El Gobierno Vasco ha reclamado que «hay que actuar ya» ante el elevado precio de la energía, por lo que trasladará tanto al Ejecutivo central como a la Comisión Europea un informe con diversas medidas. Entre ellas, apuesta por eliminar o aplazar de forma temporal la totalidad de los cargos eléctricos y que estos sean financiados por el Estado, medida que calcula que supondría un ahorro que podría alcanzar el 45% de la factura.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha reiterado la preocupación por este asunto que el Ejecutivo ya había expresado tras el anuncio de Sidenor esta semana de parada de su producción en la planta de Basauri durante un periodo de 20 días desde este lunes y hasta el 31 de diciembre, el 30% de las jornadas productivas.
«Estos días se ha evidenciado en Euskadi lo que supone el impacto del precio de la energía en la industria, motor de la economía y razón de nuestro estado del bienestar», ha señalado este miércoles la consejera, que ha lamentado que «son ya casi diez años reclamando una política energética ligada a la política industrial».
Tras precisar que la preocupación del Gobierno por los costes energéticos «no se atribuye exclusivamente al ámbito industrial» ya que es «muy consciente de la vulnerabilidad de una parte de la sociedad», ha señalado que la industria es dependiente de las condiciones de acceso a la energía «y la recuperación y el empleo se ven amenazados por el alza de precios».
De este modo, ha advertido de que las plantas de fabricación continuarán en funcionamiento «dependiendo de cómo afrontemos este debate». «El aumento del coste de la energía nos pone frente a frente con nuestras contradicciones. Y queremos proponer una estrategia energética que defienda nuestra realidad industrial», ha explicado.
Tapia ha asegurado que el Ejecutivo no tiene intención de ser «meros observadores» ni se va a «esconder tras el argumento de que la formación del precio de la energía compete a otros».
«Nos compete, y mucho, porque las industrias electro-intensivas están en nuestros pueblos y nos compete porque son nuestros empleos», ha reiterado la consejera antes de señalar que «son más de una y de dos» las empresas asociadas al sector siderúrgico fundidor que han mostrado su «preocupación» por el real decreto ley que se somete este jueves a votación en el Congreso.
Este real decreto ley del Gobierno central, entre otras medidas, recorta los beneficios extraordinarios de las eléctricas por el precio del gas. Tapia ha expresado su preocupación por que la aplicación de este decreto ley se traslade a los costes de las empresas, que en el caso de las electro-intensivas pueden ser «muy importantes.
«Parece que el presidente Sánchez está dispuesto a revisar esta cuestión para que no se pierda competitividad en la Industria; confiamos en que se pueda solventar ese tema», ha señalado.
«UN INVIERNO DURO»
Asimismo, ha apuntado que con la llegada del invierno las condiciones del mercado pueden empeorar, ya que «las reservas de gas en el mundo son menores que la demanda que hay en este momento». «Puede venir un invierno duro», ha insistido antes de reclamar que «se garantice el suministro de gas y electricidad en el conjunto de la UE».
Por ello, el Ejecutivo está elaborando un análisis de situación en el que se tienen en cuenta «aspectos estructurales y aspectos coyunturales de urgencia» porque, en palabras de Tapia, «hay que actuar ya» y se necesita «activar y colaborar en los diferentes niveles institucionales de la mano de las empresas que forman parte de la demanda y también de la oferta». «Sin prejuicios ni demonizaciones, en clave constructiva y realista», ha subrayado.
Según ha explicado, el Gobierno Vasco está ultimando un informe de medidas técnicas que va a trasladar tanto al Ejecutivo central como a la Comisión Europea y en el que Euskadi «asume también compromisos», que comprenderá «actuaciones para reducir la demanda, aumentar la oferta y compensar la volatilidad del mercado», con un planteamiento de actuación conjunta que «aporte estabilidad». Este informe, ha avanzado, recoge medidas de corto y de medio/largo plazo en los tres niveles de actuación: Europa, España y Euskadi.
CARGOS FINANCIADOS POR EL ESTADO
La consejera ha señalado que el planteamiento al Gobierno de España «pasa por reiterar la necesaria apuesta por la política industrial en el tratamiento de la energía, estableciendo, por ejemplo, una carencia temporal por la totalidad de los cargos eléctricos y que estos sean financiados por el Estado».
Se tratarían de la eliminación o aplazamiento temporal de aspectos que actualmente están recogidos en la factura eléctrica como las primas a las renovables, los extracostes no peninsulares, la anualidad del déficit tarifario, entre otros. «El 40-45% del precio de la energía son los extracostes e impuestos. Si los quitamos de la factura, nos quedaríamos con un 60% del coste», ha señalado.
La consejera ha recordado que el precio del gas está siendo «un condicionante de relevancia» en los costes, por lo que cree «urgente» elaborar un plan de contingencia especial de seguridad de suministro de gas natural para los próximos meses.
Por lo que respecta a la Comisión Europea, se pretende abordar aspectos ligados al ajuste de carbono en frontera para evitar la pérdida de competitividad de la industria respecto a la de terceros países «menos exigentes en cuanto a emisiones de CO2», así como el posible uso de los recursos propios de gas natural existentes a nivel europeo.
Euskadi, por su parte, «redobla, hoy más que nunca, nuestro compromiso por una estrategia energética a medio-largo plazo, alineada con las recomendaciones y directrices europeas», principalmente con dos líneas de trabajo, actuando sobre la demanda reduciéndola a base de mejorar la eficiencia energética y sobre la oferta potenciando la generación y almacenamiento de renovable.
Para ello, se abordarán medidas de eficiencia energética en la industria, eficiencia energética en el parque de viviendas y edificios en general, incremento de la generación con energías renovables de todo tipo y proyectos de dimensiones diferentes, acelerar tramitaciones y financiación, trabajar proyectos de generación de gases renovables como el biogás o hidrogeno.
También se contempla fomentar proyectos de autoconsumo, con experiencias innovadoras como el proyecto Ekiola, investigar y establecer medidas de almacenamiento de energía mediante baterías o hidrógeno, y facilitar la tramitación de todos los expedientes de conexiones eléctricas y gasistas transeuropeas.
Este análisis inicial y el informe definitivo que se ultima se compartirá con los sectores industriales más vulnerables en una reunión este mismo viernes. Además, el próximo lunes se trasladará al vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, y a la vicepresidenta tercera y Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera aprovechando su presencia en Euskadi.
También se expondrá a las principales empresas eléctricas con las que el Gobierno cree necesario un cauce de conversación «sincero y colaborativo».
La consejera ha concluido incidiendo en que Euskadi necesita producir más energía y acceder a energía en condiciones competitivas de mercado. «Solo generamos en 8,6% de la energía que producimos. Si no actuamos, las consecuencias las padecerán las generaciones venideras con menos industria, menos empleo, y con un bienestar que se verá resentido», ha apuntado.
Finalmente, ha recordado los proyectos de parques eólicos que se están impulsando desde Aixeindar, y ha indicado que se ha pedido autorización para hacer mediciones de viento en el puerto de Arlaban.
