La Fiscalía Anticorrupción quiere imputar a Zapatero un delito de malversación por las joyas que no entregó a Patrimonio del Estado. El informe, firmado por la fiscal María Elena Lorente y remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, sostiene que el expresidente se quedó con regalos de 'muy significativo valor' que recibió siendo jefe del Ejecutivo.
No es una imputación formal, pero sí un movimiento de calado: el ministerio público pone por escrito que la versión que defiende Zapatero encaja con un delito. El escrito se enmarca en una de las piezas del caso Plus Ultra que instruye Calama y responde al trámite de una comisión rogatoria, la petición que un juez español envía a otro país para que practique diligencias en su territorio.
Qué sostiene exactamente la Fiscalía
En ese contexto, y según el informe al que ha tenido acceso EFE, la fiscal concluye que, 'de ser cierta su versión, resultaría que el origen de las joyas podría implicar la comisión de un delito de malversación de caudales públicos'. Y añade el dato que condiciona todo lo demás: ese delito no habría prescrito.
El razonamiento se apoya en dos elementos. El primero es el propio escrito de Zapatero, donde reconoce que aceptó las joyas y que no las entregó a Patrimonio, 'como sí hizo con otros regalos al finalizar su Presidencia'. El segundo es el acta de Patrimonio del Estado que cita la fiscalía, obtenida en fuentes abiertas, en la que no figura ninguna joya entre los bienes entregados.
El contraste más incómodo está en el otro obsequio. De la misma visita oficial y del mismo monarca salió un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas que sí fue entregado a Patrimonio del Estado, el 1 de marzo de 2012. Las joyas, localizadas en su despacho cuando dejó la Presidencia, no constan en ningún registro.
La fiscal rechaza además el argumento de la defensa sobre dónde hay que mirar. Zapatero había pedido una comisión rogatoria a Arabia Saudí y el ministerio público se opone: el foco, sostiene, 'no debe ponerse en ese país, sino en España y más concretamente en la sede de la Presidencia del Gobierno que es donde, según él, las controvertidas joyas le fueron entregadas. El debate se queda en el despacho oficial.
La discusión ya no es si las joyas existieron, sino por qué unas acabaron en el Patrimonio del Estado y otras no.
Su propio código de conducta, en contra
Fue el Gobierno de Zapatero el que impulsó el Código de Buen Gobierno, el texto que fija que 'se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales'. Los obsequios con 'mayor significación de carácter institucional', añade, se incorporarán al Patrimonio del Estado.
Con ese criterio, la fiscal sostiene que el 'carácter de donación' que alega la defensa 'excede claramente los usos habituales, sociales y de cortesía'. Traducido: si el regalo no cabe en el detalle protocolario, tenía que haber acabado en manos del Estado. El destino de esos bienes se regula, además, en la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Qué pasa ahora y por qué pesa el precedente
El precedente que la propia fiscalía pone sobre la mesa es el reloj de 2012. Mismo emisor, misma visita y dos destinos distintos para dos regalos. Ese contraste sostiene la tesis de la malversación, porque desplaza el debate desde la generosidad del obsequio hacia la gestión de lo que se recibe por razón del cargo.
Hay una segunda derivada, más práctica: la prescripción. La fiscal afirma que, en la hipótesis que describe, el delito no habría prescrito. Es el punto donde se va a medir la solidez de la imputación, porque los hechos se remontan al final de la etapa de Zapatero en La Moncloa y desde entonces ha pasado más de una década.
Las posturas están claras y enfrentadas. La defensa alega una donación de cortesía y mira a Arabia Saudí; la Fiscalía Anticorrupción responde que la entrega se produjo en España, que el obsequio excede lo protocolario y que el rastro documental del Patrimonio del Estado no lo respalda.
El siguiente paso es del juez Calama: decidir si admite la imputación que plantea el ministerio público y si rechaza la comisión rogatoria pedida por la defensa. De esas dos decisiones depende que Zapatero acabe declarando como investigado por malversación o que el asunto se quede en el terreno documental.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Fiscalía Anticorrupción plantea al juez Calama imputar a Zapatero por malversación por las joyas que no entregó a Patrimonio del Estado.
- Por qué te importa: El caso decide si los regalos institucionales acaban en el patrimonio público y puede llevar al expresidente a declarar como investigado.
- A quién afecta: A Zapatero y su defensa, y al criterio sobre qué obsequios deben entregar los cargos públicos al Estado.
- Hacia dónde vamos: Calama debe decidir si admite la imputación y si rechaza la comisión rogatoria a Arabia Saudí que pide la defensa.
