El Gobierno presentará el miércoles 9 de marzo el proceso de participación ciudadana que servirá para la elaboración del Plan Estratégico Integral de Melilla, que servirá para abordar una transformación estructural de la ciudad autónoma, teniendo en cuenta sus particularidades geográficas y socioeconómicas.

Según ha informado el Ministerio de Política Territorial, el objetivo de este plan es definir las actuaciones y medidas a implementar para asegurar unas mejores perspectivas de futuro para los melillenses: "reforzando los servicios públicos y creando un nuevo modelo de ciudad; revitalizando económicamente el territorio, generando más y mejores puestos de trabajo e incrementando la calidad de vida en igualdad de oportunidades".

Para ello, el departamento que dirige Isabel Rodríguez ya realizó un estudio de caracterización y diagnóstico socioeconómico de Melilla, que ahora se está completando en el marco de la elaboración del Plan Estratégico Integral.

Con todo, el acto de presentación del proceso participativo se realizará el miércoles 9 de marzo en el Instituto de Enseñanza Secundaria 'Jardín Valenciano' y estará presidido por la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso presentado por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico contra la orden que en 2019 aprobó el Plan de Gestión del Lobo en la región, en el que demandaba que se gestionara como una especie protegida.

Sin embargo, en una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dada a conocer este martes, el tribunal considera que la asociación partía de un escenario normativo "erróneo", como el de considerar en el momento en que se aprobó dicho Plan el lobo era una especie especialmente protegida.

Según el TSJC, la asociación ecologista "lo que cuestiona es la correcta clasificación de la especie del lobo ibérico, y pretende que se le aplique el procedimiento de especie protegida, en vez de especie cinegética".

Junto a ello, responde al argumento de la recurrente de que era necesario que el Consejo Asesor de Medio Ambiente emitiera un informe sobre el Plan y señala que "no existe una obligación de recabar este informe para toda clase de proyectos y anteproyectos, en este caso una Orden, no mencionada como tal" en el decreto que creó este órgano consultivo, así como que se han respetado todos los trámites dispuestos en la Ley de Caza de Cantabria.

Los demandantes también se referían a la inexistencia de "informes independientes" que avalen el Plan o "estudios serios" sobre la incidencia de los controles en el medio natural. Sin embargo, el tribunal afirma que "existen estudios rigurosos referenciados en la memoria técnica, sin que de contrario se haya acreditado su falta de rigor".

Además, explica que la propia Orden que aprueba el Plan recuerda la obligación de mantener un estado de conservación favorable, "lo que implica que pueda condicionar su aprovechamiento cinegético en cotos de caza, hasta el extremo de no permitirlo".

Precisamente en el artículo 3 del Plan "específicamente se hace referencia al mantenimiento de la población del lobo, y al seguimiento y estudio de las poblaciones, pasando por fomentar la recuperación del patrimonio etnográfico asociado al lobo".

Finalmente, el TSJC señala que los motivos que el recurrente ha desplegado frente el Plan "apenas descienden al contenido de la Orden" que lo aprobó, y es que "no se concretan los específicos preceptos que vulnerarían la normativa o los principios que invoca, solicitando su nulidad íntegra con independencia del concreto texto de la Orden".

"Por su contenido, la Sala aprecia que contiene diversos preceptos que precisamente van dirigidos a preservar el control poblacional de las especies, el seguimiento y la propia suspensión de la actividad cinegética, en línea con la argumentación esgrimida en el recurso", añade.

En definitiva, según la sentencia la valoración pericial es "insuficiente para destruir la presunción a favor de los informes oficiales y científicos y a los datos de los mismos extraídos, confirmándose que el Plan de Gestión combatido contiene una regulación tendente a esta conservación favorable, así como a su permanente evaluación y seguimiento".

El 82% de adultos españoles cree que los padres no se atreven a prohibir cosas a sus hijos adolescentes, según un nuevo estudio de FAD Juventud sobre la percepción que se tiene sobre la adolescencia, el cual ha motivado el lanzamiento de una campaña para que las familias afronten esta etapa "sin miedo o inseguridad".

El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la organización ha realizado el estudio, titulado, 'Entre la añoranza y la incomprensión. La adolescencia del siglo XXI desde las percepciones del mundo adulto', que se ha presentado este martes.

Con perspectiva de género y combinando técnicas de investigacióncualitativa --grupos de discusión y entrevistas a expertos-- y cuantitativa --encuesta a un panel online de más de 1.800 personas--, el estudio ha concluido que los padres perciben la adolescencia como "un reto", según ha destacado la directora técnica de FAD Juventud, Eulalia Alemany, en declaraciones.

La investigación ha determinado que, por lo general, la visión de los adultos es "negativa" y existe una "falta de conexión con lo que significa la adolescencia". Asimismo, ha advertido de una "actitud defensiva" de las familias, que también presentan una "enorme inseguridad, miedo y preocupación por encima de la realidad".

Los "problemas de comunicación" --como hablar sobre sexualidad o consumo de drogas-- son otras de las barreras entre familias y adolescentes, según la investigación, que ha reflejado así la "necesidad de revisar la mirada adulta sobre los adolescentes para aprender a compartir y disfrutar de la etapa", ha remachado Alemany.

Estas conclusiones responden a una serie de datos que la directora técnica de FAD Juventud ha detallado, como que la mayoría de adultos sigue el discurso de que la adolescencia es una etapa "turbulenta", o que el 85,2% está de acuerdo con que los padres y madres se sienten "desbordados" por los problemas con sus hijos adolescentes.

Además, el 82% de las personas adultas cree que los padres no se atreven a veces a prohibir cosas a sus hijos adolescentes y considera que se suele llegar a "discrepancias" por motivos como el uso de tecnologías (señalado por un 47,7%), los consumos de sustancias (38,9%) --las mujeres se muestran más preocupadas por ello-- y los estudios (30,9%).

PREOCUPACIÓN POR USO DE TECNOLOGÍAS

Alemany ha incidido en que en la preocupación sobre el uso de las tecnologías, se ahonda en que hay "grandes riesgos" por la información y "muchas miradas" que recaen sobre los adolescentes en la red. "También hay preocupación por la privacidad de los menores y la brecha generacional", ha añadido al respecto.

Por otro lado, el estudio desprende una "cierta distorsión generacional" al considerar los encuestados que "cualquier tiempo pasado fue mejor": "Se presenta una visión muy negativa de los adolescentes actuales con respecto a generaciones anteriores".

Otro de los datos destacados es que más de la mitad de los adultos encuestados cree que los adolescentes "no se interesan por cuestiones que afectan a la sociedad", una visión que para Alemany no corresponde con una realidad en la que "tenemos ejemplos claros de adolescentes que se implican".

CAMPAÑA 'ADOLESCENCIA'

FAD Juventud se ha basado en las conclusiones de este estudio para lanzar su nueva campaña, 'Adolescencia', una iniciativa multicanal diseñada por la consultora creativa Pink Lab y que está dirigida a familias con hijos entre 9 y 17 años.

"El no sacar el máximo de potencial de la adolescencia cuando es un momento vital del desarrollo es absurdo, pero cambiando la mirada adulta se puede mejorar la situación", ha subrayado la directora general de FAD Juventud, Beatriz Martín, para explicar el objetivo de la campaña.

En concreto, la iniciativa insta a hacer frente a la "prueba" de la adolescencia y "no darle la espalda", y lo hace a través de un spot de 40 segundos --con tres versiones de 20 segundos y tres versiones de 10-- para televisión, así como tres cuñas para radio y una gráfica para prensa, publicidad exterior y digital.

Todos estos redirigen a las familias a la página web de FAD Juventud, donde los padres podrán encontrar recursos, como conferencias, propuestas formativas o contactos con especialistas, para "prevenir conductas de riesgo, mejorar la comunicación o manejar el uso de dispositivos tecnológicos".

Para la directora general de la organización, todo esto ayudará a los núcleos familiares a enfrentar la "difícil etapa" de la adolescencia con "conocimiento", de manera que suponga un proceso "más sencillo y más acompañado".

Por su parte, el fundador y CEO de la consultora, Germán Silva, ha subrayado que en la campaña ha intentado plasmar, a través de una metáfora visual --tres padres que se zambullen en un mar embravecido--, el paso de un momento de "drama" a uno de "aprendizaje".

"Se trata de una campaña poderosa y ambiciosa (...). Está concebida para funcionar independientemente del medio en el que se emita", ha resaltado también Silva sobre la iniciativa.

Con el estudio y la campaña, FAD Juventud remarca su objetivo de "mejorar la calidad de vida y bienestar de la adolescencia", propósito que ha dejado claro con su reciente cambio de denominación social.

"Queremos unos adolescentes y una juventud menos vulnerable, más sanos y equilibrados emocionalmente, con voz propia, más preparada para la ciudadanía digital, más comprometida, con más pensamiento crítico, y más integrada en contextos libres de violencia", ha sentenciado al respecto Martín.

El Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés) ha publicado un informe en el que sitúa a España como el primer exportador de aletas de tiburón de la Unión Europea y como el segundo importador de su carne.

El informe 'Supply and Demand: The EU's role in the global shark trade' ('Oferta y demanda: El papel de la UE en el comercio mundial de tiburones'), destaca el papel "clave" como proveedor y comerciante en el comercio mundial de tiburones y por tanto, como responsable de abocar a muchas especies a la extinción.

El trabajo documenta los datos aduaneros primarios oficiales de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Singapur y Taiwán (provincia de China), que incluyen los datos de importación y exportación tanto de aletas como de carne desde 2003 y 2020.

Así, los datos de estas casi dos décadas reflejan que los Estados miembro de la UE son el origen del 45 por ciento de los productos relacionados con las aletas de tiburón importados por la RAE de Hong Kong, Singapur y la provincia de Taiwán en 2020.

De acuerdo con estos datos, de todas las importaciones relacionadas con las aletas de tiburón declaradas por los Estados miembros de la UE, España constituyó la mayor fuente de importaciones declarada, con 51.795,32 toneladas métricas registradas.

De este modo, España es uno de los principales exportadores de aletas del mundo mientras que la RAE de Hong Kong, la provincia de Taiwán y Singapur, reciben "constantemente" esas importaciones.

Por otro lado, respecto a las exportaciones de carne de tiburón a la UE, España es el segundo, por detrás de Italia, con 680,47 toneladas métricas registradas.

Por su parte, los principales importadores de carne de tiburón procedentes de estos tres territorios asiáticos --principales mercados del consumo de aletas de tiburón-- son Italia, España y Grecia y los países más exportadores de aletas a estos fueron España, Portugal, Países Bajos, Francia e Italia.

Mientras tanto, el informe añade que las poblaciones de tiburones disminuyen "rápidamente" en todo el mundo, con más de la mitad de especies en peligro o casi en peligro de extinción. Los tiburones pelágicos, los que están en alta mar, han reducido su población más de un 70% en el último medio siglo.

Una de las autoras del informe, la directora de Conservación Marina de IFAW en la UE, Bárbara Slee, ha expuesto que sean grandes, pequeñas, costeras o de alta mar, las especies de tiburones están desapareciendo sin que los esfuerzos puntuales de gestión realizados hasta la fecha consigan detener su declive.

"La UE, que según nuestro informe es un actor clave en los mercados internacionales de tiburones, cuenta con la importante responsabilidad de garantizar la exactitud de los registros comerciales y la promulgación de requisitos de sostenibilidad para el comercio de los tiburones, como la inclusión de todas las especies comerciadas en el Apéndice II de la CITES", ha afirmado.

Por ello, la organización valora que si la UE asume el papel de liderazgo influiría en que otros actores también lo hagan y confía en que esto se traduciría en un futuro mejor y más sostenible para los tiburones.

El director del Programa Marino de Bloom Association y coautor del informe, Stan Shea, denuncia que el declive mundial de los tiburones está impulsado por la demanda internacional de aletas y carne de tiburón, junto con la falta generalizada de gestión tanto de la captura como del comercio de especies de tiburones.

"Aunque muchos atribuyen el peso del cambio a los países consumidores, ubicados principalmente en Asia, son igualmente responsables del declive de las poblaciones de tiburones todos los países con flotas pesqueras que operan a escala internacional y comercian con productos de tiburón", apostilla.

Ahora, IFAW recomienda a la UE que mejore el registro de datos y los registros comerciales revisando los códigos de mercancías del Sistema Armonizado (SA) para los productos de tiburón y normalizar el uso de los códigos con los principales socios comerciales.

Además, pide que se garantice que cualquier especie de tiburón incluida en el comercio internacional de productos de tiburón se incluya en el Apéndice II de la CITES y que se desarrolle una capacidad nacional de seguimiento del comercio a largo plazo mediante el análisis de los datos comerciales.

Otra de las recomendaciones de la organización propone que se de prioridad al uso de los datos comerciales para combatir el comercio ilegal de tiburones y productos de tiburón.

Ciudadanos ha responsabilizado este martes a PSOE y Unidas Podemos, pero también al PP, del "esperpento" que, a su juicio, supone que el Tribunal de Cuentas haya aceptado finalmente los avales públicos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) presentados por excargos del Govern para afrontar los 5,4 millones de euros impuestos por su responsabilidad contable por el supuesto uso irregular de fondos para la acción exterior del 'procés'.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, el diputado de Cs ha interpretado esa decisión del tribunal como consecuencia del pacto para la renovación del mismo que alcazaron el pasado mes de noviembre los partidos que integran el Gobierno y el primero partido de la oposición.

Guillermo Díaz ha denunciado que el Tribunal de Cuentas "deje de perseguir la causa" por la que se dedicaron "fondos públicos al intento de golpe de Estado" por parte de los independentistas catalanes.

"Imaginen que una multa medioambiental o la responsabilidad civil por un delito se paga con dinero público", se ha quejado Díaz, quien ha mostrado su reconocimiento a la hasta hace unas semanas consejera de cuentas y ex ministra de Justicia con José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, instructora de esta causa en la sección de enjuiciamiento del fiscalizador que ahora, ha dicho, ha quedado "desmontada".

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso Guillermo Díaz considera de "vergüenza" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no envíe armamento a Ucrania para defenderse de la invasión militar de Rusia, y lo achaca a que el líder del PSOE está "preso" de Unidas Podemos, por lo que le ha animado a expulsarlos del Ejecutivo.

En rueda de prensa este martes en el Congreso, Díaz ha lamentado que Sánchez esté "atado de pies y manos" por "un movimiento iliberal, antioccidental y antidemocrático" como Unidas Podemos, y que sea "incapaz" de enviar armamento a Ucrania para poder defenderse de Rusia.

"Es una vergüenza", a juicio del dirigente de la formación naranja, que no sólo afecta al prestigio internacional de España sino que, además, "debilita" a las democracias occidentales frente a "autocracias" como la de Vladimir Putin.

De ahí que en Cs insistan en demandar la salida de Unidas Podemos del Gobierno con el fin de que España pueda tener una relación bilateral con Ucrania y remitirle todos los medios precisos, incluido armamento, como están haciendo otros gobiernos socialistas de la UE en los que Sánchez "se mira", entre los que ha citado Alemania y Portugal.

NO HACER NADA ES LO MISMO QUE APOYAR A PUTIN

"España no puede subcontratar la ayuda a Ucrania para no enfadar a los señores de Podemos porque trabajen como una carcoma para la destrucción de la democracia occidental", ha insistido Díaz, quien ha rechazado que el partido que lidera Ione Belarra pretenda "sorber y soplar a la vez para lavar su imagen" y al que ha recalcado que "no hacer nada" en Ucrania "es lo mismo que apoyar a Putin".

Preguntado sobre si Cs está favor de aumentar la inversión en Defensa, Díaz ha respondido afirmativamente y ha recordado que ésta es una demanda que han incluido en los sucesivos programas electorales. "No puede ser que inviertan en Defensa quienes no creen en la libertad y quienes creen en la libertad no lo hagan --ha aseverado el diputado 'naranja'--. Invertir en defensa es obligado para España".

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha criticado este martes que "los socios" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyen al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el conflicto con Ucrania y ha pedido a la Comunidad de Madrid un plan de contingencia para afrontar las consecuencias económicas.

"Quiero mandar un abrazo a todo el pueblo ucraniano que está sufriendo el ataque a sus fronteras y población civil. Putin está demostrando lo que es ser un dictador", ha sostenido en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

A su juicio, es de "vergüenza" que PSOE y Unidas Podemos hablen de Ucrania cuando "los socios de Sánchez en el Gobierno son los que apoyan que se levanten las sanciones y los que apoyan a Putin". "Les debería dar vergüenza presentarse en este atril con lágrimas por el pueblo ucraniano", ha lanzado.

Por ello, ha pedido que se realice un plan de contingencia "para afrontar las consecuencias económicas, el suministro de energía y los posibles ciberataques que pueden tener por el conflicto entre Rusia y Ucrania", que, al final, "es el conflicto de toda Europa".

Los datos de la pandemia de la covid-19 siguen mejorando en Euskadi, donde en la última jornada se han registrado 612 casos positivos en coronavirus y se han reducido a 150 los pacientes hospitalizados en planta y a 42 los ingresados en la UCI, siete menos que en la jornada anterior, según ha informado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes, Gotzone Sagardui ha ofrecido los últimos datos sobre la pandemia de la covid-19 en Euskadi, donde, según ha dicho, la situación "sigue mejorando y es esperanzadora, siempre sin perder el principio de prudencia y el sentido de la responsabilidad, tanto individual como colectiva", porque "la pandemia no ha terminado".

Según los datos aportados por la consejera, en la última jornada se han contabilizado 612 positivos en covid, el 11,9% de las 5.142 pruebas diagnósticas realizadas.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes se ha reducido a 445,42, lo que supone 22,16 puntos menos que en la jornada anterior.

Por su parte, la tasa de reproducción del virus que mide el indicador 'R0' mantiene una jornada más de subida y se sitúa en 0,87, aunque sigue por debajo de valor '1', cifra a partir de la cual se considera que la pandemia está en expansión. La razón de tasas, que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana, ha subido a 0,66.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, hay 150 pacientes en planta, 12 menos que en la jornada anterior, y 42 en las Unidades de Cuidados Intensivos, lo que supone siete menos.

El Comité de Garantías y Disciplina de UPN ha decidido sancionar a los diputados regionalistas Sergio Sayas y Carlos García Adanero con la suspensión de dos años y seis meses de militancia tras no acatar la directriz del partido de votar a favor de la reforma laboral. Asimismo, les impone la sanción accesoria de inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo.

Así lo ha resuelto el Comité tras analizar las alegaciones presentadas por ambos diputados a la propuesta que realizó de sancionarlos con suspensión de militancia durante dos años y seis meses. Las sanciones están previstas en el artículo 108.2 a) y b) de los Estatutos de UPN y corresponden a una infracción grave, que viene tipificada en el artículo 108.1 j), ha informado UPN en un comunicado. En concreto, recoge que "cualquier actuación política que vaya en contra de las decisiones aprobadas por los órganos del partido, y expresamente el incumplimiento del deber de voto oficial en las instituciones, establecido reglamentariamente".

Contra la resolución sancionadora, Sayas y García Adanero podrán interponer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de los Estatutos, recurso de apelación ante el Consejo Político en el plazo de 10 días hábiles a partir de mañana miércoles.

La resolución del Comité de Garantías y Disciplina señala que, "lo que resulta indubitado y, por lo tanto, probado, es que el Comité Ejecutivo acordó delegar en los cargos unipersonales de UPN la negociación y en su caso, acuerdo, con el Gobierno de España en relación con la postura del partido en la convalidación del Real Decreto-ley que modificaba la reforma laboral". "Ningún miembro presente se opuso a dicha delegación", dice.

"Concluimos que el procedimiento para decidir la posición del voto de UPN en la convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, cumplió con las exigencias estatutarias", añade la resolución.

Además, para el Comité de Garantías y Disciplina, "queda probado que los diputados, señores Sayas López y García Adanero, en ningún momento informaron a la dirección de UPN de que su voto en la convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, iba a ser negativo, contraviniendo así la postura oficial acordada por el presidente, vicepresidente y secretaría general, de votar afirmativamente la convalidación del Real Decreto-ley".

"(...) entendemos que ha existido un ánimo por parte de los dos diputados de desobedecer la orden de votar afirmativamente, pero no sólo eso, si no que, además, decidieron votar de forma contraria el día anterior y no comunicar su decisión a la dirección de UPN", concluye.

Respecto a la graduación de la propuesta de sanción y principio de proporcionalidad, el Comité de Garantías y Disciplina entiende que "nos encontramos ante una infracción de carácter grave y no leve, por el hecho de haber decidido ocultar la realidad del sentido de su voto a la dirección de UPN". "Dicho extremo convierte la infracción de leve (art. 107.1 j) en grave, puesto que la ocultación de su decisión ha causado un evidente perjuicio público para UPN. Dicha decisión es imputable únicamente a los señores diputados, pues podrían haber optado por comunicar su decisión, habiendo constituido en dicho caso una infracción leve", añade.

El Gobierno espera abordar con el nuevo marco normativo concursal que resulte de la reforma que ahora mismo tramita el Congreso los casos acumulados durante la pandemia a raíz de la moratoria aprobada por la situación de excepcionalidad económica.

Así lo ha manifestado en el Congreso el secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Jacobo Fernández Álvarez, recordando que los plazos comprometidos con la Comisión Europea para esta reforma en el Plan de Recuperación contemplan tenerla en marcha en julio de 2022 y la moratoria alcanza hasta este mes de junio.

En su intervención ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, que ha abierto la ronda de comparecencias para explicar la reforma concursal, Fernández ha reconocido la relación de estos plazos y que el Gobierno espera que la nueva norma "pueda lidiar con las situaciones y el contexto extraordinario" vivido durante la pandemia.

LA REFORMA MÁS PROFUNDA EN CASI 20 AÑOS

Este alto cargo del Ministerio de Justicia ha destacado que el proyecto, que tiene origen en la trasposición de la directiva europea de los marcos y procedimientos de reestructuración, exoneración de deuda y de insolvencia, es la mayor reforma en este ámbito desde 2003.

Todo ello con el fin de limitar las situaciones de concurso a las empresas "que realmente lo necesiten", mejorar su eficiencia y agilizar unos tiempos medios que, ha lamentado, acaban propiciando situaciones de liquidación y no de convenio de acreedores.

Los nuevos planes de reestructuración --que no acuerdo, cuya terminología se sustituye-- implican una reestructuración más amplia del pasivo con el fin de incentivar la continuidad de la empresa, permitiendo la modificación de las condiciones y la composición del pasivo, la estructura de los activos y el pasivo o su estructura de capital, pero también la venta de activos, de parte de la empresa o propiciando cambios operativos.

AGILIZAR Y MEJORAR LA EFICIENCIA

Asimismo, se introduce una nueva figura, la del experto de reestructuración como mediador, que facilite la negociación, asista a deudores con poca experiencia y resuelva controversias.

Otras medidas de agilización y de eficiencia de los concursos es el examen de la solicitud a la mayor brevedad por parte del juez, la supresión de la obligatoriedad de presentar un plan de liquidación o la venta de unidades productivas, y medidas para evitar la "profunda asimetría" entre acuerdos de reestructuración y el convenio concursal.

MARCO ESPECÍFICO DE PYMES

La reforma contempla medidas para adaptar la normativa a las características de las micropymes, con un proceso específico para estas, más flexible y abreviado, ha dicho, para simplificar y abaratar sus costes, con una plataforma de liquidación donde volcar activos de todos los procedimientos de empresas en liquidación y la posibilidad de vender a clientes a través de subastas electrónicas periódicas.

El alto cargo del Ministerio de Justicia ha explicado que se trata de una medida que, además, permitirá descargar carga de trabajo de los juzgados, una cuestión también abordada con reforma de la Ley del Poder Judicial y una reordenación de las tareas, entre los Juzgados de lo Mercantil y los Juzgados de Primera Instancia.

La Rioja no tiene que lamentar fallecidos por COVID-19, según acaba de actualizar el Gobierno regional. Por su parte, los casos activos han pasado de los 1.228 de ayer a los 1.214 de hoy, 14 menos, mientras que la presión asistencial ha bajado en dos personas, hasta 15. También han descendido los positivos en residencias de personas mayores, concretamente tienen 25 menos.

Desde el inicio de la pandemia han fallecido en La Rioja 906 personas, de las que 328 eran usuarios de residencias de mayores.

En cuanto a la presión asistencial, hay 15 pacientes Covid-19 en los hospitales de La Rioja (dos menos que hace 24 horas). En concreto, el Hospital San Pedro cuenta con 10 personas ingresadas por coronavirus en planta (una menos que ayer) y 3 en la UCI (igual que el lunes). Ha habido un ingreso y tres altas en las últimas 24 horas en este centro hospitalario.

En la actualidad, y ante la evolución del virus, el Hospital San Pedro cuenta con 43 camas UCI. De este modo, si se suman los ingresados por patologías no-COVID (18 a día de hoy, tres más que hace 24 horas) la UCI riojana tiene 21 pacientes, con una ocupación que sube hasta el 48,84 por ciento.

La Fundación Hospital de Calahorra, por su parte, cuenta con dos personas ingresadas por COVID-19, una menos que ayer, mientras que, en las últimas 24 horas, no se han registrado ingresos, y si una alta en el centro hospitalario.

La Incidencia Acumulada a 14 días, por su parte, sigue también a la baja, desde los 659,24 del ayer a los 658,93 casos por cada 100.000 habitantes de hoy. La IA a 7 días también baja, al pasar de los 278,82 casos por cada 100.000 habitantes a los 276,64 de hoy. La positividad, por su parte, ha subido levemente 20,23 al 20,43 por ciento de hoy.

Finalmente, los centros de mayores ver bajar sus casos positivos, que han pasado de 84 a 59 (25 menos que ayer), con el virus que, en cambio, se encuentra en 6 residencias de los 33 centros que hay en la comunidad, una menos que el lunes.

El diputado del PDeCAT en el Congreso Sergi Miquel ha censurado este martes la posición a su juicio "descafeinada" que mantiene España sobre el envío de armas a Ucrania y ha exigido que el Gobierno haga "aportaciones propias" para apoyar con armamento a la resistencia ucraniana y no se escude "detrás del fondo europeo".

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Miquel ha pedido expresamente al Gobierno que imite en este sentido a Alemania, Países Bajos, Suecia, Luxemburgo y Portugal porque, en su opinión, no se puede "renunciar a aportar más ayuda" a Ucrania.

"No se puede dormir tranquilo participando del fondo europeo y desconectando de la situación que viven los ucranianos", ha apostillado, incidiendo en que lo que necesitan son "armas" y no "buenas intenciones".

Miquel ha puesto el foco especialmente en el socio minoritario del Gobierno de coalición. Aunque se ha congratulado de que Unidas Podemos se haya desmarcado del apoyo a Putin de países como Cuba o Venezuela, ha subrayado que las "clases populares" ucranianas necesitan armas porque no puede defenderse sólo con cócteles molotov.

Por otra parte, el diputado del PDeCAT ha defendido que este escenario de guerra hace aún más urgente la ayuda a las familias que recurren a la gestación subrogada en Ucrania y, en este sentido, ha pedido al Gobierno que anule la instrucción de 2019 que dificulta los trámites inscripción de los menores nacidos de vientres de alquiler en aquel país.

El portavoz de Unidas Podemos y procurador electo en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha reiterado que la posición de su partido es la de "desescalar" a través del diálogo y la diplomacia el conflicto en Ucrania.

"Palabras y no armas, es lo que toca ahora mismo", ha insistido a preguntas de los periodistas después de mantener una reunión con el PP para abordar la gobernabilidad de la Junta de Castilla y León.

Fernández ha asegurado que han sido "diáfanos" en cuanto a la postura del partido para señalar que son partidarios de "incrementar el diálogo y la vía diplomática y desescalar el conflicto". "La guerra no es el camino. No es momento de enviar armamento y sí de apostar por el diálogo para acabar con el conflicto. Son palabras y no armas lo que toca ahora mismo", ha apostillado.

Por último, ha negado que exista "problema y controversia" en el seno del Ejecutivo con su socio de coalición, el PSOE, al asegurar que las "interlocuciones son fluidas y permanentes". "Unidas Podemos apuesta por la vía diplomática, por intensificar el diálogo y por la paz. La función que tiene ahora Naciones Unidas es determinante y en un momento como este hay que apostar por la paz", ha concluido.

Unidas Podemos reclamará este miércoles en la Junta Portavoces del Congreso que se ponga ya fecha al debate de su propuesta para crear una comisión parlamentaria que investigue los abusos en la Iglesia católica española, en contraposición de la iniciativa pactada por PSOE y PNV para sacar esta propuesta de la Cámara baja y encargársela a una comisión independiente liderada por el Defensor del Pueblo.

El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, ha recordado que, "en un gesto de buena voluntad", su formación suspendió en dos ocasiones el debate sobre esta iniciativa a petición de los socialistas y con el objetivo de "llegar a un acuerdo".

Sin embargo, según ha explicado, las víctimas con las que ellos hablan les están "exigiendo" nuevos pasos en esta materia y Asens cree que "el tiempo de las buenas palabras ya ha pasado" y toca "tomar decisiones".

En rueda de prensa en el Congreso, ha señalado que a su grupo parlamentario no le gusta la propuesta de PSOE y PNV porque no creen que el Defensor del Pueblo sea el mejor mecanismo para este tema ya que, según ha apuntado, no tiene "ni poderes, ni competencias", como sí cuenta el Congreso.

UNA LEY QUE CREE UNA COMISIÓN DE LA VERDAD

Aún así, ha indicado que en la propuesta de Unidas Podemos están dispuestos a aceptar que el Defensor tenga un papel, junto con el resto de expertos nacionales e internacionales que, a su juicio, son los que deben pasar por esta comisión como un trabajo "previo" y "de estudio" a la creación de una "ley que cree una auténtica comisión de la verdad".

Sobre esta última no descarta la posibilidad de ponerla en marcha a través de un decreto ley del Gobierno, que se deba convalidar en la Cámara alta, o el registro de una proposición de ley, por parte de un grupo parlamentario.

Asens ha explicado que este martes se reúnen con el PSOE para intentar llegar a un acuerdo y les presentarán su lista de comparecientes y la guía que proponen para esta iniciativa. "Entendemos la preocupación del PSOE de no hacer un espectáculo", ha explicado el diputado.

Sobre la postura de los 'morados' si los socialistas finalmente no apoyan su propuesta, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso ha indicado que lo hablarán con las víctimas con las que se reúnen y ellas serán las que marquen su hoja de ruta en este tema.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha apostado por el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del PP y ha asegurado que la semana pasada habló con el exsecretario general Teodoro García Egea y que su voluntad era la de ayudar a hacer la transición los más rápido posible y en torno a la figura de Feijóo.

Así lo ha dicho a su llegada al hotel madrileño en el que se celebra la Junta Directiva Nacional del PP, reunida para convocar el Congreso extraordinario del partido para elegir a un sustituto de Pablo Casado.

"Todos coincidimos en que la solución es Feijóo y espero que sean las ideas centrales que guíen la Junta Directiva", ha precisado dejando claro que esa va a ser su posición.

Admite que en los Congresos del PP, que son órganos democráticos, se puede presentar cualquier afiliado, pero ha señalado que, en su opinión, "lo ideal" es que haya voluntad mayoritaria de los afiliados por la unidade. "Lo mejor es que salga un PP unido, reforzado, sin fracturas, sin divisiones, en torno a Feijóo", ha apostillado.

Según López Miras, el presidente gallego es la única alternativa para llegar al Gobierno de España e insiste que en torno a su persona debe girar este congreso.

Al ser preguntado si había hablado recientemente con Teodoro García Egea, y si éste le había comunicado su intención de respaldar una segunda candidatura al Congreso, ha señalado que habló con él la semana pasada. "Lo que él me ha transmitido es que está muy tranquilo y con ganas de ayudar en que podamos hacer esta transición lo más rápido posible y entorno a la figura de Feijóo", ha concluido.

Más de 200 organizaciones han enviado un posicionamiento al Gobierno en el que exigen que durante el próximo Consejo de Medio Ambiente de la UE, previsto para el 17 de marzo, España muestre un compromiso "inequívoco" contra la deforestación importada, dado que aseguran que este es el tercer país europeo con mayor responsabilidad en este problema.

La deforestación importada es aquella que se produce en terceros países para la producción de aceite de palma, soja, ganadería, café o cacao y estas organizaciones afirman que la UE es el segundo mayor responsable de este problema en los países tropicales.

"El compromiso del Gobierno español en la lucha contra la deforestación importada aún no está suficientemente claro", denuncian en su escrito Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace España, Mighty Earth, SEO/BirdLife, WWF y la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España.

El colectivo ha remitido su documento de posición a los ministros de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Luis Planas a quienes piden que desempeñen un papel "fundamental" para mejorar la propuesta de reglamento actual que aborda la cuestión.

Las ONG denuncian que a medida que se acerca la fecha de negociar definitivamente el reglamento en el Parlamento Europeo y en el Consejo de la Unión Europea la industria está aumentando su presión. La cita de los ministros de Medio Ambiente de los Veintisiete se celebrará el 17 de marzo en Bruselas y hasta entonces el texto legislativo puede ser revisado y enmendado por los Estados miembro.

Así, han enviado también su posicionamiento a los miembros del Parlamento Europeo. En él valoran como un "avance fundamental en materia de gobernanza ambiental a nivel mundial" la propuesta de la Comisión Europea contra la deforestación.

A su juicio, se trata de una "gran oportunidad" para acabar con la huella negativa de la economía de la UE en las personas y en el planeta y también para contribuir a cumplir los compromisos relativos al clima, la biodiversidad y los derechos humanos.

Entre las novedades, la propuesta obliga a las empresas que vendan ciertas materias primas en la UE a rastrear su origen y demostrar que no están vinculadas a la destrucción o degradación de los bosques o violaciones de derechos humanos. Pero las ONG alertan de que el borrador actual tiene "relevantes deficiencias" que debilitan "sustancial e innecesariamente" su impacto real.

Por ello, confían en que estas deficiencias se resuelvan en el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE si tienen la "voluntad" para mejorarla y eliminar "ciertas ambigüedades" y reforzar determinados elementos esenciales de la propuesta.

La declaración remitida a Ribera y Planas propone que se incluya ecosistemas distintos a los bosques, como son las sabanas y los humedales, que están siendo destruidos para abastecer a las industrias de la UE de materias primas y que son de gran importancia para la acción climática y la biodiversidad.

Del mismo modo, piden que el texto incluya algunos productos y materias primas relacionados y que también causan deforestación como, por ejemplo, el caucho, la viscosa, la caña de azúcar y el maíz y que el nuevo reglamento obligue a las empresas a cumplir con "todos los instrumentos internacionales" de protección a los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y que, según las ONG "ahora sufren la violación de sus derechos por la industria que comercializa materias primas y productos en España".

Por otro lado, interpelan al Gobierno para que analice el impacto de las inversiones del sector financiero europeo en la deforestación y degradación de los ecosistemas porque aseguran que la banca española ocupa la cuarta posición en la financiación de actividades agroindustriales asociadas a la deforestación.

"La ciudadanía ha expresado en numerosas ocasiones que se opone a la deforestación. España, por su dependencia de la soja y el aceite de palma, tiene un papel clave para lograr que la UE disponga de una normativa ambiciosa que asegure una alimentación libre de deforestación y que respete los derechos de las comunidades locales que son quienes realmente protegen los ecosistemas", subrayan las ONG.

La Comisión 8M y el Movimiento Feminista de Madrid, organizaciones que han convocado movilizaciones en Madrid por el Día de la Mujer, han hecho públicos los manifiestos que leerán ese día y que coinciden en exigir cambios en la educación o la justicia, así como medidas para seguir luchando contra la violencia de género. Sin embargo, difieren en lo que tiene que ver con normas que incluyen la identidad de género.

La celebración del 8M vuelve a la calle desde 2020, tras el parón por el Covid-19, en una celebración que ha hecho visible por primera vez en este día la división que existe en el movimiento feminista.

Debates como la identidad de género o la prostitución son históricos en el seno de este movimiento. Sin embargo, en los últimos años se han hecho más visibles tras la aprobación del Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad, de la Ley Trans y de medidas que, para una parte del feminismo, no son abolicionistas de la prostitución.

Esta situación ha culminado en el Día de la Mujer de 2022 con dos convocatorias de manifestación en la capital. Comisión 8M partirá a las 19.00 horas de Atocha hacia la Plaza de Colón tras una pancarta con el lema 'Derechos para todas, todos los días'; mientras que Movimiento Feminista de Madrid marchará a la misma hora por Gran Vía hacia Plaza de España defendiendo que 'El feminismo es abolicionista'.

REFORMA DE LA JUSTICIA

A pesar de esta situación, gran parte de los manifiestos que han hecho públicos coinciden en denuncias y reclamaciones. Así, ambas entidades denuncian la existencia en España de una justicia patriarcal.

"Necesitamos una justicia que nos escuche, que nos crea, que nonos exponga; que elimine los sesgos patriarcales, racistas, clasistas y capacitistas", ha explicado la Comisión 8M en su texto. El documento, incluye, además, la necesidad de una legislación "que respete" la "libertad sexual" y que no "victimice" a la mujer y "que persiga eficazmente la trata con fines de explotación laboral y explotación sexual".

En este sentido, Movimiento Feminista de Madrid llama a "una reforma del sistema judicial que no revictimice a las mujeres". Pero también, la creación de nuevos juzgados específicos para la violencia contra la mujer, que la custodia compartida "deje de ser prevalente o impuesta" y exige la prohibición del Síndrome de Alienación Parental.

Esta organización reclama también la dotación de presupuestos para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, precisamente sobre esta lacra y el dinero que se invierte en su lucha hablan las dos entidades. En concreto, coinciden en denunciar la falta de inversión que, en esta materia, realiza la Comunidad de Madrid.

ELIMINAR EL ANDROCENTRISMO DE LA EDUCACIÓN

En materia de Educación, la Comisión 8M reclama que sea "pública, universal, gratuita y de calidad", con aumento el profesorado y un mayor reconocimiento de la profesión, además de una bajada de las ratios.

Pero también piden una educación sexual y afectiva "que abrace y celebre todas nuestras identidades y opciones sexuales" y que "combata las violencias machistas en todas sus formas", que eduque "en la corresponsabilidad, la equidad, la autonomía y la libertad" con un currículum "basado en la interculturalidad", que reconozca "la diversidad" y "las aportaciones de todos los grupos sociales", que "abandone el paradigma androcéntrico, extractivista, eurocéntrico y colonial" y que incluya "de manera efectiva" la diversidad funcional, entre otras medidas.

También Movimiento Feminista de Madrid reivindica, en este tema, denuncia el androcentrismo de la educación actual y ven con preocupación el aumento de la violencia machista entre los jóvenes que llaman a terminar a través de la educación.

En este sentido, la organización reclama visión feminista en el contenido educativo para que las niñas tengan referentes, formación para establecer "relaciones justas" entre niñas y niños y para eliminar "actitudes y valores que sustentan la violencia" y por la eliminación de estereotipos sexistas.

LA IDENTIDAD DE GÉNERO

Sobre esto último, el Movimiento Feminista de Madrid, exige la eliminación de todas las leyes estatales y autonómicas, entre ellas el anteproyecto de la Ley Trans del Ministerio de Igualdad, que se refieran a la "identidad de género" y la "autodeterminación del sexo registral" que, a su juicio, "desmantela la protección de las mujeres frente a la desigualdad por sexo".

"Es posible proteger a los colectivos frente a la discriminación sin menoscabar los derechos de las mujeres", se recoge en el manifiesto de la organización.

Por otra parte, el texto también rechaza el hostigamiento a las mujeres que abortan, pide una atención al parto de calidad, el reconocimiento de todas las violencias contra la mujer o la obligatoriedad de un plan de igualdad en las empresas, entre otras propuestas.

"La lucha continúa. Este 8M recordamos las luchas de aquellas que nos precedieron, de nuestras referentes sufragistas, republicanas, antifascistas y abolicionistas. Este es el grito común del feminismo y aquí estamos para que se nos escuche. El feminismo es abolicionista ¡aquí estamos las feministas!", concluye el manifiesto de la entidad.

Del mismo modo, la Comisión 8M incluye reclamaciones sobre la mejora del sistema de salud o de dependencia y denuncia los discursos de la "extrema derecha" en España.

"En este contexto de crisis global, las feministas tenemos un plan, dibujamos otra trayectoria posible, con una potencia feminista que atraviesa fronteras y derriba muros. Nos llamamos a seguir caminando juntas, a seguir en rebeldía hasta que la sociedad feminista que queremos sea una realidad para todas y cada una. ¡Derechos para todas Ayer, hoy, mañana, todos los días, aquí estamos las feministas!", señala la entidad.

La Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat ha anunciado este martes que 73 ucranianos están acogidos en albergues catalanes de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (Xanascat), cuatro más que este lunes.

En un comunicado, ha explicado que, en coordinación con el consulado ucraniano, ha ofrecido alojamientos en Barcelona, Coma-ruga (Tarragona), Vic (Barcelona) y L'Espluga de Francolí (Tarragona).

Según la representación consular, un total de 139 personas podrían acogerse a este servicio, cinco más que los estimados ayer lunes.

La consellera Violant Cervera explicó que la mayoría de los acogidos son jóvenes que se encontraban de vacaciones y que ahora tienen la "duda" de marcharse o quedarse y que están preocupados por sus familias.

Señaló ayer lunes desde Vic que los albergues son una medida provisional y que si la situación fuera a largo plazo deberían buscarse otros recursos habitacionales.

La Guardia Civil, de manera conjunta con la Policía eslovaca, ha detenido en Bratislava (Eslovaquia) a una persona residente en Granada que se trasladó hasta dicho país para tratar de adquirir pistolas, fusiles de asalto tipo AK47 y munición para las mismas, que pretendía trasladar a España para su venta en el mercado ilegal.

Ha sido en el marco de la denominada operación Leónidas en colaboración con la Agencia Nacional contra el Crimen de Eslovaquia, según ha informado la Guardia Civil este martes en una nota de prensa.

La investigación se inició en 2021, cuando la Jefatura de Información (UCE3) de la Guardia Civil y la Agencia Nacional contra el Crimen eslovaca iniciaron una investigación conjunta --a través de Europol y coordinada por Eurojust-- que permitió la identificación de este ciudadano español, con antecedentes policiales por delitos lesiones y consumo de drogas. Esta persona había iniciado los contactos y visitado ese país para negociar la adquisición ilegal de un importante número de armas.

La investigación a la que fue sometido en España puso de manifiesto sus vínculos con organizaciones de narcotráfico que operan en la Costa del Sol y la provincia de Granada, a quién se sospechaba irían destinadas las armas.

Una vez confirmado el viaje a Bratislava, la Policía eslovaca ha procedido allí a su detención en el momento que iba a recoger las armas. También han intervenido tanto el vehículo con dobles fondos en el que supuestamente pretendía trasladar las armas a España, como una importante cantidad de dinero en metálico que, según la información facilitada por la Guardia Civil, "llevaba oculta en el mismo para el pago de las armas".

DROGAS EN SU DOMICILIO

De manera coordinada y simultánea a dicha detención, en España agentes de Información de Granada ha registrado su domicilio, donde han incautado dos kilos de hachís y marihuana, así como diferentes dispositivos informáticos y documentación para su estudio.

Los fusiles de asalto que pretendía adquirir tienen capacidad de efectuar fuego automático y elevada potencia de fuego, y están catalogados como armas de guerra, siendo por ello uno de los tipos de armas más demandadas por las organizaciones criminales.

En los últimos seis años el Servicio de Información ha desarrollado más de 97 operaciones contra redes de tráfico de armas con el resultado de 448 personas detenidas, más de 4.871 armas de fuego incautadas --muchas de ellas de guerra-- y 609.802 cartuchos metálicos intervenidos, 588 kilos de sustancias explosivas, más de 709.000 euros en metálico y 20 talleres clandestinos desmantelados.

El detenido tras ser puesto a disposición de las autoridades judiciales de Bratislava ingresó en prisión por tráfico de armas. La presente operación ha sido desarrollada por la UCE3 y el Grupo de Información de la Comandancia de Granada de la Guardia Civil conjuntamente con la Agencia Nacional contra el Crimen de Eslovaquia, contando con el apoyo el Servicio Cinológico y la Usecic de Granada, todo ello bajo la dirección de la Fiscalía de Bratislava y el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, coordinados por Eurojust.

La diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant ha asegurado hoy, antes de ser juzgada por desobediencia, que en el Tribunal Supremo "rara vez hay juicios justos". La parlamentaria ha defendido su decisión de no responder a Vox durante el juicio del 1-O, por la que este martes será juzgada en el Tribunal Supremo (TS) por un presunto delito de desobediencia alegando que se debe "desenmascarar al fascismo".

En declaraciones a la prensa este martes antes de comparecer ante el tribunal por aquella decisión, se ha mostrado "tranquila y convencida" de su actuación al no responder a Vox --que ejercía la acusación popular en el juicio por el referéndum ilegal de 2017 en Cataluña--, cuando compareció como testigo, como también hizo el exdiputado de la CUP Antonio Baños.

Reguant ha afirmado que entonces ya preveía que esa negativa podría tener consecuencias jurídicas y ha mantenido que, de volver atrás, actuaría de la misma manera: "Lo que hicimos era necesario. Lo hicimos en el juicio y se hace cotidianamente".

PIDE LA NULIDAD

Preguntada por si cree que tendrá un juicio justo, ha sostenido que en el Supremo "rara vez hay juicios justos", y que su defensa mantendrá que Vox, como acusación popular, ya marcaba qué final tendría el juicio del 1-O, en sus palabras.

Además, ha lamentado la "connivencia entre el poder judicial y la extrema derecha en el Estado" y ha explicado que su defensa pedirá la nulidad del juicio o, en su defecto, la absolución.

"A la extrema derecha se la debe combatir desde todos los espacios. Debemos no dejarles espacio y denunciar que forman parte de la génesis del 78, que ahora es Vox pero ha existido durante todos estos años en las calles de los Països Catalans", ha añadido.

La Policía Autonómica ha desarticulado una organización que facilitaba, a través de varias clínicas en las provincias de A Coruña y de Pontevedra, certificados falsos de PCR y test de antígenos en el marco de la pandemia por la Covid-19 tras la detención de tres personas y la investigación de una cuarta.

Según ha informado la Vicepresidencia Primera en un comunicado de prensa, agentes de la sección de Investigación de la Jefatura de la Policía Autonómica han desarticulado una organización que proporcionaba a pacientes certificados falsos de pruebas PCR y de antígenos.

En el marco de la denominada 'Operación Xermánica' han sido detenidas tres personas y una cuarta está imputada por delitos contra la salud pública, organización criminal, falsedad documental, usurpación de funciones públicas, intrusismo, suplantación de identidad y estafa.

La investigación se inició en enero cuando la Consellería de Sanidade solicitó la colaboración de la Policía Autonómica después de detectar que una clínica en el municipio coruñés de Ames supuestamente había manipulado el resultado de una prueba diagnóstica Covid, ha explicado la Xunta.

Las pesquisas han permitido localizar un total de tres sedes de la organización, una de las cuales ya no contaba con actividad en el momento de la investigación, mientras que las otras dos sedes continuaban con las tomas de muestras y con la emisión de los certificados falsos de las pruebas Covid, una clínica en O Milladoiro, en Ames; y otra en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Los certificados contaban, además, señalan las mismas fuentes, con el logo de las clínicas y un código QR, "aparentando todos los requisitos legales para viajar al extranjero, pero realmente sin validez legal", destacan.

La Policía Autonómica ha constatado que ninguna de las clínicas cintaba con los "requisitos sanitarios legales para su funcionamiento como centro sanitario" y una parte de los trabajadores carecía de la titulación sanitaria necesaria. Tampoco cumplían con los requisitos dictados por la Ley de Protección de Datos.

INSTALACIONES

En las pesquisas comprobaron, además, que las instalaciones simulaban un "verdadero centro sanitario"; contaban con carteles informativos en la fachada y en las proximidades, con publicidad en periódico, en redes sociales y con página web propia.

Asimismo, realizaban la toma de la muestra y emitían un certificado simulado con el resultado. Además, hacían firmar al paciente un consentimiento informado y un documento de protección de datos, relatan las mismas fuentes. El coste de la prueba oscilaba entre los 30 euros, cuando se trataba de un test de antígenos, y 120 euros su era una PCR.

Tras identificar a los miembros de la red criminal, se llevó a cabo un operativo que permitió la detención de todos ellos. La 'Operación Xermánica', que sigue abierta, culminó con la detención del considerado líder de la organización, que operaba desde su sede en O Milladoiro, ha destacado la Policía Autonómica.

Los investigadores han logrado documentar aproximadamente unas 4.000 falsificaciones documentales dentro de los expedientes incautados en los registros realizados. Además, los agentes tienen constancia de que la trama "expidió un mayor número de certificados", indican las mismas fuentes, pero parte de esta documentación fue destruida y no se conservan copias de los archivos en papel.

La actividad de esta trama se inició, según las pesquisas de la Policía Autonómica, cuando debido a las restricciones sanitarias por la pandemia se comenzó a exigir el certificado PCR o de antígenos para poder viajar.

"Con la imagen de solvencia que daba la organización en Santiago fueron una clínica de referencia para muchas empresas que recomendaban a los viajeros este centro sanitario", subraya la Policía Autonómica, en relación a albergues, hoteles, estaciones de viajeros, aeropuerto y otros.

La actividad de ambas clínicas ha sido clausurada por la Inspección de Servizos Sanitarios de la Consellería de Sanidade, concluye la Xunta.