La organización agraria La Unión Extremadura ha alertado de la «persecución» que están sufriendo algunos los agricultores por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y el Seprona por la utilización de pozos para riego.
En nota de prensa, La Unión alude a un convenio firmado recientemente entre la Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Guadiana para las «inspecciones, vigilancia, denuncias y sanciones a los titulares de explotaciones agrarias que tengan pozos sin legalizar o los estén utilizando sin la preceptiva autorización».
Un convenio a través del que «la Guardia Civil a través del Seprona le va a realizar a la Confederación los trabajos para identificar los pozos, su utilización y las denuncias correspondientes para que posteriormente la CHG imponga las correspondientes sanciones», lamenta La Unión, que considera que «todo este despliegue estaría muy bien si la CHG no llevase más de 10 años sin resolver las miles de solicitudes de legalización de pozos que se les han realizado».
En ese sentido, La Unión recuerda que «la CHG dice no poder resolver los expedientes de solicitud de autorización de uso de los pozos realizadas al no tener suficiente personal», tras lo que lamentado que «sí hay personal disponible para tramitar las denuncias y sanciones pero en cambio no los hay para resolver las numerosas solicitudes de legalización de pozos».
A estas sanciones se suman «otra añadida por la Junta de Extremadura por no cumplir la condicionalidad de las ayudas», por lo que esta organización denuncia la «persecución de la que los agricultores y ganaderos» están sufriendo «por parte de las administraciones que no tienen personal para resolver las solicitudes pero si tiene personal y presupuestos para perseguirnos como si fuésemos delincuentes».
Por todo ello, la organización avanza que va a solicitar a los partidos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura que se abra una comisión de investigación «para determinar las responsabilidades de los responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por hacer caso omiso durante más de 10 años a las solicitudes de legalización de pozos para riego en la región», concluye.
