La Comisión Europea ha presentado este miércoles un paquete de propuestas llamadas a reforzar la protección de los consumidores en Internet, con medidas como endurecer las condiciones para créditos online de menos de 200 euros o agilizar la retirada de productos peligrosos o fraudulentos de la venta en Internet.

«Impondremos una mayor responsabilidad a los participantes en el mercado y dificultaremos que se escondan detrás de una jerga jurídica complicada», ha dicho en la presentación en Bruselas la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de consumo y justicia, Vera Jourova.

Jourova ha alertado de la velocidad en la que los productos inseguros o fraudulentos han encontrado su espacio de distribución en Internet, gracias al avance de la digitalización y a la pandemia de coronavirus, sin que «nadie parezca hacerse responsable de ellos».

Entre los ejemplos, la vicepresidenta comunitaria ha destacado el modo en que los usuarios de Internet pueden contratar fácilmente créditos «con apenas unos pocos ‘click'» a pesar de que en muchos casos pueden incluir cláusulas abusivas.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha puesto como ejemplo los créditos de menos de 200 euros que se pueden contratar online, a menudo con «enormes tasas de interés» y con condiciones poco claras para el usuario habitual de Internet.

En este sentido, ha descartado que introducir restricciones también a los créditos de bajo valor pueda provocar «turbulencias» en el sector y ha destacado que este tipo de medidas no solo refuerzan la protección de los consumidores sino también las de los operadores porque «si hay una protección real es más fácil asegurar que recuperarán su dinero».

Los préstamos de bajo valor están por ahora exentos de las obligaciones que existen en la directiva sobre créditos pero Bruselas quiere que pasen estar sometidos por las mismas reglas, así como los préstamos que se obtienen en plataformas colaborativas o los programas de «comprar ahora y pagar después».

Bruselas también aboga por generalizar la práctica que ya se da en varios Estados miembro para fijar un tope a los intereses de los préstamos al consumo, así como por mejorar la información que se ofrece al consumidor, por ejemplo limitando la cantidad de información publicada cuando se accede desde dispositivos móviles para que los elementos claves se lean y entiendan con mayor claridad.

Además de la revisión de la directiva sobre créditos al consumidor, el otro pilar en el que se apoya la Comisión para reforzar la protección del consumidor es actualizar la legislación que regula la seguridad de los productos, con el objetivo de «organizar» el mercado digital en donde proliferan productos defectuosos, fraudulentos e incluso peligrosos para la salud de las personas.

El consejero delegado de Duro Felguera, Jaime Argüelles, ha señalado este miércoles en Gijón que están estudiando la posibilidad de inversión con varios interesados en un proceso «abierto y participativo».

Ha asegurado, asimismo, que buscan como inversor un perfil industrial y que aporte sinergias –clientes– a la compañía, para así apalancar el futuro de la compañía, según Argüelles.

Así lo ha indicado durante su discurso en la Junta General de Accionistas de Duro Felguera, que ha dado este miércoles un voto de confianza a los planes de la compañía, que pasan por ser de nuevo relevante regional y nacional, tanto en el mercado habitual como en los nuevos ‘nichos’ de energía renovables y sistemas inteligentes.

«Les puedo asegurar que Duro Felguera interesa y mucho», se ha mostrado tajante Argüelles. Este ha dibujado, en este sentido, un escenario en el que las contrataciones, que fueron en 2020 de 78 millones de euros, pasen a 400 millones en tres años y a 600millones en 2025.

«Duro Felguera tiene solución», ha apuntado el consejero delegado, quien incluso se ha atrevido a augurarle un «futuro brillante» una vez superado el momento actual.

Eso sí, ha recalcado que lo más importante que tiene la empresa para lograrlo es el equipo de personas, junto al apoyo de instituciones, agentes sociales, entidades financieras, proveedores y accionistas.

En esta línea, ha señalado que recuperar la confianza no es una opción, sino necesario para revertir la situación actual, algo que ha enfatizado que requerirá «esfuerzos y sacrificios».

Ha apostado, asimismo, por la formación continua de la plantilla, dado que los planes de negocio de la compañía hacen necesario personal altamente cualificado.

En Duro también quieren aprovechar el conocimiento y capacidades del ‘Tallerón’, en Gijón, del que contemplan una ampliación de espacio y equipos, según Argüelles.

DESCENSO DE LA CONTRATACIÓN

Sobre la situación patrimonial actual, ha incidido en el impacto «muy significativo» de la pandemia de la COVID-19 en las cuentas de 2020. Un año en que las ventas bajaron hasta los 137,7 millones, un 64 por ciento menos respecto a 2019, y la contratación se situó en 78,6 millones.

Ha aludido, igualmente, a los 120 millones de euros de apoyo económico aprobado por el Consejo de Ministros –en dos fases– y a la aceptación de la solicitud de la empresa para aplazar hasta el próximo día 30 de septiembre la fecha limite para cumplir los condicionantes de la segunda fase.

Para Argüelles, este plazo adicional permitirá aprovechar el mayor interés actual por la empresa para la selección de un socio industrial de referencia. En este sentido, ha considerado fundamental contar con el tiempo necesario.

En cuanto a la línea de negocio, ha explicado la situación de tres contratos, en Rumanía, Argelia y Dubai, en los que la empresa está tratando de llegar a un acuerdo con los clientes. De hecho, están preparando la visita a Argel y a Dubai para poder hablar con ellos en las próximas semanas.

Respecto al contrato en Rumanía, el problema radica en la parte no realizada por la empresa rumana con la que están asociados, y un cambio legislativo que ha incrementado los costes laborales

PLAN ESTRATÉGICO

Ha recalcado, eso sí, que van a aprovechar la oportunidad que se les brinda con el apoyo económico del Gobierno central, a lo que ha señalado que cuentan para ello con un plan de viabilidad y estratégico hasta 2027.

La idea es combinar áreas de negocio ya convencionales en los más de 100 años de historia de la empresa, como pueda ser ciclos combinados o instalaciones de calderería pesada con otras nuevas y en auge, como fotovoltaica, hidrógeno, parques eólicos o sistemas inteligentes, en este último caso en los ámbitos militar y civil y sistemas logísticos. «Talento, actitud y método», ha destacado Argüelles como claves para el éxito junto a un plan estratégico.

Lejos de ser un problema, el consejero delegado ha visto en este mundo cambiante una gran oportunidad tanto en el negocio convencional como el de nuevos productos, ligados especialmente a la sostenbilidad, economía circular y transición energética. A esto ha sumado que se prevé un crecimiento exponencial de la demanda de sistemas de encriptación. Líneas de negocio para las que quieren captar fondos europeos.

PAPEL RELEVANTE

Ha insistido, al término de su intervención, en que puede confirmar que Duro tiene solución y que van a aprovechar la oportunidad, el alto grado de conocimiento y el compromiso de plantilla. Para él, Duro Felguera debe jugar un papel relevante en las energías renovables, la economía circular y la sostenibilidad. Eso sí, ha dejado claro que «hay mucho trabajo por hacer».

A preguntas de los accionistas, Argüelles ha visto más importante para la reputación de la marca el generar noticias positivas que el contestar a otras «a veces no contratadas o a veces sesgadas».

Antes que él, ha intervenido la presidenta de Duro Felguera, Rosa Aza, quien ha reconocido que la incertidumbre de los mercados por la pandemia ha pesado «mucho» en la situación actual de la compañía. Unido a ello, ha hecho extensos reconocimientos de gratitud a las instituciones que les han apoyado y a las entidades financieras por el acuerdo vinculante que permitirá la refinanciación de la empresa, así como a los trabajadores.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

Aza, por ello, ha destacado que, en este contexto, se hace más que nunca necesario el apoyo de los accionistas para la reestructuración financiera. Esta ha señalado, en rueda de prensa posterior, que si bien el contar con un inversor principal no es uno de los condiciones impuestos para optar a la ayuda estatal, la compañía lo ve importante.

También ha resaltado que quieren que Duro tenga un comportamiento ético que sea «incuestionable», por lo que se creará una Comisión de Sostenibilidad, como expresión del compromiso con el Medio Ambiente y los objetivos europeos de sostenibilidad.

Asimismo, ha remarcado que esta empresa centenaria ha demostrado que es capaz de enfrentarse a los cambios, algo que ha augurado que hará también referente a la descarbonización y la pandemia.

En rueda de prensa posterior a la Junta General, tanto Argüelles como Aza han destacado el apoyo de los accionistas, que esta última ha visto positivo no solo para la empresa, sino también para quien quiera acercarse a ella.

Al tiempo, ha recalcado que era «imprescindible» para poder avanzar en la reestructuración de la deuda. Argüelles, asimismo, ha incidido en que este respaldo es «clave» para refrendar el acuerdo con el fondo de solvencia y las entidades financieras, además de que se lanza un mensaje de confianza a grupos inversores.

Tanto Argüelles como Aza han estimado, por otro lado, el ascenso paulatino de las líneas de negocio, ligadas a renovables y digitalización, dentro de la empresa.

De hecho, Argüelles, ha considerado que en tres o cinco años será un valor «significativo» estas nuevas áreas de negocio. Es más, ha opinado que algunas áreas de negocio convencional pueden aprovecharse para otras nuevas, a lo que ha puesto de ejemplo el almacenamiento de gas y de hidrógeno.

Sobre ello, Aza ha recordado que hace ya algunos años lo novedoso era los ciclos combinados, y Duro se puso a la cabeza, según ella. Algo que quieren repetir ahora con las nuevas energías.

Por otro lado, Aza ha destacado que se haya logrado el quorum necesario para la votación, al ser un accionariado «muy atomizado». En concreto, en la Junta han estado presentes, ya sea presencial o por representación, un total de 596 accionistas que suman más de 24,4 millones de acciones que suponen el 25,4203 por ciento del capital social total de Duro Felguera.

La Comunidad de Madrid ha llegado a una acuerdo con la Fundación CEOE para que la próxima semana, a partir del lunes 5 de julio, se empiece a vacunar también en las instalaciones de Acciona, El Corte Inglés y Banco Santander.

Así lo ha señalado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la clausura de un foro inmobiliario organizado por ‘El Economista’, donde ha detallado que cada compañía inoculará un mínimo de 1000 dosis diarias y que el objetivo es alcanzar entre las 25.000 y 30.000 semanales.

Tendrán acceso a estos puntos de vacunación tanto los empleados como los ciudadanos a través del portal de la autocita y el Ejecutivo madrileño espera que se puedan sumar próximamente más empresas a este proyecto de colaboración público-privada enmarcado en el ‘Plan Sumamos Salud+Economía’, impulsado por la Fundación CEOE, junto a la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y la Comunidad de Madrid.

«Sabemos que la temporada de verano es clave para asegurar un buen semestre del año y para ello vamos a poner de nuestra parte todo lo posible para poder llegar a la inmunidad de rebaño el 9 de agosto», ha añadido la presidenta.

Será a partir del 7 de julio cuando estos tres dispositivos se incorporarán a las agendas de autocita para la población general de la región y según las franjas de edad que vaya marcando la Consejería. Los equipos de estas entidades, formados por la Dirección General de Salud Pública, estarán operativos de lunes a viernes. Además, el dispositivo de El Corte Inglés dará servicio también sábado y domingo.

ENTRE 25.000 Y 30.000 DOSIS A LA SEMANA EN ESTOS PUNTOS

Estos nuevos centros empresariales de vacunación, que tendrán la capacidad de suministrar entre 25.000 y 30.000 vacunas a la semana –250.000 vacunas en los dos meses de verano–, pasarán a formar parte de la red de centros de vacunación que tiene instalada la Comunidad de Madrid, por lo que se podrá pedir cita previa en la misma aplicación que tiene habilitada la Consejería de Sanidad.

Estos centros de vacunación abrirán al menos durante los meses de julio y agosto y estarán y prestarán servicio tanto a los trabajadores de las empresas como a la población en general, según ha detallado en un comunicado la Fundación CEOE, a la espera de sumar nuevos puntos para vacunar «en los próximos días».

Acciona está previsto que inocule 5.000 dosis semanales en su sede de la Avenida de Europa, 18, en el Parque Empresarial La Moraleja, en Alcobendas. El Corte Inglés, por su parte, administrará en torno a 14.000 dosis semanales en su centro de Arapiles situado en la Calle de Arapiles, 8, en Madrid. Y el Grupo Santander otras 10.000 en su Ciudad Financiera, situada la Avenida de Cantabria,en Boadilla del Monte.

Iberdrola impulsa el programa internacional de investigación postdoctoral ‘Energy for Future’ (E4F), a través de la Fundación Iberdrola España y en colaboración con la Research Executive Agency (REA) de la Comisión Europea, con el que refuerza su compromiso con la investigación como herramienta para promover el conocimiento y la innovación y contribuir a la consolidación de un modelo de desarrollo más sostenible.

El programa lanzará su primera convocatoria el 1 de julio de 2021 (‘www.europeanenergyforfuture.com’) y contará con una financiación conjunta de más de 4 millones de euros para los próximos cinco años, según detalla la compañía.

Así, esta iniciativa impulsará proyectos de investigación centrados en las principales tecnologías asociadas a la transición energética y la transformación verde de la economía: energía fotovoltaica y eólica, evolución del vehículo eléctrico, soluciones de almacenamiento de energía y consolidación de redes inteligentes.

Con una duración de 5 años, divididos en dos convocatorias de 24 meses cada una, contará con la participación de 28 investigadores, 14 por convocatoria. Para facilitar la movilidad geográfica y el trasvase de conocimiento entre el ámbito académico y el sector industrial, el programa contempla periodos de acogida de 18 a 21 meses en universidades y centros de investigación, así como estancias profesionales de 3 a 6 meses en las sedes de Iberdrola en EE.UU, México, Reino Unido y España.

Las investigaciones se desarrollarán en 15 universidades europeas y americanas: Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Rochester Institute of Technology, en EE.UU; Universidad Nacional Autónoma de México; University of Strathclyde e Imperial College of London, en Reino Unido; Université de Bordeaux, en Francia; y Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, en Alemania.

En España, participarán ocho centros: Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Carlos III, Universidad de Cantabria, Universidad Pontificia de Comillas, Universidad del País Vasco, Universidad de Salamanca, IMDEA Energía y Polymat – Basque center for Macromolecular Design and Engineering.

La presentación del programa ‘Energy For Future’ (E4F) se ha realizado en un encuentro virtual en el que han participado investigadores postdoctorales, centros de investigación y universidades con intereses en el sector de las energías limpias y sostenibles.

En el encuentro han participado Agustín Delgado, director de Innovación y Sostenibilidad de Iberdrola; Manuel Gómez Herrero, dirección general de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea; Ramón Castresana, director de Fundación Iberdrola España; Teresa Rodríguez de Tembleque, responsable de Programas de Formación e Investigación de la Fundación Iberdrola España; Dharik Mallapragada, investigador científico de MIT Energy Initiative; y Sheila Duncan, directora de Recursos Humanos de ScottishPower.

Esta iniciativa sustituye el anterior programa de becas a jóvenes investigadores impulsado por la Fundación Iberdrola España desde 2011, al que ha destinado más de 3 millones de euros para favorecer el desarrollo de 180 investigadores. Asimismo, se enmarca en el compromiso de Iberdrola con la excelencia en la formación.

Los accionistas de Indra han ratificado este miércoles por amplia mayoría la nueva estructura de la compañía con Marc Murtra como presidente no ejecutivo y Cristina Ruiz e Ignacio Mataix como consejeros delegados con carácter solidario, la primera encargada de Minsait y el segundo de Transporte y Defensa.

En su primera intervención ante los accionistas, Murtra ha señalado su objetivo de «contribuir a las fortalezas de Indra» y ha destacado que «hay muchas razones para mirar al futuro con confianza e ilusión», debido al «sólido posicionamiento estratégico, comercial y de negocio» así como el «extraordinario» equipo con el que cuenta la empresa.

«Queremos ser protagonistas de una industria global de alto dinamismo y potencial que puede generar mucho valor para España en un momento de recuperación en el que las ayudas europeas van a impulsar proyectos e inversiones en muchas de nuestras áreas de fortaleza y ‘expertise’ tecnológica», ha señalado.

Asimismo, Murtra ha trasladado su agradecimiento a Fernando Abril-Martorell por su etapa como presidente, valorando su gestión y la transformación operada en la sociedad desde que asumió sus funciones en 2015 y que permite ahora a «abrir un nuevo tiempo desde bases sólidas».

Los accionistas han aprobado las cuentas anuales, así como los informes de gestión del consejo de administración y de sostenibilidad y el resto de puntos propuestos por el órgano directivo, entre los que está la nueva política de remuneración para Murtra, Mataix y Ruiz.

A nivel de nombramientos, también se ha reelegido como consejeros independientes a Enrique de Leyva, que ocupa el mismo cargo en Almirall y dirige Magnum Capital, e Ignacio Martín, consejero independiente de Acerinox y Repsol, mientras que Ana María de Pro, ex directora financiera de Amadeus, ha recibido por primera vez la aprobación de los accionistas como consejera independiente.

La dirección de la empresa ha subrayado que el principal objetivo de la compañía en la actualidad es cumplir las previsiones enviadas al mercado con ingresos en moneda constante por encima de 3.200 millones de euros, un Ebit superior a los 200 millones de euros y un flujo de efectivo libre de más de 120 millones de euros, antes de la salida deefectivo por los planes de transformación de la plantilla.

En el primer trimestre, Indra ganó 22 millones de euros netos, un 255,3% más que en el mismo periodo del año anterior e incrementó su facturación un 2% hasta los 751 millones de euros, por encima de niveles prepandemia.

PERSPECTIVAS EN TRANSPORTE Y DEFENSA

El consejero delegado y encargado de la rama de Transpore y Defensa, Ignacio Mataix, ha hecho un resumen del desempeño de Indra durante el pasado año, en el que ha subrayado el impacto de la pandemia y la recuperación a medida que avanzaba el año 2020 y comenzaba el 2021.

Esta mejora progresiva posibilitó el cumplimiento de los objetivos marcados en julio y un máximo de contratación de cartera en el primer trimestre de 2021 de 5.229 millones de euros, un 15,9% más.

«Hoy tenemos un negocio de Transporte y Defensa muy sólido y con excelentes perspectivas estratégicas», ha recalcado Mataix, quien apuntó que la ambición para el negocio de T&D es recuperar «la senda de crecimiento rentable» lo antes posible desde el liderazgo en innovación tecnológica.

Entre los proyectos destacados, se encuentra la constelación de nanosatélites para el control del tráfico aéreo Startical, presentada en consorcio con Enaire, y el rol estratégico de Indra en el desarrollo del FCAS (el futuro avión de combate europeo), así como su liderazgo en otros programas europeos de desarrollo industrial.

La compañía se centrará en profundizar la diferenciación tecnológica de la oferta digitalizando los productos y ayudando a los clientes en su transformación digital y mantener el foco en mejorar la ejecución de los proyectos basada en el crecimiento como «vía de mejora de la competitividad interna y de la cadena de suministro».

Asimismo, la tecnológica buscará priorizar el portfolio de productos y soluciones y enfocarse en las geografías clave para el negocio.

MINSAIT

Tras Mataix, ha sido el turno de tomar la palabra de Cristina Ruiz como consejera delegada y directora general de Minsait, quien también ha subrayado el impacto de la pandemia en el resultado de 2020, pero se ha mostrado optimista ante las «oportunidades de negocio» que se le presentan a la compañía en la actualidad.

Para ello, Ruiz apuesta por «continuar con la evaluación de su oferta» hacia actividades digitales y de alto valor.

«Desde las innegables fortalezas de las que disponemos, podremos crecer con rentabilidad, generar empleo de calidad y aprovechar las oportunidades que genera el entorno tecnológico y los planes de recuperación y resiliencia, en los que esperamos tener un protagonismo destacado», ha recalcado la directiva de Indra.

La recuperación económica y el aumento de necesidades digitales, crean un escenario en el que Minsait tiene oportunidades de negocio que está «en condiciones de aprovechar», en opinión de Ruiz.

«Minsait cuenta con las mejores capacidades digitales y un modelo sólido que, sin duda, nos permitirán continuar con nuestra senda de crecimiento y de mejora de la rentabilidad», ha subrayado la nueva consejera delegada que ha apuntado a crecer en los mercados con mayor valor y a identificar oportunidades de «crecimiento inorgánico».

En esta línea, la filial de soluciones digitales anunció en el último mes y medio la adquisición de la consultora aragonesa especializada en marketing electrónico Flat 101 y la empresa de ciberseguridad alemana MSS.

Entre las prioridades del grupo, Ruiz señala que hay que acelerar el crecimiento del ‘top-line’ mediante la oferta de alto valor en los denominados vectores de aceleración: la ciberseguridad, Phygital (o digitalización del mundo físico), la nube y el análisis de datos o los medios de pago.

Asimismo, Minsait aspira a continuar evolucionando su modelo operativo y consolidando y profundizando los planes de mejora de la productividad.

Amazon ha reafirmado este miércoles su compromiso con Aragón con el anuncio de sus primeras instalaciones de operaciones en la región, un centro logístico y una estación logística.

Así lo ha afirmado el director de Amazon Customer Fulfillment en Francia, Italia y España, Fred Pattje, tras reunirse con el presidente de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón.

La compañía avanza en su inversión en la Comunidad con dos nuevos centros que se ubicarán en la ciudad de Zaragoza –en la plataforma logística PLAZA–, para dar servicio a los clientes de Amazon y apoyar la demanda española y europea.

El centro logístico, de más de 52.000 metros cuadrados que podría comenzar a operar en 2022, será utilizado por la multinacional para almacenar y gestionar productos de pequeño y gran tamaño. Posteriormente, estos productos serán procesados y enviados a otros centros logísticos, apoyando las operaciones de Amazon en toda Europa.

«Estamos encantados de seguir invirtiendo en Aragón con un nuevo centro logístico en Zaragoza, que jugará un papel clave para nuestras operaciones en España y, en última instancia, en Europa. Además, la sostenibilidad ha sido un pilar fundamental para la construcción de este centro, asegurando una baja huella de carbono», ha afirmado Fred Pattje.

Para el presidente de Aragón, Javier Lambán, «la llegada de Amazon a Plaza supone un antes y un después para Aragón, siendo el mayor apoyo para el despegue de Aragón Plataforma Logística, que actualmente cuenta con más de 15.000 empleados en más de 500 empresas, a los que se añadirán los empleos directos e indirectos tras el aterrizaje de Amazon, aunando empleo e innovación».

La consejera de Economía, Planificación y Empleo ha apuntado que «la buena colaboración con Amazon dará sus frutos y permitirá materializar nuevos proyectos en Aragón. La compañía podrá aprovechar «apuestas» del Gobierno de Aragón en materia logística como la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, que serán una realidad a corto o medio plazo, permitiendo impulsar un transporte más sostenible y eficiente.

Gastón ha definido a la empresa como un «emblema logístico» y ha asegurado que contar con ella en nuestra Comunidad Autónoma «acrecienta nuestros activos y atractivos como ubicación logística de primer nivel» y permitirá atraer nuevas inversiones.

Aunque el trabajo continúa, «esta es la culminación del reto que asumimos desde el Gobierno de Aragón para que Amazon tuviera presencia en nuestra Comunidad», ha apuntado la consejera.

«Son años trabajando en este proyecto, desde que en julio de 2018 se iniciaron en firme las reuniones con la compañía», ha recordado Gastón, a cuyo parecer «el dinamismo y la proyección de este proyecto pionero» y la elección de Aragón para ponerlo en marcha aportarán «crecimiento, riqueza y empleo» al territorio.

Amazon también ha anunciado una nueva estación logística de más de 6.600 metros cuadrados que espera que empiece a operar este año. Este centro de última milla estará ubicado cerca del nuevo centro logístico, y ayudará a acelerar las entregas a los clientes de la región de Aragón.

Las estaciones logísticas impulsan la última milla del proceso de pedidos de Amazon y ayudan a mejorar la experiencia de entrega de los clientes. Los paquetes se envían a una estación logística desde los centros logísticos y de distribución de Amazon cercanos, se cargan en vehículos de reparto y se entregan a los clientes.

Gastón ha indicado que la tecnología utilizada por Amazon en Aragón «va a ser totalmente pionera» y que la compañía suministrará y recibirá productos técnicos. Ha confiado en que «puedan surgir nuevos trabajos» y Amazon aporte más «riqueza y empleo a la Comunidad».

Plaza ha tenido «una espectacular tarjeta de visita» como es Inditex, a la que ahora se une Amazon, que «acrecienta nuestros atractivos como ubicación logística de primer nivel», ha continuado Gastón, quien ha añadido que la apuesta por el ferrocarril «es de máximo interés» para la multinacional norteamericana.

PRESENCIA DE AMAZON EN ARAGÓN

Amazon Web Services (AWS) anunció recientemente la apertura de una región de AWS Europa (España) para mediados de 2022, antes de lo previsto, para dar apoyo a la creciente demanda de los clientes de servicios en la nube de AWS en toda la Península Ibérica. Esta nueva región AWS constará de tres Zonas de Disponibilidad en su lanzamiento y se sumará a las regiones europeas existentes en Dublín, Frankfurt, Londres, París, Estocolmo y Milán.

Además, la nueva planta de energía solar de 49MW en Zaragoza que anunció Amazon ya está en marcha. Esta planta suministra energía renovable a las redes españolas que alimentan a la red de Operaciones de Amazon y los próximos centros de datos de AWS que apoyan a Amazon y a millones de clientes de AWS en todo el mundo. Actualmente, Amazon cuenta con cinco proyectos solares off-site en España, que producirán más de 520MW de energía renovable.

Recientemente, la compañía anunció la creación de 3.000 nuevos puestos de trabajo en España, lo que significará que a finales de 2021 tendrá más de 15.000 empleados fijos. La compañía duplicará su plantilla fija en España en dos años, de 7.000 empleados a finales de 2019 a más de 15.000 a finales de 2021. Solo en 2020, Amazon invirtió 2.500 millones de euros y creó más de 5.000 empleos.

Amazon está ampliando el tamaño de su red de centros logísticos en España para aumentar su capacidad y mejorar su apoyo a los colaboradores comerciales, en su mayoría pequeñas y medianas empresas que usan el servicio de almacenamiento y entrega de Amazon.

Ya son más de 9.000 las pymes españolas que venden en Amazon. En 2019, estas pymes superaron los 450 millones de euros en exportaciones, lo que supone un incremento respecto a los 400 millones de euros del año anterior. Solo en Aragón hay más de 200 pymes que venden en Amazon, las cuales exportaron más de 5 millones de euros en 2019.

El Gobierno y los interlocutores sociales firmarán mañana el acuerdo para reformar el sistema de pensiones en un acto que se celebrará en el Palacio de la Moncloa.

El texto lo firmarán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, así como el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

Sin embargo, no asistirá el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, por motivos de agenda. En su lugar, en representación de Cepyme, asistirá Santiago Aparicio, uno de sus vicepresidentes.

El acto tendrá lugar después de que este lunes el Gobierno y los interlocutores sociales alcanzaran un acuerdo para reformar el sistema de pensiones, en virtud del cual se actualizarán las pensiones contributivas en función del IPC y se intentará acercar la edad efectiva de jubilación (64,6 años) a la edad legal mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación.

Se trata de la primera pata de la reforma de pensiones comprometida con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y con ella se suprimen dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad.

El texto se va a aprobar como anteproyecto de Ley el próximo martes en Consejo de Ministros. Además, la semana que viene está previsto que comparezca Escrivá en la Comisión del Pacto de Toledo para informar del acuerdo.

La reforma garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.

Además, en el texto se recoge que los interlocutores sociales tendrán hasta el 15 de noviembre de este año para negociar la sustitución del factor de sostenibilidad actual por un factor de equidad intergeneracional, que entrará en vigor en 2027 y que se incluirá en la Ley posteriormente a través de una enmienda.

Con el acuerdo se dan cumplimiento a varias de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Como novedad, se establece también que en el caso de la jubilación anticipada voluntaria los coeficientes pasarán a ser mensuales para dar más flexibilidad y fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación.

Fuentes de Seguridad Social han indicado que solamente habrá periodos transitorios de aplicación de los coeficientes reductores en el caso de las pensiones máximas, ya que en el resto de los casos entrarán en vigor con la norma. En un comunicado, Seguridad Social ha señalado que, en la mayoría de los casos, los coeficientes serán más bajos que los actualmente vigentes con el fin de incentivar pequeñas demoras en la salida del mercado laboral.

Además, a las personas que accedan a la jubilación por causa no imputable al trabajador, se les aplicarán los coeficientes de la jubilación anticipada voluntaria en aquellos supuestos en los que quien se jubila anticipadamente de forma voluntaria esté percibiendo el subsidio de desempleo desde hace, al menos, tres meses.

La eliminación de los aspectos regresivos del sistema, por la que se eliminará gradualmente la regulación para personas con ingresos superiores a la pensión máxima se hará de forma progresiva durante un plazo de 10 años a partir del 1 de enero de 2024.

Por otro lado, en el caso de la jubilación anticipada involuntaria, se establecen coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales y, en los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria se pasarán a aplicar en determinación de la pensión de jubilación anticipada voluntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el que había hasta ahora.

Respecto a las jubilaciones anticipadas por razón de actividad, se modificará el procedimiento de solicitud y se precisarán más detalles de la peligrosidad y penosidad.

INCENTIVOS A LA JUBILACIÓN DEMORADA

Asimismo, se establecerá la exoneración de cotizar por contingencias comunes a partir del cumplimiento de la edad de jubilación que corresponda a un trabajador y, por cada año de retraso, se podrá bien obtener un porcentaje adicional del 4%, una cantidad a tanto alzada en función de la cuantía de la pensión o una combinación de ambas.

En la jubilación activa se exigirá como condición para acceder a esta se exigirá al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Esta modalidad se revisará en el mercado del diálogo social en un plazo máximo de 12 meses.

También se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de los trabajadores que hayan cumplido 62 años.

NUEVOS DERECHOS Y AMPLIACIÓN DE EXISTENTES

La reforma iguala además los derechos vinculados a los periodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban los del servicio militar, al tiempo que refuerza el sistema de incentivos para garantizar la adecuación voluntaria de la edad efectiva y legal de jubilación.

Asimismo, se incluye una batería de medidas por la que se reconocen nuevos derechos o se amplían algunos de los que ya existían, entre los que destaca la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización por todos los programas de formación (becas) vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, tengan o no carácter remunerado, y la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, entre otros.

El precio diario de la energía eléctrica en el mercado mayorista (pool) en junio se ha situado en España en los 83,80 euros el megavatio hora (MWh), un 24,9% más caro que en el mes de mayo y un 172% más elevado que en el «atípico» junio del año pasado.

Este precio es un 84% más alto que la media de los últimos cinco años de un mes de junio y es el junio más caro desde que hay registros. Gran responsabilidad de esta subida se debe al encarecimiento del gas, que ha cuatriplicado su precio respecto a 2020 y es responsable del 90% de la subida acumulada en el primer semestre.

Además, España ha recurrido más al gas (la energía de ciclo combinado de gas han llegado a representar en algunos momentos el 17% del total del mix energético) debido a que el parque nuclear ha operado al 70% de su capacidad, con hasta tres centrales paradas en junio.

Por otra parte, la generación renovable en España aumenta un 19,6% en el primer semestre de 2021 y ya cubre el 54% de la demanda nacional. La fotovoltaica es la que más, con un incremento del 36,2% anual. Y, aunque en junio solo ha representado el 12% del mix, en las horas centrales del día lo lidera, con más del 25% de la generación. La eólica ha producido el 17,8% de la electricidad de junio y se anota un crecimiento del 8,8%.

Destaca también la energía hidráulica. Ha aportado un 11,4% del mix energético, con un retroceso del 5,2%. Aun así, gracias a su capacidad de almacenar y acoplarse rápido, ha ofertado en las horas más caras y marcado el precio en el 66% de ellas a 84,8 euros el megavatio hora (un poco por debajo de los ciclos combinados de gas, que cerraron el 25% de las horas a 85,32 euros).

SE ESPERA UN VERANO CON LOS PRECIOS ELEVADOS

Según la previsión del Grupo Ase, que ha elaborado un informe del mercado energético, se espera que los precios elevados se mantengan durante todo el verano, ya que los mercados de futuros están anticipando los altos precios del gas natural, la electricidad ylos hidrocarburos. «Los mercados de materias primas se enfrentan a una situación muy compleja, luchando por equilibrar la oferta y lademanda, a raíz de los desequilibrios que ha provocado el Covid19», ha explicado los analistas del Grupo Ase.

La recuperación de la actividad industrial y comercial a nivel mundial ha tropezado en Europa con la escasez de gas debido a los mantenimientos de las infraestructuras y al retraso en las instalaciones de los nuevos proyectos gasisticos. Además, el desvío de los cargamentos de gas natural licuado (GNL) transportados por vía marítima hacia Asia, ha disparado su demanda y con ella los precios.

«Desde finales de 2020, la oferta de gas no ha compensado su demanda. Por eso los niveles de almacenamiento están en mínimos y los precios en máximos», han explicado desde ASE, que vaticinan que hasta pasado el verano no se espera recuperar la normalidad del suministro noruego ni la puesta en marcha del nuevo gaseoducto Nordstream2, que unirá Alemania y Rusia, algo que llevaría a una relajación del precio del gas y de la electricidad en Europa a partir del cuarto trimestre de 2021.

Pese a esto, España es la que menor incremento registra (26,9%), muy lejos de los datos de Alemania (54,9%), Francia (43,9%) e Italia(35,1%). Desde Ase han recordado que los mercados de futuros eléctricos europeos llevan seis meses al alza y en el año 2022 ya ha superado la barrera de los 70 euros el MWh en los principales mercados.

En España y Alemania cotizan a 71 euros el megavatio hora y en Francia supera los 72 euros. Los fundamentos de estas subidas son los altos precios del gas y de las emisiones.

Orange y los sindicatos han firmado este miércoles el expediente de regulación de empleo (ERE) que consigna 400 salidas voluntarias después de un mes de negociaciones entre las partes, según han confirmado fuentes sindicales.

El acuerdo final reduce en 85 las salidas originalmente planteadas, establece la voluntariedad de las mismas, mejora las condiciones ofrecidas de base y refuerza el papel de las prejubilaciones.

Orange podrá únicamente ‘vetar’ las salidas en departamentos estratégicos como el de ciberseguridad, los centros de desarrollo o las grandes cuentas.

El periodo de adscripción comienza este jueves y perdura hasta el 31 de julio, aunque en el acuerdo queda contemplado que la mesa de seguimiento lo extienda si se cree conveniente.

Además, la empresa ha otorgado una garantía de empleo de dos años a la plantilla, periodo en el que se compromete a que no haya despidos colectivos, y una garantía de 12 meses en los que no habrá ni externalizaciones que destruyan trabajos directos, ni movilidad geográfica forzosa a nivel colectivo.

LAS CONDICIONES

Las indemnizaciones generales van desde los 62 días por año trabajado para aquellos con un sueldo anual de menos de 25.000 euros hasta los 57 días por año trabajado para los que cobren más de 50.000 euros al año.

Este último colectivo será el único que tendrá un tope de mensualidades (42), uno de los caballos de batalla sindicales durante la negociación, ya que en el ERE de 2016 no había topes.

El salario regulador para hacer el cálculo comprende el 100% del salario fijo, la variable teórica y una lista de pagos en especie o complementos del puesto.

Asimismo, los trabajadores también podrán unirse a un programa de recolocación gestionado por ManpowerGroup por nueve meses.

PREJUBILACIONES

El acuerdo contempla 200 prejubilaciones para trabajadores que, a 31 de diciembre, hayan cumplido 54 años o más de edad con una antigüedad mínima de nueve años y podrán salir a finales de julio, agosto, septiembre o febrero de 2022, para aquellos que cumplan los requisitos en ese año. Podrán adscribirse hasta el 31 de julio.

Estos recibirán su salario regulador fijo más el 50% del teórico variable y deberán apuntarse en el mes de julio. Asimismo, tendrán un veto de seis meses para incorporarse a otro operador, incluido los OMV.

Asimismo, la mesa de negociación podría prorrogar este plan hasta 2023 si no hubiera suficientes salidas.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, considera que el Gobierno central «necesariamente» tiene que abordar antes de que finalice el año la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la derogación de la reforma laboral de 2012.

Sordo se ha expresado así en el marco de la clausura del 12º Congreso de Comisiones Obreras Castilla y León, que se desarrolla en Valladolid, y donde junto al recién reelegido secretario del sindicato en la Comunidad, Vicente Andrés, ha marcado algunos de los «retos» a los que considera que se enfrenta el Gobierno y en los que CCOO va a trabajar.

El máximo responsable de CCOO ha pedido al Ejecutivo que recupere la agenda social aprovechando el «punto de inflexión» que va a suponer la vacunación en España, que permitirá superar los efectos «más letales» de esta pandemia y entrar en una situación de intenso crecimiento económico en la segunda parte del año y, «con toda seguridad», también a lo largo de todo 2022.

Esta recuperación, ha añadido, conllevará una recuperación importante del empleo, pero ha advertido al Gobierno de que se equivocaría si pensara que sólo la «inercia» del crecimiento económico sirve para recuperar la calidad del empleo y la los derechos laborales y sociales «extinguidos» en la última década.

Por ello, insta al Ejecutivo a aprovechar para recuperar una «fuerte» agenda social que tiene varios hitos como las pensiones, la subida del SMI y la derogación de la reforma laboral de 2012.

Así, ha explicado que en lo referente a las pensiones se encuentra en fase «resolutiva» con un acuerdo «muy relevante» que se presentará este jueves y que incluso tiene «carácter civilizatorio» porque fortalece una gran alianza intergeneracional, aunque haya cuestiones que se han quedado «en el tintero».

SMI Y REFORMA LABORAL

Tras este acuerdo, considera que la agenda social tiene que pasar por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en España y por la «corrección en profundidad» de la reforma laboral y la derogación de la llevada a cabo en 2012.

A este respecto, ha reclamado su sustitución por un modelo laboral «mucho más justo, que ponga mucho más en valor la negociación colectiva y que haga algo que es fundamental en España, reducir la temporalidad, mejorar la estabilidad en el empleo y hacer que las empresas recurran al despido como última opción» porque ha afirmado que, «ante el más mínimo problema de ciclo económico», ahora es la «primera».

«Por tanto, esos dos aspectos subida del SMI y reforma laboral son los dos puntos que antes de que termine este año necesariamente el Gobierno tiene que emprender», ha aseverado Sordo, quien ha apuntado que el Diálogo Social es «un magnífico espacio para hacerlo».

El líder de Comisiones ha aclarado que todo lo que se refiere a la reforma laboral se tiene que resolver necesariamente antes a final de año porque hay un compromiso adquirido con Bruselas.

Además, ha asegurado que «el tiempo apremia» porque es un momento en el que la economía va a crecer por encima del 6 por ciento en este ejercicio, los precios suben un 2,7 y se va a generar empleo de forma «intensa» en la segunda parte del año y en ese contexto cree «que no es sostenible ni remotamente la congelación del Salario Mínimo Interprofesional.

Por tanto, ha afirmado que se está «tardando» y ha exigido al Gobierno que habilite «ya» la mesa de negociación donde se pacte el «itinerario» de subida del SMI hasta el final de la legislatura, con el objetivo compartido de llegar al 60 por ciento del salario medio, pero con un recorrido de esa parte del objetivo en 2021 por que no se entendería que no subiera cuando sí lo harán los convenios colectivos o los precios.

En cuanto a la reforma laboral, ha recordado que la reforma de 2012 del PP se hizo pensando en devaluar los salarios en España «y hoy en día eso no sólo es una profunda injusticia, sino que es una ineficacia económica de primer orden».

CORRIENTE OPUESTA

«La reforma laboral está pensada para una salida de la crisis diametralmente distinta a la que hoy en día se está planteando, no ya en España, sino en Europa», ha agregado Sordo, quien ha puesto como ejemplo al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que «no es ningún radical de izquierdas» y plantea doblar en la cuantía del SMI porque se necesita recuperar el poder salarial en el mundo y particularmente en España.

«Y para eso esta reforma laboral hay que derogarla, hay que transformarla y hay que ir a un modelo muy distinto, derogando los aspectos de la reforma del año 2012 y volviendo a recuperar equilibrios en la negociación colectiva y un modelo distinto de reducir la temporalidad, reducir la precariedad y hacer que el despido sea la última opción que les queda a las empresas ante el más mínimo problema», ha agregado.

Unai Sordo ha afirmado que es en lo que están trabajando y «no se puede demorar más», tras lo que ha aseverado que el Gobierno «no puede aceptar ningún derecho de veto de CEOE en materia de reforma laboral».

Finalmente, ha expresado el deseo de que esto se pueda hacer a través de un acuerdo, aunque cree que «no parece sencillo» si se escuchan las declaraciones de las organizaciones empresariales.