Los sindicatos han fijado el miércoles 11 de noviembre como fecha de la huelga general por la vivienda, la primera en 14 años.

Qué hay detrás de la convocatoria: quién la firma y por qué

La fecha la han consensuado CCOO y UGT con las organizaciones de inquilinos. La convocatoria nace transversal: además de los dos sindicatos mayoritarios, participan la CGT, otras centrales minoritarias, y varios sindicatos de inquilinos.

Los convocantes tendrán prácticamente un mes para prepararlo todo. La huelga es el culmen de un ciclo de movilizaciones por el alquiler que arrancó con el desahucio de Maricarmen, el caso que encendió las protestas por el precio de la vivienda.

Detrás de la convocatoria están también las plataformas de inquilinos, que llevan meses movilizándose en las principales ciudades contra las subidas de precios. Su presencia es una de las novedades de esta cita: no es solo un pulso sindical clásico, sino un pulso por el acceso a la vivienda.

Los motivos que esgrimen los sindicatos se miden en dinero. Los salarios apenas han subido un 28% en la última década, mientras el metro cuadrado de compra lo ha hecho un 80% y el alquiler un 87%. La brecha entre lo que se cobra y lo que cuesta vivir se ha abierto en picado.

Dos días antes de la campaña: el detalle que lo cambia todo

La fecha no es casual. La huelga se celebra el 11 de noviembre, dos días antes del arranque de la campaña electoral, que empieza el 13. Las elecciones convocadas por Pedro Sánchez son el 29 de noviembre.

Nunca en democracia una huelga general se había colocado tan cerca de unas elecciones, y ese es justo el punto que más incomoda.

El precedente es el que es. De las nueve convocatorias de huelga general en las que han participado los sindicatos mayoritarios en democracia, ninguna había caído tan pegada a unos comicios. Para encontrar algo parecido hay que remontarse a la Segunda República, cuando en 1931 y 1933 se convocaron paros totales al día siguiente de las elecciones.

Ese calendario ha levantado sospechas en las organizaciones empresariales, que dudan de la legitimidad de la convocatoria. La normativa laboral vigente recuerda que una huelga es ilegal cuando 'se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados'.

Con la huelga ya en el calendario, hay una letra pequeña que importa: sumarse es un derecho, pero el paro no se paga. Quien secunde la jornada no cobra ese día, salvo que el convenio o la empresa digan lo contrario.

La letra pequeña que decidirá si la huelga aguanta

Para encontrar la anterior huelga general en España hay que remontarse al 29M de 2012. Catorce años después, el escenario es otro: entonces el detonante era la reforma laboral; ahora, el precio de la vivienda. Que el eje haya girado tanto dice algo del país. El alquiler se ha convertido en el gasto que más tensiona a los menores de 40, y los sindicatos han leído ese cabreo como una oportunidad para volver a llenar la calle.

El problema para la convocatoria no es el apoyo social, sino el marco legal. Que la huelga caiga a dos días de la campaña la expone a la acusación de tener fines políticos, y ahí los empresarios tienen un argumento formal, no solo retórico. Los sindicatos sostienen lo contrario: que salarios y vivienda son intereses profesionales de manual. La batalla, en el fondo, se librará en dos frentes. Uno, la calle: cuánta gente secunda el paro el 11 de noviembre. Otro, los tribunales: si alguien impugna la convocatoria y un juez le da la razón. Los próximos días dirán si las centrales cierran filas con las plataformas de inquilinos o si el frente se resquebraja antes de tiempo.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)

• 💸 ¿Qué ha cambiado? CCOO y UGT han fijado el 11 de noviembre como fecha de la huelga general por la vivienda.
• 👥 ¿A quién afecta exactamente? A todo el país: el paro es de 24 horas y lo secundan sindicatos mayoritarios, minoritarios y plataformas de inquilinos.
• ✅ ¿Qué puedes hacer al respecto? Consultar tu convenio y tu empresa sobre el derecho a huelga y seguir la convocatoria de cada sindicato.

Podrás deducirte el 10% del alquiler en el IRPF desde el 1 de enero de 2027. El nuevo decreto de vivienda entra en vigor el 8 de octubre con 21 medidas y prórrogas de alquiler que se pueden pedir desde ese mismo día.

Cuánto te desgravas y desde cuándo

El Real Decreto-ley 29/2026, publicado en el BOE este martes 7 de octubre, recupera gran parte del paquete de vivienda que el Congreso tumbó hace unas semanas. La norma entra en vigor el 8 de octubre, pero la deducción fiscal no despliega efectos hasta el 1 de enero de 2027.

A efectos prácticos hay dos tramos. Si tu base imponible (lo que Hacienda considera tu renta tras restar las reducciones) no supera los 33.007,20 euros al año, te deduces el 10% del alquiler. Si se queda en 23.007,20 euros o menos, la base máxima de deducción es de 11.630 euros: hasta 1.163 euros al año.

Ojo. Aquí viene el requisito que va a generar más dudas. Ni tú ni nadie de tu unidad familiar puede ser propietario de otra vivienda a menos de 50 kilómetros de la que alquilas, salvo las excepciones que contempla la norma.

Quién entra y quién se queda fuera de la deducción

Vamos por partes. Hay tres filtros y conviene tenerlos claros antes de hacer cábalas. El primero es la renta. El segundo, la propiedad. El tercero, la unidad familiar. Con esos datos en la mano, sabrás en dos minutos si te toca algo o no.

Si estás por debajo de los 33.007,20 euros de base imponible, entras. Por encima, puerta cerrada. Si tienes otra casa en propiedad a menos de 50 kilómetros, tampoco cumples, salvo las excepciones que marca el texto. Y hay un detalle temporal que se le escapa a mucha gente: la deducción se aplica en la declaración que presentes en 2028, sobre el alquiler pagado durante 2027.

La deducción no es universal: exige renta por debajo del umbral, no tener otra casa a menos de 50 kilómetros y esperar a la declaración de 2028.

Además del alivio fiscal, el decreto incluye otras 21 medidas de vivienda y prórrogas de alquiler que se pueden solicitar desde el 8 de octubre. Las condiciones concretas aparecen detalladas en en el texto publicado en el BOE, según La Moncloa.

Un decreto con fecha de caducidad

El Ejecutivo ha vuelto a la casilla de salida. El paquete anterior de vivienda cayó en el Congreso con 178 votos en contra, de PP, VOX y Junts, frente a 172 a favor, un resultado que desencadenó la disolución de las Cortes Generales. El nuevo Real Decreto-ley 29/2026 recupera casi todo aquel contenido, pero lo hace por la vía de urgencia y sin pasar por votación parlamentaria.

Y llega con fecha de caducidad escrita en el margen. Hay elecciones generales el 29 de noviembre y, si el próximo Gobierno es de otro signo, el decreto podría ser derogado. Lo dicho: la deducción del 10% existe en el BOE, sí, pero su continuidad depende del resultado electoral.

Para el inquilino que cumple los requisitos, la ventaja es clara: la norma está publicada y las prórrogas se pueden pedir desde el 8 de octubre. La desventaja también es evidente: la deducción no se toca hasta la declaración de 2028 y, para entonces, el panorama político puede ser otro.

Lo que el decreto no cambia es el problema de fondo. La deducción alivia a quien ya paga un alquiler, pero no mete un solo piso más en el mercado ni toca los precios. Es alivio fiscal para el bolsillo, no una política de vivienda que ataque la escasez. Y con miles de personas acampando en las plazas desde hace más de una semana, la pregunta es cuánto tardará la siguiente medida.

📅 Dónde y cuándo

• Plazo: El decreto entra en vigor el 8 de octubre de 2026. La deducción del IRPF no se aplica hasta el 1 de enero de 2027.
• Quién puede pedirlo: Contribuyentes con base imponible por debajo de 33.007,20 euros anuales y sin otra vivienda en propiedad a menos de 50 kilómetros.
• Cuánto: Hasta el 10% de lo pagado en alquiler. Tope de 1.163 euros al año si la base imponible no supera los 23.007,20 euros.
• Dónde se solicita: No hay solicitud aparte: se aplica directamente en la declaración de la renta. El texto completo está en el BOE.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)

• 💸 ¿Qué ha cambiado? El decreto de vivienda entra en vigor el 8 de octubre y permite deducirse el 10% del alquiler desde 2027.
• 👥 ¿A quién afecta exactamente? Inquilinos con base imponible por debajo de 33.007,20 euros y sin otra casa a menos de 50 kilómetros.
• ✅ ¿Qué puedes hacer al respecto? Guardar los recibos del alquiler de 2027 y leer el texto del decreto en el BOE.

La huelga indefinida de médicos que iba a arrancar el 28 de octubre queda desconvocada. Las principales organizaciones del colectivo han retirado los paros tras el adelanto electoral del 29 de noviembre, que deja la reforma del Estatuto Marco sin recorrido.

La decisión se ha adoptado este miércoles, 7 de octubre, en plena resaca política por el anuncio de las elecciones generales. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) defienden que el nuevo escenario cambia por completo las reglas del juego.

El argumento del Comité de Huelga es que, mientras no se constituya un nuevo Gobierno, no existe un interlocutor válido para pactar un marco normativo propio para médicos y facultativos. Mantener las movilizaciones, concluyen, sería exigir un esfuerzo al colectivo sin una vía política efectiva para alcanzar sus objetivos.

Por qué los médicos desconvocan la huelga

El proyecto del nuevo Estatuto Marco había sido aprobado en el Consejo de Ministros y ya se tramitaba en el Congreso. El adelanto electoral lo deja decaído, así que la norma tendrá que volver a empezar de cero cuando se constituya el próximo Gobierno. Mientras tanto, sigue vigente el texto de 2003.

Desde el Comité de Huelga lo expresan sin rodeos: 'En términos políticos, el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad queda enterrado'. Su lectura es que la presión colectiva ha frenado una norma que el propio departamento y los sindicatos del ámbito daban prácticamente por aprobada desde hace año y medio.

No es una retirada definitiva. El Comité de Huelga avisa de que la convocatoria de huelga continúa vigente y de que la movilización podrá reactivarse si el próximo Gobierno no atiende las reivindicaciones del colectivo. El aplazamiento de las jornadas previstas desde el 28 de octubre es, en sus palabras, una decisión estratégica y no un paso atrás.

La norma que parecía imparable en el Congreso decae con el adelanto electoral y devuelve el conflicto al punto de partida.

¿A quién afecta y qué cambia en la práctica?

El primer afectado es el propio colectivo médico, pero el impacto llega más lejos. Sin un Estatuto Marco nuevo, los médicos y facultativos seguirán rigiéndose por el texto de 2003, una norma que ministerio, comunidades autónomas y profesionales coinciden en que necesita una actualización.

Para los pacientes, el efecto inmediato es que nada cambia en el día a día de consultas y hospitales. No habrá paros desde el 28 de octubre, así que no se producirán los ajustes de agendas ni la reorganización de servicios que suelen acompañar a una huelga indefinida. El conflicto, en cambio, se traslada al terreno político.

Las comunidades autónomas seguirán aplicando la norma vigente mientras no llegue la nueva. Y las reivindicaciones del colectivo dependen ya de quién gobierne después del 29-N y de si ese Ejecutivo acepta abrir una mesa de negociación específica para el ámbito médico.

Un Estatuto Marco de 2003 y un pulso que vuelve a empezar

El Estatuto Marco que sigue en vigor, publicado en el Boletín Oficial del Estado, data de 2003. Más de dos décadas después, ministerio, comunidades autónomas y profesionales coinciden en que ha quedado desfasado, aunque no han logrado acordar cómo sustituirlo. La propuesta del Ministerio de Sanidad no convenció a los convocantes, que consideraban que perpetuaba su situación: la que el colectivo describe como abandono, sobrecarga y falta de reconocimiento por parte de las administraciones.

Ese desencuentro explica por qué el conflicto no se cierra con la desconvocatoria. Los médicos trasladarán sus exigencias al Gobierno que salga de las urnas: un marco normativo propio, una mesa de negociación específica, el fin de las guardias obligatorias, cambios en el régimen de jubilación, y una clasificación profesional acorde a su cualificación y su responsabilidad.

Conviene vigilar tres cosas de aquí en adelante. La constitución del nuevo Ejecutivo y su disposición a abrir esa mesa de negociación. El mantenimiento o no de la amenaza de reactivar los paros. Y el calendario, porque retomar el Estatuto Marco desde cero es un proceso que no se resolverá en semanas y que mantiene el texto de 2003 como referencia para médicos y pacientes.

📌 El foco social: las claves

• 🔎 Qué es lo importante: Los sindicatos médicos desconvocan la huelga indefinida del 28-O tras el adelanto electoral y el Estatuto Marco decae.
• 👥 Quiénes son los afectados: Los médicos y facultativos del sistema público y los pacientes, que seguirán bajo la norma de 2003.
• ➡️ Qué consecuencias puede traer: El conflicto se traslada al Gobierno que salga del 29-N, que deberá decidir si reabre la negociación.

El Ministerio de Consumo abre un expediente sancionador a un gran portal inmobiliario por cómo publica sus anuncios de alquiler. Es la primera vez que la infracción se atribuye directamente a la plataforma y no al propietario que cuelga el anuncio.

La investigación parte de una denuncia de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU y la ha puesto en marcha la Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, según la nota remitida este miércoles. El expediente apunta a posibles prácticas comerciales desleales contra los consumidores.

Qué se investiga y cuánto puede costar

Las prácticas comerciales desleales son una infracción administrativa recogida en el artículo 47.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. La norma las castiga como infracción grave.

Traducido a euros, la plataforma se enfrenta a multas de hasta 100.000 euros o de entre 4 y 6 veces el beneficio obtenido. Si el organismo calcula que la práctica irregular dejó un beneficio, la sanción puede superar con holgura esa cifra fija.

La novedad está en el destinatario. Hasta ahora, los expedientes por publicidad de alquiler se dirigían a los dueños por la información que colgaban en sus anuncios. Aquí Consumo apunta a la propia plataforma, que es quien decide qué datos aparecen en cada ficha y cómo se ordenan los pisos.

Por primera vez, la investigación no apunta al casero que publica el anuncio, sino a la plataforma que decide cómo se muestra al inquilino.

Qué tendrán que enseñar los anuncios desde ahora

El expediente llega un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el primer real decreto-ley de vivienda, una norma de urgencia que el Gobierno puede sacar sin pasar antes por el Congreso. Consumo enviará una circular a las grandes plataformas para detallarles las nuevas obligaciones.

Dentro del decreto, el artículo 20 obliga a que cada oferta incluya el índice de referencia del precio del alquiler y, cuando exista, la renta del último contrato de vivienda habitual firmado en los cinco años anteriores.

También habrá que publicar el límite de renta aplicable en las zonas tensionadas y si el arrendador es o no un gran tenedor, es decir, un propietario con una cartera amplia de viviendas. La exigencia vale para cualquier ciudad del país, esté o no declarada tensionada.

Con ese dato sobre la mesa, el inquilino podrá comparar lo que le piden con el precio de referencia. El objetivo declarado es que se vea si hay subidas respecto a lo que pagaban los anteriores inquilinos.

Por qué este paso marca un antes y un después

Conviene mirar atrás. Consumo ya abrió expedientes a plataformas inmobiliarias en los últimos años, pero siempre por la información que los propietarios volcaban en sus anuncios. Ahora el foco se pone en el escaparate: en cómo la web muestra y ordena la oferta, algo que decide la empresa, no el casero.

La medida no cae en un vacío. El real decreto-ley de vivienda y el índice de referencia responden a un contexto de subidas del alquiler que ha colocado la vivienda entre los asuntos más calientes de la agenda política. Quienes defienden este tipo de intervenciones sostienen que la información asimétrica es parte del problema: el casero conoce el mercado y el inquilino, no. Las asociaciones de propietarios y algunas plataformas advierten, en cambio, de que cargar de requisitos la publicación puede reducir la oferta visible y complicar anuncios legítimos.

El desenlace del expediente y la aplicación del decreto marcan el calendario de las próximas semanas. Habrá que ver si Consumo resuelve el caso con una multa, cómo adaptan los portales sus fichas y si la obligación de transparencia se traduce en precios más contenidos o, al menos, más comparables.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: Consumo abre un expediente a un gran portal inmobiliario por prácticas comerciales desleales en sus anuncios, tras una denuncia de CECU.
• Por qué te importa: El real decreto-ley aprobado esta semana obliga a los anuncios a mostrar el precio de referencia del alquiler.
• A quién afecta: Inquilinos que buscan piso, portales inmobiliarios y propietarios que publican sus viviendas.
• Hacia dónde vamos: Consumo deberá resolver el expediente y enviará una circular; los portales tendrán que adaptar sus anuncios.

La Inspección de Trabajo regularizó en 2025 un total de 47.143 falsos autónomos, la cifra más alta desde 2018. Son casi siete veces más que los 7.234 aflorados en el ejercicio anterior, según el balance que el Ministerio de Trabajo ha publicado esta mañana.

Ese dato viene acompañado de otro más amplio. La memoria recoge un total de 96.194 altas forzadas en la Seguridad Social durante 2025: 47.143 corresponden a falsos autónomos, 48.450 a trabajadores que estaban sin contrato y 601 a falsos becarios.

La comparación deja el salto en su sitio. El ejercicio anterior se cerró con 7.234 falsos autónomos aflorados, de modo que 2025 multiplica esa cifra por más de seis. Los dos ejercicios previos tampoco se acercan: se quedaron en 56.000 y 80.000 altas en total.

Desde 2018, primer año de la serie, la Inspección acumula 139.242 falsos autónomos aflorados. Nunca antes había regularizado tanto en un solo ejercicio.

El balance también mira a la contratación de personas extranjeras. Se detectaron 18.655 infracciones con trabajadores extranjeros, muy por encima de las del ejercicio precedente, y más de un tercio de esas actuaciones se concentraron en la hostelería. Después aparecen, ya a distancia, el comercio y la construcción. A la lista se suman 16.788 incrementos de jornada: contratos que declaraban menos horas de las que se trabajaban de verdad.

Por qué las plataformas digitales están en el punto de mira

La memoria no deja dudas sobre el origen del repunte. Las regularizaciones llegan, sobre todo, por el empuje de las plataformas digitales de implantación nacional, que recurren a este tipo de contrataciones y que, cuando emplean falsos autónomos, lo hacen en un número elevado de personas. El Ministerio de Trabajo atribuye el resultado al refuerzo de la plantilla de la Inspección: más inspectores, más actuaciones y una actividad a gran escala, con carácter preventivo y corrector.

Lo que separa a un autónomo real de uno falso no es el contrato que firma, sino quién asume el riesgo y quién decide su día a día.

Aquí conviene parar un momento. No hay una prueba única que convierta una relación mercantil en laboral: lo que pesa es el conjunto. Se mira si la persona organiza su propio horario, si puede rechazar encargos sin represalias, si depende de un solo cliente o si cobra una cantidad fija cada mes por una jornada que, en la práctica, controla la empresa.

Qué cambia para quien trabaja como falso autónomo

Cuando la Inspección concluye que la relación era laboral, la empresa tiene que dar de alta a esa persona en la Seguridad Social. El efecto va más allá de la cotización: aparecen días trabajados que antes no existían en la vida laboral, y esos días cuentan para el paro y para la jubilación. En la práctica, el trabajador recupera derechos que le correspondían sobre el papel, pero que no estaba generando.

El foco en las plataformas tampoco es nuevo. El reparto a domicilio ya vivió una regularización masiva después de que la conocida como ley Rider obligara a las empresas del sector a contratar por cuenta ajena a sus repartidores. Lo que cambia ahora es la escala: la Inspección pone el acento en plataformas de implantación nacional y en operaciones que afectan a muchas personas a la vez.

El propio Ministerio vincula los resultados al aumento de personal, así que el próximo balance será la prueba de si el ritmo se mantiene. Si la tendencia se sostiene, el mensaje para las empresas es incómodo: recurrir a falsos autónomos acaba cada vez más veces en inspección. Y para el trabajador afectado, el camino sigue siendo el mismo: revisar su caso con un profesional y, si encaja, denunciar.

La ficha práctica

• ¿A quién afecta? A quien trabaja para una sola empresa con horarios y tareas marcadas, pero está dado de alta como autónomo.
• ¿Cuántos casos se han regularizado? 47.143 falsos autónomos en 2025, la mayor cifra desde 2018.
• ¿Qué gana el trabajador? El alta en la Seguridad Social y los días cotizados que conlleva, que cuentan para el paro, las bajas o la jubilación.
• ¿Dónde se denuncia? Ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través de su sede electrónica o de los canales habilitados por cada comunidad autónoma.
• Requisito o letra pequeña clave: la regularización no se solicita, la decide la Inspección tras comprobar la relación laboral; conviene revisar cada caso con un graduado social o un abogado laboralista.

El resumen rápido (TL;DR)

• 🎯 ¿Qué ha pasado? La Inspección regularizó 47.143 falsos autónomos en 2025, la cifra más alta desde 2018.
• 💶 ¿A quién le interesa? A quienes trabajan como autónomos por exigencia de una sola empresa, sobre todo en plataformas digitales.
• ✅ ¿Qué tienes que hacer? Si te reconoces en esa situación, asesórate antes de denunciar ante la Inspección de Trabajo.