El productor de televisión José Luis Moreno ha advertido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de que su otrora socio en Dreamlight, el empresario argentino Alejandro Roemmers, intenta apoderarse del guión de una serie sobre la vida de San Francisco de Asís, describiéndole como un millonario ambicioso que le pidió ayuda para que le consiguiera reputados premios como el Nobel de Literatura o el Princesa de Asturias.
Moreno ha enviado un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 donde le insta a no acceder a los deseos de Roemmers, que busca declarar la administración judicial de Dreamlight y embargar las acciones de Koping –la empresa con la que el ventrílocuo participaba en la sociedad compartida–. Hacerlo, ha sostenido, sería un «estrangulamiento» de dicha mercantil.
La ex estrella televisiva ha avisado al juez Moreno de que, en realidad, sería una argucia legal de Roemmers para intentar hacerse con el control total de Dreamlight y, en consecuencia, apoderarse también de la serie ‘Glow and Darkness’ (‘Resplandor y Tinieblas’) sobre la vida de San Francisco de Asís que se estaba grabando a través de esta empresa común.
Moreno ha señalado en su escrito, avanzado por ‘ABC’, que Dreamlight se constituyó en 2018 con él como socio industrial, el que aportaba el trabajo, y Roemmers como socio capitalista, el que debía poner el dinero –puso 35 millones de euros–. El objetivo era producir dicha serie.
Pero Roemmers, con un «perfil psicológico aquejado de mitomanía en grado patológico» también tenía otros intereses, según Moreno. Escribía poesía y aspiraba a ganar el Princesa de Asturias y el Nobel de Literatura. Le pidió al productor que le ayudara igualmente con eso y le aseguró que, si le conseguía el primer premio, le daría tres millones de euros para hacer ‘lobby’ de cara al segundo galardón.
UNA TREINTENA DE CAPÍTULOS DE MÁS DE 200 MILLONES DE EUROS
El afán del empresario argentino por hacerse con ‘Glow and Darkness’, de acuerdo con Moreno, radicaría en que una tasación pericial encargada por el propio Roemmers concluyó que la treintena de capítulos grabados hasta ese momento –de los 50 previstos– valían unos 225,9 millones de euros, «cantidad que suponía multiplicar por casi 7 veces el importe desembolsado» por el socio capitalista.
Moreno ha enmarcado en este «plan» de Roemmers para apoderarse del cien por cien de Dreamligth y sus producciones la puesta en marcha de una campaña de «descrédito» contra él con la que incluso se habría dirigido a Luis María Ansón, la persona que les puso en contacto, para contarle que le había estafado.
Así, en su escrito recoge el mensaje de WhastApp que Roemmers le habría mandado a Ansón el 8 de enero de 2021. «No es una persona que merezca estar a tu lado y nombrarte como amigo», le decía sobre Moreno. «Tengo semiplena prueba de que he sido estafado económica, moral y espiritualmente», afirmaba.
El productor ha plasmado igualmente un mensaje que el empresario argentino le habría enviado ese mismo día, donde le decía que, aunque su confianza en él se ha visto «afectada», había hecho un «gran trabajo». «Y deberíamos concluirlo», apostillaba.
Moreno ha defendido ante el magistrado que durante los tres años transcurridos desde la constitución de Dreamlight ha trabajado «hasta la extenuación en la producción de dicha serie», pidiéndole que no se deje «engañar» e «instrumentalizar» por Roemmers, que «ni siquiera ha tenido la decencia y consideración de comparecer en esta sede judicial para dar las oportunas explicaciones», ha remachado.
EN LIBERTAD CONDICIONAL
Moreno es uno de los principales imputados en la ‘Operación Titella’, cuya investigación comenzó en 2018 y eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario. La Policía Nacional sospecha que el ventrílocuo mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.
El productor, acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Publica, está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país. El pasado 8 de julio depositó un aval hipotecario para cubrir la fianza de 3 millones de euros que le exigió el juez.
Los peritos de la Audiencia Nacional están analizando dicho aval, el cual implica que debe respaldar mediante hipoteca el doble de la cantidad que se le había señalado inicialmente, de modo que en lugar de avalar 3 millones tienen que ser 6 millones.
UNA TRAMA, DOS ORGANIZACIONES
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aquilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.
