Ciudadanos ha registrado este lunes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que busca favorecer la conciliación de los profesionales de la Justicia ya que, a su juicio, las «particulares circunstancias» en que desarrollan su actividad «requieren de una modificación de las normas procesales» para poder compaginar su vida profesional con la familiar y personal.

Una de estas propuestas pasa por incorporar al año judicial un periodo de vacaciones judiciales navideñas, desde el 23 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive, en el que los tribunales no desplieguen «más actuaciones que las correspondientes a la instrucción de asuntos penales que no puedan demorarse y a los demás asuntos expresamente declarados urgentes por las leyes procesales».

El partido que lidera Inés Arrimadas propone además ampliar, para cada uno de los órdenes jurisdiccionales, las causas que habilitan para la suspensión del proceso, para el aplazamiento de las vistas y para la no asistencia justificada a las mismas por alguna de las partes, a fin de garantizar el derecho a la conciliación familiar de los operadores que intervienen en el ámbito del proceso judicial.

Asimismo, la formación naranja aboga por ponderar adecuadamente el equilibrio entre la finalidad de conciliación de la vida profesional y familiar de los operadores jurídicos con la debida garantía del derecho a la tutela judicial efectiva de las partes litigantes.

LA CAPACIDAD PARAR CONCILIAR ES «MANIFIESTAMENTE» INSUFICIENTE

Por último, Cs conmina a la Cámara Baja a impulsar reformas legales con el fin de extender el ámbito de aplicación de las medidas propuestas a los supuestos en que, en el ejercicio de su profesión, intervenga un abogado o abogada en un procedimiento de arbitraje o en un procedimiento de mediación.

«Una sociedad liberal, moderna y avanzada, como legítimamente aspira a ser la española, ha de ser capaz de ofrecer a sus ciudadanos la posibilidad de desarrollar plenamente sus propios proyectos vitales, tanto a nivel profesional como personal y familiar, con las mayores facilidades», defiende el escrito presentado por la formación naranja.

En esta línea, Cs considera «manifiestamente insuficientes» las actuales previsiones legales para la conciliación y contenidas en las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal, al presentar un tratamiento fragmentario de la cuestión al no tomar en su debida consideración el encaje de los trabajadores en el proceso ni en los diversos órdenes jurisdiccionales.

«En definitiva, se trata de una regulación que no sólo no permite garantizar el derecho a la conciliación familiar que los profesionales de la Justicia tienen reconocido en su condición de trabajadores por cuenta propia, sino que, además, los sitúa en una evidente situación de desventaja frente a otros trabajadores», lamentan desde el partido.

Es por eso que, desde su punto de vista, «deben promoverse las oportunas reformas legales que faciliten la conciliación de la vida profesional y la familiar de los abogados y procuradores, sin olvidar y garantizando siempre y en todo caso, que no se lesione el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que asiste a las partes del proceso».

Un tribunal de jurado ha declarado al hombre identificado como K.K., de 32 años y nacionalidad mauritana, de haber acabado con la vida de su pareja en su vivienda de Roquetas de Mar (Almería) en septiembre de 2018 y haberse deshecho de su cuerpo, que apareció a los pocos días en una planta de gestión de residuos de Gádor.

El jurado ha declarado por unanimidad al acusado de un delito de homicidio tras la modificación del escrito de la Fiscalía, al que se han adherido el resto de las partes después de que el propio acusado reconociera los hechos en su declaración, por lo que se ha interesado que se le imponga una pena de 13 años de cárcel.

Así, los miembros del tribunal, que han negado la suspensión de condena y el indulto al procesado, han considerado probado conforme a la declaración del acusado, el testimonio de los investigadores y la prueba forense, que durante la madrugada del 25 de septiembre de 2018 el hombre se sirvió de un cable para causar la muerte a la mujer, quien falleció por asfixia.

El hombre reconoció que tras haber mantenido una «fuerte discusión» con su pareja A.B. en el domicilio familiar de Las 200 Viviendas, ella le anunció su intención de abandonar la relación, de modo que «como último acto de venganza y control sobre ella» y de forma «sorpresiva», la estranguló.

La madre de la víctima reconoció durante el primer día de juicio que su hija le había comentado que tenía intención de dejar la relación con el acusado, pero que este la tenía «controlada». Así, explicó que desde el momento de la desaparición de su hija tenía el «presentimiento» de que había ocurrido algo con su pareja, de modo que, según ha explicado, el hombre le «mintió» al decirle que se había ido a diferentes sitios de Almería o incluso a Francia.

La testigo detalló que el acusado le dijo que había localizado a la joven en Murcia y que iba a ir a por ella. Ese mismo día –nueve jornadas después del crimen– el sospechoso fue detenido cuando intentaba huir a su país de origen a través de un vuelo a Marruecos que pretendía tomar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Fue en la propia T4, tras alcanzar la zona de embarque, donde fue detenido por la Guardia Civil.

Para entonces, el cadáver de la mujer ya había sido encontrado, aunque en muy malas condiciones, en la planta de basura de Gádor, a unos 70 kilómetros de donde había sido arrojado por el acusado según la versión policial, que sostuvo que la misma noche de crimen el hombre se deshizo del cuerpo en un contenedor de basura tras haberlo transportado en su coche hasta una zona diseminada del Poniente almeriense.

El sospechoso ofreció a los investigadores distintas versiones orientadas a hacer creer que la mujer «se había ido de casa» y sobre su posible presencia en Murcia. De forma paralela, ocultó el lugar de residencia donde se produjo el crimen y se deshizo también del vehículo que había empleado para transportar el cuerpo hasta un contenedor.

El detenido habría tratado de obtener un «salvoconducto» de la Embajada de Mauritania para permanecer en Marruecos, toda vez que se había hecho con un billete de avión como parte de su plan de huida. Por su parte, la víctima tenía cuatro hijos de 7, 8, 11 y 14 años de otra relación en la fecha de los hechos, actualmente a cargo de la abuela materna.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque puede quedar registrado en ciertos terminales. El servicio 016 ha incorporado un servicio permanente de WhatsApp al número 600000016 y el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla prevé celebrar los días 8 y 11 de este mes un juicio, contra un varón acusado de intentar asesinar a su esposa apuñalándola con un cuchillo y estrangulándola en la cocina de la vivienda familiar.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos habrían acontecido el pasado 20 de marzo en la calle Torreblanca, en el sector norte del casco histórico de Sevilla capital, y el acusado es Carlos Eduardo S.V., sin antecedentes penales.

Allí, en su domicilio familiar, el acusado habría «abordado por detrás» a su esposa en la cocina de la vivienda, apuñalándola presuntamente con un cuchillo para después arrojarla al suelo y ponerse sobre ella, asifxiándola apretando su cuello entre las manos, siempre supuestamente.

La mujer habría intentado repeler la agresión, mordiendo un dedo pulgar del encartado, que habría respondido apuñalando a la mujer de nuevo, esta vez en el cuello, al tiempo que seguía intentando asfixiarla, sufriendo la víctima un «sangrado masivo» y en suma «peligro de muerte, ya que las heridas afectaron a zonas vitales».

La Fiscalía detalla además que a la fecha de los hechos, el encartado estaba «afectado» por el consumo de sustancias tóxicas y su «estado emocional dado el momento personal y general que estaba viviendo, por lo que su capacidad de obrar se encontraba afectada».

La Fiscalía achaca al encartado un supuesto delito de asesinato en grado de tentativa en concurso con un delito de lesiones, con la agravante de parentesco y la circunstancia eximente incompleta de su estado de afección, reclamando para él nueve años de cárcel y 20 años de prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella.

El Papa ha dicho que la pobreza material es una «condición criminal» que deben combatir «sin tregua» todos los actores sociales, tanto gobiernos como empresas y advertido de que para un cristiano es una «herida abierta del cuerpo de Cristo».

«Las situaciones de pobreza, como verse privado de lo necesario para vivir, son condiciones criminales que en estricta justicia deben ser denunciadas y combatidas sin tregua», ha asegurado Francisco.

El Pontífice ha instado de este modo a oponerse a la cultura de la indiferencia al asegurar que «es un deber ayudar a los pobres». «Todos, según su responsabilidad, y en particular los gobiernos, las empresas multinacionales y nacionales, la sociedad civil y las comunidades religiosas, deben hacerlo. Son las peores degradaciones de la dignidad humana y, para un cristiano, las heridas abiertas del cuerpo de Cristo que grita desde su cruz: ‘Tengo sed'», ha asegurado

En una carta enviada a la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, en el marco de la celebración del encuentro ‘Cáritas, la amistad social y el fin de la pobreza. Ciencias y ética de la felicidad’, el Papa se ha referido a las bienaventuranzas como la «llave de la felicidad» de cualquier persona.

Así, las ha contrapuesto al «paradigma imperante» en la sociedad «que confunde la utilidad con la felicidad» y «pasarlo bien con vivir bien», y que además «pretende volverse el único criterio válido de discernimiento».

El Papa ha señalado así que «el espíritu de pobreza» es aquel punto de inflexión que abre «el camino hacia la felicidad mediante un giro completo».

En este sentido, ha revindicado la pobreza de espíritu que se refiere a aquellas personas «que socorren al enfermo y al pobre con alimentos, salud, refugio, vestimentas y otras necesidades básicas». «Es un deber, por tanto, ayudar a los pobres, pues para Jesús todos serán medidos según lo que hayan hecho para ayudar a sus hermanos necesitados», ha recalcado.

Por otro lado, el Papa ha donado en total 112.000 euros (125.000 dólares) a Sudán del Sur y Grecia, dos países que se han visto afectados por distintas catástrofes, para mostrar su «cercanía espiritual» con un «paternal aliento» hacia las personas y territorios afectados, según ha informado el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

En concreto, el Pontífice ha enviado 67.000 euros (75.000 dólares) a Sudán del Sur, que en agosto se vio afectado por fuertes lluvias e inundaciones que provocaron que más de 12.000 personas tuvieran que ser desalojadas de sus casas, con unas 6.000 viviendas dañadas o destruidas, además de considerables daños materiales, especialmente en la agricultura, una de las principales actividades de la población.

Además, Francisco ha enviado otros 44.785 euros (50.000 dólares) a Grecia para apoyar a la población que, desde el pasado mes de agosto, ha sufrido graves pérdidas debido a los incendios que se produjeron en la isla de Evia, en la península del Ática y en la región del Peloponeso, destruyendo más de 100.000 hectáreas de tierra, campos y cultivos. Según el comunicado emitido por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, esta suma se destinará a actividades promovidas por Cáritas Hellas en la región.

Activistas de Greenpeace han reclamado a los líderes mundiales que se comprometan a proteger el 30 por ciento de los océanos de aquí a 2030 y acciones valientes para proteger la Antártida.

Con motivo de la conmemoración del 30 aniversario del Protocolo de Madrid del Tratado Antártico activistas de Greenpeace han circulado en bicicleta con remolques-pancarta, acompañando a los coches oficiales de los representantes políticos a su llegada al Museo Arqueológico Nacional, en las pancartas, los representantes políticos podían leer en castellano y en inglés: «Dejad las excusas y salvad los océanos ya» o «¡Necesitamos nuestros océanos y nuestros océanos os necesitan, actuad ya!» junto a imágenes de la Antártida y su biodiversidad.

La ONG denuncia que tres décadas después de la protección de la Antártida, menos del 3 por ciento de todos los océanos están protegidos y menos del 1 por ciento lo están adecuadamente.

Así, rememora que el Protocolo Antártico sobre la protección del medio ambiente supuso un hito diplomático sin precedentes con la moratoria de la explotación minera y petrolífera del continente.

Con motivo de la efeméride, Greenpeace reclama a los gobiernos que asisten este lunes al acto que se comprometan a proteger «totalmente» al menos el 30 por ciento del océano para 2030″ y a destinar recursos diplomáticos, al más alto nivel, para finalizar las negociaciones para un Tratado Global de los Océanos sólido en la próxima conferencia de la ONU, prevista en marzo de 2022.

La que fuera responsable de la campaña global para la protección de la Antártida de Greenpeace España cuando se firmó el Protocolo de Madrid en 1991, María Luisa Toribio, ha destacado que la campaña para la protección de la Antártida demostró que es posible lograr acuerdos ambiciosos.

«Los gobiernos supieron escuchar y hacer realidad lo que pocos años antes parecía inalcanzable. Espero que las y los líderes de hoy estén a la altura, que escuchen a la ciudadanía y a la ciencia, y tengan la audacia de poner la protección de los océanos por delante de la explotación de los recursos naturales», ha apelado.

Por su parte, la responsable de la campaña de océanos de Greenpeace, Pilar Marcos, ha explicado que la pandemia COVID ha retrasado la última ronda de negociaciones del Tratado Global de los Océanos que supondría la protección de la alta mar. «Este proceso se inició en el año 2002 y que dada la emergencia ambiental en la que estamos inmersos no puede retrasarse más», ha declarado.

Para Marcos, ha llegado el momento de poner las palabras en práctica y que la UE encabece las negociaciones en Naciones Unidas para garantizar un Tratado sólido que regule las actividades en alta mar y que prime la protección en el 70% del planeta «que es tierra de nadie».

La ONG reclama a nivel internacional que se instaure un mecanismo global para establecer una red de santuarios oceánicos bien gestionados en los océanos globales, y permitir así a la comunidad internacional cumplir con el objetivo 30-30 de acuerdo con las recomendaciones científicas y los crecientes compromisos políticos.

Además, en su petición insta a que el Tratado Antártico «como Constitución de los océanos similar a los Acuerdos del Clima’, disponga de mecanismos «efectivos» de toma de decisiones que impidan que algunos países bloqueen o retrasen decisiones, como ha pasado con la creación de Áreas Marinas Protegidas en el Ártico o la Antártida.

Así, insiste en la necesidad de regular actividades como la pesca o la extracción de minerales, para gestionar las múltiples presiones a la que se enfrentan las aguas internacionales.

En cuanto a España, Greenpeace pide que siga liderando la protección íntegra de las aguas internacionales y que exija la regulación total de las actividades más perjudiciales, como la pesca industrial de alta mar o la minería submarina.

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de cuatro asociaciones de jueces contra la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó el conflicto colectivo que plantearon contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y 11 comunidades autónomas, al considerar que el CGPJ había incumplido su obligación de regular la carga de trabajo de jueces y juezas a efectos de salud laboral.

Este lunes se ha dado a conocer la sentencia de 55 folios, emitida el pasado 29 de septiembre. En la resolución, que cuenta con el voto particular del magistrado Ángel Blasco Pellicer, el Alto Tribunal ha acordado devolver las actuaciones a la Audiencia Nacional.

Los magistrados han respondido así al recurso interpuesto por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI).

REGULACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO

Las cuatro asociaciones judiciales pedían en un principio a la Audiencia Nacional que dictara sentencia por la que se declarase que el Consejo General del Poder Judicial incumplió su «obligación», documentada en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial 2015-2016, de «regular la carga de trabajo de jueces/zas y magistrados/as a efectos de salud laboral».

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, sin embargo, estimó la «excepción de inadecuación de procedimiento» alegada por el CGPJ y absolvió tanto al Consejo, como al Ministerio y a las comunidades autónomas demandadas.

El CGPJ insistió en que no se trataba de un conflicto jurídico, «puesto que no existe norma legal, ni convencional, ni práctica de empresa, cuya interpretación y/o aplicación viabilice la acción, en tanto en cuanto el único reproche efectuado es la supuesta inactividad del CGPJ en materia de carga de trabajo a efectos de salud laboral».

SÍ ES UN CONFLICTO COLECTIVO

La sentencia recurrida, sin entrar a conocer del fondo del asunto, aceptó el argumento del órgano de gobierno de los jueces al entender que el conflicto colectivo no era el cauce adecuado para dirimir el objeto del litigio. A su juicio, debería de haberse sustanciado por el procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia social.

Ante esta resolución de la Audiencia Nacional, las cuatro asociaciones de jueces presentaron recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que finalmente les ha dado la razón. «En el presente caso, ha de estimarse que es procedimiento idóneo el de conflicto colectivo», ha concluido el Alto Tribunal.

EL CGPJ, COMO EMPRESARIO

«Resulta trascendente a los efectos discutidos, señalar que el CGPJ al elaborar, aprobar y asumir el referido plan de prevención, cuyo cumplimiento se exige por las Asociaciones judiciales demandantes, no está actuado como una Administración pública en el ejercicio de sus potestades y funciones, sino que realmente actúa a modo de ‘empresario’, al que afectan las obligaciones contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, entendiendo el concepto ‘empresario’ en el caso, como garante de seguridad frente a los riesgos laborales de jueces y magistrados», ha precisado el Supremo.

La Audiencia Nacional, la primera vez que examinó esta demanda, dictaminó la falta de competencia del orden jurisdiccional social, lo que fue corregido por el Supremo en una primera sentencia sobre este asunto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude este miércoles a la cumbre de la UE con los Balcanes celebrada en Eslovenia que juntará a los líderes europeos con sus homólogos balcánicos, incluido Kosovo, en una cita en la que aprovechará para llevar ante los socios comunitarios la escalada del precio de la electricidad.

Sánchez será el primer líder del Ejecutivo que se siente en una cumbre presencial frente a un dirigente de Kosovo, al que España no reconoce su independencia proclamada de forma unilateral de Serbia. Mariano Rajoy abandonó una cumbre similar en Bulgaria en 2018 para evitar el encuentro con el líder kosovar en plena crisis catalana, mientras que la anterior cita con los Balcanes en 2020 se celebró por videoconferencia por la expansión del coronavirus.

España da por superada esa situación, después de apoyar el diálogo entre Serbia y Kosovo, con el que la UE aspira a la normalización de las relaciones, y de que se hayan producido hasta choques deportivos, como partidos de fútbol en el marco de la clasificación para el Mundial de Qatar de 2022. Por ello exhibe mayor pragmatismo y defiende que su participación en la cumbre UE-Balcanes no implica reconocimiento oficial.

Eso sí, en la cita de Eslovenia se suprimirán las banderas y símbolos nacionales y tampoco se hará alusión al cargo de primer ministro de Albin Kurti, para no interferir con la política de no reconocimiento de España, Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia. En Madrid muestran su satisfacción con la sensibilidad con la que el país anfitrión ha tratado el tema y se espera se garantice la misma neutralidad que se logró en la anterior cita por videoconferencia que organizó Croacia.

Tras la reunión con Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Montenegro y Kosovo se espera una declaración conjunta de los Veintisiete que marque la línea a seguir con los retos compartidos en la región, que el bloque europeo considera fundamental por cuestiones geopolíticas y para la estabilidad de su vecindario. A esta hora la discusión en el seno de la UE se centra en cómo referirse a la aspiración comunitaria de los países Balcánicos y si debe haber mención explícita a la adhesión de los países balcánicos, la mayoría candidatos a ingresar en el bloque.

SÁNCHEZ LLEVARÁ EL PRECIO DE LA LUZ

Para el martes, está prevista una cena informal del Consejo Europeo en la que Sánchez pondrá sobre la mesa de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE el auge de los precios de la energía. Fuentes oficiales aseguran que se espera que otros líderes se sumen a Sánchez y hagan mención a esta cuestión cuando se discuta sobre la autonomía estratégica del bloque.

En todo caso, la escalada de precios será uno de los asuntos que centre la atención en la próxima cumbre ordinaria de finales de mes en Bruselas. La Comisión Europea ha prometido para entonces un documento con orientaciones para que los Estados miembros puedan responder a la situación pero siempre respetando la normativa actual, por lo que descarta en el corto plazo reformas de calado como las que plantea el Gobierno español.

Una vez acabe la cumbre en Eslovenia, Sánchez aprovechará para desplazarse a la vecina Croacia, en una visita oficial de tan solo unas horas, pero que servirá para entrevistarse con el presidente croata, Zoran Milanovic, y el primer ministro, Andrej Plenkovic. Se trata del primer viaje de un presidente español al país balcánico.

La portavoz del Comité Organizador del 40º Congreso Federal del PSOE, Eva Granados, ha querido dejar claro este lunes que el ex edil socialista Antonio Miguel Carmona, nombrado ahora vicepresidente de Iberdrola, es solo «un militante de base» que «hace tiempo» que no representa ni al partido ni a su militancia, y que «nunca ha representando a la dirección actual».

«Él sabrá lo que hace, a nosotros no nos ha consultado y creemos que no es una buena decisión. La interlocución con las eléctricas, en un momento en que el Gobierno está haciendo una acción decidida para la rebaja de la factura eléctrica la tiene el Gobierno, y no el señor Carmona», ha afirmado la nueva portavoz del PSOE en el Senado.

Granados ha vuelto a mostrar así el descontento del partido por esta decisión, tal y como ya hizo este domingo el secretario de Organización, Santos Cerdán, y ha insistido en que la dirección «no sabía nada» al respecto ni fue consultada por Carmona.

«Si nos hubiera preguntado, le hubiéramos dicho que no. El Gobierno ya tiene una interlocución fluida con las eléctricas antes, durante y después de su nombramiento», ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz para dar cuenta de los preparativos del 40 Congreso que se celebrará en Valencia a partir del 15 de octubre.

Sobre el futuro de Carmona en el partido, Granados ha reconocido que desconoce si los estatutos del PSOE reflejan algún tipo de mecanismo que obligaría al ex edil a darse de baja como militante, ni tampoco ha respondido a la pregunta de si la dirección prevé iniciar algún tipo de procedimiento sancionador o de expulsión.

Tampoco ha respondido a la preguntada sobre si se plantean reformar los estatutos para impedir que esto siga pasando, y sobre por qué esté caso ha generado tanto malestar, cuando no es el primer exidirigente socialista que ficha por una compañía eléctrica.

«NO ES NINGÚN TIPO DE INTERLOCUCIÓN DE NADA»

Granados se ha centrado, de este modo, en dejar claro que, aunque no tienen nada en contra ni de Iberdrola ni de Carmona, se trata de un fichaje que no les ha gustado, y del que no tenían conocimiento, pero que no afecta al PSOE, porque se trata de una decisión individual del ex edil, sin representación en el partido.

«Militantes del PSOE hay muchísimos, sus decisiones son a título individual, no representan a esta casa, a la dirección actual y no es ningún tipo de interlocución de nada. Si nos hubiera preguntando, le hubiéramos dicho que no. Es su decisión individual, que ahí se queda», ha remarcado.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha expresado su deseo de que a partir del 9 d’Octubre decaigan el mayor número de restricciones posibles en la Comunitat Valenciana.

Así se ha pronunciado Puig en declaraciones a los medios tras la entrega de los Premios Turisme, donde ha indicado que la Generalitat está analizando la situación epidemiológica con el objetivo de que el Día de la Comunitat Valenciana «se supere una frontera de restricciones y se acelere la normalización».

Preguntado sobre la obligatoriedad de la mascarilla, Puig ha indicado que se aplicará la decisión que tome el Consejo Interterritorial. «Es cómo se ha hecho la gestión en la Comunitat Valenciana, otras han decidido ir por su cuenta. No adoptar medidas ha tenido consecuencias», ha agregado.

Puig también ha explicado posteriormente en un acto en Castelló que, a partir del 9 d’Octubre habrá una «normalidad mejorada», y ha subrayado que decaerán todas aquellas medidas que no sea «estrictamente necesario». No obstante, para decidir, se está a la espera de los informes de Salud Pública y de los epidemiólogos, y -ha dicho-, en función de ellos, se decidirá, «pero la voluntad es que caigan todas las medidas no estrictamente necesarias», ha insistido.

PASAPORTE COVID

Preguntado por la posibilidad de que se pueda implantar el pasaporte Covid, el jefe del Consell ha señalado que existen dificultades desde el punto de vista legal para la aplicación del certificado Covid para la entrada en algunos eventos.

No obstante, ha indicado que «está claro que puede ser un instrumento que facilite la normalización». Al respecto ha apuntado que se están manteniendo reuniones con los sectores que pueden estar más afectados, como los festivales y el ocio nocturno. «Queremos que la normalidad llegue a los festivales a los grandes eventos deportivos y musicales, y queremos que sea lo más rapidamente posible, y por eso el certificado Covid es garantía de que aquellas personas que van a un lugar donde hay mucho contacto sepan que es seguro», ha añadido.

Según Puig, la vacunación ha sido el «gran activo» que ha permitido llegar a la normlaización, y ha explicado que «lo que hace falta es que ese porcentaje de personas que no se han vacunado -alrededor del 10 por ciento- tomen una decisión positiva para ellos y para toda la sociedad».

«Si en esta ola de la pandemia no hubiera habido el gran activo de la vacunación, hubiera sido la peor porque la variante delta ha sido mucho más contagiosa que las otras, por tanto la vacuna funciona y creo que no es razonable estar en una posición negacionista porque se pone en peligro su vida y la de los demás», ha concluido.

La portavoz del Comité Organizador del 40º Congreso Federal del PSOE, Eva Granados, ha sentenciado este lunes que lo único que ha conseguido el líder del PP, Pablo Casado, con la Convención que ha celebrado es reafirmar a su formación como la «derecha carca escorada en la ultraderecha», que dice «no a todo» y que ha renunciado a ser un partido de Estado «para acercarse a Vox».

«No hemos escuchado debatir de ideas, no hemos visto discursos, ha sido evidente que Casado ha montado una convención de apoyo a su persona, y si ese era el objetivo, tampoco le ha salido bien», ha asegurado Granados, en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del PSOE de la calle Ferraz para dar cuenta de los preparativos del próximo Congreso Federal de su partido.

Precisamente la dirigente socialista ha aprovechado sus críticas al PP para garantizar que ese cónclave del PSOE de mediados de octubre, que también se celebrará en Valencia, irá «en el sentido contrario» de lo que se escuchó en la Plaza de Toros de la capital valenciana, y estará centrado en «la buena política», que atiende a los «problemas de verdad» y «no habla mal de nadie», y huye de la «crispación».

Preguntada sobre si al PSOE le preocupa la gran afluencia a ese mitin del líder del PP en la Plaza de Toros de Valencia, con una asistencia de más de 9.000 personas, Granados ha dejado claro que, a su juicio, «el proyecto de Casado no llega a ningún sitio».

Según Granados, en la Convención del PP «han hablado mucho, pero han callado más», porque «se alimentan de la polémica y de las declaraciones ruidosas para hacer una cortina de humo que oculte su corrupción y su falta de propuestas de avance social».

«Solo tienen propuestas de regresión social, están en contra de todo lo que suponga un refuerzo al Estado del Bienestar. Incluso sus invitados les han puesto delante del espejo», ha apostillado, mencionando algunas de las polémicas que se han vivido durante la Convención itinerante del PP, como la ponente que reprochó la falta de mujeres en los coloquios organizados por el partido de Casado.

UN PP «EN CONTRA DE TODO»

En este sentido, la nueva portavoz del PSOE en el Senado ha criticado que el PP que sale de esa Convención sigue «en contra de todo» y «rechaza ser partido de Gobierno y de Estado», porque, entre otras cosas, siguen negándose a renovar los órganos constitucionales caducados, tal y como ha criticado Granados.

«En esa Convención sigue un PP que sigue menguando, que sigue radicalizándose y alejándose de las preocupaciones reales de las personas», ha asegurado. «Levantan polémicas inexistentes, y eso ya lo sabemos, porque es la práctica de Vox, adoptada ahora por el PP», ha enfatizado después.

En esta línea, ha asegurado que sus esperanzas para gobernar están puestas «en que el Gobierno cometa errores, que perjudicarían al conjunto de los españoles». «Menos contar con Vox, y más pensar en el bien común de los españoles», ha recomendado Granados.

CONGRESO DEL PSOE

En cuanto al 40º Congreso Federal que el PSOE celebrará en Valencia entre el 15 y el 17 de octubre, Granados ha informado de que se han presentado 10.500 enmiendas a la ponencia marco elaborada por la dirección, que ahora se llevarán a debate en ese cónclave y «enriquecerán» el texto original.

Asimismo, ha anunciado que participarán 1.082 delegados, de los cuales 530 son mujeres y 532, hombres, es decir «la misma representación», lo que garantiza, a su juicio, que será un congreso que «represente a la sociedad española».

La «plena igualdad» entre hombres y mujeres será precisamente uno de los ejes principales de ese congreso, junto a la necesidad de fortalecer el escudo social; crear más empleo de calidad; transformar la economía para hacerla «más robusta y más justa»; y avanzar en la transición ecológica, tal y como ha recordado la portavoz.

Además será clave, según Granados, la «cohesión social y territorial». «No hay progreso sin cohesión social y territorial, garantizar seguridad a todos, vivan donde vivan, eliminar la desigualdad es la primera prioridad del PSOE», ha ahondado.

El vicesecretario de Comunicación del PP, ha echado en cara al PSOE que «vuelva a la matraca» de que Pablo Casado es «radical» y «malísimo» y lo ha achacado a que está «nervioso» porque la «imponente» fotografía de la Convención Nacional del PP que concluyó este domingo en Valencia. Según ha añadido, son el PP «de siempre».

De esta forma ha respondido a la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, quien ha afirmado que el PP ha «renunciado a ser un partido de Estado para acercarse a Vox» y que están «menguando y radicalizándose». «Tenemos una derecha carca y que dice que no a todo lo que suponga una mejora para la vida de las personas», ha apostillado la dirigente socialista.

Ante esas palabras, Montesinos ha indicado que los socialistas están «muy nerviosos porque la fotografía de este domingo», con una plaza de toros con más de 9.000 personas, «fue imponente y ellos no la podrían conseguir».

«Estamos ante el PP de siempre, un PP que quiere puertas anchas para que venga desde el votante socialista descontento, ése que ya no quiere a Pedro Sánchez, hasta todo el votante de centroderecha», ha declarado en una entrevista en la Sexta.

«LOS ESPAÑOLES TIENEN CLARO QUIÉN ES EL RADICAL»

Por eso, Montesinos ha criticado que el PSOE «vuelva a la matraca» de que el PP es «radical» o «malísimo» cuando es Pedro Sánchez el que «pacta con Bildu» y con «quienes quieren romper la unidad nacional», al tiempo que tiene «comunistas en el Consejo de Ministros».

«Creo que los españoles tienen muy claro quien es el radical y el radical se llama Pedro Sánchez», ha manifestado, para insistir que el discurso de cierre del líder del PP le «sonó al Pablo Casado de siempre y al PP de siempre».

Además, ha señalado que Casado lanzó un «mensaje muy claro y rotundo» de que el PP está «preparado» y que tienen al PP «unido». A su entender, ése es el «mejor antídoto y la mejor fórmula» para que Sánchez salga del Palacio de la Moncloa.

«Entiendo que los señores de La Moncloa están muy nerviosos y que también lo esté Pedro Sánchez porque creo que ya está haciendo las maletas porque sabe que en cuanto pulse el botón rojo de las elecciones ni el CIS le va a salvar y tendrá que marcharse», ha declarado.

Montesinos ha indicado que el cambio político en España es «más necesario que nunca» y ha añadido que ése es el mensaje que han trasladado los líderes nacionales e internacionales que han pasado por la Convención Nacional del partido.

EL PP LLEVARÁ AHORA A LAS PROVINCIAS EL MENSAJE DE LA CONVENCIÓN

A partir de este momento, los vicesecretarios del partido se recorrerán España hasta diciembre para explicar el contenido de la Convención Nacional y seguir ensanchando el partido, según han informado fuentes del partido.

En ‘Génova’ hablan de que el cónclave ha supuesto «un chute de energía» y que sale un partido «más unido y más fuerte en torno a la figura de Casado, en busca de aglutinar a todo el votante de centroderecha y también al votante socialista descontento».

El PP ha recalcado que el plan de reformas esbozado por Casado en Valencia es el que «necesita España» y esta semana los parlamentarios del Grupo Popular darán ruedas de prensa en sus respectivas circunscripciones para acercar la convención a sus vecinos, han añadido las mismas fuentes.

El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Bartolomé de Tirajana –en calidad de antiguo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción– ha acordado prorrogar durante seis meses la investigación por la desaparición de Yéremi Vargas el 10 de marzo de 2007 en Vecindario.

El magistrado instructor ya acordó el pasado 2 de septiembre reaperturar las diligencias previas archivadas provisionalmente en octubre de 2017 en respuesta a una petición formulada en tal sentido por la acusación particular, personada en el caso en nombre de los padres de Yéremi, que tenía siete años la última vez que fue visto.

Ahora, tras recabar informe favorable del Ministerio Fiscal a la reapertura de la investigación, la autoridad judicial dispone la prórroga de la investigación durante seis meses –susceptibles de nueva prórroga– y se pronuncia sobre la batería de pruebas propuestas por la dirección legal de la familia del desaparecido, admitiendo unas y rechazando otras.

Entre las pruebas que se deniegan está la toma de declaración en calidad de testigo de la persona que entre 2015 y hasta el archivo provisional de la causa en 2017 figuraba como único investigado como presunto responsable de la desaparición de Yéremi Vargas, Antonio Ojeda, conocido como ‘El Rubio’.

«No cabe proponer la declaración como testigo de aquella persona contra quien se dirige la acusación», expone el magistrado instructor en el auto.

«En su caso», añade, «su declaración habría de ser como investigado, y lo habría de ser en el momento en el que existan pruebas o indicios suficientes para dirigir la investigación contra esta persona».

La autoridad judicial explica en el auto, hecho público este lunes, que admitir su declaración como testigo «sería amparar un entendimiento incorrecto, inadecuado y hasta fraudulento de las figuras procesales del testigo y el investigado», además de colocar «en un riesgo evidente» la actividad instructora que pudiese finalmente dirigirse contra Ojeda, obligándole a decir la verdad como testigo, cuando a la vez se sostiene que «es la única persona a investigar» y toda la prueba que se propone va dirigida a su imputación.

«Debe valorarse también», destaca el juez, «que no existe un autor conocido de los hechos investigados» y ahora mismo no hay «ninguna razón de ciencia y conocimiento de hechos o de personas relacionadas con los hechos» que motive su declaración como testigo en el estado en que se encuentran las actuaciones.

En el auto con el que el juez acordó el archivo provisional de las actuaciones el 27 de octubre de 2017, éste llegaba a la conclusión de que no había «medios de prueba, siquiera indiciarios» que «de un modo objetivo y razonable permitan dirigir la causa contra una persona o personas determinadas», y este criterio se mantiene vigente.

La resolución judicial sí admite la práctica de otras pruebas interesadas por la acusación particular, como la recuperación de la entrevista que una cadena de televisión le hizo al anterior investigado en marzo de 2015, la remisión al Juzgado de la historia clínica de Yéremi obrante en el Servicio Canario de Salud o la nueva toma de declaración de la madre del desaparecido.

La exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha afirmado este lunes, en sede judicial, que la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España el pasado 18 de abril fue legal. «Todo se ha hecho conforme a la Ley», ha dicho.

González Laya ha llegado al Edificio Fueros de Aragón de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza a las 12.59 horas acompañada por una letrada de la Abogacía del Estado, y ha entrado en la Sala 10, para declarar como investigada ante el juez Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital aragonesa, que instruye el caso.

Tras prestar declaración durante una hora, la exministra ha indicado a los medios de comunicación que su intención es aportar todas las explicaciones que puedan ayudar a que el juez llegue pronto a la conclusión que ha guiado siempre su actuación, en este caso, de que todo se ha hecho «conforme a la Ley», lo que espera que Lasala «haga pronto.

«Es, un poco, el espíritu con el que he querido comparecer», ha continuado González Laya, quien ha insistido: «La entrada –de Ghali– se hizo, desde mi punto de vista, de acuerdo con la Ley». Ha dejado clara su intención de actuar con «transparencia» y «con mucha tranquilidad».

NO RESPONDE A LAS ACUSACIONES

También han acudido a la sala de vistas los abogados de las acusaciones popular y particular. Un letrado ha indicado a los medios que González Laya se ha negado a contestar a las preguntas de las acusaciones –respondiendo a las del juez, de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal–, acogiéndose a la Ley de Secretos Oficiales y a un Acuerdo del Consejo de Ministros de 2010, también sobre secretos oficiales, «tan secreto que no es público» y que «utilizan todos los Gobiernos pero nadie lo conoce».

Antes de comparecer la ministra lo ha hecho, como testigo, el exsecretario general técnico de Asuntos Exteriores, José María Muriel Palomino, durante unos 20 minutos, sin comentar nada a los medios posteriormente. El pasado mes de septiembre declaró, también en este caso, el exjefe de Gabinete de la exministra, Camilo Villarino, en calidad de investigado.

Las acusaciones han pedido incluir en el procedimiento las testificales de la exvicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, y su directora de Gabinete, María Isabel Valldecabres, así como a la jefa de Gabinete del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, Susana Crisóstomo.

La acusación particular ha defendido la tesis de que González Laya coordinó «con otros Ministerios» la entrada del líder del Polisario en España, señalando en concreto al Ministerio del Interior.

Brahim Ghali entró en España en un avión procedente de Argelia que aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza el 18 de abril de 2021 para ser trasladado posteriormente en ambulancia a un hospital de Logroño (La Rioja), donde fue asistido de su infección de COVID-19, saliendo del país semanas más tarde por Pamplona (Navarra). El juez investiga si Ghali cruzó la frontera española con pasaporte falso.

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra Majem, ha destacado este lunes en el acto de apertura del curso académico 2021/2022 la vuelta a la «normalidad» y a la presencialidad tras la irrupción de la pandemia del coronavirus.

En su discurso, donde Serra Majem ha tenido un primer recuerdo para los ciudadanos de La Palma por el sufrimiento que está causando las consecuencias de la erupción volcánica, ha querido poner en valor el papel que juega la universidad en este tipo de situaciones –como ya ocurrió con el Covid-19– con personas que se encuentran asesorando al comité científico.

«Creo que ya durante la pandemia esta universidad demostró que tenía capacidad también para ayudar a las acciones de gobierno y ahora durante la crisis volcánica se está viendo claramente, tenemos diversas personas desplazadas, distintos proyectos de cooperación y de investigación, tenemos a una persona que está ejerciendo de portavoz en los medios, catedrático de nuestra universidad, por tanto, hay una presencia importante de la universidad y así es como tiene que ser», apostilló en declaraciones a los periodistas.

Por ello, durante su discurso ha reivindicado el papel de la universidad no solo como institución docente, sino como el «mayor agente de innovación, producción científica y tracción tecnológica» de las islas orientales.

En este sentido, ha señalado que las instituciones científicas están llamadas a ser un «elemento tractor de primera fila junto con los empresarios y otros agentes sociales en la creación de un nuevo tejido productivo basado en el conocimiento».

Asimismo ha subrayado que la búsqueda de la innovación «juega un papel importante» también en la apuesta por la sostenibilidad en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, algo por lo que indicó la ULPGC apuesta al igual que por alcanzar el «óptimo funcionamiento» de órganos como la Unidad de Igualdad, la Inspección o la Defensoría Universitaria. Serra Majem también dejó entrever el compromiso de la ULPGC con la modernización de la institución.

CONSCIENTE DE LOS PROBLEMAS

El rector también se refirió a los problemas que tiene la ULPGC, de los que dijo ser consciente y apuntó «no solo dependen de la financiación».

Entre los problemas citados se encuentra las plantillas envejecidas y, «en algunos casos, desmotivadas», la falta de técnicos en laboratorios y de administrativos, así como una «carga de gestión burocrática que les sustrae a todos de lo que deberían ser sus funciones principales».

Todo ello, entiende, debe hacerles reflexionar para resolverlo, de ahí que ha considerado que se tiene que buscar sinergias con la Universidad de La Laguna (ULL) manteniendo las «singularidades e intereses», así como «aceptando con lealtad las discrepancias», pero yendo juntos para «mejorar».

LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS

Serra Majem también ha hecho mención a las universidades privadas que, dijo, ocupan un espacio «significativo» en el mapa universitario español y que han experimentado un crecimiento en los últimos años. En este sentido, ha subrayado que «no» se debe consentir que los apoyos económicos, sociales y mediáticos que tienen se expresen desde la institución pública.

En concreto, se ha referido al nuevo grado de Medicina en Canarias que pretende impulsar una universidad privada –en la isla de Tenerife– «notoriamente apoyada por grupo de interés» y que, a su parecer, «no solamente perjudicaría a las universidades públicas, sino que crearía problemas de inequidad en el acceso al grado más demandado por los jóvenes», además de «presionar aún más los escasos» recursos disponibles para hacer prácticas o la atención de formadores cualificados.

Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha presidido el acto de apertura del curso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha destacado el inicio de este año académico apuntando que es «una magnífica» noticia porque implica «normalidad» en cuanto al derecho que tiene la persona a ser «instruida» y que los estamentos empiezan su funcionamiento ordinario.

Todo ello, añadió, tras una situación de pandemia, lo que ha afirmado anima de cara al futuro porque lo «importante» es ir consiguiendo «esa normalidad». Al respecto, ha apuntado que los datos son cada día «mejores» respecto a los del día anterior, de ahí que ha defendido que el mensaje debe ser «optimista».

Torres espera que este sea un año académico «importante» y aprovechó para agradecer a las universidades canarias su aportación a la ciencia, a la innovación y al conocimiento.

El Parlamento de Cantabria, con la única oposición del PSOE, ha instado al Gobierno regional a solicitar la dimisión de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, por la «cacicada» de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE).

No han sido una, sino dos, las iniciativas aprobadas en el Pleno de este lunes con esta misma petición, una presentada por el PP y otra, debatida a continuación, de Cs. Ambas han salido adelante con idéntico resultado: 28 votos a favor y 6 en contra.

Y es que a los votos de la oposición (PP, Cs y Vox) en ambos casos se han sumado el ‘sí’ de los regionalistas, que han dejado solo en este tema a su socio de Gobierno, el PSOE, rompiéndose así la habitual sintonía de voto que mantienen.

EL PRC CRITICA LA «POLÍTICA DE OÍDOS SORDOS» DE RIBERA

Los regionalistas han votado a favor y han criticado la «política de oídos sordos» mostrada, a su juicio, en este asunto por la ministra Ribera, apostando por una decisión (la inclusión del lobo en el LESPRE) para la que –insisten– «no hay razones ni científicas ni técnicas».

Así, el PRC ha insistido en pedir que el Gobierno de España «dé marcha atrás», algo que su diputado regional y senador autonómico, José Miguel Fernández Viadero, ve «prácticamente imposible».

«Pero lo vamos a intentar», ha afirmado el parlamentario, que considera que también el ministro de Agricultura, Luis Planas, debe «mojarse» en este asunto y, por ello, ha pedido su comparecencia (y la de Ribera) en la Cámara Alta.

Para el PRC, la medida adoptada, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de septiembre, es una «muestra más del desprecio» que siente Ribera por los pueblos de Cantabria y sus pobladores, siendo, mostrándose «insensible» a las «dificultades» que entraña el día a día en el medio rural de la comunidad.

«¿Así se quiere fijar y recuperar población en los pueblos? Es difícil, la verdad», ha apostillado el diputado del PRC y alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio, que también ha intervenido en el debate de este asunto en el Pleno.

«La posición que la señora Ribera mantiene en este asunto queremos creer que está motivada por el total desconocimiento de nuestro medio rural», ha afirmado Barrio, que ha censurado el «continuo postureo de consensos» de la ministra con grupos ecologistas «a costa del ninguneo de los habitantes del mundo rural».

Ha acusado a la ministra de, con su actitud, «despreciar» los acuerdos del Parlamento de Cantabria, de la Federación de Municipios de Cantabria, de colegios profesionales y de organizaciones agrarias nacionales.

«Estamos convencidos de que la ministra Ribera es una excepción en el Gobierno de España», ha matizado Barrio, que ha censurado que la titular del departamento para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, con sus decisiones, ha acabado con el «consenso» que había entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de gestión de la biodiversidad.

UNA «PÉSIMA IDEA» PARA EL PSOE

Por su parte, el PSOE ha votado en contra de estas iniciativas al incluir entre sus puntos la petición de cese de Ribera, una solicitud «inasumible» para los socialistas.

Su portavoz parlamentaria, Noelia Cobo, ha afirmado que su grupo «jamás» votará a favor de pedir el cese de una de «sus ministras».

Los socialistas han mostrado su disposición a votar a favor de las iniciativas si de ellas se suprimía la petición de cese de la ministra, algo que los proponentes no han aceptado, con lo que el PSOE ha votado en contra.

El grupo socialista considera una «pésima idea» que el Gobierno de Cantabria pida el cese de la persona con la que se va a tener que sentar a «negociar» o intentar «convencer» sobre este y otros temas.

«No es una buena estrategia», ha advertido Cobo, que además considera que dicho cese no se va a producir. «¿Usted cree que (la solicitud de cese de la ministra) puede traer algo bueno a Cantabria?», ha preguntado la portavoz socialista al diputado popular Pedro Gómez.

Además, Cobo ve «malintencionadas» este tipo de peticiones que, según ha dicho, buscan «romper la unidad de acción» que se había alcanzado en la Cámara sobre este tema.

Y es que, en el Parlamento, se habían aprobado por consenso de los grupos varias iniciativas respecto al tema del lobo, aunque no todas. Así, en repetidas ocasiones todos los grupos se habían unido para expresar su rechazo a esta especial protección del lobo (salvo el socialista Javier García-Oliva).

Además, habían salido adelante iniciativas para instar al Gobierno a recurrir ante los tribunales la inclusión del lobo en el LESPRE y pedir la suspensión de la orden, algo que el Ejecutivo ya tiene en marcha.

Cobo ha asegurado que el PSOE de Cantabria está dispuesto a seguir trabajando por la «unidad y el consenso» en este tema, incluso más allá de las fronteras de la comunidad autónoma, centrado en «buscar soluciones» y «no perder el tiempo en buscar culpables».

Ha afirmado que los socialistas «no van a entrar en la grosera competición por abanderar» esta cuestión y erigirse como los «más ganaderos».

En contraposición, cree que algunos grupos parecen estar «más interesados por esta competición» que por solucionar el problema y hacerlo «entre todos».

El PSOE ha abogado por la convivencia del ganadero y el lobo, incidiendo para ello en la mejora de los planes de gestión de la especie, y ha apostado por solicitar al Gobierno de España una «moratoria» de la medida adoptada para favorecer el «diálogo» mientras se afronta la Estrategia Nacional de la Especie.

Por su parte, el PP había advertido al PRC que si votaba en contra de la iniciativa estaría poniendo al lobo por delante de los ganaderos.

«A su partido, el PRC, la alianza con Sánchez y Zuloaga le pesa más que los intereses de unos pocos», señaló antes de la votación el diputado del PP Pedro Gómez refiriéndose al presidente regional y líder de los regionalistas, Miguel Ángel Revilla.

Gómez ha advertido que ahora, con la orden ministerial que incluye al lobo en el LESPRE, los ganaderos van a estar «más vigilados» que lo que lo ha estado en todo este tiempo.

Por su parte, Cs ha tildado de «cacicada» la actuación del Ministerio a la hora de tomar su decisión de incluir al lobo en el LESPRE y ha considerado una «desvergüenza» la oposición del PSOE a su iniciativa, acusándole de ir «en contra de Cantabria y del medio rural».

Y Vox ha apoyado las iniciativas pese a considerar que quejarse de la ministra es «muy cómodo» pero «no sirve de nada» y ha censurado que desde el Gobierno de Cantabria «no se ha hecho nada» para buscar una solución al problema del lobo.

Además de la petición de dimisión de la ministra, las iniciativas aprobadas contenían más reivindicaciones.

En la del PP se instaba al Gobierno de Cantabria a solicitar al Gobierno de España que anule de manera inmediata la orden por la que se incluye al lobo en el LESPRE «por tratarse de una decisión enormemente lesiva, arbitraria e injusta, adoptada sin diálogo y desde la imposición, sin ningún respaldo técnico ni científico y con el único objetivo de contentar a colectivos animalistas».

Y en la de Cs, se pedía seguir aplicando en la comunidad, y en «su integridad», el Plan de Gestión del Lobo actual. Además, se llamaba al Gobierno a liderar «un frente común» con Castilla y León, Galicia y Asturias, y las organizaciones profesionales agrarias para revertir la inclusión del lobo en el LESPRE.

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha advertido de que, tras la transferencia de la gestión de Prisiones a Euskadi, su partido estará «vigilante» para que no haya otras ‘Lledoners’ para los presos de ETA por un «pacto entre Sánchez y Bildu». Además, ha acusado al presidente del PNV, Andoni Ortuzar de intentar «ridiculizar» la convención del PP porque hay «otro proyecto» ante «el pacto frentista» del que forma parte, junto al PSOE, EH Bildu y ERC.

En una entrevista en Onda Cero, Iturgaiz se ha referido a la advertencia del presidente del PP, Pablo Casado, de que recentralizará competencia de Prisiones si llega a la Moncloa. El dirigente de los populares vascos ha recordado que el PP vasco siempre ha reclamado que «todas las transferencias, cuando lleguen a las Comunidades Autónomas, cumplan con la ley y sirbvan para lo que tienen que servir».

En este sentido, ha aludido al «ejemplo» del centro penitenciario Lledoners, en el que permanecieron ingresados los presos independentistas del ‘procés’.

«Esa tranferencia de prisiones sirvió para que los golpistas catalanes tuvieran unos privilegios, unas prebendas que no tenían otros presos de Cataluña. Nosotros no queremos que haya un Lledoners bis en el País Vasco, no queremos prisiones de resort y de lujo para los criminales de ETA», ha señalado.

Carlos Iturgaiz ha expresado su temor de que «en los pactos que el señor Sánchez tiene con Bildu», al igual que «ha habido acercamiento de presos, al igual que hay ese acuerdo con los presos de ETA, haya un acuerdo para tenerlos en las prisiones vascas en unas condiciones diferentes, con prebendas». «Por eso, vamos a estar muy vigilantes al respecto», ha avisado.

El presidente del PP vasco ha admitido que es ‘muy defensor del Estatuto de Gernika’ y el PP «siempre ha dicho que el Estatuto se tiene que completar».

«Nosotros, el Estatuto de Gernika sí, pero cuando las transferencias llegan , hay que hacer un seguimiento de esas transferencias y somos los primeros que vamos a estar vigilantes para que esa transferencia sea lo que tiene que ser y no lo que quieren los nacionalistas y Bildu. No vamos a permitir que haya Lledoners bis en el País Vasco y que las prisiones sean resorts para los criminales de ETA», ha insistido.

Además, ha advertido que la competencia de prisiones no debe servir para debatir «si queremos marmitako o cocidito madrileño para los presos», sino que tienen que ser una transferencia «normal», de forma que todos los reclusos «tengan unos planteamientos que se cumplan en la ley de prisiones».

CONVENCIÓN

Respecto a la convención popular, Iturgaiz ha defendido que el presidente del PP, Pablo Casado, «salió por la puerta grande» de la Plaza de Toros Valencia, en la que se celebró la convención del partido. «Todas las expectativas se cumplieron y fue más», ha añadido. A su juicio, el partido ha vuelto de Valencia «muy unido, muy fuerte». «El partido es, en estos momento, una roca», ha señalado.

El líder de los populares vascos, ha asegurado que, tras escuchar a «algunos analistas que trataban de ridiculizar a la convención del PP», como «el señor Ortuzar», que ha utilizado términos como «España cañí» para referirse al encuentro «intentando ridiculizar la convención».

«Me imagino que lo hará porque ha visto la fortaleza del PP, una marea azul, una marea de cambio (…) Yo nunca haría lo mismo con los Alderdi Eguna, que podríamos hacerlo. Hoy, el señor Ortuzar se ha puesto la careta del Club de la Comedia, para venir a intentar ridiculizar», ha dicho.

A su juicio, Ortuzar actúa de esta forma porque ha visto que «ante el pacto frentista de Sánchez» en el que está el PNV, ERC y EH Bildu, «hay otro planteamiento, otro proyecto, que es el del PP, que no es estar ni con Vox más cerca ni más lejos».

«Esta convención ha vuelto a abrir las puertas a todos esos ciudadanos conservadores, liberales, socialdemócratas, que saben que dentro del partido PP van a estar muy cómodos porque tenemos un proyecto para salvar a España de la ruina en la que nos está metiendo el señor Sánchez, a nivel nacional e internacional», ha dicho.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, viaja esta tarde a París para reunirse con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, con Afganistán, el Sahel y el Magreb entre los temas a tratar, según han informado fuentes diplomáticas.

La visita relámpago de Albares a la capital gala se producirá apenas 24 horas antes de su viaje ya adelantado la semana pasada por su departamento para asistir a una reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Entre los temas a tratar por los dos ministros, además de las relaciones bilaterales entre España y Francia, figuran la próxima presidencia francesa de la UE en el primer semestre de 2022, así como Afganistán, han precisado las fuentes.

Asimismo, Albares y Le Drian, que se ven por primera vez a nivel bilateral aunque han coincidido en reuniones de ministros de la UE, podrán repasar tanto la situación en el Sahel como en el Magreb, dos regiones de especial interés para ambos países.

PULSO ENTRE PARÍS Y BAMAKO

El encuentro se produce además en un momento particularmente delicado para Francia en ambas regiones. Por una parte, el Gobierno francés mantiene en las últimas semanas un agrio pulso con el Gobierno militar de Malí a raíz de las informaciones de que Bamako estaría estudiando la contratación de mercenarios rusos para que ayuden en la lucha contra los yihadistas.

La noticia se conoció después de que el pasado mes de junio el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciara el fin de la operación ‘Barkhane’, presente esencialmente en Malí y que ayuda en la lucha antiterrorista, con vistas a transformar la presencia militar francesa en el Sahel y reducir el número de tropas en el terreno.

Francia, al igual que otros países como Alemania o Reino Unido, han amenazado con retirar sus efectivos de Malí si el Gobierno actual, que emergió del doble golpe de Estado militar en agosto de 2020 y mayo pasado, llega a contratar a los mercenarios rusos.

Por su parte, el primer ministro maliense, Choguel Kokalla Maiga, aprovechó el estrado de la Asamblea General de la ONU para acusar a Francia de «abandono en pleno vuelo» de Malí. Macron le replicó calificando de «vergüenza» la acusación.

El futuro de ‘Barkhane’ y de la presencia de las fuerzas internacionales en Malí es importante para España, ya que el Gobierno considera prioritaria la estabilidad en el Sahel y que el contingente español es actualmente el más numeroso en la misión EUTM Malí, encargada de entrenar a las fuerzas malienses.

CRISIS ENTRE FRANCIA Y ARGELIA

Entretanto, la nueva crisis entre Francia y Argelia podría complicar aún más el escenario en el Sahel. El Gobierno francés anunció la semana pasada la reducción de visados a argelinos, marroquíes y tunecinos, y el jueves Macron calificó a Argelia de «sistema político-militar» basado en la «renta histórica» y con una «historia oficial reescrita» durante una reunión con descendientes de figuras destacadas de la guerra de independencia argelina.

En respuesta, Argelia anunció el sábado que llamaba a consultas a su embajador en París y el domingo dijo que de ahora en adelante no permitirá el sobrevuelo de su espacio aéreo de aviones militares franceses, que lo usaban en el marco de la operación ‘Barkhane’.

Esta crisis entre París y Argel llega apenas unos días después de la visita de Albares a la capital argelina, donde entre otras cosas obtuvo garantías de suministro de gas para España, además de tratar temas como la inmigración –tras el aumento de las llegadas de pateras desde este país– y otros asuntos regionales, lo que incluiría a priori la cuestión del Sáhara.

Francia es un aliado clave de Marruecos, país con el que España aún está buscando cerrar la crisis diplomática abierta por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y por la negativa del Gobierno a reconocer como marroquí el Sáhara Occidental, como hizo Estados Unidos el pasado diciembre con Donald Trump aún en la Casa Blanca.

Albares ya ha tenido un primer contacto con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, y ambos han acordado verse próximamente, sin que por el momento haya fecha prevista para ese encuentro ni para el regreso a Madrid de la embajadora marroquí, llamada a consultas el pasado mayo coincidiendo con la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta facilitada por las autoridades alauíes.