Jordi Ros, uno de los trece miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por pertenencia a organización terrorista en la Audiencia Nacional, ha insistido en que la primera declaración que prestó tras ser detenido en 2019 durante la ‘Operación Judas’ fue obtenida bajo supuestas coacciones de la Guardia Civil, en el marco de su comparecencia de este jueves ante el juez Manuel García-Castellón para que le comunicara su procesamiento por esta causa.
Estaba previsto que los trece procesados comparecieran esta semana de forma telemática ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, en una ronda de declaraciones indagatorias cuya única finalidad es comunicarles el auto dictado el pasado 14 de septiembre con el que les situó a un paso del banquillo de los acusados.
Según fuentes jurídicas, el martes comparecieron seis, que se acogieron a su derecho a no declarar; y este jueves lo han hecho otros seis, a los que García-Castellón ha comunicado igualmente su procesamiento dándoles la oportunidad de manifestar lo que consideraran oportuno; mientras que el viernes comparecerá el último procesado.
Las fuentes consultadas han indicado que este jueves todos han optado por guardar silencio excepto Ros, que a preguntas de su abogado ha querido dejar claro que no ratifica su declaración inicial, porque –según sostiene– no la prestó libremente sino coaccionado por la Guardia Civil, una denuncia que ya plasmó en una querella presentada en 2020 en los juzgados de instrucción de Sabadell.
En el auto de procesamiento, García-Castellón hace referencia a que en esas primeras declaraciones reconoció que habría superado la actividad dentro del CDR, conformando «una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios de los que disponían».
El magistrado achaca a Ros «una profusa actividad en la búsqueda de conocimientos y adquisición de productos relacionados con las actividades de elaboración y fabricación de sustancias explosivas e incendiarias». Así, entre los materiales que se le incautaron el juez destaca un documento llamado ‘esquema bomba’, una especie de manual para montar un detonador a distancia para una bomba de camping gas. En sus domicilios también se encontraron precursores explosivos.
Además, el instructor destaca que Ros «participó igualmente en la búsqueda y planificación de objetivos en los que desarrollar sus acciones delictivas futuras». En concreto, García-Castellón dice que habría hecho búsquedas ‘online’ de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente de los Mossos d’Esquadra, sin entrar en más detalles sobre estas personas.
Un informe de la Guardia Civil del pasado mes de mayo, explicó que esas búsquedas ‘online’ «tendrían como objetivo la posible realización de una acción contra dichas personas o bienes» y precisó que Ros buscó información del presidente del PP, Pablo Casado, Manuel Valls o José Manuel Villegas, entre otras personalidades.
EQUIPO DE RESPUESTA TÁCTICA
Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el juez procesó a los trece por pertenencia a organización terrorista y a nueve de ellos les imputó además un delito de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.
García-Castellón explicó en su auto que este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.
La creación del ERT vendría motivada por la necesidad de contar en el seno de los CDR con un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraran totalmente entregados a «la causa» para encargarles las acciones más sensibles.
Todos los investigados, señaló el magistrado, comparten principios ideológicos y objetivo: conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión.
OCUPACIÓN DEL PARLAMENT
De acuerdo con el relato judicial, los miembros del ERT habrían tenido participación activa en algunas de las acciones más contundentes que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha, como cortar carreteras, levantar barreras de peajes o verter aceite en el tramo de la C-55 por donde debía pasar la comitiva que trasladaba a los condenados por el ‘procés’ desde la cárcel de Lledoners.
También tendrían ambiciosos planes. Así, habrían asumido el encargo que habrían recibido del denominado ‘CNI catalán’ para que aportasen la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlament de Cataluña, defenderlo una vez tomado y permanecer allí al menos una semana.
Con todo, el instructor afirma que habrían superado los CDR hasta configurar «una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares».
