En una decisión contundente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, condenando a un hombre a cinco años de prisión por apuñalar al dueño del inmueble donde vivía como ocupante en la azotea. El móvil del ataque fue el deseo del acusado de obtener «una casa más grande«.
OCUPANTE RECURRIÓ CONDENA, PERO FUE RECHAZADO
Según la sentencia, el acusado vivía de ocupa en la azotea de un edificio en El Puerto de Santa María y «quería una casa más grande», a lo que el propietario del inmueble respondió que no podía ser, «razón por lo que había mantenido una fuerte disputa una semana antes», en la que el acusado amenazó al propietario ante la negativa de acceder a sus pretensiones.
El 16 de septiembre de 2019, cuando el propietario se encontraba cerrando la puerta de un piso del edificio, oyó al acusado decir «Me dijistes» y al darse la vuelta, «movido por el deseo de acabar con su vida«, le asestó una puñalada en el costado izquierdo, justo debajo del corazón. Además, tras este primer golpe, siguió lanzando cuchilladas hasta que la víctima pudo zafarse del acusado, que abandonó el edificio.
Una vez condenado por la Audiencia Provincial a cinco años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa, el condenado presentó recurso ante el TSJA pidiendo que se califique el hecho como delito menos grave de lesiones del tipo básico y se le aplique como muy cualificada la circunstancia atenuante de embriaguez, lo cual ha sido rechazado por el alto tribunal andaluz.
TSJA CONFIRMA CONDENA POR TENTATIVA DE HOMICIDIO
El TSJA, en su resolución, ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial, confirmando la condena de cinco años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa. El tribunal andaluz ha rechazado los argumentos del condenado, quien buscaba una calificación jurídica más leve y una atenuante por embriaguez.
La decisión del TSJA refleja la gravedad del hecho y la determinación de la justicia en sancionar conductas violentas, incluso cuando se trata de disputas relacionadas con ocupaciones ilegales de viviendas. Este caso sirve como advertencia a quienes pretendan resolver sus conflictos por la vía de la agresión física, independientemente de las circunstancias que los rodeen.
UN PRECEDENTE PARA PROTEGER EL ESTADO DE DERECHO
La sentencia del TSJA confirma la firmeza de la justicia andaluza en la defensa del estado de derecho y la protección de la integridad física de las personas, incluso en situaciones de conflictos por ocupaciones ilegales. Este precedente judicial envía un mensaje claro: la violencia no será tolerada como método para obtener vivienda, y quienes opten por este camino enfrentarán las consecuencias legales correspondientes.
El caso también resalta la importancia de abordar de manera integral los problemas de la falta de vivienda y las ocupaciones ilegales, buscando soluciones que respeten la ley y los derechos de todas las partes involucradas. Solo a través de un enfoque equilibrado y responsable, se podrá avanzar en la construcción de una sociedad más justa y segura para todos.
