El movimiento feminista ha convocado movilizaciones multitudinarias en toda España este martes, para celebrar el Día Internacional de la Mujer, aunque en algunas ciudades el llamado bloque abolicionista se ha desvinculado de las manifestaciones oficiales y ha convocado por su cuenta.

Una de estas situaciones se vivirá en Madrid, en donde la Comisión 8M, que lleva años organizando las movilizaciones en este día, comenzará su marcha a las 19.00 horas, con un itinerario que comenzará en Atocha y terminará en la plaza de Colón, en donde se leerá un manifiesto.

Según ha explicado la organización, se espera la participación de unas 30.000 personas, una cifra muy inferior a las 350.000 personas que se registraron antes de la pandemia (2019). Una de las voceras de esta entidad, Patricia Aranguren, ha explicado que el Covid-19 ha pasado «mucha factura» a estos eventos, además del «dolor físico y psicológico» que se ha vivido en los últimos años.

A su juicio, aún hay gente que «tiene miedo» tras la crisis sanitaria, pero desde la Comisión 8M esperan que «poco a poco» se pueda recuperar el «músculo» de años anteriores a la pandemia.

La asistencia a esta marcha, que lleva como lema ‘Derechos para todas, todos los días’, también se verá afectada por la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, también a las 19.00 horas. En su caso, el recorrido parte de la Gran Vía, en su confluencia con la calle Alcalá, y terminará en la Plaza de España.

UNA SEGUNDA MARCHA

En este caso, la organización espera la presencia de unas 3.000 personas defensoras de la «agenda feminista», según han explicado fuentes cercanas a la organización, es decir, a favor de la abolición de la prostitución y la pornografía; en contra de las leyes «generistas»; y la prohibición de la «explotación sexual» de los «vientres de alquiler».

Los partidos que sustentan al Gobierno tendrán representación en la manifestación de la Comisión 8M. Mientras fuentes de Unidas Podemos hablan de la asistencia de su cúpula, los socialistas solo han adelantado que estarán presentes en la marcha multitudinaria.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Igualdad y exvicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, ha asegurado en una entrevista este fin de semana que «el feminismo de verdad» se sitúa tras la pancarta del bloque abolicionista.

Por su parte, el PP ha confirmado que el partido participará en las manifestaciones que se celebren en toda España, al tiempo que promoverá su propia declaración cuya idea fuerza será la de «mujeres libres».

También Ciudadanos ha confirmado que participará como, según han explicado, lo han hecho «siempre» y lo harán cuando ser reivindique «la libertad y la igualdad». «Creemos que la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia machista es una batalla en la que no sobra nadie, en la que todas las manos son pocas y en la que debemos colaborar, unidos, hombres y mujeres», ha explicado el partido.

REGRESO A LA CALLE SIN RESTRICCIONES

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha asegurado que las marchas de este año no tendrá restricciones para su celebración salvo la utilización de mascarillas y la distancia de seguridad.

Se trata de la vuelta del movimiento a las calles de la capital en el Día Internacional de la Mujer desde 2020. El año pasado, la delegación de Gobierno en Madrid prohibió las celebraciones convocadas, lo que obligó a la Comisión 8M a celebrar pequeños actos en los barrios y al Movimiento Feminista de Madrid a realizar una protesta reducida con una pancarta.

Por otra parte, y bajo el paraguas de la Comisión 8M, las asambleas feministas de otras comunidades autónomas han convocado también movilizaciones en otras ciudades, aunque en diferentes formatos.

DIFERENTES FORMATOS EN TODA ESPAÑA

Así, por ejemplo, Galicia ha convocado de una forma más local y comarcal bajo el lema ‘Ni esclavas, ni heroínas. Mujeres con derechos’. Destacan la convocatoria de Coruña, que tendrá lugar a las 20.00 horas desde el Obelisco; o la de Pontevedra, a la misma hora, desde la Plaza del Hospital Provincial.

En Castilla y León, por ejemplo, se verán marchas como en Zamora (20.30), Salamanca (19.00), Valladolid (20.00), Soria (19.00) o Ávila (19.00), mientras que en León se celebrará una concentración en la plaza de la catedral que está prevista entre las 12.00 y las 18.30 horas.

GRITO DE ‘NO A LA GUERRA’ EN ZARAGOZA

En Zaragoza, por su parte, la manifestación comenzará a las 19.00 en la Plaza del Paraíso y es la única convocatoria que hace referencia a la invasión rusa a Ucrania. Así, en su cartel, diseñado por la artista Eva Cortés, se pueden leer lemas como ‘Vivas, unidas y organizadas’, ‘Es, será y seguirá siendo ley’, ‘La plumofobia nos mata’ o ‘Yo te creo hermana’, pero también se incluye ‘Y otra vez… No a la guerra’.

Mientras, en Sevilla, el movimiento feminista se manifestará a partir de las 18.00 en Torre Pelli y hasta el Palacio de San Telmo y media hora más tarde están convocadas las feministas de Granada, que irán desde Triunfo hasta Paseo de Salón. También a las 18.30 horas se concentrarán para celebrar el 8M las feministas de Cádiz en la Plaza de Asdrúbal. Además, en Córdoba la convocatoria es a las 17.30 en la Plaza de San Ildefonso.

En Castilla-La Mancha la primera marcha convocada para el Día de la Mujer es la de Albacete, a las 18.00 horas en el Molino Feria a Altozano. Le sigue la de Toledo a las 19.00 horas, desde La Vega a Zocodover, bajo el lema ‘Todas las mujeres. Todos los Derechos’, mientras que en Ciudad Real y Guadalajara, las movilizaciones están previstas para las 20.00 horas, desde el Parque Gasset y la Plaza de Santo Domingo, respectivamente.

‘Somos imparables. Siempre necesarias’ es el lema de la convocatoria del 8M en Santander, a las 19.00 horas en Puertochico; y ‘Fuego al sistema que nos oprime, el movimiento feminista, nuestra llama’ el de el movimiento feminista de Navarra, que realizará sus reivindicaciones a las 20.00 horas desde Antoniutti.

Por su parte, el Movimiento Feminista en Euskadi ha convocado manifestaciones en las tres capitales contra el sistema que «ahoga» a las mujeres. Las movilizaciones partirán a las 18.30 desde el túnel del Antiguo en San Sebastián-Donostia, a las 19.00 desde San Antolín en Vitoria-Gasteiz y a las 19.30 desde el Sagrado Corazón en Bilbao-Bilbo.

BARCELONA, ENTRE LAS MÁS MULTITUDINARIAS

Una de las más multitudinarias cada año es la de Barcelona. En este caso está prevista el 8M para las 18.00 horas en la Plaza de la Universidad. La Assemblea 8M, la que reúne a la mayoría de asociaciones de la comunidad también a convocado movilizaciones en Lleida (a las 18.00 horas en la Plaza Ricard Vinyas), en Girona (18.00 horas en la Plaza Uno de Octubre) y en Tarragona (a las 19.00 horas en la Plaza Imperial Tarraco).

Finalmente, el 8M también están llamadas a participar las feministas a las 18.30 en la Plaza América de Cáceres y en la Avenida Huelva de Badajoz; a las 19.00 horas en la Plaza de Fuensanta de Murcia; a las 18.15 en la Calle Xàtiva de Valencia; a las 19.00 en el Paseo de Soto de Alicante y a las 19.00 horas en la Plaza de las Aulas de Castellón.

El monitor de una ludoteca acusado de abusar de una niña de cuatro años se ha declarado «inocente» en el juicio contra él, en el que ha asegurado que «nunca» le tocó la zona genital ni le enseñó el pene.

«No comprendo cómo se ha llegado a esta situación», ha expresado durante el derecho a la última palabra en la vista, celebrada este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

El procesado, que se enfrenta a seis años de prisión que pide el fiscal, ha tachado de «mentira» algunas manifestaciones de la pequeña y ha indicado al respecto que a veces «decía una cosa, luego otra» pues era «un poco peliculera», ha opinado parafraseando a su madre.

Sin embargo, en la sesión, en la que la defensa ha ratificado la libre absolución de su cliente, también han declarado los médicos forenses que examinaron a la niña, a los que no les «dio la impresión de que estuviera fabulando».

En este sentido, han indicado que contestaba «espontáneamente» a las preguntas que le hacían y no se «pensaba demasiado» las respuestas ni «dudaba» o «se corregía» al contestar.

Y una psicóloga que la vio ha señalado que el relato de la pequeña es «compatible» con una situación de abuso. Según el fiscal, los hechos sucedieron entre junio y noviembre de 2018: cuando ella iba al baño el acusado la acompañaba y «le enseñaba el pene con ánimo libidinoso, diciéndole que ‘se lo chupara’, a lo que la menor no accedió».

En otras ocasiones «se tocaba el pene delante de ella y le tocaba la zona genital a la menor por encima de la ropa», extremos que ha negado el procesado.

CARIÑO Y PELUCHE

A preguntas de la acusación pública y la defensa, el implicado ha explicado que coincidía con la niña -y su hermana mayor- al iniciarse y al finalizar la ludoteca, en verano y en la celebrada por las vacaciones escolares de otoño.

Se ocupaba de ellas y más usuarios del servicio junto a al menos otra compañera, y las cogió «aprecio» o «cariño» por pasar más tiempo que con otros.

En este punto, ha reconocido que en una ocasión regaló a la pequeña un peluche como premio por el «reto» de conseguir no orinarse, en tanto que obsequiaba a otros niños con coches y otros juguetes o chucherías por distintos motivos.

Sobre el lugar donde sucedieron los hechos, ha indicado que el baño estaba dentro del aula o era «bastante acristalado», y que de todos modos no había estancias «cerradas», caso por ejemplo de la bañera donde en una ocasión él y otra trabajadora tuvieron que duchar a la pequeña.

Al hilo de lo anterior, ha dicho no recordar llevar a la víctima al baño, «como mucho» hasta la puerta, pero no acceder dentro con ella. Así, cuando se hacía pis la acompañaba y «ella se limpiaba: yo no la tocaba», ha apostillado.

También ha detallado que cuando se tenía que cambiar de ropa, él se la daba y ella se la ponía, «y si había falta la ayudaba», ha puntualizado.

LA METÍA AL CUARTO OSCURO Y LE HACÍA COSAS MALAS

Tras el interrogatorio al acusado se ha reproducido el vídeo con la declaración de la víctima, como prueba preconstituida. Y a continuación ha testificado la madre de la pequeña, que ha indicado que su hija iba «muy contenta» a la ludoteca y «adoraba» al monitor, con el que se llevaba «muy bien» y con el que quería ir «a todos lados».

Pero «de repente», en verano, empezó a decir que no quería ir porque el procesado «la metía al cuarto oscuro» y le «hacía cosas malas». Después, «muy poco a poco» comenzó a contar detalles, desde «pellizcos» en un costado y «golpes» hasta que «la enseñaba el pito y le decía que se lo chupara».

«No me entra en la cabeza de dónde lo saca», ha expresado la progenitora acerca de las manifestaciones de la menor, que luego les dijo, a ella y al padre, que era «un secreto».

La madre ha relatado que un día fue al colegio para tratar de averiguar dónde estaba o qué era el cuarto oscuro sin éxito, pese a lo cual cree que la niña «no mentía» porque siempre «decía lo mismo», aunque «nunca» comentó que el procesado la hubiera «tocado».

Otra monitora de la ludoteca ha corroborado que los espacios eran «diáfanos» y que «desde el aula se ve el baño» -como ha ratificado asimismo un perito-, y ha considerado que el regalo del peluche «entra dentro de la dinámica» de obsequiar a los niños por buen comportamiento. También ha valorado que su compañero era más de «hablar y dialogar» que de «castigar».

La tutora de la menor ha señalado que era una niña «completamente normal» e «imaginativa», en el sentido de que le «gustaban mucho las historias y cuentos», pero no era de decir «mentiras». Tampoco tuvo «ninguna queja» del acusado ni le constan «problemas» con él, ni a la directora del colegio, más allá de los hechos denunciados.

LE DA MIEDO, NO QUIERE VERLE

Los forenses creen «coherente» el relato de la menor y aunque no contó todo lo que supuestamente sucedió, lo que narró coincide con lo reflejado en el atestado, que comenzó por un asunto de exhibicionismo, según ha desvelado la defensa en su informe.

Estos expertos entienden que aunque no exista un cuarto oscuro «físico» eso «no significa» que la niña «no haya tenido una experiencia traumática en cualquier otra estancia».

El equipo psicosocial que atendió a la niña ha destacado que «cambia el tono emocional» al abordar los hechos en cuestión, pues le «incomoda» el tema y «no mantiene el contacto visual». Así, era «dificultoso» que quisiera hablar de ello y no se «explayaba» al respecto. «Le da miedo, no quiere verle», han explicado.

Y la psicóloga que atendió a la pequeña si bien ha admitido que la primera verbalización de lo ocurrido a un menor es «más espontánea» por ser una «eclosión de la situación», considera «coherente» lo que le narró con el relato que hizo en su día a sus padres pues «repite elementos». Además, desde el punto de vista del contenido, lo ve «compatible con una situación de abusos».

Sin embargo, una psiquiatra infantil -jefe del servicio del Hospital Valdecilla- propuesta por la defensa cree que la versión inicial se ha podido «influenciar» con la «incorporación» al relato original de partes oídas en la formulación de preguntas.

Así, entiende que ha podido haber una «construcción secundaria» que puede «sesgar» la validez de la primera declaración, en la que sería válido un análisis de credibilidad, no en las demás.

INDICIOS Y AUSENCIA DE PRUEBAS

Practicas las pruebas testifical y pericial, fiscal y defensa han elevado a definitivas sus conclusiones. Así, el primero insiste en que el acusado es autor de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años merecedor de una condena de seis años de prisión, libertad vigilada durante diez y prohibición de acercarse o comunicar con la niña durante doce años.

Además, solicita que se le imponga la pena de inhabilitación para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve el contacto regular y directo con menores durante un periodo de diez años. Y en concepto de responsabilidad civil, reclama que indemnice en 3.000 euros por los daños morales que le ha causado con los tocamientos a la niña que «no ha padecido secuelas psicológicas» a raíz de lo sucedido.

Cree el representante de la Fiscalía que «a falta de prueba directa» y pese al «handicap» que supone la edad de la víctima hay «indicios» para concluir la autoría del procesado, como la declaración «persistente» de la niña o el uso de frases y contenidos de carácter sexual «inusual» a su edad.

El letrado defensor pide en cambio la libre absolución -y que en caso contrario se aplique la atenuante de dilaciones indebidas- porque no ve «ni una sola prueba de cargo real» para condenar a su patrocinado, pues la víctima «solo» habla del cuarto oscuro, que está «en el imaginario de la niña».

La Universitat Politécnica de València ha lanzado un protocolo de ayuda a la población ucraniana que en la actualidad están vinculada con la institución. En total, la UPV cuenta con 92 alumnos de grado y máster con nacionalidad ucraniana, seis doctorandos, cinco estudiantes de título propio y un alumno de centro adscrito.

La comunidad ucraniana de la Politècnica también está formada por personal externo de los institutos (tres trabajadores), de investigación (dos PI); de la administración y los servicios (un PAS), de las empresas adjudicatarias de contrato del sector público (uno) y un becario asociado a un proyecto I+D+i.

A todos ellos se suman hasta 91 egresados que mantienen el vínculo con la UPV a través del programa Alumni, su red de titulados. En total hay 185 personas con nacionalidad ucraniana ligadas de una manera u otra con la institución académica.

Desde que se inició la invasión de Ucrania hace 12 días, esta universidad se ha puesto en contacto en tres ocasiones con su alumnado para ofrecerles apoyo en estos momentos tan difíciles, así como para informarles de las gestiones y las iniciativas en marcha.

El protocolo de ayuda abarca desde asistencia económica a servicios de atención psicológica. Los estudiantes pueden solicitar en cualquier momento una ayuda de acción social por causa sobrevenida, que forma parte del programa diseñado por la Politècnica para paliar situaciones de excepcional gravedad y proteger a los estudiantes que sufren un perjuicio económico grave que pueda dificultar la continuación de sus estudios. La convocatoria está abierta a lo largo de todo el curso.

También se les ha ofrecido también asistencia psicológica. El gabinete de orientación psicopedagógica universitario es el servicio de la UPV que brinda orientación de forma personal. Los especialistas del GOPU ayudan a los estudiantes no solo desde el punto de vista académico, sino también con una perspectiva integral para que, por ejemplo, puedan controlar la ansiedad y manejar el estrés.

Paralelamente, la universidad se ha ofrecido a poner en contacto a los estudiantes con la comunidad de ucranianos instalados en València, la tercera más numerosa en España después de las de Madrid y Barcelona.

El pasado viernes 4, el rector de la UPV, José E. Capilla, y el cónsul honorario de Ucrania en Valencia, Pablo Gil, mantuvieron una reunión en el campus de Vera a la que asistieron diversos vicerrectores. Fruto de esa sesión, la UPV ha articulado toda una batería de propuestas.

BASE DE DATOS DE TRADUCTORES

En primer lugar se ha constituido una base de datos de traductores para que estudiantes y personal con fluidez en ruso, ucraniano y español puedan acompañar al personal funcionario en todas las gestiones que se prevén: desde la atención del 112 en ucraniano que se está activando ante la potencial llegada de refugiados hasta una asistencia especializada en la tramitación de documentos legales, subvenciones económicas, ayuda psicológica o atención sanitaria. A este llamamiento ya han respondido 137 personas.

En segundo lugar se ha puesto en marcha en los tres campus una campaña de recogida de material sanitario y textil, alimentos no perecederos, productos de refugio y de higiene, así como equipos de comunicaciones (desde teléfonos móviles a ‘walkies-talkies’ o transmisores de radio). Todo lo recogido durante estos días se transportará a partir del viernes 11 a Feria València y, desde allí, el Gobierno lo hará llegar a la frontera con Polonia.

También se está reactivando el programa de micromecenazgo que se puso en marcha en 2020 cuando se desató la pandemia, que sirvió para paliar la dura situación económica que golpeó a las personas más vulnerables en el campus. Entonces, cerca de 400 miembros de la universidad realizaron aportaciones que superaron los 43.000 euros y alcanzaron a 51 beneficiarios. La UPV trabaja para relanzar esta iniciativa a la mayor brevedad con un objetivo económico aún más ambicioso.

Por último, la Politècnica está perfilando un programa de acogida de personal investigador ucraniano y, en el ámbito nacional, está liderando la redacción de un programa de becas para este colectivo.

La Universidad de Sidney liderará un estudio sobre los procesos asociados al cambio climático en la Gran Barrera de Coral en el que participarán investigadores del grupo de I+D+i Geo-Ocean de la Universidad de Cantabria (UC), además de otro equipo de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda).

Este estudio, auspiciado por el Gobierno australiano, comenzará en junio y promoverá el conocimiento científico en este ecosistema de gran riqueza ecológica y especialmente sensible a los procesos asociados al cambio climático: subida de temperaturas y del nivel del mar, aumento de la intensidad y frecuencia de los ciclones tropicales, variabilidad climática, etcétera.

Bajo el título ‘The Great Barrier Reef in 2100’, el estudio analizará cómo va a afectar el cambio climático a la Gran Barrera de Coral en los próximos 80 años. La labor de la UC en el mismo, que se ha canalizado a través de la Fundación Leonardo Torres Quevedo, es el desarrollo de los modelos necesarios para hacer las proyecciones de cambio climático de alta resolución -oleaje, nivel del mar y cambio de temperatura de los océanos- en toda la zona, que se extiende a lo largo de 2.000 kilómetros, tiene una anchura de entre 20 y 50 kilómetros e incluye más de 2.000 islas sumergidas y atolones.

«Es una alegría que se haya contado con nosotros para realizar esta tarea; hay muchos investigadores en Australia que están trabajando en este tipo de modelado», explica Fernando Méndez, responsable del grupo Geo-Ocean.

Este resultado es fruto de la experiencia adquirida por los científicos de la UC en los últimos años con proyectos en Nueva Zelanda, Fidji, Samoa y Tonga, así como en las Islas Marshall. Según Méndez, tienen «bastante conocimiento» de las dinámicas que se producen en estas latitudes, que analizan combinando bases de datos de variables meteorológico-oceanográficas de escala global, técnicas estadísticas y modelos hidrodinámicos de oleaje y de corrientes.

En el caso de la Gran Barrera, «está siendo sometida a un estrés extra por la subida de temperaturas y nivel del mar, por el aumento de intensidad y frecuencia de los ciclones… toda la matriz coralina se está debilitando y un estudio en profundidad es necesario». Se trata de un entorno ideal para probar todos los modelos y también «un reto, porque va a ser necesario desarrollar metodología ad hoc», apunta Méndez.

En esta iniciativa de tres años, el trabajo de los 14 investigadores de Geo-Ocean será clave en el primer año, definiendo la metodología que luego se aplicará para analizar los cambios en la morfología de la Gran Barrera y en la línea de costa. Estas tareas serán coordinadas desde la Universidad de Sidney por el equipo de la investigadora Ana Vila-Concejo. En Auckland el investigador principal implicado es Giovanni Coco, ha informado la UC en nota de prensa.

La Guardia Civil ha imputado en calidad de investigado a un vecino de Lugo de 47 años de edad como presunto autor de los delitos de maltrato animal y coacciones por dar de comer a sus perros una vez a la semana y disparar a uno.

Según ha informado el Instituto Armado, el presunto autor del delito de maltrato animal posee varios cánidos, los cuales se encuentran en la vivienda de unos familiares suyos, y a los que da solamente de comer una vez a la semana, destacan las mismas fuentes.

El pasado mes de enero supuestamente le disparó con una escopeta a una perra de su propiedad, ante lo que alegó que esta estaba enferma. Supuestamente trasladó al cánido hasta un matorral cercano a la vivienda familiar para, a continuación, efectuar un disparo y arrojar el cadáver del animal a un contenedor de basura que hay en las inmediaciones.

Las diligencias policiales instruidas en relación con estos hechos han sido remitidas a la autoridad judicial.

FALSEDAD DOCUMENTAL

Por otra parte, la Guardia Civil ha imputado en calidad de investigado a un vecino de Escairon, en el municipio de -O Saviñao (Lugo), de 23 años de edad, como presunto autor de un delito de suplantación de identidad y otro de falsedad documental.

Supuestamente el joven investigado utilizó los datos de otra persona de manera ilegítima en un contrato realizado con una empresa de seguridad. Las diligencias policiales han sido remitidas al juzgado de guardia de Monforte de Lemos (Lugo).

Ciudadanos participará mañana en la manifestación en Madrid del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, según ha anunciado hoy su vicesecretario general, Edmundo Bal, que ha cargado contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por pretender apartar al partido ‘naranja’ de la marcha feminista, «como en el Día del Orgullo».

«Las mujeres se han librado de la tutela de los hombres y no lo han hecho para caer en la tutela de una ministra de Igualdad», ha señalado Bal este lunes en una rueda de prensa, para confirmar la presencia de Ciudadanos, como «siempre», en la marcha por el 8M.

Ciudadanos estará en la manifestación «mayoritaria», que coincide este martes con un Pleno en el Congreso que tiene votaciones al final de la tarde, unos problemas de agenda, ha precisado Bal, que no van a impedirles estar presentes en algún momento, para lo cual ha solicitado a la Cámara que facilite la asistencia de los diputados a la marcha. «Cuantos más podamos acudir, mejor», ha considerado.

Por parte de Ciudadanos asistirá la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, según ha comunicado Bal, quien ha abogado por pelear por los derechos de las mujeres desde la unidad y sin «sectarismos». El feminismo es «una lucha y una causa de todos, no de partidos», ni de discursos «negacionistas» como, «por ejemplo, Vox», ha dicho.

«Creemos en la igualdad del hombre y de la mujer, porque España es uno de los mejores países para nacer mujer», ha expuesto el portavoz de Ciudadanos, que cree que aún resta «mucho camino por recorrer». Según Bal, «hay que seguir peleando por la igualdad, y hacerlo desde el feminismo liberal, inclusivo, que no ve en los hombres un enemigo». «Los hombres tenemos mucho que decir en esto», ha incidido.

El director de la Real Academia de la Lengua (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha destacado el «esfuerzo» y el ritmo «razonablemente bueno» en la mejora del diccionario para evitar «palabras que discriminan a la mujer».

Durante un encuentro con los medios en Salamanca, en su visita a la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, ha apuntado que el diccionario actual «empezó a hacerse hace 300 años» y que por ello existen «muchísimos casos» con consideraciones que «proceden de épocas históricas distintas, que hay que ir ir depurando poco a poco».

«Se suele decir que la RAE es una institución machista; de las muchas imputaciones que se pueden hacer a nuestro trabajo no conozco una menos justa que la acusación de machismo», ha añadido también sobre el comentario acusatorio relativo al número menor de académicas.

Al respecto, sobre la menor presencia femenina, ha apuntado que se trata de una razón» que pasa por «la histórica marginación de la mujer en puestos de relevancia de la sociedad» en el pasado y que por ello no hubo antes un número parejo como «tampoco en el Consejo de Ministros ni en ninguna parte» y que ahora se trata de «mejorar».

Sobre ese cambio social, Santiago Muñoz Machado ha apuntado durante su encuentro con los medios en Salamanca que, en la RAE, de las últimas diez plazas de académicos, cinco han sido ocupadas por mujeres.

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha pedido al presidente de la Xunta de Galicia y probable sustituto de Pablo Casado como líder nacional del PP, que demuestre que su liderazgo va a conllevar una auténtica regeneración en el partido. En ese sentido le ha llamado a facilitar que se lleve a cabo una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para aclarar los contratos relacionados con el hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva Federal de este lunes, ha señalado que para que Feijóo inicie un nuevo ciclo de regeneración en su partido debe aclarar las acusaciones a Díaz Ayuso de que «concedió a dedo» contratos a su hermano, según ha indicado.

En ese sentido, ha añadido que la mejor manera es que se lleve a cabo esa comisión de investigación en el parlamento regional a al que el PP se opone y por tanto ha pedido a Feijóo que la «facilite» y permita que se celebre.

QUE ACLARE SU POSICIÓN RESPECTO A VOX

Por otro lado ha instado al todavía precandidato a liderar el PP, que aclare cual va a ser su posición respecto a Vox porque, según ha afirmado Sicilia, Feijóo se refiere a ellos como extrema derecha pero al mismo tiempo dice que está «dispuesto» a pactar con ellos.

Sin embargo, Sicilia le ha acusado de seguir «coqueteando» con la extrema derecha porque, aunque en ocasiones les critica, no se ha cerrado a un pacto en el Gobierno de Castilla y León.

En la misma línea, el portavoz socialista también le ha pedido que posibilite un acuerdo de país para renovar el Consejo General del Poder Judicial, un órgano que lleva más de tres años con el mandato caducado y cuya renovación requiere un acuerdo entre PSOE y PP.

PACTO DE ESTADO PARA CONTRARRESTAR EL EFECTO DE LA GUERRA

Finalmente le ha pedido que apoye el pacto de Estado que está impulsando el Gobierno para contrarrestar los efectos de la guerra de Ucrania en España y que estos sean «lo menos dolorosos posible» para la población.

Así, le ha instado a «arrimar el hombro» en un momento «crucial» y demostrar que el PP «ha vuelto a ser» un partido de Estado que piensa en los intereses de los ciudadanos.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido la decisión de la Abogacía del Estado de no presentar demanda ante el Tribunal de Cuentas contra una treintena de excargos del Govern por el presunto uso irregular de fondos públicos para la acción exterior de Cataluña. Ha subrayado que según el órgano fiscalizador los fondos afectados son de la Generalitat y la indemnización por tanto corresponde al gobierno autonómico: «No es posible la intervención de ninguna otra Administración».

Así ha respondido el Ejecutivo por escrito a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y al portavoz nacional ‘naranja’, Edmundo Bal, quienes preguntaron si el Gobierno consideraba «adecuada» la decisión de la Abogacía del Estado de retirarse de la causa que se sigue en el Tribunal de Cuentas.

Desde Moncloa se han amparado en la liquidación provisional emitida por la Delegada-Instructora y han insistido en que «todos los fondos afectados son de titularidad de la Generalitat de Cataluña, por lo que no cabría la interposición de demanda por el Abogado del Estado».

«Cabe informar a Sus Señorías que el Gobierno sí considera adecuada la decisión de la Abogacía del Estado de retirarse de la causa de reparación de lo defraudado al Tesoro Público», ha señalado el Ejecutivo en la respuesta recogida por Europa Press.

El Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros a una treintena de excargos del Govern en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para su acción exterior a través de las denominadas ‘embajadas catalanas’ y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat. En la lista figuran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsellers.

El equipo de Sánchez ha explicado que el procedimiento de reintegro por alcance ante el órgano fiscalizador se tramita en dos fases: una previa de carácter administrativo –denominada actuaciones previas– y otra posterior de naturaleza jurisdiccional.

Según ha precisado, en la primera fase la intervención del Abogado del Estado está prevista de manera expresa en los artículos 45.1 y 46.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, «con independencia de la Administración titular de los fondos afectados por los hechos». «Esta intervención se justifica en que, hasta la liquidación provisional, no se puede saber con seguridad si puede haber fondos del Estado afectados por las actuaciones», ha señalado.

LA GENERALITAT, «EL SUJETO LEGITIMADO»

En el marco de su respuesta parlamentaria el Ejecutivo ha recordado que esta fase inicial concluye con el levantamiento del acta de liquidación provisional, que supone la conclusión del trabajo del Delegado-Instructor en relación con la concreción de los hechos y la determinación de la responsabilidad contable de los presuntos responsables.

«En el supuesto objeto de la pregunta, el Abogado del Estado intervino en los distintos trámites que le fueron formulados, considerando que los hechos podrían ser constitutivos de responsabilidad contable», ha indicado.

Por su parte, la segunda fase –de procedimiento jurisdiccional de reintegro por alcance– se puede iniciar mediante demanda. «El sujeto legitimado activamente sería la Administración titular de los fondos afectados, el Ministerio Fiscal y el denunciante en caso de existir», ha insistido el Gobierno.

Así, ha hecho referencia a la doctrina del Tribunal de Cuentas que «limita» la legitimación activa para presentar la demanda a la Administración pública titular del patrimonio perjudicado. «No es posible la intervención de ninguna otra Administración que no sea la titular de los fondos afectados», ha remarcado.

El Gobierno ha citado también la jurisprudencia del Tribunal Supremo y ha explicado que la legitimación activa del Estado en el procedimiento penal se reconoció «con independencia de que no se tuviera un interés directo como perjudicado» dado que, según ha reiterado, «la titularidad final de la indemnización correspondía al patrimonio de la Generalitat de Cataluña».

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, tiene autonomía para formar gobierno y ha recalcado al PSOE que no está para dar lecciones cuando está en Moncloa «gracias a los votos de nacionalistas, independentistas y de Bildu».

Así se ha pronunciado Gamarra en una rueda de prensa en la del PP, junto al eurodiputado y presidente del comité organizador del congreso del PP, Esteban González Pons, a pocos días de que se constituya el Parlamento en Castilla y León y arranque la nueva legislatura, con Vox exigiendo entrar en el Gobierno regional.

En cuanto a si la dirección del PP está a favor de que se pueda pactar con Vox en Castilla y León. Gamarra ha indicado que su formación «no admite lecciones» del PSOE en aquello que tiene que ver con pactos y con acuerdos. Por eso, le ha recomendado dar «los consejos a otros» porque el PP «tiene muy claro lo que tiene que hacer».

«Estamos hablando de un PSOE que gobierna España con aquellos que dicen que no hay que hacer nada para apoyar al pueblo de Ucrania, pero hablamos de un PSOE que los acuerdos que le permiten estar en la Moncloa sentado se basan en acuerdos no solo con el nacionalismo, sino con el independentismo e incluso con Bildi», ha enfatizado.

DEJA EN MANOS DE MAÑUECO LOS ACUERDOS

Al ser preguntada de nuevo entonces si el PP deja a Mañueco tomar esa decisión si gobierna o no con Vox y si podría ese partido presidir las Cortes de Castilla y León, Gamarra ha señalado que «las respuestas a esas preguntas parten de la premisa que están en el marco de una negociación» y el presidente en funciones de CyL, que «ganó las elecciones», es el que tiene «la capacidad de liderar esas negociaciones y llegar a los acuerdos que considere necesarios».

«Y lo está haciendo en base a un objetivo, que es poner en el centro a CyL, a los ciudadanos de CyL y el programa de gobierno que tiene que llevarse a cabo. En eso es en lo que está centrado y a él le corresponde llevar a cabo esas negociaciones», ha dicho, para añadir que será el propio Mañueco el que informe de esas negociaciones cuando lo considere oportuno.

Eso sí, la portavoz de los ‘populares’ en el Congreso ha subrayado que una negociación «siempre requiere de mucha discreción», así como «mucha confianza» en aquel que debe llevarla a cabo. «Nos basamos en esos dos principios, en la discreción y en la absoluta y plena confianza en Alfonso Fernández Mañueco para que consiga lo mejor para Castilla y León. Nadie mejor que él lo conoce» ha enfatizado.

PONS: «VOX NO ENTRA ENTRE MIS ATRIBUCIONES»

Después de que Esteban González Pons se refiriera a Vox hace una semana como partido de extrema derecha y al ser preguntado si el PP se podría replantear esa definición al tener en España una concepción más peyorativa que en Bruselas, el eurodiputado ‘popular’ ha rehusado entrar en valoraciones este lunes.

«Con todo el respeto, déjeme que le diga que como presidente del comité organizador del congreso del Partido Popular, Vox no entra entre mis atribuciones», ha zanjado González Pons ante los medios de comunicación.

Por otra parte, la coordinadora general del PP ha lamentado los «días grises» que viven con la subida de la luz, ha reclamado más medidas al Gobierno de Pedro Sánchez y ha avanzado que el PP presentará iniciativas en el Parlamento para controlar la factura y que las familias y empresas lleguen a fin de mes.

Unidas Podemos, ERC y Bildu reclaman al PSOE que acepte la creación de una comisión de la verdad en su iniciativa, que junto al PNV, sobre abusos sexuales de menores en el seno de la Iglesias, con vistas a que se recoja la obligación de la jerarquía eclesiástica a colaborar en su esclarecimiento.

Así lo trasladan en una enmienda, sobre la proposición no de ley (PNL) que se debatirá durante esta semana en el Congreso y que se centra en encargar al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, una investigación sobre las denuncias de las víctimas de dichos abusos.

Los socios de coalición de los socialistas, junto a Bildu y PNV, quieren añadir a la iniciativa original que se impulsen los parámetros y el régimen jurídico para crear esa comisión de la verdad, que «operaría como organismo jurídico independiente, de carácter temporal», y cuyo «único cometido sea realizar la investigación de las denuncias» de abusos y agresiones sexuales en el seno de la Iglesia.

En esta línea, la enmienda de Unidas Podemos, ERC y Bildu también exige que se proponga a la Comisión de Justicia del Congreso una subcomisión u Órgano temporal sobre los abusos y agresiones sexuales en la Iglesia Católica.

Por tanto, instan a que quede constituida en los dos meses siguientes a la aprobación de esta iniciativa, con la apertura de un plazo para que los grupos parlamentarios puedan remitir peticiones e comparecencia de víctimas, así como de representantes de los estamentos eclesiásticos.

EL INFORME DEL DEFENSOR DEBE ESTAR LISTO EN 6 MESES

Las tres formaciones, que defienden la creación de una comisión de investigación en el Congreso, demandan que el informe del Defensor del Pueblo, que se articulará con colaboración de expertos, esté disponible en un plazo de seis meses. Además, especifican que dicho documento se someterá a la toma en consideración del Pleno del Congreso, sometiéndose al debate parlamentario por el procedimiento reglamentario pertinente.

También explicitan que el Defensor del Pueblo podrá intervenir en los trabajos que, en paralelo, el Congreso pueda emprender mediante la comisión de investigación sobre los abusos sexuales cometidos en la Iglesias, si así se acordara por la cámara.

Hoy mismo, la coportavoz estatal de Podemos, Alejandra Jacinto, ha destacado que el espacio confederal sigue negociando con sus socios para tratar de alcanzar un acuerdo, por lo que aún no ha especificado el sentido del voto de Unidas Podemos.

LA TESIS DE UP, EL CONGRESO OBLIGA A COLABORAR

El planteamiento de Unidas Podemos, como ya ha expresado en diversas ocasiones el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, es compatibilizar la investigación del Defensor del Pueblo con su iniciativa de crear una comisión parlamentaria en el Congreso, dando al parlamento el protagonismo de esas pesquisas.

Asens ha aludido en diferentes ocasiones en que el papel del departamento que dirige Gabilondo es positivo, pero podría encontrarse limitado como le ocurrió al Sindic de Greuges, dado que sus citaciones de comparecencias a miembros de la Iglesia y la solicitud de documentación no es obligada.

Unas facultades que, por el contrario, sí dispone la Cámara Baja, por lo que reivindica una comisión de investigación que, además, quieren colectivos de víctimas de esos abusos.

La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha denunciado este lunes la «intimidación» que está sufriendo una alumna de un colegio de Málaga capital por llevar el hiyab durante las clases y han acusado al centro de «aislar» a la chica, de 14 años, y a su hermana. El colectivo ha puesto en conocimiento de la Junta de Andalucía lo sucedido a través de diversos escritos.

«El pañuelo, la religión y mis estudios son para mí lo más importante y no puedo hacer una cosa sin la otra», asegura la alumna, pero desde la asociación han asegurado que el colegio «se ha mostrado tajante e inflexible con permitirle tanto a ella como a su hermana llevar el hiyab, ya que aseguran que el régimen de funcionamiento y organización establece que no es posible hacerlo».

Desde la Delegación Territorial de Educación han informado de que el servicio de Inspección en Málaga ha recibido un escrito de la Asociación Marroquí y que el caso está en estudio en este momento, y han confiado en dar una respuesta «a la mayor brevedad posible».

Según un comunicado de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, el pasado 22 de febrero la familia, de nacionalidad egipcia, se presentó en la sede de la entidad para denunciar «un caso de islamofobia que estaban sufriendo sus dos hijas»; activándose desde la asociación el servicio de asesoramiento socio-jurídico que se enmarca dentro del Programa Nacional de prevención de la Islamofobia.

«A pesar del diálogo por parte de la Asociación Marroquí con varias instituciones, dos semanas más tarde, las dos alumnas siguen en la sala de recepción y no se les permite entrar en clase», han indicado.

En el comunicado, el colectivo explica que las hermanas se matricularon en el colegio La Goleta hace más de un año. Sin embargo, el pasado 10 de enero, «como medida provisional impuesta por el equipo directivo del centro, la hija mayor comenzó a vestir con gorro y bufanda».

Una semana más tarde, en una reunión del centro educativo con la familia, los padres trasladaron que sus hijas llevaban el velo por voluntad propia. «Asimismo, a fin de hacerlas cambiar de opinión, el centro les ofreció la ayuda de un profesor, también psicólogo. Una propuesta que la familia rechazó rotundamente», han apuntado.

El pasado 21 de febrero, la niña decidió quitarse el gorro y la bufanda y ponerse el hiyab «al tener calor y estar incómoda». Ese mismo día, según la asociación, «el equipo directivo decidió enviarla a la biblioteca donde permaneció durante toda la jornada lectiva aislada, excluida de sus compañeros y sin la posibilidad de avanzar en sus estudios».

«Durante su estancia en la biblioteca, según palabras de la víctima, no le mandaron tareas a realizar, siendo el único objetivo conocer las consecuencias de usar el hiyab en el centro. Una jornada que se saldó con la orden de que la alumna saliera por la puerta secundaria para que ningún familiar del centro la viera con el hiyab dentro de las instalaciones», han añadido.

Al día siguiente, según el presidente de la asociación, Ahmed Khalifa, que firma el comunicado, «desde dirección les ofrecieron un ultimátum: si la alumna decidía seguir llevando hiyab, tendría la obligación de permanecer en la biblioteca durante todo el curso académico o, en su caso, debería buscar otro centro educativo. A partir de ese día, el centro educativo obligó a la niña a permanecer en la sala de espera durante todo el horario lectivo, sin poder entrar a clase».

Los padres de la alumna están dispuestos a llevar el caso hasta el final para que otras familias «no tengan que volver a sufrir el acoso que han vivido sus dos hijas». «Su prioridad es además que reanuden sus estudios lo antes posible ya que han perdido más de dos semanas completas de clase e incluso exámenes», han lamentado.

La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, a petición de la familia, ha intentado reunirse con el centro educativo para buscar alguna solución, «pero este ha rechazado cualquier intento de mediación».

Aun así, la asociación al considerar que es una decisión «discriminatoria que va en contra del código ético del centro educativo, se ha trasladado a Sevilla para reunirse con el Comité Ético de las Hijas de la Caridad, provincia España-Sur, que es el órgano que evalúa el cumplimiento del Código Ético de la institución, a fin de abrir un proceso de diálogo para garantizar la vuelta regulada a las clases de las dos hermanas».

El pasado 27 de febrero, la asociación solicitó la intervención de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía y la Delegación del Gobierno de Málaga.

Por todo ello, la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha denunciado «la discriminación islamófoba que están sufriendo las dos hermanas» y han solicitado la «intervención inmediata» de la Junta de Andalucía «que es la máxima responsable de esta situación, permitiendo la reincorporación normalizada de las dos alumnas en el centro educativo, pudiendo realizar los exámenes que esta situación imposibilitó y teniendo la opción de recibir todo el conocimiento al que le han impedido el acceso».

«Consideramos que el uso del velo por parte de las personas musulmanas forma parte del ejercicio de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos a toda persona: la libertad de conciencia y el derecho a la propia imagen», han asegurado en el comunicado hecho público este lunes.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha subrayado este lunes en Bilbao el papel del Ministerio Fiscal como «verdadero motor de cambio social y avance», y ha lamentado que es el «gran desconocido de la Justicia».

Dolores Delgado ha presidido en la capital vizcaína, junto con la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán del Río, y el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, el acto conmemorativo del «40º Aniversario de aprobación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal».

El acto se ha desarrollado en el Palacio de Justicia de Bilbao y ha contado con la presencia, entre otros, del vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, o el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria.

En el evento, al que han asistido diversas autoridades civiles y militares, se ha proyectado un video conmemorativo editado por la Fiscalía General del Estado para la ocasión. En el marco de esta celebración, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha recordado la importancia del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal porque es «fruto de la Constitución».

«Es el Estatuto constitucional el que nos da unas funciones al Ministerio Fiscal que van mucho más allá de la acción penal, porque nos hace responsable de la defensa de los derechos de los más vulnerables, los incapaces, los menores, el medio ambiente, seguridad vial…», ha citado.

Por lo tanto, ha señalado que cuentan con unas competencias que convierten al Ministerio Fiscal en «un verdadero motor de cambio social y de avance». Por ello, ha indicado que están muy orgullosos de estos 40 años del Estatuto que se está celebrando en los distintos territorios y, en el caso de Euskadi, con la fiscal superior, Carmen Adán, y con los jueces del País Vasco.

Dolores Delgado cree que el Ministerio Fiscal es el «gran desconocido de la justicia» cuando tiene «tantas funciones» y está en «tantos espacios con unos profesionales magníficos que trabajan con mucho rigor y con muchísima profesionalidad por la sociedad y por esa firme convicción de servicio público».

IÑAKI SUBIJANA

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, se ha referido al «horror bélico» por el que se atraviesa, con la guerra en Ucrania, tras la invasión de Rusia, para afirmar que «históricamente se ha constatado que el ser humano se despide de la barbarie cuando la fuerza bruta de uno que se impone a los demás es sustituida por el abrazo inclusivo de la comunidad en el que todos son iguales desde la diferencia -el poder institucional de la ley-«.

Por ello, ha precisado que «el único lugar admisible en el momento actual, desde los parámetros de la justicia, es el que ocupan lasvíctimas, cuya aniquilación o desubicación forzosa se pretende».

En su intervención también ha destacado la «cercanía institucional» de jueces y fiscales, y ha añadido que «aquí, en Euskadi», jueces y fiscales tienen también «una cercanía personal, la diseñada por elmundo de las experiencias vitales compartidas». «En lo recorrido, fiscales y jueces hemos vivido durante muchos de esos cuarenta años bajo el peso de la sombra del terrorismo de ETA», ha manifestado.

Respecto a los representantes del ministerio público, ha recordado que «en condiciones tremendamente difíciles, en lo personal, en lo social y en lo institucional», promovieron la acción de la justicia «en defensa de la legalidad». «Afirmaron con ello la supremacía de la leysobre la barbarie. ¡Qué gran ejemplo de ejercicio de las funciones constitucionales diseñadas en el artículo 124 de la Constitución!», ha añadido.

A su juicio, esta «vivencia conjunta de lo recorrido» interpela enel presente para, «desde la diversidad de funciones institucionales», posibilitar un espacio para «la justicia victimal», de la que «son elementos consustanciales el conocimiento de lo ocurrido, la identificación de sus responsables, el reconocimiento por los mismos del daño personal, social e institucional injustamente causado y la exigencia de reparación de la injusticia causada hasta el máximo de lo posible».

En este punto, se ha referido a la placa en homenaje al magistrado José María Lidón, asesinado por ETA, ubicada en este atrio del Palacio de Justicia, que «lo recuerda siempre y, especialmente, cada vez que nos reunimos en este espacio». «Y es que la injusticia sigue vigente mientras no se haga justicia y, eso sí, una vez que la misma es declarada, comienza el camino para la justicia reconstructiva, que trata de construir un nuevo orden donde ya no sea posible la comisión de una nueva injusticia», ha manifestado.

Para Subijana, esa «alianza personal e institucional, desde ladiferenciación de roles funcionales», de fiscales y jueces «se extiende, también, a temas muy importantes para el sistema institucional de justicia».

Entre ellos, ha enumerado facilitar el acceso de todos a la justicia,»sobre todo a los que más dificultades tienen para acudir a la misma», además de «crear espacios de acogida, comunicación y acompañamiento que respondan a las necesidades de las personas que reivindican sus derechos e interés legítimos», además de «proteger y amparar a quienes postulan tutela jurídica, sobre todo si son especialmente vulnerables.

También ha aludido a los retos que jueces y fiscales deberán afrontar, como «la articulación de un proceso de revisión coordinada de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad», el diseño de espacios físicos «al servicio de las necesidades de atención», el acompañamiento y la protección de las personas; y la implantación de un modelo digital «que integre el acceso sin exclusión, la eficacia en la gestión y la calidad epistémica y garantista del juicio».

El PSOE va a participar este martes en la manifestación de Madrid por el Día Internacional de la Mujer convocada por la Comisión 8M que es, según ha explicado el portavoz del partido, Felipe Sicilia, en la que han «estado siempre».

Tal y como ha señalado Sicilia en rueda de prensa, se trata de la marcha que, bajo el lema ‘Derechos para todas, todos los días, «sale de Atocha a Colón» a las 19.00 horas.

Los socialistas confirman así su apoyo a la manifestación multitudinaria del 8M que se celebra en la capital, frente a la convocatoria que ha realizado el Movimiento Feminista de Madrid. Esta iniciativa, que marcha bajo el lema ‘El feminismo es abolicionista’ también ha convocado a las 19.00 horas para recorrer la Gran Vía, hasta la Plaza de España.

Pero, a pesar de esta decisión, el portavoz socialista ha llamado a que nadie dude de que el PSOE es «un partido feminista que defiende las reivindicaciones» como «el abolicionismo de la prostitución» y, en este sentido, ha recordado algunas iniciativas que, en este sentido, ha impulsado el principal partido en el Gobierno.

Silicia ha señalado, así que el PSOE trabaja desde «hace tres años» en una iniciativa sobre este tema o que ha presentado medidas relacionadas con el abolicionismo en la tramitación de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, entre otras.

«Es el único partido que está llevando a cabo iniciativas para abolir la prostitución y como partido feminista vamos a estar en la manifestación que hemos estado siempre», ha insistido.

Sobre las posibles discrepancias que existe dentro del movimiento, el portavoz socialista lo ve «lógico» e, incluso «enriquecedor». A su juicio, la agenda por la «igualdad real» es «clara» y ha explicado que el PSOE estará ahí porque «más feminismo» significa «mejor democracia».

En su intervención también ha defendido a la secretaria de Igualdad de la formación, Andrea Fernández y la «magnífica labor» del departamento que lidera y que, según ha indicado, ha puesto en marcha diferentes actos feministas que demuestran la visión «transversal» que, en esta materia, tienen los socialistas.

A pesar de estas declaraciones, la presidenta de la Comisión de Igualdad y exvicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, ha asegurado este sábado en una entrevista que «el feminismo de verdad» va a estar el 8M tras la pancarta que reivindica el abolicionismo.

La vicepresidenta de Junts y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha llamado este lunes a reforzar el Consell per la República (CxRep) y ha defendido que debe liderar la estrategia independentista «al margen de los partidos» ante las diferencias que mantienen al respecto.

En rueda de prensa, se ha alineado así con lo manifestado por el expresidente de la Generalitat y el recientemente investido presidente del CxRep, Carles Puigdemont, que el sábado sostuvo que la entidad debe «tomar la iniciativa sin esperar el consenso previo de los partidos políticos» porque, a su juicio, se ha demostrado que no es posible en las actuales circunstancias.

Según Artadi, es una realidad que las formaciones independentistas catalanas han sido «incapaces de consensuar una estrategia conjunta y de superar rifirrafes», y por ello cree que es importante que el CxRep marque una hoja de ruta al margen de éstas y que puedan sumarse a ella posteriormente.

Además de constatar que el CxRep quiere ser un órgano representativo del independentismo, cree que debe aprovecharse que está fuera de la lógica de la política diaria así como del marco legal español: «No tiene estas tutelas».

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

También ha acusado al primer secretario del PSC, Salvador Illa, de aprovechar la crisis en Ucrania para hacer «chantaje» al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para que cambie de opinión y acuda a la Conferencia de Presidentes porque se hablará de refugiados.

«El presidente debe ir a reuniones donde se deciden cosas, no a reuniones protocolarias que sirven sólo para que Pedro Sánchez tenga fotos. Es lamentable que alguien que quiere hacer de líder de la oposición aproveche esta tragedia humanitaria para hacer chantaje a Aragonès», ha destacado.

Para Artadi, la Generalitat está dando «una respuesta ejemplar, sin tutelas» para aportar los recursos y las infraestructuras necesarias ante la llegada de refugiados ucranianos.

«Es una auténtica tragedia humanitaria», ha advertido la dirigente de Junts, que ha pedido la máxima implicación de la UE y la OTAN para frenar la invasión rusa y ha apoyado las sanciones económicas y el envío de armas para defender la soberanía del Ucrania.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha resaltado este lunes la «gran inversión en Cartagena y la apuesta por la Región de Murcia» que supone la construcción, por parte de la empresa Repsol, de la primera planta de biocombustibles avanzados de España, con una dotación estimada de 188 millones de euros.

Durante el acto de inicio de obras en la refinería de Escombreras, López Miras ha afirmado que esta «planta de vanguardia» nacerá «con un objetivo de cero emisiones en el horizonte» y será «un magnífico ejemplo de economía circular», informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

López Miras también se ha referido a las consecuencias energéticas para nuestro país de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y ha señalado que «España debe ser mucho más fuerte en su capacidad de producción de energía, y en el tratamiento de los recursos que son esenciales para el progreso y el desarrollo a todos los niveles».

Por ello, ha alertado de que «depender de recursos externos, sobre todo procedentes de fuera de la Unión Europea, es un factor de riesgo que tiene consecuencias».

La nueva instalación de Repsol, que estará operativa en 2023, producirá ecocombustibles para el transporte con una reducción de 900.000 toneladas de dióxido de carbono al año. La planta tendrá capacidad para generar 250.000 toneladas al año de estos combustibles, que podrán usarse en aviones, camiones y coches.

El jefe del Ejecutivo regional ha subrayado que esta nueva instalación es «una gran noticia y un nuevo avance» dentro de los más de 70 años de trayectoria de Repsol en Cartagena. Durante ese periodo, «Escombreras se ha convertido en un foco energético mundial», ha indicado, «gracias a apuestas como ésta, que hacen que Cartagena y la Región de Murcia tengan más oportunidades y más futuro».

López Miras también ha destacado la importancia de que la Región de Murcia «se haya convertido en un espacio de libertad donde apostamos por el desarrollo de las empresas», ya que esto resulta «muy atractivo» para atraer inversiones. Así, las empresas valoran fortalezas como «la simplificación administrativa, o la moderación en el gasto para poder impulsar una política fiscal cuanto más reducida mejor».

Finalmente, el responsable autonómico se ha comprometido a «acompañar» este tipo de inversiones «con el desarrollo de aquellas infraestructuras que son muy necesarias para que las empresas lleven adelante su trabajo, ya sean portuarias, aeroportuarias o de comunicaciones terrestres».

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha considerado que se trata de una «gran apuesta» industrial de Repsol en la ciudad portuaria, «por la inversión que representa, el empleo que genera y por la actividad que va a suponer dentro del Valle de Escombreras».

Arroyo ha señalado que Repsol avanza en la transformación energética con la construcción de su primera planta de biocombustibles avanzados, «que representa la aplicación industrial de la investigación más vanguardista en materia de generación de combustibles mediante el reciclado». Un proyecto al que ha sumado el de desarrollo del hidrógeno verde, «que debe y puede ser la gran fuente alternativa para mover, iluminar y calentar el mundo».

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha explicado que Cartagena se va a consolidar con este proyecto como un centro de abastecimiento de productos fundamentales para el presente y para el futuro, y en un ejemplo del compromiso de la compañía con la movilidad sostenible.

Brufau ha destacado la importancia de apostar por la neutralidad tecnológica para avanzar en el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas en 2050.

El Gobierno está perfilando una norma para incluir a los sacerdotes de la Iglesia ortodoxa rumana en España en el régimen general de la Seguridad Social, a petición del Obispado Ortodoxo Rumano de España y Portugal.

«La Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones se encuentra perfilando la norma en que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el régimen general de la Seguridad Social de los ministros de culto de la Iglesia Ortodoxa Rumana en España», precisa el Ejecutivo en respuesta a una pregunta escrita al Congreso por parte de los diputados de Esquerra Republicana (ERC) Joan Capdevila i Esteve y Jordi Salvador i Duch.

En la respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno explica que tal inclusión de los ministros de culto de referencia se está realizando «en igualdad de condiciones que el resto de las confesiones religiosas, mediante Real Decreto».

En concreto, precisa que esta incorporación responde a una solicitud realizada por dicha Iglesia al secretario de Estado de la Seguridad Social para que se procediese a la inclusión de los clérigos de la Iglesia Ortodoxa Rumana en España en el Régimen General de la Seguridad Social «como asimilados a trabajadores por cuenta ajena».

El Ejecutivo indica que en la solicitud no se facilitó información sobre la composición del colectivo a incluir y características de las personas que lo integran, así como de los familiares que pudieran ser beneficiarios de prestaciones del sistema, para delimitar el número de personas y calcular el gasto.

Según el Gobierno, el 28 de junio de 2021, el referido Obispado remitió una carta de respuesta indicando los clérigos, sus familiares y el personal monacal por lo que «se procedió al pertinente estudio de la cuestión» para determinar la posibilidad de su inclusión y estudiar «si supondría una discriminación respecto del clero y ministros de culto de otras confesiones religiosas integrados en el citado régimen».

El Ejecutivo explica que la tramitación «se ha ralentizado» debido a las «excepcionales circunstancias de emergencia sanitaria» provocadas por la pandemia de la Covid-19 pero, a pesar de ello, afirma que ya están perfilando la norma.

El acusado de matar a su madre en Nájera en 2020 ha confesado entre sollozos que la mató porque se lo pidió; además, a preguntas de su abogada, ha referido un intento anterior de suicidio de ambos. Fue una muerte «evidentemente violenta», según los forenses.

La Audiencia popular, mediante juicio por jurado popular, se enfrenta hoy a unos hechos que ocurrieron el 2 de junio de 2020, en un entorno de antecedentes de malos tratos, lesiones del hijo hacia su madre y, en 2014, un intento de suicidio conjunto, tal y como han verificado varios agentes de la guardia civil.

Ese día, el acusado presuntamente mató a su madre que «en ningún momento tuvo posibilidad de defensa» y utilizando tanto un cuchillo como un martillo que dejó la habitación regada de sangre.

«El ataque fue muy colérico, con mucho rencor: cuando atacó a su madre la estaba odiando», ha afirmado el forense creyendo que «no es un homicidio con compasión, creía que tenía la culpa de lo que estaba pasando». También ha considerado que, de llegar más tarde los servicios sanitarios, el acusado se habría acabado suicidando.

El fiscal pide prisión permanente revisable para J.J.R, de 49 años de edad, por asesinar a golpes y acuchillar a su madre, que en el momento de los hechos contaba con 74 años.

Los hechos que se juzgan constituyen para el Ministerio Fiscal un delito consumado de asesinato, cualificado por la alevosía, realizado sobre persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad y discapacidad. La defensa habla de un delito de homicidio o, en defecto, de asesinato, y pide tener en cuenta el estado mental del acusado.

Éste había sido condenado anteriormente, en 2017, a dieciséis meses de prisión por un delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar, realizados sobre su madre, así como dos años de alejamiento de la víctima.

El asesinato se produjo el 2 de junio de 2020 cuando J.J.R entró en el cuarto de ésta, cuando se encontraba dormida y tendida en la cama. Tras los hechos, llamó al SOS Rioja y, aunque visiblemente afectado, contó de forma clara «y con detalle», ha relatado en la sesión un agente de la Guardia Civil «que había matado a su madre, dio los motivos y con qué».

La madre, físicamente discapacitada, estaba impedida de movimiento y con problemas de visión, vivía en cama, además de tener un trastorno psiquiátrico.

Había fallecido por un shock hipovolémico, que aparece por la pérdida de sangre. Su agresor le había introducido un arma blanca en el tórax, posteriormente le golpeó en la cabeza y, finalmente, volvió a atacarse con el arma blanca.

El forense ha detallado la «peculiar» situación del acusado desde que en 2005 descubriera, junto a su hermano, a su padre ahorcándose. A partir de ahí sufrió varios internamientos e intentos de suicidio.

Ha descrito cómo el acusado no tiene una «patología que le haga perder el sentido de la realidad; es más bien», ha dicho, una «alteración de una personalidad que estaba trastornada» a la que se une una «inteligencia limite».

Es «rígido, inflexible», y las personas con rigidez mental «no son capaces de crear opciones para poder actuar». Tiene «tendencia a la exasperación colérica, y cuando no puede resolver un problema se enfadaba con el entorno».

Además, no tiene tolerancia a frustración y contiene un «patrón encubierto de personalidad evitadora».

De este modo, «cuando se ve obligado a convivir con su madre, a la que tiene que cuidar, y en un circunstancia que coincide con un confinamiento, en el que no podía, en un momento determinado en el que estuviese saturado, salir a la calle, se vio obligado, siendo tan rígido, a afrontar problemas para los que no tenía capacidad ni de ver, si quiera, que podría haber acudido a los servicios sociales».

La situación le fue «saturando» hasta que «estalló». Así, «las discusiones entre ambos eran continuas, la convivencia era complicada», y «su madre era muy reclamadora». Fue una «tempestad de rencor y cólera» la que se desató ese 2 de junio del 2020: «Sabía lo que hacía pero estaba superado, su capacidad estaba disminuida».

«La madre tenía también sus propios problemas, estaba deprimida, y le pidió en alguna ocasión que la matase», ha añadido. Tras esto, se ha suspendido la sesión antes de dar paso a los informes finales. El juicio se desarrollará solo durante la mañana de hoy al haber conformidad entre las partes sobre su culpabilidad en los hechos.

El Ministerio fiscal y la defensa de J.J.R, acusado de matar a su madre a martillazos el 2 de junio del 2020, han alcanzado un acuerdo de conformidad por el que coinciden en acusarle de un delito de asesinato con la agravante de parentesto y reconociéndole la atenuante de alteración psíquica muy cualificada.

Hoy se ha celebrado el juicio contra J.J.R, por jurado popular, tras los hechos sucedidos el 2 de junio del año 2020 cuando una llamada al SOS Rioja del propio acusado alertó de que había matado a su madre. Fue el desencadenante de un historial familiar que incluía un intento conjunto de suicidio entre madre e hijo.

A las 9:00 de mañana está previsto que el jurado reciba el objeto de veredicto en base a las testificales escuchadas hoy, de agentes de la Guardia Civil y forenses, y de acuerdo al acto de conciliación entre el Ministerio Fiscal y la defensa.

Ambos le consideran culpable de un delito consumado de asesinato sobre persona vulnerable, con el agravante de parentesto y la atenuante de alteración psíquica muy cualificada.

Piden para él veinte años de prisión (en un inicio el Ministerio Fiscal pedía prisión permanente revisable) y que indemnice con 25.000 euros a cada uno de sus hermanos por la muerte de su madre.

Para la fiscal ha quedado acreditado que en la mañana del 2 de junio entró al cuarto de su madre cuando estaba durmiendo y «usando los instrumentos que él mismo ha reconocido» se aseguró de matarla con golpes «muy violentos» y un cuchillo de cocina. Algo que hizo «sin afán caritativo» (dado que asegura que ella se lo pidió).

Luego, llamó al 112 y dijo: «He matado a mi madre». La fiscal ha incidido en que «no es un enfermo mental» aunque «tenía un trastorno de personalidad». «Este señor supone un peligro para él y el resto de la sociedad», ha aseverado señalando sus «impulsos coléricos y repentinos».

La defensa ha pedido tener en cuenta tanto la situación del acusado como de su madre, señalando que su intento de «suicidio fue serio», y resaltando que lo que ocurrió fue que «se vio sobrepasado».

CONFESIÓN DEL ACUSADO

El acusado ha confesado entre sollozos, al inicio de la sesión, que la mató porque su madre se lo pidió; además, a preguntas de su abogada, ha referido un intento anterior de suicidio de ambos.

Ese día, el acusado mató a su madre que «en ningún momento tuvo posibilidad de defensa» y utilizando tanto un cuchillo como un martillo que dejó la habitación regada de sangre. Fue una muerte «evidentemente violenta», según los forenses.

«El ataque fue muy colérico, con mucho rencor: cuando atacó a su madre la estaba odiando», ha afirmado el forense creyendo que «no es un homicidio con compasión, creía que tenía la culpa de lo que estaba pasando». También ha considerado que, de llegar más tarde los servicios sanitarios, el acusado se habría acabado suicidando.

Había sido condenado anteriormente, en 2017, a dieciséis meses de prisión por un delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar, realizados sobre su madre, así como dos años de alejamiento de la víctima.

La madre, físicamente discapacitada, estaba impedida de movimiento y con problemas de visión, vivía en cama, además de tener un trastorno psiquiátrico. Falleció por un shock hipovolémico, que aparece por la pérdida de sangre.

El forense ha detallado la «peculiar» situación del acusado desde que en 2005 descubriera, junto a su hermano, a su padre ahorcándose. A partir de ahí sufrió varios internamientos e intentos de suicidio.

Ha descrito cómo el acusado no tiene una «patología que le haga perder el sentido de la realidad; es más bien», ha dicho, una «alteración de una personalidad que estaba trastornada» a la que se une una «inteligencia limite».

Es «rígido, inflexible», y las personas con rigidez mental «no son capaces de crear opciones para poder actuar». Tiene «tendencia a la exasperación colérica, y cuando no puede resolver un problema se enfadaba con el entorno».

Además, no tiene tolerancia a frustración y contiene un «patrón encubierto de personalidad evitativa».

De este modo, «cuando se ve obligado a convivir con su madre, a la que tiene que cuidar, y en un circunstancia que coincide con un confinamiento, en el que no podía, en un momento determinado en el que estuviese saturado, salir a la calle, se vio obligado, siendo tan rígido, a afrontar problemas para los que no tenía capacidad ni de ver, si quiera, que podría haber acudido a los servicios sociales».

La situación le fue «saturando» hasta que «estalló». Así, «las discusiones entre ambos eran continuas, la convivencia era complicada», y «su madre era muy reclamadora».

Fue una «tempestad de rencor y cólera» la que se desató ese 2 de junio del 2020: «Sabía lo que hacía pero estaba superado, su capacidad estaba disminuida».

«La madre tenía también sus propios problemas, estaba deprimida, y le pidió en alguna ocasión que la matase», ha añadido.

Vox cree que el 8 de marzo como celebración del Día de la Mujer está ya totalmente «desacreditado», no solo desde el punto de vista ideológico sino debido a que, denuncia, hace dos años se retrasó la aplicación de medidas de contención del coronavirus para permitir la celebración de este «aquelarre» en las calles de toda España.

«Yo creo que el 8M es un evento absolutamente desacreditado ya», ha defendido el vicepresidente político de Vox y eurodiputado, Jorge Buxadé, en rueda de prensa en vísperas de la celebración del Día de la Mujer.

A su juicio, esto es así desde el año 2020, cuando «nadie duda» que el Gobierno «retrasó» la aplicación de medidas de contención del Covid-19 («el virus de Wuham») con una finalidad ideológica como «garantizar el gran aquelarre que era el 8M».

A su juicio, este martes la preocupación de los hombres y mujeres pasará por el precio de la electricidad, los combustibles, la utilización de las mascarillas en los colegios o encontrar un empleo; y no por seguir una «doctrina» que considera «contraria al sentido común, a la familia y a la unidad del hombre y la mujer».

En este sentido, la viceportavoz de Vox, Patricia Rueda, ha reivindicado «la igualdad real» que dé a los ciudadanos la oportunidad de formar una familia y prosperar, que haya cadena perpetua para los agresores sexuales, barrios seguros o defensa de la vida. «Esto sí me representa», ha explicado frente a «la guerrilla callejera y el feminismo extremista alejado de la realidad».

Además, ha denunciado las iniciativas para iluminar de color morado edificos públicos «con dinero público» y ha insistido en su rechazo al «feminismo radical» que cree que «enfrenta» a hombres y mujeres, «criminaliza» a los hombres y «despilfarra impuestos».

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha defendido este lunes la «unidad» del Gobierno sobre las acciones en Ucrania y ha señalado que ningún miembro del Ejecutivo ha puesto en cuestión las decisiones del presidente Pedro Sánchez. Por tanto, ha sostenido que «no hay tema» con Podemos a pesar de las discrepancias por el envío de armas.

Así, ha indicado que el Gobierno es «sólido» y ha destacado que ningún miembro del Gobierno ha manifestado el rechazo a las decisiones tomadas por Sánchez, que es el encargado de dirigir la política exterior, según ha recordado.

Sobre las declaraciones de la secretaria general de Podemos y ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, en las que calificaba de «partidos de la guerra» a los que envían armas a Ucrania, Sicilia ha remitido a otras declaraciones de Belarra de este lunes en las que afirma que no se refería al PSOE.

A ese respecto, Sicilia no ha aclarado si desde el PSOE le habían pedido a Belarra una rectificación y se ha limitado a responder que Belarra ha aclarado que no se refería a los socialistas.

En esta misma línea, fuentes socialistas han señalado que el PSOE no se ha sentido aludido ni ofendido por el señalamiento de «partido de la guerra» y han apuntado que quien ha enviado armas a Ucrania no es el PSOE sino el Gobierno y que en el Ejecutivo hay varios partidos.

En ese sentido, Sicilia ha indicado que no son el partido de la guerra y eso lo saben los ciudadanos y también Podemos, y por eso ellos mismos han dicho que no se referían al PSOE.

NIEGA TENSIÓN EN EL GOBIERNO A PESAR DE LAS DISCREPANCIAS

También ha negado que exista tensión en el seno del Gobierno y ha restado importancia a las discrepancias «que puede haber» en torno a una medida dentro de la coalición de la que forma parte Podemos «pero no del Gobierno». Hacía referencia así a que son Belarra y la ministra de Igualdad, Irene Montero, quienes se han mostrado en contra de enviar armas pero que el resto de ministros de Unidas Podemos, con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz a la cabeza, han respaldado a Sánchez.

Asimismo ha señalado que todos los ministros tiene claro que la política exterior la dirige el presidente y «han respaldado» su posición en cuanto a que los ciudadanos ucranianos puedan defenderse y protegerse. En este sentido, a lo largo de los últimos días, desde el Gobierno y el PSOE venido trasladando que las críticas de Montero y Belarra se han hecho a nivel de partido y fuera de los ámbitos ministeriales.

El vicesecretario general y portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha asegurado que todavía no ha mantenido contactos con el PP ante el posible nombramiento, como presidente del partido, de Alberto Núñez Feijóo, al que ha pedido «seriedad» para explorar vías de apoyo al Gobierno que no hagan depender a Pedro Sánchez de Unidas Podemos.

Preguntado hoy en rueda de prensa sobre si ha dialogado con el PP para ofrecer al PSOE una alternativa sin Podemos, Bal ha dicho que por ahora no ha habido ningún acercamiento más allá del «tímido ofrecimiento» que la portavoz ‘popular’ Cuca Gamarra hizo la semana pasada en el Congreso de los Diputados. «Ojalá que este ofrecimiento sea serio. La seriedad se demuestra con los hechos», ha apuntado.

«Le pido al señor Feijóo seriedad», ha manifestado Bal, para quien no valen las ofertas «imposibles de cumplir, porque entonces estás haciendo en realidad una pantomima, un teatrillo». «Me alegraría mucho comprobarlo con los hechos, pero les corresponde a ellos».

De este modo, Bal ha reclamado al PP pasar de las palabras a los hechos, al tiempo que ha criticado a Feijóo por «callar» en torno a la aprobación de la reforma laboral, cuando los ‘populares’ votaron «de forma irresponsable» en contra de un acuerdo «bueno» entre empresarios y sindicatos para «luchar contra la precariedad».

«¿Qué hizo Feijóo? Callar», se ha contestado a sí mismo el portavoz ‘naranja’, para quien sería una buena noticia que apareciera el «perfil más pactista» del presidente de Galicia. Eso sí, Ciudadanos tiene «legitimidad» para «sospechar» que el ofrecimiento de Gamarra al PSOE «no va del todo en serio», ha añadido Bal.