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Exigen la retirada de un concurso de un refrán por «atentar contra la dignidad» de las mujeres rurales

La Asociación de Mujeres Rurales de Jaén (Ademur) y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) se muestran «perplejas» ante la elección, por parte del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), de un refrán que «desprestigia e infravalora» a las mujeres como el segundo mejor de un concurso organizado por la Concejalía de Aldeas, de ahí que hayan exigido su «inmediata» retirada.

«Queremos expresar nuestra más enérgica repulsa al hecho de que el Ayuntamiento haya seleccionado, entre los mejores, un refrán que atenta contra la dignidad de la mujer con una actitud denigrante, machista, cruel e impropia de una sociedad civilizada que respeta los derechos humanos», señalan en un comunicado.

Por eso, han pedido «la retirada inmediata de ese refrán de entre los seleccionados y que no se contribuya a la difusión, ni se difunda, ningún tipo de elemento cultural que fomente la violencia de género desde las instituciones que pagamos todas y todos».

El refrán en cuestión sostiene que ‘quien se casa con mujer mureña tiene mujer pa la casa y borrico pa la leña’ y ha sido seleccionado como el segundo mejor de entre 500 presentados. Para Ademur y Fademur se trata de un refrán «cargado de violencia hacia la mujer, a la que asemeja a un borrico cuya funcionalidad es cargar leña y a quien relega al ámbito doméstico para servir al hombre».

Las dos asociaciones recuerda que uno de sus objetivos fundamentales es la erradicación de cualquier forma de discriminación hacia la mujer en el entorno rural. Para ello, hacen hincapié en que «es indispensable fomentar la educación en valores de igualdad, y romper prejuicios, estereotipos, hábitos y costumbres que denigran e infravaloran a la mujer, mucho más arraigados en los pueblos más pequeños y en las aldeas».

Las dos asociaciones consideran «fundamental» trabajar para que se dé un cambio de mentalidad y «no para mantener y promocionar los valores de una cultura patriarcal que fundamentan y justifican la violencia de género».

«Es necesario que las instituciones públicas velen y trabajen por nuestros derechos y no contribuyan, con sus actos, al mantenimiento, consolidación y potenciación de patrones culturales y conductas que atentan contra la integridad y la dignidad de la mitad de la población», ha concluido en el comunicado.