Una sentencia de un juzgado de Oviedo ha anulado la multa que le impuso la Delegación del Gobierno en Asturias a una mujer que que salió de casa en el primer estado de alarma decretado por el Gobierno de España con motivo de la pandemia de COVID-19.

El juez, que recuerda en su argumentación el reciente fallo del Tribunal Constitucional sobre ese estado de alarma y afirma que los derechos fundamentales de los ciudadanos fueron «ilegítimamente cercenados», termina condenando a Delegación del Gobierno a pagar las costas del proceso judicial.

Según consta en la multa que le impusieron, la mujer estaba el 17 de marzo de 2020 en el Parque de Invierno, en Oviedo, incumpliendo la prohibición de transitar por la vía pública. Los agentes dijeron que ignoraba sus indicaciones y que les dijo: «A mí nadie me dice lo que tengo que hacer ni dónde ir. Voy donde me da la gana. No sois autoridad ninguna».

Inicialmente, se le impuso por Delegación del Gobierno en Asturias una multa de 1.200 euros por desobediencia de la ley de Seguridad Ciudadana. La recurrió por vía administrativa, y se la rebajaron a 100 euros quedando la cosa en falta de respeto.

Pero la mujer, representada por el abogado Daniel Prieto, del despacho Legis Abogados, volvió a recurrrir la multa alegando que no era cierto que hubiese dicho eso y que, aunque lo hubiese dicho, serían expresiones que no constituyen ninguna falta de respeto.

El juez le ha dado la razón apoyando además sus argumentos en distinta jurisprudencia, nacional e internacional. Tras resaltar que los agentes no pueden interpretar subjetivamente lo que es una falta de respeto, la sentencia, y contra la que no cabe recurso, concluye que «no puede considerarse que la actitud de la mujer que recibió la multa merezca reproche alguno».

«Si bien sus expresiones pueden considerarse como poco afortunadas, hay que tener en cuenta el momento temporal en el que se produce, y frente a unos agentes que le impedían dirigirse a realizar la compra de alimentos donde la recurrente tenía por conveniente», razona la sentencia. El juez anula así la multa e impone las costas, con un máximo de 500 euros euros, a Delegación del Gobierno.

Unidas Podemos ha constatado hoy el rechazo del PSOE a establecer un control del precio del alquiler a los grandes propietarios en el marco de la Ley de Vivienda, con lo que ha fracasado un nuevo intento de acercar posturas entre los socios de coalición en esta materia.

Según han explicado fuentes de Unidas Podemos, esta mañana se ha producido una reunión al «más alto nivel» entre la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el titular de Presidencia, Félix Bolaños, de cara a tratar de desbloquear la futura normativa, que acumula ya meses de retraso.

Y es que el socio mayoritario del Gobierno trata de perseguir un acuerdo inmediato para así poder así ligarlo al pacto sobre los Presupuestos Generales del Estado, de cara a cumplir los plazos marcados por Moncloa para validar el anteproyecto de nuevas cuentas públicas en la primera quincena de este mes.

En ese encuentro, tal y como constatan dichas fuentes, los socialistas han manifestado de nuevo su negativa a establecer un control de precios del alquiler en zonas tensionadas en manos de grandes tenedores de vivienda, una postura «inaceptable» para Unidas Podemos.

Por tanto, el «nudo gordiano» que es la regulación de precios con instrumentos para bajar el arrendamiento en los inmuebles en manos de los fondos de inversión sigue dificultando el consenso entre los socios de coalición. Eso sí, en materia de pequeños propietarios las posturas están más cercanas.

De esta forma, en Unidas Podemos no entienden la «cerrazón» del PSOE en establecer ese control de precios para grandes propietarios y mantener vivo lo que ahora es el principal escollo para el desbloqueo de esta normativa, que es condición necesaria para a su vez lograr el pacto sobre Presupuestos.

DÍAZ NO ACABA DE ENTENDER POR QUÉ EL PSOE NO QUIERE HACERLO

Además, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha declarado ante los medios de comunicación que «no es capaz de entender por qué razón no se quiere hacer» lo mismo que despliegan otros países europeos, sobre todo cuando las familias dedican «el doble a pagar el arrendamiento» que el resto de las medias europeas, concretamente un 40% a diferencia del 24% de tasa estimada en el resto del continente.

«Los jóvenes españoles no necesitan paternalismos sino poder emanciparse para acceder a una vivienda. Hoy esto es un imposible y, por tanto, lamento decirles que no hay acuerdo. Estoy segura de que avanzaremos estos días y desde luego por nosotros no va a ser. Cuando el PSOE quiera estamos dispuestas», ha recalcado.

En el marco de estas conversaciones, claves para desencallar la negociación presupuestaria, las mismas fuentes han explicado que el sector socialista ha contactado también con Díaz, quien ha insistido que en este asunto dirige la negociación la ministra de Derechos Sociales.

PODEMOS, ESTA VEZ LA REGULACIÓN NO PUEDE QUEDARSE EN «PAPEL MOJADO»

Por otro lado, la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha insistido este lunes en rueda de prensa que es necesario legislar ya en favor del derecho a la vivienda y acabar con los «abusos del precio del alquiler».

Y es que las nuevas cuentas públicas, tal y como ha relatado, deben servir para garantizar esa regulación con posibilidades de bajada de precio, junto a otros aspectos como la prestación universal por crianza.

«La gente de este país no entendería que el Gobierno pusiese ya en marcha políticas para bajar el precio del alquiler», ha subrayado en su comparecencia.

De esta forma, la dirigente de la formación morada ha destacado que Belarra «trabaja a fondo» para convencer al PSOE de que tiene que bajar los precios de los alquileres «ya».

«No hay excusas, no hay más tiempo y la ciudadanía no lo entendería si no se bajan los precios», ha ahondado, máxime cuando es un acuerdo de los Presupuestos vigentes. Por tanto, Serra ha avisado que el consenso sobre la ley de vivienda no puede quedarse en «papel mojado» sino que debe plasmarse en actuaciones para avanzar en materia legislativa.

Podemos ha subrayado que los ‘pandora papers’ evidencia que las presuntas irregularidades fiscales del Rey emérito suponen una «vergüenza» para España y evidencias, además, el «penoso y lamentable» rechazo del PSOE, PP y Vox a crear una comisión en el Congreso para investigar la presuntas «corruptelas» de Juan Carlos I.

En rueda de prensa en la sede del partido, el coportavoz estatal de la formación morada Pablo Fernández ha asegurado que se trata de otra evasión fiscal del antiguo monarca, después de sus anteriores regularizaciones fiscales en las que, implícita y explícitamente, reconocía un presunto delito fiscal.

De esta forma, ha apuntado que seguirán trabajando en el Congreso para poder impulsar esa comisión de investigación para arrojar luz ante las irregularidades fiscales del emérito.

Su homóloga en Podemos, Isa Serra, también ha aludido a una información publicada por ABC relativa a partidas aportadas desde el Ministerio de Defensa a la Casa Real, con cargo a los fondos reservados, para aseverar que es otra muestra más de la «total opacidad» que envuelve a la monarquía.

Tras lamentar que aún no se ha avanzado en dotar de más transparencia a las actividades y finanzas de la Casa Rea, la dirigente de la formación morada ha dejado claro que la asignación presupuestaria a la institución es «más que suficiente» y se ha mostrado en contra de que el Gobierno de «de forma soterrada y subrepticia» más recursos económicos.

LLAMA A APROBAR YA EL TIPO MÍNIMO DEL 15% A GRANDES EMPRESAS

Además, Serra ha subrayado que los ‘pandora papers’ evidencian la «falta de ética y moral» de quienes practican evasiones fiscales «en detrimento» de los «servicios públicos, el bien común y la igualdad» entre ciudadanos.

Pero también ha llamado la atención en que esto «no tiene que ver con actuaciones individuales», sino con un «problema sistémico» que es la «impunidad» de unas políticas fiscales «injustas», que permiten «paraísos fiscales» para que grandes fortunas no aporten a la «caja común».

Eso sí, ha dicho que ese carácter «sistémico», propiciado por sucesivos gobiernos anteriores, no implica que sea «inmutable» y por ello ha reivindicado la necesidad de avanzar en plasmar dentro de los Presupuestos un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades para grandes empresas, acorde con el amplio consenso internacional existente. «Es fundamental que se acuerde en los Presupuestos este tipo mínimo», ha reiterado.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha confirmado este lunes que no acudirá a la manifestación que han convocado para este jueves, día 7, varias organizaciones en defensa del Mar Menor para exigir soluciones «reales».

La marcha, que han convocado Pacto por el Mar Menor, ANSE y Ecologistas y Grupo ILP Mar Menor, entre ellas, será a partir de las 20.00 horas y tiene previsto salir desde la Consejería de Agricultura y concluir en San Esteban, sede del Ejecutivo murciano. En este sentido, considera el consejero que se trata de una marcha «política».

«Nos llama bastante la atención que está perfectamente definido que se trata de una manifestación política, ya que el hecho de que inicialmente se propusiera un recorrido que fuera únicamente por dependencias regionales denota, de alguna forma, el sentido político» de la misma, ha manifestado Luengo.

Ha dejado claro que todos los murcianos están sensibilizados e implicados en la recuperación y protección de la laguna y ha recordado que ya en 2019, en Cartagena, se sumó a la manifestación «masiva» porque consideró que «era importante mostrar esa unidad, reflejar la necesidad de llevar a cabo actuaciones en esa recuperación del Mar Menor».

Dos años después, ha subrayado, «tras terminar el Plan Vertido 0 y tener definidas las actuaciones para evitar la degradación del Mar Menor que garanticen su recuperación y vista la pasividad y nula actuación por parte del Ministerio, el sentido es otro».

A juicio de Luengo, «tiene un sentido político», por lo que ha declinado «contribuir a ningún tipo de objetivo que no sea el importante, que es la recuperación y protección del Mar Menor».

AMENAZA DE UN NUEVO EPISODIO DE ANOXIA

Sobre la amenaza de un nuevo episodio de anoxia, como advirtió la semana pasada, Luengo ha afirmado que la situación sigue siendo «crítica» y se va monitorizando de forma continua el estado de la laguna y los parámetros de oxígeno, clorofila, transparencia y turbidez.

El viento es el factor meteorológico que está influyendo y dependerá de la acción del mismo para ver si se produce o no ese episodio de anoxia. Según el resultado de la monitorización, «el valor de oxígeno en la masa de agua disminuye en algunos momentos el riesgo de anoxia y en otros se aumenta, por lo que hay que seguir vigilando».

Preguntado sobre si llevarán a cabo el dragado de la gola de Marchamalo sin permiso del Ministerio, ha dejado claro que «bajo ningún concepto» lo harán. En este sentido, espera que el Ministerio proceda a su ejecución «una vez que se le envió el proyecto» pero todo en aras al cumplimiento de la ley. «El Ministerio tiene la pelota en su tejado», ha indicado.

PRESIONES QUE SUFRE EL MAR MENOR

En clave política y sobre los regadíos ilegales, el consejero ha recordado que la Asamblea Regional dotó a la Comunidad de un ordenamiento jurídico para «obligar» a esos terrenos que regaran de forma ilegal a restituirlo, ya que la CHS «no lo estaba haciendo».

Ha puntualizado, al hilo, que «113 están en tramitación, que son unas 2.130 hectareas, y 45 llegaron hace unas semanas», tras lo que ha asegurado que el plan para llevar cabo esa restitución no es otro sino la ley, la Ley del Mar Menor, ha zanjado. También ha comentado que las inspecciones que se llevarán a cabo en el Mar Menor «se incrementarán de forma importante».

Luengo ha hecho un repaso por las actuaciones que el Gobierno regional está llevando a cabo al respecto y ha recordado los impactos que sufre el Mar Menor.

Por un lado, la masa de agua del acuífero subterráneo, «con una elevada concentración de nutrientes por esas prácticas agrícolas que no son las actuales», de ahí la necesidad de su descontaminación o la bajada del acuífero para que no se produzca el intercambio de agua, por lo que hay que extraer ese agua.

Otra de las presiones son las entradas de agua superficiales, que se producen en episodios de lluvia. De hecho, ha señalado que en apenas dos años, desde el 8 de noviembre de 2019 hasta el 29 de septiembre de 2021, «han entrado al Mar Menor unos 19,53 hm3 de agua a través de la rambla del Albujón, lo que supone unos 30 millones de litros diarios de media y 5.000 kilos de nutrientes diarios de media».

Luengo ha vuelto a insistir en la necesidad de poner en marcha las obras para la construcción del Colector Norte, ya que se pasaría de 3 a 12 hm3 de agua «lo que se evitaría que llegara al Mar Menor con esta infraestructura», de manera que la rambla del Albujón se «secaría». En concreto, ha señalado que «la mayor concentración de nutrientes se produce en la zona de la desembocadura de la rambla del Albujón».

En este sentido, Luengo ha destacado la importancia del proyecto de construcción de los biorreactores, que se basa en 15 balsas que se encargarían de desnitrificar o quitar los nutrientes, en un periodo de tiempo de entre 12 y 24 horas, de unos 6,3 hm3 anuales.

Estas balsas «evitarían la entrada de agua al Mar Menor de 1.260 toneladas», pero ha lamentado que el Ministerio lo rechazara. De manera que «aunque no se puede evitar la entrada de agua al Mar Menor procedente de la rambla del Albujón, se garantizaría que no llevara nutrientes ese flujo del agua», tratándose de una medida «paliativa».

A su juicio, si el Ministerio «tuviera interés en llevar a cabo la ejecución del Plan de Vertido 0, con un importe de 600 millones de euros, con la redacción de proyectos terminados y la dotación económica sería sencillo llevar a cabo la ejecución del mismo». Por ello, ha pedido que «el que quiera trabajar que se sume y el que no, que no estorbe».

También ha resaltado la importancia de construir diques en las ramblas ante la previsión de que pueda llegar una DANA o cualquier tipo de lluvia torrencial, que es otro de los impactos que pueden «alterar» la evolución de la laguna; y la instalación de 1.000 sondas de control para garantizar que «el volumen de agua que se aplica a la planta de riego localizado en ese momento se cese para que no se produzca esa filtración».

Luengo, que ha hablado igualmente de las actuaciones en origen y ha defendido la necesidad de aplicar la ley del Mar Menor, ha precisado que el Gobierno murciano ha inspeccionado ya «más de 10.000 hectáreas», así como la red de saneamiento, identificando un millar de pozos. Además, ha puntualizado que se han retirado más de 12.700 toneladas de biomasa.

El Foro de la Profesión Médica ha manifestado que se posiciona en contra del inicio de nuevos Grados de Medicina en España, tras anunciarse que Almería contará el próximo curso 2022/2023 con este nuevo grado entre su oferta académica.

Las facultades con docencia del Grado en Medicina siguen aumentando en número y así se está viendo desde el año 2008 ha pasado de impartirse en 28 centros a los 44 actuales, que pueden verse aumentadas el próximo curso.

El Foro de la Profesión ya ha advertido con anterioridad del «problema» que supone la creación de nuevas facultades con docencia de Medicina. Además, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y la Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Medicina de España (CNDFME) emitieron un documento de forma conjunta analizando la situación de cada uno de los centros y concluyendo con un posicionamiento «totalmente contrario a la apertura de nuevas facultades y favorable a una reducción de los númerus clausus en cada uno de los centros».

Debido a que en Andalucía ya existe una oferta del grado en Medicina en cinco de sus provincias, el Foro considera que esos fondos destinados a la puesta en marcha de un nuevo grado «serían más eficientes en forma de becas y ayudas para la movilidad y residencia de los estudiantes y atendiendo a las solicitudes de mayores recursos humanos y materiales que necesitan las facultades ya existentes, que son claramente insuficientes».

«Iniciar un Grado en Medicina exige una financiación muy importante. Se necesita la contratación de un profesorado y personal muy especializado, en el mayor número posible dado que la ratio número de estudiantes/profesorado es fundamental para la docencia de la Medicina y condiciona la calidad de la formación; también se necesitan edificios e instalaciones adecuadas y una inversión continua en docencia y recursos para la investigación. Si esos recursos no alcanzan para las facultades que ya existen es cuestionable el inicio de nuevos grados sin la estructura de personas y recursos necesaria», argumentan.

Desde el Foro aclaran que «no hacen falta más médicos». «Hace falta una adecuada planificación de la oferta y la demanda, adaptando los números de estudiantes a las tasas que desde los comités de expertos como de la propia Organización Mundial de la Salud recomiendan. Anualmente, miles de opositores a plazas de especialización MIR se quedan sin plaza por el creciente número de aspirantes y la no adaptación del número de plazas para la especialización. La creación de facultades con el título de Medicina agrava el problema de embudo que se encuentran al final de la carrera, que deja a miles de profesionales sin la posibilidad de optar por una plaza de Formación Sanitaria Especializada, indispensable para ejercer plenamente en el sistema sanitario para la gran mayoría de egresados. La dotación de recursos se hace necesaria también para asegurar que los egresados puedan acceder a una FSE de calidad», esgrimen.

Asimismo, advierten de que «existe un déficit generalizado en profesorado»: «Por ello, resulta inviable la creación de nuevas facultades de Medicina en el territorio nacional cuando en muchas de las facultades ya existentes manifiestan públicamente el creciente problema con el profesorado clínico y la carencia de profesores acreditados que permitan el necesario relevo generacional que garantice la calidad en la formación». En suma, abogan por «la mejora del sistema universitario, dotando de mayores y mejores recursos humanos, económicos y materiales requeridos a las facultades de Medicina ya existentes».

El Foro de la Profesión Médica está conformado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (CNDFM) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).

La organización para la nutrición de las Naciones Unidas, FAO, así como científicos y autoridades, han defendido este lunes en Vigo el papel del pescado y de los alimentos acuáticos en una nutrición sostenible a nivel mundial, en la inauguración del IX congreso FAO-Conxemar que sirve de ‘pistoletazo’ de salida a la celebración de la feria internacional de productos del mar congelados, Conxemar.

Su Majestad la Reina Letizia ha asistido a la inauguración del evento, en el Auditorio Mar de Vigo y, aunque no ha intervenido, ha mostrado con su presencia su apoyo el trabajo de la FAO en su camino para acabar con el hambre en el planeta.

La Reina, Embajadora Especial de Nutrición de la FAO, ha entrado en el Auditorio acompañada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y por el presidente de Conxemar, José Luis Freire.

Antes de asistir a la inauguración de la jornada, ha saludado a los organizadores del Congreso y al equipo de Conxemar, así como a los ponentes que participan en este foro.

En la inauguración del Congreso, los asistentes han podido escuchar el mensaje del director gerenal de la FAO, Qun Dongyu, quien ha advertido de que «el mundo no está encaminado a cumplir» el compromiso de acabar con el hambre y la desnutrición en 2030, por lo que ha instado a «transformar» los sistemas agroalimentarios y hacerlos más sostenibles y eficientes.

Al respecto, ha asegurado que el pescado y las proteínas marinas están llamados a ser un componente clave en esos sistemas alimentación, gracias a sus componentes nutricionales y a su bajo impacto ambiental, y pueden ayudar a acabar con el hambre. Por ello, ha recordado que la acuicultura juega un papel fundamental en el nuevo Marco Estratégico 2022-2031 de la FAO.

PESCA SOSTENIBLE, GARANTE DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que los sistemas agroalimentarios inclusivos y sostenibles suponen una oportunidad para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París y, en ese sentido, son fundamentales acciones como, por ejemplo, la lucha contra la pesca ilegal. «Los recursos pesqueros sostenibles juegan un papel clave como garantes de la seguridad alimentaria mundial y proveedores de proteína de alta calidad», ha destacado el ministro.

Asimismo, ha incidido en que la ley de pesca sostenible e investigación pesquera que se está tramitando «va a ser un instrumento eficaz para respaldar esa apuesta por el futuro» y su objetivo es «modernizar el sector, asegurar su continuidad y lograr u aprovechamiento óptimo de los recursos».

Ese marco normativo, ha añadido, pone el foco en el relevo generacional, la mejora de las condiciones en los buques, el avance en la investigación, la potenciación del asesoramiento científico y la optimización del consumo energético.

IMPACTO SOCIO CULTURAL Y RELEVANCIA SANITARIA

Mientras, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado en su intervención el impacto social, cultural y económico de la actividad pesquera en Galicia, donde la cadena mar-industria genera más de 9.000 millones de euros de facturación y 50.000 empleos.

Pero además de eso, ha subrayado la «relevancia sanitaria» del consumo de pescado y de la dieta atlántica, en todas las edades, para lograr una nutrición adecuada y para la prevención de enfermedades. De hecho, ha recalcado, «la dieta atlántica se asocia con una menor mortalidad» y el pescado es «un reductor del gasto sanitario».

Núñez Feijóo ha recordado que el gobierno gallego lleva años de campañas para promocionar el consumo de estos productos y ha señalado que la pesca tiene menor impacto en el cambio climático y sus alimentos «tienen una huella de carbono menor que otras proteínas animales».

REDUCCIÓN DEL IVA

El presidente de Conxemar, José Luis Freire, ha aprovechado su intervención para poner en valor el papel del complejo mar-industria y de los alimentos acuáticos en la salud, aunque ha lamentado que la Comisión de la UE no haya incluido el pescado en su listado de alimentos, dentro de sus estrategias sobre sostenibilidad y buenas conductas en el Pacto Verde.

En la misma línea, ha abogado por reforzar las campañas para trasladar a los ciudadanos la importancia del pescado y de una buena alimentación para su salud, y ha pedido que se reduzca el IVA de este producto (actualmente en el 10 %) hasta el 4 %, como tienen frutas y verduras. «El menor ingreso fiscal se verá compensado por menor gasto sanitario», ha recalcado, recordado que las dietas con más cantidad de pescado son más saludables.

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha señalado este lunes que siente «absoluta vergüenza» por el fichaje de Antonio Miguel Carmona como nuevo vicepresidente de Iberdrola España y cree que debería «renunciar».

Barbón ha hecho estas declaraciones con motivo de su presencia en Langreo para los actos de inauguración de Arkuos Espacio de Acción Social Educativa, promovido por la Fundación Cruz de los Ángeles.

El presidente autonómico se suma así a otras voces socialistas críticas con este nombramiento, como el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán León, que señalaba estos días que le parece «un mal mensaje el que emiten ambos». «No tengo nada contra Iberdrola ni contra Carmona. Pero si se confirma la noticia de su fichaje, me parece un mal mensaje el que emiten ambos», escribió Santos Cerdán en Twitter.

Adrián Barbón dijo este lunes no aguantarse para opinar sobre el asunto. «No me resisto», señaló, afirmando que siente una «absoluta vergüenza». «Si yo siento vergüenza significa que él no la tiene», ha apuntillado.

Barbón afea así este tipo de fichajes «siempre» pero «máxime en un contexto como el actual», incidiendo en que Carmona «se llenó la boca diciendo que no tenía precio».

El presidente asturiano, asimismo, pidió disculpas a la ciudadanía «como político» ante esta conducta de alguien que no tiene «ningún» papel político dentro del PSOE y que, de hecho, está «totalmente enfrentado» a la dirección del partido e incluso «ha atacado» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Barbón dice desconocer si Carmona sigue militando en el PSOE y sostiene que si así fuera y tuviera «vergüenza» se daría «de baja» y, en todo caso, «debería renunciar».

Antonio Miguel Carmona fue elegido diputado por el PSOE en la Asamblea de Madrid en dos etapas: entre junio de 1999 y diciembre de 2002, y entre junio de 2011 y junio de 2015. Posteriormente, fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales de 2015, permaneciendo cuatro años como edil en el consistorio presidido entonces por la alcaldesa Manuela Carmena.

Doctor en Ciencias Económicas especializado en crecimiento económico y nuevas tecnologías, Carmona comenzó su andadura profesional dando clases en la Complutense de Madrid y en la actualidad es profesor en la Universidad CEU San Pablo. En este momento, el economista no ocupa ningún cargo dentro del PSOE.

Podemos e IU han calificado este lunes de «escándalo» el «obsceno» el inminente fichaje del socialista Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de Iberdrola España y han emplazado a avanzar en una regulación que prohíba las puertas giratorias.

En rueda de prensa en la sede del partido, la coportavoz estatal de la formación morada, Isa Serra, ha tildado de «vergüenza» que Carmona se incorpore a esta empresa eléctrica, que se «ríe de los ciudadanos» en plena «ofensiva» de estas compañías ante las medidas aplicadas por el Ejecutivo de coalición de cara a abaratar el precio de la luz. Sobre todo después de escuchar recientemente al exedil y exdiputado madrileño negar el «vaciamiento de embalses».

No obstante, Serra ha enfatizado que harían un «flaco favor» al país si aparte de «reprobar» este fichaje no se aludiera a una «práctica habitual» de las «puertas giratorias», que funcionan «desde hace mucho tiempo» y se vinculan al «monopolio eléctrico» con determinados «políticos» actuando en contra de la ciudadanía y a favor de las eléctricas.

«Tenemos claro que esto no sucedería en Unidas Podemos», ha apuntado en referencia a si compartía las palabras de su compañero de filas, el diputado Jaume Asens, cuando esta mañana exigió al PSOE la expulsión de Carmona.

IU: EL «OLIGOPOLIO SE ESTÁ PONIENDO MUY AGRESIVO»

Mientras, la portavoz federal de IU, Sira Rego, ha denunciado que el «oligopolio eléctrico se está poniendo muy agresivo» porque cree que se tocan sus «beneficios» y ha tachado de «obsceno» el nombramiento del socialista Carmona por parte de Iberdrola, un claro ejemplo de «puertas giratorias».

«Vemos una relación directa entre la garantía que se ha dado históricamente en nuestro país a los intereses del oligopolio con gentes que antes han estado en la política», ha insistido sobre este caso.

La dirigente federal de IU ha criticado con firmeza cómo mientras se mantienen «máximos históricos» en el precio de la luz «lejos de arrimar el hombro y de apoyar a las familias trabajadoras, el oligopolio sigue con su pulso no solo al Gobierno, sino también a las familias en su conjunto».

En rueda de prensa telemática, ha apuntado que en el debate que habrá en unos días en el Parlamento Europeo «propondrán que haya una modificación del marco general de la regulación del mercado eléctrico en Europa, porque saben que es el elemento que permite que haya esta desproporción de precios de la luz».

El alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, se ha referido este lunes a los incidentes registrados este fin de semana durante la noche en la capital gallega, en particular al atropello de un joven por parte de un conductor que se había dado a la fuga con su vehículo para huir de una patrulla policial.

El joven, de 19 años, fue trasladado al Hospital Clínico herido de gravedad tras ser arrollado por este vehículo en la madrugada del sábado a domingo, en un momento en el que varios cientos de jóvenes salían de una discoteca del Ensanche.

Bugallo ha censurado la actuación del conductor, que ha calificado de «una enorme estupidez y enorme irresponsabilidad», y ha trasladado «la mayor de las preocupaciones» para que la víctima logre una pronta recuperación. «Todo indica que sí», ha señalado.

El regidor municipal ha ceñido estas situaciones a temas «absolutamente puntuales y circunstanciales» y ha confiado en que la situación nocturna en la capital gallega camine hacia la moderación de forma progresiva.

En todo caso, Santiago mantendrá el dispositivo de vigilancia en las próximas semanas, desplegado tras las importantes aglomeraciones registradas el pasado mes de septiembre en el casco urbano, «para ir verificando que esto se cumple».

INCIDENCIAS POR METEOROLOGÍA

Sobre el mal tiempo, Bugallo ha limitado las incidencias a alguna caída de árboles, especialmente en los bordes del Río Sarela y que «hoy mismo se retirarán para facilitar el uso del paseo peatonal». También se han producido caídas de ramas en algunos puntos del casco urbano y otras cuestiones «inevitables» ante una jornada de climatología adversa.

«No tenemos motivos para creer que tengamos una situación de peligro», ha insistido el alcalde compostelano, que recordó que el servicio de mantenimiento de parques realiza un seguimiento y control periódico.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha remachado este lunes su desconfianza hacia la voluntad real del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, de apoyar el Presupuesto de la Junta para 2022 porque ha esgrimido que «nada más que quiere la foto con el presidente de la Junta». «No me lo puedo creer», ha proseguido apuntando y rearfirmarse en su descreímiento con un «no me fío».

En una rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, Marín ha sostenido que «me encantaría si quiere sumarse al Presupuesto del Gobierno del cambio, pero lo razonable es que hablara con PP y Cs», mientras que ha esgrimido la aparente desubicación del alcalde de Sevilla y líder de los socialistas andaluces al argumentar que «no sabe dónde está: si está en el Ayuntamiento, en el Parlamento o quiere estar en el Gobierno».

«Le aconsejo que sea bastante paciente porque le queda tiempo de estar en el banquillo», ha aseverado Marín sobre el futuro político de Espadas, quien ha esgrimido que «lo razonable es que nos diga su propuesta si es que la tiene», al tiempo que ha fundamentado su escepticismo sobre la mano tendida de Espadas con las cuentas de 2022 tras inquirir «si el PSOE que propone ceder tributos de las comunidades autónomas al Gobierno», propuesta adelantada este domingo por sobre las previsiones de la ponencia marco del PSOE-A para su XIV Congreso Regional, «es el que pretende aprobar el Presupuesto».

El vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs en Andalucía, ha sostenido sobre la voluntad del PSOE es que «quieren asfixiar al Gobierno de Andalucía», planteamiento que ha fundamentado en el hecho de que el apoyo al Presupuesto de 2022 sería para que «hubiera menos disponibilidad de recursos propios para hacer políticas sociales y que desarrollemos las políticas de Sánchez, que son las que le interesan a ellos, la de los subsidios en vez de los incentivos».

«Estamos en disposición de escuchar», ha argumentado Marín, quien ha apuntado que «queremos unos Presupuestos para tener estabilidad, creando confianza, para que 2022 sea el año de la recuperación, no de la regresión, los recortes e imposiciones del Gobierno de España, que sigue maltratando a Andalucía».

«Si Sánchez y Espadas hacen lo mismo no me fío», ha trasladado el vicepresidente de la Junta, quien ha reprochado al secretario general del PSOE-A que «ponerse de perfil para imponer las políticas de Sánchez no es lo que le conviene a Andalucía», meintras que ha reivindicado que «estando en la oposición aprobé los presupuestos de la señora Montero y de la señora Díaz, me mojé» e insistir en que «el señor Espadas se sigue poniendo de perfil».

OFICINA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Las críticas de Marín hacia Juan Espadas se han prolongado por la abstención del PSOE en la elección parlamentaria del director de la Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción, que la semana pasada se pospuso al próximo Pleno tras no alcanzar los 3/5 de la Cámara exigido por la ley, para afirmar que «el señor Espadas no sé si tiene la cabeza en el Ayuntamiento, en la Junta de Andalucía» y trasladar que «tendrá una mescolanza de ideas que no le permite estar centrado en lo que tiene que estar centrado que es el Ayuntamiento de Sevilla».

Marín ha explicado que «el PSOE recibió una solicitud de propuesta de la presidenta del Parlamento de Andalucía, tuvo 10 días para proponer a alguien al frente de la Oficina de Lucha contra el Fraude y la pregunta hay que hacérsela a él por qué no propuso a alguien», comportamiento del que ha hecho partícipes a Adelante Andalucía, ni PP ni Vox.

«El único que ha creído en la Oficina de Lucha contra el Fraude desde el primer minuto ha sido Ciudadanos, lo firmé con la señora Díaz y con la señora Montero en junio de 2015», ha sostenido Marín, quien ha esgrimido que habló con el diputado socialista Mario Jiménez «y le dije qué persona se trataba y me dijo que ellos no iban a proponer a nadie», mientras que ha blandido que «más de 500 altos cargos del PSOE están en los tribunales de justicia imputados o condenados», para tratar de entender su aparente renuencia a aceptar una Oficina de Lucha contra el Fraude.

La Comisión de Educación y FP del Congreso debatirá este miércoles una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno, en el ejercicio de sus competencias y en colaboración con las comunidades autónomas, a promover el desarrollo o la incorporación de protocolos de detección y protección de los menores víctimas del acoso escolar, entre ellos los de LGTBlfobia en el ámbito escolar.

Para ello, pide que se tengan en cuenta varias propuestas, como: el procedimiento de actuación ante la detección o comunicación de casos por LGTBlfobia que involucre a los equipos directivos, docentes, mediadores, alumnos, padres, etc; mecanismos de protección y apoyo a las víctimas; programas de formación, información y atención; y programas de colaboración y/o coordinación con asociaciones y servicios públicos y privados.

«La LGTBIfobia es una realidad en nuestro sistema educativo, por lo que el miedo de los adolescentes LGTBI a aceptarse y/o hacerse visibles está más que justificado. Existe un desconocimiento sobre la realidad LGTBI entre el alumnado y entre los educadores/as, así como en temas de sexualidad que lleva a tener ideas equivocadas y a invisibilizar una realidad existente», expone el PSOE.

EL 43% DE MENORES LGTBI ACOSADOS HA PENSADO EN EL SUICIDIO

En el iniciativa registrada, el principal partido de Gobierno destaca las cifras recogidas por varias asociaciones, como Plataforma de la Infancia, que destaca el aumento del 4,5% de los malos tratos a menores de 2017 a 2018, cuando una de cada dos denuncias contra la libertad sexual es a menores y cuando en 2018 el ciberacoso sumó 2319 denuncias de menores.

También pone de relieve las cifras aportadas por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB): que el 43% de los niños y niñas homosexuales y bisexuales, ante el acoso que sufren, han pensado en el suicidio, y que el 81% de estos incluso lo ha planificado, siendo el 17% los que atentan contra su vida.

También los datos de la UE son «significativos», según el PSOE, pues el 61,2% de los jóvenes LGTBI sufren discriminación en la escuela, el 51,2% en su vida familiar y un 29,8% por parte de sus amistades.

Por ello, los socialistas consideran necesario el contacto de los centros educativos con las asociaciones y los servicios públicos y privados de los que se asesorarán para obtener el apoyo para la consecución de Programas de atención y la evaluación del progreso de éstos para conocer los niveles de discriminación, LGTBIfobia y violencia entre el alumnado.

En concreto, apuestan por un sistema de reparación y reintegración al ámbito escolar, con un protocolo de recogida de datos para visibilizar el problema real, con puntos de actuación claros, como: la recogida de datos; el análisis de datos; la formación de los profesionales; mecanismos de denuncia; adaptación del sistema jurídico; aumento del plazo de la prescripción de delitos; y una Estrategia Integral sobre la violencia infantil.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha sumado a la «indignación generalizada» en España tras conocerse la publicación de los llamados Papeles de Pandora, al tiempo que ha sugerido como solución en el país combatir este tipo de fraude en lugar de «freír a impuestos a la clase media».

A preguntas de los medios tras una visita en la provincia de Cuenca, Arrimadas ha señalado que este tipo de fraudes son los que «lastran el futuro de España».

«Mientras las familias pagan muchos impuestos, algunos se han ido de rositas y el dinero que ganaban aquí no lo tributaban y utilizaban mecanismos ilegales para no contribuir a los servicios públicos en España», ha lamentado.

En este contexto, y preguntada por el entrenador de fútbol Pep Guardiola, cuyo nombre aparece en los archivos de los Papeles de Pandora, y que habría sido titular de una cuenta corriente en Andorra hasta 2012, cuando se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy para regularizar los fondos de su cuenta en el Principado, Arrimadas ha incidido en que «toda esta información nos vuelve a demostrar que la solución no es subir los impuestos a la clase media española».

En su opinión, lo que hay que hacer es «luchar contra este tipo de fraude, contra ese tipo de personas que no quieren pagar impuestos». «Tenemos que ir a un país en el que la clase media trabajadora pueda pagar menos impuestos y los que no han pagado y utilizan este tipo de cosas para no pagar pues sí, que paguen lo que deben para mantener los servicios públicos».

En este contexto, Inés Arrimadas ha aprovechado para criticar que tanto PP como PSOE han hecho amnistías fiscales, aunque «el PP critica la del PSOE y el PSOE la del PP, pero los dos han hecho amnistías fiscales».

El jueves 7 de octubre se cumplen 450 años de la batalla de Lepanto, «la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros…», según vivió y escribió Miguel de Cervantes en el prólogo de sus Novelas Ejemplares. Por ello, la Armada llevará a cabo, a las 12,30 horas del próximo jueves, un acto conmemorativo presidido por el Almirante de la Flota, Eugenio Díaz del Río, en el Muelle Marqués de Comillas (Cádiz).

Según detalla la Armada en una nota, el acto servirá de homenaje «a los caídos en la batalla de Lepanto» y al mismo están invitadas las autoridades civiles y militares de Cádiz. Asistirán, además, todos los oficiales Generales de la Armada en la Flota y Bahía de Cádiz.

El acto se iniciará con la lectura de una reseña histórica sobre la batalla de Lepanto, se depositará una corona en memoria de los fallecidos y el Almirante de la Flota pronunciará una breve alocución tras la que, con el desfile del Batallón de Honores, se pondrá fin al acto.

La Armada ha detallado que el Batallón de Honores estará compuesto por una Compañía de Suboficiales Alumnos, de la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando, una Compañía de Infantería de Marina de la Brigada de Infantería de Marina Tercio de Armada, también de San Fernando, y una compañía del Regimiento Acorazado ‘Córdoba nº 10’, del Ejército de Tierra.

De hecho, la historia de esta última unidad justifica su presencia en este acto ya que, como Tercio embarcado, participó «de forma heroica» en la Batalla de Lepanto, donde su Maestre de Campo combatió en la Galera Real de Don Juan de Austria.

Asimismo, el día 7 estará atracado, en el muelle Marqués de Comillas, el buque anfibio portaeronaves ‘Juan Carlos I’, que podrá ser visitado en horario de 16,00 a 19,00 horas, el jueves día 7, y de 10,00 a 13,00 horas, el viernes 8.

La batalla de Lepanto en 1571, en la que una flota al mando de Juan de Austria derrotó a la flota turca, constituyó un hecho decisivo en la lucha por la hegemonía en el Mediterráneo, acabó con el mito de la invencibilidad turca y puso fin a la expansión otomana hacia el Mediterráneo occidental. Además de los actos y conferencias que tendrán lugar en diversas localidades, la Armada ha querido conmemorar especialmente en Cádiz este aniversario.

Además de la relevancia histórica de la batalla, y en el ámbito propio de las tradiciones de la Armada, Lepanto fue el nombre con que se bautizó al primero de los cinco destructores, ‘clase Lepanto’, que la Armada incorporó al final de los años 50. ‘Lepanto’ es, en recuerdo de un crucero llamado así y que a principios del siglo XX funcionaba como Escuela de Artillería para marineros en Cartagena, el nombre con que se conoce a la prenda de cabeza de la marinería y «en Lepanto la victoria…» es una invocación que recoge y canta el Himno de la Armada Española.

El Rey Felipe VI ha recibido este lunes las cartas credenciales de seis nuevos embajadores extranjeros acreditados en Madrid en la tradicional ceremonia que para la ocasión se celebra en el Palacio Real y a la que por primera vez ha asistido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, desde su nombramiento en julio.

La primera en cumplir con el acto protocolario ha sido la nueva embajadora de Mozambique, Maria Manuela Dos Santos Lucas, la única mujer de los diplomáticos que han desfilado a lo largo de la mañana por el Palacio Real.

Tras ella han llegado los embajadores de Turquía, Burak Akçapar, y de Azerbaiyán, Ramiz Hasanov. A continuación ha sido el turno del nuevo embajador de Nigeria, Ademola Rasaq Seriki, seguido por el nuevo representante de Pakistán, Shujjat Alí Rathore, y por último el de Noruega, Nils Haugstveit.

Las cartas credenciales son el documento que acredita a un embajador extranjero como representante y máxima autoridad diplomática de otro país en España, por lo que una vez cumplido el protocolo podrán representar oficialmente a su país.

UNA CEREMONIA HISTÓRICA

La ceremonia de entrega ante el Rey se remonta al siglo XVIII y se ha mantenido prácticamente intacta en su desarrollo hasta nuestros días. Así, los nuevos embajadores son trasladados en carrozas de época de Patrimonio Nacional desde el Palacio de Santa Cruz, sede de Exteriores, hasta el Palacio Real, pasando en su camino por la Plaza Mayor, escoltados por el Escuadrón de la Guardia Real a caballo y la Escuadra de Batidores de la Policía Municipal.

A su llegada al Palacio Real, son recibidos por la banda de música de la Guardia Real en el Patio de la Armería, que interpreta los himnos de sus respectivos países.

Una vez en Palacio, el embajador de turno y sus acompañantes suben la Escalera de Embajadores, desde donde la introductora de embajadores, en este caso María Sebastián de Erice, les acompaña a través del Salón de Alabarderos, el Salón de Columnas y la Saleta de Gasparini, hasta el Salón del Trono.

Aquí les espera el jefe de Protocolo de la Casa del Rey que en esta ocasión ha sido su segundo, puesto que el diplomático Alfredo Martínez Soriano, que hasta ahora ocupaba el cargo, fue nombrado la semana pasada embajador en Canadá y por el momento Felipe VI no ha designado a su sustituto.

Todos ellos se dirigen a la Antecámara Real pasando por el Salón de Teniers. La ceremonia propiamente dicha de entrega de las credenciales se produce en la Cámara Oficial y en el está presente el ministro de Exteriores. A continuación, se produce un breve encuentro del nuevo embajador junto al Rey y el ministro en la Saleta del Nuncio.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha confirmado este lunes que ve «posibilidad» de que el Gobierno que preside alcance un acuerdo con el PSOE-A para sacar adelante la aprobación en el Parlamento del Presupuesto andaluz para el próximo año 2022, que considera que los andaluces necesitan, y para lo que ha abogado por «abandonar las trincheras ideológicas».

A preguntas de los periodistas durante el acto de inauguración de un centro promovido por la Fundación Persán en Sevilla, el presidente de la Junta se ha referido a esta cuestión al hilo de la ronda de reuniones que el pasado viernes mantuvo con representantes de los cinco grupos parlamentarios andaluces para abordar la negociación del Presupuesto de 2022, que requiere de apoyos entre la oposición al Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs) al no contar dichas dos fuerzas de gobierno con mayoría absoluta en el Parlamento.

Juanma Moreno ha incidido en que «estamos en un año que puede ser muy especial para Andalucía porque por primera vez desde que llegó la pandemia, hace ya 21 meses, y gracias a la ciencia y a nuestro servicio de salud pública, hemos conseguido arrinconar al virus y a empezar a recuperar amplios espacios de normalidad», así como porque la Covid-19 ha provocado «daños muy importantes a nuestra economía».

Por eso, «si hay un momento donde necesitamos un Presupuesto es justamente para 2022, para terminar de arrinconar a la pandemia y de reconstruir económica y socialmente Andalucía», según ha defendido el presidente antes de agregar que «los andaluces quieren mayoritariamente un Presupuesto porque es un instrumento útil para seguir mejorando», y él mismo, «como presidente de los andaluces, quiero que haya un Presupuesto», según ha querido dejar claro.

Moreno ha señalado que no tiene «trincheras ideológicas en este sentido», y se ha declarado «dispuesto a pactar el Presupuesto con cualquier fuerza política que esté dispuesta a anteponer los intereses de los andaluces a los particulares».

De igual modo, ha apuntado que de la ronda de reuniones del pasado viernes se llevó «buenas sensaciones» porque vio «que hay la posibilidad de que se pudiera llegar a un acuerdo con el PSOE», y ha agregado que «nada me gustaría más que se pudiera alcanzar un acuerdo de amplio espectro, no solamente con el PSOE, sino con el resto de fuerzas políticas».

«Qué buen ejemplo para la sociedad andaluza sería que todos abandonáramos por un momento las trincheras ideológicas y pensáramos en Andalucía y los andaluces, y sacáramos un Presupuesto con una cierta unanimidad», ha reflexionado en esa línea Juanma Moreno, quien ha agregado que «todos tenemos que ceder», y él está «dispuesto como gobierno a ceder en algunos aspectos para conseguir ese acuerdo».

El presidente de la Junta ha concluido señalando que quiere «ser positivo y optimista, y espero y deseo que no sea todo estrategia, sino que realmente en el fondo haya voluntad de un acuerdo presupuestario, porque los andaluces lo necesitamos», ha zanjado.

El Tribunal Constitucional (TC) estudiará desde este martes en el Pleno el recurso de amparo presentado por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont contra el auto del Tribunal Supremo que confirmaba la resolución del juez instructor del ‘procés’ Pablo Llarena de mantener la situación de rebeldía del expresidente y de los exconsejeros huidos.

En el mismo auto, el Supremo también ratificaba la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) por el que se acordó la suspensión automática de todos para ejercer cargo público.

La decisión de la Sala de lo Penal del Supremo, que preside Manuel Marchena, llegaba después de revisar los recursos interpuestos por el expresidente catalán y los exconsejeros Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín contra los autos de Llarena dictados en julio de 2018 en los que se acordaban ambos supuestos.

En el caso de la declaración de rebeldía, los magistrados entendían que concurren los requisitos legales para adoptar dicha decisión, pues Puigdemont y los exconsejeros huyeron de España desde que conocieron que la Fiscalía iba a presentar una querella, por lo que su intención siempre fue «situarse fuera del alcance directo de las autoridades españolas». Asimismo, recordaba ese auto de hace dos años que los cinco huidos han manifestado en todo momento su oposición expresa a ser entregados cuando se pusieron en marcha las órdenes europeas de detención.

Se da la circunstancia de que la deliberación de este asunto llega al TC justo en la semana en la que el Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) resuelve sobre si extradita a Puigdemont tras haber sido detenido el 23 de septiembre en el aeropuerto de Alghero.

EL RECURSO DE ARTUR MAS

El TC estudiará también en este Pleno el recurso de amparo que presentó el también expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) por la que mantenía, aunque rebajada, la condena de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta del 9 de noviembre de 2014.

El TS revisó los recursos de casación interpuestos por los exmiembros del gobierno catalán contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 13 de marzo del 2017. El tribunal condenó al expresidente catalán a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 36.500 euros; a un año y nueve de meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros a la exvicepresidenta Joana Ortega; y a un año y seis meses y a una multa de 24.000 euros a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, ambas también por desobediencia, aunque en su caso como colaboradoras necesarias. Los tres quedaron absueltos de prevaricación administrativa.

Pero el Supremo, en su sentencia de enero de 2019 rebajó esa pena de inhabilitación y la fijó en un año y un mes, igualándola a la del exconsejero Francesc Homs por los mismos hechos. Pese a disminuir el tiempo de inhabilitación, el expresidente no podía presentarse a ningún proceso electoral hasta 2020.

En la misma, indicaba que «no existe el derecho a participar» en una votación cuando ésta ha sido declarada ilegal. «No existe un derecho a participar en un proceso de votación cuya ilegalidad viene proclamada por quien es intérprete y garante de los derechos fundamentales», decía expresamente la Sala de lo Penal en la resolución.

De hecho, los magistrados añadían que «si la autoridad correspondiente suspende una votación de ese tipo, como debe hacer, el incumplimiento de tal orden por sus destinatarios será desobediencia, aunque suponga la anulación de una posibilidad que se abría a los ciudadanos de intervenir en asuntos de interés público».

OTROS ASUNTOS DEL PLENO

Junto a este recurso, también entran en el orden del día el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno por la Covid-19 y la suspensión de plazos en el Congreso de los Diputados al inicio de la pandemia. Además, el tribunal de garantías aborda la constitucionalidad de la prisión permanente revisable.

Ya a principios de mes se conoció que el TC previsiblemente declararía inconstitucional el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que atendería, aunque sea parcialmente, el recurso presentado por el partido político Vox, según avanzaba el diario ABC.

El grupo municipal de Más Madrid ha denunciado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el año sin luz en la Cañada Real solictando que se exija a las administraciones españolas el restablecimiento del suministro.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha reclamado «responsabilidad» al alcalde, José Luis Martínez-Almeida. «Almeida tiene la responsabilidad de dar solución a las miles de personas de la Cañada que llevan un año sin luz. En la Unión Europea se respetan los derechos humanos y eso incluye al Ayuntamiento de Madrid», ha declarado la edil.

Más Madrid también ha pedido su apoyo mediante carta a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ante la grave situación de vulneración de los derechos de las familias de la Cañada.

A LAS PUERTAS DE UN SEGUNDO INVIERNO SIN LUZ

La denuncia alerta de que 1.800 niños y niñas de la Cañada Real y sus familias están a punto de afrontar su segundo invierno sin luz, lo que vulnera sus derechos humanos en una situación «inconcebible e insostenible».

Rita Maestre ha afirmado que resulta «inadmisible que el alcalde permita que una parte de la ciudadanía madrileña no tenga luz, a pesar de la abrumadora movilización vecinal y de las iniciativas presentadas».

«Almeida tiene la responsabilidad de dar solución a las miles de personas de la Cañada que llevan un año sin luz para calentarse, ducharse, hacer la comida o que los niños puedan hacer los deberes. Le exigimos que atienda nuestra denuncia ante el Parlamento Europeo. En la Unión Europea se respetan los derechos humanos», ha insistido la portavoz de Más Madrid.

La portavoz adjunta del grupo, Pilar Sánchez, ha subrayado que el corte de electricidad es una vulneración de los derechos humanos. «El suministro eléctrico es considerado por la OMS un requisito previo para la buena salud. Las administraciones públicas deben garantizar energía eléctrica accesible y asequible a todas las personas en su vivienda habitual, por eso exigimos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que no hagan distinción», ha reafirmado.

El vecindario de Cañada Real «debe considerarse población vulnerable severa y en exclusión social, por sus ingresos, sus circunstancias y por la presencia de niños y niñas. La luz tiene que volver ya a la Cañada».

PETICIÓN DE APOYO A MICHELLE BACHELET

El grupo municipal de Más Madrid también ha informado de esta situación a través de una carta a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para pedirle su apoyo.

En ella, Rita Maestre le recuerda que los relatores especiales en derechos humanos de la ONU pidieron al Gobierno de España que se restablezca de inmediato el suministro eléctrico.

También que el Defensor del Pueblo en España, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España y el equipo médico de Intervención en Población Excluida (EIPE) han alertado de la gravedad de la situación y de la necesidad de que se adopten medidas inmediatamente.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha calificado como «una gran decepción» la declaración institucional emitida por el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas tras el I Encuentro Atención Primaria: Retos y Oportunidades’, celebrado el jueves y viernes en Maspalomas (Gran Canaria).

Como conclusión de la reunión, Sanidad y CCAA acordaron la aprobación de un Plan de Acción, antes de que finalice el año 2021, para reforzar la Atención Primaria en toda España, que está orientado a un abordaje integral de los problemas de salud más frecuentes; la práctica clínica centrada en la persona y la comunidad, considerando los determinantes sociales de la salud; la mejora de la capacidad de resolución diagnóstica; el fortalecimiento de la longitudinalidad de la atención; el crecimiento profesional; el impulso de los sistemas de información y la digitalización; el fomento de la innovación y de la investigación; y la adaptación y formación de los Recursos Humanos, garantizando la efectividad, la sostenibilidad y la calidad de la Atención Primaria.

«Supone una gran decepción que este escueto documento, sin compromisos concretos, sea el resultado de 2 jornadas de trabajo de nuestras autoridades sanitarias, que parecen demostrar poca eficacia y eficiencia en su capacidad de abordar los graves problemas de la Atención Primaria. Las propuestas que se realizan están ya contenidas en el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, sin que hasta el presente se haya avanzado nada al respecto, y en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción ratificadas por el Congreso de los Diputados, sin que tampoco se hayan producido actuaciones concretas. Volver a repetir las mismas propuestas, sobre las que se supone existe un consenso previo, no tiene sentido mas allá de los efectos mediáticos y propagandísticos», critica la FADSP en un comunicado.

Así, lamentan que en la declaración «solo se recogen 2 compromisos, que también pecan de vaguedad: el de realizar un Plan de Acción antes de finalizar el año y el de adecuar la política presupuestaria y el desarrollo normativo que posibiliten la consecución de los objetivos de este Plan, en este caso sin fecha concreta».

«El primero de ellos tiene poco recorrido porque como ya se ha señalado las medidas a tomar son conocidas y solo se trata de ponerlas en marcha no de volver a hacer otro listado de las mismas. En cuanto al segundo, ni se le pone fecha, ni hay un compromiso presupuestario concreto, de manera que estamos otra vez más ante una declaración de buenas intenciones que es probable quede en el vacío», esgrimen.

En resumen, consideran que se trata «de nuevo de una declaración de intenciones sin compromisos presupuestarios concretos y que no va a resolver los problemas de la Atención Primaria». «Es urgente actuar y no conformarse con buenas palabras, hay que recuperar una Atención Primaria de calidad, accesible a toas las personas, con atención presencial y sin demoras, y para ello se precisan medios y actuaciones enérgicas y rapidas de las administraciones sanitarias. Parece que ello solo se conseguirla si nos movilizamos para lograrlo», remachan.

Amelina Correa Ramón, catedrática de Literatura Española en el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada (UGR), ha recibido el I Premio Luis de Salazar y Castro, concedido por la Real Asociación de Hidalgos de España, por su trayectoria en el campo de la Literatura Española.

El Premio Luis de Salazar y Castro fue creado con el objeto de distinguir a un estudioso o divulgador de la Historia de España en sus distintos aspectos, sociales, artísticos, militares, científicos, religiosos, etc., que tengan relación con el estamento noble.

Este premio tiene carácter anual y está constituido por un diploma acreditativo y una estatuilla al premio, así como una dotación económica de 7.000 euros.

El jurado ha distinguido a Correa Ramón por su dedicación «a un área del conocimiento, como es la Edad de Plata de la Literatura Española, muy necesitada de estudios y trabajos sobre ella, lo que refleja un nivel original de investigación muy alto».

Además, «ha centrado su interés en escritores que pertenecían a la nobleza o estaban relacionados con la aristocracia, lo cual acerca la labor investigadora de la premiada a los objetivos de la Real Asociación de Hidalgos de España», indica.

El jurado ha estado formado por destacadas figuras de la academia y del ámbito universitario: Feliciano Barrios Pintado, académico de número y secretario de la Real Academia de la Historia; Javier Alvarado Planas, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la UNED; Luis Alberto de Cuenca Prado, académico de número de la Real Academia de la Historia; Carmen Sanz Ayán, catedrática de Historia Moderna en la Universidad Complutense de Madrid; y por Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.

La profesora Correa Ramón fue, en enero de 2012, la primera mujer en alcanzar la cátedra en el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada. Fue directora de la Cátedra Federico García Lorca.

Al recibir el Premio, rememoró a Salazar y Castro: «En corto espacio de tiempo Luis de Salazar y Castro fue la más importante figura en el campo de los estudios genealógicos, no sólo de toda España, sino incluso de Europa».

Y agregó: «Cómo no recordar que la obra más importante y justamente célebre de nuestra historia literaria lleva ya en su propio título la palabra ‘hidalgo’. Pues en efecto, Miguel de Cervantes Saavedra tituló en 1605 su inmortal obra ‘El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha».

El secretario de Estado enviado especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, ha instado a China y Rusia a «apoyar» el Tratado Antártico y espera conseguirlo «pronto», porque confía en que si estos países lo hicieran «muchos más» se comprometerían con la protección del continente austral.

Durante su participación en el evento de conmemoración del 30 aniversario del Protocolo de Madrid en el marco del Tratado Antártico, Kerry ha señalado que este asunto depende de la madurez y de esperar al «momento adecuado» pero, de momento, ha celebrado «determinados movimientos» en favor de las zonas protegidas ya que recientemente India, China y Ucrania han anunciado «su apoyo para adoptar áreas marinas protegidas». No obstante, ha afeado que «hay una serie de países que todavía no se han comprometido con la protección de la Antártida».

«Sabiendo que tenemos áreas amplias del océano en las que se puede pesca, sería en interés de toda la Humanidad que dejáramos de lado determinadas zonas clave como el Mar de Weddel, la Antártida oriental o la Península Antártica, entre otras. Espero que sea un momento ya maduro, teniendo en cuenta la cuestión de la emergencia climática», ha urgido Kerry, que ha definido la Antártida como «un espacio de paz y cooperación» por lo que «urge avances».

A su juicio, se está jugando con el futuro de los océanos de una forma muy peligrosa y en particular advierte de que el Ártico, la Antártida y los arrecifes están casi «en un punto de no retorno». Kerry ha asegurado que no se necesita explotar la Antártida, que debe ser protegida.

«Estoy contento y muy feliz de participar en esta renovación del compromiso, que es esencial y crítico para todos nosotros», ha manifestado sobre el 30 aniversario de la firma del Protocolo de Madrid, en 1991 que fue negociado durante la Guerra Fría, un momento en el que destaca que los países fueron capaces de reunirse y crear un modelo para toda la comunidad científica.

«Tenemos que respetar esa zona. Tenemos que maravillarnos ante esta región y proteger todos los océanos. Espero que estemos a la altura de este reto y del de la crisis climática», ha concluido Kerry.

El enviado especial de clima de Estados Unidos ha manifestado su esperanza de que en los próximos meses las grandes economías y potencias del mundo tomen la decisión de trabajar «mano a mano» para proteger estas regiones porque cree que hay consenso para reservar determinadas áreas para que no puedan ser explotadas por su minería o sus recursos.

«Frente a la visión de explotarlo todo para que nuestras economías sigan funcionando. Nuestras economías no siempre tienen que depender de estos nuevos recursos sino que se puede reciclar, reutilizar y crear un sistema económico más sostenible», ha concluido Kerry.

En este contexto, ha apelado Rusia, China, India, la UE, Sudáfrica, Australia, Brasil, Arabia Saudí, Corea del Sur, Japón o los propios Estados Unidos, que «suman el 80 por ciento de las emisiones del planeta», a comprometerse a preservar estas «áreas clave» porque confía en que cuando llegue ese momento, «el resto del mundo» se unirá a la decisión y «lo celebrará».

En definitiva, el representante estadounidense opina que los países deberían trabajar de manera diligente y alcanzar acuerdos que vayan más allá de las jurisdicciones nacionales y eso «tiene que ocurrir rápidamente».

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha recordado que en la Cumbre del Clima de París de 2015 quedó «bien patente» que clima y océanos son dos caras de la misma moneda y ha resaltado la importancia del multilateralismo para afrontar los retos ambientales y climáticos.

La Fundación Botín ha resuelto su convocatoria de Becas de Artes Plásticas de 2021 concediéndolas a cinco artistas y a un colectivo de nacionalidades española y portuguesa.

Los beneficiarios de la XXVIII edición de estas ayudas, destinadas tanto a la formación como al desarrollo de proyectos personales y de investigación, expondrán sus proyectos artísticos en la muestra Itinerarios XXVIII del Centro Botín, cuya celebración está prevista para el año 2023.

Según ha informado hoy la Fundación, los creadores seleccionados son Luz Broto (Barcelona, 1982), Lucía C. Pino (Valencia, 1977), Fernando García Dory (Madrid, 1978), Henrique Pavão (Lisboa, Portugal, 1991), Jorge Ribalta (Barcelona, 1963) y el grupo formado por Patricia Gómez (Valencia, 1978) y María Jesús González (Valencia, 1978).

Según el jurado de esta convocatoria, a través de estas ayudas «la Fundación Botín ofrece una oportunidad única para los artistas en su necesidad de proseguir su trabajo, así como de investigar, cuestionar y reflexionar sobre el mundo que nos rodea».

Desde su puesta en marcha en 1993, más de 200 artistas han recibido una de estas becas que actúan como elemento dinamizador del arte emergente. En esta vigésimo octava edición se han recibido 349 solicitudes procedentes de 32 países.

Tras una mayoría de solicitantes españoles, destaca la presencia latinoamericana con 26 artistas de Colombia, 24 de Argentina y 21 de Cuba y México. Estas cifras constatan el carácter internacional de unas ayudas destinadas tanto a la formación como al desarrollo de proyectos personales y de investigación, siempre que el ámbito de interés sea la creación artística (no trabajos teóricos).

El jurado que ha valorado las candidaturas ha estado integrado por Sandra Guimarães, directora artística del Centro de Arte Bombas Gens de Valencia; Maider López, creadora artística que interviene en el espacio público y la arquitectura (recibió la Beca de Artes Plásticas en 1998); Manuel Segade, director del Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles; y Jorge Yeregui, artista visual (obtuvo la Beca de la Fundación Botín en 2013).

Según el jurado «todos los temas abordados por los seleccionados -la ruptura de los límites, la memoria histórica, los nuevos materialismos, la museología crítica, la reivindicación del arte como herramienta de investigación y la emergencia climática- dan cuenta de las grandes problemáticas a las que se enfrentan las prácticas artísticas en la sociedad del presente».

Cada una de estas ayudas tiene una duración prevista de nueve meses y comprende una dotación económica de 23.000 euros -en concepto de viajes, alojamiento, manutención y alquiler de estudio- además de un seguro de viajes y accidentes en caso de precisar desplazamiento a un país distinto al de residencia.

Una vez finalizado el periodo de trabajo, la Fundación Botín continuará al lado de estos artistas realizando un seguimiento cercano de su trayectoria e incorporando, llegado el caso, alguna de sus obras a su colección a través de la compra.

La beca económica se completará con la presentación en primicia de los trabajos desarrollados por los artistas durante su beca en la exposición Itinerarios XXVIII del Centro Botín.

Esta muestra colectiva, que el 12 de noviembre inaugura su vigésimo sexta edición con los trabajos realizados por los becarios de la XXVI convocatoria de las Becas de Artes Plásticas, tiene como objetivo proporcionar mayor visibilidad a los artistas y sus proyectos.