y el año pasado tampoco se organizó por la pandemia. En octubre de 2020 sí se debatió la moción de censura del líder de Vox, Santiago Abascal, contra Sánchez.

El Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga ha decidido de nuevo mantener la suspensión de la pena de prisión impuesta al dueño de la finca de Totalán donde está el pozo en el que cayó y falleció el pequeño Julen; pero le ha advertido que ante nuevos incumplimientos para pagar la indemnización se podrá acordar la revocación de la suspensión sin ni siquiera pedir informes a las partes.

Así consta en una providencia del juzgado, en la que se toma la decisión de mantener la suspensión de la pena de un año de prisión otorgada en su momento a David Serrano, después de que este se hubiera retrasado de nuevo en los pagos de la indemnización a los padres del niño, acordada en la sentencia de conformidad dictada por el mismo órgano judicial.

Serrano fue condenado en enero de 2020 a un año de cárcel y a indemnizar a cada uno de los padres con 89.500 euros, con una cuota mensual de 50 euros. La prisión fue suspendida, por lo que no ha ingresado en la cárcel, aunque este beneficio está condicionado a cuestiones como el pago de la responsabilidad civil, de la que inicialmente abonó 25.000 euros.

En diciembre pasado, la Fiscalía y la familia de Julen pidieron la revocación del beneficio de la suspensión y el ingreso en prisión, al no haber pagado varias mensualidades; pero ante eso, la defensa del condenado consignó judicialmente la cantidad de 500 euros por las deudas de su cliente. Hace unas semanas volvió a ocurrir lo mismo y se abonaron otros 200 euros no pagados en su momento.

Ahora, «estando al día» con la obligación establecida, el juzgado acuerda mantener la suspensión, pero le advierte que «en nuevos incumplimiento se podrá acordar la revocación de la suspensión sin tan siquiera iniciar el trámite de audiencia ni oír al fiscal y demás partes personadas», como sí se ha hecho en las dos ocasiones anteriores.

Asimismo, le recuerda la obligación de abonar la cantidad de 50 euros en los primeros siete días del mes de junio, «así sucesivamente todos los meses»; y se acuerda citarle para que comparezca los próximos días en el juzgado para notificarle personalmente esta resolución.

Ya en la anterior resolución, el juzgado señaló que «no es insolvente total, no pudiendo olvidarse que es titular registral de algún inmueble», apuntando que «no se entiende que el referido penado no haya venido cumpliendo de forma puntual cada mes con el pago de esos 50 euros, que respecto del importe total de la cantidad estipulada en concepto de responsabilidad civil es una cifra irrisoria».

Dos de los acusados del triple crimen de Cáseda, los hermanos Juan Carlos J.J. y Emilio J.J., han manifestado este martes en la vista oral que se sigue en el Palacio de Justicia de Pamplona por esta causa que no se percataron de cuándo su padre, Juan Carlos J.J., cogió la escopeta del coche y que se enteraron de los disparos al escuchar las detonaciones.

Tras declarar su padre en primer lugar en la sesión de esta mañana, Juan Carlos J.J. ha respondido, al igual que el resto de procesados, a las preguntas del Ministerio Fiscal y de los abogados defensores, no así de la acusación particular.

El hermano mayor ha indicado que él no vio cómo su padre sacaba la escopeta del coche después de que las víctimas «nos empezaran a pegar». «Yo me pegué con Julio -su cuñado- y no veo cómo saca la escopeta, de repente escucho una detonación y después otras», ha relatado. Según ha dicho, él no le incitó a que disparara, «si me estoy peleando no puedo gritar dispara, dispara; es imposible».

«Después de los disparos yo me acerco hacia el vehículo y ahí están mi padre y mi hermano; mi padre blanco. Yo le quito el arma y le digo móntate», ha explicado, para precisar que no había visto así antes a su padre.

Ha señalado que son cazadores y que tiene la costumbre de dejar la escopeta cargada en el coche, en concreto, en el maletero; «de diez veces lo haré nueve». Y ha detallado que días antes de ir a Cáseda junto a su padre y su hermano había estado cazando.

Tras la reyerta, ha dicho que salieron en coche de la localidad para dirigirse al cuartel de Tafalla porque así lo decidieron su padre y él «conjuntamente». «Mi hermano no hablaba, no era él», ha manifestado.

Sobre por qué le dejó conducir a su padre si lo vio en ese estado, ha comentado que «si conduzco, aseguro que me estrello porque soy un pésimo conductor». «Mi padre en estado de ‘shock’ es mejor conductor que yo», ha explicado.

También ha comentado que no tenían «para nada» una mala relación con los fallecidos. «Me llevo bien con todo el mundo», ha dicho, para señalar que su cuñado «conmigo era una buena persona, con mi hermana era un ser despreciable».

Por su parte, Emilio J.J. ha señalado que «si llego a ver la escopeta en la parte trasera del coche no voy» a Cáseda, «si la veo no va en el coche». Ha explicado que en la localidad, fue Fermín -una de las víctimas- quien «le pegó un puñetazo» a su padre y «empiezan a pegarse».

Ha asegurado que su cuñado también pegó a su padre y que entonces su hermano «le quiere quitar» y «empezaron a pegarse entre ellos». «Apareció Cristian -una de las víctimas- con una vara y le pega a mi padre y Fermín sigue golpeando a mi padre», ha expuesto.

Ha afirmado Emilio J.J. que él no sacó la escopeta del vehículo. «No vi cómo mi padre cogía la escopeta», ha dicho, para precisar que su hermano se estaba peleando con Julio. «Yo oigo un disparo y veo cómo Fermín se desploma», ha dicho, para insistir en que ni participó en la pelea ni en dar la escopeta a nadie. «Cuando empezó la pelea no me lo creía, yo soy un chaval muy tímido, tengo miedo», ha dicho.

El procesado, que ha relatado que fueron a Cáseda «para intentar que Amparo -su hermana- volviera, para arreglar las cosas», ha indicado que tras los disparos se quedó «atónito», «mi hermano me agarró del brazo y dijo móntate en el coche» para dirigirse al cuartel Tafalla.

Desde el coche, ha comentado que llamó a su madre para «decirle que tengan cuidado que papá ha disparado a Fermín, que nos han dado a palos y que papá ha disparado a Fermín».

La Audiencia Provincial de Murcia no ha admitido a trámite el incidente de recusación planteado contra la magistrada titular del juzgado 9 de Murcia, que instruye el denominado ‘caso Cesar’ o ‘fraude en las obras del AVE’, sobre presuntos delitos de malversación en las obras en un tramo de esta infraestructura, informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Dos de los investigados formularon incidente de recusación de la magistrada, Olga Reverte Villar, para que se apartara de la instrucción de las diligencias previas DPA 1007/2015 al entender que concurría la causa prevista en el artículo 219.10 de la LOPJ, que hace referencia a «tener interés directo o indirecto en el pleito o causa».

A dicho escrito se adhirieron siete investigados más, y se opusieron la abogacía del Estado, actuando en representación de ADIF-Alta Velocidad, y el Ministerio Fiscal.

El hecho sobre el que el promotor del incidente hacía pivotar la recusación era entender que el auto de incoación de procedimiento abreviado «había sido redactado por el funcionario de la Guardia civil con número identificativo N60981P, pues al abrir las propiedades del documento en el archivo informático remitido por Lexnet que le fue notificado con fecha 15 diciembre 2020, aparece como su autor», explica la resolución.

Sin embargo, tras analizar la prueba documental, la Sala concluye que la intervención del funcionario de la Guardia Civil fue de mero auxilio técnico informático para que el documento remitido por la magistrada, «contenido en un documento de Word de 403 páginas, se convirtiese en PDF y así posibilitar su inserción debidamente configurado en el programa informático Minerva», y «sin que dicha actuación en modo alguno hubiese producido afectación del derecho al Juez imparcial que se afirma como vulnerado», subrayan los magistrados.

Así, no probado el hecho sobre el que la parte promotora del incidente sustenta la causa de recusación, la Sala procede a la desestimación acordando la devolución del conocimiento de la causa a la magistrada y condena al recurrente al pago de las costas procesales.

«MANIFIESTAMENTE INFUNDADA»

Esta es la segunda vez que la Audiencia no admite a trámite un incidente de recusación planteado contra la magistrada titular del juzgado 9 de Murcia en esta causa. En la anterior, el magistrado instructor señalaba que «la recusación propuesta no cumple las imprescindibles exigencias impuestas por la normativa aplicable para el planteamiento de la recusación» y añadía que «es temeraria y manifiestamente infundada, pudiendo descartarse ‘prima facie'».

El auto de transformación a procedimiento abreviado de la instructora recoge los indicios de que los investigados «cumpliendo con un guión preestablecido, se orquestaron para detraer ilícitamente un valor patrimonial económicamente evaluable perteneciente a ADIF, llevando a cabo sincronizadamente las actuaciones necesarias para poder ejecutar, asegurar y enmascarar el cobro de cantidades muy superiores a las que correspondería por las obras realmente ejecutadas».

En estas actuaciones se investigan los contratos de ejecución de determinadas obras de reposición de infraestructuras hidráulicas, canalizaciones, afectadas por la construcción de la plataforma ferroviaria de Alta Velocidad del Levante.

MÁS DE MEDIO CENTENAR DE INVESTIGADOS

Las diligencias se dirigen contra diversas empresas constructoras integrantes de las cuatro UTE –encargadas de los cuatro tramos de la línea del AVE de Crevillente a Murcia–, además de responsables de ADIF.

También figuran como investigados responsables del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri. Y, por último, las diligencias también se dirigen contra el director e interventor de una sucursal bancaria en Santomera. En total, más de 50 investigados.

El Partido Regionalista de Cantabria defenderá hoy y mañana durante la sesión plenaria que celebra el Senado la reforma del Reglamento de la Cámara, con el objeto de que la formación de grupo propio se establezca con seis senadores y no con 10, tal como sucede en la actualidad. La medida conllevaría la desaparición de los conocidos «préstamos» de senadores de las formaciones mayoritarias a las minoritarias para la formación de grupo.

En este sentido, el senador autonómico y diputado regional del PRC, José Miguel Fernández Viadero, ha considerado que se trata de una medida que «perjudica» los intereses de las formaciones minoritarias además de ser «discrecional».

Para Fernández Viadero, la modificación propuesta permitiría «dotar de mayor objetividad a la formación de grupos y de mayor representatividad a las formaciones minoritarias, tal como corresponde a una Cámara de Representación Territorial».

De este modo, se plantea la modificación del artículo 27.1 del Reglamento, relativo a la constitución de grupos parlamentarios, que en su redacción actual solo permite la constitución de grupos parlamentarios cuando estos consten de un mínimo de 10 integrantes o cuando, con un mínimo de seis, consigan que otros grupos les cedan temporalmente el número preciso para alcanzar la cifra de diez.

Frente a esto, la propuesta regionalista apuesta por que el requisito sea únicamente contar con seis senadores, excluyendo la posibilidad de «préstamos» de otras formaciones.

Así, se conseguiría «mayor objetividad y mayor rigor», pero, sobre todo, «eliminaría posturas discrecionales por oportunidad política al no depender la constitución de los grupos del criterio o la simpatía o no de las formaciones mayoritarias», ha apuntado.

Además de Fernández Viadero, la propuesta, que se debatirá en la sesión de este miércoles, es respaldada por Unión del Pueblo Navarro (UPN), el Partido Aragonés (PAR) y Teruel Existe.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha admitido en el Pleno del Parlamento que las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo para erradicar la pobreza no son suficientes. No obstante, ha asegurado que trabajarán para cambiar esta situación.

En respuesta a una pregunta de la portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, el presidente señaló que el objetivo del Gobierno es contribuir a erradicar la pobreza, de ahí que sólo este año se haya aumentado la aportación a Cáritas un 63%; también la dotación para bancos de alimentos y Cruz Roja, o que las subvenciones para mayores, voluntariado e inclusión social se hayan incrementado un 30%.

Ángel Víctor Torres indicó que, según un estudio publicado en el día de ayer en un medio de comunicación regional, desde el año 1975 a 2019 Canarias ha pasado de ser la quinta Comunidad Autónoma con mayor PIB a ocupar el último lugar, lo que refleja que el archipiélago «tiene un problema estructural, social».

Torres hizo hincapié en que el Gobierno canario partió de unas circunstancias «tremendas» antes de la pandemia, con un 20% de paro, 200.000 personas que estaban en riesgo de exclusión severa y 1,4 millones con dificultades para llegar a final de mes. «Ésta es la realidad que el Gobierno encara», remarcó.

El presidente incidió en que la voluntad del Ejecutivo es mejorar la situación de la pobreza. En este sentido, detalló que en estos momentos 10.000 unidades familiares están recibiendo el Ingreso Mínimo Vital; la PCI llega a 37.000 personas, frente a las 8.000 a las que llegaba antes; el ingreso canario de emergencia llega a 16.000 familias, y se han dado ayudas para pensiones no contributivas a 50.000 personas.

«¿Es esto suficiente para la pobreza? No lo es. Pero nuestra situación estructural, con casi 20 millones de turistas al año, debió dar un resultado distinto al que nosotros recibimos», concluyó.

«NADA QUE VER».

Por su parte, Vidina Espino afirmó que los datos ofrecidos por el presidente Torres no tienen «nada que ver» con lo que dicen las ONG, que están haciendo un llamamiento «desesperado», sobre todo los bancos de alimentos, que «están teniendo que repartir menos comida cuando hay más familias necesitadas».

Según Espino, «no se pueden seguir dando más excusas por parte del Gobierno», a quien instó a «aceptar la realidad de lo que está pasando», pues la pobreza «no ha hecho más que dispararse» desde que están gobernando y los servicios sociales se han convertido en un «gran agujero negro».

El Partido Popular ha advertido de que el consentimiento informado que el Ministerio de Sanidad exige firmar a las personas menores de 60 años que han sido vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca frente a la Covid-19 para poder recibir su segunda dosis con el mismo suero «vulnera la ley de autonomía del paciente».

En concreto, ha dicho, vulnera el Real Decreto 1015/2009 por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, y también el derecho de elección que se encuentra regulado en la Ley 41/2002, que en su artículo 2 señala que «el paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles».

El diputado regional y portavoz de Sanidad del Grupo Popular, César Pascual, ha calificado de «auténtico despropósito» la propuesta del Comité de Bioética de España y considera «increíble» que provenga de este comité, cuando es «tan inflexible» en su valoración de otros consentimientos. «Han logrado en un solo día descalificarse», ha opinado.

«Si te dan a elegir entre dos vacunas explícitamente, no tienes por qué firmar que rechazas una. Tan solo bastaría con elegir una de las dos opciones», ha dicho Pascual, para quien «resulta intolerable que los ciudadanos tengan que asumir una responsabilidad que corresponde a la autoridad sanitaria».

Una tesitura en la que, según ha recordado, en Cantabria se verán las entre 17.000 y 20.000 personas menores de 60 años vacunadas con AstraZeneca y pendientes de recibir la segunda dosis.

A juicio del diputado, el problema radica en la decisión del Ministerio de optar por la pauta mixta y administrar la segunda dosis de Pfizer a los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, atendiendo a los resultados preliminares de un estudio del Instituto de Salud Carlos III «con unos cientos de pacientes».

Algo que ve como un «absoluto disparate» y que, según ha dicho, va en contra de la ficha técnica de la vacuna de AstraZeneca, de las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento y de la Organización Mundial de la Salud, de la posición de 17 sociedades científicas y de la opinión de numerosos expertos.

Pascual ha detallado que el documento no recoge que se ha recibido información suficiente, adecuada y comprensible acerca de las dos vacunas: no hace constar en ningún momento que el ciudadano ha sido informado de los estudios con miles de pacientes para la aprobación de la vacuna AstraZeneca ni de los estudios para valorar la combinación de vacunas.

Tampoco recoge explícitamente que la ficha técnica de la vacuna para la que se hicieron los ensayos clínicos explicita que la segunda dosis debe ser de AstaZeneca, y «oculta deliberadamente eventos adversos», también infrecuentes pero graves que han sido reportados últimamente por los Centros para el Control y Prevención en vacunaciones con Pfizer.

Además, Pascual censura que el consentimiento informado propuesto «hable permanente de rechazo a vacunarse con pauta heteróloga cuando en realidad debiera hablar de libertad de elección».

«Un documento de tal naturaleza únicamente trata de eximir de responsabilidades a la Administración y a los profesionales que no informan debidamente como debieran hacer con cualquier consentimiento informado», ha abundado Pascual, quien opina que, si acaso, lo normal sería firmar un documento para que, quien haya recibido una primera dosis de AstraZeneca y ante la oferta de la administración de dos posibles vacunas diferentes en la segunda dosis, habiendo sido informado de los riesgos de ambas, opte por la que desee.

Pascual considera que este consentimiento informado es «otra demostración de lo desnortado y desorientado que está el Ministerio de Sanidad» y ha instado al consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, a «apearse del seguidismo sin reparos al Ministerio» y trasladar en el consejo el Consejo Interterritorial de Salud el «auténtico despropósito» que supone este documento.

El equipo de la precandidatura del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, a las primarias del PSOE-A para elegir candidato a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas ha presentado este martes el «máximo» de avales permitido para concurrir a dicho proceso interno, si bien ha avisado de que ha reunido «muchos más» y de que ha «superado expectativas».

Así lo ha trasladado la parlamentaria andaluza María Márquez, que ha ejercido de portavoz de la candidatura en una atención a medios en la sede regional del PSOE-A, en la sevillana calle San Vicente, instantes antes de la entrega de los avales horas antes de que finalice el plazo establecido para ello en las primarias socialistas, que vence a las 14,00 horas de este martes.

María Márquez ha explicado que la candidatura ha venido con un «equipazo» de «hombres y mujeres de las ocho provincias» andaluzas que portan avales «de todo el territorio, de todos los rincones» de la comunidad autónoma, «desde las agrupaciones más grandes, medianas, a las más pequeñas». En ese sentido, ha presumido de haber conseguido «avales de prácticamente todas las agrupaciones de Andalucía, de grandes ciudades y zonas rurales», y que han llevado a la sede «una representación equitativa de cada provincia».

La representante de la candidatura del alcalde de Sevilla ha recordado que el 39 Congreso del PSOE fijó «un nuevo marco» para la recogida de avales de forma que establece que se debe entregar un mínimo equivalente al 2% del censo total y un máximo del 4%, que en este proceso corresponde con la cantidad de 1.863, que es la que «vamos a presentar, cumpliendo escrupulosamente el Reglamento que nos dimos», ha dicho.

La portavoz ha defendido que «es bueno» ese procedimiento «para naturalizar este proceso democrático dentro del PSOE», y que este proceso de avales «no se convierta en una competición o una guerra», cuando realmente es «un proceso de ilusión, alegría» y «respeto que tenemos que vivir todos los compañeros».

Por eso, por «respeto» a los compañeros y a las «normas» establecidas, la parlamentaria ha evitado dar la cifra exacta de avales que ya lleva recogida la candidatura, para «normalizar y tranquilizar todo este tipo de proceso» y «que no pase quizá lo que ha pasado otras veces, que se consiguen más avales que votos», si bien ha insistido en señalar que han conseguido «muchos más de los que se necesitaban».

Además, ha comentado que «seguimos recogiendo todavía avales», y que «estamos dispuestos a que todos los compañeros que quieran entregarnos su confianza por escrito lo sigan haciendo».

LA CANDIDATURA «DE LA UNIDAD»

Ha incidido en que el equipo de Espadas está «lleno de alegría e ilusión», y está «entusiasmado», además de «unidos, porque ésta es la candidatura de la unidad, que ha conseguido reencontrar a muchos compañeros que estuvieron en una u otra opción en un momento determinado» del pasado, pero que «están convencidos en estos momentos de que lo mejor para el PSOE es que haya un cambio, que escuchemos lo que nos está diciendo la ciudadanía en la calle ahora, y que ese cambio suponga que el PSOE vuelva a gobernar en Andalucía y el PP y la extrema derecha no siga dirigiendo y teledirigiendo las vidas de los andaluces».

María Márquez ha querido trasladar las «miles de gracias» de la candidatura de Espadas «a todos los compañeros del PSOE que a lo largo de estos días, en todos los territorios», le han dado su apoyo, y ha remarcado que «estamos más ilusionados que nunca para iniciar esta campaña de primarias dentro del PSOE para volver a ilusionar a los socialistas y a los andaluces que están esperando al PSOE para volver a gobernar esta tierra».

A preguntas de los periodistas, ha defendido que Juan Espadas y su equipo han venido demostrando desde que comenzaron las primarias que han «apostado por una candidatura en positivo, propositiva, de ilusión, y que no vamos a confrontar con ningún compañero, con ninguna compañera, porque no vamos a regalar ningún titular a la derecha».

«Esa ha sido una decisión que ha tomado el compañero Juan Espadas, que estamos todos convencidos de que es lo mejor en estos momentos», ha añadido María Márquez, quien se ha declarado «convencida de que la militancia socialista, a lo largo de la historia del PSOE, ha sabido leer perfectamente la lectura que hace la calle de la situación del partido y de lo que espera la ciudadanía del Partido Socialista».

Así que «estamos muy, muy, muy contentos, muy ilusionadas y con muchas ganas de que llegue el 13 de junio, de que podamos votar y que pueda empezar de verdad nuestra lucha por conseguir y por volver a gobernar en Andalucía», ha remachado la portavoz de la candidatura de Espadas, quien en ese sentido se ha declarado «convencida de que hay una pulsión de cambio tan importante» que el 13 de junio se va a reflejar «en todas las urnas» el día de la votación de las primarias.

La delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha criticado este martes en el Pleno municipal el «vodevil» del Gobierno, al que ha calificado como «el peor de la democracia» con la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus.

Así lo ha indicado en su respuesta al portavoz de Vox en Cibeles, Javier Ortega Smith, quien ha presentado una proposición para instar al Gobierno regional y de la Nación para que no se adopten más restricciones de cara a frenar el virus. La propuesta ha sido rechazada con el único voto favorable de los proponentes.

En su turno de réplica, Sanz ha precisado que «todo lo que pide excede de competencias municipales», si bien, ha manifestado que coincide «en la nefasta gestión del Gobierno de España de la pandemia; lo último el vodevil con las segundas dosis de AstraZeneca que están volviendo a los receptores locos».

«Es el peor Gobierno de la democracia en el peor momento posible. Hace una total y absoluta dejación de funciones… bueno, mantiene la función de poner pegatinas a las cajas de vacunas que llegan de Bruselas», ha criticado.

Ortega Smith ha cargado contra las «armas de restricción de derechos» así como contra los «estados de excepción encubiertos que se convirtieron en estado de ruina». En este sentido ha pedido «que se termine de una vez por todas con todas las restricciones, recuperando el derecho a la libertad, al trabajo… porque España tiene que protegerse pero no puede detenerse».

A los hosteleros les ha avisado de que «el PP volverá a poner medidas de prevención», y ha indicado que «negacionistas son quienes negaron miles de muertos en el país», y ha añadido que el exvicepresidente segundo, Pablo Iglesias, «fue el responsable de la muerte de miles de ancianos en las residencias».

El portavoz socialista, Pepu Hernández, ha afirmado que «todas las democracias del entorno han tomado decisiones similares o muy parecidas», y que estas «solo han causado rechazo entre los negacionistas de la pandemia».

Para el concejal Miguel Montejo, de Más Madrid, esta moción ha sido «una vuelta de tuerca al negacionismo», y la ha tildado de «populista, oportunista e indecente». «Ha habido personas fallecidas en residencias, en este hemiciclo han sufrido la Covid en sus propias carnes, incluso han perdido familiares, las UCI siguen colapsadas», le ha expuesto.

En cuanto a la vacunación, ha puesto en valor que «España ha vacunado a un 37 por ciento de la población, más que muchos países» y «la previsión de que se esté vacunado en verano se está cumpliendo».

La Fiscalía Provincial de Madrid ha insistido en que no aprecia delito en los complementos salariales que aprobó la gerente de Podemos, Rocío Esther Val, para ella y otros cargos de la formación ‘morada’ porque se cobraron de forma «transparente» y «con control interno», oponiéndose así al auto en el que el juez ordenó la reapertura de esta línea de investigación del caso ‘Neurona’.

El Ministerio Público se ha adherido así al recurso presentado por Podemos contra el auto en el que el juez Juan José Escalonilla acordó reactivar las pesquisas sobre los presuntos sobresueldos al considerar «indiciariamente» que la gerente de Podemos no tenía competencia para crear por sí sola complementos salariales, sino que debía recibir el visto bueno de un órgano superior, por lo que podría haber incurrido en un presunto delito de administración desleal.

La Fiscalía madrileña, en cambio, entiende que los pluses salariales se cobraron de manera «transparente» y «con control interno», por lo que, si bien «podrá ser discutible desde el punto de vista ético o desde la transparencia que se exige a los partidos políticos», no es delito.

En este sentido, subraya que no se está hablando de cantidades cobradas en «b» o en sobres, «sino de complementos recogidos en las nóminas y conocidos por todos los órganos de control del partido», según ha informado en un comunicado.

AUDITORÍA A PODEMOS

Así las cosas, el Ministerio Fiscal entiende que estas diligencias de investigación son un «nuevo» intento de realizar una auditoría a la actuación de una formación política «respecto de hechos ya aclarados no típicos y respecto de los que, por otro lado, no existen indicios de delito».

Además, a su juicio, «no deja de extrañar» que sea la acusación popular la que sostenga la existencia de un presunto delito de administración desleal cuando el propio perjudicado, en este caso Podemos, no se considera como tal.

«Y lo hace –añade en su recurso– sobre la base de desconfiar de los representantes del partido que certifican el cumplimiento de la normativa interna», llegando a pedir que se considere a uno de ellos, que certifica la regularidad de los complementos salariales, como investigado por encubrimiento o estafa procesal.

Asimismo, la Fiscalía Provincial ha cargado contra la acusación particular por pretender que se revelen datos sobre los trabajadores de Podemos que han cobrado esos pluses en sus nóminas, así como por requerir al partido el informe de ejecución de presupuestos y la documentación enviada al Consejo Ciudadano.

PLUSES Y GASTOS

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid ha puesto la lupa en los complementos que cobraban Val y el tesorero, Daniel de Frutos, –uno por Coordinación, de 210,32 euros, y otro por Coordinación Ejecutiva, de 400 euros– y en el de Responsabilidad Personal (otros 210,32 euros) que recibía la abogada Marta Flor, así como en los reembolsos que habrían recibido en una media de 300 euros mensuales la gerente y De Frutos en concepto de gastos por desplazamiento.

El ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, denunciante del caso ‘Neurona’, describió estos pagos extra como posibles sobresueldos, lo que empujó al juez a indagar. El pasado 11 de marzo, Escalonilla decidió archivar temporalmente esta línea de investigación al concluir que Val sí tenía facultad para implementar dichos complementos.

Pero, un mes después, optó por reactivar esta línea de investigación al considerar que la nueva documentación presentada desde el archivo preliminar «cabe llegar a conclusiones distintas», esto es, que Val «no tenía facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, cabe entender que para implementar complementos salariales que alteren dicha escala».

Con ello, acogió un recurso de reforma de Vox acordando nuevas diligencias, entre ellas la declaración como testigo del predecesor de Val, Pablo Manuel Fernández Alarcón, y un nuevo requerimiento a Podemos para que entregue más documentación interna.

El ex gerente ‘morado’ testificó el pasado viernes ante Escalonilla que, durante su etapa en el cargo, aprobó pluses salariales en casos puntuales donde tenía en cuenta las circunstancias particulares de cada trabajador, validando con ello la actuación de Val. «No conocía norma que me lo impidiera», dijo, según fuentes presentes en la comparecencia judicial.

EL UNIVERSO ‘NEURONA’

El núcleo de esta causa, donde se investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, es el contrato de 363.000 euros que el partido firmó con la consultora política Neurona Comunidad para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

El juez sospecha que fue un contrato simulado que habría servido para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’, de ahí que la actividad probatoria se centre en determinar si la empresa hizo el trabajo.

De los demás asuntos que constaban en la denuncia original, Escalonilla ha cerrado las investigaciones relativas a los contratos electorales con ABD, las obras de la nueva sede de Podemos y el supuesto acceso no consentido a un ordenador de la abogada Marta Flor.

También cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad y los presuntos sobresueldos pero ha reabierto ambas pesquisas, la primera por orden de la Audiencia Provincial tras un recurso de Vox y Pro Lege y, la segunda, enmendándose a sí mismo a petición de Vox.

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha lamentado el «espectáculo dantesco» que este lunes se produjo en la manifestación de los regantes en Madrid con el «ninguneo del Gobierno de Sánchez a los agricultores al tratarlos como si fueran delincuentes».

A pesar de que la manifestación contaba con todos los permisos, defiende el PP, «intentaron secuestrar el derecho que tenían a manifestarse y los tuvieron más de dos horas bloqueados, tras lo que se desplegó un dispositivo policial desproporcionado, más propio de delincuentes que de manifestantes pacíficos».

Para Guardiola, con esta acción, a través de la Delegación del Gobierno de España en Madrid, se trató de «amordazar la voz de personas trabajadoras que se trasladaron a la capital para defender una infraestructura que es imprescindible para sustento de sus empleos», tras impedir que más de 150 camiones que se habían trasladado a Ifema, junto a otros 1.500 vehículos, no pudieran participar en la convocatoria.

Además, Guardiola ha señalado que «la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dio la espalda al millón y medio de murcianos huyendo para esconderse en Toledo sin ser capaz de, al menos, escuchar las necesidades; siendo esto una muestra más del sectarismo del Gobierno de Sánchez que cerrará de forma arbitraria el trasvase, sin diálogo, ni consenso».

En este contexto, la portavoz ha manifestado que «el PP no cederá ni un milímetro en la defensa del Tajo-Segura, porque preservar esta infraestructura es cuestión de justicia y de futuro y nadie como el PP ha dado la cara ante una infraestructura que durante 42 años ha sido un eje estratégico para el Levante español».

Guardiola ha lamentado que Diego Conesa «haya perdido la última oportunidad para demostrar que estaba con su gente al no ser capaz de sumarse a las reivindicaciones de la sociedad murciana», lo que da muestras de «su falta de liderazgo político por achantarse a la voluntad del Gobierno de Sánchez» convirtiéndose, a su juicio, «en una franquicia barata de la marca Sánchez, que según las últimas encuestas cotiza a precio de saldo».

En este sentido, la portavoz del PP le ha preguntado «si piensa abrir expediente disciplinario a los alcaldes socialistas que participaron en lo que él mismo tildó de espectáculo promovido por el Partido Popular, porque esta falta de consenso interno en el seno del PSOE da muestras de que Conesa está solo, aislado y arrinconado».

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado «desconcertante» el retraso de medidas anunciadas sobre la covid-19 «sin ningún tipo de criterio y de transparencia» y ha urgido a la Junta a hacer públicos los informes de los expertos sobre la situación actual.

Así lo ha manifestado a los periodistas este martes en Guarromán (Jaén), donde ha expresado su preocupación por «el repunte de los últimos días» experimentado en la comunidad, que se sitúa «por encima de la media de España» en contagios de coronavirus.

Por ello, ha reclamado al presidente del Gobierno autonómico, Juanma Moreno, que «de manera inmediata» haga público «cuáles son los informes del comité de expertos», puesto que «estamos en la puerta de la temporada turística donde nos vamos a jugar muchísimos recursos económicos, empleo, visitantes…».

«Queremos saber la verdad, que ponga sobre la mesa cuáles son los informes de los expertos. Además, nos resulta desconcertante que anulen una semana sí una semana no y retrasen sin ningún tipo de criterio y de transparencia el porqué las medidas se retrasan una semana y sin conocer qué han analizado o cuál es la realidad», ha afirmado.

La dirigente socialista ha subrayado que estar por encima de la media española de incidencia de covid-19 «no es una buena señal», como «tampoco» lo es que no se conozcan «ni los informes de los expertos ni la realidad de lo que está pasando en Andalucía».

«Ni ha habido sensibilidad ni humanidad en el proceso de vacunación, los centros de salud siguen cerrados y han pasado más de dos meses y medio desde que prometió que los abriría. Y ahora, en plena víspera de la campaña turística, en lugar de abrir los centros de salud y hacer transparente las medidas que se están tomando, el oscurantismo no es el mejor camino para dar seguridad y confianza a la gente«, ha afirmado.

Por ello, ha defendido que el presidente de la Junta de Andalucía, «de manera urgente e inmediata, tiene que hacer público el informe del comité de expertos» con respecto a la pandemia. Díaz se ha pronunciado de esta forma después de que Moreno haya anunciado que se va a «posponer una semana más», guiada por motivos de «prudencia», la evaluación de la fase 1 de la desescalada de restricciones derivadas de la pandemia de covid-19 en la comunidad autónoma que tenía previsto llevar a cabo esta semana el Comité de Alerta de Alto Impacto en Salud Pública de Andalucía.