La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha afeado este miércoles a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sus críticas al Papa Francisco por la petición de perdón a México por los pecados de la Iglesia Católica y ha subrayado que la jefa del Ejecutivo madrileño es «la peor embajadora» de la región.

En declaraciones a los medios tras la reunión mantenida con el delegado territorial de la ONCE, Luis Natalio Royo, y la presidenta del Consejo Territorial, Mª Teresa Rodríguez, la portavoz de Más Madrid ha cargado contra «el último arrebato de Ayuso», que ayer calificó de «sorprendente» que el Papa pida perdón a México por los «pecados» de la Iglesia durante la evangelización durante la conquista de América.

Durante su visita a Washington, la presidenta madrileña se refirió así a la carta que el Papa Francisco ha enviado al clero mexicano en la que les insta a reconocer los «pecados personales y sociales» que la Iglesia cometió durante este período. «A mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español, y a través de las misiones, el catolicismo y, por tanto, la civilización y la libertad al continente americano», dijo.

Tras estas declaraciones, Mónica García ha censurado la «escalada de confrontación y conflictividad permanente» que muestra la presidenta regional y que no representa al resto de madrileños, «que no van por ahí insultando al resto» y que le sitúan como «la peor embajadora que puede tener la Comunidad de Madrid».

«Ya la hemos visto en todo este tiempo insultar al presidente del Gobierno –Pedro Sánchez–, poner en un brete al Rey y lo que no nos imaginábamos es que iba a poner en el punto de mira también al Papa», ha ironizado.

En este sentido, ha recalcado que no es «la mejor manera» de representar a los madrileños «ni de hacer lo que ha ido en realidad a hacer» en Estados Unidos, que es hacer de la Comunidad de Madrid «un lugar atractivo para invertir».

En esta línea, entre los motivos que le llevan a definir a la presidenta como la «peor embajadora» que puede tener la región ha citado acudir a Estados Unidos «a intentar seguir vendiendo el patrimonio de los madrileños a fondos buitre» o duplicar la deuda de la sanidad privada.

Así, ha reclamado a la presidenta, que se reunió en su visita a Estados Unidos con varios fondos de inversión, que en lugar de apostar por esos fondos buitre busque atraer «fondos verdes, que es lo que ahora mismo están demandando todos».

En cualquier caso, ha defendido que el Papa se limitó a pedir perdón por los «excesos» cometidos en esa época, por lo que no habría que «rebatir» sus palabras, y ha recomendado a la presidenta regional que lea la encíclica 2020 de Francisco, «que tiene cosas interesantes sobre las mujeres o sobre los menores inmigrantes no acompañados».

«No nos parece bien que Ayuso vaya insultando no solo cuando está en la comunidad al resto de comunidades sino al resto de pueblos», ha añadido sobre las declaraciones de la presidenta en las que habló del «indigenismo» como el nuevo comunismo.

«La peor embajadora de la Comunidad de Madrid es la señora Ayuso, que está haciendo mucho daño a lo que es una riqueza, una apertura y un talento que tenemos los madrileños que no se corresponde con lo que vende por ahí que es la Comunidad de Madrid», ha zanjado.

El Grupo Parlamentario Vox en el Congreso ha registrado este miércoles un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) relativo a la conocida como ‘ley antipandemias’ del País Vasco porque, según ha señalado la diputada Macarena Olona, «entre otras salvajadas impone la posibilidad de declarar el Gobierno vasco de manera autónoma e independiente un auténtico estado de excepción en la comunidad autónoma».

Al registro del TC se ha acercado esta mañana no solo el equipo jurídico del partido de Santiago Abascal y Olona sino también la diputada por el País Vasco Amaia Martínez. Han recordado que se trata del recurso número 25 ante el Constitucional que presentan y apuntan que en este caso actúan como lo hicieron con «la primera comunidad que decidió adentrarse en la senda del autoritarismo de manera ilegal convirtiendo su territorio en un reino de taifas», en alusión a Galicia.

Olona ha apuntado que entonces el propio Gobierno recurrió la ley gallega porque «como concluyó el Consejo de Estado en un demoledor informe» las leyes autonómicas no pueden regular medidas sanitarias reservadas a leyes orgánicas y por tanto a aprobación del Congreso.

Tras esto, ha lamentado que el Ejecutivo no hiciera lo mismo con leyes similares como la balear o la vasca y entiende que no hizo nada «porque son territorios gobernados por su propio partido o por socios» de Gobierno.

«Registramos el recurso contra esa ley vasca antipandemias porque entre otras salvajadas impone la posibilidad de declarar el Gobierno vasco de manera autónoma e independiente un auténtico estado de excepción», ha incidido, para luego añadir que contempla la vacunación obligatoria, prestaciones personales obligatorias, la prohibición de trabajar si te niegas a vacunarte o a hacer prueba diagnóstica, aislamientos y cuarentenas personales en el lugar que se indique y por el tiempo que se señale (…), y todo sin intervención judicial».

Olona ha subrayado que su partido defiende de manera contundente «que la lucha contra cualquier crisis no debe comportar degradación de la democracia ni la derogación del estado de derecho». «Los españoles pueden estar tranquilos porque a golpe de recursos y en todas las instituciones donde tenemos representación seguiremos sosteniendo la defensa de los derechos de los españoles», ha apostillado.

LEY ANTIPANDEMIAS

La Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19 aprobada por el parlamento vasco y que salió adelante con los partidos de Gobierno PNV y PSE, y con el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU, busca «dotar de seguridad jurídica» a las medidas que apruebe el Gobierno autonómico para hacer frente a la covid-19. El texto establece diferentes niveles de alerta, con restricciones específicas para cada uno de ellos.

La nueva ley tenía como base la proposición de ley presentada por los grupos en el gobierno –jeltzales y socialistas–, y aunque su aprobación estaba garantizada gracias a la mayoría que suman PNV y PSE en la Cámara, estos grupos alcanzaron un acuerdo con Elkarrekin Podemos-IU, de forma que el texto incluye 62 de la enmiendas presentadas al texto por este grupo.

En el debate, el parlamentario del PNV Luis Javier Telleria defendió que esta ley se ha hecho ‘ad hoc’ para la pandemia de la covid-19 y su vigencia sería «lo que dure esta pandemia». Además, indicó que la intención era «seguridad jurídica» a las medidas que se adopten «exprimiendo al máximo las competencias, sin romper el marco jurídico actual».

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha afirmado que, con la transferencia de Prisiones culminada el próximo 1 de octubre, el Gobierno Vasco demostrará su «compromiso humanitario y social», también con la población reclusa. Además, ha apuntado que, «por enésima vez», confiarán en que el Gobierno Vasco haga en octubre una propuesta de transferencia integral del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Erkoreka ha recordado que, a partir del próximo viernes la gestión de las cárceles estará en manos de Euskadi, y supondrá «un desafío» para el Ejecutivo.

Además, ha considerado que es «un importantísimo instrumento» para que pueda «transmitir el nivel de compromiso humanitario y social que tiene con los sectores más desfavorecidos».

Tras apuntar que la gestión será «complicada», sobre todo al principio, se ha mostrado convencido de que el Gobierno Vasco lo hará «con acierto, y dará la talla de los niveles de humanismo y civilización que tiene la sociedad vasca también el ámbito de las personas privadas de libertad».

IMV

Josu Erkoreka ha afirmado, sobre el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que desde el Ejecutivo central se les ha comunicado en varias ocasiones que «está desbloqueado, pero después no se traduce en la mesa de negociación».

«Es innegable. Pero, por enésima vez, vamos a depositar nuestra confianza en las conversaciones que se van a plantear ya y en la propuesta que se han comprometido a remitirnos a lo largo del mes de octubre», ha añadido.

Erkoreka ha recordado que el compromiso fue que se les facilitaría una propuesta formal de transferencia integral y no se trataría de «una especie de encomienda de gestión, revestida o con apariencia de transferencia, sino una transferencia propiamente dicha, con traspaso de medios materiales, humanos y financieros».

Por último, en cuanto a la pandemia, ha reconocido que todo el mundo «suspira» por la finalización de la situación de emergencia sanitaria, pero ha recordado que en Euskadi ha habido ya «muchos chascos», cuando se pensaba que lo peor de la covid-19 había pasado. En todo caso, ha admitido que hay datos objetivos que apuntan en la «buena dirección y animan al optimismo, pero hay que tener cautela».

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles en el Congreso que bajo su mandato hay más policías operativos en Cataluña y ha negado que los agentes sean víctimas de acoso o de hostigamiento. «El independentismo no es violencia, es una posición política», ha dicho, afeando a Vox su «exageración continua» y que busquen «empeorar los problemas» a base de la crispación.

Así lo ha dicho Grande-Marlaska en respuesta a una interpelación urgente de Vox, continuando lo que previamente había sostenido ante las quejas de Junts por la detención en Cerdeña del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en este caso para rechazar por «obvio» que independentismo sea equiparable a terrorismo.

Grande-Marlaska le ha afeado a Junts que no crea en la separación de poderes y a Vox su intento de «patrimonializar las instituciones que son de todos». «En su caso no es ignorancia, diría que es mala fe», le ha afeado al diputado Javier Ortega Smith.

«No se corresponde con la realidad», ha asegurado Grande-Marlaska a la denuncia de Vox de que existe una campaña de acoso y hostigamiento a policías y guardias civiles. «Viajo a Cataluña de forma continua, la inmensa mayoría de la sociedad catalana quiere vivir de forma libre y segura», ha sostenido.

A continuación ha aludido a la «policía patriótica» existente antes de su llegada a Interior y las «visitas al sur mientras nevaba o se convocaba un referéndum ilegal» de su antecesor en el cargo. «Lo que era más frecuente, ahora es anécdota», ha dicho sobre las problemas de inseguridad.

«ATENTADO» DE TORRE PACHECO

Tras reconocerle la mayor reposición de agentes –«comparado con el PP hasta casi habría que felicitarle»–, Ortega Smith se ha quejado del «consenso progre y de acomplejados» y del «intento de camuflar» el atropello de Torre Pacheco (Murcia) investigado en la Audiencia Nacional y que este grupo ya califica como atentado yihadista. En este sentido, lo ha comparado con el «altavoz» que se pone a las denuncias homófobas, incluso las que resultan falsas como la de Malasaña.

Para Vox, son los socios del Gobierno los que «expulsan a todos los que no se someten a la bota independentista y de ultraizquierda». Grande-Marlaska ha respondido afeando el intento de confrontar a cuerpos policiales cuando, según él, existe cooperación con los Mossos d’Esquadra es «magnífica».

«La Policía Nacional no se ha ido de Cataluña, tiene 3.400 efectivos, más que cuando tomé posesión como ministro», ha comentado Grande-Marlaska, situando el catálogo de ocupación por encima de la media nacional en el 91,13% –ha aumentado en unos 500 agentes– y, en el caso de la Guardia Civil, por encima del 80%. En total, son 6.800 los efectivos de ambos cuerpos desplegados en esta comunidad autónoma.

A esto ha sumado la tasa de reposición con las nuevas ofertas de empleo y el acuerdo de equiparación salarial que supone una media del 20% de subida para policías y guardias civiles, implementado en «tiempo récord de tres años».

En palabras de Grande-Marlaska, el Gobierno lo que hace es trabajar para dar una solución a «problemas a los que nunca se debió haber llegado». «Me siento parte de este PSOE que ha sido protagonista de la superación de otros conflictos desde el diálogo y el consenso», ha dicho, antes de citar al socio de Unidas Podemos para sostener que la Constitución les mandata a «resolver los problemas, no empeorarlos».

El ministro ha criticado que Vox trate de imponer «una realidad» que no se corresponde con la sociedad española y catalana, a la que ve mayoritariamente deseosa del entendimiento.

COMPETENCIAS COMO POLICÍA MARÍTIMA

Ortega Smith ha reprochado a Grande-Marlaska su falta de defensa de los policías, lo que según él provoca que unos 800 agentes hayan abandonado Cataluña. También ha recordado el retraso en el proceso de vacunación contra la COVID por culpa de los «miserables» al frente de la Generalitat, lo que se resolvió con la intervención del TSJ catalán, así como la «clara usurpación» de las competencias de la Guardia Civil como policía marítima.

El diputado ha reprochado que los Mossos asuman «funciones» para el control de la pesca, el comercio, el narcotráfico o la práctica deportiva, así como en una unidad subacuática a semejanza de los GEAS de la Guardia Civil.

Ortega Smith ha citado la reunión de 2019 de la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial, donde están representados el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y las diferentes consejerías autonómicas. «La única competente es la Guardia Civil, y desde entonces ni caso», ha lamentado.

«Las competencias se mantienen según la Comisión Nacional de 2019, dejen en paz a policías, guardias civiles y los mossos», le ha replicado Grande-Marlaska, sin entrar en más detalles sobre esta cuestión que ha relacionado con las «historias falaces» que promueve Vox en su «mala política de pesca de arrastre».

El debate sobre competencias marítimas se abordó en una proposición no de ley rechazada el pasado lunes en la Comisión Interior, consiguiendo Vox el apoyo de PP y Cs. Se trata de una polémica sobre la que Grande-Marlaska ya respondió hace semanas, sosteniendo que el Instituto Armado es quien actúa como «policía judicial del mar» y que, por tanto, los Mossos desempeñan funciones administrativas dentro del reparto de tareas entre cuerpos policiales.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado este miércoles la decisión del juez Santiago Pedraz de archivar la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por presuntos delitos de genocidio, debido a un error procesal, al considerar que el asunto debía haberse tramitado como procedimiento ordinario, no como procedimiento abreviado.

Los magistrados han explicado que los delitos señalados por ASADEDH –genocidio en concurso con delitos asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones– «se encuentran castigados con penas que superan el límite objetivo del procedimiento abreviado».

Así, han indicado que debía haberse seguido el cauce del procedimiento ordinario o sumario, donde la decisión de archivar la querella corresponde a la Sala de lo Penal, no al juez instructor, y por ello han ordenado revocar el sobreseimiento libre acordado por Pedraz el pasado 29 de julio.

«Todo ello sin necesidad de analizar si los hechos podrían constituir el delito de genocidio regulado en el artículo 607 del Código Penal actual o señalando la existencia de contradicciones o insuficiencia de detalles en los relatos de los testigos», han aclarado.

En este sentido, la Sala de lo Penal ha apuntado que debe acomodarse el procedimiento para que, posteriormente, «con libertad de criterio, se dicten las decisiones oportunas respecto a la conclusión del sumario con o sin procesamiento de Brahim Ghali».

«INSUFICIENCIA» DE INDICIOS

ASADEDH se querelló contra más de una veintena de agentes del Frente Polisario y de la seguridad argelina a los que culpa de cometer graves violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis ubicados en Tinduf (Argelia) en un periodo temporal que iría de 1975 a 1990. En concreto, denunció una «limpieza étnica» contra las minorías tekna, aitusa, yegutt y contra los pobladores del ex Sáhara español.

Pedraz archivó la querella para Ghali al observar una «manifiesta insuficiencia» de indicios que apunten a que participó en los presuntos abusos, «contradicciones» en el relato de los denunciantes y falta de concreción en lo testimonios escuchados sobre la supuesta implicación del líder saharaui en los hechos.

Además, el magistrado entiende que la responsabilidad penal por estos presuntos delitos ha expirado porque el Código Penal (CP) aplicable es el de 1973, que establece un plazo de prescripción de 20 años, ampliamente superado.

Incluso si se aplicara el actual CP, razonó, «las conductas expuestas en la querella no integran todos los elementos del delito de genocidio», por cuanto no observa la «intención conjunta» de los acusados de «destruir total o parcialmente el propio grupo nacional al que pertenecen», aduciendo asimismo que «no hay rastros de esos subgrupos» en los que los querellantes dividen al pueblo saharaui según su localización geográfica.

OTRA QUERELLA CONTRA GHALI

Sin embargo, la de ASADEDH no es la única querella contra Ghali en la Audiencia Nacional. Pedraz tiene entre manos otra presentada por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica por las torturas que habría sufrido en los campamentos de Tinduf en 2019.

De acuerdo con Breica, al llegar allí agentes del Frente Polisario le amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

Esta segunda querella estaba a la espera de un último testigo, un hombre que habría estado detenido en la misma cárcel que Breica y que podría dar cuenta de las presuntas violaciones de los Derechos Humanos por las que se investiga al Frente Polisario.

Debía haber declarado el 29 de junio, pero tuvo que aplazarse al 27 de julio por problemas en la obtención del visado para venir a España. A día de hoy estos problemas persisten, por lo que Pedraz ha suspendido la testifical y sopesa el archivo de la querella y, por ende, el cierre de la causa, según las fuentes jurídicas.

Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, estudia si hubo delito de prevaricación en la entrada y salida de Ghali de España. El magistrado ha citado para el próximo 4 de octubre a la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya para que declare en calidad de imputada.

EL PASO DE GHALI POR ESPAÑA

Las acusaciones contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) cobraron impulso cuando se supo que estaba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.

Ghali compareció el 1 de junio ante Pedraz por videoconferencia desde el centro sanitario, negando cualquier implicación en dichas violaciones de los Derechos Humanos. Su defensa ha esgrimido en sucesivos escritos que se trata de una causa política para minar las aspiraciones de autodeterminación del pueblo saharaui.

Tras escuchar al líder del Frente Polisario, Pedraz acordó dejarlo libre sin medidas cautelares al no ver indicios de delito en su contra. Pocas horas después, en la madrugada del 2 de junio, regresaba a Argelia en un avión medicalizado.

El 63,9% de los españoles graduados superiores que estaban trabajando en 2020 lo hacía en puestos de alta cualificación, lo que sitúa a España, un año más, a la cola de la UE, según recoge la decimoséptima edición del Informe CYD 2020, publicado este miércoles por la Fundación CYD, que analiza la contribución de las universidades españolas al desarrollo con datos de organismos internacionales y españoles.

El dato español, procedente de Eurostat, es el más reducido de todos los países de los 27 países de la UE, quedando a casi 13 puntos de distancia de esta, donde el 76,5% de los graduados superiores con empleo desempeñaba tareas de alta cualificación. Es decir, menos de uno de cada cuatro europeos estaba empleado en trabajos de baja cualificación, frente al más del 36% de España.

«Ha quedado claro que España sufre un problema de sobrecualificación, dado el elevado porcentaje comparado de graduados superiores con empleo en grupos ocupacionales que no son de alta cualificación», señala el informe.

La Fundación CYD explica que este hecho está relacionado con que España es el cuarto país de la UE-27 con menos porcentaje de ocupados de alta cualificación, el 35%, a siete puntos porcentuales de distancia del promedio y superando únicamente a Grecia, Bulgaria y Rumanía. En comparación, más de la mitad de las ocupaciones son de alta cualificación en Países Bajos, Finlandia, Suecia y Luxemburgo, mientras que entre el 45% y el 50% están Francia y Alemania.

El informe también destaca que, tal vez el tener una gran proporción de titulados superiores entre la población de 25 a 64 años esté influyendo en este hecho, dado que en España casi el 40% tenía un título de nivel superior frente al 34% de la UE.

Además, la tasa de temporalidad para los graduados superiores españoles fue en 2020 del 19,5%, la mayor de los 27 países de la UE y casi el doble que la del conjunto de la UE (10,3%).

Por ramas de conocimiento, los graduados de artes y humanidades son los que más sobrecualificados están, tanto objetivamente (más del 28% se dedican a ocupaciones de baja cualificación), como subjetivamente (más del 32% cree que no hace falta un título universitario para desempeñar sus tareas), así como los que más trabajan porcentualmente en un área distinta a la de sus estudios (casi el 45%), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

ENSEÑANZA ONLINE POR LA PANDEMIA

El informe de este año también se centra en la pandemia y en las consecuencias de ella. Así, más del 80% de las universidades españolas se adaptaron a la enseñanza online tras la declaración del estado de alarma en España.

Según el documento, mientras que el porcentaje de enseñanzas totalmente online que impartían las universidades presenciales era, antes de marzo del 2020, de poco más del 5%, después de la declaración del estado de alarma se elevó a más del 83%; en tanto que la evaluación online pasó de representar un 4% al 86%.

Pero las consecuencias de la pandemia no fue algo exclusivo de España. Según datos de las universidades que participan en U-Multirank (que brinda una clasificación internacional de las instituciones de educación superior y del cual Fundación CYD forma parte), cerca de un 90% de las universidades de todo el mundo cerraron, al menos parcialmente, sus instalaciones, y más del 80% llevaron a cabo el cierre durante un mínimo de 8 semanas y hasta más de 28.

CRECIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS

Con respecto a la situación del Sistema Universitario Español (SUE), el informe también recoge que, según cifras correspondientes al curso 2019-2020, se mantiene la tendencia al crecimiento de la participación de las universidades privadas en el conjunto del sistema.

La matrícula de grado de los estudiantes de las universidades públicas se mantiene prácticamente constante con una mínima caída del 0,6%, mientras que en las privadas aumenta un 5,8%. En el máster oficial las privadas crecen un 20,4% y las públicas un 2%.

Según los autores del estudio, esta evolución implica que la participación de las universidades privadas en el total de matriculados sigue creciendo. En el curso 2019-2020, el 16,8% del total de los estudiantes de grado pertenecía a universidades privadas, mientras que en el máster oficial, el porcentaje correspondiente era del 41,2%.

En los estudios de grado (y ciclos), atendiendo a una perspectiva histórica, desde mediados de los años 80 del siglo pasado hasta el curso 2019-2020, el número máximo de estudiantes se alcanzó hace 20 años, con casi 1,6 millones de alumnos. En comparación con el curso 1999-2000, el número de estudiantes de grado ha descendido en prácticamente 300.000 personas (disminución de más de 400.000 para las públicas e incremento de casi 115.000 alumnos para las privadas).

A ello hay que tener en cuenta que el número de universidades del sistema universitario español en el curso 2020-2021, según la información del Ministerio de Universidades, era de 88. De ellas, 50 eran públicas (47 presenciales, una no presencial y dos especiales) y 38 privadas (32 presenciales y 6 no presenciales). Desde la creación de la última universidad pública, la Politécnica de Cartagena, en 1998, se han establecido en España más del 50% de las universidades privadas que existen actualmente.

K.K., el hombre de 32 años y de nacionalidad mauritana acusado de acabar con la vida de su pareja para después deshacerse del cuerpo al arrojarlo a un contenedor de basura, ha reconocido este miércoles los hechos durante su declaración en el juicio con jurado que se sigue en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería.

Con un escueto «sí», el acusado ha dado por válidos todos los hechos descritos por la Fiscalía de Almería, que en su escrito narra cómo en la madrugada del 25 de septiembre de 2018 el hombre mantuvo una fuerte discusión con su pareja A.B. en el domicilio familiar de Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar en la que ella le anunció su intención de abandonar la relación, de modo que el acusado «como último acto de venganza y control sobre ella» y de forma «sorpresiva», hizo uso de un cable para estrangularla y acabar con su vida.

Durante el acto de juicio, en el que únicamente se ha leído el escrito de acusación del Ministerio Público por acuerdo entre las partes, el acusado ha variado la versión que ha sostenido durante todo el proceso de instrucción en el que negó haber sido el autor material del crimen, de modo que esta vez sí se ha mostrado como el responsable de la muerte de su pareja.

Si bien la Fiscalía solicitaba inicialmente 23 años de prisión por un delito de asesinato, el reconocimiento explícito de los hechos podría suponer una variación sustancial de la petición de condena, con lo que el acusado se podría enfrentar finalmente a un delito de homicidio con una petición de cárcel de 13 años, según han apuntado fuentes judiciales.

Durante la sesión se ha avanzado con la declaración de la madre de la víctima, quien ha detallado a preguntas de la Fiscalía y la acusación particular que su hija le había comentado que tenía intención de dejar la relación con el acusado, pero que este la tenía «controlada».

Del mismo modo, ha apuntado que desde el momento de la desaparición de su hija tenía el «presentimiento» de que había ocurrido algo con su pareja, de modo que, según ha explicado, este le «mintió» al decirle que su hija se había ido a diferentes sitios de Almería o incluso a Francia.

La testigo ha aseverado que el acusado le dijo además que localizado a la joven en Murcia y que iba a ir a por ella. Ese mismo día –nueve jornadas después del crimen– el sospechoso fue detenido cuando intentaba huir a su país de origen a través de un vuelo a Marruecos que pretendía tomar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Fue en la propia T4, tras alcanzar la zona de embarque, donde fue detenido por la Guardia Civil.

Los propios agentes que participaron en la operación ‘Dump’, que dio lugar al arresto del sospechoso, darán su versión de lo ocurrido en la sesión del próximo viernes. Su testimonio permitirá ilustrar al jurado sobre la secuencia de hechos y la investigación desarrollada desde que el cadáver de la mujer apareció en la planta de residuos de Gádor.

Según el relato policial, que no recoge la Fiscalía, el hombre se deshizo del cadáver tras el crimen, con lo que lo arrojó a un contenedor de basura tras haber transportado el cuerpo en su coche hasta una zona diseminada del Poniente almeriense, esto es, a unos 70 kilómetros del lugar en el que apareció la mujer tres días después cuando un camión de basura lo llevó hasta la planta de residuos.

El sospechoso ofreció a los investigadores distintas versiones orientadas a hacer creer que la mujer «se había ido de casa» y sobre su posible presencia en Murcia. Asimismo, el hombre habría negado que su pareja, con la que llevaba apenas dos meses de relación, ejerciera la prostitución aunque «era él mismo el que iba al local, la llevaba, la recogía y permanecía a veces en el mismo mientras que ella seguía trabajando».

El hombre, que ocultó a los agentes de la Guardia Civil el lugar de residencia donde se produjo el crimen, se deshizo también del vehículo que había empleado para transportar el cuerpo hasta un contenedor, de forma que lo habría vendido a un amigo suyo a fin de evitar que fuera objeto de exploración.

El detenido habría tratado de obtener un «salvoconducto» de la Embajada de Mauritania para permanecer en Marruecos, toda vez que se había hecho con un billete de avión como parte de su plan de huida. Por su parte, la víctima tenía cuatro hijos de 7, 8, 11 y 14 años de otra relación en la fecha de los hechos, actualmente a cargo de la abuela materna.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque puede quedar registrado en ciertos terminales. El servicio 016 ha incorporado un servicio permanente de WhatsApp al número 600000016 y el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es.

El Congreso de los Diputados arranca este jueves los actos que ha organizado para conmemorar el 90 aniversario de la aprobación del sufragio femenino en España, que consisten en mesas de debate y culturales, una exposición sobre la diputada sufragista Clara Campoamor y la publicación de contenidos relativos a la lucha por derecho al sufragio universal en nuestro país.

El acto central se celebrará el viernes, 1 de octubre, justo el día en el que se cumplirán nueve décadas de la aprobación Pleno de las Cortes del artículo de la Constitución de la Segunda República que permitió a las mujeres españoles acudir por primera vez a las urnas en las elecciones de noviembre de 1933.

Pero ya este jueves la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, inaugurarán las jornadas dedicadas a esta efeméride, que arrancarán con una mesa redonda sobre ‘Clara Campoamor y su herencia feminista’.

ACTUACIÓN DE MARÍA PAGÉS

En ella participarán Isaías Lafuente, autor de ‘La mujer olvidada’, autobiografía ficticia de Clara Campoamor; Laura Mañá, autora de la película ‘Clara Campoamor, la mujer olvidada’; y Beatriz Ledesma, filóloga y editora de los libros ‘Del Amor y otras pasiones’ y ‘La mujer quiere alas y otros ensayos’, recopilatorios de textos literarios escritos por Clara Campoamor.

Las jornadas continuarán el viernes con una mesa de debate sobre ‘Igualdad, voto femenino e instituciones’ en la que participará la ‘popular’ Luisa Fernanda Rudi, que fue la primera presidenta del Congreso; la exvicepresidenta del Gobierno y diputada Carmen Calvo; y la profesora de Derecho Constitucional y letrada del Tribunal Constitucional Itziar Gómez.

A continuación, portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso participarán en una mesa de debate para analizar ‘El futuro de las políticas de igualdad’.

La clausura de estas jornadas tendrá lugar a mediodía en el Salón de Pasos Perdidos, donde Batet pronunciará el discurso de clausura y dará paso a la representación de la pieza de danza ‘Conciencia y deseo’ a cargo del Centro Coreográfico María Pagés.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

En esta semana se inaugurará también una exposición en el sótano del Congreso realizada por la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Cámara, que realizará un recorrido documental por la figura y la trayectoria personal y política de Clara Campoamor.

En ella se recordará también a la diputada socialista Victoria Kent, opuesta al voto femenino y los intensos debates que mantuvo con Campoamor sobre la conveniencia de aprobar el voto femenino en 1931, la lucha por los derechos civiles de las mujeres y la influencia de otras figuras femeninas en los avances hacia la igualdad política.

Además, a lo largo de toda la semana se publicarán contenidos sobre la vida y el trabajo de Campoamor, sobre el camino parlamentario hasta la aprobación del sufragio universal, y sobre el tratamiento informativo que la prensa de la época dio a este hito histórico.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a un hombre de 69 años que estaba acusado de detener ilegalmente, violar y maltratar a una mujer inmigrante al señalar los jueces que «no consta que haya mantenido relaciones sexuales no consentidas, ni tampoco ha quedado acreditado que la tuviese privada de libertad».

Según recoge la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y adelantada por el diario ‘ABC’, el hombre en junio del año 2018 le comentó a su exyerno que estaba interesado en conocer a una joven y casarse con ella para que le diese compañía.

Con el fin de cumplir dicho encargo, el yerno se puso en contacto en la localidad de Priego de Córdoba con una joven de 30 años de edad y de nacionalidad marroquí y que buscaba empleo. Así, en un establecimiento de Priego contactó con el yerno del procesado y le habló de él, quedando ella interesada en conocerle y quizás formar una familia, incluso casarse si se gustaban y poder traerse a sus hijos.

Al día siguiente de dicho encuentro, el acusado conoció finalmente a la mujer, con la que, tras conversar, llegó a un acuerdo, en virtud del cual sería la pareja de él, se casaría con ella y le arreglaría los papeles de residencia. A tal efecto, después de recoger sus cosas, la mujer se fue a vivir con el varón, con quien también vivía su hija, de 44 años de edad.

En ese ambiente de pareja, según la sentencia, la mujer consintió mantener relaciones sexuales con el hombre desde el primer día, compartiendo habitación, concretamente una, como otra de la casa, que tenía un cerrojo, y que aunque podía cerrarse desde fuera con llave, permitía abrirse desde dentro, bastando con girar una leva en su parte superior.

Tras la primera semana, las relaciones se enfriaron, pues al parecer el varón no empezaba a arreglar los papeles, ni mostraba disposición de contraer matrimonio con ella. Esto motivó que la mujer «contrariada, apenas saliese de la habitación ni siquiera para comer, teniéndole que llevar el acusado hasta allí la comida».

«DESAVENENCIAS» TRAS VOLVER DE FRANCIA

Tal situación no fue obstáculo para que la mujer, como se ha comprobado en el juicio, viajase a Priego en dos ocasiones a casa de unos familiares del varón, saliendo en una de ellas de compras por esta localidad en compañía de una nuera del acusado. Tampoco fue ello impedimento para que el día 10 de julio de 2018 viajase a Francia, para luego regresar a ese domicilio 14 días después.

A la vuelta de Francia «las desavenencias fueron más frecuentes», hasta que el día 11 de septiembre de 2018 el hombre llevó a la mujer un vaso con café, lo que motivó que ella mostrara toda su contrariedad con él, arrojando al suelo enseres de la habitación y derivando en una fuerte discusión, en el curso de la cual, con los cristales del vaso la mujer se cortara en el brazo.

Y como quiera que ella comenzó a gritar con fuerza, el hombre indicó a su hija que llamase a la Guardia Civil, la cual comunicó a los agentes por teléfono que en su casa había «una chica marroquí que se hallaba en situación irregular».

«LAS RELACIONES ERAN CONSENTIDAS»

Según se detalla en la sentencia, «no consta que el acusado haya mantenido relaciones sexuales no consentidas con la mujer que lo acusaba, ni tampoco había quedado acreditado que la tuviese privada de libertad encerrada en una de las habitaciones de la casa bajo la idea de que era una especie de esclava sometida a sus designios y la falsa crencia de que no podía salir de dicha habitacion por no poder abrir por dentro el cerrojo, atemorizándola con la idea de denunciar su situación irregular en España».

Igualmente, se apunta que «no queda acreditada ni la violencia física o psicológica, ni los golpes, ni los zarandeos, ni tampoco que el hematoma y erosiones superficiales en zona lateral izquierda del cuello que presentó el día 11 de septiembre de 2018 fuesen ocasionados por el procesado».

El hombre ahora absuelto se enfrentaba por un delito de detención ilegal a 18 años de prisión, además de prohibición de comunicarse con ella durante 19 años; por el delito continuado de agresión sexual solicitaban para él 15 años más de cárcel, así como cuatro años más de prisión como presunto autor de los delitos de violencia doméstica habitual y lesiones en el ámbito familiar.

Una colisión con tres turismos implicados se ha saldado en la mañana de este miércoles con una persona herida y retenciones en la AP-9V en el término municipal de Vigo.

Según ha informado el 112 Galicia, en la mañana de este miércoles se registraron retenciones en la autopista AP-9V, en Vigo, en los carriles dirección Pontevedra, a la altura de la salida 2V, después de una colisión múltiple entre tres turismos.

El 112 Galicia recibió el aviso a través de varios particulares que alertaron de un accidente con varios vehículos implicados y en el que, según señalaron, podía haber personas heridas.

Con estos datos, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE-112) informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Vigo, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local de Vigo. Además, también se requirió la intervención de los servicios de mantenimiento de la autopista.

Finalmente, los agentes de Tráfico confirmaron al 112 Galicia que se había tratado de una colisión por alcance con tres turismos implicados y, posteriormente, los servicios sanitarios ratificaron que una persona había sido trasladada al hospital Fátima.

En concreto, el 061 envió al lugar una ambulancia de soporte vital básico que trasladó al hospital vigués de Fátima al hombre herido, J.B.R.G., de 37 años de edad, han confirmado fuentes sanitarias.

OTRO CHOQUE

Por otra parte, el 112 Galicia también tuvo conocimiento en la mañana de este miércoles de otra colisión múltiple entre tres vehículos en el municipio coruñés de Val do Dubra.

Fue uno de los implicados en el siniestro quien, poco antes de las 10,30 horas, informó al CIAE-112 Galicia de esta colisión en la carretera DP-1914, en la parroquia de Arabexo.

Los gestores del 112 Galicia comunicaron el accidente a los servicios sanitarios, a los Bomberos de Santiago, a la Guardia Civil de Tráfico y a Protección Civil de Val do Dubra.

En el punto, los equipos de emergencia aseguraron que habían resultado heridos los conductores de los tres vehículos implicados y que dos de ellos habían sido trasladados por los servicios sanitarios a un centro hospitalario.

El 061 desplazó al punto del siniestro dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo sanitario de Atención Primaria de Val do Dubra. En concreto, dos personas fueron trasladadas al Hospital Clínico en Santiago.

El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha defendido este miércoles que, si la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por el diálogo es sincera, debe actuar con convencimiento y determinación democrática para «detener la represión» y ha avisado de que, si no lo hace, estará dejando la resolución del conflicto en manos del sistema judicial.

«No vale escudarse en una mal entendida separación de poderes», ya que la solución está en manos del Gobierno y es política y no jurídica, ha asegurado Jové en su intervención en el Debate de Política General en el Parlament, que ha abierto recordando la detención y puesta en libertad del expresidente del Govern Carles Puigdemont.

Ha pedido aprovechar la oportunidad que cree que representa la mesa de diálogo con el Gobierno central –a la que se ha referido como una mesa de confrontación–, ante la que son escépticos, aunque ha asegurado: «Tal vez nos quedaremos solos intentándolo, pero nosotros seguiremos picando piedra. No intentarlo es rendirse».

Además, Jové ha garantizado el compromiso de ERC con los pactos alcanzados con Junts y con la CUP: ha asegurado su lealtad y compromiso con Junts, y ha agradecido el compromiso de la CUP, a la que necesitan no sólo por aritmética parlamentaria, sino por su visión de la realidad, ha dicho: «No nos desviaremos ni una palabra de lo que nos comprometimos a hacer».

NUEVA ETAPA CON ARAGONÈS

Ha asegurado que el Govern de Pere Aragonès quiere abrir una nueva etapa: «Otros seguro que todavía se remueven en la silla, y otros harán todo lo posible para que fracase», y ha destacado el hecho de que Aragonès sea el primer presidente de la Generalitat de ERC desde hace cerca de 80 años.

El dirigente republicano ha abogado por trabajar para que Catalunya avance mientras se trabaja por la independencia: «Si no intentamos transformar socialmente el país para hacerlo avanzar nacionalmente, habremos engañado a la gente, y no estamos aquí para esto».

Ha defendido que este Govern contemple los costes ambientales de actuaciones como la propuesta de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, ahora suspendida: «No debería haber ningún presidente que pudiera aceptar un chantaje de este tipo por parte del Estado o algún ‘lobby’, ni diputados avalando este chantaje por la puerta de atrás».

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha mostrado su respaldo a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre el Papa Francisco y ha criticado la «propaganda antiespañola».

Desde Estados Unidos, donde se encuentra de viaje institucional, la presidenta madrileña mostró su sorpresa por el hecho de que el Papa Francisco haya pedido perdón por los «pecados» que se cometieron durante la Conquista española.

«Yo creo que la presidenta lo que hizo fue mostrar su sorpresa, sorpresa que tuvimos muchísimos católicos ayer al conocer las declaraciones del Papa sobre unos hechos que acontecieron hace siglos y que pienso que deben ser analizados por parte de los historiadores», ha declarado Ossorio preguntado al respecto, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En este sentido, ha incidido en que el Papa como «cabeza de la Iglesia tiene la facultad de hablar con infabilidad de determinados temas ideológicos y en determinados temas de ética» pero en este caso, para el consejero regional, se está hablando de Historia.

A su parecer, se trata de unas declaraciones en materia «histórica», donde el pontífice no habla «como cabeza de la Iglesia con su infabilidad en temas teológicos o éticos». «Por tanto, está hablando de Historia y hay mucha gente que sabe de Historia», ha apuntado.

Para Ossorio, este debate resurge por «una serie de movimientos indigenistas latinoamericanos muy vinculados a una nueva especie de comunismo». Según ha expuesto, dichos movimientos «están encabezados por gobiernos populistas como el del señor (Andrés Manuel López) Obrador que pretenden destruir el legado de España en América».

El titular de Educación ha declarado que la «propaganda antiespañola conocida como la leyenda negra nación en el siglo XVI» y, con ella, ha insistido que se intenta «destruir el legado de España en América». Ossorio ha considerado que se impulsaron en naciones donde al colonizar «no fueron tan respetuosos como los españoles con los indígenas».

«Esa leyenda negra nació de esas naciones que no respetaron a los indígenas y que los hicieron desaparecer, cosa que no sucedido en Hispanoamérica», ha dicho, al tiempo que ha tachado de «lamentable» que estas corrientes tengan también su origen en España «en pseudointelectuales de la izquierda española o de los nacionalismos separatistas que desde un desconocimiento absoluto de la historia intentan rescribirla para hacer ideología».

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reconocido este miércoles que «siempre hay un margen de mejora» para evitar muertes y accidentes en espacios acuáticos. «Es una prioridad de salud pública», ha afirmado.

Así lo ha explicado Darias en la segunda interpelación urgente en el Congreso, del diputado Pedro Quevedo, de Nueva Canaria, formación integrada en el Grupo Mixto, relativa a las medidas previstas para reducir la siniestralidad por ahogamiento y accidentes en espacios acuáticos.

La titular de la cartera de Sanidad considera que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) es un «buen ámbito» para trabajar en esta línea, así como la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS «es también un buen ámbito». «Podemos trabajarlo», ha asegurado.

«Yo creo que se están haciendo cosas, pero por supuesto para seguir evitando cualquier tipo de fallecimiento evitable, como es el caso, siempre hay un margen de mejora. Es una prioridad de salud pública», ha declarado, al tiempo que ha puesto en valor la labor de los servicios de emergencia y de Cruz Roja.

Asimismo, la ministra ha reconocido que existe un «margen de mejora» en la recogida de datos sobre muertes por ahogamiento y accidentes en espacios acuáticos. «Está regulado, pero por distintas razones no se ha podido hacer», ha indicado.

En su exposición, el diputado de Nueva Canarias ha hecho hincapié en que se trata de una «epidemia silenciosa y silenciada», y ha añadido que en España, en lo que va de año, se han producido 200 muertes por esta causa, cuando la media se sitúa en 500 al año. Además, ha afirmado que «esto afecta no sólo a las comunidades españolas que tienen costa, sino también en las comunidades del interior».

Pedro Quevedo ha criticado que «no existen estadísticas oficiales claramente desagregadas en relación con este fenómeno» y ha subrayado que «en España pierden la vida más personas por sumersión que por accidentes laborales o por incendio».

En este contexto, el diputado canario ha puesto de relieve que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha activado una alerta, «por primera vez en la historia», aprobando una resolución suscrita por 194 países instando a las naciones a promulgar leyes, elaborar planes nacionales de prevención de ahogamiento, promover campañas de concienciación y prevención públicas para reducir los ahogamientos.

Quevedo ha destacado que en España «sólo hay dos comunidades» que tienen regulado de alguna manera esta cuestión, Canarias y Baleares, «con decretos absolutamente insuficiente para lo que se pretende». «Esto es insuficiente. Tenemos la oportunidad histórica», ha manifestado.

En su turno de réplica, la ministra ha dicho que estas actividades pueden conllevar «algunos riesgos» que se pueden prevenir, pero ha aclarado que se trata de una «competencia concurrente».

Respecto a la resolución de la ONU, Carolina Darias ha precisado que establece la importancia de designar un punto focal nacional para la prevención de los ahogamientos y ha añadido que el Ministerio ya lo tiene, es la Dirección General de Salud Pública y, concretamente, el Área de Prevención de la Subdirección General de Promoción, Prevención y de Calidad.

En segundo lugar, Darias ha apuntado que la ONU aboga por el establecimiento de planes nacionales de prevención de los ahogamientos y ha precisado que en España se cuenta con la Estrategia de promoción de la salud y la prevención en el Sistema Nacional de Salud. «Creo que esta estrategia tiene su importancia, pero puede ser actualizada, como lo están siendo otras estrategias», ha comentado.

La titular de la cartera de Sanidad ha coincidido con Quevedo en «la importancia de tener bases de datos certeras y también registros de datos», ya que España los recoge en el Plan Estadístico Nacional del INE, que, a su juicio, «hay que mejorarlo sustancialmente». También ha defendido que el Ministerio está siendo «muy activo» a la hora de llevar a cabo campañas de concienciación pública.

«Por tanto, señor Quevedo, a disposición para seguir avanzando y seguir mejorando en algo que es una materia compartida, común de responsabilidad en todas las administraciones que conforman el entramado en nuestro país», ha zanjado.

Un total de 17.772 personas de media diaria se alojaron en centros de atención a personas sin hogar en 2020, un 1,3% menos que en 2018, aunque durante el confinamiento acogieron de media a 18.583 personas, un 3,2 por ciento más, según la encuesta de centros y servicios de atención a las personas sin hogar del INE. Del total de alojados diarios, 4.793 eran mujeres.

Además, los centros que ofrecen servicios de restauración sirvieron de media al día 46.503 servicios (13.904 desayunos, 18.524 comidas y 14.076cenas), un 4,3 por ciento menos que dos años antes. No obstante, fuentes del INE señalan que esta reducción se debe a las restricciones de aforo por la COVID-19 y que muchos de los centros sustituyeron servicios de comedores por repartos de tapers y bolsas de comidas para consumir fuera de los locales.

La capacidad media de los centros fue de 20.613 plazas diarias, de las que 12.923 estaban en centros privados y 7.690 en centros públicos. Así, la ocupación media alcanzó un 86,2%, cifra inferior al 89 por ciento de 2018.

La ocupación media fue mayor en los centros públicos (92,6%) que en los privados (82,4%). El porcentaje de plazas ocupadas por mujeres fue mayor en los centros privados que en los públicos (28,3%, frente a 25,0%). En los centros especializados en inmigrantes, la ocupación media fue del 99,2%, y en estos centros las plazas ocupadas por mujeres representaron el 25,6%. En los centros especializados en mujeres víctimas de violencia de género, la ocupación media fue del 70,8%, y las plazas ocupadas por mujeres fueron el 71,9% ya que en estos centros las mujeres suelenacudir junto con sus hijos.

En los centros de alojamiento colectivo se alojaron 12.255 personas de media (2.750 eran mujeres). En pisos o apartamentos se alojaron 5.514 de media (2.043 mujeres). Durante el periodo del confinamiento general a toda la población a causa de la COVID-19 se ofertaron 21.035 plazas de alojamiento diario de las que se ocuparon el 88,3%. Por su parte, en el periodo invernal la oferta fue de 20.191 plazas, llegándose a ocupar el 84,0%.

Cabe destacar que, en años anteriores, la ocupación en el periodo invernal era superior a la ocupación en el periodo estival. En cambio, en 2020 la ocupación durante el mes de abril, cuando estaba vigente el confinamiento, fue mayor que en el periodo invernal. Por su parte, el dato de ocupación en el periodo invernal de 2020 fue inferior al de años anteriores, debido posiblemente a las restricciones de aforo, según el INE.

Casi la mitad de los que trabajaron en los centros eran voluntarios, un 44,5 por ciento, cifra inferior a la de 2018 cuando los voluntarios representaban el 56,3 por ciento. Así, la mayor parte de los recursos humanos de los centros fue de personal voluntario a tiempo parcial (40%) y asalariados a tiempo completo (34,4%).

439 VIVIENDAS DEL PROGRAMA ‘HOUSING FIRST’

Además, el número total de viviendas destinadas al programa ‘Housing First’ fue de 439, un 30,1 por ciento más que en 2018. Estas viviendas fueron ocupadas por 433 personas, de las que 95 eran mujeres.

De los 1.019 centros de atención a personas sin hogar, el 16,4% estaba especializado en la atención a inmigrantes, es decir, orientado exclusivamente a personas inmigrantes en situación de sinhogarismo. Por su parte, el 7,0% estaba especializado en la atención a mujeres víctimas de violencia de género y el 76,6% restante no estaba especializado o atendían otra especialización.

El 39,7% de los centros tuvo un gasto anual igual o inferior a 100.000 euros durante 2020 (44,6% en 2018) y el 44,2% un gasto entre 100.001 y 500.000 euros (39,6% en 2018). El 15,8% de los centros tuvo un presupuesto superior al medio millón de euros.

Se observan diferencias entre los centros públicos y privados en cuanto a los recursos financieros disponibles. En los públicos, el 41,3% tuvo gastos anuales iguales o inferiores a 100.000 euros, el 34,9% entre 100.001 y 500.000 euros y el 23,0% superó el medio millón de euros. En los privados, el 39,2% contó con un presupuesto de hasta 100.000 euros, el 47,2% entre 100.001 y 500.000 euros y el 13,5% tuvo gastos superiores al medio millón de euros.

El 83,7% de los centros fueron financiados única o predominantemente por las Administraciones Públicas. En 2018 este porcentaje fue del 82,4%.

Los mayores gastos medios anuales por centro se registraron en la ciudad autónoma de Melilla (con cerca de 3,5 millones de euros), la ciudad autónoma de Ceuta (2,8 millones) y en Comunidad de Madrid (662.242). Por el contrario, Castilla y León (196.268 euros), Cantabria (200.343) y Galicia (218.956) presentaron los gastos medios por centro más bajos.

El expresidente de la Comisión Europea y exprimer ministro de Portugal, Jose Manuel Durao Barroso, ha pedido este miércoles tener «un poco más de orgullo» cuando se habla de Europa porque según ha dicho, el continente dio «mucho a la civilización». «Yo no tengo vergüenza de la historia de Europa», ha proclamado .

Así se ha pronunciado en su intervención en la tercera jornada de la Convención Nacional del PP que se celebra en Madrid, y que ha sido presentada por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Barrosos se ha expresado de este modo justo un día después de que el papa Francisco pidiese perdón a México por los pecados de la conquista de América.

Durao Barroso ha señalado que todos los países vivieron «momentos de sol y momentos de sombra», pero Europa dio «mucho a la civilización mundial». «España ha dado mucho a la civilización mundial y el español es la segunda lengua e Occidente», ha afirmado.

El expresidente de la Comisión Europea ha resaltado que si hay una cosa que define a Europa es «la dignidad de la persona humana», de forma que antes de los partidos, del Estado y de cualquier construcción humana, está la persona humana y la dignidad de la persona.

PIDE TENER «ORGULLO» AL HABLAR DE EUROPA

Durao Barroso ha apelado al «alma europea» que, según ha dicho, tiene una dimensión social, histórica y cultural, pero también espiritual. «Tenemos que tener un poco más de orgullo cuando hablamos de Europa, orgullo sin arrogancia», ha enfatizado.

En este sentido, ha indicado que lo que está pasando «muchas veces en el debate intelectual» es que se les quiere acusar «por el hecho de ser europeos». «Como si nosotros, los europeos, debiéramos tener vergüenza de nuestra historia», ha apostillado.

«Por esa Europa de convicciones, por esa Europa de valores y por esa Europa de libertad pienso que debemos continuar luchando», ha manifestado Durao Barroso, para añadir que aunque el modelo europeo todavía no es «perfecto» es el mejor modelo para la libertad individual y la responsabilidad social.

«PRECISAMOS DE UNA EUROPA MÁS FUERTE»

El expresidente de la Comisión Europea ha asegurado que Europa «no puede verse solo como un espacio» sino que tiene que verse también como «una potencia» si quiere ser capaz de defender sus intereses y valores. A su entender, a veces en Europa tienen una sensación de «complejo de inferioridad» y ha pedido acabar con ese sentimiento. «Precisamos de una Europa más fuerte», ha demandado ante un auditorio que le ha brindado numerosos aplausos.

Finalmente, Durao Barroso ha admitido que la pandemia está acelerando tendencias que «crispan la geopolítica». «Hay una lucha entre la libertad y al otro lado, el nacionalismo, protecionismo, chovinismo y xenofobia», ha indicado.

El Tribunal Supremo ha anulado el aforo limitado a diez personas decretado por el Gobierno de Cantabria en lugares de culto de Laredo, Colindres, Polanco y Santa María de Cayón el pasado enero, cuando estos municipios fueron confinados por la pandemia del coronavirus.

Así lo resuelve el TS en una sentencia en la que da la razón a la asociación Abogados Cristianos, que demandó al Ejecutivo regional, que ha sido condenado al pago de las costas judiciales.

La organización de juristas pidió al alto tribunal que anulara el citado límite en iglesias al considerar que la administración se estaba «extralimitado» legislando sobre cuestiones acerca de las cuales no tiene competencias, según la demanda.

También solicitó medidas cautelarísimas para anular el aforo establecido, que el TS desestimó al no apreciar la urgencia alegada por la asociación, aunque acordó eso sí abrir una pieza separada para tramitar la petición como medida cautelar.

Ahora, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS ha anulado el apartado del decreto por el que se restringía a diez el número de personas en celebraciones religiosas en los citados ayuntamientos.

Los magistrados basan su resolución, dictada el 22 de septiembre y difundida hoy, en el hecho de que la administración «no aporta la justificación imprescindible para una limitación de derechos fundamentales la apelación a que ya existe una medida dispuesta para toda la comunidad autónoma que limita a un tercio el aforo».

«La necesidad de una ulterior restricción no tiene por qué conducir necesariamente a concretarlos en un número de asistentes desvinculado de las dimensiones del lugar cerrado de culto, normalmente una iglesia», prosigue la sentencia, consultada por esta agencia.

Y agrega: «Tampoco es justificación la alta incidencia de la enfermedad en Laredo, Santa María de Cayón, Colindres y Polanco, porque no conduce ineluctablemente al límite fijado».

Igualmente, los jueces creen que no contribuye al fin pretendido por el Gobierno, de frenar y contener el número de contagios, el hecho de que «sean solamente cuatro los municipios afectados ni la temporalidad de la limitación».

«No parece que el riesgo exista allí donde las características de dichos lugares permitan la distancia personal y la ventilación requeridas, ni tampoco nos ha dicho la comunidad de Cantabria que los de los cuatro municipios concernidos por la medida sean tan pequeños que no admiten en condiciones de seguridad sanitaria más de diez asistentes a la vez», sentencia el Supremo.

VALORACIÓN DE ABOGADOS CRISTIANOS

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, considera que «algunos gobiernos laicistas han utilizado la pandemia como pretexto para arremeter contra los cristianos».

En este sentido, agrega en un comunicado que «esos presidentes autonómicos que incumplen la ley a sabiendas, utilizando la pandemia para arremeter con los cristianos, deberían dimitir».

Por último, avisa que la organización no va a permitir que se vulnere su «derecho fundamental a la libertad religiosa, con independencia del partido político del que se trate si sigue la misma tendencia laicista y anticristiana».