La Unidad Central de Criminalística de la Policía Científica certificó tras el análisis de la mini SD de la exasesora de Podemos Dina Bousselham que la tarjeta era irreparable, haciendo imposible determinar quién fue la última persona que tuvo acceso a la misma, de qué manera fue destruida o qué tipo de archivos contenía.
Así se desprende del informe elaborado por la Sección de Ingeniería e Informática Forense, en el que la Policía comunicó al juez instructor de la pieza ‘Dina’, Manuel García-Castellón, que «la controladora de la tarjeta» se encontraba «dañada», lo que no permitía «el acceso a la información mediante el procedimiento de lectura ordinario».
Los «daños existentes en la controladora» llevaron a los agentes a intentar «la lectura de la tarjeta mediante el acceso directo a la memoria a través de su interfaz NAND». Así, de los dos cristales de 16 gigabytes que componen la memoria, los investigadores solo pudieron acceder a uno de ellos.
En concreto, el único cristal accesible era el direccionado mediante la señal CE1, «lo que indicaría la existencia de un daño en el otro cristal, direccionado con la señal CEO, o bien un daño en la electrónica que controla el acceso al mismo». «En ambos casos no sería posible su reparación», certifican.
Así, y pese a que el contenido de los 18,2 GB leídos del cristal accesible fue almacenado en un fichero, los agentes apuntan que no se pudo proceder a «su identificación, motivo por el cual no ha sido posible recuperar los ficheros ni la estructura de archivos, ni siquiera de manera parcial».
En esta línea, el informe también deja claro que «no es posible determinar la etiología» de los daños «ni el momento en el que se produjeron», haciendo también imposible determinar la fecha de último acceso a la tarjeta.
Y, en lo referido a su contenido, la Policía Científica asegura que «no ha sido posible su recuperación ni siquiera de forma parcial, debido a que no han sido identificadas las transformaciones llevadas a cabo por la controladora dañada sobre la información digital, y cuyo conocimiento es necesario para poder invertir el proceso de codificación».
Eso es lo que impide, según recogen en su informe, «acceder a la estructura de archivos de la tarjeta y, por lo tanto, la recuperación de información de los datos relativos a las fechas de acceso, modificación, creación o borrado de los ficheros que en su momento se encontrasen almacenados en la memoria».
UNA DECISIÓN TRAS CONOCER EL ESTADO DE LA TARJETA
Este informe, fechado el pasado 21 de enero, fue remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 que, en el marco de esta pieza separada de la macrocausa ‘Tándem’, acordó hace más de un año procesar al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a dos periodistas. Además, propuso al Tribunal Supremo que investigara al exvicepresidente del Gobierno Iglesias por descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.
Sin embargo, el alto tribunal ordenó entonces al magistrado que siguiera indagando, indicándole expresamente varias diligencias, entre ellas volver a tomar declaración a Dina, para que aclarase si quería denunciar los hechos e incluyendo entre esas mismas instrucciones el informe pericial de la micro tarjeta.
Ahora, y una vez que ha sido imposible destripar la tarjeta, el juez podría dar carpetazo a las pesquisas o seguir investigando. De hacerlo, se abre la posibilidad de que las pesquisas no se realicen en la Audiencia Nacional sino en los juzgados de Madrid, dado que los delitos por investigar no revestirían la entidad suficiente.
DINA CONSIDERABA EL INFORME INNECESARIO
Fue el pasado mes de octubre cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló la decisión del magistrado de pedir a la Policía Científica que determine si era «técnicamente posible» acceder al contenido de la tarjeta del teléfono móvil de Bousselham, para dilucidar el recorrido que tuvo la tarjeta desde que fue robada hasta que su información apareció publicada.
Por contra, la ex asesora ‘morada’ alegaba que este informe era innecesario porque la Policía ya emitió uno en agosto de 2020 donde concluyó que los daños sufridos por la tarjeta telefónica se debían a un exceso de lijado durante el proceso que llevó a cabo una empresa privada contratada por la propia Bousselham para intentar recuperar el contenido de la mini SD.
El informe encargado a la Sección Técnica de Ingeniería e Informática Forense de la Unidad de Policía Científica se demoró más de lo previsto porque a los investigadores les faltaban una serie de claves que debía aportar la empresa telefónica, en este caso Samsung.
EL ORIGEN DEL CASO DINA
En el auto con el que decidió finalizar la fase de investigación, el juez fijaba el origen de la causa en unos archivos encontrados en la entrada y registro del domicilio de Villarejo en 2017 en los que había información personal de la que fuera asesora de Iglesias así como datos sensibles del partido ‘morado’.
Según explicaba, en noviembre de 2015 sustraen en el IKEA de Alcorcón el abrigo de la pareja de Bousselham –Ricardo Antonio Sa Ferreira– en cuyo interior había varios objetos entre los que se encontraba el teléfono móvil de la asesora.
Justo dos años más tarde de ese robo, en noviembre de 2017, aparecen en el domicilio de Villarejo un disco duro y dos memorias USB en los que se almacenan unas carpetas denominadas DINA 2 y DINA 3, que contenían archivos procedentes de la tarjeta de memoria mini SD del móvil sustraído a Bousselham.
Y apuntaba el juez en su auto que los archivos de uno de los pendrives fueron copiados el 14 de abril de 2016 mientras que los del disco duro son copia del pendrive realizada en julio de 2016. Sobre cómo llegó a manos de Villarejo esa información, el magistrado indicaba que se sabe que el contenido de la tarjeta de Bousselham llegó a los periodistas.