Siguen los problemas en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Lo último es que la asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que preside Miguel Ángel Galán, ha pedido formalmente al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda la suspensión cautelar de la Supercopa de España que debía disputarse en Estambul en enero de 2027.
La petición llega en el marco del conocido como caso Brody, la pieza judicial que investiga desde 2022 las comisiones millonarias pagadas por el traslado del torneo a Arabia Saudí y en la que Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, sigue siendo el principal investigado. Es el episodio más reciente de una década en la que la RFEF apenas ha tenido treguas.
El escrito, compartido por los compañeros de MONCLOA.COM, ha sido presentado ante la magistrada Delia Rodrigo y se adhiere a una petición previa de las defensas de Tomás González Cueto y Francisco Javier Martín Alcaide, otros dos investigados en la causa, para que la Federación aclare si se abonó alguna comisión por elegir Estambul como sede sustitutiva y si existe ya un acuerdo para prolongar el contrato con Arabia Saudí hasta la temporada 2029/30.
El argumento central de los denunciantes es que el traslado a la capital turca no rompe el vínculo contractual con la empresa pública saudí SELA, sino que responde a un choque de calendario con la Copa de Asia, que se disputará en el propio país del Golfo entre enero y febrero de 2027. La carta de encargo entre SELA y Kosmos, la empresa de Gerard Piqué también investigada en el procedimiento, establece que la comisión de intermediación se abona íntegramente aunque el convenio se modifique, de modo que la pregunta sobre si Kosmos cobrará por la edición de Estambul no es especulativa, sino una consecuencia directa de los documentos ya incorporados a la causa.
El escrito recurre también a un dato aportado por el propio Consejo Superior de Deportes (CSD) a la Fiscalía Anticorrupción: la Supercopa es, por reglamento federativo, una competición oficial cuya organización constituye una función pública que la RFEF ejerce por delegación y bajo tutela del organismo estatal, y el CSD ha reconocido que no consta autorización ni comunicación alguna sobre el traslado del torneo fuera de España. Con ese argumento, la asociación de Galán pide al juzgado que decrete la suspensión cautelar de la competición mientras no conste esa autorización expresa, apoyándose en el artículo 544 quáter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite al instructor suspender las actividades de una persona jurídica investigada durante la instrucción.
Años de escándalos en la RFEF: el 'Villarato' y el estallido del caso Rubiales
Para entender por qué una petición judicial sobre una final de la Supercopa puede sacudir de nuevo a la Federación, conviene retroceder hasta el final del mandato de Ángel María Villar, que dirigió la RFEF durante casi tres décadas hasta 2017. El Consejo Superior de Deportes le denunció aquel año por administración desleal, lo que derivó en su detención y en doce días de prisión hasta que pagó fianza. Esa causa, que investiga redes clientelares y tratos de favor en la Federación, sigue instruyéndose en la Audiencia Nacional sin que se haya celebrado juicio, casi una década después de abrirse.
Su sucesor, Luis Rubiales, llegó en 2018 prometiendo limpiar la institución y acumuló desde el primer momento una lista de polémicas que no ha dejado de crecer. Su primera decisión como presidente fue destituir al seleccionador Julen Lopetegui apenas 48 horas antes del debut de España en el Mundial de Rusia, después de que el técnico firmara en secreto su fichaje por el Real Madrid.
En 2022, la publicación de unos audios entre Rubiales y Piqué, en los que se referían el uno al otro como "Rubi" y "Geri", destapó los detalles económicos del traslado de la Supercopa a Arabia Saudí y abrió la vía judicial que hoy sigue activa. La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias tras una denuncia que acusaba a Rubiales de pactar con Piqué una comisión multimillonaria por el cambio de sede del torneo, además de presionar a las autoridades saudíes para que pagaran al futbolista hasta 24 millones de euros por disputarlo en su país.
Con todo, y como todos sabemos, el episodio que acabó con la carrera institucional de Rubiales fue el beso no consentido que dio a la jugadora Jennifer Hermoso durante la entrega de medallas del Mundial femenino de 2023 en Sídney. Dimitió de todos sus cargos, incluida la vicepresidencia de la UEFA, tras una semana de presión internacional en la que la FIFA le suspendió cautelarmente y en la que los propios presidentes territoriales de la Federación, que hasta entonces le habían aplaudido en la Asamblea, acabaron pidiéndole la dimisión.
La Audiencia Nacional le condenó en febrero de 2025 a dieciocho meses de multa, unos 10.800 euros, por un delito de agresión sexual, y le impuso una orden de alejamiento de Hermoso durante un año, aunque le absolvió del delito de coacciones que también se le imputaba. La sentencia fue ratificada en junio de ese mismo año por la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional.
La interinidad de Rocha y la polémica permanente
Tras la marcha de Rubiales, la RFEF entró en un periodo de interinidad bajo la presidencia de Pedro Rocha, su delfín, que llegó al frente de una gestora, se demoró en convocar elecciones pese a lo que exigían los estatutos y acabó imputado en la misma causa que investiga la Supercopa.
La Audiencia Nacional confirmó su inhabilitación para presidir la Federación, pese a lo cual se había presentado igualmente a las elecciones sin que el Gobierno lograra impedirlo por la vía administrativa. Aquella fase mostró con crudeza las costuras de una institución que parece sostenerse en redes clientelares, favores y sueldos elevados para los presidentes territoriales que integran su Asamblea, el órgano que en última instancia elige al máximo dirigente.
En diciembre de 2024 llegó el relevo definitivo con la elección de Rafael Louzán, expresidente de la Diputación de Pontevedra y del fútbol gallego, que se impuso con holgura a Salvador Gomar en una asamblea de 141 miembros.
Louzán tomó posesión arrastrando una condena de siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación, relacionado con el pago duplicado de una obra en un campo de fútbol de hierba artificial en Moraña cuando presidía la institución provincial pontevedresa. La sentencia, que aún no era firme por el recurso de casación pendiente ante el Tribunal Supremo, le permitió ocupar el cargo con un salario superior a los 338.000 euros anuales. En febrero de 2025, el alto tribunal acabó absolviéndole del delito de prevaricación, al considerar que la adjudicación cuestionada no perseguía un resultado materialmente injusto, lo que despejó el principal obstáculo legal para que continuara al frente del fútbol español.
El coste del Mundial y la sombra sobre Louzán
Su llegada no trajo, sin embargo, el sosiego que había prometido en campaña. La organización del viaje institucional a la final del Mundial masculino de 2026, disputada en Estados Unidos, ha terminado en otra denuncia ante el CSD, presentada por el sindicato Futbolistas ON contra el propio Louzán y contra el secretario general de la Federación, Álvaro de Miguel Casanueva, y el tesorero, Eduardo Bandrés Moliné. El sindicato calcula que los desplazamientos y las invitaciones a la final costaron cerca de seis millones de euros, una cifra que obtiene combinando el alquiler de dos aviones valorados en millón y medio de euros cada uno con varios centenares de localidades de alto precio.
La denuncia reclama al organismo público que recabe contratos, facturas y listados completos de beneficiarios, y que promueva una actuación disciplinaria ante el Tribunal Administrativo del Deporte si se confirman irregularidades en la gestión del gasto. El sindicato sostiene que sus peticiones de información, remitidas por correo electrónico y después mediante burofax, no obtuvieron respuesta documentada sobre el número de plazas, el coste real de la operación ni los criterios empleados para seleccionar a los invitados, mientras que la Federación ha alegado que parte de los asistentes viajaron invitados directamente por la FIFA y no con cargo al presupuesto federativo.
Estamos, por tanto, ante un sistema electoral que dificulta la llegada de candidaturas ajenas a la propia estructura territorial, ya que presentarse a la presidencia exige avales de una asamblea compuesta por representantes que, en buena medida, dependen económicamente del propio organismo. El Consejo Superior de Deportes, que preside José Manuel Rodríguez Uribes, mantiene un mandato de vigilancia sobre la RFEF, a la que aporta una parte minoritaria de su presupuesto anual, pero carece de mecanismos directos para forzar cambios en una entidad que, pese a cumplir funciones públicas delegadas, se rige por normas de naturaleza privada.
Ese desgaste interno coincide, no nos olvidemos, con una amenaza que llega desde fuera de las fronteras españolas y que pone en juego el gran proyecto que Louzán tiene entre manos: la organización del Mundial 2030, que España comparte con Portugal y Marruecos (más tres partidos inaugurales en Sudamérica).
El diario británico The Times reveló el pasado agosto que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había ofrecido a Marruecos la posibilidad de acoger la final del torneo en el estadio Hassan II de Casablanca a cambio de asegurarse el respaldo de las 54 federaciones africanas de cara a su reelección, prevista para marzo de 2027. La propuesta supondría arrebatar a España la final del Mundial que la RFEF daba por hecha en el Santiago Bernabéu, en un contexto de creciente acercamiento entre Infantino y el rey Mohamed VI, a quien el dirigente suizo-italiano ha visitado en varias ocasiones en los últimos dos años mientras espaciaba sus contactos con las autoridades españolas.
Louzán ha insistido públicamente en que no existe "ninguna duda" de que España debe albergar la gran final del Mundial del Centenario, pero la decisión final sigue en manos de una FIFA cuyo presidente atraviesa su propia crisis de legitimidad tras el rechazo generalizado a su plan para vender una parte del negocio del torneo a inversores privados.
