Pedraz da al PSOE 15 días para entregar la documentación del 'caso Cloacas' y rechaza que el secreto profesional la frene. Es el tercer requerimiento del magistrado de la Audiencia Nacional en la misma investigación.
La resolución responde al escrito que el partido remitió esta semana, en el que pidió más tiempo y advirtió del secreto profesional. El juez no lo acepta y exige la entrega 'sin más demora'.
Qué pide el juez y por qué no le vale el secreto profesional
El requerimiento apunta a los letrados y consultores contratados por el partido entre 2021 y 2025. Pedraz quiere los contratos y, sobre todo, los papeles que acrediten trabajo real para la formación, no solo la factura.
La causa no va del secreto en abstracto. Los investigadores sospechan que los dos letrados imputados eran en realidad el canal para que el partido hiciera llegar dinero a una tercera persona vinculada a la trama. De ahí el interés por saber quién cobró, cuánto y por qué concepto en esos cinco años.
Sobre el secreto profesional, la protección que cubre lo que un cliente cuenta a su abogado, el instructor es tajante. El PSOE ha hecho una invocación genérica e indiscriminada que no encaja con la jurisprudencia: el límite está en las comunicaciones confidenciales, la estrategia de defensa o el consejo jurídico, no en los documentos de contratación. Y corresponde al partido señalar 'de forma precisa e individualizada' qué papeles concretos considera protegidos y por qué.
El juez admite el secreto profesional como límite, pero no como argumento para no entregar absolutamente nada.
Tampoco le vale la consulta que el PSOE dirigió al Consejo General de la Abogacía Española. Para el juez, ninguna norma permite frenar una diligencia judicial con una iniciativa propia de la parte requerida. Ese debate, añade, ya quedó resuelto en la resolución del 6 de octubre, que delimitó el alcance del requerimiento.
La respuesta del PSOE: campaña, papeles dispersos y una consulta al sector
El texto del PSOE, fechado el miércoles, apoyaba la demora en dos patas: el secreto profesional y el tiempo que exige reunir papeles repartidos por las organizaciones territoriales. A eso sumaba que la formación está en plena precampaña y que el volumen de trabajo impide responder ya.
Pedraz califica esas razones de circunstancias internas imputables al propio requerido. Ni la dispersión de documentos ni el calendario electoral pueden pesar más que el deber constitucional de colaborar con la Justicia, sostiene en su resolución.
Un pulso con precedente y con reloj
No es un órdago aislado. La resolución del 6 de octubre ya ponderó el secreto y fijó qué quedaba fuera; lo que el juez rechaza ahora es que el partido reabra 'artificialmente' un debate que considera cerrado. La secuencia es la de un instructor que estrecha el cerco por pasos: primero pidió los papeles, después los reclamó de nuevo y ahora pone plazo.
Cada parte tiene su lógica. El partido se agarra a una garantía que protege a cualquier ciudadano cuando habla con su abogado. El juez responde que esa garantía no se activa en bloque y que solo cabe oponerse documento a documento, alegando que el contenido incrimina. Entre ambas lecturas se ha colado un tercer actor: el Consejo General de la Abogacía, al que el PSOE pidió criterio sobre el alcance del secreto.
El reloj ya corre. La pelota está en el tejado del partido, con quince días para decidir si entrega, si recurre o si detalla qué documentos protege. Lo que ocurra con ese plazo marcará el siguiente capítulo de una causa que suma ya dos requerimientos previos.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El juez Pedraz vuelve a reclamar al PSOE los contratos de sus letrados y consultores entre 2021 y 2025, ahora con un plazo máximo de 15 días.
- Por qué te importa: La causa examina el destino de fondos del partido y si esos abogados hicieron trabajo real o solo sirvieron de canal.
- A quién afecta: Al PSOE como formación requerida y a los dos letrados imputados; el criterio sobre el secreto profesional vale para cualquier abogado.
- Hacia dónde vamos: El partido debe entregar, recurrir o detallar qué documentos protege. Después, el juez decidirá el siguiente paso de la instrucción.
