A Juan Carlos, maestro de Educación Primaria en un colegio público del área metropolitana de Barcelona (Cataluña), apenas le queda tiempo para sí mismo. Tiene 18 años de experiencia como profesor y tiene que enlazar su trabajo con un segundo empleo para poder pagar el alquiler y sostener a su familia.
"Trabajo en otro empleo todas las tardes al salir del colegio para poder afrontar las cargas familiares. Y no soy el único", explicaba a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). "Es frustrante saber que estás formando a las nuevas generaciones y, al mismo tiempo, tener que buscar alternativas para sobrevivir".
Su caso, lamentablemente, no es una excepción. La profesión de docente en Cataluña atraviesa uno de sus peores momentos, según alertan los sindicatos, con una mezcla de salarios congelados, encarecimiento de la vida, sobrecarga de trabajo, estancamiento de la carrera profesional y pérdida de prestigio social que ha empujado al sistema educativo a una situación límite.
Las protestas, que ya se multiplicaron en 2025, han llegado hasta 2026 con centros cerrados miles de profesores en la calle reclamando una solución en las políticas educativas. Las sucesivas huelgas convocadas por USTEC-STEs, CCOO, UGT, CGT y otros sindicatos paralizaron miles de aulas en Primaria y Secundaria, y en varias jornadas decenas de miles de docentes salieron a las calles de Barcelona y de otras ciudades catalanas para expresar su hartazgo y exigir respuestas concretas.
Sueldos congelados, poder adquisitivo perdido y segundos trabajos
Según los datos de CSIF, desde 2009 el profesorado de la educación pública en Cataluña ha perdido entre un 20 % y un 25 % de poder adquisitivo. Los salarios se han mantenido prácticamente congelados mientras el Índice de Precios al Consumo crecía año tras año, con subidas especialmente fuertes en vivienda, suministros y energía. En los casos más veteranos, las pérdidas acumuladas superan los 10.000 euros anuales.
Un maestro con jornada completa percibe hoy una media de 1.958 euros netos mensuales, mientras que en otras comunidades autónomas como el País Vasco, por ejemplo, la cifra ronda los 2.291 euros netos. Sin duda, una desigualdad territorial difícil de justificar en una profesión que se supone vertebradora del sistema educativo en todo el Estado.
Además, la cifra oficial no recoge el tiempo real que se dedica al trabajo. Sobre el papel, la jornada de los docentes es de 37,5 horas semanales. En la práctica, la lista de tareas se alarga mucho más allá de ese horario con preparación de clases, corrección de exámenes, elaboración de informes, reuniones con familias, coordinación interna, formación obligatoria, seguimiento individualizado del alumnado y participación en actividades complementarias como salidas o colonias, a menudo sin compensación real.
Si se tiene en cuenta ese tiempo extra no reconocido, el salario efectivo por hora cae por debajo de los 10 euros, según calcula CSIF.
Y es que, evidentemente, hay que tener en cuenta el encarecimiento del coste de la vida. El alquiler medio en Cataluña supera ya los 1.100 euros mensuales y la gasolina ronda los 1,70 euros el litro, mientras la cesta de la compra no deja de subir. En estas condiciones, muchos profesores, como el citado Juan Carlos, se ven obligados a pluriemplearse para llegar a fin de mes. Sabemos de casos de clases particulares, pero también de trabajos en hostelería, repartos o tareas administrativas en horario de tarde y fin de semana.
Los profesores reclaman una subida salarial inmediata del 25 % para recuperar el poder de compra perdido y situar la profesión en estándares acordes con su responsabilidad social, junto con medidas de conciliación y reconocimiento profesional. Entre ellas está la reducción de ratios en todas las etapas, el refuerzo de plantillas y de personal de apoyo para garantizar la escuela inclusiva, la disminución drástica de la burocracia, una estabilización de las plantillas interinas y el despliegue de una verdadera carrera profesional que incluya los grados docentes y el acceso a Cátedra.
El currículum de los profesores en Cataluña, bajo la lupa
También reclaman, además de mayor participación del profesorado en la toma de decisiones educativas, una revisión profunda del currículum para acercarlo a las necesidades de las aulas reales. Un estudio impulsado por los sindicatos y difundido a finales de 2025 reveló que más del 70 % del profesorado considera que el currículum oficial es "poco adecuado" o está "desconectado de las necesidades reales" del alumnado.
El 84 % señala un aumento constante de la carga de trabajo y una burocracia "asfixiante", y una amplia mayoría denuncia ratios excesivas y falta de recursos para hacer efectiva la escuela inclusiva.
En las aulas se echa más leña al fuego por el alumnado recién llegado, estudiantes con necesidades educativas especiales, grupos cada vez más heterogéneos en niveles y contextos socioeconómicos. Los profesores denuncian que el discurso de la inclusión no se puede aplicar con plantillas insuficientes, escasez de especialistas de apoyo, falta de personal educativo complementario y un largo etcétera de necesidades sin cubrir.
"Se hace de todo, menos enseñar", dicen, mencionando sus labores a la hora de gestionar conflictos en clase, atender crisis emocionales, mediar con familias desbordadas, rellenar formularios y plataformas digitales, organizar protocolos y planes de centro. A todo ello se suman las exigencias de actualización permanente en competencia digital, evaluación competencial y nuevas metodologías, que muchas veces llegan sin la formación ni el tiempo necesarios.
Las consecuencias ya son visibles en las cifras, ya que cada vez menos jóvenes optan por los estudios de magisterio o por las especialidades docentes en secundaria, especialmente en áreas clave como matemáticas, física, tecnología o lenguas extranjeras. En numerosos institutos se hace difícil cubrir las vacantes, y en determinadas zonas no hay aspirantes ni siquiera para las sustituciones de corta duración.
La carrera docente, por otro lado, se encuentra prácticamente estancada en Cataluña. No se ha convocado ni un solo acceso al Cuerpo de Catedráticos desde 2009, a diferencia de comunidades como la Valenciana, Galicia o Castilla y León, que en los últimos años han ofertado centenares de plazas. Tampoco se han desarrollado los grados docentes previstos en la Ley de Educación de Cataluña ni la figura del docente sénior para el cuerpo de maestros, pensados precisamente para reconocer la experiencia y retener el talento.
Los sindicatos hablan de una "crisis estructural" de la docencia catalana, y señalan que la combinación de salarios bajos, falta de reconocimiento institucional, ausencia de promoción y sobrecarga de trabajo está vaciando la profesión de atractivo y estabilidad. "Sin docentes, no hay educación. Y sin educación, no hay futuro", sentencian.
