Si tienes una granja en la comarca de Ordes, lo que acaba de aprobar la Xunta puede cambiar el suelo que pisas durante los próximos treinta años. La mina a cielo abierto de cuarzo de 1.000 hectáreas ya tiene luz verde ambiental y el debate, lejos de apagarse, se aviva.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. La decisión toca a más de doscientas explotaciones ganaderas de una de las zonas lecheras más densas de Galicia y altera de forma irreversible el subsuelo de cuatro municipios. Las alegaciones vecinales y sindicales han superado las 170.
Una mina de 30 años en el corazón ganadero de Galicia
La Consellería de Medio Ambiente de la Xunta firmó en octubre de 2025 la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con un veredicto: el proyecto es «ambientalmente viable». La explotación, que promueve Erimsa (Explotación de Rocas Industriales y Minerales), se extenderá por los municipios coruñeses de Frades, Mesía, Ordes y Oroso. La previsión es extraer cuarzo durante tres décadas, removiendo capas de entre 2 y 4 metros de profundidad –en algunas zonas hasta 8– y cribando el mineral para devolver después el material al suelo. El problema, según el Sindicato Labrego Galego (SLG), es lo que no se ve.
Impacto en el suelo y el agua: lo que dice la DIA y lo que denuncia el sindicato
El documento oficial admite que la extracción altera «irremediablemente» la granulometría y permeabilidad del terreno, lo que puede reducir de forma considerable la infiltración y afectar tanto a los cauces superficiales como a la recarga de los acuíferos. El SLG añade que, al remover el subsuelo, el agua moviliza metales pesados que cambian la química del suelo y de las aguas subterráneas, una degradación constante de la capacidad productiva de las fincas.
Erimsa basa su modelo en el arrendamiento temporal de las parcelas, muchas de ellas concentradas recientemente por la propia Xunta para uso agrario. La oferta parece atractiva: la empresa extrae el cuarzo, nivela el terreno y lo devuelve listo para cultivar, sin coste. Pero la letra pequeña tiene un precio: las fincas arrendadas no podrán declararse en la Política Agraria Común (PAC) durante los años de trabajo, por lo que el titular pierde las ayudas agrarias y, si la finca estaba en producción ecológica, esa calificación se esfuma.
El precedente de Altri y el mismo sello ambiental que avivó la desconfianza
El nombre de los firmantes de la DIA ha añadido leña al fuego. María José Echevarría Moreno y Alejandro Carrera López, directora general y subdirector general de Avaliación Ambiental respectivamente, son las mismas personas que en marzo de 2025 firmaron la DIA favorable a la megafábrica de celulosa de Altri en Palas de Rei, otro proyecto masivo contestado por colectivos ecologistas. Que los mismos altos cargos avalen ahora la mina de cuarzo ha disparado las críticas: desde Adega hasta el SLG hablan de una «sumisión al lobby minero» y recuerdan que en 2018 la Dirección Xeral de Gandaría había rechazado con rotundidad un proyecto similar en la zona, aunque luego, tras reunirse con la empresa, emitió un segundo informe de una sola página dándolo por bueno.
En la comarca, mientras tanto, el malestar no es solo ambiental. El SLG denuncia que la empresa fragmentó sus permisos de investigación para no levantar alarmas: en 2017 sumaban 6.721 hectáreas, con más de 200 granjas y 500 empleos directos en juego. Ahora, con la concesión de explotación en mano, el sindicato teme que el modelo de arrendamiento desplace a las explotaciones familiares que dependen de un baile anual de fincas para pastoreo. La restauración prometida, insisten, es inviable cuando se extrae precisamente el mineral que da estructura al subsuelo.
La autorización de la Xunta convierte en explotación minera suelos que ella misma concentró para uso agrario, y lo hace con el aval de los mismos técnicos que dieron luz verde a Altri.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Xunta ha aprobado la Declaración de Impacto Ambiental de una mina de cuarzo a cielo abierto de 1.000 hectáreas en la comarca coruñesa de Ordes, con una vida útil de 30 años.
- Por qué te importa: Afecta al principal motor económico de la zona –la ganadería–, al suelo y a las aguas subterráneas, y amenaza las ayudas agrarias de los propietarios que arrienden sus fincas a Erimsa.
- A quién afecta: A más de 200 granjas, a propietarios de tierras concentradas y a cualquier vecino que dependa del agua y la actividad agrícola de cuatro municipios.
- Hacia dónde vamos: El proyecto entra ahora en fase de explotación. El SLG y otras organizaciones seguirán presentando recursos mientras Erimsa busca arrendar las primeras parcelas.
