Si pensabas que los terrenos del Ministerio de Defensa o de ADIF estaban destinados a vivienda protegida, la última entrega del caso Leire Díez te va a hacer saltar del asiento. La exfontanera del PSOE y el expresidente de la SEPI planearon recalificar suelos públicos para vendérselos a un promotor amigo con financiación del ICO y fondos europeos, según las notas incautadas por la Guardia Civil.
Las libretas intervenidas a Leire Díez y los informes de la UCO a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO dibujan una operación de libro: terrenos del Estado (cuarteles, parcelas de Adif, incluso de Patrimonio Nacional) que se transformarían en suelo urbanizable, se entregarían a un único interlocutor, el promotor madrileño Leonardo Sánchez-Heredero, y se financiarían con hasta un 85 % de fondos públicos. Todo, con la máxima discreción.
El objetivo era políticamente rentable, según las anotaciones: entregar vivienda antes de las elecciones. Para ello, Díez detalla que el ICO “está por la labor” y que el pago a las constructoras sería en especie, “lo que exige menos publicidad del proceso”. Las reuniones se cocinaban en la urbanización de lujo de La Moraleja, lejos de cualquier transparencia.
La operación: suelo público a precio de amigo
Las notas manuscritas, escritas a principios de 2025, hablan claro: “Leonardo compraría suelos con su dinero” y “un único interlocutor, facilidades para la adquisición del terreno y financiación”. El grupo inmobiliaria del empresario (Inypsa, Parcesa, Grupo Delta) aparece en tres ocasiones en las libretas. Sánchez-Heredero, tesorero de ASPRIMA, es descrito como la “236ª mayor fortuna de España” y, según Díez, “se ha entendido muy bien con el alcalde” de Alcobendas, el socialista Rafael Sánchez Acera.
La conexión con el poder municipal no es baladí: Alcobendas es un “eje de negocio” donde Patrimonio Nacional tiene parcelas rústicas catalogadas para su enajenación. En las notas, Díez propone que se las vendan al promotor. El plan no se quedaba en el papel: la UCO ha identificado mensajes en los que el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Díez coordinan encuentros entre Sánchez-Heredero y el ex número dos del PSOE, Santos Cerdán.
El promotor, el ‘one’ y la financiación con dinero de todos
Los mensajes interceptados muestran cómo se movían los hilos. El 13 de enero de 2025, mientras Pedro Sánchez anunciaba medidas de vivienda en el Museo del Ferrocarril, Sánchez-Heredero y Fernández posponían su reunión en La Moraleja. Un mes después, Díez le pide a Cerdán alternativas para un encuentro: “¿Leonardo no iría a una reunión a Ferraz?”, pregunta. Finalmente, Cerdán pidió “tres líneas” sobre el empresario y se planteó una cita en sus oficinas.
El respaldo financiero del ICO y los fondos Next Generation era la llave. Díez escribió que la administración sería “la casera” y que avalaría el cobro de las rentas. La financiación pública cubriría entre el 80 y el 85 % del coste. “Hay que aprovechar las estructuras estatales ociosas o infrautilizadas”, anotó, refiriéndose a cuarteles de Valladolid y otros inmuebles de Defensa.
Lo que las notas revelan no es solo una operación urbanística: es una subasta silenciosa de suelo público al mejor postor, con la llave del ICO y los fondos europeos en la misma mano.
La trama llegó hasta el Ministerio de Vivienda. Una anotación del 16 de marzo de 2025 indica que el secretario de Estado, David Lucas, “no entiende la finalidad política de poder entregar vivienda antes de las elecciones”. La negativa no frenó los planes: Díez siguió detallando cómo “la administración es la casera” y cómo evitar información pública mediante permutas.
Por qué esto te afecta aunque no vivas en un cuartel
Más allá del morbo político, el caso toca de lleno un principio que debería ser sagrado: el suelo público es de todos y su gestión debe responder al interés general, no al de un empresario con acceso privilegiado. La operación diseñada por Díez y Fernández recuerda a los pelotazos urbanísticos de la burbuja inmobiliaria, cuando la recalificación de terrenos a golpe de decreto enriquecía a unos pocos. Aquí no solo se trata de una posible ilegalidad: es la constatación de que la vivienda, en lugar de ser un derecho, se convierte en mercancía política.
Las notas insisten en la “discreción por los distintos signos políticos”. Es decir, la opacidad era parte del plan para que nadie preguntara demasiado. Y mientras, el ICO y los fondos Next Generation —dinero que podría haber ido a vivienda pública real— se habrían desviado a financiar un negocio privado. La investigación sigue abierta y las próximas semanas pueden traer nuevas imputaciones. Lo que ya no admite matices es la pregunta: ¿cuántas operaciones similares se habrán quedado en el cajón por falta de una libreta?
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Leire Díez y el expresidente de la SEPI planearon recalificar suelo público de Defensa y ADIF para vendérselo a un promotor con financiación del ICO y fondos europeos.
- Por qué te importa: Se usaba dinero de todos para un negocio privado, eludiendo la transparencia y convirtiendo el suelo público en moneda de cambio partidista.
- A quién afecta: A cualquier ciudadano que confíe en que los recursos públicos se gestionen con limpieza, y especialmente a quienes necesitan vivienda asequible.
- Hacia dónde vamos: La investigación sigue abierta y podría salpicar a más altos cargos. Mientras, el debate sobre el control del suelo público volverá a la primera línea.
