La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha pedido este martes a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que adopte medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del alto tribunal ante la situación creada por la imposibilidad de efectuar nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones y ante las necesidades "materiales y personales" que el órgano arrastra desde hace muchos años.

Así lo resaltan en una nota informativa emitida tras la reunión que han celebrado con el equipo del ministerio en la sede del Supremo. Según explican, le han transmitido a Llop que en octubre esa imposibilidad de realizar nombramientos --derivada de la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos-- provocará que el alto tribunal tenga un 20 por ciento de sus plazas vacantes.

Llop, a la salida de la reunión, y en declaraciones a los medios, ha explicado que durante la misma ha solicitado al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, que redacte un informe en el que se disocie las peticiones relacionadas con "las competencias ordinarias del Ministerio de Justicia" y las que vienen derivadas de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

ELEVADA CARGA DE TRABAJO

En la reunión, los presidentes de Sala han solicitado el refuerzo del Gabinete Técnico y de las Secretarias de Sala y han planteado reformas legislativas para hacer frente a la elevada carga de trabajo recordando que actualmente cuentan con una plantila de magistrados un 14 por ciento inferior a lo legalmente previsto.

En la nota del Supremo añaden que esto hace que el funcionamiento del tribunal se vea gravemente mermado pese al nombramiento en abril de 2021 por el Ministerio de Justicia de doce letrados para reforzar el Gabinete Técnico con el fin de prestar apoyo en las tareas de admisión e inadmisión, incidentes de nulidad, quejas, etcétera, que supone el 90 por ciento del trabajo del Supremo.

Y matizan que ese refuerzo no se vio acompañado por el incremento de personal administrativo que asumiera la asistencia a esos letrados, estimándose necesario el nombramiento de un funcionario de tramitación por cada cuatro letrados de refuerzo. Además, recuerdan que el Ministerio de Justicia ha denegado recientemente la designación de otros cinco letrados solicitados por la Sala Primera para el Área Civil del Gabinete.

LAS PETICIONES DE LAS SALAS

En la reunión, las salas han planteado cada una sus peticiones. Así, la Civil ha explicado que contando con 10 magistrados y una vacante desde noviembre de 2020, se ha dado un incremento de la carga de trabajo que se ha agudizado tras la pandemia hasta alcanzar el 42,5 por ciento en el último año. Por eso interesan el nombramiento de los cinco letrados solicitados para prestar apoyo en la llamada "fase de decisión", la que transcurre entre la admisión de un recurso y el dictado de la sentencia.

La Sala de lo Penal, la única sin plazas vacantes, ha puesto sobre la mesa la carga de trabajo al alza durante los últimos cinco años, con un repunte de un 27 por ciento en 2021 respecto a la habida en los años 2019 y 2020. Destaca que el principal problema es la alta tasa de interinidad de la plantilla orgánica de funcionarios adscrita a la Sala, que alcanza el 59 por ciento, por lo que se solicitan medidas que motiven su permanencia e incentivos económicos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, al frente de la cual está César Tolosa, ha recordado que hay seis vacantes actualmente pero que se irán a ocho por la jubilación de dos magistrados, Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez. Considera necesario adoptar medidas ante la litigiosidad masiva que se prevé como consecuencia de los recursos que reclaman responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las medidas para hacer frente a la pandemia.

Así, se solicita la creación de una nueva Secretaría, con un Letrado de la Administración de Justicia y los funcionarios necesarios para tramitar esos recursos; así como el incremento de la plantilla del Área Contencioso-Administrativa del Gabinete Técnico en 3 letrados.

Respecto a la Sala de lo Social, se ha recordado que hay tres vacantes y que pueden sumar dos más por jubilación en 2022, incluida la de la presidenta de la Sala, María Luisa Segoviano. Esto dejará la plantilla con solo 8 magistrados -de un total de 13-, lo que impediría la formación de las dos secciones que se constituyen para la deliberación y votación de los asuntos y tendría como consecuencia la drástica reducción del número de sentencias y el consiguiente incremento de la pendencia. Por eso, solicita cuatro nuevos letrados para el Área Social del Gabinete Técnico, así como dos funcionarios de apoyo.

En cuanto a la Sala de lo Militar, se ha apuntado que el 25% de las plazas está vacante (dos de ocho) y también experimenta un importante aumento de la entrada de asuntos que ha provocado el incremento de la cifra de asuntos pendientes en un 43,85 por ciento en los últimos dos años.

REFORMAS LEGISLATIVAS

Además de las peticiones de aumento de plantilla, la Sala de Gobierno ha planteado varias reformas legislativas como la de la casación civil para introducir un nuevo modelo que prevea un único recurso de casación que no dependa del tipo o cuantía del proceso, fortalezca el interés casacional de la interpretación de las normas y garantice la celeridad en los tiempos de respuesta simplificando la fase de admisión.

Otra reforma que proponen es la del recurso de casación penal para eliminar el trámite de alegaciones del que ahora disponen los recurrentes para responder a los escritos del Ministerio Fiscal y el resto de las partes personadas impugnando su recurso; ampliar la inadmisión por providencia a los recursos contra las sentencias dictadas en apelación por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional; e introducir la posibilidad de plantear la insostenibilidad de la pretensión en casación.

Además, se quiere reformar la regulación del recurso de casación en lo Contencioso-Administrativo para proporcionar instrumentos y cauces procesales eficaces para atender la litigiosidad masiva, y se quiere instaurar la doble instancia penal militar.

LLOP PIDE INFORME A LESMES

En declaraciones a la prensa, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pedido a Lesmes ese informe y ha defendido que desde el Ministerio están haciendo "un esfuerzo muy importante de carácter presupuestario para el Tribunal Supremo".

Según ha dicho, se trata de un paquete de unos 13 millones de euros en los que se incluye, entre otros, la renovación y la restauración de la rehabilitación del edificio de Génova, 29, y el incremento retributivo de los funcionarios del Alto Tribunal "para asimilar sus salarios a la media de los funcionarios de territorios con competencias transferidas".

"Es necesario que Tribunal nos indique, y así se lo he pedido al presidente Lesmes, cuáles son esas carencias, esas deficiencias que afectan, no solo presupuestariamente, sino también al funcionamiento normal del Alto Tribunal por la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces", ha señalado Llop tras insistir en que el bloqueo es responsabilidad a la formación liderada por Pablo Casado.

"Por eso apelo al PP a que salga de ese momento en el que está únicamente mirando por sus propios intereses, con esas situaciones de enfrentamientos internos, y que mire con sentido de Estado por la renovación del órgano de gobierno porque está generando un grave daño a la institución y al prestigio de España", ha añadido.

La preocupación por el paro, que está en cabeza de los problemas de España, ha crecido este mes de febrero, coincidiendo con la convalidación de la última reforma laboral, según refleja el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado ese martes, una encuesta que también recoge un incremento de la inquietud que generan los problemas políticos, mientras cae casi 12 puntos la que rodea al coronavirus.

El sondeo se realizó entre los días 1 y 12 de febrero, en plena campaña electoral de las elecciones de Castilla y León del día 13, pero antes de la crisis interna del PP. El trabajo de campo coincidió con la polémica votación de la nueva legislación laboral, que salió adelante en el Congreso, gracias al error de un diputado del PP, entre acusaciones de "pucherazo".

En este contexto, el desempleo se lleva el título de primer problema nacional con menciones en el 38,1% de los cuestionarios, seis puntos más que en enero, lo que deja en el segundo puesto a los de índole económica, que caen 1,2 puntos y se quedan con un 33,3%.

SEGUNDA COTA MÁS BAJA DE LA PANDEMIA

Las alusiones al Covid-19 se anotan una bajada de casi 12 puntos respecto a enero, bajando de la segunda a la tercera posición. Suman, en concreto, un 21,1% de menciones, su segunda cota más baja desde el estallido de la pandemia. En la cuarta plaza repite la sanidad, que crece al 20,8%.

Como quinto problema figuran los de índole política (con 2,3 puntos más que en enero, se quedan al borde del 18%), el "mal comportamiento de los políticos" baja a la sexta posición, con el 14,6%, mientras que el Gobierno y los partidos aparecen en el 6,1% de los cuestionarios.

También se incrementan en febrero las menciones a la "mala calidad del empleo" (séptimo problema, con un 9,1%) si bien sólo hay 0,4% de menciones expresas a la reforma laboral.

PROBLEMAS PERSONALES

La lista de problemas personales la lidera la crisis económica, con un 30%, seguida de la sanidad (21,1%), el paro (18,2%), el Covid (16,7%) y la calidad del empleo (11%).

La situación económica es "mala o muy mala" para el 62,1% de las personas entrevistadas por el CIS, frente a un 24,6% que la juzga "buena o muy buena". El 65,4% está satisfecho con su economía personal, pero hay un 22,4% que confiesa que es mala o muy mala.

La Audiencia Nacional ha condenado a la exjefa de ETA Iraxte Sorzabal a 24 años y 6 meses de cárcel por los atentados que la banda realizó el 2 de noviembre de 1996 contra el Palacio de Justicia de Gijón y una farmacia de la ciudad asturiana que pertenecía al marido de una ex secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios.

En una sentencia del pasado viernes, los magistrados de la Sección Primera imponen a Sorzabal una pena de 17 años de cárcel por un delito de estragos terroristas en grado de consumación por el atentado contra el edificio perteneciente a Justicia, que aún no estaba en funcionamiento.

La banda terrorista colocó la bomba en la puerta principal del edificio de los Juzgados, que no estaba en uso, pero iba a ser inaugurado en fechas próximas. Además de los daños ocasionados al Palacio de Justicia, se produjeron desperfectos en vehículos estacionados en las proximidades y en edificios colindantes.

Los daños en la sede propiedad del Ministerio de Justicia fueron valorados en un total de 277.962,64 euros, fijándose en un total de 12.212,96 euros los ocasionados en bienes de titularidad del Ayuntamiento de Gijón.

Por el ataque contra la farmacia, el tribunal le impone una pena de siete años y seis meses por el mismo delito en grado de tentativa en relación, puesto que la explosión no causó daños.

LA ABSUELVE POR PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN TERRORISTA

Sendas acciones fueron reivindicadas por ETA en el diario GARA unos días más tarde, el 15 de noviembre de 1996. Fueron realizadas, según apuntaba el Ministerio Público en su escrito de acusación, por los integrantes del comando Ibarla que estaba integrado, entre otros, por Sorzabal.

Sin embargo, la Sala absuelve a Sorzabal del delito de pertenencia a organización terrorista después de que tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) retirasen la acusación por el mismo.

Los magistrados también prohíben a Sorzabal "acudir a la ciudad de Gijón y no comunicar o acercarse a las víctimas de los delitos descritos a una distancia no inferior a 500 metros por tiempo de diez años".

De igual forma, deberá indemnizar en concepto de responsabilidad civil al Ministerio de Justicia (277.962,64 euros), a un particular (1.688,84 euros), a los dueños del concesionario Renault de la calle Mariano Pola 12 de Gijón en la cantidad (1.821,76 euros), a la Compañía Gijón Motor (9.807, 76 euros), a otro particular (30 euros) y al Ayuntamiento de la ciudad (12.212,96 euros).

Inicialmente el Ministerio Fiscal solicitaba 46 años de cárcel para Sorzabal por dos delitos de estragos terroristas (18 años por cada uno) y por un delito de delito de pertenencia a organización terrorista (castigado con 10 años). Además, interesaba la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de catorce años.

SU PARTICIPACIÓN, ACREDITADA EN LA 'CANTADA'

En la sentencia, los magistrados señalan que la participación de la otrora jefa de la banda viene acreditada especialmente por unas manifestaciones que realizó de forma espontánea, libre y voluntariamente a la cúpula de ETA en una carta manuscrita, las conocidas en el argot de la organización como 'cantadas'.

Esos documentos se definen como las comunicaciones que efectúa un miembro de ETA cuando es detenido por las fuerzas de seguridad con la finalidad de que la cúpula conozca los datos acerca de los atentados cometidos, en qué han consistido, que efectos han producido, que información se ha aportado a los agentes y, en general, los datos relevantes que pudieran interesar a la organización para adoptar las medidas oportunas.

Ese escrito, explica la Sala, proviene de una comisión rogatoria enviada por Francia, y se atribuye a Sorzabal porque viene firmado por ella y porque en el mismo se describen personas integrantes del comando, acciones que llevó a cabo y cantidad de detalles y circunstancias relativas a acciones terroristas.

Las mismas coinciden íntegramente, apuntan, con lo que declaró ante la Guardia Civil e incluso hacen referencia --dicen los agentes en el informe elaborado sobre dicha comunicación-- a una acción del año 1993 contra una sucursal de Mapfre que no describe en su declaración previa ante la Benemérita.

"La validez probatoria de este documento es que contiene un relato detallado de las distintas acciones realizadas por la procesada entre las que se encuentra el hecho de reconocer que participó en la colocación y explosión de los dos atentados de Gijón (farmacia y Palacio de Justicia)", apuntan los magistrados.

En este sentido, aseguran que "tiene pleno valor probatorio por cuanto que ese documento no es una mera transcripción o relato más o menos pormenorizado de lo que la procesada dijo en dependencias de la Guardia Civil cuando previamente fue detenida, sino que en dicho documento se amplían detalles de otras acciones".

En el mismo, además, "se relatan también acciones nuevas, encuentros de personas, que son absolutamente novedosos y que, a juicio de los testigos que elaboran el informe, solamente los podía conocer la persona que lo relata por haberlos vivido en persona".

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que el presidente del PP, Pablo Casado, sigue siendo su interlocutor y ha trasladado su "absoluto respeto" a los procedimientos internos del partido ante la crisis interna que está atravesando, al tiempo que les ha pedido que aclaren "cuanto antes" los presuntos hechos irregulares que giran en torno al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros al ser preguntada acerca de si el Ejecutivo considera al líder de la oposición como un interlocutor válido para tratar asuntos de Estado como la crisis de Ucrania.

"De momento sigue siendo el interlocutor que el PP tiene como responsable político. Absoluto respeto a los procedimientos internos", ha trasladado la ministra portavoz, que ha asegurado que lo que les preocupa es que "aclaren cuanto antes los posibles hechos que puedan constituir irregularidades o corrupción".

Ha deslizado que esta es la única preocupación para el Ejecutivo porque "afecta a la credibilidad" y a la reputación del país y de la democracia. "Que la derecha se organiza como buenamente pueda", ha añadido la titular de Política Territorial.

Rodríguez no ha entrado a valorar si el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, representa una derecha distinta a la de Pablo Casado, pero ha asegurado que el interés del Gobierno en este momento es "abordar el cordón sanitario a la extrema derecha" porque "hay soluciones para evitarlo".

Fuentes del Gobierno ven al dirigente gallego como un buen político con ideas claras y proyecto de país, pero ponen en duda que sea más moderado que el actual líder 'popular'. Asimismo, apuntan a que en materia económica el dirigente gallego es más conservador.

Así, sobre la posibilidad de que Feijóo releve a Casado en el puesto, estas mismas fuentes piensan que como interlocutor para el Gobierno podría ser mejor.

Si bien no se conoce si Casado asistirá este miércoles al Pleno del Congreso al que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, no asistirá, la portavoz ha asegurado que el Sánchez está preparando la pregunta del Control "como cada semana" y "con absoluto respeto al Congreso que representa a la soberanía nacional".

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha trasladado que se trata de un momento de "máxima delicadeza. "No me toca inmiscuirme en las decisión que adopte el PP", ha agregado.

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha reclamado una "solución definitiva" a los retrasos "de meses" en la gestión del título oficial en algunas comunidades autónomas, lo que no permite a los núcleos en esta condición acceder a los beneficios económicos y sociales que les corresponde.

Según ha señalado la FEFN en un comunicado, "cientos" de familias se ven afectadas por la "demora" en resolver los expedientes en provincias de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia.

Este retraso "puede ser de varios meses, hasta de seis o siete en algunos casos", ha precisado, para lamentar que en este período las familias no pueden beneficiarse de descuentos en transporte ferroviario y por carretera, centros culturales de titularidad pública o bonificación en el agua y en la electricidad a través del bono social.

"Todo ello se traduce en una pérdida de dinero para las familias, sobre todo, cuando se trata de beneficios 'mayores', como la bonificación en el IBI o las matrículas universitarias, donde entran en juego miles de euros, ya que en la Universidad la ley les reconoce un 50% de descuento para familias de categoría general o gratuidad en el caso de ser de categoría especial, a partir de cinco hijos", ha advertido también la Federación.

SOLUCIÓN TRANSITORIA

En este contexto, ha reconocido la "solución transitoria" que han impulsado algunas comunidades, como prórrogas automáticas durante el tiempo que se tarda en resolver la renovación del título, para que las familias "no pierdan derechos".

Esta acción "parece haber resuelto los problemas en la Comunidad Valencia, que hace años era una de las más afectadas por los retrasos". Sin embargo, Aragón también la ha llevado a cabo "para atajar el tapón existente en la provincia de Zaragoza con las citas", si bien, según la FEFN, "en este caso no parece ser la solución".

"La prórroga sólo sirve si solicitas la renovación antes de que te haya caducado, lo que le ocurre a muchas familias, que, al ver que la petición de cita está colapsada, deciden esperar un tiempo. Sin embargo, cuando se quieren dar cuenta, el título ya ha perdido la vigencia, aunque sea por unos días, y ya no hay opción de prórroga", ha criticado la Asociación de Familias Numerosas de Aragón, 3ymás.

En concreto, esta asociación ha apuntado que el problema en Aragón es la "falta de personal" y "retraso respecto a la informatización de los procesos". "Aquí es todo presencial, no se puede hacer online y eso ralentiza mucho el proceso y además sólo se atiende de 9 a 12 horas, el resto del horario es para todo lo que entra por Registro", ha lamentado.

El mismo problema de falta de personal lo tiene Andalucía, una de las comunidades con más retrasos, concentrados en las provincias de Sevilla, "donde puede haber unas 1.000 solicitudes al mes y solo tres funcionarios para resolverlas", según la Federación.

Asimismo, esta ha avisado también de que en Málaga la espera de una familia para obtener la renovación de su título puede ser de hasta siete meses, lo que supone "mucho tiempo sin disponer del documento".

Ante esta situación, la Federación Andaluza de Familias Numerosas está facilitando a las familias un escrito para que, transcurridos tres meses desde que se presenta la solicitud y documentación del título, reclamen su expediente y la resolución del mismo "por silencio administrativo positivo".

Por otro lado, en Cataluña también hay espera de hasta seis meses con las renovaciones en la provincia de Barcelona, mientras el proceso es más "sencillo" si se trata de una petición de título nuevo.

En esta comunidad también hay una "especie de prórroga", ya que el título se considera válido desde el mismo día que se hace la solicitud de renovación, pero, igual que en Zaragoza, siempre que siga en vigor.

Por su parte, Murcia, con "meses de espera" para renovar un título de categoría especial por renta, y algunas provincias de Castilla-La Mancha también sufren "retraso en la gestión de solicitud o renovación del título".

El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid que consideró ajustada a derecho la resolución de la Secretaría de Estado de Cultura de 2017 por la que se ratificó la denegación del permiso de exportación temporal con posibilidad de venta del cuadro 'Fin de jornada' de Joaquín Sorolla. Así, ha ordenado que se reexamine dicho permiso sin otorgar un plus de credibilidad a varios informes periciales aportados por la Administración.

En una sentencia de 17 de febrero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso de Eduardo Lorente-Sorolla y ha ordenado la retroacción de actuaciones para que el TSJ de Madrid dicte una nueva sentencia, con práctica de diligencias finales si lo estima pertinente, en la que realice una valoración de la prueba sin otorgar un plus de credibilidad a determinados informes periciales por el solo hecho de provenir de la Administración.

Los magistrados han explicado que los expertos al servicio de la Administración pueden actuar como peritos y que sus dictámenes -al igual que cualquier otro dictamen pericial- han de ser valorados de manera libre y motivada, pero teniendo en cuenta tres consideraciones adicionales.

En primer lugar, han subrayado que no es lo mismo que un informe o dictamen emanado de la Administración se haga valer como medio de prueba en un litigio entre terceros o en un litigio en que esa misma Administración es parte, ya que en este último supuesto, no tiene sentido decir que el informe o dictamen goza de imparcialidad y, por ello, merece un plus de credibilidad, porque quien es parte no es imparcial.

Según el tribunal, cuando esto ocurre "el dato es relevante, pues exige no eludir la proveniencia puramente administrativa del informe o dictamen, examinando hasta qué punto ello ha podido influir en las conclusiones periciales".

En segundo lugar, los magistrados han señalado que "no todos los expertos al servicio de la Administración se encuentran en una misma situación de dependencia con respecto al órgano administrativo llamado a decidir". Y han insistido en que por mucha que sea la capacitación técnica o científica de la concreta persona, "no es lo mismo un funcionario inserto en la estructura jerárquica de la Administración activa que alguien que -aun habiendo sido designado para el cargo por una autoridad administrativa- trabaja en entidades u organismos dotados de cierta autonomía con respecto a la Administración activa". Según el Supremo, este aspecto debe también ser ponderado por el juzgador.

En tercer lugar, la Sala ha indicado que seguramente también habrá supuestos en que los informes de origen funcionarial, "aun habiendo sido elaborados por auténticos técnicos, no pueden ser considerados como prueba pericial", algo que ocurre destacadamente cuando las partes no tienen ocasión de pedir explicaciones o aclaraciones. En ese caso, dichos informes no tendrán más valor que el que tengan como documentos administrativos, y como tales habrán de ser valorados.

MOTIVACIÓN INSUFICIENTE

En el caso concreto examinado, el Supremo ha resaltado que el TSJ de Madrid no ha hecho ningún análisis comparativo de los argumentos desarrollados en los distintos informes y dictámenes recogidos en las actuaciones, y ha basado su decisión fundamentalmente en una pretendida "mayor objetividad e imparcialidad" de los expertos al servicio de la Administración.

Los magistrados han considerado que ello "no es lo que la ley requiere", ya que el TSJ "habría debido examinar la mayor o menor solidez de cada uno de los dictámenes periciales, teniendo en cuenta sus fuentes, su desarrollo expositivo, e incluso el prestigio profesional de su autor".

Así, ha insistido el TSJ madrileño se limitó a "decir que cuando concurren un experto privado y uno de la Administración debe darse mayor credibilidad a éste último". A su juicio, la sentencia impugnada "no sólo no aporta una motivación suficiente del modo en que se ha formado su convicción sobre los hechos, sino -lo que es peor- termina por otorgar implícitamente el carácter de prueba tasada o legal a los dictámenes e informes provenientes de la Administración".

En la sentencia, la Sala ha señalado que es necesario examinar los dictámenes periciales críticamente, "sin otorgar automáticamente mayor fuerza a algunos de ellos por el solo hecho de provenir de la Administración".

El Supremo ha puntualizado que, al admitir en su momento el recurso de casación y ahora al resolverlo, "no ha entrado en absoluto a examinar si la valoración de la prueba es acertada". "Tan es así que nada de lo dicho en esta sentencia permite inferir si esta Sala considera que el cuadro 'Fin de jornada' reúne o no reúne las características que legalmente justifican una denegación de la solicitud de la autorización de exportación", ha añadido la Sala.

Según consta en la resolución, los magistrados se han limitado a "constatar" que la sentencia impugnada se basa en una "visión errónea de las normas reguladoras de la valoración de la prueba, especialmente en lo que atañe a los informes y dictámenes provenientes de la Administración".

Por ello, han acordado devolver las actuaciones al TSJ de Madrid para que -con práctica de diligencias finales si lo estima pertinente- dicte nueva sentencia, ajustándose en la valoración de la prueba a lo indicado en la resolución del Supremo.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha sumado hoy a la mayoría de barones y dirigentes territoriales del PP que han solicitado la celebración de un congreso extraordinario en el partido para poner fin a lo que considera una situación "insostenible" que requiere, para su resolución, de "responsabilidad".

López Miras, hasta ahora el principal defensor de Pablo Casado y Teodoro García Egea, ha realizado esta petición "pensando única y exclusivamente en la Región de Murcia y en los miles de afiliados y militantes del PP", en el marco de un acto público en Cieza.

"España está por encima de todo y yo como presidente del PP de la Región tengo que representar a los miles de militantes que hay", ha dicho el dirigente murciano, para quien la situación "no puede seguir así" y es necesario "tomar decisiones de forma urgente".

Así, ha señalado que su papel es el de presidente, y eso supone "ser responsable y estar comprometido con la Región, con sus ciudadanos y con los afiliados del PP".

Y es que "no se trata de una cuestión de confianza, sino de responsabilidad". "Saben que desde el primer momento he respaldado a la dirección nacional con la que me une, además, una amistad a la que no voy a renunciar nunca, pero es cierto que por encima de cualquier cuestión personal está España y la Región de Murcia", ha apostillado.

López Miras ha declinado entrar a valorar la dimisión de la portavocía nacional del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al considerar que se trata de una decisión "personal, política también", que respeta "como no puede ser de otro modo".

Respecto al escrito en el que el Grupo Parlamentario Popular solicita la convocatoria de un congreso extraordinario y la dimisión de García Egea, ha indicado que no ha podido leer el contenido.

Asimismo, se ha mostrado "convencido" de la "honorabilidad" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

ASISTENCIA A LA REUNIÓN EN GÉNOVA

En relación con la reunión organizada por el líder del PP, Pablo Casado, este miércoles en Madrid, López Miras ha avanzado que, aunque ha sido convocado como presidente del PPRM, aún no sabe si podrá asistir porque a las 16.30 horas tiene que comparecer en la Asamblea Regional de Murcia, con sede en Cartagena, en una sesión de control.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha creado un "Servicio de coordinación y asesoramiento", integrado por psicólogos y otros expertos, para dar "apoyo" a las oficinas de protección a menores abiertas en todas las diócesis españolas y ayudarlas a abordar los casos de abusos sexuales y acompañar a las víctimas.

Este servicio estará formado por la psiquiatra Montserrat Lafuente, que trabaja ya en la Oficina de la diócesis de Vic; la responsable de la Oficina de Astorga y psicóloga María José Diez; el sacerdote y miembro del Tribunal de la Rota Jesús Rodríguez; y el secretario general de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Miguel Zamora.

Según ha informado la Conferencia Episcopal Española en un comunicado, la creación de este servicio se acordó en la última reunión de la Asamblea Plenaria.

Al mismo tiempo, ha avanzado que el próximo 31 de marzo tendrá lugar una reunión en Madrid, en la que participarán los representantes de las oficinas de protección a menores de las diferentes diócesis.

Esta acción se suma a las que viene realizando la Iglesia católica española para afrontar los casos de abusos. Así, en cumplimiento de lo establecido por la Santa Sede, desde antes del 1 de junio de 2021, todas las diócesis españolas tienen establecidos protocolos y oficinas para la protección de menores y presentación de denuncias por abusos.

Además, según precisa la CEE, en cada diócesis, los obispos llevan a cabo, bajo la dirección y coordinación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, los procesos para el tratamiento de los delitos en sus respectivas jurisdicciones eclesiásticas.

Asimismo, este mismo martes, la Conferencia Episcopal Española ha anunciado que ha encargado una auditoría independiente al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo acerca de los informes e investigaciones sobre los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia española.

Este nuevo cauce de comunicación y denuncia es complementario al trabajo que ya se viene realizando en las oficinas diocesanas, según ha explicado la CEE.

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y el del PP de Barcelona, Manu Reyes, han pedido este martes que se celebre un Congreso Extraordinario ante la crisis interna por la que esta pasando el partido, tras el choque entre el líder de la formación, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En un tuit, Fernández ha compartido un escrito que pide la convocatoria de un Congreso Extraordinario "en el que se elija a las personas que deberían presidir" el PP firmado por los diputados populares en el Congreso Guillermo Mariscal, Pablo Hispán, Carlos Rojas, Adolfo Suárez Illana, José Ignacio Echániz, Sandra Moneo y Mario Garcés.

En el documento también se exige la "destitución inmediata" del Secretario General del PP, Teodoro García Egea, con el fin de revertir la situación actual.

"Es urgente poner fin de manera inmediata al proceso de fragmentación interna en el que ha quedado sumida nuestra formación, a consecuencia de actuaciones que nunca deberían haberse producido", añade el escrito.

Fernández ya reclamó el lunes a través de Twitter que se tomaran decisiones drásticas y se dé "voz al afiliado" ante esta crisis.

Fuentes del PP han explicado que Fernández ha sido llamado a acudir a la reunión de barones convocada por Casado, aunque no está confirmado si finalmente asistirá, dado que está de baja por una reciente operación.

OTROS DIRIGENTES

Reyes también ha exigido en un tuit este martes que se celebre un Congreso Extraordinario para "salir más fuertes que nunca", una petición que hace después de que en un primer momento hubiese defendido el liderazgo de Casado.

"Es el momento de estar unidos. Los populares debemos rehacernos y recuperar la confianza de la ciudadanía. Es el momento de hacer un Congreso Extraordinario y salir más fuertes que nunca. Por España, por nuestro partido y por toda la gente que confía en nosotros", ha añadido.

Otros dirigentes populares como el exalcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, o el secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, habían manifestado su apoyo a Casado, aunque no han vuelto a pronunciarse sobre la cuestión.

El cantante Joan Manuel Serrat ha recibido este martes la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X, la distinción de mayor rango para personas físicas que no sean jefes de Estado o de Altas Instituciones. "Lo único que he hecho en mi vida ha sido hacer lo que he querido, como lo he querido hacer y de la forma en que me ha parecido, acertada o equivocadamente, que debía hacerlo", ha afirmado.

Así se ha expresado Serrat "muy emocionado" y "muy feliz", durante su intervención en el "emotivo" acto de imposición de la condecoración, que ha tenido lugar este martes en el complejo de La Moncloa y ha sido presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El compositor ha explicado que tras conocer que había sido reconocido con esta distinción recurrió a Internet para buscar la lista de los galardonados con la Gran Cruz. "Lo busqué a partir de un cierto año, me entienden. A partir de unos años para arriba ya no se me ocurrió buscar nada porque sé que no encontraría nada agradable", ha dicho desatando las risas entres los asistentes.

En este sentido, Serrat ha confesado que en su búsqueda halló a "amigos" suyos como Álvaro Mutis, Fernando Fernán Gómez, Concha Velasco y José Luis Cuerda, a quién "en el club de amigos de Azcona" echan "mucho de menos". "Me sentí reconfortado y dije: 'Buena gente llevo a mi lado. Trataremos de ser un poco como ellos'", ha afirmado.

El artista se ha referido de manera especial a Rozalén, quien ha interpretado un tema de Serrat en este homenaje, después de haber pasado "una semana terrible" por el fallecimiento de su padre. "Una gratitud muy, muy especial", le ha trasladado.

Joan Manuel Serrat ha estado acompañado de familiares, compañeros y amigos como el periodista Iñaki Gabilondo o los artistas Miguel Ríos, Ana Belén y Víctor Manuel, entre otros. "Estoy aquí, recibiendo muy emocionado esta distinción, con mis hijos, para que más allá del ser humano que han visto en calzoncillos tantos años en su vida y en situaciones tan desconcertantes, sepan que hay una persona que ha trabajado y ha hecho otras cosas", ha bromeado.

Serrat se ha despedido con una nueva broma, seguida de una larga ovación: "Chicos, vámonos que estos señores se dedican a gobernar y tendrán muchas cosas que hacer".

Al acto han asistido junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez; y la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría.

Tras imponer a Serrat la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, el presidente del Gobierno ha afirmado que es "una deuda de los españoles y españolas" con el artista. "Es el símbolo del inmenso cariño, de la profunda admiración y también un sincero agradecimiento que te profesamos a ti y a toda tu obra artística", ha subrayado.

SÁNCHEZ: "GRAN CRUZ PARA UN NIÑO ETERNO"

"La Gran Cruz que hoy imponemos, concedida como bien sabes por el Consejo de Ministros y Ministras, es para un niño eterno a quien llamaremos a partir de ahora excelentísimo: excelentísimo poeta, excelentísimo escritor, excelentísimo compositor, excelentísimo músico, excelentísimo letrista. Joan Manuel, excelentísimo referente y maestro, excelentísimo ciudadano", ha asegurado Sánchez, para poner en valor los 56 años de "exitosa" carrera y el reconocimiento que "traspasa" las fronteras de España.

Por su parte, la ministra de Educación ha puesto de relieve los reconocimientos cosechados por el artista catalán a lo largo de su dilatada carrera, pero ha añadido: "El reconocimiento institucional que ha obtenido Joan Manuel Serrat es abrumador e indiscutido. Sin embargo, me atrevo a pensar que el verdadero reconocimiento que satisface a Joan Manuel es el reconocimiento popular y el reconocimiento social del que llevas disfrutando algo más de seis décadas".

"Sus canciones han conseguido hilvanar la entretela del alma de muchas generaciones --por utilizar palabras tuyas--. Tus canciones forman parte de nuestras emociones y de nuestros recuerdos sentimentales. También forman parte, por supuesto, de esos anhelos de una sociedad más justa y mejor, o de nuestra forma de apreciar las cosas más bellas de la vida", ha declarado Alegría.

Ha añadido que "en los estertores del franquismo Joan Manuel Serrat le dio a muchos miles de españoles himnos de la libertad, himnos a la esperanza a través de su música y a través de los versos de Antonio Machado y de Miguel Hernández, versos llenos de coraje y también de dignidad".

El pasado diciembre, el Consejo de Ministros, a iniciativa del presidente del Gobierno y a propuesta de la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, concedía al cantautor la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por "su brillante carrera y su contribución a la cultura y el arte españoles.

A finales de 2021, el cantante Joan Manuel Serrat, de 77 años, anunció su despedida en el año 2022 de los escenarios con una última gira de conciertos. Según informó, tras la pandemia y después de una "inactividad forzosa", regresará con una gira para despedirse "personalmente" del público con el que ha "compartido vida y canciones durante más de medio siglo".

Euskadi registró este pasado lunes 471 nuevos positivos por covid-19, cifra que confirma que se mantiene la tendencia "positiva" de retroceso de la pandemia, según ha afirmado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, quien, no obstante, ha advertido de que hay que permanecer "atentos", puesto que el índice 'R0' lleva varias jornadas subiendo "poco a poco", pese a que aún está por debajo del nivel a partir del que se estima que la pandemia está en expansión.

Sagardui ha actualizado este martes, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la información epidemiológica de Euskadi, en una comparecencia en la que también se ha referido a la situación en la que se encuentran los hospitales y centros de atención primaria del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.

La consejera ha subrayado que los principales indicadores apuntan a que la tendencia de la pandemia sigue siendo "positiva". De hecho, los 471 contagios registrados este pasado lunes son un 89% menos que los contabilizados hace tres semanas (3.731).

Sagardui también ha destacado que otros indicadores como el 'R0' o la 'razón de tasas' siguen por debajo de '1', que es la cifra a partir de la cual empieza a considerarse que la pandemia se encuentra en expansión. No obstante, ha alertado de que en el caso del 'R0', la cifra lleva varias jornadas aumentando "poco a poco", por lo que ha explicado que será necesario permanecer "atentos" a su evolución.

MEJORA EN LOS HOSPITALES

En el ámbito asistencial, el número de pacientes hospitalizados por covid se ha reducido en un 52%, al pasar de 572 a 273. En el caso de las personas con coronavirus ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), se ha pasado de 89 a 60 en ese mismo periodo. En la actualidad, el plan de contingencia de las UCI de Osakidetza se encuentra en 'fase dos', con 374 camas habilitadas.

La reducción de la presión asistencial por la covid-19 ha permitido recuperar en buena parte la actividad quirúrgica ordinaria en Osakidetza, que había sido suspendida --salvo en el caso de las operaciones urgentes u oncológicas-- para priorizar la respuesta sanitaria a la pandemia.

De esa forma, ha explicado que la recuperación de la actividad quirúrgica es ya "completa" por la mañana, mientras que en horario de tarde esta actividad se encuentra al 80%. En total, en Osakidetza se están realizando en la actualidad en torno a 500 intervenciones quirúrgicas diarias.

La mejoría también se está percibiendo en la Atención Primaria, en el que de las 70.000 llamadas que se recibían en el peor momento de esta sexta ola de la pandemia, se ha pasado a unas 30.000 llamadas diarias, cifra que se sitúa cerca de los niveles registrados antes de la crisis del coronavirus. Sagardui ha destacado que el 93% de las llamadas reciben contestación "a la primera", cuando hace un mes esta cifra era del 60%.

La atención presencial en ambulatorios y centros de salud se sitúa ya en torno al 50%, mientras que en la época previa a la pandemia era de un 65%.

Por otra parte, Sagardui ha recordado que este próximo jueves concluye el periodo de presentación de solicitudes para inscribirse en la primera fase de la OPE 2018-2019 de Osakidetza, en la que se ofertan 1.611 plazas, entre las que se incluyen 322 plazas de Medicina de Familia y 62 de Pediatría.

"COMPROMISO" DEL GOBIERNO

La consejera ha reafirmado el compromiso de su departamento con el empleo "estable y de calidad", y ha afirmado que este proceso selectivo contribuirá a "afianzar las plantillas y dotar de más estabilidad" al Servicio Vasco de Salud.

Sagardui ha anunciado, asimismo, que el próximo jueves se reunirá la Mesa Sectorial de Osakidetza, en la que se abordará la convocatoria extraordinaria del reconocimiento de la carrera profesional de los trabajadores del Servicio Vasco de Salud.

La consejera ha explicado que el Gobierno autonómico destinará 300 millones de euros al pago de los complementos asociados a la carrera profesional. "Es una muestra del compromiso del Gobierno con la salud y con los profesionales sanitarios", ha manifestado.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha vuelto a visitar la isla de La Palma para conocer de primera mano la situación económica y social tras la crisis vulcanológica y destacó la capacidad de "resiliencia" de la ciudadanía palmera y su capacidad de reponerse tras la que está considerada como uno de los mayores desastres naturales vividos en España.

"Han sido 84 días de puro infierno los que se han vivido en la Isla y las consecuencias económicas, laborales y sociales han sido devastadores y ahora toca exigir que las ayudas lleguen de forma efectiva y que los fondos europeos sirvan para reconstruir el tejido empresarial de la Isla", afirmó Pepe Álvarez.

El secretario general de UGT visitó esta mañana la oficina de coordinación económica y de asistencia a los afectados por el volcán en Los Llanos de Aridane, en la que fue recibido por su coordinador, Sergio Matos Castro.

Durante la visita estuvo acompañado de Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias; Cristina Antoñanza, vicesecretaria general; Rafael Espartero, vicesecretario general de organización; Mariano Hoya, vicesecretario general de política sindical; Héctor Pérez, secretario organización de UGT Canarias, y Lupe Parrilla, secretaria general de UGT La Palma.

Pepe Álvarez destacó la "capacidad de reacción" de la formación regional para exigir de forma inmediata la vinculación de los ERTE a este caso excepcional, más allá de los límites y condiciones establecidos por la COVID-19. "Era necesario establecer esta diferencia y que se reconociera de forma precisa para evitar que los trabajadores y trabajadoras, cuyos puestos fueron tragados literalmente por la lava, se vieran desamparados ante una situación sobrevenida", añadió.

El 54 por ciento de la población considera que se podrían ir relajando las medidas contra la Covid-19 en vista de la evolución de la pandemia y uno de cada cuatro (26%) cree que, al menos, la situación de la pandemia hace posible dejar las medidas como están. En un mes, ha subido 20 puntos la población contraria tomar medidas de control más exigentes contra la Covid-19.

Del mismo modo, hasta 25 puntos ha bajado los que sí se posicionan a favor de medidas de control y aislamiento más exigentes contra la Covid-19, pasando del el 39 por ciento de enero al 14 por ciento que muestra el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que muestra una tendencia de opinión parecida a meses anteriores.

Consultados los que sí manifiestan la necesidad de tomar medidas más exigentes, entre las medidas necesarias llama la atención que el 96 por ciento vea necesario mantener el uso obligatorio de mascarillas en interiores y el 61 por ciento lo vea también necesario en exteriores.

Por otro lado, se propone como dotar de más recursos al sistema sanitario para reforzarlo (97%); reforzar los protocolos de seguridad en el transporte (89%); reforzar los protocolos de seguridad en las actividades turísticas (80%) y poner en marcha una App para el seguimiento de la trazabilidad de los contagios (64%); y baja del 85 por ciento al 78 por ciento los que están a favor del pasaporte o certificado de vacunación

EL 70% CREE QUE 'LO PEOR YA HA PASADO'

En el mes de febrero se vuelve al optimismo de noviembre con un 71 por ciento de la población que piensa que 'lo peor de la pandemia ya ha pasado'. Hasta 17 puntos más en un mes. Este dato bajó con la cercanía de las fiestas navideñas hasta el 60 por ciento en diciembre, y en enero con los indicadores de incidencia disparados en todas las CCAA y el aumento exponencial de fallecimientos se situó en el 54 por ciento.

Del mismo modo, el barómetro realizado del 1 al 12 de febrero sobre una muestra de 3.860 personas, muestra una bajada de 10 puntos entre la población que afirman que 'la pandemia sigue en el peor momento' (del 21,5% al 11,6%); y de 5 puntos entre los que piensan que 'lo peor está por llegar' (del 11% al 6,5%).

Asimismo, se observa que la crisis del coronavirus le preocupa 'mucho' o 'bastante' al 79% por ciento de la población (5 puntos menos que en enero) frente al 14 por ciento (2 puntos más) que afirma que no le preocupa 'nada' o 'poco'. Y, en estos momentos, el 33,6 por ciento (6 puntos menos) teme más los efectos de esta crisis sobre la salud que sobre la economía y el empleo (39%) que sube 7 puntos con respecto a enero.

Agentes de la séptima Unidad de Distrito y el grupo GAMA han detenido a un hombre acusado de agredir a su pareja sentimental durante 14 años, en ocasiones con armas.

Según ha informado este cuerpo de seguridad, fue la comunidad de vecinos la que dio la voz de alarma a la policía en la noche del 18 de febrero. Informó de que se oían gritos en un domicilio.

Los agentes acudieron a la vivienda indicada y el presunto agresor abrió la puerta en un estado crítico tanto por la supuesta toma de estupefacientes así como por la discusión que estaba desarrollando en el interior.

Antes de seguir con los procedimientos de cacheo, el hombre tenía sangre en sus nudillos y mostraba frialdad ante los cuerpos de seguridad.

Seguidamente, los policías se entrevistaron tanto con el agresor como con la víctima y concluyeron con que la relación sentimental se había deteriorado por la situación económica de la pareja, así como por el consumo de alcohol y drogas del hombre.

Esto acababa por desarrollar un maltrato psicológico a la víctima y amenazas físicas en discusiones anteriores. Se reconoció que en alguna ocasión se había llegado a utilizar armas contra la víctima.

Ante esta situación, los agentes detuvieron al presunto agresor y desarrollaron el protocolo médico a la víctima para comprobar que se encontraba en buen estado de salud.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha definido este martes al presidente de la Xunta gallega, Alberto Núñez Feijóo, como "un gran activo del PP" al ser preguntado por si lo vería como candidato a presidir el partido a nivel nacional debido a la crisis interna. "Lo hace muy bien en Galicia, gana muy bien las elecciones, es un gran dirigente político, no tengo dudas de ello", ha comentado.

De la Torre se ha pronunciado de nuevo hoy sobre la guerra abierta en el PP tras el cruce de acusaciones que protagonizaron la semana pasada el presidente de la formación, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque ha vuelto a insistir en su deseo de "que los problemas del PP se resuelvan cuanto antes".

"Es bueno para España que se resuelva, no es bueno para España ni el PP la crisis que se ha generado en estos días", ha abundado el alcalde 'popular' de Málaga.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas sobre si es partidario de que Pablo Casado dé un paso atrás o celebrar un congreso, ha dejado claro que "no voy a entrar" en ello, aludiendo, primero a "la falta de tiempo" y segundo "porque es un tema muy orgánico del cual entiendo pero no suficientemente como otros; estoy más en lo que es la gestión municipal que en los temas de partido".

"Sí he expresado públicamente mi deseo de que los problemas del PP se resuelvan cuanto antes", ha reiterado el regidor 'popular', que también ha dicho, como ya se pronunciara la pasada semana, que "es bueno para España que se resuelva, no es bueno para España ni el PP la crisis que se ha generado en estos días".

A juicio de De la Torre, "creo que tenemos que estar todos a la altura de nuestra responsabilidad conformando una sólida alterativa del gobierno, como necesita toda democracia. Aparte de un partido responsable del gobierno tiene que haber otros pensando en alternativa, para que haya un estimulo a que el gobierno lo haga lo mejor posible", ha incidido y ha agregado que "donde estamos gobernando hacer las cosa muy bien". "Desear que se plantee una solución cuanto antes a los temas del PP", ha reiterado.

De igual modo, en relación con la renuncia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como portavoz nacional del Partido Popular, De la Torre ha dicho comprenderlo. "Me parece también normal que quiera poner sus responsabilidad como alcalde por encima de una situación ahora difícil; digamos que él aporta más ahora como alcalde que como portavoz del PP. Lo entiendo perfectamente", ha concluido.

La Audiencia de Sevilla ha celebrado este martes la segunda sesión del juicio con jurado popular promovido contra el varón de 31 años acusado del asesinato en noviembre de 2020 de una mujer con un 80 por ciento de discapacidad reconocida, tras exigirle presuntamente que le pagara más dinero por la habitación que le tenía alquilada en su vivienda del barrio de Torreblanca.

Durante esta sesión, las dos forenses encargadas de la autopsia del cadáver de la víctima han señalado la detección de "43 contusiones" fruto de "golpes, patadas" e impactos con algún "objeto", entre otros aspectos.

Durante su comparecencia en calidad de peritos, estas dos forenses han explicado que el cadáver de la víctima, llamada Trinidad, que usaba bastones para andar y había iniciado trámites para que se le reconociera como dependiente al contar con una discapacidad visual del 80%; presentaba "hasta 43 lesiones" derivadas de "golpes, patadas", impactos con algún tipo de "objeto" y de "varias maneras", así como marcas de que su cuello había sido agarrado; lo que según han razonado "da una idea" de la envergadura de la "agresión".

Al punto, recordemos que a la hora de comparecer ante el jurado popular y el tribunal, Manuel P.A., acusado del crimen, admitía que dio "una paliza" a la víctima, ante la cual ella se defendió "con manotazos y prorrazos"; asegurando que él estaba bajo los efectos del alcohol y de "pastillas" y que no era su "intención llegar a ese extremo".

En ese sentido, las forenses encargadas de la autopsia han explicado que el cadáver presentaba aspectos por los cuales es posible deducir que la víctima se defendió de la agresión, constatando la "diferencia de capacidades físicas" entre Trinidad, que además de las circunstancias ya descritas sufría "una discapacidad en una pierna" y tenía "aminorada su conciencia" por el consumo de ansiolíticos; y el encartado por los hechos, "más joven y ágil" que ella.

MUCHAS LESIONES "IMPORTANTES"

"Ella no podía moverse bien. Tenía menor capacidad de defensa", han recalcado, agregando que la causa de la muerte de la víctima fue un traumatismo craneoencefálico, si bien otras lesiones detectadas también fueron "importantes", pues por ejemplo la mujer habría sufrido una rotura del bazo con la consiguiente "hemorragia abdominal", lo que también podría haberle causado la muerte; así como una lesión de riñón, "asfixia mecánica" y fractura nasal.

En cualquier caso, la autopsia habría revelado que "todo el conjunto de la agresión se produjo en un intervalo de tiempo único y muy corto", según las forenses.

A su entender, la víctima intentaba defenderse de la agresión hasta quedar "conmocionada e inconsciente" por el traumatismo craneoencefálico, siendo acometidos después las diversas lesiones detectadas en el tórax.

PETICIONES DE CONDENA

La Fiscalía, recordémoslo, pide para el acusado 20 años de prisión por un delito de asesinato; tres años más de cárcel por dos delitos de amenazas; una multa de 1.200 euros por dos delitos leves de lesiones, 300 euros por un delito leve de estafa y una indemnización de 180.000 euros a los hijos de la víctima; mientras la acusación particular ejercida por la familia de la víctima reclama para él prisión permanente revisable, entre otras penas.

Según la Fiscalía, la víctima había acudido el 21 de noviembre de 2020 al barrio de Torreblanca junto a otras cuatro personas para buscar un sitio donde dormir, ya que hasta ese momento dormían en la calle.

El acusado les habría acogido en su hogar a cambio de 100 euros por cabeza en concepto de alquiler de las habitaciones, pero la noche del 24 de noviembre de 2020, el investigado "empezó a ponerse violento exigiéndoles más dinero"; tras lo cual todo habría acontecido a partir de las 7,00 horas del día 25 de noviembre, cuando el encausado habría golpeado a uno de los inquilinos con un tubo de aluminio en demanda de más dinero, amenazando con un cuchillo a otra de las inquilinas cuando esta le recriminó su comportamiento y con un bate de béisbol a otra de estas personas.

HUIDA DE LA VIVIENDA

Según la Fiscalía, el encartado habría pegado con una cuerda a dos de los inquilinos, huyendo todos ellos de la vivienda salvo la víctima, a la que el encartado habría golpeado "de manera reiterada" haciendo uso de objetos contundentes y con patadas y puñetazos, "lo que aumentó de manera innecesaria el sufrimiento" de la mujer.

La víctima, según el escrito de acusación de la Fiscalía, habría sufrido estrangulación, traumatismo torácico, abdominal y lumbar, así como un traumatismo craneoencefálico severo que le ocasionó la muerte; tras lo cual el acusado se habría apoderado de su tarjeta bancaria, realizando una compra por valor de 69 euros.

Vox ha insistido este martes en mantenerse al margen de la crisis que vive el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y ha subrayado que su objetivo es desbancar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa, por lo que desean que los 'populares' se recuperen "cuando antes" para poder sumar fuerzas y formar Gobierno.

"No estamos en una batalla contra el PP, estamos en una batalla contra Pedro Sánchez", ha sostenido el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha recordado que ya su presidente, Santiago Abascal, dejó claro este lunes que "lo que es malo para España es malo para Vox".

Según ha reconocido, su objetivo es llegar al Palacio de la Moncloa y para ello asumen que necesitarán al PP, ya que "previsiblemente" los próximos Gobiernos no serán de un partido en solitario. "Deseamos que quienes son los posibles aliados de Vox en un Gobierno de la Nación (en alusión al PP) estén en condiciones de aportar los suficientes diputados para que esa suma sea posible", ha reconocido.

En este contexto, ha evitado reproducir alguna de sus habituales críticas al Partido Popular o a Casado, ni siquiera su 'no' a la moción de censura liderada por Abascal, y ha insistido en que el PP debe recuperarse para poder albergar a aquellos votantes que "no se sientan cómodos" con Vox. "Entre todos debemos sumar para echar a Vox del Gobierno".

En esta línea, fuentes de la dirección de Vox han asegurado que ven más posible esa suma si el liderazgo de los 'populares' lo asume el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y no la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya que ocuparían un espacio más amplio del electorado.

Sin embargo, Espinosa de los Monteros ha evitado este martes hacer "elucubraciones" y "política ficción" sobre un asunto que aún no está sobre la mesa. "Si tuviera que hacerlo, pensaría sobre quién de los dos nos apoyaría a nosotros", ha dicho.

En este sentido, ha garantizado la disposición de Vox a liderar a gobiernos, no solo por el currículum de sus diputados en el Congreso sino de muchas personas que ha asegurado que les apoyan y "contribuirían de manera más visible cuando Vox esté en el Gobierno". "Vox está en disposición de asumir gobiernos en toda España, sería una magnífica noticia para los españoles", ha sostenido.

"NO SOLO POR ELEGANCIA"

En cualquier caso, ha insistido en que la época de las mayorías absolutas "ha pasado al menos de momento y son necesarias las alianzas entre partidos que sean "compatibles", un objetivo al que espera que el PP pueda "contribuir" y echar de La Moncloa a Sánchez, "el enemigo de España".

"No es cuestión solo de elegancia, sino que queremos que el PP acoja a todos votantes que por las circunstancias que sean no se sientan cómodos con Vox, porque entre todos debemos sumar para echar a Sánchez del Gobierno", ha argumentado.

Además, ha recordado el caso de partidos como UCD, CDS, CiU, UPyD o incluso Ciudadanos, que cree que demuestran que se puede tener futuro mientras se genere "confianza" pero "todo puede cambiar muy deprisa". Por eso, ha asegurado que el empeño de Vox es "ser cada vez más profesionales" y no defraudar a sus electores.

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha recordado este martes que el intento de violación a una chica en el entorno de la Cartuja en la madrugada del pasado domingo 20 de febrero, "a manos de un inmigrante ilegal, sobre el que pesa un expediente de expulsión, no es un hecho aislado".

Peláez se ha preguntado "quién es el responsable de que este salvaje estuviera por las calles " y ha subrayado que "es un hecho aislado que la Policía pudiera salvar a la chica en el último instante, pero no son hechos aislados las continuas agresiones sexuales que se producen a manos de extranjeros en situación irregular en España, procedentes de otros países y otras culturas que no respetan los derechos y la libertad de la mujer."

"Hechos como éste son silenciados por los medios y las víctimas no cuentan con el respaldo de las administraciones, partidos políticos y sindicatos a los que sí les interesa la procedencia del agresor o agresores, solo cuando son españoles. Esta chica de Sevilla, junto a las que han sido víctimas de agresores de origen musulmán, no recibirá apoyo institucional, ni nadie se acordará de ella", ha señalado la portavoz a través de una nota de prensa.

Peláez ha enfatizado que "una vez más, reiteramos la necesidad de proteger a las mujeres con realismo, con unas políticas migratorias contrarias a las actuales, que solo provocan el efecto llamada, como bien comprobamos desde la Junta de Andalucía de Moreno y el Gobierno de Pedro Sánchez".

Cristina Peláez ha aseverado que "ante esta situación, se hacen más necesarias que nunca las propuestas de VOX, que pasan por el estricto cumplimiento de la legislación vigente, como, entre otros, el artículo 53.1 de la Ley de Extranjería, que ordena la expulsión de los inmigrantes ilegales a sus países de origen, incluidos los que aún estando de forma legal hayan cometido delitos graves. Este problema creciente se soluciona con las leyes y combatiendo a las mafias de inmigración ilegal y a quienes colaboran con ellas".